El pasado lunes 19 de Julio fue publicado en el Boletín Oficial el decreto N° 457/2021, aprobando el principal documento estratégico que produce el Estado argentino para el área de Defensa: la Directiva Política de la Defensa Nacional (DPDN). Esto da inicio a un nuevo ciclo de planificación, y su punto de partida es un texto en que se intenta interpretar el complejo y cambiante entorno internacional que enfrenta el país, identificando tensiones y oportunidades ante las cuales la política de defensa debe adaptarse.

Se trata de un tipo de texto que no abunda en el ámbito público argentino. Lo que busca es establecer una línea común de trabajo para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, estableciendo las temáticas, áreas geográficas y/o misiones a las que se considerará “estratégicas” durante el presente ciclo de planificación. A partir del análisis de procesos pasados y actuales, se realiza un análisis prospectivo que incorpora una multiplicidad de perspectivas, provistas por las diversas áreas del Estado que intervienen en el documento. La nueva DPDN hace esto combinando elementos de continuidad respecto de versiones pasadas con interesantes novedades. Mantiene así una trayectoria que identifica a la política de defensa argentina desde 1988, pero también propone una mirada actualizada sobre las prioridades estratégicas que el país debe considerar al momento de diseñar e implementar su política de defensa.

Pero, a pesar de la relevancia institucional y política de su contenido, la cobertura mediática que ha recibido y las interpretaciones propuestas por la principal fuerza opositora han sido limitadas y sesgadas. El necesario debate que ameritarían sus implicancias y alcances brilla por su ausencia en el ámbito público. Esto no es de extrañar. Al fin y al cabo, nos encontramos en un momento político del país en el que todo parece ser interpretado exclusivamente bajo la lupa de “la grieta”, y parece casi utópico demandar mesura y responsabilidad frente a la política pública cuando todo es leído en función del rédito político de corto plazo.

Por otro lado, las dificultades para establecer un diálogo público constructivo respecto de nuestra política de defensa no se deben solamente a esta coyuntura particular. En los últimos 30 años, el debate sobre este tema en espacios públicos ha sido prácticamente inexistente y ha recibido una atención mediática aún menor. Con las notorias excepciones que esporádicamente se dan a partir de eventos fortuitos, como el trágico hundimiento del submarino ARA San Juan, en Argentina suele imperar la indiferencia frente a nuestro aparato de defensa, sus funciones, doctrinas, misiones, necesidades de equipamiento y aportes al desarrollo del país. Más aún, teniendo en cuenta también las recurrentes crisis económicas que ha sufrido el país, discutir y financiar el aparato de defensa ha sido una tarea repetidamente relegada, redundando en un crónico déficit de medios para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir correctamente con las misiones que se les asigna. Por ello, no  es de extrañar que la publicación de la DPDN 2021 haya pasado casi sin pena ni gloria por fuera de los reducidos círculos técnicos, profesionales, políticos y académicos en los que se discuten estas cuestiones.

En un mundo de creciente dinamismo y tensiones internacionales, continuar postergando esta área crucial de la política pública de cualquier país, ya sea por miopía política o por indiferencia social (o ambas), equivaldría a renunciar voluntariamente a uno de los puntales indispensables para el desarrollo una Política Exterior autónoma. Como afirma la propia DPDN: “El riesgo de la violencia asociado a la dinámica de las relaciones interestatales sigue configurando un elemento de peso en el entorno estratégico global, lo que explica el hecho de que prácticamente ningún Estado renuncie voluntaria y unilateralmente a sus capacidades soberanas de Defensa”.

Lo que hay

Vale la pena hacer un brevísimo repaso por la trayectoria reciente de la política de defensa en Argentina, y no todo lo que allí encontramos es negativo. Suele mencionarse la falta de financiación, la carencia de recursos materiales y la relegación en términos de las estrategias de proyección internacional del país. Todo esto es mayormente cierto. Pero ha habido también avances, como el desarrollo y actualización del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), la creación del Fondo para la Defensa (FONDEF) y la reciente DPDN 2021, junto con tantísimas otras iniciativas de menor alcance. De tener continuidad y recibir los recursos comprometidos, parece estar marcándose un camino para que estas falencias comiencen a subsanarse.

Es importante no despreciar lo que tenemos. Desde 1988, de forma paulatina Argentina ha desarrollado un fuerte consenso inter-partidario respecto de las misiones y ámbitos de acción de las Fuerzas Armadas. Gobiernos de distinto signo político han contribuido a un consenso democrático en torno de las Ley No. 23.554/88 de Defensa Nacional, apuntalado por un marco normativo que incluye a la Ley de Seguridad Interior (1992), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (1998), la Ley de Inteligencia Nacional (2001) y el Decreto Reglamentario de la Ley de Defensa Nacional (2006). Este conjunto de normas, acompañadas por una trayectoria en el posicionamiento estratégico defensivo y el desarrollo de doctrinas militares acordes, han construido una sólida base sobre la cual hoy debemos avanzar.

Informes recientes revelan que la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco de la pandemia de Covid-19 ha recibido un amplio reconocimiento social y político, así como ha sucedido en cada una de las numerosas oportunidades en que se las desplegó para dar apoyo a la comunidad. Este esencial servicio es una de las principales misiones subsidiarias que las Fuerzas Armadas democráticas cumplen, lo cual ha llevado a que en la actualidad se las ubique entre las instituciones públicas de mayor prestigio. Pero, no debe perderse de vista que la misión principal de esta institución reside en su alistamiento para defender el territorio nacional, su población y los intereses del país ante la hipotética situación de un ataque estatal externo. Contar con marcos normativos y un desarrollo institucional sólidos son aspectos ineludible para que el aparato de defensa pueda cumplir efectivamente las misiones que la democracia le demanda, aunque no sea suficiente.

Un apropiado nivel de poderío militar es la otra condición sin la cual resultará imposible el despliegue efectivo de una estrategia disuasiva como la que Argentina ha fijado para su aparato de defensa. Los altos costos de adquisición, operación y mantenimiento de sistemas de armas y medios logísticos modernos, necesarios para mantener las capacidades militares que permitan defender al país, implican que el debate público y el consenso inter-partidario respecto de esta cartera deban ampliarse.

Es aquí donde se vuelve crucial entender el rol de las DPDN. La responsabilidad primaria por el desarrollo de este documento recae sobre el Ministerio de Defensa, que en consulta con otras carteras (especialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores) realiza un diagnóstico sobre las principales dinámicas de seguridad internacional y regional, para así fijar las líneas directrices que guían la planificación para la defensa. Como tal, debe ser revisado y actualizado regularmente.

Desde 2009, año de publicación de la primera DPDN producida por el país, los ciclos de planificación realizados por Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) y por cada una de las tres fuerzas se ha basado en los lineamientos fijados por estos documentos. Esto marca un proceso de creciente institucionalización y profesionalización en el desarrollo de la política de defensa, a partir del cual se han ido definiendo las prioridades para tareas tan variadas como la formación y entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas, la comisión de oficiales a agregadurías militares en el extranjero, el diseño y participación en ejercicios militares, los despliegues territoriales y las prioridades de gasto en equipamiento, por mencionar sólo algunas.

La aprobación del FONDEF en el Congreso Nacional en 2020 parece indicar que se están tomando pasos decisivos en una paulatina revalorización de las capacidades del instrumento militar del país. Esta ley estipula que, para 2023, un 0,8% del presupuesto nacional deberá asignarse a la recuperación, modernización y adquisición de medios para la Defensa Nacional.

Una reciente resolución interna del Ministerio de Defensa asigna prioridad en estos gastos a proveedores domésticos, buscando que el dinero volcado a la recuperación y/o renovación de equipamientos dirija la mayor cantidad posible de recursos hacia el desarrollo nacional. De avanzar tal como indica la ley, el FONDEF permitirá iniciar un proceso de modernización y renovación de las capacidades de defensa del país a partir de un flujo estable de recursos que permita desarrollar planes interanuales para la incorporación de recursos.

Un capítulo aparte merece la DPDN 2018, la única diseñada y aprobada durante la gestión de la coalición Juntos por el Cambio. Se trata de la única DPDN al día de la fecha que ha sido derogada, debido a que los lineamientos allí fijados atentaban contra el núcleo del consenso democrático sobre la defensa: la férrea división entre las funciones de seguridad doméstica y defensa. La DPDN 2018 proponía utilizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra enemigos no estatales, como grupos terroristas y el crimen organizado (incluyendo el narcotráfico). Además de ser resultado de una sostenida y longeva presión externa para la incorporación de esas misiones a los aparatos de defensa latinoamericanos, también se perseguía aquí una lógica fiscalista: “¿Para qué pagar Fuerzas Armadas que no se usan?”. El problema de esto es que la formación, equipamiento y doctrinas de las Fuerzas Armadas están diseñadas para enfrentar a enemigos existenciales del país, quienes amenazan de muerte a su población, ponen en riesgo su integridad territorial o impiden la toma de decisiones soberanas. Utilizar estos medios para enfrentar a criminales nunca ha dado buenos resultados. Los países que han avanzado por ese camino, en lugar de desarrollar unidades de investigación y Fuerzas de Seguridad doméstica especialmente pensadas para ese fin, han obtenido resultados negativos: Los niveles de violencia han crecido; los casos de abusos en el uso de la fuerza y violaciones de derechos humanos se han multiplicado; y las Fuerzas Armadas involucradas se han desprofesionalizado.

La DPDN 2021: Lectura del mundo y planteos a futuro

Presentado este panorama, cabe preguntarnos qué dice la DPDN 2021: ¿Sobre qué dinámicas de seguridad internacional se detiene? ¿Qué actores identifica como cruciales? ¿Cómo se analiza el entorno inmediato del país? ¿Qué rol asigna a los vínculos regionales y extra-regionales? En otras palabras, ¿qué prioridades fija para la planificación y el desarrollo de nuestra política de defensa?

La estructura de la DPDN es bastante transparente y accesible, lo cual no ha impedido que se realicen lecturas apresuradas y sesgadas de su contenido. Voy a poner atención particularmente sobre el primer capítulo, en el cual se plantea el panorama de las principales dinámicas internacionales y regionales que marcan el entorno estratégico del país. Para ello, toma en consideración tres escenarios o “tableros”: el estratégico-militar, marcado por un unipolarismo no hegemónico; el económico-comercial, marcado por un creciente número de polos de poder; y el trasnacional, en el cual se identifican fenómenos más atomizados y “caóticos”.

Esta división muestra una mirada sofisticada respecto de las múltiples dinámicas que definen el entorno de seguridad internacional, donde no sólo se observan las pujas de poder militar entre grandes potencias sino que se incorporan factores mucho más impredecibles y dispersos. El balance general de esta sección, que identifica el resurgimiento de rivalidades entre Estados y una tendencia al corrimiento del “centro de poder” del mundo hacia la región de Asia-Pacífico, es que la política de defensa que Argentina desarrolle de aquí a futuro necesita considerar detenidamente los movimientos globales para poder transitar las tensiones emergentes asegurando la mayor autonomía posible y evitando quedar presa de enfrentamientos ajenos.

En el entorno regional, la DPDN 2021 identifica un contexto menos favorable que en años pasados para el desarrollo de vínculos cooperativos y para la coordinación con nuestros vecinos, aunque no por ello renuncia a la expectativa de que sean esos los caminos privilegiados para fortalecer las capacidades de defensa del país cuando el contexto sea más permeable. A pesar de esto, el documento llama a desarrollar una política propositiva ante nuestros vecinos suramericanos, destacando particularmente las ya consolidadas trayectorias de trabajo conjunto que compartimos con Brasil y Chile, y llamando al aparato de defensa argentino a convertirse en un movilizador de consensos regionales.

Un paréntesis necesario debe abrirse en lo que refiere al caso de Venezuela. Es, como la lógica indica, el único punto que recibió algo de atención por parte de los medios masivos de comunicación. Medios como Infobae, Clarín e iProfesional decidieron dejar completamente de lado la lectura global de las 39 páginas del texto para focalizarse en el único párrafo que hace referencia a la situación venezolana, indicando que allí se demuestra un “apoyo al régimen chavista”. Pero, ¿qué dice ese párrafo? En resumidas cuentas, identifica en ese país una “crisis política, económica y humanitaria”, sosteniendo que tanto la pandemia de COVID-19 como los “bloqueos físicos y financieros” a los que está sometido han agravado las condiciones de vida del pueblo venezolano. Explica, a su vez, que la decisión de salir del Grupo de Lima se vincula a que las iniciativas que éste ha impulsado “han sido contraproducentes”, pero mantiene la convicción de una aproximación multilateral al integrarse al Grupo Internacional de Contacto, conformado por la Unión Europea y una variedad de países latinoamericanos. De este modo, la DPDN reconoce la crisis, protege la tradición de Política Exterior argentina de evitar la intromisión en los asuntos domésticos de otros países y llama a una salida pacífica y democrática, ofreciendo el apoyo necesario para que así sea.

Un tema recurrente en esta DPDN es el rol estratégico que debe cobrar la Argentina la zona conformada por la Patagonia, el Océano Atlántico Sur y la Antártida. Allí no solamente identifica la presencia del Reino Unido en Malvinas como la principal violación a la soberanía nacional, sino que en diversos párrafos discute la relevancia geopolítica de la zona, sus implicancias para el desarrollo económico-productivo del país, las preocupaciones ambientales en torno de la explotación de hidrocarburos y la necesidad de abordar la protección de estos territorios de manera cooperativa (una recomendación recurrente a lo largo del documento). Además, se otorga un alto nivel de relevancia al fortalecimiento de las capacidades logísticas y militares para la defensa de este espacio.

 Este documento no abarca la totalidad de los temas que preocupan a la comunidad de defensa del país. Tampoco entra en detalles respecto de todo el equipamiento necesario para responder a las oportunidades y amenazas identificadas. Esa no es su función. El rol de la DPDN es fijar las líneas directrices a partir de las cuales una multiplicidad de actores institucionales debe avanzar en el desarrollo de sus funciones para, en su conjunto, aportar cierta coherencia y consistencia a las acciones adoptadas. En ese sentido, creo que se trata de un documento que tiene el potencial de elevar la sofisticación con la que se debate la política de defensa del país y que facilita la reconciliación del público con la política de defensa. Que esto se concrete no depende sólo del gobierno de turno, sino de que la sociedad en su conjunto y la dirigencia política en particular decidan aceptar el llamado al debate.

(*) Bruno Dalponte es Ph.D. en Estudios Internacionales (Universidad de Birmingham). Docente-investigador en UNSAM. Investigador Asociado en FLACSO. Especialista en Seguridad Internacional y Análisis de Política Exterior.

FUENTE: El País Digital

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Elizabeth Hernández

En la ultima entrega del ciclo «Consensos en Defensa Nacional» llevado a cabo por Zona Militar y que tiene como objetivo traer a discusión los distintos puntos de vista de la comunidad académica relacionada al estudio especifico, compartimos con la audiencia lo estado por el Doctor Jorge Battaglino.

El entrevistado ha puesto su foco en las diferencias que persisten dentro de la comunidad académica de la Defensa Nacional en cuanto a las misiones y el enfoque del Instrumento Militar. A su vez, pone énfasis en la necesidad de contar con material nuevo, pero ponderando otras capacidades como centrales a la hora de analizar los pilares de las Fuerzas Armadas argentinas.

Jorge Battaglino es Doctor y Magister en Política Latinoamericana por la Universidad de Essex y Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como Rector de la Universidad de la Defensa Nacional y como investigador independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido docente en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, la Escuela de Defensa Nacional, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, entre otras universidades. Publicó más de 60 artículos sobre relaciones civiles militares, seguridad regional, y procesos de militarización y desmilitarización. Ha recibido becas de la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Antorchas, el Consejo Británico, la Carnegie Foundation y el Social Science Research Council. Ha sido Director de la Escuela de Defensa Nacional, de la Maestría y Doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Maestría en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional (actual FADENA).

A continuación la entrevista.

Zona Militar – ¿Qué diagnóstico de manera sintetizada se puede hacer de la realidad de la Defensa Nacional?

Jorge Battaglino – Los análisis que generalmente escuchamos sobre las cuestiones de defensa hacen hincapié en la variable material, en el armamento. Y hay buenas razones para ello, nadie puede poner en discusión que las fuerzas armadas de la Argentina necesitan nuevo equipamiento. Al mismo tiempo, creo que esta mirada de la defensa es incompleta y deja afuera muchos otros aspectos que son muy importantes para la defensa de una nación y, sobre todo, para efectuar un diagnóstico integral de la cuestión.

Para comenzar, nuestro país cuenta con fuerzas armadas plenamente subordinadas y no por obligación sino por convicción. Los militares argentinos tienen sus ideas políticas, pero lo más importante es que la institución como tal no incide más en los asuntos de la política nacional. Este es un logro enorme (y escasamente valorado por quienes estudian la defensa) para nuestra democracia que la coloca a mucha distancia en términos de calidad institucional del resto de los países de la región. Existe una importante literatura que vincula de manera proporcional este rasgo de la defensa de un país con su eficacia en un conflicto bélico. El supuesto evidente es que la Argentina cuenta con militares exclusivamente focalizados en su profesión. Mérito enorme de las fuerzas armadas, de la política y de la sociedad. Estas características le imprimen a nuestra democracia una fortaleza institucional que contrasta con procesos de militarización en curso,  de distinta clase e intensidad, en el resto de los países de América Latina. A pesar de que se suele hacer hincapié en que algunos de esos países poseen más armamento que nuestras fuerzas armadas, algo que es irrebatible, no se contempla el impacto que tiene la politización sobre la eficacia del instrumento militar de un estado.

Esto me lleva a un segundo aspecto infravalorado: la formación y el perfeccionamiento de las fuerzas armadas. En la Argentina tenemos suboficiales y oficiales con un alto nivel de preparación, contamos con un excelente sistema de formación, el capital humano que posee la institución militar es una capacidad no material que no siempre es ponderada en toda su magnitud por aquellos que están obsesionados sólo con los “fierros”. El alto nivel educativo alcanzado es fundamental para, entre otras cuestiones, absorber con mayor facilidad nuevas tecnologías y adaptarse a las misiones subsidiarías que tienen que desempeñar. Ello ha quedado de manifiesto durante el enorme despliegue militar contra el COVID 19. Esta característica ha experimentado un salto cualitativo con la creación de la  UNDEF cuyo propósito central es favorecer que la educación de los militares se acerque cada vez más a los estándares de las universidades nacionales en las áreas de docencia, investigación y extensión. Es decir, la Argentina ha decidido que una de sus mejores tradiciones, la de la universidad pública, se traslade al proceso formativo militar con el fin de mejorar aún más la preparación de nuestros militares.

Le sumaría que, además, contamos con un Estado Mayor Conjunto que quizás sea el de mayor desarrollo doctrinario y normativo de la región. Por supuesto, que enfrentamos el desafío de la modernización y adquisición de armamento, la Argentina necesita equipar de manera urgente a sus militares y creo que contamos con la herramienta para comenzar a transitar ese camino, que es el FONDEF. Es un enorme logro del actual ministro Agustín Rossi que ha sido posible por el peso que tiene su figura política y que por suerte ha contado con el apoyo de todos los sectores políticos.

ZM – ¿Para usted, cuáles son las principales amenazas que enfrenta el Estado Nacional donde podría intervenir el ámbito de la Defensa Nacional?

JB – Mi opinión personal es que el principal problema de defensa que tiene la Argentina es la existencia de una base militar británica en nuestras Islas Malvinas. Esta cuestión se inserta en un contexto más amplio caracterizado por un mundo cada vez más turbulento, con una competencia en marcha por alcanzar la hegemonía y una creciente importancia de los recursos naturales, estos aspectos son claves para reflexionar sobre las amenazas que puede enfrentar nuestro país.

No quiero abundar en cuestiones que han sido tratadas en anteriores entrevistas, pero si introducir una dimensión que considero fundamental para reflexionar sobre este tema que es la relación entre las misiones asignadas a las fuerzas armadas y el modelo de desarrollo nacional. Concretamente, existen modelos de desarrollo que favorecen la organización, despliegue y equipamiento de las fuerzas armadas para confrontar a otras fuerzas armadas, mientras que otros desincentivan este tipo de roles. En otras palabras, ciertos  modelos de desarrollo llevan, más tarde o más temprano, a mejorar las capacidades militares para el conflicto convencional, mientras que otros se asocian a un instrumento militar menos preparado para la guerra y más orientado a enfrentar las llamadas “nuevas amenazas”, que para ser enfrentadas no requieren de una organización ni de equipamiento para la guerra convencional.

Ello se debe a que los modelos de desarrollo son la expresión del predominio temporal de una coalición política doméstica e internacional que es la que orienta a la defensa nacional en determinada dirección. Durante la gestión presidencial anterior se modificó el marco normativo de la defensa de manera tal de habilitar la participación militar en la lucha contra fenómenos como el narcotráfico y el terrorismo. Esta orientación era consistente con un determinado sistema de alianzas interna e internacional y se vinculaba, entre otros aspectos, con la necesidad de reducir el gasto público (las misiones asignadas a los militares tiene un impacto diferencial en el presupuesto de defensa) y con la importancia que se le atribuía a la relación con EEUU, país que históricamente le asignó a las fuerzas armadas de la región la función de contribuir a la gestión de sus problemas de seguridad interna. Eso puede resultar razonable para los intereses de los EEUU, pero no para los nuestros.

En el ámbito de los académicos que estudian cuestiones militares y defensa existen posiciones que son ciertamente contradictorias. Algunos de ellos señalan una y otra vez la importancia de la defensa nacional: que hay que adquirir aviones de combate, submarinos o renovar la flota de superficie, pero luego apoyan en sus escritos una política exterior, y las misiones militares que se desprenden de ella, que orienta a la defensa en la dirección contraria, es decir, que alienta la adopción de misiones propias de una fuerza de seguridad. Con todo lo que ello conlleva en términos de adquisición de equipamiento.  No dudo del genuino interés de estos colegas en la defensa, pero es importante que consideren que una política exterior alineada con los EEUU obstaculiza que los militares se preparen para enfrentar a otros estados.

Finalmente, considero que la política de defensa es una dimensión más (junto a la diplomática, económica, científica, cultural, social,  etc.) de la estrategia argentina de recuperación pacífica de nuestras Islas Malvinas y que el instrumento militar debe ser pensado en esa clave.

ZM – ¿Cómo evaluaría la situación del Instrumento Militar de las Fuerzas Armadas y cómo cree que debería orientar la política la adquisición del equipamiento pensando en el futuro?

JB – Es evidente la necesidad que tienen nuestras fuerzas armadas de encarar un proceso de reequipamiento en la mayor parte de sus capacidades centrales. Aunque hay algunos nichos de modernidad, por ejemplo, el equipamiento de nuestra Fuerza Aérea para la formación de pilotos no tiene nada que envidiar al de los países más avanzados, y podrían darse más ejemplos en otras áreas. No caben dudas de que es necesario adquirir importantes sistemas de armas, para ello, hay que pensar primero en el FONDEF  cuya ley de creación establece una serie de criterios muy razonables para guiar la adquisición de equipamiento.

Por otra parte, el FONDEF tiene como objetivo fortalecer el complejo de empresas estatales y pymes privadas de la defensa, creo que es una apuesta estratégica para  nuestro país que este entramado de firmas se expanda aprovechando el dinamismo que ha mostrado el sector privado y favoreciendo su sinergia con empresas públicas y universidades.

Es indispensable favorecer el desarrollo de tecnologías de uso dual (principalmente en las áreas de satélites, cohetes, drones y radares) que es una excelente base para el desarrollo de sistemas de defensa de avanzada. Tenemos el ejemplo de los radares de INVAP cuyo desarrollo de radares primarios tuvo un efecto domino sobre la fabricación de otros modelos (secundarios, meteorológicos, AESA). La interacción que existe en la Argentina entre fuerzas armadas, empresas estatales y privadas de la defensa y universidad es clave y tiene un enorme potencial.

ZM – ¿Cuáles deberían ser los aliados naturales de la Argentina en el contexto mundial y qué ámbitos de cooperación cree que se puede profundizar?

JB – La discusión sobre cuáles deberían ser los aliados de la Argentina no puede disociarse de un diagnóstico regional y global y de la problemática más puntual del modelo de desarrollo y sus implicancias en términos de política exterior y de misiones para las fuerzas armadas. Algo que excede esta entrevista.

Algunos supuestos generales a considerar son que la consolidación y profundización de la zona de paz sudamericana reduce substancialmente la posibilidad de conflictos militares entre países de la región. Por ello es fundamental la relación con nuestros vecinos. La estabilidad de nuestra región nos permite concentrarnos en el Atlántico Sur. En este sentido, creo que hemos avanzado bastante. Hace más de 20 años que debato con colegas en el mundo académico que sostenían que nuestros principales rivales eran Chile y Brasil. Aunque por suerte han dejado de mencionar este tema, ahora se ha concentrado en proponer la intervención en seguridad pública y en la amenaza de China y Rusia. Creo que estas últimas cuestiones merecen la atención del estado argentino pero, en lo esencial,  no de su sistema de defensa. Me parece que estos planteos reproducen la misma lógica que cuando se enfatizaban las amenazas de Brasil y Chile, nos alejan de la verdadera problemática de la defensa de la Argentina que se encuentra en el Atlántico Sur.

Es importante que la Argentina se concentre en iniciativas que permitan relanzar y profundizar la experiencia del Consejo de Defensa Sudamericano. No sólo porque la paz regional es fundamental para la Argentina, sino por una razón estricta de defensa nacional: ningún país de la región puede enfrentar de manera individual a aquellas pocas potencias con capacidad para proyectar poder militar. Tampoco quiero pecar por ingenuidad, sabemos bien lo difícil que es alcanzar esta clase de acuerdos en el área de la defensa, es un camino que está repleto de obstáculos. Sin embargo, en la región hemos logrado cosas que parecían imposibles tres décadas atrás. Además, la experiencia de CDS es un ejemplo de como la interacción entre miembros de las fuerzas armadas y entre burocracias de los ministerios de defensa contribuyó a modificar percepciones previas de rivalidad y a crear una incipiente visión común sobre los temas de defensa. Ello puede recrearse y, con diversos mecanismos, lograr que tenga efecto derrame sobre el resto.

ZM – ¿Cómo evaluaría usted la percepción actual de la ciudadanía sobre el rol de las Fuerzas Armadas?

JB – Las fuerzas armadas han sido un actor clave para dar respuesta a la pandemia. Los militares han llevado a cabo toda clase de misiones en lo que se ha convertido en su despliegue más grande desde la Guerra de Malvinas. La imagen social de las fuerzas armadas venía en constante aumento, pero el enorme despliegue que efectuaron y la eficacia que mostraron elevaron considerablemente su imagen positiva. Esto es muy bueno por diversas razones, en particular, porque contribuye a debilitar patrones previos de falta de interés social en la defensa.

ZM – ¿Cuáles son los consensos básicos que usted podría compartir y considerar con sus pares académicos, superando las diferencias de ideologías y posiciones políticas a la hora de pensar la Defensa Nacional?

JB – A mi entender un primer consenso que sería importante alcanzar es sobre la misión principal de las fuerzas armadas. Es importante destacar que la mayor parte de los académicos han abandonado el uso de conceptos como el de “carrera armamentista” y han tomado conciencia de que Brasil y Chile han dejado de ser rivales de la Argentina.  Es un avance importante.

Como decía antes, el problema es que persiste una lógica en parte del mundo académico que continúa haciendo énfasis en amenazas que, a mi entender, no son prioritarias para nuestro sistema de defensa. Ayer era la carrera armamentista, luego las nuevas amenazas y hoy son Rusia y China. Reitero, esto nos distrae de la problemática concreta que enfrentamos que es la presencia de una base militar de una potencia en territorio nacional.

Hay dos consensos logrados que me parecen importante destacar, uno es el acuerdo generalizado en la academia y en la política respecto a la necesidad de reequipamiento. El segundo es la excelente sintonía que existe a nivel político sobre las cuestiones de defensa. Cabe destacar las iniciativas del Ministerio de Defensa y el Congreso de la Nación para establecer una “Comisión de análisis y redacción de las Leyes de Personal Militar y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas”, con la presencia de los ex ministros Jaunarena y Garré. Lo mismo podemos decir del trabajo de las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso tanto para la sanción del FONDEF como de otras normas; la labor en esa comisión de los diputados Carlos Fernández y Germán Martínez refleja la mejor tradición de la Argentina en la búsqueda de consensos en políticas de estado como la defensa nacional.

ZM – Pensando en el espacio académico como un asesor natural a la gestión política, ¿qué propuestas se le ocurren para cambiar, profundizar o mantener en la política de Defensa Nacional?

JB – De las ideas vertidas previamente creo que pueden deducirse las propuestas que me parecen más importante en este campo.

FUENTE: Zona Militar

La Unión Europea se mostraba este lunes dividida sobre una mayor cooperación militar en el bloque, en un contexto de incertidumbre después que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionara el compromiso de apoyo militar mutuo en el marco de la OTAN.

"Ya no es el momento de reflexiones teóricas o abstractas sobre la defensa europea (...), es el momento de tomar decisiones muy concretas que pueden tener un impacto inmediato", defendió en Bruselas la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Mogherini hizo estas declaraciones a su llegada a una reunión de los 28 cancilleres europeos, a quienes se sumaron durante la tarde los titulares de Defensa para debatir sus planes sobre una mayor defensa común que no generan la unanimidad en una UE en "crisis existencial" desde el Brexit.

Francia, Alemania, Italia y España lideran los partidarios de esta Europa de la defensa, porque "independientemente del resultado de las elecciones estadounidenses", los europeos tienen que asumir más responsabilidades, en palabras de la titular de defensa alemana, Ursula von der Leyen.

