Allá por la década del 80’, uno de los diarios que se publicaban en Rosario, tenía la particularidad de que en la página de los chistes que cubrían la contratapa, aparecía un dibujo / juego que tenía dos imágenes en principio iguales. La gracia consistía en descubrir las siete diferencias que existían entre ambas, lo que permitía que el preadolescente de entonces y que hoy escribe estas líneas, luego de pasar por la sección de deportes, se entretuviera unos minutos con esa publicación. La semana que culmina fue rica en movilizaciones sindicales, en la centralidad que supone la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en, si se quiere, lo que tenemos más a mano en nuestro pago chico del sur litoraleño. Como hace cuatro décadas atrás, si miramos con atención, las diferencias surgen a simple vista. Pasen, y más que nunca, vean.

Por donde se mire, la convocatoria del 17 de agosto fue contundente. Una vez más, el movimiento obrero argentino demostró su capacidad de movilización, lo cual no representa una novedad en sí misma, pero nunca viene mal tener a mano un ejemplo que confirme verdades, si se quiere, ya históricas. El hecho político sirve para llamar la atención de propios y extraños, confirmando que, en la Argentina, la calle sigue siendo un lugar de disputa que los sindicatos y los movimientos sociales no están dispuestos a regalar sin más.

La marcha, anunciada hace más de un mes atrás, hasta pocos días antes debió ser confirmada públicamente en su realización. Más allá de lo coyuntural del reclamo, cuestión que abordaremos en las líneas que siguen, no debe negarse que la movilización, más allá de las declaraciones dirigenciales de ocasión, cumplió el doble rol de llamarle la atención al gobierno, pero también a ciertos sectores de la oposición que en su proyección ilusoria del mediano plazo, imaginan soluciones poco coincidentes con los principios de una vida democrática. 

La coyuntura actual de la política presenta varias particularidades digna de señalar. Por un lado el oficialismo parece estar dando, luego de diez meses, algunas señales de armonía política que se sintetizan en la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía y la renovación parcial del gabinete nacional. Por el otro, la oposición encarnada en Juntos por el Cambio parece haber entrado en una zona de disputa interna con una ferocidad propia de amantes despechados.

En ese contexto, la CGT decide convocar a una marcha en la que, rápidamente, obtuvo el acompañamiento de la CTA y CTEP. Vale recordar que, en su afán por derrotar a lo que representaba y suponía para el futuro un hipotético nuevo gobierno de Mauricio Macri, el movimiento obrero en su conjunto (con la excepción de aquellos sindicatos que tributan en cierta izquierda) saludó y formó parte del armado y posterior existencia del Frente de Todos.

Ese último hecho, es obvio que condiciona cualquier movilización que se pretenda masiva y aglutinante a los fines de quejarse por el alza del costo de la vida. Por ello la dificultad para encontrar un lema convocante común. “Contra la inflación y los especuladores” no parece cumplir con cierto ABC de la política que supone que, cuando se sale a la calle, la consigna convocante debe ser clara, sobre todo si varios de los dirigentes que la proponen, tienen diálogo directo con esas patronales que fungen de formadores de precios.

Y, además, están las diferencias que algún bien intencionado podría referenciar como matices pero que, en el fondo, reflejan situaciones estructurales que han llevado a la existencia de, cuanto menos, tres centrales obreras.

El proceso no es nuevo. Cuando se estudia el largo plazo, resulta evidente que el movimiento obrero sale de la última dictadura cívico – militar fuertemente debilitado y con una atomización que se ha profundizado con el correr de las décadas. Debe decirse: si la convertibilidad de los 90’ favoreció al sector de servicios potenciando a los gremios que se desarrollan en ese rubro y llevó al borde de la desaparición a los que tenían cualquier tipo de referencia a la producción industrial, fundamentalmente los vinculados a las pequeñas y medianas empresas; la década ganada, con el resurgimiento de aquellos sectores desfavorecidos y su sentido de Justicia Social inmanente, no alcanzó a diseñar un mercado de trabajo más homogéneo, en nivel de ingresos, en derechos consagrados o en fortaleza sindical.

Y como es obvio, eso se refleja en los intereses de cada sindicato, en la historia reciente y no tan reciente de cada líder, y en lo que expresa cada uno de ellos a la hora de imaginar las respuestas más urgentes de este tiempo. Si resulta fuerte no poder articular una consigna común para la movilización de varias decenas de miles de ciudadanos, mucho más llamativo resulta escuchar las diferencias de qué hacer, por ejemplo, con la mejora en el ingreso para el conjunto de los trabajadores.

En una misma jornada radial podremos escuchar a Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunviro que conduce la CGT, pelearse con periodistas que le repreguntan por la idea del pago de una suma fija, desechándola porque según el dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, cada gremio debe discutir su paritaria, mientras que Hugo Yasky, ese enorme dirigente que, como diríamos en un estadio de fútbol, bancó los trapos en lo mejor del macrismo, reconoce que ese tipo de medida podría ser viable para la coyuntura de estos meses.

La ausencia de un liderazgo sindical fuerte de otrora, no permite siquiera la posibilidad de que la marcha común cierre con los discursos de los dirigentes más importantes. El riesgo del “error político” es tan grande, que todo se resume a un documento que se lee al final y que se comunica previamente al conjunto de la sociedad a través de redes y medios de comunicación.

Pero las diferencias no se agotan allí. También existen las de tipo regionales, donde para un mismo rubro o actividad, el nivel de ingresos de cada trabajador dependiendo de la provincia de la que se trate, resultan notorias y evidentes: por capacidad económica pero también (y esto es fundamental) por actitud política. El caso santafesino en el área de educación no deja de ser sintomático: mientras la provincia queda alcanzada por una serie de medidas de fuerza que harán que en el mes de agosto sólo se brinden clases en nueve de los veinte días hábiles, a partir de una obcecada actitud gubernamental de no reabrir paritarias en el mes de agosto, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya anunció la reapertura de paritarias sobre comienzos del mes de agosto. Nunca está de más recordarlo: el capricho nunca sirve como herramienta política.

A cambio de una, quedan dos tareas en forma de preguntas para hacer e intentar responder en casa queridos lectores, estimadas lectoras (el fin de semana pasado trabajamos extra con dos artículos publicados, ahora le devolvemos la atención). La primera es si la convocatoria del último miércoles debilita al gobierno nacional o si, de alguna manera, en ese delicado equilibrio que supone la realización de una marcha sin consignas y con la ausencia de nombres propios sobre los que machacar, el llamado de atención que implica tener a miles de trabajadores en la calle no sirve de argumento de base para que el oficialismo se anime a más en ciertas disputas que, según los dichos de Pablo Moyano (y habría que ver su nivel de representatividad más allá del contorno de los camioneros), deben darse con los responsables del aumento de precios.     

