Entrevista a Cristina Bautista, madre de uno de los 43

Se cumplen cuatro años del hecho que marcó a fuego al México contemporáneo. Ayotzinapa le puso nombre a un sistema de violencia múltiple, sistemática y cotidiana, y logró viralizar ante el mundo la tragedia humanitaria que vive el pueblo mexicano. En esta entrevista, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos aquel 26 de septiembre de 2014, muestra cierto optimismo con la llegada del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador: “Tenemos la esperanza de que con él llegaremos a la verdad, pero para eso tenemos que seguir organizándonos y presionando. Vamos a seguir en pie de lucha”. Además, reafirma que “el gobierno nunca tuvo interés en llegar a la verdad, todo lo que ha hecho es construir mentiras tras mentiras”.

¿Qué sensaciones le atraviesan al cumplirse un nuevo aniversario?

– Ya son cuatro años y seguimos sin tener respuestas. No se ha avanzado en las líneas de investigación que hemos exigido y no sabemos nada de nuestros hijos. Estoy muy desesperada porque son cuatro años de lucha, cuatro años de sufrimiento, cuatro años de caminar en las calles gritando, exigiéndole al gobierno que nos presente con vida a nuestros hijos. Pero el gobierno nunca tuvo interés en llegar a la verdad. Son cuatro años de luchar, de visitar las comunidades más arrinconadas de nuestro país, de difundir el caso viajando a muchos países. No tenemos descanso como madres, como padres. Pero seguimos en pie de lucha porque así como vivos se los llevaron, vivos los queremos.

En todas las comunidades que visitamos nos damos cuenta de que hay hambre de justicia porque hay miles de desaparecidos, miles de familias que no saben dónde están sus hijos. Los padres de los 43 normalistas no somos los únicos, somos miles los que no tenemos respuestas. Y no se castiga a los responsables. Por eso nuestra lucha no va a terminar ni el 26 ni el 27 de septiembre, va a continuar hasta encontrar a nuestros hijos.

¿Qué expectativas tienen con la llegada de AMLO a la presidencia? ¿Cuáles serán sus exigencias?

-Vamos a tener una reunión para recordarle que debe cumplir su palabra. Cuando estaba en campaña lo fuimos a ver y nos dijo que va a crear una Comisión de la Verdad y que va a hablar con la CIDH y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Lo que nosotros queremos es que se comprometa con la investigación. Tenemos la esperanza de que con él llegaremos a la verdad, pero para eso tenemos que seguir organizándonos y presionando. Vamos a seguir en pie de lucha como desde el primer día porque sabemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto es el que los desapareció. Ellos construyeron su “verdad histórica”, pero sabemos que fue el Estado, de manera coordinada, el que desapareció a nuestros hijos.

Entonces le exigimos al presidente electo que debe ser investigado el presidente Enrique Peña Nieto y todos los políticos que en su momento estuvieron presentes. Deben ser castigados y encarcelados. No vamos a permitir que se olvide y que estén libres. No sólo se han burlado de nosotros sino que se burlaron de todo el pueblo de México.

Recientemente el presidente Enrique Peña Nieto aseguró estar convencido de la versión oficial de la Procuraduría, que dice que los 43 normalistas fueron “incinerados por un grupo delincuencial en un basurero”. ¿Qué le responderías?

-Eso no tiene validez porque, gracias a los peritos argentinos, no hay evidencias de que haya habido un incendio en ese basural. Los vecinos dijeron en entrevistas que no hubo ningún incendio y que esa noche estuvo lloviendo ¿Cómo los pudieron incinerar con todas sus pertenencias? Sabemos que de manera coordinada ellos se los llevaron. El gobierno no ha hecho ninguna investigación, todo lo que ha hecho es construir mentiras tras mentiras porque todo lo que sabemos es gracias a los expertos y expertas que hicieron una investigación seria, pero como estaban destapando todo el gobierno mexicano los expulsó. Eso quiere decir que ellos mismos no quieren llegar a la verdad, que no quieren decir dónde se llevaron a nuestros hijos o qué pasó con ellos. Lo que dice Peña Nieto ya fue destruido, no tiene validez.

¿Qué cambió en la sociedad mexicana desde aquel 26 de septiembre?