Por su parte, el ministro de Defensa de Reino Unido, Michael Fallon, el país más reticente a avanzar hacia una Europa de la defensa, urgió a sus socios a dejar de "soñar con un ejército europeo" y a aumentar su gasto militar nacional al 2% del PIB como estipula la OTAN.

Para Fallon, "es hora de que otros países europeos (...) aumenten sus propios gastos de defensa. Esa es la mejor reacción posible ante la presidencia de Trump". Reino Unido, Estonia, Grecia y Polonia son los únicos de los 22 miembros de la UE en la OTAN que cumplen con el 2%.

Donald Trump subrayó durante la campaña la necesidad para los miembros de la Alianza Atlántica de cumplir con este objetivo, si quieren el apoyo militar de Estados Unidos, unas declaraciones criticadas por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al considerar "incondicional" la ayuda mutua.

Para muchos, la marcha de Reino Unido y la victoria de Trump deberían representar un avance hacia una mayor defensa común europea, si bien en los últimos días varios países han expresado sus reticencias, como Suecia, Irlanda o Austria, que una fuente europea califica como "neutrales".

Los países anteriormente en la órbita soviética prefieren, por su parte, el paraguas de una OTAN fuerte liderada por Washington, ante la creciente amenaza de Rusia tras su anexión en 2014 de la entonces península ucraniana de Crimea, precisó esta fuente.

La aparente buena sintonía entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, también inquieta a un bloque que empieza apenas a recuperarse del crash financiero de 2008 y logró reducir a mínimos la llegada de migrantes mediante un controvertido acuerdo con Turquía.

Y la elección en Moldavia y en Bulgaria, este último miembro de la UE, de presidentes prorrusos no ayuda a calmar estas preocupaciones. "No habrá cambio en materia de política extranjera" en Bulgaria, ya que "el presidente no tiene tales poderes", explicó en cambio el politólogo Antoniy Todorov.

FUENTE: El Mundo

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El presupuesto para desarrollo tecnológico y productivo para la Defensa era prácticamente inexistente en 2003. Los únicos gastos contabilizados eran los 60 millones de pesos asignados a Fabricaciones Militares para producción y los 1,6 millones asignados a investigación y desarrollo en El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

La situación ha cambiado drásticamente en estos 12 años. Para el 2015, el gobierno ha presupuestado 4.272 millones de pesos para desarrollos tecnológicos y productivos en la industria vinculada a la defensa nacional. Se trata de gastos que contribuyen a la creación de empleo, diversificación y modernización de la matriz productiva y afianzamiento de la soberanía nacional, ya que incrementan el dominio por parte del Estado Nacional sobre tecnologías de la defensa y su aplicación a los procesos productivos respectivos.

Quedábamos atrapados en un círculo vicioso de baja tecnología: no desarrollábamos capacidades porque no había suficiente demanda, y no las demandábamos en Argentina porque nos decían que no había capacidad de hacerlas.

Un total de 1.572 millones se destinan al desarrollo de la industria vinculada a la defensa aérea. Se han firmado contratos entre el Ministerio de Defensa y la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), a los fines de desarrollar y fabricar aviones de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa, modernizar y remotorizar aviones IA-58 Pucará (623 millones) y brindar servicios de mantenimiento a las flotas de la Fuerza Aérea y del Comando de Aviación Naval de la Armada (529 millones). El resto se destina a contratos con INVAP para el desarrollo y producción de drones (403 millones) y la recuperación de radares móviles (17 millones).

También se fomentan la industria militar naval y terrestre. Mediante el contrato entre la Armada y el astillero recuperado TANDANOR, se ha realizado la reparación del Rompehielos Almirante Irizar, al cual, para su fase final, se le han asignado 34 millones en el corriente año. Por otro lado, ya se ha previsto el desembolso de 95 millones de pesos para el recientemente firmado contrato de modernización de los tanques TAM 2C en el país.

Fabricaciones Militares ha recibido una asignación de 1.946 millones. De ese total, 1.689 están destinados a financiar la producción de una diversidad de insumos para las fuerzas armadas (FFAA) y fuerzas de seguridad (FFSS), y de productos comercializables, así como también la producción de vagones Tolva para el Ministerio del Interior y Transporte. Los 257 millones restantes se asignan a importantes proyectos, como plantas de producción de municiones, explosivos, químicos y una línea de ensamble de vagones, entre otros.

El sector farmacéutico también está presente en la producción para la Defensa. Se han dispuesto 16,5 millones de pesos para la producción de medicamentos en laboratorios militares dependientes del Estado Mayor Conjunto.

Para actividades de I+D puras se han asignado 608 millones, distribuidas entre CITEDEF, los institutos de Investigación y Desarrollo de las FFAA, la Escuela de Defensa Nacional, la Subsecretaría de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y el Servicio Meteorológico Nacional. Dentro de ese total, CITEDEF cuenta con 10 millones de pesos para proyectos de inversión, entre los que se incluyen la instalación y modernización de laboratorios y la construcción de un vector atmosférico.

Las cifras muestran una fuerte decisión política de reconstruir el sector de tecnología y producción para la defensa. Doce años atrás, el sector estaba pulverizado. No había contratos con industriales locales para mantenimiento, desarrollo y producción de equipos e insumos. No se apostaba a la capacidad y los recursos humanos de las universidades y empresas estatales locales. No existía la ambición de incurrir en tecnologías más complejas ni de buscar mercados externos a nuestra producción militar, y el complejo industrial militar había sido virtualmente desmantelado. Quedábamos atrapados en un círculo vicioso de baja tecnología: no desarrollábamos capacidades porque no había suficiente demanda, y no las demandábamos en Argentina porque nos decían que no había capacidad de hacerlas. La decisión política, materializada en las asignaciones presupuestarias, permitió salir de esta trampa.

Los beneficios potenciales de estos desarrollos son múltiples: se ahorran divisas, se genera empleo genuino de alta calificación y, por sobre todo, se generan capacidades productivas, que son aprendizajes que actúan como semillas para futuros desarrollos tecnológicos, no sólo en las industrias estatales de la defensa sino también en las empresas privadas locales que les proveen. Además, al aumentar la escala, se incrementa la eficiencia del área: por ejemplo, CITEDEF, pasó de gastar 9 pesos en gastos administrativos por cada peso de I+D en 2003, a sólo 67 centavos en 2015.

En síntesis, en los últimos 12 años el presupuesto para desarrollos tecnológicos y productivos de la industria de la defensa se ha multiplicado 60-70 veces, aumentando no sólo en cantidad sino también en calidad, eficiencia, complejidad y variedad.

(*) Master en Economía de la Universidad de Ginebra - Investigador de la Fundación para la Integración Federal

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El fondo fiduciario que acordaron crear los ministros de Defensa de la OTAN para apoyar la defensa de Ucrania estará centrado en el desminado y la gestión de explosivos y se suma a otros cinco fondos puestos en marcha previamente por la Alianza para respaldar a este país.

"Acordamos en principio establecer un nuevo fondo fiduciario. Ahora estamos trabajando en los detalles", indicó el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al término de una reunión de la Comisión OTAN-Ucrania a la que también asistió el ministro de Defensa ucraniano, Stepán Poltorak.

Stoltenberg especificó que este nuevo fondo se centrará en el desminado y la lucha contra los artefacto explosivos, algo "vital para salvar vidas". La Alianza Atlántica ya ha impulsado cinco fondos fiduciarios para fortalecer las capacidades de las instituciones de defensa de Ucrania, así como para que haga reformas contra la corrupción y en favor de la democracia y el Estado de Derecho.

El nuevo fondo se centrará en el desminado y la lucha contra los artefacto explosivos

LLAMADO A RESPETAR ACUERDO DE PAZ DE MINSK

Stoltenberg recordó que Ucrania sigue haciendo frente a "separatistas fuertemente armados" en el este del país y que continúa acometiendo "reformas significativas" que la OTAN respalda y "haciendo progresos frente a todos estos desafíos".

Asimismo, subrayó que se siguen produciendo "continuas violaciones del alto el fuego" en esa región y que la Alianza apoya la soberanía e integridad territorial del país y rechaza la "anexión ilegal" de la península ucraniana de Crimea por parte de Moscú.

"Pedimos a Rusia que detenga su agresión a Ucrania", insistió, y añadió que "es importante que toda la Alianza pida firmemente a Rusia que implemente completamente los acuerdos de paz de Minsk y que todas las partes respeten el alto el fuego y los acuerdos de Minsk".

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Esteban Agustín Covelli

FUENTE: DW

NOTA PRINCIPAL: El Congreso de Colombia Elimina la Reelección Presidencial

La Corte Constitucional colombiana declaró inexequible el acuerdo entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre cooperación y seguridad de información (o Ley 1734).

El alto tribunal halló vicios en el trámite de norma, por tanto consideró que la misma no se ajusta a la ley, debido a que durante la segunda vuelta en el Senado la votación no se hizo de forma nominal como lo exige el reglamento.

El acuerdo de la OTAN fue firmado el 25 de junio de 2013 en Bruselas (capital de Bélgica) por el ministro de Defensa de Colombia de ese momento, Juan Carlos Pinzón, y el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. 

Por esta razón y por algunos vacíos en su contenido, la corte consideró que es “altamente problemático” porque no hay claridad frente a los alcances del acuerdo pactado. El acuerdo de la OTAN fue firmado el 25 de junio de 2013 en Bruselas (capital de Bélgica) por el ministro de Defensa de Colombia de ese momento, Juan Carlos Pinzón, y el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Por medio de este, se legalizó el intercambio de información clasificada entre el Gobierno colombiano y la OTAN, conformada por 28 estados miembros.

EN CONTEXTO

En febrero pasado, la Procuraduría General de Colombia pidió a la Corte Constitucional declarar improcedente el acuerdo suscrito en el año 2013 por el Gobierno con la OTAN sobre cooperación y seguridad de información, porque no se diferenciaba con claridad qué tipo de información podría obtenerse de la llamada “información clasificada”.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Montero Noelia

FUENTE: Télam

En los últimos días el presidente Obama recibió a diferentes líderes del mundo árabe. El objetivo de la reunión fue renovar el compromiso norteamericano para con la defensa de sus aliados en el golfo.

Al basar su defensa en tecnología norteamericana, los Estados árabes dependerán de la superpotencia, siéndole difícil el cambio de los sistemas de armamento en el corto o mediano plazo.

En un contexto marcado por los avances iraníes en materia nuclear y el apoyo a los rebeldes chiitas en Yemen y a Al Assad en Siria, los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) objetaron su situación en materia defensiva en la región y la relación que este organismo internacional tiene con Estados Unidos. Esta preocupación se vio agravada ante el futuro levantamiento de sanciones a Teherán, que liberaría a Irán de sus ataduras para avanzar en sus injerencias en la región, como así también su capacidad económica de adquirir nuevos y más precisos vectores militares.

De frente a esta situación, el presidente Obama organizó una cumbre en la Casa Blanca y en Camp David para tranquilizar a sus socios y proponerles diferentes alternativas para resolver sus inquietudes.

De las promesas de un mayor compromiso estadounidense en la defensa de la región, los líderes del golfo consiguieron la firma de un convenio conjunto para la construcción de un sistema de defensa regional. Si bien lo que buscaban los países árabes era un firme compromiso por parte de Estados Unidos, y luego de la OTAN, de intervenir en la región, se optó, frente al rechazo de Obama de esta disposición, por la construcción de un escudo antimisiles, un sistema de alerta temprana, el entrenamiento de personal y asistencia técnica.

Por otro lado, se elaboró una declaración conjunta en la que, en caso de agresión, Estados Unidos se iba a encontrar preparada para trabajar con las naciones árabes para determinar de manera urgente qué acciones serían apropiadas, utilizando los medios de disposición colectiva, incluyendo la fuerza militar. Esta nueva declaración, además, promete nuevas formas de cooperación en materia antiterrorista, seguridad marítima, seguridad cibernética y defensa contra misiles balísticos, entre otros puntos.

También durante el mes de abril y frente a los avances de las negociaciones estadounidenses con los países del golfo, la Federación Rusa levantó el embargo de venta de armas a Irán, particularmente de los sistemas antiaéreos S-300

A través de este nuevo acuerdo y aprovechando que los costos correrán por cuenta de los países del golfo, Estados Unidos buscará crear un sistema regional de defensa antimisiles y reforzar así su liderazgo técnico-militar. También, al basar su defensa en tecnología norteamericana, los Estados árabes dependerán de la superpotencia, siéndole difícil el cambio de los sistemas de armamento en el corto o mediano plazo.

También durante el mes de abril y frente a los avances de las negociaciones estadounidenses con los países del golfo, la Federación Rusa levantó el embargo de venta de armas a Irán, particularmente de los sistemas antiaéreos S-300, aquellos que Rusia proveyó a Siria en 2013 cuando parecía inminente una intervención occidental. Estos misiles limitarían de forma importante cualquier intento de bombardeo aéreo sobre el territorio iraní.

A pesar de estos avances en las promesas estadounidense, la mayor frustración de los países árabes, aparte de la posibilidad real de un pacto con Irán, es la renuencia norteamericana a firmar un tratado formal que enmarque la alianza y les garantice la defensa de la región.  

(*) Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNR

La cooperación con los países de la región es uno de los principales ejes de la política de inserción internacional argentina. A partir de una perspectiva solidaria y política, la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) ha avanzado en la integración regional con una agenda que abarca diversas temáticas ausentes en los procesos anteriores. Entre ellas se destaca la Defensa, materia en la cual se registran importantes avances. Entre los recientes logros del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), foro de diálogo y cooperación, se cuenta la decisión de crear la Escuela Suramericana de Defensa (Esude), tomada en el marco de la reunión de Ministros realizada en Surinam en febrero pasado.

También en dicha cumbre ministerial se adoptó el “Plan de Acción 2014” del CSD, donde Argentina se ofreció como organizador del “Seminario Regional de Ciberdefensa” y el “Seminario Defensa y Recursos Naturales”, que llevará adelante conjuntamente con Ecuador y Venezuela en el próximo mes de junio.

En la apertura del encuentro sobre ciberdefensa, el Ministro de Defensa, Ing. Agustín Rossi, señaló que la UNASUR definió a la ciberdefensa como uno de los ejes estratégicos de trabajo. Para Argentina en tanto, también es una prioridad estratégica junto a la protección del espacio aéreo y del litoral marítimo y la integración regional. El Ministro subrayó que “la cuestión cibernética en el mundo de la defensa es uno de los desafíos más grandes de los últimos años" y remarcó que el principal reto que presenta para los países suramericanos es el desarrollo de capacidades tecnológicas propias. En este sentido, señaló las decisiones tomadas en esta línea durante su gestión, tales como conformar el Comando de Ciberdefensa, bajo el mando del Comando Mayor Conjunto, crear la Dirección de Ciberdefensa, poner en valor el edificio donde funcionará próximamente el Centro de Ciberdefensa nacional y avanzar en el trabajo de los equipos técnicos bilaterales con Chile y Brasil.

Con el objetivo de generar un espacio de intercambio y construcción de conocimientos, al seminario asistieron en la primera jornada medio centenar de delegados regionales, personal militar y doscientos participantes de la sociedad civil. Se espera que el trabajo conjunto contribuya al conocimiento mutuo de los logros alcanzados por los distintos países y a la convergencia de los especialistas de las Fuerzas Armadas, del sistema científico-tecnológico nacional y del sector privado. Es por ello que entre los expositores se contó con académicos, efectivos militares y representantes de empresas dedicadas a las TIC's.

Los expertos abordaron temáticas relacionadas con la seguridad de las comunicaciones y la encriptación, la importancia del control de las infraestructuras críticas -como lo son las redes de servicio de energía, agua potable y telefonía,  entre otras-, el software libre y la legislación nacional e internacional sobre el tratamiento de datos y delitos informáticos. Asimismo, se presentaron proyectos de investigación y desarrollo. Complementar los conocimientos y esfuerzos civiles y militares de los diferentes estados miembros permitirá desarrollar respuestas adecuadas ante incidentes y reducir las situaciones de vulnerabilidad.  En este sentido, cabe señalar que luego del trabajo de carácter abierto en el Seminario, se realizará la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Ciberdefensa del CSD.

De este modo, en el marco de la cooperación regional, el Seminario se constituye en un paso más en el abordaje de las amenazas cibernéticas, las cuales se pusieron al tope de la agenda pública tras darse a conocer el espionaje estadounidense que vulneró las comunicaciones de la Presidenta Dilma Rousseff y de la empresa petrolera nacional Petrobrás. El planteo subyacente es trabajar conjuntamente en el diseño de una doctrina de Defensa disuasiva y cooperativa desde una la perspectiva regional para todos los países de la UNASUR.

Uruguay identifica como una "amenaza latente" para toda la región la presencia británica en las islas Malvinas, al aprobar una nueva política de defensa nacional que destaca, a través de un documento, que no hay conflictos que afecten la integridad del territorio pero que no se descartan "disputas o presiones de distinta índole" en el futuro.

El país vecino identifica dos "amenazas latentes": en primer lugar, "la situación particular que se manifiesta en las islas Malvinas, por la presencia de potencias extraregionales y que inciden negativamente en el Atlántico Sur como zona de paz y cooperación".

"Esta situación afecta la zona oceánica donde naturalmente se producen las comunicaciones y la actividad económica marítima del país", añade.

La segunda "amenaza latente", indica el comunicado, es "el agravamiento de posibles conflictos fronterizos entre países de la región".

Además, señala que "todo conflicto regional debilita el proceso de integración en curso", "genera carreras armamentísticas contrarias al desarrollo" y "pone en peligro la confianza mutua".

El documento, dado a conocer por el diario La República, tiene 42 páginas y lleva el título "Un Uruguay integrado a la región y abierto al mundo".

FUENTE: InfoRegión