El fiscal federal Federico Delgado impulsó este miércoles una investigación para determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se encubrió la desaparición del joven Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto.

Fuentes judiciales informaron a NA que la Fiscalía abrió una causa a raíz de la denuncia presentada por la "Liga Argentina por los Derechos del Hombre" y el "Instituto Arturo E. Sampay" contra el Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Justicia, Germán Garavano; y de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los denunciantes también acusaron al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, quien estuvo ese 1 de agosto en Esquel; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y comandantes de esa fuerza de seguridad.

Los abogados de las organizaciones señalaron que las autoridades del Gobierno no aportaron a la búsqueda de Maldonado, sino que "han intentado deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".

Con ese argumento, los denunciaron por los delitos de encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad.

Recompensa

Del lado del Gobierno, se conoció este miércoles que aumentará a dos millones de pesos la recompensa a quienes "brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" del joven.

Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1° de agosto tras haber participado de una protesta de la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen.

A 35 días de la última vez que fue visto el artesano de 28 años, el Ministerio de Seguridad decidió elevar de 500 mil a dos millones de pesos el beneficio económico para quienes aporten información que conduzca a hallarlo y se espera que en los próximos días sea oficializado el nuevo monto.

La cartera conducida por Patricia Bullrich había anticipado esa decisión el pasado lunes, tras informar que había resultado negativa la comparación de ADN de la familia Maldonado con la sangre hallada en ropas del puestero Evaristo Jones luego de herir a una persona durante un ataque del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

"El Ministerio de Seguridad de la Nación aumentará la recompensa ofrecida a cambio de información fidedigna sobre el paradero de Santiago Maldonado y, a su vez, se incrementarán los rastrillajes en distintos puntos de la zona", había manifestado.

Una semana después de la desaparición de Maldonado, el Gobierno había ofrecido medio millón de pesos para quienes "brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" del joven.

FUENTE: NA

Aclaremos algo desde el comienzo. Julio López es un desaparecido de la democracia, hecho producido durante el tiempo político en el que más se hizo (no el único, recordar el Juicio a las Juntas) por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Julio López duele y seguirá doliendo a todos aquellos que desde hace no menos de 40 años luchan, sufren y se comprometen con la búsqueda de una Justicia plena y real. Las sospechas más firmes siempre apuntaron a las fuerzas parapoliciales de las cuales nos había gustado creer que estaban inoperantes en la Argentina. Santiago Maldonado, por su parte, también es un desaparecido de la democracia. Eso no invalida ni califica de manera diferente al caso anterior. No hace menos “buscable” a uno y a otro. Pero sí hay que marcar algunas diferencias de grado. La primera, y de tan notable ya resulta burda, es que el joven artesano ha sido desaparecido en condiciones que involucran a la Gendarmería Nacional, ergo, el Estado, por lo tanto ya no sólo preocupa si esas fuerzas ilegales están o no operativas, sino si la propia “organización estatal” ha vuelto a hacer de las suyas.

Y ante esto, a 25 días del hecho, vale preguntarse por el rol que le ha cabido al Poder Ejecutivo Nacional (PEN desde ahora) en el cumplimiento de una de sus responsabilidades más acabadas: cuidar y (además) hallar a un ciudadano. Recordemos que desde el comienzo jugó a negar el hecho. Luego se fueron conociendo “detalles” no menores en el asunto que señalan, por ejemplo, la presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación en el lugar. La respuesta de la ministra Patricia Bullrich no deja de representar el desdén con que el macrismo abordó la cuestión: afirmó que el funcionario pasaba por el lugar y se bajó a saludar. Poco creíble en ningún contexto y sobre todo si el funcionario en cuestión ha sido abogado defensor de represores condenados y lo que es peor, en la semana previa a la desaparición de Maldonado, había afirmado que el equipo de coordinación de fuerzas federales y provinciales comenzará "a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM (Resistencia Ancestral  Mapuche) que produzcan delitos en la vía pública en flagrancia. Cada vez que se produzca algún daño o algún corte de ruta"