Y la segunda pregunta, tal vez algo más estructural y que seguramente propiciará el enojo de algunos compañeros que sistemáticamente nos leen semana a semana, refiere a una cuestión tan antigua como la idea de expresarse en la calle en una sociedad democrática. Vale saber en qué medida, y el caso santafesino de estos días nos cae como anillo al dedo,  las justas demandas de trabajadores formales que se traducen en medidas de fuerza que rápidamente escalan en cantidad de días de paro cada vez más numerosos, no se traduce en una deslegitimación ante el resto de la sociedad que asiste preocupada ya no sólo a un proceso inflacionario que no cede sino también a una ausencia de acceso a servicios que, en pleno siglo XXI, se consideran esenciales.

Lo traducimos para que no se entienda mal: paros de tres días por semana, habiendo logrado que el gobierno santafesino ponga fecha a las paritarias, ¿juega a favor o en contra de todo aquello por lo que se lucha? Más allá del justo enojo de trabajadores de salud, de la docencia y estatales con las últimas decisiones gremiales, vale saber si no se condiciona cierto apoyo social, siempre necesario, a partir de un pedido para el que solo quedan, ahora, dos semanas. Dudas de un atribulado analista.

Pese a las dificultades para su realización, la marcha convocada inicialmente por el mundillo cegetista puede confirmarse como exitosa. Más allá de las diferencias de fondo y de ciertos vedetismos discursivos, el mensaje llegó claramente a los múltiples destinatarios. En buena hora. No es está nada mal para tiempos tan confusos y para cierto sindicalismo que en no pocas ocasiones, sólo atinó a mirarse el ombligo. Bienvenidos al juego común, a pesar de las diferencias.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Tanto en la práctica de la política como en su análisis, parte del juego trata de saber leer de antemano las jugadas del resto o del conjunto de los actores, como así también de descubrir aquellas señales que, de alguna manera, se adelantan a los tiempos que podrían venir y para los cuales se debe estar preparado. Pero, también, nos sirven para explicar algo del aquí y ahora. Como pocas veces suele suceder en cuestión de días, varios protagonistas del juego político nacional, sentaron sus bases discursivas de lo que esperan (y desean) para el futuro mediato. Nadie podrá argumentar que no fuimos avisados. Pasen y vean.

Si pudiéramos tomar como válida la idea de un tiempo corto y un tiempo largo, para el oficialismo, el primero de ellos trajo novedades que pueden servirnos para el devenir cotidiano pero que, indudablemente, no rompe la rigidez de ciertas diferencias que no parecen que vayan a ser zanjadas en lo inmediato. Más allá de las oportunidades que “el sistema” brindó, no aparecieron a la luz pública señales de recomposición en un Frente de Todos donde algunos protagonistas parecen regodearse de cierta lógica internista.

El día martes el presidente de la Nación Alberto Fernández brindó una larga entrevista al periodista Roberto Navarro en el medio de comunicación El Destape. Si la expectativa estaba puesta en comenzar a emitir claras y contundentes muestras de distensión, más temprano que tarde se esfumaron en el ida y vuelta radial. Tal vez la definición más contundente refirió a que escucha a todos pero que es él quien toma las decisiones dado que en la Argentina, “la presidencia no se ejerce de manera colegiada”. Eso es inexorablemente cierto, ya que así lo demuestra el espíritu y la letra de la Constitución Nacional. Pero tan real como eso es que su llegada a la primera magistratura no se produjo sin contar con elementos que le dan una especificidad única: la nominación de Cristina Fernández y su posterior aceptación de parte del conjunto del peronismo exigía (y exige) un desafío inédito para una fuerza política que a lo largo de su historia se vertebró detrás del dirigente que tenía más votos. Nadie puede mirar al costado y desconocer el peso político de una vicepresidenta que, allá por mayo de 2019, cedió, pero sin retirarse.

https://www.youtube.com/watch?v=TbxMfbYo04k

Del otro lado tampoco se trataron de achicar las distancias políticas. Si una fecha tan simbólica como la del 24 de marzo podía servir para mostrar cierta unidad de criterio, el acto oficial por un lado y la enorme movilización de La Cámpora a Plaza de Mayo devinieron en un fenómeno de diferenciación muy evidente. A las poco felices declaraciones de Andrés Larroque, uno de los referentes de la agrupación, vinculando al presidente con un 4% de votos (porcentaje que obtuvo Florencio Randazzo en 2017, teniendo a Fernández como jefe de campaña), se sumaron las afirmaciones de un exultante Máximo Kirchner quien, encabezando una multitudinaria columna, no dudó en diferenciar que, entre los estudios de televisión y la calle, él prefiere a esta última para hacer política.

Y aquí también conviene revisar no sólo dichos sino también conceptos. Al actual ministro de Desarrollo Social bonaerense convendría recordarle que fue la propia Cristina Fernández quien nominó al protagonista del 4%, foto vieja si se quiere, ya que atrasa nada más y nada menos que casi cinco años.

No queda exento el ex jefe de bloque del Frente de Todos de cierta crítica ya que, si bien es cierto que la política exige “poner el cuerpo” y estar en la calle, en tiempos de posmodernidad y redes, los estudios de televisión sirven para llegar a un público que no necesariamente se interesa en poder manifestarse. Si en una democracia todos los votos se cuentan de a uno, vale lo mismo saber hablarles a TODOS, estableciendo estrategias múltiples de comunicación.

Vaya de ejemplo una muestra: el 9 de diciembre de 2015 la ex presidenta supo despedirse de la gestión frente a su pueblo, ante la friolera de 700.000 personas que se movilizaron sin ningún tipo de estructura de apoyo. Al día siguiente, quien la sucedía en el cargo, asumió ante un escuálido grupo de personas que lo vivaba frente a la Plaza de los Dos Congresos, mientras se lamentaba que “el día no había acompañado”. ¿Hace falta recordar la manera brutal en la que Mauricio Macri ejerció el poder, construyendo una administración donde el delito y la estafa fueron moneda de cambio? La política, la real, la que busca el poder para transformar positivamente la realidad, no se construye con el mero romanticismo de lo que la calle dice. Es una conjunción de factores. Tan antigua como aquel instante en que los ciudadanos encendían primero la radio y luego los televisores para escuchar, ansiosos, las buenas o malas nuevas que sus líderes tenían para comentar. Hablarles a los propios siempre es importante. Pero nunca debe ser excluyente, ya que si no ¿qué deberíamos hacer los no camporistas?

En ese devenir de una política endogámica que reduce sus agendas a lo que sucede en los límites que impone la General Paz, se pierde y mucho. Vale el ejemplo de la fenomenal muestra de madurez política que se dio en la ciudad de Rosario, en el mismo horario y revisando la historia como cada 24 de marzo. Decenas de miles de ciudadanos, jóvenes, no tan jóvenes y aquellos a los que de alguna manera la dictadura marcó definitivamente con su reguero de sangre, impunidad y muerte; supieron dejar de lado diferencias que son, si se quiere, menores.