-Mucha gente, al ver que nosotros estamos en la calle, también comenzó a buscar a sus seres queridos, porque en Iguala se fueron encontrando muchas fosas clandestinas. Gracias a que nosotros no nos callamos, muchos comenzaron a buscar a sus seres queridos y muchos los han encontrado.

 

FUENTE: Nodal

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera 

El fiscal federal Federico Delgado impulsó este miércoles una investigación para determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se encubrió la desaparición del joven Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto.

Fuentes judiciales informaron a NA que la Fiscalía abrió una causa a raíz de la denuncia presentada por la "Liga Argentina por los Derechos del Hombre" y el "Instituto Arturo E. Sampay" contra el Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Justicia, Germán Garavano; y de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los denunciantes también acusaron al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, quien estuvo ese 1 de agosto en Esquel; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y comandantes de esa fuerza de seguridad.

Los abogados de las organizaciones señalaron que las autoridades del Gobierno no aportaron a la búsqueda de Maldonado, sino que "han intentado deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".

Con ese argumento, los denunciaron por los delitos de encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad.

Recompensa

Del lado del Gobierno, se conoció este miércoles que aumentará a dos millones de pesos la recompensa a quienes "brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" del joven.

Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1° de agosto tras haber participado de una protesta de la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen.

A 35 días de la última vez que fue visto el artesano de 28 años, el Ministerio de Seguridad decidió elevar de 500 mil a dos millones de pesos el beneficio económico para quienes aporten información que conduzca a hallarlo y se espera que en los próximos días sea oficializado el nuevo monto.

La cartera conducida por Patricia Bullrich había anticipado esa decisión el pasado lunes, tras informar que había resultado negativa la comparación de ADN de la familia Maldonado con la sangre hallada en ropas del puestero Evaristo Jones luego de herir a una persona durante un ataque del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

"El Ministerio de Seguridad de la Nación aumentará la recompensa ofrecida a cambio de información fidedigna sobre el paradero de Santiago Maldonado y, a su vez, se incrementarán los rastrillajes en distintos puntos de la zona", había manifestado.

Una semana después de la desaparición de Maldonado, el Gobierno había ofrecido medio millón de pesos para quienes "brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" del joven.

 

FUENTE: NA

"El caso de Santiago Maldonado nos pone, sobre todo en la provincia de Santa Fe, blanco sobre negro sobre cuál fue la actitud política del gobierno provincial y de la administración de justicia en los hechos de desapariciones forzadas de la provincia. Donde siempre jugaron a encubrir los hechos y a tratar de que los casos no fueran caratulados como desapariciones forzadas. Paso en el caso de Franco Casco, Natalia Acosta en Santa Fe, y paso en el caso de Pichon Escobar también" expresó el abogado, quien agregó: "Se hace muy difícil investigar esos hechos porque se despliegan una serie de aparatos de encubrimiento, ya que se delega la investigación en la misma policía que participa de los hechos y la administración de justicia hace todo lo contrario para encontrar una respuesta".

Consultado sobre el rol de la gestión política del socialismo en la provincia de Santa Fe y su posición sobre estos casos, el profesor de Criminología en la UNL declaró que "hay un pacto entre las autoridades políticas y las autoridades judiciales que determinan que la política juegue a favor de la tesis del encubrimiento, en lugar de ponerse al frente de la investigación y esclarecer los hechos. Lo vimos muy claro en el caso de Franco Casco, cuando apareció el cuerpo y el viceministro de Lamberto, Ignacio Del Vecchio, convoco a una conferencia de prensa para decir que tenia testimonios de que Franco estaba con vida. Esto desvirtuó la aparición del cuerpo y el posterior reconocimiento de la familia". A la vez, consideró que esos errores fueron adrede y se le sumaron otros aun más graves: "también se alteraron las muestras de ADN del Instituto Medico Legal (IML) que se tomaron a los padres de Franco a penas se denuncio su desaparición, para evitar así, si aparecía el cuerpo, su reconocimiento".

Finalmente ante la pregunta sobre si debería juzgarse a las autoridades políticas que tenían responsabilidades en seguridad en el momento de la desaparición de Franco Casco, Ganón sentenció: "debería hacerse, creo que habría que profundizar la investigación, y hacerles pagar sus responsabilidades judiciales. Pero la responsabilidad política ya la deberían haber pagado, y en vez de pagar, fueron premiados y ascendidos".

 

(*)Analista de Fundamentar

Viernes de un recién llegado setiembre. Tarde rosarina de sol, húmeda y pesada. Junto a mi compañera tomamos por calle San Lorenzo haciendo lo mismo que hacemos desde hace un poco menos de 20 años. Llegamos a la Plaza San Martín con el recorrido habitual. Con ella bromeamos por los pocos sub 50 que estaban presentes. Ni hablar de los cincuentones y sesentones. Muchísimos jóvenes, como si el encuentro hubiera estado planificado luego del horario de clases. Ni por asomo la cantidad de personas tenía algo que ver con cada 24. Previa de fin de semana, pleno horario laboral aún (me dije), como justificándome (y consolándome) por la “poca” cantidad de gente que habitaba el lugar. Me encontré con algún viejo compañero y amigo y me arrimé a la columna (chiquita) del querido Sindicato de Prensa de Rosario. Horario de cierre de diarios y producción de noticieros, volví a decirme y nos preparamos para marchar detrás de una columna de alguna agrupación estudiantil de izquierda, mientras preparaba el infaltable mate de cada marcha. Salimos por Dorrego en busca de San Luis y la sensación esta vez era distinta. Me puse a pensar, a comparar. Cada 24 pedimos por Memoria, Verdad y Justicia. Decimos presente. También decimos “presentes ahora y siempre”, por cada compañero desaparecido. Es un reclamo que no cesa, que puede ser conjugado en tiempo, también presente. Nos interpela como sociedad. Nos dice qué hacemos por estos días con lo sucedido hace, ya, varias décadas. Nos muestra exigiendo Justicia, hoy. Porque no queremos que se repita, porque no queremos que, NUNCA MAS, pueda creerse siquiera por un instante, que alguien tiene derecho sobre la vida de otro por pensar distinto.

Todo eso está claro. Pero hoy, en 2017, ¿qué nos demuestra el caso de Santiago Maldonado? Hay varias cosas para señalar. La primera y más obvia es que probablemente los mismos que marchamos cada 24, lo hacemos este viernes 1 de setiembre.

Una hora después de comenzar a desandar esta nueva marcha, ya no somos tan pocos. El número de personas movilizadas ha crecido. Como si el fin de la jornada laboral hubiere facilitado las cosas. Por cuestiones familiares nos adelantamos. Superamos columnas. El panorama siempre es más o menos el mismo, jóvenes por doquier. Alcanzamos a quienes encabezan la marcha a la altura de la Catedral. Escucho respetuoso sus consignas como buscando una respuesta que hoy no tengo. El día ya atardecido y el viento ponen el clima de un sentimiento que no entiendo del todo. ¿Nostalgia? No. Seguro que no.

Nos acomodamos a un costado, atrás, como para ver llegar a los marchantes y poder apreciar la totalidad del lugar. En los 24, es un clásico, queda chico. Cada año me pregunto lo mismo: ¿porque no tomar el espacio “abierto” del Monumento para poder demostrar plenamente el peso específico de cada encuentro? Y no hay caso. Esta vez no será la excepción.

A los pocos minutos el Patio Cívico comienza a desbordarse. 18.50hs recibo un mensaje de uno de mis hijos. Está parado sobre la esquina de Pte. Roca y San Luis y me cuenta que aún sigue pasando gente. Lo confirmo. La marcha es masiva. Los medios lo confirmarán al día siguiente, dirán 40 mil personas. Vaya número para una ciudad como Rosario, en un viernes a la tarde que sólo puede permitirse semejante movilización para el hecho cultural que, por excelencia, nos distingue: el fútbol.

La otra cosa que comienzo a responderme, insisto, es que al clima del encuentro lo percibo distinto. Tal vez sea yo. Pero creo que la cosa pasa por otro lado. Por el lado de que somos protagonistas de un reclamo que nos asusta ahora. Hoy. En este presente. Y comienzo a entender en carne propia, aunque sea en una infinitésima parte, cómo era aquel tiempo en que mayoritariamente la sociedad miraba para otro lado. Y empiezo a comprender. Comprendo cuando leo, veo y escucho a medios ocultando, subidos a operaciones de cuerpos encontrados que rápidamente y gracias a la tecnología que en los 70’ no existían, quedan desarmadas. Comprendo cuando veo a ciudadanos preocupados más por negar lo obvio que por exigir la aparición con vida de un hermano. Comprendo cuando se evita el tema, cuando el gobierno aprovecha a los idiotas útiles de siempre (o los servicios, elija ud. señor lector) y pone el eje en los hechos de violencia que encaran unos pocos.

Decidimos volver. El Pasaje Juramento se sigue llenando de de personas de a pie. Insisto, no es el clima de otras marchas, pero los ciudadanos están. Si. Estos mujeres y hombres venidos de todos los barrios de la ciudad, (y mi compañera y yo también), son ciudadanos. Eso nadie nos lo podrá negar. Ponen el cuerpo, batallan, interpelan, piden, sueñan, luchan.

Ya es noche. El viento no es frío pero insiste en acompañar. Tomamos Buenos Aires. Nos volvemos a parar en la esquina. Las columnas siguen avanzando. Alcanzamos Santa Fe. Vamos detrás de cuatro chicas, dos de ellas tomadas de la mano y con la naturalidad de este tiempo, hablan de la cantidad de gente que asistió.

Busco el auto para cumplir con esas obligaciones familiares y regocijarnos, luego, con un poco de teatro que alimente el alma. Seguramente lo disfrutaré. Y será una linda noche. Ojalá, desde donde esté, Santiago haya podido percibir algo del calor de tantos miles de argentinos movilizados. Y ojalá también aparezca. Con vida lo llevaron, con vida lo queremos.

 

(*) Analista político de Fundamentar

Aclaremos algo desde el comienzo. Julio López es un desaparecido de la democracia, hecho producido durante el tiempo político en el que más se hizo (no el único, recordar el Juicio a las Juntas) por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Julio López duele y seguirá doliendo a todos aquellos que desde hace no menos de 40 años luchan, sufren y se comprometen con la búsqueda de una Justicia plena y real. Las sospechas más firmes siempre apuntaron a las fuerzas parapoliciales de las cuales nos había gustado creer que estaban inoperantes en la Argentina. Santiago Maldonado, por su parte, también es un desaparecido de la democracia. Eso no invalida ni califica de manera diferente al caso anterior. No hace menos “buscable” a uno y a otro. Pero sí hay que marcar algunas diferencias de grado. La primera, y de tan notable ya resulta burda, es que el joven artesano ha sido desaparecido en condiciones que involucran a la Gendarmería Nacional, ergo, el Estado, por lo tanto ya no sólo preocupa si esas fuerzas ilegales están o no operativas, sino si la propia “organización estatal” ha vuelto a hacer de las suyas.

Y ante esto, a 25 días del hecho, vale preguntarse por el rol que le ha cabido al Poder Ejecutivo Nacional (PEN desde ahora) en el cumplimiento de una de sus responsabilidades más acabadas: cuidar y (además) hallar a un ciudadano. Recordemos que desde el comienzo jugó a negar el hecho. Luego se fueron conociendo “detalles” no menores en el asunto que señalan, por ejemplo, la presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación en el lugar. La respuesta de la ministra Patricia Bullrich no deja de representar el desdén con que el macrismo abordó la cuestión: afirmó que el funcionario pasaba por el lugar y se bajó a saludar. Poco creíble en ningún contexto y sobre todo si el funcionario en cuestión ha sido abogado defensor de represores condenados y lo que es peor, en la semana previa a la desaparición de Maldonado, había afirmado que el equipo de coordinación de fuerzas federales y provinciales comenzará "a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM (Resistencia Ancestral  Mapuche) que produzcan delitos en la vía pública en flagrancia. Cada vez que se produzca algún daño o algún corte de ruta"

Pero supongamos, desde la bonhomía, que el gobierno obra de buena fe y que, producto de un macabro plan dispuesto por los opositores, el desaparecido no está desaparecido sino que está escondido. ¿Por qué el PEN va dando pasos a tientas, cometiendo un error tras otro en una secuencia que, como sucede en los últimos 20 meses, termina siendo protegido por gran parte de la corporación mediática argentina?, ¿Por qué recibe como un cachetazo el cambio de carátula de la causa a “desaparición forzada de persona” de manos de una fiscal que, a desgano y ante lo evidente, direcciona la investigación hacia donde debería haberse conducido desde el primer momento?, ¿Por qué se ubica en su propia encerrona?, ¿Podemos afirmar que es un error del gobierno?, ¿Un sector político tan atento al manejo de las “nuevas” tecnologías supuso que esto sería un caso que pasaría desapercibido? Varias preguntas. Intentemos algunas respuestas.

En primera instancia tomemos las declaraciones de la ministra en el Congreso de la Nación: "Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, y echarlo sólo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad.  Necesito a esa fuerza para que me acompañe en la lucha contra el delito”. Mientras esperamos que el narcotráfico sea atacado en serio (no hay un sólo caso de “pez gordo” detenido en las grandes urbes argentinas) la funcionaria parece decirnos que en nombre de la seguridad debemos tolerar que esas fuerzas que ella comanda, hagan lo que quieran. Siguiendo con nuestra mirada benevolente, podríamos decir que debemos re versionar el ya tristemente famoso “roban pero hacen” por el de “te matan (o desaparecen) pero hacen”. Falso. El Estado de derecho nunca puede ser pensado como un cumplidor condicionado y parcial de sus funciones elementales. Las declaraciones en el Senado resultan objetables porque parecen condenarnos a una resignación tonta en función de los objetivos gubernamentales. Como “necesito” a la fuerza, no separo a sus hombres de la investigación, y ni siquiera los retiro del control de la puerta de ingreso donde los testigos deberían ir a declarar.

No se trata de lo que necesite la señora ministra. Es un proceso inverso. Se trata de lo que necesitamos los ciudadanos. Y nosotros necesitamos al Estado para que nos cuide y pueda garantizarnos que, incluso, a un grupo  de supuestos “insurrectos” se les garantice el debido proceso que debe existir en toda democracia que se precie.

En segunda instancia digamos lo más importante. Por naturaleza política, a Cambiemos (pero fundamentalente a PRO, si es que ese frente pudiera ser reconocido como tal) el tema de la desaparición de personas NUNCA ha sido un tema de su abordaje político. Desde la nefasta frase del candidato presidencial (“en mi gobierno se va a terminar con el curro de los derechos humanos”) a las anteriormente citadas declaraciones del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Noceti, no existen sólo dos años de distancia: existe un vínculo tan fuerte que parecen haber sido dichas sin que el paso del tiempo hubiera hecho mella de algún tipo. No lo registran al tema, no está en su ADN como no lo está para un buen número de argentinos que siguen mirando para otro lado.

Tal vez convenga hacernos, ahora sí, una inquietante pregunta. A casi un mes del hecho, en pleno proceso electoral de medio término, en este contexto que afecta a más argentinos que se encuentran en la parte más abajo de la pirámide social; ¿alguien duda que no existe la más mínima posibilidad de que sectores de las fuerzas de seguridad en la Argentina puedan desaparecer personas que pertenecen a un colectivo excluido, que resultan una definitiva minoría y que viven en el “medio de la nada”? Cada ciudadano tiene su respuesta.

Es un gris domingo de agosto y disfruto de mi  hogar mientras escribo este artículo. La pregunta es la misma de las últimas semanas: ¿Dónde está Santiago Maldonado? El Estado, ya no sólo el Poder Ejecutivo Nacional, tiene la palabra. Todos esperamos su respuesta.

 

(*) Analista político de Fundamentar

 

 

El presidente mantuvo anoche una tensa reunión con los padres en la que anunció que para mejorar la investigación dispuso un conjunto de medidas, entre las que sobresale la creación, dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas.

La iniciativa fue rechazada por los padres, en lo que significó una profundización del enfrentamiento entre familiares y el Ejecutivo, que se origina en la diferencia de opiniones acerca de lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales atacaron varios ómnibus en la ciudad de Iguala, a unos 200 kilómetros de Ciudad de México, en los que viajaban los estudiantes de Ayotzinapa y un equipo juvenil de fútbol.

Los efectivos mataron a seis alumnos e hirieron a 25, y entregaron a otros 43 a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes, de acuerdo con la investigación oficial, los mataron y cremaron en un basural del vecino municipio Cocula porque los confundieron con integrantes de Los Rojos, una banda rival.
Hasta ahora sólo se pudo identificar restos de dos estudiantes, uno de ellos con certeza no absoluta, a partir de estudios genéticos realizados en un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck, Austria.
https://youtu.be/WdVNdURFiVY
Sin embargo, los familiares rechazan esa hipótesis porque no dan por válidas las muestras genéticas enviadas a Austria para el análisis, y mantienen la idea de que sus hijos fueron secuestrados por una banda dedicada a la trata de personas.

Además, apuntan que los jóvenes habían ido a Iguala secuestrar buses para viajar el 2 de octubre siguiente a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco, una matanza de estudiantes ocurrida en 1968 en la capital mexicana.

Otras versiones aseguran que llegaban al lugar para a boicotear una ceremonia que tenía previsto encabezar la esposa del alcalde de Iguala, Angeles Pineda, que planeaba postularse para relevar a su marido José Luis Abarca, ahora ambos en prisión.

Un reciente informe de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concuerda con algunas tesis del gobierno, como la de que los estudiantes fueron entregados a una organización criminal, pero difiere en cuanto a si fueron asesinados y sus cuerpos quemados y sobre las posibles causas de su desaparición.

Los especialistas creen que podrían haber sido objeto de represalias porque uno de los buses en los que iban llevaba droga, dinero o armas.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) consideró insuficiente y tardía la creación de la fiscalía especial anunciada por Peña Nieto.

"Las familias de los desaparecidos merecen más que palabras y demostraciones superficiales de buena voluntad. Los compromisos asumidos por el presidente Peña Nieto no tendrán significado alguno para las familias de los desaparecidos si no producen resultados tangibles," dijo Perseo Quiroz, director de AI México.

Por su parte, el gobierno mexicano calificó el viernes de "compleja" la reunión de Peña Nieto con los padres. "Fue una reunión compleja como son todas las reuniones de desaparecidos. Ciertamente, dejarlos satisfechos es muy difícil", indicó el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, a Radio Fórmula, pese a que el jueves, ajeno a la respuesta de los familiares, el mandatario había agradecido por Twitter "la oportunidad" de haberse reunido con ellos.

A su vez, en una conferencia de prensa que brindó el viernes en el Zócalo capitalino, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, calificó la conversación como “ríspida y accidentada”.

"La reunión fue muy ríspida en su parte final; cuando él empezó a dar sus compromisos nosotros nos centramos rápido en la unidad especializada de investigación que propusimos, lo interrumpimos para decirle que diera respuesta puntual a eso, y al tema de la búsqueda y que ya no la hiciera la Marina, el Ejército, la Policía Federal, ni la Gendarmería, que se hiciera de forma independiente y con tecnología de punta”, refirió.

Según una encuesta publicada en agosto por Consulta Mitofsky, el caso Ayotzinapa es uno de los factores que más influyó en la caída de popularidad de Peña Nieto, junto con la fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán de una cárcel de máxima seguridad en julio.

Peña Nieto tiene en ese sondeo los niveles de aprobación más bajos en tres años de gestión, con un 36% de opiniones favorables y 61% desfavorables frente al 47 y 51%, respectivamente, de un año antes.

FUENTE: Telam

Un juez mexicano condenó a 31 años y tres meses de prisión a un subteniente de infantería del Ejército por desaparición forzada, en la primera sentencia por este delito impuesta por un tribunal civil en México, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La resolución judicial señala que las "conductas aisladas y lamentables" como las de este caso son contrarias al espíritu de la actual labor de las fuerzas castrenses.

El CJF indicó en un comunicado que el juez Eustacio Esteban Salinas emitió la sentencia después de que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) acreditara la responsabilidad penal del militar en el delito cometido en agravio de una persona que sigue desaparecida.

La víctima fue privada ilegalmente de su libertad por parte del subteniente el 20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herreras, en el norteño estado de Nuevo León, y "hasta el día de hoy continúa desaparecida", apuntó.

Deslindan al ejército

El CFJ no precisó la identidad del militar, tampoco de la víctima ni el móvil de la desaparición.

Además de la condena a prisión, el subteniente fue destituido de su cargo e inhabilitado para desempeñar otro puesto público por 15 años y tres meses, tal como lo establece el Código Penal Federal para el delito de desaparición forzada.

Salinas basó su sentencia en la grave afectación a la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito, así como a las indirectas, es decir, los familiares, por su sufrimiento en el afán de encontrar al desaparecido y la violación al derecho a la verdad, detalla la nota.

Además ponderó el perjuicio causado al Ejército, que desde finales de 2006 realiza labores de protección y salvaguarda de la seguridad nacional, al colaborar con las instituciones civiles "para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada".

La resolución judicial señala que las "conductas aisladas y lamentables" como las de este caso son contrarias al espíritu de la actual labor de las fuerzas castrenses.

 

FUENTE: DW