Pero supongamos, desde la bonhomía, que el gobierno obra de buena fe y que, producto de un macabro plan dispuesto por los opositores, el desaparecido no está desaparecido sino que está escondido. ¿Por qué el PEN va dando pasos a tientas, cometiendo un error tras otro en una secuencia que, como sucede en los últimos 20 meses, termina siendo protegido por gran parte de la corporación mediática argentina?, ¿Por qué recibe como un cachetazo el cambio de carátula de la causa a “desaparición forzada de persona” de manos de una fiscal que, a desgano y ante lo evidente, direcciona la investigación hacia donde debería haberse conducido desde el primer momento?, ¿Por qué se ubica en su propia encerrona?, ¿Podemos afirmar que es un error del gobierno?, ¿Un sector político tan atento al manejo de las “nuevas” tecnologías supuso que esto sería un caso que pasaría desapercibido? Varias preguntas. Intentemos algunas respuestas.

En primera instancia tomemos las declaraciones de la ministra en el Congreso de la Nación: "Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, y echarlo sólo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad.  Necesito a esa fuerza para que me acompañe en la lucha contra el delito”. Mientras esperamos que el narcotráfico sea atacado en serio (no hay un sólo caso de “pez gordo” detenido en las grandes urbes argentinas) la funcionaria parece decirnos que en nombre de la seguridad debemos tolerar que esas fuerzas que ella comanda, hagan lo que quieran. Siguiendo con nuestra mirada benevolente, podríamos decir que debemos re versionar el ya tristemente famoso “roban pero hacen” por el de “te matan (o desaparecen) pero hacen”. Falso. El Estado de derecho nunca puede ser pensado como un cumplidor condicionado y parcial de sus funciones elementales. Las declaraciones en el Senado resultan objetables porque parecen condenarnos a una resignación tonta en función de los objetivos gubernamentales. Como “necesito” a la fuerza, no separo a sus hombres de la investigación, y ni siquiera los retiro del control de la puerta de ingreso donde los testigos deberían ir a declarar.

No se trata de lo que necesite la señora ministra. Es un proceso inverso. Se trata de lo que necesitamos los ciudadanos. Y nosotros necesitamos al Estado para que nos cuide y pueda garantizarnos que, incluso, a un grupo  de supuestos “insurrectos” se les garantice el debido proceso que debe existir en toda democracia que se precie.

En segunda instancia digamos lo más importante. Por naturaleza política, a Cambiemos (pero fundamentalente a PRO, si es que ese frente pudiera ser reconocido como tal) el tema de la desaparición de personas NUNCA ha sido un tema de su abordaje político. Desde la nefasta frase del candidato presidencial (“en mi gobierno se va a terminar con el curro de los derechos humanos”) a las anteriormente citadas declaraciones del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Noceti, no existen sólo dos años de distancia: existe un vínculo tan fuerte que parecen haber sido dichas sin que el paso del tiempo hubiera hecho mella de algún tipo. No lo registran al tema, no está en su ADN como no lo está para un buen número de argentinos que siguen mirando para otro lado.

Tal vez convenga hacernos, ahora sí, una inquietante pregunta. A casi un mes del hecho, en pleno proceso electoral de medio término, en este contexto que afecta a más argentinos que se encuentran en la parte más abajo de la pirámide social; ¿alguien duda que no existe la más mínima posibilidad de que sectores de las fuerzas de seguridad en la Argentina puedan desaparecer personas que pertenecen a un colectivo excluido, que resultan una definitiva minoría y que viven en el “medio de la nada”? Cada ciudadano tiene su respuesta.

Es un gris domingo de agosto y disfruto de mi  hogar mientras escribo este artículo. La pregunta es la misma de las últimas semanas: ¿Dónde está Santiago Maldonado? El Estado, ya no sólo el Poder Ejecutivo Nacional, tiene la palabra. Todos esperamos su respuesta.

