Martes, 14 Noviembre 2017 23:56

El Peor Camino Destacado

Escrito por MIGUEL GÓMEZ(*)
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Desde hace algunas semanas, cuando se produjo la detención del comisario Adrián Rodríguez, Jefe de la Unidad Reigional V del Dpto. Castellanos, y paralelamente comenzó a rumorearse que una serie de audios vinculaban la detención del oficial policial con un alto referente del Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Santa Fe, el gobierno que conduce Miguel Lifschitz pareció empecinarse en una serie de desaciertos políticos que no hacen más que reafirmar la debilidad a la que quedó expuesto luego del resultado electoral de octubre.

En la etapa inicial, las sucesivas suspensiones de la audiencia imputativa que se debía realizar a Rodríguez, con su consiguiente liberación, generaron un marco de sospecha que llamó la atención del mundillo político y judicial. En una provincia como Santa Fe, donde las fuerzas policiales están severamente sospechadas de ser parte del problema del mundo del delito y no su solución, la novedad no era que un jefe policial quedara detenido sino que la intervención del fiscal regional Carlos Arietti, suspendía sin mayores precisiones un procedimiento que está consagrado en leyes provinciales. Los hechos posteriores, con la definitiva separación del caso del fiscal Roberto Apullán, vinieron a confirmar que el escenario judicial traía algunas mañas que se creían perimidas con la aplicación del “nuevo” código.

Por su parte, el recorrido inicial del ministro Maximiliano Pullaro fue negar la posibilidad de que un audio lo involucrara. Luego, al calor de la exactitud y precisión de la investigación periodística del portal Diario Santa Fe, donde se conocían audios que mostraban al dirigente radical alentando a Rodriguez a que se presentara al concurso de ascenso ya que él era su presidente y la posterior interpelación al fiscal general Jorge Baclini reclamando por la flamante detención, cuando se le “había prometido que no las habría hasta pasada las elecciones”, fue la confirmación de las peores sospechas iniciales.

De los conflictos se sale para adelante o por arriba. Y el ministro interpretó que esa salida suponía poner bajo cuestionamiento el accionar de los fiscales que habían pedido la intervención de su teléfono. Convocó a conferencia de prensa, puso en duda la legalidad del accionar del Ministerio Público y del Juez (cuestión que fue rápidamente sanjada en menos de 24 horas) y acusó a sectores de la policía, de la Justicia y de la oposición de haber armado una fenomenal operación de desgaste. Olvidó explicar el funcionario, que más allá de lo que pueda ser un tecnicismo (no lo es) sobre la legalidad de los audios, en la arena política las respuestas son de otro tipo.

Para completar la sensación de impunidad, el Ministerio Público de la Acusación ordenó a través de una resolución firmada por Arietti un nuevo protocolo que establece que, de ahora en más, al momento de que en una investigación deba solicitarse la “pinchadura” de un teléfono, serán funcionarios dependientes de esa Fiscalía General quienes retiren los audios peritados, pasando a depender, en definitiva, de una sola persona que una investigación judicial pueda avanzar o no. Dicho esto, como en el juego de la Oca, volvemos al punto de inicio: cuando se propuso (y luego se puso en marcha) el nuevo procedimiento procesal en Santa Fe, que le da más poder a los fiscales, se argumentó que una de sus ventajas radicaba en que las investigaciones ya no dependerían de una sola persona (el juez), sino de una estructura como el Ministerio Público de la Acusación que le daría sustento y fortaleza a las investigaciones. Mucho recorrido discursivo y publicitario para que, en definitiva, las causas más sensibles y más complejas que pudieran afectar a corporaciones de cualquier tipo, terminen dependiendo de la voluntad de UNA persona.

En resumen, el caso ha mostrado a la luz pública una repudiable connivencia entre poderes que deberían ser naturalmente independientes, algo que no difiere en nada con la vergonzosa operación nacional que ha generado la salida de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó por no ser afín al macrismo. Y, lo más preocupante, la reforma propuesta al Congreso de la Nación que permitiría al Poder Ejecutivo, poner y sacar al Procurador “a tiro de decreto” también nos confirma el deseo que sólo se cumpla la voluntad de UNO. La pregunta es ¿cuan diferente son los modelos de gestión, si al final del camino la República declamada pareciera ser sólo cáscara vacía?

En el caso santafesino, el oficialismo gobernante interpretó que salir por arriba o para adelante suponía poner en jaque cierto decoro procesal. Por estos días, a fuerza de cintura política y manejo de pautas oficiales, la escalada del conflicto santafesino parece haber amainado, habiendo salido de la tapa de diarios y de los títulos de los medios electrónicos. Pero hay una cosa que debe tenerse en cuenta. El salir para adelante de los conflictos muchas veces puede parecerse al movimiento de un elefante en un bazar, que al producirse se lleva todo por delante. Algo de eso parece haber ocurrido con la legitimidad de Pullaro, y lo que es más grave, con la credibilidad social de una natural independencia de poderes.  

(*) Analista político de Fundamentar

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