La guerrilla de las Farc declararán y entregarán todos sus bienes y dinero para reparar a las víctimas, confesando así sus fortunas ilegales. Hasta el momento las Farc habían negado este punto que es de suma importancia básicamente por dos cosas: al confesar en dónde están sus riquezas generan confianza, especialmente en los damnificados directos. Esto deberá darse antes de que las Farc entreguen las armas. Se ratificó respeto a propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente. Así se responde a una de las preocupaciones planteadas por el expresidente Uribe y empresarios agrícolas que temían por una eventual reforma agraria que afectara la propiedad sobre los predios.

La Jurisdicción Especial de Paz será manejada a través de la justicia penal colombiana. Además, su vigencia será hasta por 10 años, pero solo recibirá solicitudes de investigación en los primeros dos. Inclusive otra de las razones por las cuales se quiso acortar el tiempo de estas peticiones, fue para evitar la futura aparición de testigos falsos en los diferentes casos. Este punto fue uno de los más criticados por la oposición ya que veían inviable el hecho de que quienes estuvieran juzgando a los guerrilleros y demás partícipes del conflicto armado en Colombia, fueran jueces extranjeros. Se pudo arreglar que aunque sí habrá participación de expertos que tendrán como objetivo ayudar con temas sensibles como la justicia transicional. La Corte Constitucional será la instancia de cierre pues allá se definirán las acciones de tutela que se presenten contra las decisiones del Tribunal para la Paz.

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Quienes confiesen delitos de guerra obtendrán el beneficio de la no privación de la libertad. En el documento se aclara que aunque reciban este beneficio, estas tendrán que mantenerse en las zonas veredales de desmovilización, acordadas previamente. Si por algún motivo los condenados necesitan salir de esas áreas, deberán tener autorización. Por otro lado, se mantiene la sanción de hasta 20 años de prisión para quienes no colaboren. Todos los miembros de las Farc podrán ser elegidos políticamente. Este punto es tal vez el que más ha generado controversia. Esta organización guerrillera no podrá presentar candidatos para las 16 circunscripciones especiales de paz en zonas de conflicto. El único punto que no tuvo cambio fue el las curules asignadas a las Farc, serán cinco en Senado y cinco en Cámara. Sin embargo, se harán contar, los candidatos tendrán que someterse al veredicto de las urnas.

Nadie tiene claro a cuánto puede equivaler la inversión estatal en la etapa del posconflicto. La propuesta de paz es ambiciosa y requiere millonarias inversiones públicas en las regiones. Por eso, para garantizar la solidez de las finanzas del Estado se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal y así no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno.

 

FUENTE: El Espectador

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

Trescientos integrantes de las Farc que terminaron su curso de capacitación para integrar el mecanismo de monitoreo y verificación del cese del fuego bilateral y de hostilidades se trasladaron desde el viernes a las 26 zonas de preagrupamiento decretadas por el Gobierno, para dar inicio este lunes 7 de noviembre de manera formal al protocolo de verificación, que es tripartita. El mecanismo se basa en los protocolos acordados en la mesa de negociación Gobierno-Farc que aunque no entraron en vigencia por el triunfo del ‘No’ en el plebiscito se aplicarán para proteger y fortalecer el cese bilateral de fuego y de hostilidades, que completa más de dos meses y cuyo balance hasta ahora es perfecto: cero incidentes y cero víctimas entre las partes.

El general Javier Pérez Aquino, jefe de la delegación de monitoreo de Naciones Unidas, confirmó que inicialmente serán 152 los observadores internacionales y dijo que espera que si la renegociación llega a buen término el total de extranjeros sea de 400 en varias zonas del país. “Nuestra responsabilidad es verificar y monitorear el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y no dejación de armas en esta primera fase. Esa responsabilidad entrará en vigencia cuando se logre un acuerdo sobre el proceso de paz”, dijo el oficial argentino. Agregó que la Misión de Naciones Unidas estará moviéndose por las diferentes zonas, y que habrá protocolos para que la población civil pueda poner en conocimiento de la verificación tripartita cualquier afectación a sus derechos. “Naciones Unidas, unánimemente y fuertemente, mantiene su compromiso, con las naciones del mundo, en este proceso. El secretario General afirmó que se resalta que por complejo que sea el diálogo político incurso, se ha alcanzado un punto de no retorno en la búsqueda de la paz en Colombia. Este proceso de paz va a llegar a buen puerto”, aseguró el general Pérez Aquino.

