El Tribunal Penal de El Cairo condenó hoy al depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi a 20 años de cárcel por reprimir violentamente las protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012, que se saldaron con la muerte de varios manifestantes.

Según el fallo leído por el presidente de la corte, el juez Ahmed Sabri, Mursi y otras doce personas fueron sentenciadas a 20 años de prisión por uso de la fuerza y la violencia y retención de personas, acompañada de maltratos y tortura.

El magistrado les declaró inocentes de dos cargos: asesinato con premeditación y porte ilegal de armas, por los que podrían haber sido condenados a la pena capital.

Esta es la primera sentencia inculpatoria contra Mursi, que fue depuesto en julio de 2013 en un golpe militar liderado por el entonces jefe del Ejército y actual presidente, Abdelfatah al Sisi, tras varios días de multitudinarias protestas.

Además de Mursi, fueron sentenciados a la misma pena varios dirigentes de los Hermanos Musulmanes, entre ellos Esam el Arian, vicepresidente del Partido Libertad y Justicia (PLJ) -brazo político de la Hermandad-, y el miembro de su Ejecutiva Mohamed Beltagui.

Otras dos personas recibieron una pena de diez años de cárcel durante la sesión final del juicio, que duró apenas diez minutos y en la que estuvieron presentes nueve de los procesados, mientras que seis fueron sentenciados en rebeldía.

El fallo estipula además para todos los procesados cinco años de vigilancia policial una vez que sean excarcelados tras cumplir su pena.

El tribunal decidió remitir la causa a la Corte Civil de Indemnizaciones, para que los condenados reparen los daños causados por sus delitos.

El abogado de Mursi, nombrado por la corte después de que se retirara la defensa original, Sayed Hamed, dijo a Efe que la sentencia es "equilibrada", pero adelantó que recurrirá ante el Tribunal de Casación.

El Tribunal Penal de El Cairo condenó hoy al depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi a 20 años de cárcel por reprimir violentamente las protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012

Este caso se remonta al 5 de diciembre de 2012, cuando se desataron disturbios frente al palacio presidencial durante protestas contra Mursi, que se saldaron con la muerte de varios manifestantes.

El exmandatario, dirigente de los Hermanos Musulmanes y encarcelado en la prisión de Burg al Arab, en el noreste de Egipto, ha negado los cargos en las vistas anteriores y siempre ha destacado que sigue siendo el "presidente legítimo" de Egipto.

El expresidente afronta otros juicios por insultar a la judicatura, huir de una cárcel durante la revolución de 2011 que derribó a Hosni Mubarak y entregar información clasificada a países y organizaciones extranjeras.

Desde el derrocamiento de Mursi, las autoridades han perseguido a los simpatizantes, integrantes y líderes de los Hermanos Musulmanes, fueron declarados grupo terrorista en diciembre de 2013.

 

FUENTE: La Tercera

La rebelión finalizó hacia las 3.30, tras 45 horas de duración, con un resultado de cinco presos muertos, dos de ellos decapitados, y 25 heridos y daños estructurales en al menos el 80% de la Penitenciaría Estatal de Cascavel, según la secretaría de Justicia del estado de Paraná.

Los dos guardias carcelarios que eran mantenidos como rehenes desde el domingo fueron liberados y tuvieron que ser conducidos a un hospital debido a que sufrieron diversas heridas, pero su vida no corre peligro, precisó la agencia Efe.

La rebelión terminó después de que las autoridades transfirieran a otras cárceles con mejores condiciones a 851 de los 1.040 presos que estaban en esta penitenciaría del sur de Brasil.

El mismo domingo ya habían sido transferidos 143 internos que eran amenazados por los amotinados y, tras el acuerdo alcanzado por éstos y el gobierno regional de Paraná, fueron enviados a otras prisiones los 708 reclusos que exigieron su traslado.

Pese a que la Penitenciaría Estatal de Cascavel, con capacidad para 1.116 presos, albergaba menos reclusos, los amotinados se quejaron de las malas condiciones de infraestructura, higiene y alimentación en la unidad, así como de la violencia de los guardias.

En esta cárcel, escenario de una de las más violentas rebeliones de presos en los últimos años en este estado del sur de Brasil, tan sólo permanecieron 265 presos.

Los amotinados decapitaron a dos de los presos, entre ellos un ex policía, y arrojaron a tres personas desde el tejado de uno de los pabellones, a una altura de 15 metros, dos de las cuales también murieron.

Las autoridades aún no informaron de las causas de la muerte de la quinta víctima ni de las condiciones en que fue encontrado el cuerpo.

La rebelión comenzó a las 7 del domingo cuando uno de los guardias se disponía a servir el desayuno y fue tomado como rehén.
A pesar de que los presos ya habían amenazado con una protesta contra la violencia de sus carceleros en la prisión, tan sólo había diez guardias a la hora del incidente.

Los amotinados ocuparon el techo del presidio, a donde llevaron a los rehenes y prendieron fuego a varios colchones.

Los amotinados expusieron en el tejado letreros con las siglas PCC, en referencia al Primer Comando de la Capital, la mayor organización criminal del estado de San Pablo y que es dirigida desde las prisiones.

 

FUENTE: Télam

Silvio Berlusconi es culpable de fraude fiscal por el caso Mediaset, según ha decidido hoy el Tribunal Supremo italiano. Es la primera condena inapelable que recibe Il Cavaliere. Pero el exprimer ministro no solo volverá a esquivar la cárcel, como estaba previsto, sino que podrá seguir con su carrera política como líder de la oposición: los jueces han rechazado la sentencia de cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos a la que fue condenado. Ahora el Tribunal de Milán deberá decidir de nuevo cuáles son los efectos políticos de su condena por evasión fiscal y el envío a cuentas en el extranjero de cerca de siete millones de euros procedentes de los derechos de transmisión de películas estadounidenses.

La condena en segunda instancia, dictada el pasado 8 de mayo, confirmaba el veredicto ya alcanzado en primera instancia, en octubre de 2012. Por dichos delitos atribuidos a su grupo audiovisual, se pedía entonces la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante cinco años y una pena de cuatro años de prisión para Berlusconi.

La pena de cuatro años de prisión se quedaría en uno por la llamada ley del indulto y además podría ser descontada en arresto domiciliario o mediante trabajos a favor de la comunidad. Aunque en ningún caso Berlusconi no irá a la cárcel -gracias a su edad (76 años)- la pérdida de sus derechos de sufragio puede suponer el fin de su carrera política.

Durante su comparecencia el martes, el fiscal del Supremo, Antonello Mura, solicitó la confirmación de la condena anterior, pero pidió una reducción de la inhabilitación de cinco a tres años. Sobre la pena de cárcel, Mura alegó que era justa, ya que Berlusconi fue el "autor de la trama de fraude fiscal".

Según la sentencia de apelación, Berlusconi habría acumulado unos 280 millones de euros en fondos opacos, pero la mayor parte de los delitos de fraude fiscal ya han prescrito, por lo que la condena se refiere solo a la evasión de cerca de siete millones de euros en las declaraciones fiscales de Mediaset en los años 2002 y 2003.

La inhabilitación podría alejar definitivamente a Berlusconi de la escena política, debido a su avanzada edad. Il Cavaliere dejaría así huérfano a su partido, el Pueblo de la Libertad (PDL), y amenazaría la supervivencia del ya inestable Gobierno de coalición que mantiene con Enrico Letta, del Partido Democrático (PD). La reducción del período de inhabilitación, sin embargo, le permitiría esperar en la sombra para volver a disputar futuras elecciones. En todo caso, el cumplimiento de la sentencia todavía tendrá que ser aprobado por el Parlamento mediante votación secreta, ya que su cargo de senador le confiere inmunidad parlamentaria.

 

FUENTE: EL PAÍS