 Así como muchos usuarios de Twitter podrían morir de literalidad aguda ya que no saben decodificar finas ironías, los argentinos nos enfrentamos al riesgo de morir de la combinación de bonaerensitis y capitalitis fulminantes ya que la defectuosa conformación demográfica, mediática y política nos impone discutir todo el tiempo lo que las tierras gobernadas por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof deciden. Raro para un país federal.

https://twitter.com/INDECArgentina/status/1506707491530412037

Pero la confusión oficialista no se detiene allí. En la semana se conoció un número que debería servir (y mucho) para explicar cómo se gobierna la Argentina. El Indec acaba de informar una baja del desempleo al 7% para el último trimestre de 2021. Si se busca en los antecedentes comparativos de 2019, una vez llegado el Frente de Todos al poder, esa misma tasa llegaba al 13,1%. Es cierto que el nivel inflacionario hace mella. Es cierto que hay cientos de miles de argentinos que no la pasan bien. Y mucho más cierto es que un movimiento político construido como referencia del mundo del trabajo nunca puede resignarse a un escenario del 50% de inflación.

Ahora bien, y dicho lo anterior, bueno sería saber por qué el oficialismo deja ese dato de la economía real de lado, lo minimiza, no lo trabaja en términos comunicacionales y no lo pone en la agenda de cada día. Dirán los especialistas que ese nivel de empleo se alcanza con salarios bajos y seguramente será cierto. Pero no menos verdadero que eso es que si un punto de empleo supone el dato de 45.000 personas ingresadas al mundo del trabajo, la diferencia de los dos últimos años representa que 270.000 argentinos tienen un empleo con el que antes no contaban. Con pandemia del Covid incluida.

Es tal la debilidad comunicacional y de construcción política gubernamental que en la agenda mediática e institucional prevalecieron las señales de un tiempo largo, el que viene y el que indudablemente propone la derecha argentina y ese conjunto de violentos e irrespetuosos que dicen llamarse libertarios.

Macri apuntando a la privatización de Aerolíneas Argentinas, Javier Milei invocando una dolarización que solucionaría el problema inflacionario y que sería lapidaria para la industria argentina (revisar ejemplo ecuatoriano), seguidores de Patricia Bullrich vandalizando la estación de subte Rodolfo Walsh, la oposición parlamentaria cambiemista discutiendo en el Congreso Nacional la posibilidad concreta de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia que habilitó el aumento de las retenciones a la harina y al aceite de soja, la conducción de la Mesa de Enlace propiciando la eliminación de las retenciones por la vía del Poder Judicial y, finalmente, el negacionismo desembozado de cierta derecha (con versión santafesina incluida de parte los legisladores Lisandro Enrico y Gabriel Chumpitaz) que viene a intentar poner en discusión la política de Estado sobre los derechos humanos en la Argentina, ejemplo inexorable de cara al mundo desarrollado y en vías de desarrollo.

https://twitter.com/lisandroenrico/status/1506942884758450176

Esas son las señales que propone una derecha que a lo largo y ancho del mundo y desde hace unos cuantos años ha salido del closet y que ha sabido instalar supuestas soluciones que traen más exclusión y miseria, corriendo el eje de cierto sentido común construido a partir de las bonanzas que el siglo XX supo imponer. El enemigo está allí, acecha de cara al futuro y se corporiza en propuestas irrealizables, mientras buena parte del oficialismo gobernante se mira el ombligo y pierde el tiempo dando por cerrados escenarios que aún deben construirse.

Hablamos de tiempos cortos y de tiempos largos. De lo que la política es y de lo que podría ser en el futuro. Y tal vez, como mejor ejemplo de resiliencia, compostura y templanza debamos tener en cuenta a las “locas de los pañuelos blancos”. Las más cuerdas de todas. Las madres y abuelas. Esas que supieron enseñarnos que Memoria, Verdad y Justicia eran valores irrenunciables. Y tal vez, por qué no, podamos aplicarlos a los demás valores de nuestra vida comunitaria. Memoria para saber de donde venimos. Verdad para reconocer todo lo que falta. Justicia para socorrer al que padece las injusticias de un mundo desigual. Ellas, hace rato, ya no bailan solas.

https://www.youtube.com/watch?v=-P9m-3mrflo

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez 

Como pocas veces sucede, la semana post 17 de octubre mostró los ejes estructurales sobre los que se mueve la acción política de la Argentina de los Fernández. Apoyo social y presión corporativa como parte del fenómeno, y todo ello sazonado en el medio de un proceso electoral que, probablemente, con los resultados de la noche del 14 de noviembre incline la balanza hacia un lado u otro. Repasemos.

El día domingo surgió la primera señal. Con sus matices, la marcha del 17 mostró parte de la complejidad política que se teje día a día en el país. Luego de muchas idas y venidas, de convocatorias frustradas y auspiciadas, una multitud cubrió cada rincón de la Plaza de Mayo. Resultó masiva, crítica, pero fundamentalmente necesaria para el mundillo K. Como nos contaba y cantaba Zitarrosa, creció como la musiquita, desde el pie. Si sectores del gobierno habían decidido desactivar la recordación del día de la lealtad, en el mismo día de la lealtad, no pocos sectores del kirchnerismo, de manera autónoma e individual primero y en forma más organizada después, desoyeron el pedido y fueron por una expresión propia que se alejara de cualquier parentesco con lo que sucedería al día siguiente.

Los discursos de los organizadores, que con la honrosa y orgullosa excepcionalidad que supone cada 24 de marzo en la Argentina, jamás han tenido tal nivel de convocatoria política, referenciaron en una crítica a la acción gubernamental que no deja de ser un llamado de atención. De lo que pudo verse a lo lejos, con los límites que ello impone, no parece que el sentido del conjunto que marchó fuera necesariamente por ese camino.

Si tomáramos la interpretación, que este escriba supone errónea, de que los discursos de Hebe de Bonafini y sus acompañantes, representan la prédica política del kirchnerismo, no estaríamos mirando la realidad de lo que efectivamente se dice y construye desde el espacio que conduce Cristina Fernández. La opaca visibilidad de los convocantes en días previos y la masividad de la concurrencia, permítanme insistir queridos lectores, diluye la hipotética afirmación de que los oradores reflejen, por ejemplo, el pensamiento K sobre la deuda. Si así fuera, estaríamos en presencia de un espacio político donde sus bases, mientras se afirman en su identidad, discurren en otro sentido de lo que lo ha venido planteando su jefa política y allegados más cercanos que, en su momento, alentó un acuerdo con los tenedores privados de deuda.

La convocatoria del 17 supone una complejidad de matices que, bien mirada, se contrapone con el bloque de poder que se movilizó un día después. La convocatoria cegetista también resulto masiva y claramente organizada en un sentido que refleja los propios límites de una unidad que ha costado muchísimo conseguir. El recurso de un texto leído, acordado entre todos y circulado previamente a los medios masivos de comunicación, supone la idea de que nadie debía sacar los “pies del plato” con una frase o una afirmación que resultara condicionada por el contexto de decenas de miles de trabajadores reunidos en un espacio común.

Si bien el hecho político supone un apoyo al gobierno, más puede afirmarse que debe ser interpretado como una clara señal hacia aquellos sectores que se entusiasmaron con ideas “extrañas” a la legislación argentina. El envalentonamiento de los sectores de derecha, que contaron con la inestimable ayuda de sus usinas mediáticas, planteando la posibilidad de eliminar las indemnizaciones a la hora de despedir trabajadores y que actuaron más como globo de ensayo antes que como un proyecto concreto, recibió una respuesta contundente y efectiva. Nótese que el tema desapareció de la agenda semanal y si algo parece haber aprehendido el movimiento obrero en este tiempo es que, a diferencia de lo que ocurría sobre finales de los 80’ y comienzos de los 90’, de tanto machacar y promover con hechos, la notoria ineficiencia de los organismos del Estado, se terminó colando la idea de su privatización, como solución definitiva; las construcciones de sentido de ciertos logros sociales como el que supone que a un trabajador se le pague por un despido, siempre pueden ser revisadas por el neoliberalismo, con mucho de insistencia y perseverancia. Recursos y “fierros” no le faltan.

Pero si bien ambas marchas pueden ser reinterpretadas como el estado de situación del peronismo en particular y como señales al conjunto del sistema político, económico y social; también debe decirse que parte de los receptores que suponen el “otro poder” en la Argentina, ese que nadie vota pero que, como sucede a lo largo y ancho del planeta en los tiempos de la posmodernidad, están en otra pelea.

Lo que a comienzos de semana era mirado con la expectativa de toda acción de gobierno que se construye sobre la idea de diálogos y ciertos consensos, rápidamente pareció desactivarse con un comunicado de la Copal que terminó sirviendo como instrumento de ruptura antes que como un puente de acercamiento en la posibilidad real de llegar a un acuerdo de precios sobre cientos de productos.

De la voracidad de cierto empresariado argentino, quienes no nos cocemos con el primer hervor, ya sabemos bastante. Basta mirar la historia reciente y no tan reciente del país. Y si bien es cierto que los controles de precios no son instrumentos que puedan proyectarse eternamente en el tiempo, no menos real es que lo pedía el gobierno nacional refería a la posibilidad de un acuerdo que se pareciera mucho a una tregua inflacionaria de tres meses. Los elementos técnicos están para ello y cuesta aceptar la idea de que empresas alimenticias que han tenido un formidable 2021, no acepten obtener ganancias por mayores ventas antes que por precio.

https://www.youtube.com/watch?v=adrf9Vqe0Hc&t=101s

Insistimos. Eso no es un fenómeno nuevo en el país. Basta recordar la famosa frase del ex ministro de economía Juan Carlos Pugliese, cuando, allá por finales de los 80’, afirmó que a los empresarios “les había hablado con el corazón y les habían respondido con el bolsillo” para entender que algunas cosas no cambiaron demasiado en la Argentina pese a las crisis y décadas ganadas.

Pero lo que sí resulta novedoso es el posicionamiento discursivo, en el medio de una campaña política, de una fuerza política con una importante representación institucional, transformada en la voz de los empresarios. La explicación amarilla de la inflación como resultado unicausal de la emisión se parece mucho a las justificaciones y explicaciones de comienzos de la gestión macrista.

La semana que terminó pareció confirmar dos cuestiones que hace largo rato se plantean en los hechos pero que muchas veces resultan invisibilizadas para el gran público: que la fantasiosa idea de que la política se construye a puros consensos (desestimando discursivamente la esencia conflictual de la cosa) se estructura sobre la base de que los mismos pueden ser alcanzados con las ideas de ciertas minorías y solo eso; y que, en un contexto donde los protagonistas son casi los mismos de hace dos años, con ganadores y perdedores transmutados, asistimos al rarísimo fenómeno que las políticas que profundizaron la marginalidad, la exclusión y el deterioro social, sean reivindicadas como validas para cierta mejora general.

Mientras el ex presidente Mauricio Macri juega a uno de los mejores juegos que juega su familia desde tiempos inmemoriales, el de plantear chicanas judiciales sistemáticas para evitar la comparecencia ante la Justicia, en esta circunstancias por el caso del espionaje sobre familiares de los fallecidos por el submarino ARA San Juan, pero desde hace 20 años por el caso Correo Argentino, lo concreto es que sus “herederos” políticos parecen ser voceros de la voz empresarial antes que defensores de la mesa de los argentinos. Nunca estuvo tan claro. No sólo por la acción sino también por la comunicación política.

La gran pregunta es como decodifica este proceso el electorado argentino el domingo 14 de noviembre. Dando por hecho que un 40% de los votantes a nivel nacional pertenece a ese núcleo amarillo que hace tiempo llegó para quedarse, la pregunta que dejamos para la tarea de cada semana es qué puede esperarse del 60% restante.

Habiendo ido menos argentinos a votar en estas legislativas, huelga saber si podrá el oficialismo convocar a votantes afines. Si el voto del 12 de setiembre se debe leer como un castigo al gobierno, producto de las consecuencias de la pandemia y de los errores propios de los anteriores 20 meses, este clima de nueva normalidad de las últimas semanas, ¿supone una traslación en la mejora del caudal electoral oficialista en distritos claves?

Este articulista no lo sabe. Y como le enseñaron hace unos cuantos años en la universidad, muchas veces, las preguntas son más importantes que las respuestas. Y sobre todo si nos sirven para andar. Más allá de las marchas a la carta y del otro poder que nadie votó pero que muchos legitiman.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Juntos por el Cambio fue la fuerza derrotada en primera vuelta en las elecciones generales de 2019. Luego del (casi) papelón de las PASO de las que en la semana anterior se cumplió un año, la fórmula que encabezaron el viajero Mauricio Macri y el siempre presente en términos institucionales Miguel Ángel Pichetto, pudo “repechar” la cuesta y recuperar algunos puntos que hizo la derrota más digna. A partir de ese momento los distintos referentes del espacio pretendieron darle una pátina épica a ese 41%, pero el sol no se oculta con la mano: desde que existe la reelección presidencial en la Argentina, fue la primera fuerza política que pierde cuatro años más tarde de haber sido elegida.

Tan hábiles para la construcción de cierto sentido común que vino acompañado por el innegable apoyo de los grandes medios de comunicación, resultó un gobierno de incapaces a la hora de mejorar la calidad de vida de millones de argentinos. No sólo que no lograron ese objetivo, sino que, a contramano del recorrido de la década anterior, supieron provocar un deterioro tal, que elevaron a la categoría de pobres e indigentes a muchos de aquellos que los habían votado.

Lo que impone cierta tradición del devenir político marca que una fuerza política consolidada que sufre la derrota impuesta a Juntos por el Cambio, inicia, más temprano que tarde, un proceso de discusión interno que sirve fundamentalmente para cumplir con dos objetivos. El primero, hacer pagar el costo político a sus responsables, en muchos casos enemigos íntimos (y de paso sacárselos de encima) y el segundo, mostrar una profunda autocrítica de cara a la sociedad por todo aquello que se hizo mal y que sirva para intentar legitimarse en la discusión de la agenda cotidiana y, fundamentalmente, de cara al próximo turno electoral. Le sucedió al peronismo a partir de 1983, de 1995 y de 2015. Y le sucedió, aunque en menor medida, al radicalismo a partir de 1989.