(*) Analista político de Fundamentar

 

El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó en forma personal la operación represiva de la Gendarmería Nacional en Esquel contra quienes reclamaban por la detención ilegal del líder mapuche Facundo Jones Huala y que culminó con el primer detenido-desaparecido bajo la presidencia de Maurizio Macrì, Santiago Maldonado, por cuya suerte el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la urgente intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Noceti anticipó en dos entrevistas radiales que todos los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) serían detenidos y se jactó de que lo haría el gobierno nacional sin la intervención de un juez, que consideró innecesaria. Sus palabras autoincriminatorias cobrarían muy pronto una dimensión ominosa. En una ensalada conceptual que arroja dudas sobre su estabilidad psíquica, Noceti implicó en los hechos de violencia que atribuye al RAM mapuche al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a “gente vinculada al gobierno anterior” y a “extremistas kurdos”. Cuando Patricia Bullrich colocó a Noceti como jefe de gabinete de su Ministerio, los organismos defensores de los Derechos Humanos señalaron que como abogado defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, Noceti había cuestionado los juicios como una venganza política y discutido la imprescriptibilidad de esos delitos. El juez federal Guido Otranto, que intervino en un hábeas corpus a favor del detenido-desaparecido Maldonado, separó de la investigación a la Gendarmería, tal como prescribe el protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación y dispuso que la Prefectura Naval realizara un rastrillaje en la zona donde Maldonado fue visto por última vez, que no arrojó resultado. Desde el año pasado, el Ministerio de Seguridad intenta clasificar a la RAM mapuche como una organización terrorista, pese a un fallo en contrario emitido por la Corte Suprema de Justicia. La Corte rechazó la aplicación de la ley antiterrorista al tío de Facundo, Martiniano Jones Huala, y remitió a la justicia de Chubut la causa por abigeato y usurpación.

Facundo Jones Huala fue detenido el martes 27 de junio, tres horas después de concluida en Santiago la reunión entre Macrì y su colega de Chile, Michelle Bachelet, que solicita la extradición de Jones Huala por el incendio de un fundo en aquel país. El 1º de septiembre de 2016 el juez Federal Otranto declaró nulo el juicio de extradición, porque la detención de Jones Huala se logró por información brindada bajo torturas por Gonzalo Cabrera y por los seguimientos previos ilegales realizados por la Policía Federal y por la Agencia Federal de Información. El día anterior, Bullrich dijo que no consideraba los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal y atribuyó a la Resistencia Ancestral Mapuche “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”. El 16 de noviembre de 2016 se publicó en esta página un Power Point del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto, en el que afirma que la “problemática mapuche” consiste en que “se arman comunidades” (sic) y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del estado: han estado detenidos 200 pozos (según informó YPF)”.

El mes pasado Bullrich se dirigió en forma directa a la Corte Suprema, cuestionando la prueba por la que Otranto anuló el primer juicio. Lo hizo con un escrito, en el que afirma que Gonzalo Cabrera no fue torturado y con un video grabado durante su declaración ante la policía. Efectivamente, se lo ve hablando en calma sin que nadie lo presione. Pero esta inaudita acción de lobby del Poder Ejecutivo sobre la Corte Suprema no pudo ocultar las marcas de los golpes con que lo persuadieron de prestar esa declaración ante la cámara. La semana pasada, a pesar de la intervención irregular de Bullrich, que no era parte en el expediente, la Corte Suprema confirmó la nulidad. No obstante, la justicia federal se propone realizar un segundo juicio por la misma causa. La defensa de Jones Huala objeta que se trata del mismo objeto y la misma persona, por lo cual no corresponde repetir el juicio.

El 31 de julio, miembros de comunidades mapuche reclamaron frente al juzgado federal de Bariloche por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala y fueron reprimidos por la Gendarmería Nacional y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo. Nueve personas fueron detenidas y muchas resultaron heridas. Al día siguiente, Noceti convocó en Esquel a todas las fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia”, según sus propias palabras. En una entrevista con la radio FM Sol, dijo que la mesa interministerial atendería cualquier petitorio de las comunidades mapuche, que son pacíficas, salvo del RAM, que “no piden absolutamente nada y sólo quieren generar caos y temor en la población”. Eso no es cierto. Los manifestantes reclamaban la libertad de Facundo Jones Huala, detenido en forma arbitraria, por un pedido de extradición que ya había sido declarado nulo. “Con el RAM no tenemos nada que dialogar. Lo único que vamos a hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos”, insistió Noceti. Agregó que la detención de Jones Huala fue “una casualidad total, porque no es que fuimos a allanar un lugar y lo detuvimos. Lo detuvimos en la ruta”. No es así: 

• el martes 27 de junio, Macrì llegó al Palacio de la Moneda a las 12.10. Allí mantuvo una reunión privada con Bachelet y a las 15.10 ambos hablaron con la prensa durante diez minutos. 
• Según la crónica del matutino argentino Clarín, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj conversó con su par chilena, Lorena Fries “sobre la situación del mapuche argentino Jones Huala”. 
• a las 19, a menos de cuatro horas del saludo de despedida de ambos presidentes, Facundo fue detenido por la Gendarmería en la ruta 40 y encerrado en la cárcel federal de Bariloche. Es obvio que lo estaban siguiendo, pese a que no había orden de captura en su contra, tal como ocurrió en su detención anterior. El responsable de esa inteligencia ilegal, que alcanza incluso a Pérez Esquivel es Noceti.

“Yo estuve personalmente en el lugar. El problema no lo tenemos con los mapuche, lo tenemos con el RAM. Es un grupo absolutamente radicalizado que no pide nada. Lo único que hacen es quemar, incendiar, dañar, robar ganado. No les conozco trabajo a ninguno de ellos. Ninguno de los jueces o los fiscales conoce el trabajo de la gente que hasta ahora se ha detenido. No sé de qué viven. Evidentemente hay quienes los apoyan, que los financian. Estamos también investigando esas cuestiones, porque están financiando a un grupo radicalizado. Conformar ese grupo constituye el delito del artículo 213 bis del Código Penal”, alardeó Noceti. “Que sepan que los estamos investigando. A algunos componentes del RAM los conocemos, muchos de los que se están manifestando en la puerta de los juzgados son los restos del RAM. Los vamos a ir identificando porque los tenemos filmados. Ya tenemos identificados a nueve, los que estuvieron rompiendo y quemando las puertas del juzgado federal de Bariloche. Lo mismo vamos a hacer cuando rompan la puerta de otro juzgado o de la Unidad Penal 14. Los vamos a terminar de identificar a todos y a medida que los vayamos individualizando los vamos a ir deteniendo”, agregó. También dijo que “se han juntado con extremistas kurdos, con alguna gente vinculada al gobierno anterior, hay gente que ha ido a hablar por ellos, como por ejemplo Pérez Esquivel. Hay una franja de gente que están en contacto con ellos y no sabemos si sólo está en contacto o los apoya. No sabemos tampoco quien paga los abogados”.

Según Noceti, cuando los mapuche fueron perseguidos escaparon por la maleza y no pudieron detenerlos. La presentación del CELS ante las Naciones Unidas narra que alrededor de 100 efectivos de la Gendarmería ingresaron de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, Departamento de Cushamen, provincia de Chubut. Dispararon balas de plomo y de goma y quemaron objetos pertenecientes a las familias. Santiago Maldonado, de 28 años, que reside en El Bolsón, fue visto la última vez mientras huía de esa persecución. Llevaba consigo una mochila pequeña con sus pertenencias y sus documentos, que no se encontró. Cuando cerca de 30 efectivos uniformados de la Gendarmería comenzaron a disparar, varias de las personas presentes en el lugar corrieron hacia el río, a unos 100 metros al este de la comunidad. Algunas lograron cruzarlo y escapar. Varios testigos vieron correr a Santiago para resguardarse de los disparos. No logró cruzar el río y se refugió bajo un árbol. Desde el otro lado del río, quienes pudieron huir vieron a Santiago quedarse agazapado allí entre 20 y 25 minutos, hasta que lo perdieron de vista y pudieron escuchar la voz de dos de los gendarmes que habrían logrado reducir a alguien, exclamando “acá tenemos a uno” y a otro gendarme decir “estás detenido”. Desde la otra orilla del río, una persona que se encontraba en una lomada, pudo ver a un grupo de gendarmes golpeando a un joven varón maniatado. Aunque no logró identificarlo con precisión debido a la distancia, ninguno de los otros miembros de la comunidad fue detenido dentro del territorio.

Posteriormente, alrededor de las 13.30 horas, otro hombre que se encontraba del otro lado del río también pudo observar que entre seis y ocho efectivos formaban una fila para ocultar algo que intentaban ingresar por la puerta trasera de una camioneta de la Gendarmería. Esta camioneta, de color blanco con guardas verdes, había ingresado al territorio indígena en marcha atrás, retirándose luego por la ruta n° 40 en dirección a la ciudad de Esquel”. El CELS se comunicó con dos secretarios de Estado para plantear la situación de Maldonado. El de Seguridad, Eugenio Burzaco, superior formal de Noceti, respondió que iba a averiguar lo sucedido. El de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, respondió que se pondría al tanto y contestaría. Luego de un día y medio contestó con un extenso informe que detalla los pasos formales dados a solicitud del Juzgado Federal de Esquel, pero presenta la primera desaparición forzada del gobierno actual como una mera “Búsqueda de Persona Extraviada”. Afirma que ninguna empresa telefónica registra una línea a nombre de Maldonado. Pero hace tres días el CELS aportó al juzgado federal los datos sobre esa línea, obtenidos de un amigo de la víctima, que incluyen el número, que pertenece a una empresa chilena pero que Santiago usaba en la Argentina, y que estuvo activa hasta el día siguiente de su desaparición. Según Avruj la fuerza designada para el Levantamiento de Rastros “fue la Policía Federal Argentina, cuyo equipo se trasladará a la brevedad (sic) a la zona”. También ofreció la colaboración de perros policiales, drones y georadares. La Dirección de Cinotecnia “se encuentra arbitrando los medios necesarios a fin de cumplimentar la medida”. Tal como ocurrió cuando la desaparición forzada de Jorge Julio López, los pasos oficiales ponen en duda en forma tácita el carácter del hecho: ofreció “consultar con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre posibles movimientos”, de Maldonado, como si pudiera haberse alejado por propia voluntad sin avisar a nadie. El colmo es la respuesta sobre “una presunta camioneta blanca interviniente en el hecho denunciado a fin de ponerla a disposición de la Justicia Federal”, cuando los testigos dijeron que era un vehículo de la Gendarmería.

FUENTE: Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

Las supuestas maniobras fraudulentas bajo pesquisa cubren el período 2012-2015. La jueza investiga si una organización con integrantes de la Afip facilitó facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositivas y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos especiales y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras, entre otros delitos.

La Justicia abrió la causa en base a una denuncia formulada por Afip en su jurisdicción de Salta. Las primeras investigaciones apuntaron a que la organización tenía su centro de operaciones en la zona norte del conurbano bonaerense. Y desde allí coordinaba las maniobras ilícitas en todo el país.

Uno de los allanamientos se realizó en una oficina de calle Córdoba 1253, en el microcentro rosarino.

FUENTE: El Ciudadano

En virtud del acuerdo, se involucran una gran gama de funcionarios nacionales, federales y jefes de las distintas fuerzas intervinientes con el objetivo de coordinar acciones y de trabajar de manera conjunta para dar respuesta a los principales problemas de seguridad que se presentan en la Provincia. En este sentido, una de las primeras acciones establecidas es la conformación de un Comando Operativo, reunido de manera permanente en el territorio que monitoree y provea instrucciones para desarrollar diferentes tareas, no sólo de patrullaje preventivo, sino también de un mayor involucramiento en la investigación de delitos federales.

El Ministro Farías, en la entrevista, subrayó la gran significación de contar con un “espacio de coordinación, colaboración, planificación y análisis conjunto con el gobierno nacional” de lo que sucede en el territorio provincial. Comenta, además, que en el Convenio se atienden asuntos fundamentales que habían sido objeto de reclamo como, por ejemplo, que la presencia de gendarmería no se circunscriba solamente a los grandes centros como Rosario y Santa Fe, sino que pueda ser extensiva al control de las rutas, de las vías navegables y de los puertos. Por otra parte, el funcionario hizo referencia a la importancia de articular en un espacio común los poderes judiciales federales y provinciales, en particular, el Ministerio Público de Acusación ya que “da una suerte de cobertura de causas judiciales o de entramado con las causas judiciales que necesitamos hacer para avanzar en profundidad”.

Como se alude a lo largo de toda la entrevista, la meta fundamental del Convenio es la coordinación y el trabajo conjunto para lograr una sinergia entre los distintos actores participantes. En tal sentido, Farías hizo hincapié en la consecución de un consenso sobre los aspectos fundamentales del acuerdo, en el que se puedan superar las diferencias con la Nación y en el que los reclamos de la provincia sean contemplados.

El Ministro destaca una serie de novedades y cambios con respecto a las dos estancias anteriores de Gendarmería en la Provincia. La primera de ellas tiene que ver con el financiamiento, una problemática que había aquejado a Santa Fe por el gran gasto que suponía mantener el alojamiento y los diferentes insumos de los agentes federales. Farías subraya como un avance el hecho de que este financiamiento comience a ser compartido con la Nación. Los otros, como se mencionado previamente, tienen que ver con la ampliación de tareas de las fuerzas intervinientes y la extensión de la presencia en nuevos espacios para poder encontrar soluciones a largo plazo que trasciendan la urgencias de seguridad del momento. Finalmente, recalca la importancia de “la existencia de comando operativo bien definido en territorio y control político donde esté involucrada la Ministra y el Gobernador en reuniones semanales y evaluaciones periódicas”. 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

Tras el esperado anuncio que se dilató más de lo esperado por las chicanas entre funcionarios, el primer mandatario provincial se tomó su tiempo para valorar el acuerdo conseguido. “Al crimen organizado debemos enfrentarlo entre todos, provincia y Nación. Sin mezquindades ni especulaciones. Y con acciones concretas”, opinó Lifschitz.

El gobernador usó su cuenta personal de Twitter para destacar que “el trabajo conjunto es fundamental”, en sintonía con lo que había señalado en conferencia de prensa el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Desde el gabinete nacional habían criticado que en la última década, con el kirchnerismo al mando, no había existido sincronización para darle pelea al narcotráfico en los territorios más afectados.

“Hoy dimos otro paso clave en el acuerdo entre provincia y nación”, celebró Lifschitz, quien además recordó que el convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017 y alcanzará a toda la provincia de Santa Fe.

“Las diferencias políticas no pueden ser un obstáculo para construir juntos las soluciones que necesitamos”, concluyó el gobernador.

El convenio establece la creación de un Comité de Planificación de Estrategias copresidido por Lifschitz y Bullrich, además de otro que trabajará en el territorio provincial  y estará encabezado por los jefes de las fuerzas. Resta confirmarse qué cantidad de efectivos estarán afectados, cuestión que se resolverá en las próximas semanas.

FUENTE: Rosario Plus

RELEVO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri