Lo afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien reiteró que la acción del juez Bonadio en la causa que investiga a la empresa Hotesur "se trata de una estrategia de golpismo activo" para atacar al Gobierno.

"Por qué el juez (Claudio) BonadIo no emite allanamientos en más de 40 sociedades comerciales evaluadas por la Inspección General Impositiva", interrogó el funcionario nacional al responder una consulta periodística desde Casa de Gobierno sobre la medida adoptada por el magistrado el pasado jueves con relación a la empresa Hotesur, de la cual es accionista la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

Daría como para pensar que 600.000 observaciones sobre una petición fueran suficientes para que un asunto ocupara un puesto destacado en el programa de trabajo de la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, pero a la opinión pública no parece importarle que se trate de la divulgación obligatoria del gasto político de las grandes empresas.

Para desmentir los rumores de que pronto se promulgaría esa norma, la Presidenta de la CMV, Mary Jo White, dijo recientemente a los legisladores que ese asunto no es el más importante precisamente en la lista de sus prioridades, pero sí es una de las principales preocupaciones del Partido Republicano, lo que refleja la determinación de sus dirigentes de impedir que entre en vigor esa obligación. En el pasado mes de abril, Ann Wagner, congresista republicana, presentó un proyecto de ley “para prohibir la promulgación por la Comisión del Mercado de Valores de normas que exijan la divulgación de los gastos de un emisor de valores para actividades políticas”.

El Tribunal Supremo de los EEUU falló que la Primera Enmienda de la Constitución de este país protege también los derechos de libre expresión de las asociaciones de personas. Así, las grandes empresas, como asociaciones de personas que son, tienen derecho a gastar todo lo que deseen para difundir sus opiniones, incluidas las de apoyo a campañas electorales

La razón por la que semejante asunto aparentemente menor está mereciendo tanta atención es la de que transciende la dirección empresarial y llega hasta la esencia misma del sistema democrático de los Estados Unidos. Por esa razón, es importante entender lo que está en juego.

La libertad de expresión es un principio democrático fundamental. Parte integral de él es la libertad para gastar dinero a fin de difundir dicha libertad. Cualquier limitación del gasto lo es también de la propia libertad de expresión.

Pero, ¿está limitado ese derecho a las personas o es extensivo también a las asociaciones de ellas? Con una decisión polémica emitida en 2010 –Citizens United vs. Comisión Federal Electoral–, el Tribunal Supremo de los EEUU falló que la Primera Enmienda de la Constitución de este país protege también los derechos de libre expresión de las asociaciones de personas. Así, las grandes empresas, como asociaciones de personas que son, tienen derecho a gastar todo lo que deseen para difundir sus opiniones, incluidas las de apoyo a campañas electorales.

Gusten o no las consecuencias políticas de la decisión sobre Citizens United, tiene su lógica, que es aplicable también fuera de los Estados Unidos y puede tener consecuencias similares en todas partes: un aumento enorme del poder político de las mayores empresas. ¿Se convertirán los diputados y senadores en simples portavoces de los intereses empresariales? ¿Existe algún mecanismo en la Constitución de los EEUU o en otras constituciones para impedirlo?

No sólo se niegan las empresas a informar a sus accionistas sobre cuánto gastan en campañas políticas, sino que, además, están ejerciendo grandes presiones para impedir que norma alguna las obligue a hacerlo. La Cámara de Comercio de los EEUU se opone a todas esas normas propuestas por considerarlas “políticamente motivadas”

Una consecuencia lógica de la idea de que las empresas son “personas” es la de que se debe informar a los accionistas sobre el gasto político hecho por aquellas en las que inviertan. Su divulgación puede contribuir a democratizar las donaciones políticas, impedir que tengan una influencia indebida en las elecciones. Si yo nombro a un agente para que gestione mi dinero, ¿no debería interesarme saber cuánto gasta en donaciones políticas en mi (supuesto) interés? ¿Y acaso no sería absurdo que una norma o reglamento me impidiera averiguarlo?

Pero eso es exactamente lo que está sucediendo. No sólo se niegan las empresas a informar a sus accionistas sobre cuánto gastan en campañas políticas, sino que, además, están ejerciendo grandes presiones para impedir que norma alguna las obligue a hacerlo. La Cámara de Comercio de los EEUU se opone a todas esas normas propuestas por considerarlas “políticamente motivadas”, porque las presiones para obligar a la divulgación del gasto empresarial relacionado con las elecciones no procede de inversores institucionales, sino de fondos de pensiones gubernamentales controlados por funcionarios democráticamente elegidos.

Pero los grupos conservadores muestran poca visión en su oposición a la divulgación obligatoria de dicha información. Creen que debilitaría a los republicanos y beneficiaría a los demócratas y están en lo cierto: no cabe duda de que la izquierda ha de beneficiarse más a corto plazo de esa obligación, pero el beneficiario mayor sería la democracia. En el juego político actual en los EEUU los republicanos y los demócratas compiten por el dinero empresarial, que después dedican a campañas costosas para preservar o aumentar su poder.

Los vencedores no son los republicanos ni los demócratas y ni siquiera las empresas que los financian. El vencedor es una forma corrupta de capitalismo que está socavando la economía de los EEUU, al volverla menos productiva y minar la sensación de equidad de los ciudadanos.

Dudo que una divulgación obligatoria pudiera resolver por sí sola el problema, pero sería un paso importante en la dirección correcta. Más importante es que el bloqueo activo de ese paso conduzca por fuerza al sistema político hacia un precipicio del que la democracia no podrá salir.
 

(*) Profesor de Finanzas y Emprendimientos en la Universidad de Chicago. Cumplió funciones en el Comité de Regulación del Mercado de Capitales. Además es investigador en el National Bureau of Economic Research, en el Center for Economic Policy Research y en el European Governance Institute. Es autor del libro “Un Capitalismo para el Pueblo: Recapturando el Genio Perdido de la Prosperidad Estadounidense”

FUENTE: Project Syndicate

La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a deliberar recientemente en un caso que resalta una cuestión tremendamente problemática relacionada con los derechos de propiedad intelectual. La Corte debe responder la siguiente pregunta: Los genes humanos –sus genes–, ¿pueden patentarse? Dicho de otro modo, ¿debe permitirse esencialmente a alguien poseer el derecho, digamos, a evaluar si usted tiene un conjunto de genes que implica una probabilidad mayor al 50% de desarrollar cáncer de mama?

Para quienes están fuera del arcano mundo de los derechos de propiedad intelectual, la respuesta parece obvia: No. Usted es dueño de sus genes. Una empresa puede poseer, como mucho, la propiedad intelectual subyacente a una prueba genética; y, como la investigación y el desarrollo necesarios para diseñar la prueba pueden haber costado cantidades considerables, la firma puede justamente cobrar por administrarla.

Pero una empresa con base en Utah, Myriad Genetics, reclama más que eso. Reclama los derechos por todas las pruebas que evalúan la presencia de dos genes críticos asociados con el cáncer de mama –y ha hecho valer ese derecho despiadadamente, aun cuando su evaluación es inferior a otra que la Universidad de Yale estaba dispuesta a proporcionar a un costo mucho menor. Las consecuencias han sido trágicas: las pruebas rigurosas y asequibles que identifican pacientes de alto riesgo salvan vidas. Limitar esas pruebas cuesta vidas. Myriad es un ejemplo de una corporación estadounidense para la cual las ganancias están por encima de todos los demás valores, incluido el de la propia vida humana.

Este es un caso particularmente penoso. Normalmente los economistas hablan sobre las disyuntivas: unos derechos de propiedad intelectual más débiles, se sostiene, socavarían los incentivos a la innovación. La ironía aquí es que el descubrimiento de Myriad se hubiese logrado de todas formas, debido a un esfuerzo internacional con financiamiento público para decodificar el genoma humano completo, que constituyó un logro extraordinario de la ciencia moderna. Los beneficios sociales del descubrimiento apenas más temprano de Myriad han sido eclipsados por los costos que impuso a través de su insensible búsqueda de beneficios.