Pero, en el caso de la fuerza amarilla, hasta ahora, eso no ocurrió. Lo que se le reclamaba en la historia reciente al kirchnerismo puro y duro, esto es, revisar todo aquello que hizo que perdiera entre 2011 y 2015, nada más y nada menos de 2.500.000 de votos, no aparece como una demanda a los protagonistas de la debacle argentina de la última administración. Mezcla de protección (otra vez) mediática, de negación absurda de muchos de sus dirigentes y de mirar para otro lado de muchos ciudadanos que decididamente los apoyaron, sólo hemos apreciado un breve tiempo de silencio de personajes de la talla de Mauricio Macri y compañía.

Indudablemente, lo que vino a cambiar todo ha sido la aparición de la propia pandemia del Coronavirus. Si hiciéramos un dudoso juego de proyección (la política siempre es lo que es), en agosto de 2020 estaríamos discutiendo los alcances del acuerdo con bonistas extranjeros, de la viabilidad de la economía argentina en un modo que no sea excluyentemente pensada como proveedora al mundo de materia prima, de las posibilidades de acercarnos lo más rápido posible al pleno empleo, etc. Hoy, la discusión es (en parte) esa efectivamente, pero se le agrega el agravamiento que trajo la pandemia. A las apuradas, con la referencia de lo que sucedía en Asia y en Europa, y con clara certeza de que el virus llegaría al país, hubo que armar una red de salud que no existía a nivel nacional como para enfrentar una pandemia inédita.

La decisión, acertada, de imponer restricciones desde mediados del mes de marzo, en el mediano plazo trajo el alivio de la situación sanitaria, pero a la vez, corrió el eje de la discusión política y, cómo no, nuestras rutinas de cada día. El eje social pasó a ser el “quédate en casa”. La premisa ha sido cuidarnos, protegernos y no salir a buscar el virus como bien nos ha enseñado el Dr. Pedro Cahn. La sociedad dejó de mirar el pasado reciente de un gobierno que desmejoró todos los indicadores de la macro y la microeconomía, para centrarse en el día a día y en el cuidado básico e íntimo.

Por ello, hoy, el discurso cambiemista sigue teniendo algo de potencia. A la cuarentena le respondieron con la falsa idea de libertad. Armaron estropicios conceptuales como la infectadura al calor de la fiebre delirante de supuestos intelectuales que comprenderían mejor que nadie el devenir social; Alfonso Prat Gay da lecciones de economía, Miguel Ángel Pichetto declama que el grupo de notables epidemiólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández, no podrán caminar por las calles una vez concluida la pandemia; Patricia Bullrich nos cuenta sobre el desafío de la república en esta hora y así podríamos seguir llenando páginas, no de un artículo o de un dossier, sino de un libro. Nada nos explican de porqué desaparecieron miles de pymes, porqué aumentó el desempleo, porqué la política de mano dura fue un fracaso o porqué se han servido del Estado para proteger e incrementar los intereses de ellos y sus amigos.

Juntos por el Cambio intenta renovarse desde una épica falsa, barriendo la basura debajo de la alfombra. A la idea de la “cuarentena” le oponen la idea de libertad. A la idea de ciertas restricciones que nos protegen del virus, le oponen la decisión individual (siempre individual) de juntarse con los afectos, pese a todo. No importa si parte de los dirigentes de ese mismo espacio conviven cotidianamente con la administración de la crisis sanitaria: no interesa si Gerardo Morales que se mostraba como un ejemplo hace escasos dos meses, hoy tiene su provincia al borde del colapso sanitario. Como tampoco parece importar lo que tienen para decir y decidir políticamente Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Rodolfo Suarez como gobernador de Mendoza.

Si movemos un poco la hojarasca vemos lo falso de ciertas antinomias que le resultan necesarias a las huestes amarillas. Pero atención. Si bien una división posible podría ser la díada entre los amarillos que gobiernan y aquellos que no, no resultan muy distintos. En la semana anterior, mientras las autoridades partidarias convocaban, públicamente, a la marcha del día lunes 17, Rodriguez Larreta nos contaba que no era una convocatoria institucional del PRO.

Hay allí un doble juego de enemigos íntimos: mientras lo que tienen responsabilidades institucionales de gobierno ejecutivo tratan de mostrarse responsables y no dicen demasiado de lo que representa una marcha en plena pandemia; el otro sector bate el parche del republicanismo. El día después no podría ser más preocupante: al riesgo sanitario se le agregará una fuerza política que reivindicará valores de los que adoleció, y mucho, cuando fue gobierno, tratando de discutir LO QUE NO ES (y no sucede) para, de paso, evitar responder por lo que hizo mal. Como el tero, que grita en un lugar, pero los huevos de sus crías están en otro. Pura estrategia evasiva que muestra al principal frente de la oposición atendiendo en los dos lados del mostrador. Será muy interesante analizar la manera en que se construye discursivamente la campaña del año próximo al interior de ese espacio, entre supuestos halcones y supuestas palomas.

Como ya lo hemos señalado en estas mismas páginas hace unas cuantas semanas, buena parte de la dirigencia institucional de JxC ha apostado, peligrosamente, por el desgaste político de un gobierno que, apenas, tiene ocho meses de gestión. “Usureros del peligro y el azar, vamos a invitarlos a escaparnos de las sombras y, sino lo conseguimos, nos da igual” nos canta el dúo Páez – Sabina, en una autorreferencia artística. Siempre el arte nos salva, siempre nos invita a pensar, siempre sirve para poner las cosas en sus verdaderos claroscuros. Aunque venga en formato de una sencilla y algo vieja canción.

(*) Analista político de Fundamentar

En cuanto a las expectativas esperadas de la movilización, Rita Colli, Secretaria -general del sindicato de Amas de Casa de Santa Fe declaró: “Yo entiendo que se va a hacer sentir y mucho, especialmente en nuestra zona, porque hay una decisión unánime de vastos sectores de exigir un cambio fundamental en el rumbo de las políticas, de hacer un llamado al gobierno que conmueva y que pueda hacerlo retroceder en muchas de las medidas que se están tomando, que están llevando a la desesperación a todos los hogares. Entendemos que tiene que ser un reclamo que se haga visible al gobierno y se tiene que saber que en Argentina no se toleran más estas políticas.”

Por otro lado, Alberto Botto, titular de Luz y Fuerza e integrante Movimiento Sindical Rosarino (MSR), destacó: “Nosotros lo estamos viviendo con mucha expectativa, creo que se va a sentir fuertemente. Lamentablemente, es una situación a donde uno nunca quiere llegar, el tema de la protesta hoy por hoy es obligada por la situación que estamos atravesando los trabajadores, los jubilados, en definitiva, los que menos tienen. Mañana vamos a tener un marco muy importante, por eso hemos convocado a toda la ciudadanía que se siente afectada por este modelo, que quiera expresarse pacíficamente, esto es fundamental, y que quiera compartir un momento de reflexión.”