El contralmirante Orlando Romero, representante del Gobierno en el mecanismo de verificación, dijo “hay un compromiso del Gobierno de mantener el Estado de derecho y las garantías y libertades de la población civil”. “Es el momento de reiterar el compromiso de las Farc con el cese bilateral y de hostilidades como piedra angular de la paz estable y duradera que necesitamos”. Esas fueron las palabras de ‘Marcos Calarcá’, jefe por las Farc del equipo de monitoreo, quien señaló que la guerrilla estableció un protocolo para suplir ciertas necesidades internas. ‘Calarcá’ resaltó que el cese del fuego bilateral no deja enfrentamientos. “Ese es uno de los puntos centrales en los que queremos avanzar: no más muertos por la guerra”.

El monitoreo comienza mientras, en La Habana, negociadores del Gobierno y las Farc adelantan las conversaciones para hacer ajustes al acuerdo final, de acuerdo con las más de 500 propuestas del ‘No’ reunidas en 57 ejes temáticos.

 

FUENTE: El Tiempo

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

Durante más de ocho horas diarias, Gobierno y voceros del “No” se han sentado el sábado, el lunes y este martes, a buscar salidas al proceso de paz que una estrecha mayoría decidió rechazar el 2 de octubre. La vocería en esta ocasión la tomó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien al término del encuentro afirmó que, como las demás, fue muy productivo y tocó temas centrales del acuerdo entre Gobierno y Farc. Jaramillo destacó que la reunión se dio en los más respetuosos términos, aunque no estuvo exenta de polémicas entre quienes asistieron a la sede del Ministerio del Interior para el encuentro. Algunos de los presentes fueron Rafael Pardo (Alto Consejero para el Posconflicto), Roy Barreras (senador de La U), el general (r) Óscar Naranjo (parte de la Mesa de La Habana), Juan Fernando Cristo (ministro del Interior), Marta Lucía Ramírez (vocera del NO conservador), Álvaro Uribe, Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga (voceros del Centro Democrático).

“Tratamos temas del punto tres, que tienen que ver con garantías de seguridad. El general Naranjo dio una explicación en profundidad de ese acuerdo. Había varias inquietudes de las que tomamos nota. Luego discutimos el punto 4, que es el de drogas, donde se propone un gran programa de sustitución de cultivos ilícitos para todo el país, un tratamiento especial de salud pública para los consumidores y una acción muy fuerte sobre las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”, indicó Jaramillo de lo discutido en las ocho horas de la reunión.

Sobre estos temas, más que una férrea oposición había poca claridad en ciertos puntos, por lo que fue vital la explicación de expertos como el general Naranjo. También surgieron otras nuevas ideas que serán llevadas el jueves a La Habana para definir cómo se incluirán en el texto. Todos los aspectos tocados en las tres sesiones de diálogos, más una cuarta que se dará este miércoles, serán llevados a la mesa de La Habana, en la que las delegaciones del Gobierno y las Farc definirán las maneras de incorporar los cambios hechos por parte de los diferentes líderes que se opusieron al acuerdo firmado en Cartagena el 26 de septiembre.

Marta Lucía Ramírez, una de las más acivas opositoras a las acuerdo en cuanto a presentación de propuestas y búsqueda de alternativas, también destacó los avances que hubo tras la reunión. No obstante, la excandidata presidencial por el Partido Conservador aseguró que quieren ver textos que reflejen dichos ajustes, lo cual seguramente no ocurrirá hasta que los negociadores de ambas partes se sienten en La Habana a revisar los cambios. Justamente el jueves Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, integrantes de la delegación de paz del Gobierno, viajarán a La Habana para dar a conocer a los líderes de la guerrilla el conjunto de propuestas que dieron el Centro Democrático, el conservatismo, los líderes religiosos y sectores independientes.

 

FUENTE: El Espectador

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

 

Miembros de las FARC propusieron hoy en La Habana la creación de un fondo económico nacional para la construcción de la paz en Colombia, que tendría una vigencia de diez años, con una "cuenta especial" dentro del presupuesto público.

"Mediante desarrollo legal" se creará "una cuenta especial" dentro del presupuesto para este fondo, cuyos recursos "serán definidos como proporción fija del PIB", señala un comunicado leído por el guerrillero Lucas Carvajal en la capital cubana, sede de los diálogos de paz desde 2012.

El texto precisa además que el monto anual de esta iniciativa "no podrá ser inferior al equivalente a 4 puntos del PIB" y para su conformación se hará "una estimación anual de "las consecuencias económicas de la paz".