En términos más amplios, hay un reconocimiento creciente de que el sistema de patentes, según su diseño actual, no solo impone costos sociales nefastos, sino que además es incapaz de maximizar la innovación, como lo demuestran las patentes genéticas de Myriad. Después de todo, Myriad no inventó las tecnologías utilizadas para analizar los genes. Si esas tecnologías hubiesen sido patentadas, es posible que Myriad no hubiese efectuado sus descubrimientos. Y su férreo control sobre el uso de sus patentes ha inhibido el desarrollo por terceras partes de pruebas mejores y más precisas para detectar la presencia del gen. La cuestión es simple: Todas las investigaciones se basan en investigaciones previas. Un sistema de patentes mal diseñado –como el actual– puede inhibir la investigación basada en avances previos.

Por eso no permitimos que se patenten los descubrimientos básicos en matemática. Y por eso la investigación muestra que patentar los genes en realidad reduce la producción del nuevo conocimiento sobre ellos: el insumo más importante en la producción del nuevo conocimiento es el conocimiento anterior, y las patentes impiden el acceso a él.

Afortunadamente, lo que motiva los avances más significativos del conocimiento no son los beneficios, sino la búsqueda del conocimiento en sí. Esto se ha verificado en todos los descubrimientos e innovaciones transformadores: ADN, transistores, láseres, Internet, etc.

Otro caso legal estadounidense ha destacado uno de los mayores peligros del poder monopólico impulsado por patentes: la corrupción. Con precios que exceden por mucho el costo de la producción, pueden obtenerse, por ejemplo, enormes beneficios a través de la persuasión de farmacias, hospitales o médicos para que desplacen las ventas hacia los productos propios.

El fiscal federal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York acusó recientemente al gigante farmacéutico suizo Novartis de hacer exactamente eso al dar sobornos, honorarios y otros beneficios ilegales a médicos, exactamente lo que prometió no hacer cuando resolvió un caso similar tres años atrás. De hecho, Public Citizen, un grupo estadounidense para la protección de los consumidores, ha calculado que tan solo en EEUU la industria farmacéutica ha pagado miles de millones de dólares como resultado fallos judiciales y acuerdos financieros entre los fabricantes farmacéuticos y los gobiernos estatales y el federal.

Tristemente, EEUU y otros países avanzados han presionado para instaurar regímenes de propiedad intelectual más duros en todo el mundo. Esos regímenes limitarían el acceso de los países pobres al conocimiento que necesitan para su desarrollo –y les negarían drogas genéricas capaces de salvar vidas a cientos de millones de personas que no pueden pagar los precios monopólicos de las empresas farmacéuticas.

La cuestión está llegando a un punto álgido en las negociaciones en curso de la Organización Mundial del Comercio. El acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC, llamado TRIPS, originalmente previó la extensión de «flexibilidades» para los 48 países menos desarrollados, donde el ingreso anual promedio per cápita se encuentra por debajo de los 800 dólares. El acuerdo original parece sorprendentemente claro: la OMC extenderá esta «flexibilidades» ante la solicitud de los países menos desarrollados. Si bien esos países han efectuado la solicitud, EEUU y Europa se muestran vacilantes a la hora de cumplir.

Los derechos de propiedad intelectual son reglas que nosotros creamos supuestamente para mejorar el bienestar social. Pero los regímenes desequilibrados de propiedad intelectual dan como resultado ineficiencias –incluidos beneficios monopólicos y la incapacidad de maximizar el uso del conocimiento– las cuales obstaculizan el avance de la innovación. Y, como lo demuestra el caso Myriad, pueden incluso llevar a la pérdida innecesaria de vidas.

El régimen de propiedad intelectual estadounidense –y el régimen que EEUU ha contribuido a endilgarle al resto del mundo mediante el acuerdo TRIPS– está desequilibrado. Esperemos que, con su decisión sobre el caso Myriad, la Corte Suprema contribuya a la creación de un marco de trabajo más sensato y humano.
 

(*) Catedrático en la Universidad de Columbia, premio Nobel de Economía, y autor de Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy [Caída Libre: El Libre Mercado y el Hundimiento de la Economía Mundial].

FUENTE: Project Syndicate