Frente al fuerte proceso devaluatorio y las políticas recesivas aplicadas por el gobierno, Botto agregó: “el diagnóstico de la situación ha venido empeorando notablemente. En Rosario lo vivimos de una manera más profunda por las características propias de nuestro Cordón industrial. Veíamos como, en muchos casos, había compañeros que si bien no eran suspendidos o despedidos veían reducida su cuota de trabajo. Eso hacía que mucho dinero circulante en la actividad económica regional fuera desapareciendo y cerraran los comercios. A todo eso se sumó a partir del 1ero de enero de 2016 la política llamada "sinceramiento" que fue ni más ni menos que empezar a quitarle los subsidios a las tarifas. A ese combo de medidas le sumamos lo que se va a tratar esta semana, que es el tema del presupuesto, con una previsión de un ajuste de 500.000 millones de pesos aproximadamente. Los trabajadores y jubilados no sólo veníamos pagando más ganancias a pesar de la promesa del presidente y ahora nos quieren grabar más todavía.  La situación vuelve a alcanzar un límite de la tolerancia y hoy en Argentina se vuelve a hablar de hambre. Los que menos tienen están sufriendo las consecuencias de este modelo".

Por su parte, el secretario adjunto de La Bancaria Rosario, Sergio Rivolta, anunció que los bancarios adherirán al paro activo y resaltó su “rechazo a la política económica y social que aplica el gobierno, que perjudica al pueblo argentino, que en estas horas se agrava mucho más por la aplicación a rajatabla de la receta del FMI. En nuestro caso transfiere 15 millones de pesos del Tesoro Nacional para pagar intereses de la deuda externa, con lo que podría ser un intento de un futuro privatizador del Banco de todos los argentinos. Como integrantes del MSR, el paro va a ser activo. La única forma de dirimir estas políticas es con la calle. Ellos podrán tener los medios de comunicación, las corporaciones financieras y ahora hasta tienen al presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero la calle es del pueblo y ahí es donde vamos a dirimir este modelo económico que debe ser modificado 180°.”

En el caso de los estudiantes, éstos han decidido adherir a la medida de fuerza, acompañando a los trabajadores “porque la universidad vuelve a estar en peligro por dos sencillas razones: primero porque han presentado el presupuesto 2019 que vuelve a ajustar un 16% a la UNR en relación a la inflación. Y también porque entendemos que la discusión pasa porque hay ciertos ganadores en la Argentina a quienes no se les ajusta mientras a los estudiantes, docentes y trabajadores de la educación el ajuste nos va dejando afuera de nuestro trabajo, no nos permite llegar a fin de mes y hace que tengamos niveles récord de deserción estudiantil en cada universidad del país. Esos ganadores son los que se benefician con la especulación financiera, los exportadores, los bancos, mientras que los trabajadores no podemos pagar los impuestos debido a los tarifazos que han hecho. Por ello estamos marchando en el marco del paro nacional porque necesitamos otra política para otra Argentina”, destacó Manuel Leiva, Secretario General de la Federación Universitaria de Rosario.

Rita Colli también destacó que “Nuestro sindicato agrupa a todas las mujeres en su conjunto, en la cual también están las mujeres que trabajan en casas particulares. Siempre una situación de crisis y agudización de la pobreza golpea enormemente. Se dice que la pobreza tiene rostro de mujer porque somos las que administramos la vida de cada familia, la vida de cada hogar pasa por las manos de las mujeres, mayoritariamente hablando. Es una pelea cotidiana para poner la familia en pie, para hacer la multiplicación de los panes. (…) Marchamos porque hay algo que está amenazado que es la jubilación a la que se denominó de Ama de Casa. Una de las medidas que el Fondo Monetario está proponiendo al gobierno es producir recortes en esas jubilaciones que se obtuvieron por moratoria. Por ello nosotras nos sumamos en defensa de esas jubilaciones”. En cuanto al diagnóstico de la situación de las amas de casa, explicó: “las trabajadoras de casas particulares han tenido un reacomodamiento en etapas de sus ingresos, desde lo que se conoce como el tarifario (grilla), en función de las horas que trabajan en otras casas que no sean la propia. Nuestro sindicato no es el de las trabajadoras de casas particulares o empleadas domésticas, nuestro sindicato es un sindicato con perspectiva de género que busca que el trabajo de las mujeres sea visible. La grilla cerró un porcentaje de aumento que es inferior al índice inflacionario y la devaluación tremenda de nuestro país al que se suma un agravamiento que es que la mayoría no está registrada. No hay cumplimiento de ese tarifario o de ese incremento y tampoco de una serie de beneficios, de derechos que tienen desde el momento que son registradas".

Desde el sector de la salud, María Fernanda Boriotti, como presidenta del SIPRUS, destacó sobre el presupuesto que “en las áreas donde está disminuyendo es realmente criminal, porque, por ejemplo, una de las áreas que más disminuye es la atención de la Madre y el Niño, en un contexto de nuestro país donde hay un 50% de niños que están en la línea de pobreza. A su vez, le decimos al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que los trabajadores necesitamos que se vuelva a abrir la paritaria, analizar en conjunto como va a ser aplicada esta cláusula gatillo que está llegando tarde, que nos está dejando 10 puntos atrás de la inflación, absorbiendo nosotros esta devaluación esta pérdida del poder adquisitivo y también analizar cómo se está trabajando, sobre todo por el aumento de la demanda que tenemos en salud”. Por su parte, la secretaria gremial de AMRA, Sandra Mairoana señaló: “El ajuste en la salud  incide en forma directa en todos los ciudadanos y en los profesionales de salud que estamos trabajando para poder paliar esta situación. Además, nuestro sector tiene un gran número de jubilados que están afectados por el ajuste. Paramos para hacer ver lo que estamos sintiendo con respecto a esto”.

“Venimos trabajando en las barriadas desde hace algunos años y el hambre es nuevamente una realidad. Por ello las organizaciones populares vamos a estar acompañando a los trabajadores en este paro para que el gobierno entienda que tiene que cambiar esa política económica que nos lleva a un verdadero desastre. Y todavía falta lo peor de la crisis que viene en estos meses donde va a impactar la última devaluación”, aclaró también José Berra, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), anunciando su adhesión al paro y la movilización en la ciudad.

Los sindicatos convocan a los trabajadores y ciudadanos y ciudadanas que quieran sumarse a la movilización del día 25. Como señaló Rita Colli: “Creo que es un momento de comprometerse, de estar presentes.”

 

(*) Colaboradora Fundamentar.com 

“Estamos ante el inicio de un curso político especial, en el que se van a tener que tomar decisiones críticas en Cataluña y en España”, avisó el dirigente independentista en una conferencia con la prensa internacional, en la que hizo un repaso del proceso de secesión en el que está inmersa la norteña región, de 7,5 millones de habitantes. 

Puigdemont, quien fue elegido en enero pasado gracias a un pacto entre independentistas y el partido anticapitalista CUP con un mandato de 18 meses para llevar a Cataluña a la secesión, afrontará el próximo 28 de septiembre una “moción de confianza” en el parlamento regional. Será en ese marco que volverá a defender la posibilidad de un referéndum pactado con el Estado español, como vía para canalizar y resolver el reclamo secesionista catalán. “Insistiré en que éste es un proceso que se debe hacer acordado con el Estado español. El referéndum es la solución y la fórmula más inteligente y que garantiza el desarrollo democrático y político”, subrayó. “No lo hemos descartado nunca, voy a poner énfasis en este aspecto”, apuntó Puigdemont, al que la CUP adelantó que apoyará siempre y cuando siga adelante con la “hoja de ruta” pactada con su fuerza política, la coalición Junts pel Si (Juntos por el Si).