Esta iniciativa "no podrá ser inferior al equivalente a 4 puntos del PIB"

La financiación del llamado FONAPAZ exigirá al Estado "redefinir la actual estructura del gasto público", especialmente el gasto en seguridad y defensa, con el fin de "liberar recursos" para la construcción de la paz, una vez firmado el acuerdo final entre la guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Para garantizar el seguimiento a la ejecución de esta propuesta, se presentará un informe anual y se conformará un "mecanismo de veeduría y control ciudadano", advierte el comunicado.

Además de este fondo, las diez medidas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comprenden la creación de un "plan nacional" para el fin del conflicto y la "reconciliación" en Colombia, la transformación de la guerrilla en "movimiento político", la redefinición de la política de seguridad del Estado y el desmonte de estructuras de "contrainsurgencia".

Las FARC y el gobierno iniciaron el martes un nuevo ciclo de diálogos con el reto de avanzar hacia una tregua bilateral antes de fin de año, la cual prepararía el camino para el acuerdo final que, de acuerdo al plazo propuesto por el presidente Santos, se firmaría antes de finalizar marzo de 2016.

FUENTE: Telam

"El comandante de las FARC inclusive mencionó: '¿Por qué no darle un regalo, un buen regalo de Navidad o de año nuevo al país?' Y como dicen, 'le cojo la caña' [me gusta la idea]. Hagamos ese esfuerzo para que de aquí al 31 de diciembre podamos, por ejemplo, terminar el punto cinco, el del fin del conflicto, y así poder decretar un cese al fuego bilateral y verificado internacionalmente a partir del primero de enero", anunció Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, desde el palacio presidencial.

El mandatario recordó que, con 'Timochenko', se comprometió a firmar el acuerdo final de paz antes del 23 de marzo de 2016, pero dijo que es posible acelerar las negociaciones para no llegar hasta ese límite. "FARC y gobierno dijimos que haríamos lo posible por firmar antes del 23 de marzo, que si había voluntad política, que si había un trabajo intenso, podíamos terminar este conflicto antes. Yo quisiera hacer ese llamado, hacerle un llamado a las FARC que hagamos un esfuerzo para terminar antes", insistió.

El comandante de las FARC inclusive mencionó: '¿Por qué no darle un regalo, un buen regalo de Navidad o de año nuevo al país?'

Los miembros del equipo negociador del gobierno, a quienes Santos ha anunciado haber pedido que aceleren el proceso, viajarán el próximo fin de semana a La Habana, la sede del proceso de paz desde hace casi tres años, con el objetivo de iniciar el lunes la ronda 43 de las conversaciones.

El propio ex presidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los mayores opositores al proceso de paz, saludó hoy el anuncio afirmando que aceptaría formar una Asamblea Constituyente con miembros de las FARC, siempre y cuando no participen en ella "responsables de delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra", dijo en una entrevista con la emisora Blu Radio.

Mientras tanto, la lucha sobre el terreno contra la guerrilla no se detiene. El Ministerio de Defensa señaló hoy, por ejemplo, que cuatro integrantes del frente 14 de las FARC murieron en una operación militar efectuada en Cartagena del Chairá, en el selvático departamento de Caquetá, al sur del país.

 

FUENTE: DW

NOTA PRINCIPAL: Histórico Acuerdo que Abre las Puertas a la Paz de Colombia

El compromiso anunciado por ambos en Cuba prevé la creación de un tribunal especial que juzgue los delitos de más de 50 años de conflicto, un punto que era hasta hoy uno de los obstáculos más grandes de las negociaciones iniciadas hace casi tres años.

Estos son los 10 puntos del Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz:

1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: 'Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral', 'Participación política: Apertura democrática para construir la paz' y 'Solución al Problema de las Drogas Ilícitas'.

2. Reafirman su compromiso con una fórmula de Justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. Hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. Terminar con las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y enjuiciamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

9. En el caso de las FARC, la participación en el sistema integral estará sujeta al abandono de las armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. La transformación de las FARC en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

 

FUENTE: El Mundo

VER TAMBIÉN: Conflicto Colombiano: las 10 claves del acuerdo

Tras un día cargado de expectativa y rumores, el máximo líder de la guerrilla y la cabeza del Ejecutivo de Colombia se reunieron por primera vez en La Habana -nunca se habían visto anteriormente- y tras un encuentro privado, encabezaron un acto en el que asistió también el presidente de Cuba, Raúl Castro, y delegados de los países garantes y acompañantes del proceso de paz, Noruega y Cuba, y Venezuela y Chile.

De acuerdo con el anuncio, se creará una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial que estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y, en participación minoritaria, juristas extranjeros.

La función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo, "acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra

El acuerdo, leído por los delegados garantes de Cuba, Rodolfo Benítez, y de Noruega, Dag Nylander, expresa que a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará "la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos".

En ese sentido, aclara que "en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual".

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente, señala el texto.

Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias.

El modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel. Esto quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras.

Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la reparación de las víctimas, porque, de lo contrario, se podría aplicar una pena efectiva de cárcel.

 

Un punto clave que tendrá el acuerdo es que en determinados casos, muy específicos, habría elegibilidad política en las zonas en las que tengan la restricción de la libertad. Esto, por supuesto, requiere reglas claras que se están construyendo.

De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.

Los negociadores, en tanto, seguirán analizando los puntos que tienen que ver con militares procesados y guerrilleros presos.

Los jefes del equipo negociador de gobierno, encabezados por Humberto de la Calle, viajaron ayer a Cuba, anticipándose al próximo ciclo de negociaciones.

Santos, que como ministro de Defensa propinó los más duros golpes a las FARC, viajó a La Habana por primera vez desde que se inició el proceso el 19 de noviembre del 2012, para reunirse con los negociadores de paz.

Santos, que como ministro de Defensa propinó los más duros golpes a las FARC, viajó a La Habana por primera vez desde que se inició el proceso el 19 de noviembre del 2012, para reunirse con los negociadores de paz, y lo adelantó ayer por la mañana cuando en su cuenta de Twitter anunció que de camino a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de la ONU, haría escala en La Habana para una "reunión clave con negociadores con el fin de acelerar el fin del conflicto".

Poco después, fuentes de la guerrilla confirmaron que ya se encontraba por la tarde en la capital cubana alias Timochenko, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para participar en el anuncio del acuerdo junto con Santos.

A tres días de la vista del Papa Francisco a Cuba, en la que declaró que no puede haber "otro fracaso" en el camino de la paz y la reconciliación en ese país, que vive un conflicto armado interno desde hace medio siglo, las FARC y el gobierno protagonizaron una escena esperada por la comunidad internacional y también por la sociedad colombiana que soporta más de 50 años de conflicto que dejó no menos de 300.000 muertos.

"Llegó la paz. A La Habana arribó Timoleón Jiménez. Estamos comprometidos con la paz", escribió hoy en Twitter la delegación de las FARC en La Habana, minutos antes de iniciar el anuncio.

El gobierno y las FARC ya han llegado a acuerdos en temas como el desarrollo agrario, la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen y la lucha conjunta contra el narcotráfico.

El último punto del proceso de paz implica un acuerdo entre las partes para definir el mecanismo que se usará para que los acuerdos sean refrendados. El gobierno ha insistido en los últimos meses en un referéndum, mientras que al comienzo del proceso las FARC plantearon una asamblea nacional constituyente.

 

FUENTE: Télam

El Gobierno yemení anunció hoy (13.09.2015) que no participará en las conversaciones de paz con los rebeldes hutíes impulsada la ONU, si estos no aplican la resolución 2216 de Naciones Unidas, que exige la retirada de los insurgentes de las zonas conquistadas. La agencia oficial de noticias yemení Saba, con sede en Riad, informó que en una reunión conjunta entre el presidente yemení Abdo Rabu Mansur Hadi y el primer ministro Jaled Mahfuz Bahah, el mandatario anunció que el Gobierno yemení "no participará en negociaciones con las milicias hutíes y el expresidente Alí Abdalá Saleh si no reconocen la resolución internacional 2216".

Durante la reunión afirmaron que, además de reconocerla, "los hutíes deben llevarla a cabo sin restricciones ni condiciones". Las partes reunidas se negaron a determinar lugar y fecha de un eventual encuentro con los rebeldes hutíes y Saleh hasta que anuncien su aceptación de la resolución y entre en vigor. El enviado especial de la ONU para Yemen, Ismail Uld Sheij Ahmed, anunció hace dos días la intención del Gobierno y los hutíes, junto con su aliado Saleh, de entablar conversaciones de paz la próxima semana.

Yemen vive una guerra civil entre los hutíes chiitas y los seguidores del sunita Hadi.

INICIATIVAS SIEMPRE INFRUCTUOSAS

Sin embargo, el movimiento rebelde no ha anunciado nada oficialmente hasta el momento en relación con este asunto. El pasado día 11, Hadi, tras reunirse con sus consejeros y con la comisión política del Gobierno, afirmó que su bando participaría en las consultas. Por su parte, el portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita y que apoya a Hadi, Ahmed al Asiri, afirmó que las fuerzas de la alianza no se interesan por las conversaciones de paz previstas entre el Gobierno y los rebeldes y añadió que la operación militar continúa.

Según publicó hoy el periódico saudí La Meca, Asiri dijo que "la operación militar comenzó a petición del Gobierno yemení y acabará también cuando lo solicite. La coalición no tiene nada que ver con estas conversaciones". Las últimas conversaciones de paz, celebradas el pasado junio en Ginebra, acabaron sin resultados, mientras que las treguas humanitarias acordadas hasta el momento siempre han sido violadas.

Yemen vive una guerra civil entre los hutíes chiitas y los seguidores del sunita Hadi. La milicia ha ocupado numerosas partes del país aunque últimamente ha sufrido derrotas en el sur. En el oeste de la capital, Saná, se están reuniendo tropas de tierra de la coalición militar sunita encabezada por Arabia Saudí, que lleva casi seis meses bombardeando Yemen desde el aire.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Esteban Agustín Covelli

FUENTE: DW

"Este es un hecho histórico, es la primera vez en la historia de Colombia que vamos a empezar a generar esa confianza y que los guerrilleros y militares tengan esa capacidad de dejar los odios atrás para entrar en un proyecto conjunto de desminado", señaló el guerrillero Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña", en un vídeo colgado hoy en el blog de la delegación de paz de las FARC.

"Este es un hecho histórico, es la primera vez en la historia de Colombia que vamos a empezar a generar esa confianza y que los guerrilleros y militares tengan esa capacidad de dejar los odios atrás para entrar en un proyecto conjunto de desminado"

Según informaron medios colombianos, el comandante "Romaña" es uno de los tres enviados a Colombia por el equipo de paz de las FARC para participar en el programa de desminado acordado por la insurgencia y el Gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos de paz que tienen sede permanente en La Habana desde 2012.

Cruz Roja transportó a Colombia a guerrillera holandesa y otros

El grupo también incluye a "Fabián Ramírez", segundo al mando del Bloque Sur de las FARC, y a la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, quienes regresaron al país en una operación con aeronaves del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según los reportes de la prensa colombiana. El mensaje divulgado este 16 de mayo por "Romaña" y del también comandante Matías Aldecoa, quienes formaron parte del equipo de trabajo de las FARC para el desminado, insistió en la trascendencia de este programa de cara al fin del conflicto.

"Tiene mucha importancia el que este proyecto piloto tenga éxito porque en el futuro aspiramos a firmar un cese bilateral del fuego y es allí donde vamos a necesitar esa confianza", sostuvo Aldecoa. Aunque en el vídeo los guerrilleros no dan información sobre quiénes viajarían a Colombia para el desminado, Aldecoa sí menciona que serían tres representantes con el objetivo de "señalar la localización" de sitios con explosivos.

 

FUENTE: DW

Este ciclo de conversaciones, que originalmente estaba previsto para el 18 de noviembre, será más corto de lo habitual y culminará el 17 de este mes por el receso navideño.

Los negociadores no hicieron declaraciones, pero el presidente Juan Manuel Santos manifestó su confianza en que exista un ambiente "positivo" a su regreso a la mesa de diálogo tras la suspensión de tres semanas que ordenó a mediados del mes pasado por el secuestro del general Rubén Darío Alzate, aunque posteriormente reveló que había sido por el de la abogada Gloria Urrego.

El oficial fue secuestrado por las FARC el 16 de noviembre cuando visitaba, de civil, desarmado y sin escoltas, el remoto caserío de Las Mercedes, en el departamento del Chocó (oeste), en compañía del cabo Jorge Rodríguez y Urrego, incidente que no fue suficientemente explicado y que puso en entredicho la continuidad del proceso de paz.

La mediación de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz, junto con la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) permitió la liberación de los secuestrados.

Los países garantes mediaron también para la reanudación de los diálogos que fueron interrumpidos en el complejo tema de víctimas, el cuarto de los cinco puntos de la agenda acordada, que ya produjo acuerdos en los tres primeros: tierras y desarrollo rural, participación política, y drogas y cultivos ilícitos, y al que le resta aún el considerado más difícil, como el abandono de armas.

En los días en que estuvo suspendido el proceso, las FARC insistieron en su propuesta de pactar un cese del fuego bilateral para evitar que incidentes como el secuestro del general, el oficial de mayor rango caído en manos de la guerrilla y ahora retirado del Ejército, afecten la negociación.

Sin embargo, Santos rechazó de plano esta posibilidad con el argumento de que cuando hubo cese del fuego bilateral en otras negociaciones, la guerrilla lo aprovechó para fortalecerse militarmente, una muestra de la desconfianza que aún marca al proceso de paz después de dos años.

 

Fuente: Télam