El presidente del gobierno español en funciones, el conservador Mariano Rajoy, rechaza de forma tajante la posibilidad de un referéndum y así lo recordó durante el reciente debate de su investidura, que resultó fallida debido al bloqueo político en el que se encuentra España desde hace más de ocho meses por la incapacidad de sus principales líderes para llegar a un acuerdo.

Con el retorno a la solución “pactada”, el presidente catalán se desmarca del referéndum unilateral de independencia que defienden sus socios de la CUP, una posibilidad que abrió el propio parlamento catalán, aunque la decisión fue posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional español. No obstante, también dejó claro que “la actitud del gobierno español no va a frenar el deseo y el compromiso asumido por los partidos independentistas el 27 de septiembre de 2015 de llevar a Cataluña hacia la secesión”.

En ese sentido, Puigdemont ratificó la “hoja de ruta” aprobada por su gobierno y que prevé la celebración de “elecciones constituyentes” a mediados del próximo año. “En este país se gobierna por leyes y tengo facultad de convocar elecciones, un mecanismo que existe y es perfectamente válido”, dijo, respeto a sus planes de llamar a los catalanes a las urnas una vez que se aprueben las llamadas “leyes de desconexión”, algo que tiene previsto que se producirá “a finales de julio de 2017”. El presidente del gobierno catalán espera que dentro de un año, cuando se celebre la próxima Diada, Cataluña esté “en el tránsito exacto entre la post autonomía y un país preparado para ser un Estado independiente”.

Desde hace cinco años, coincidiendo con la Diada, se celebran manifestaciones multitudinarias en Cataluña a favor de la creación de un Estado independiente, un reclamo que fue ganando adeptos al calor de la peor crisis económica que afrontó España en décadas. Tras dos intentos fallidos por celebrar consultas sobre la secesión, que fueron frenados por el Estado central, el año pasado el entonces presidente catalán, Artur Mas, convocó elecciones regionales y las convirtió de facto en un plebiscito sobre la secesión que ganaron las opciones independentista, aunque no superaron el 50% de los votos. Finalmente lograron un acuerdo de gobierno que luego quedó en el aire cuando la CUP rechazó los presupuestos presentados por Puigdemont, quien por eso se vio obligado a someter su cargo a la confianza del parlamento.

En la previa del que será una nueva prueba de fuego para los secesionistas catalanes, Puigdemont hizo lo que nunca hizo Mas, el principal impulsor del actual proceso de ruptura, al acudir a una de las cinco manifestaciones de la Diada, que antes era una celebración de “todos los catalanes” y ahora está “cautiva de los independentistas”, según denuncian los líderes que están en contra de la secesión. “No me gusta la ambigüedad pero tampoco me gusta ser agresivo ni ofender”, dijo Puigdemont ante la prensa extranjera antes de volcarse a las calles en la emblemática jornada de reivindicación nacionalista en la ciudad de Salt, en Girona, donde fue alcalde.

Este año los catalanes se movilizan bajo el lema “A punt” (A punto), pero precisamente a las puertas de la independencia hay casi un 25% menos de “inscriptos” a la marcha- los organizadores apuntan a los participantes que esta ocasión rondan los 350.000- que en 2015-. Entre gritos de "Inde, inde, independencia", Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las plataformas organizadoras, se encargó de transmitir el mensajes a los que aseguran que los independentistas catalanes están perdiendo fuelle: "Contra los pronósticos de los de siempre hemos vuelto a llenar las calles, nos querían silenciar, pero hemos dejado muy claro que no estamos dispuestos a volver a callar", aseguró.

Algunos manifestantes como Enric Blasco Folgh y su esposa Nina afirmaron en declaraciones a Télam que creen que "no hay vuelta atrás" y que "sólo hace falta una declaración unilateral de independencia". Y confían en que Puigdemont, llegado el momento, seguirá adelante. Otros, como Josep Cervera, en cambio, no ven viable la independencia sin un referéndum pactado con España. "El deseo está, pero la razón y la realidad es otra cosa. Todos los que estamos aquí queremos la independencia, pero no creo que pueda ser posible sin un referéndum", asegura, sin perder la esperanza.

Las características de cómo se produjo semejante hecho político, con enorme impacto simbólico en el sistema judicial como así también en el partidario, suponen ciertas dificultades para entender QUÉ representa la marcha. Son varias las referencias desde donde abordar la cuestión.

El clima enrarecido que se ha creado, ha otorgado una posibilidad muy concreta de, en un año electoral, esmerilar la fortaleza que hasta este momento mostraba la principal figura política del país. 

Según los fiscales convocantes, casi todos sospechados de ser funcionales a desviar (o cuanto menos frenar) causas emblemáticas, Marijuan (HSBC), Pleé, Sanz (encubrimiento del atentado de la AMIA) y algunos como Campagnoli que ha sido acusado de inventar causas a familiares de delincuentes con el fin de presionarlos; el sentido de la marcha venía dado para rendir homenaje al fiscal fallecido. Y aquí aparece la primer gran pregunta: ¿sobre qué había que homenajearlo? Su accionar en la causa AMIA ha sido severamente cuestionada por familiares e investigadores del atentado; sus vinculaciones con la embajada estadounidense, involucrando a un tercer Estado en cuestiones de política interna, están más que confirmadas (el aporte de Santiago O' Donell con su libro Politileaks ha sido muy clarificador); la presentación del pedido de indagatoria a la presidente ha sido pobre y severamente cuestionada por diversos juristas de distinta prosapia ideológica; su retorno falsamente intempestivo a la Argentina para presentar una denuncia sin pruebas y en plena feria judicial, mintiéndoles a familiares y amigos sobre las verdaderas razones; no hablan muy bien del funcionario fallecido. Insisto. ¿Qué se homenajea de Nisman?

Tal vez esta pregunta puedan responderlas aquellos dirigentes opositores que, supuestamente, son críticos de cómo se ha conducido la investigación en la Unidad Amia, pero que han adherido fervientemente a la movilización. ¿Cómo se entiende? Muy simple, el clima enrarecido que se ha creado, ha otorgado una posibilidad muy concreta de, en un año electoral, esmerilar la fortaleza que hasta este momento mostraba la principal figura política del país.

Pero más allá de ello y de la impresión que brinda una movilización de miles de personas por las calles de Buenos Aires, lo cierto es que la marcha no vino a traernos elementos novedosos de la cotidianeidad política argentina. Veamos. El perfil de los marchantes supone un grupo que, si bien no puede ser definido como un bloque decididamente homogéneo (nos faltan elementos académicos para tal aseveración), sí presenta determinadas características que permiten mostrarnos que son más o menos los mismos protagonistas de las movilizaciones de 2008 en pleno conflicto con algunos de los sectores que componen el “campo argentino” y del ya antiguo 8N.

Pero cabe realizar dos observaciones. La primera es la aparición en escena, con nombres y apellidos, de un sector de la Justicia que ha conducido el proceso. Se han hecho visibles, han sido vitoreados, y tal vez crean que ha llegado SU hora. Tras de sí se han alineado propios y extraños, resaltando una dirigencia política, y este es el segundo elemento a señalar, que hasta acá no había encontrado “la manera” político – institucional de alterar las coordenadas que siempre ha mostrado al oficialismo con la iniciativa en la cosa pública, aún en sus peores momentos electorales. Por cierto, la oposición cree haber hecho un enorme daño a la confianza política del Poder Ejecutivo pero sigue teniendo los mismos problemas de siempre: ningún actor político ha logrado capitalizar “el éxito” del 18F y su atomización resulta tan palmaria que un grupo foráneo al sistema devino en órgano convocante de su accionar. Muy poco de cara al tercer domingo de octubre, pero creen haber dado un primer paso. Es discutible que la esperanza de hoy se transforme en una certeza de mañana. 

 

(*) Analista político de la Fundación para la Integración Federal

Sindicatos y organizaciones campesinas paraguayas comenzaron esta semana a movilizarse por diferentes ciudades del país, en rechazo a la gubernamental Ley de Alianza Público-Privada, que ha sido seriamente cuestionada por una sociedad civil que solicita su inmediata derogación por poseer un carácter privatizador.

Entre las organizaciones que respaldan las protestas destacan la Federación Nacional Campesina, la Corriente Sindical Clasista, la Organización de Trabajadores de la Educación y el partido Paraguay Pyahurá, de raíz guaraní, entre otros sectores sociales.

Los manifestantes rechazan también el latifundio vigente en Paraguay, la injusta distribución de la tierra y la sustitución del modelo agroexportador que permite a los grandes intereses dominar la economía paraguaya.

Las medidas de protesta comenzaron con movilizaciones pacíficas y la distribución de panfletos en las calles céntricas de Asunción (capital) y demás departamentos del país, repudiando la intención del Gobierno de entregar empresas estatales al capital privado.

De igual manera, un comunicado conjunto adelantó que se tienen previstos actos de protesta en barrios, municipios y departamentos, hasta culminar en una demostración nacional el próximo 5 de junio en Asunción.

Precisamente, ese día se efectuará el congreso “Tierra, Producción y Soberanía Construyendo un Nuevo Paraguay”, donde se plantearán nuevas estrategias para intensificar la lucha por derogar la mencionada ley y rechazar el dominio de la economía por las transnacionales.

Los manifestantes rechazan también el latifundio vigente en Paraguay, la injusta distribución de la tierra y la sustitución del modelo agroexportador que permite a los grandes intereses dominar la economía paraguaya.

Otras consignas fundamentales que aspiran compartir con la sociedad son la batalla por una salud y educación totalmente gratuitas y de calidad, la concreción de la ansiada reforma agraria y el control de los precios de la canasta familiar.

La Ley de Alianza público-privada fue aprobada por el Congreso y constituye un instrumento de promoción de las inversiones en infraestructura, bienes y servicios a cargo del Estado y que otorga poderes al presidente Cartes para celebrar los contratos.

 

FUENTE: TeleSur

Profesores y alumnos protagonizaron hoy una multitudinaria manifestación en Barcelona en el marco de una huelga en las escuelas primarias, secundarias y universidades públicas de toda España contra el modelo neoliberal que impone la reforma educativa del gobierno de Mariano Rajoy.

Tras una pancarta con el lema "Per la cohesió social. Ni Lomce ni retallades". (Por la cohesión social. Ni Lomce –nombre de la nueva ley- ni recortes), miles de estudiantes, docentes y padres inundaron las calles céntricas de la capital catalana con una gran “marea amarilla”, color que identifica a este sector en Cataluña.

  “Estamos sufriendo los recortes, la falta de personal docente para cubrir las bajas y esto repercute en la calidad de la enseñanza”, explicó a Télam Ana Gorrochategui, maestra de educación infantil con más de 20 años de experiencia.

  “La nueva ley perpetúa la reducción de gasto en educación y amplia la financiación a centros privados por diferentes vías”, añadió la profesora catalana, en relación a la norma que impulsa el gobierno.

  “En la universidad aumentaron las tasas que hay que pagar para inscribirse en las materias, y conseguir becas es casi imposible porque se han reducido al mínimo”, apuntó por su parte Alba Martínez, estudiante de psicología de la UB (Universidad de Barcelona).

  La marcha de Barcelona fue la más numerosas, pero hubo también protestas en Valencia, Sevilla, Bilbao y Santiago, entre otras ciudades, mientras que está prevista una gran manifestación en Madrid de la ya famosa “Marea Verde” del sector educativo como corolario de la huelga de 24 horas.

WERT

El nuevo paro llega tras meses de movilizaciones y un día antes de que el Ejecutivo español apruebe la llamada “Ley Wert”, en referencia al polémico ministro de Educación español, José Ignacio Wert, aunque hoy se supo que la medida se podría retrasar una semana.

El ministro, responsable de frases como “hay que españolizar a los catalanes” o por considerar “adoctrinamiento” la materia Educación para la Ciudadanía que pretende eliminar, es uno de los miembros más cuestionados del gobierno, y su figura genera animadversión entre los estudiantes, que dirigieron fuertes mensajes críticos hacia él.

El paro, que abarca todos los niveles educativos, es un “éxito”, según los convocantes, con un seguimiento medio del 80% (72% entre los profesores y 90% entre los alumnos), y del 75% en la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) y de hasta un 95% en las universidades.

En cambio, el ministerio de Educación hizo una breve valoración y cifró en un 20% la participación en la jornada de huelga, a la que estaban llamados unos 800.000 profesores, diez millones de alumnos y a la que se sumaron también los padres de niños de educación infantil no llevando a sus hijos a los centros de enseñanza.

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública exige al ministro Wert que “retire la reforma o renuncie”.

Según denuncian los sindicatos del sector, la reforma del derechista Partido Popular (PP) es “ideológica, profundiza los recortes y amenaza la igualdad de oportunidades” y “no resuelve los problemas del sistema educativo”.

También piden al ministro que “abra un proceso de negociación con la comunidad educativa”.

Por su parte, el secretario del sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, advirtió que la ley Wert “solo busca desmantelar la escuela pública, discrimina a los alumnos por renta y contribuye a precarizar aún más la situación de los jóvenes en España”, entre los cuales el desempleo se encuentra por encima del 50%.

NORMAS

La LOMCE (nombre oficial de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) consolida los recortes al reducir el gasto en Educación hasta un 3,9% del PIB en 2015 –más de 10.000 millones de euros-, en comparación al 5% de la media de los países de la Unión Europea (UE).

Entre algunos puntos de la reforma se destaca un adelanto a los 15 años de la separación entre los alumnos que optan por Formación Profesional o Bachillerato, lo que puede contribuir a una expulsión más temprana del sistema educativo de los estudiantes con más necesidades.

Asimismo, se elimina la materia obligatoria Educación para la Ciudadanía, introducida por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que aborda cuestiones relacionadas con la ética, valores democráticos y convivencia.

Por otro lado, se permite la financiación con fondos públicos de centros que segregan a niños y niñas, y se recupera la asignatura Religión como opcional, algo que responde a una exigencia de la Iglesia Católica. 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam