Según las autoridades locales, unos 2,3 millones de personas (cerca del 40% de la población con derecho al voto) participaron en la consulta, considerada ilegal por el gobierno y el Tribunal Constitucional de España.

Del total de participantes, el 90% se inclinó por la independencia de Cataluña.

La falta de certezas sobre el futuro de la consulta y sobre el estatus político de la región autónoma preocupan ahora a gran parte de la población, incluso a quienes apoyaron el referéndum.

Por ejemplo Manela Llorente, una residente de Sant Quirze del Vallés, al norte de Barcelona, le comentó a BBC Mundo que -para ella- la consulta "fue un día emocionante, de recuerdos familiares y luchas perdidas", aunque aseguró que nadie sabe qué sucederá ahora.

"A partir de mañana comienza la segunda entrega del serial", afirmó.

Las autoridades catalanas aseguraron que con la victoria del "Sí" se declarará la independencia de forma unilateral en los días venideros. CHRIS MCGRATH/GETTY IMAGES

1. Independencia unilateral

Aunque la votación no tuvo valor vinculante por ser considerada inconstitucional, las autoridades catalanas aseguraron que con la victoria del "sí" se declarará la independencia de forma unilateral en los próximos días.

El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, dijo que tras el triunfo del "sí" trasladará los resultados al Parlamento de Cataluña "para que se implementen".

"Con esta jornada de esperanza y de padecimientos, los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de República", declaró Puigdemont tras la celebración del referéndum.

Según la ley de la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional de España, las autoridades catalanas deben presentar los resultados ante una sesión ordinaria "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral".

Dicha reunión tendría como objetivo "efectuar la declaración formal de la independencia, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente"

La pregunta ahora es si esta finalmente tendrá lugar, una posibilidad respecto a la cual el propio Puigdemont no se mostró concluyente en las jornadas previas al referéndum.

Distintas entidades sociales de Cataluña anunciaron la convocatoria de una huelga general en respaldo de la reivindicación de una república catalana independiente.

2. Aplicación del Artículo 155 de la Constitución

Una de las herramientas más duras que podría aplicar el gobierno es el artículo 155 de la Carta Magna, que hasta el momento ningún gobierno ha invocado.

Este da luz verde al Ejecutivo, previa autorización del Senado, para "adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la ley", si esta "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España".

Durante la jornada del referéndum se registraron varios incidentes, y al menos 800 personas resultaron heridas. RAYMOND ROIG/AFP/GETTY IMAGES

Varios expertos consideran que su invocación podría suponer la asunción temporalmente de algunas o todas las competencias de una comunidad autónoma por parte del gobierno central.

En declaraciones anteriores al referéndum, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular (PP), Pablo Casado, aseguró que al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, "no le gustaría" aplicar mecanismos legales como el artículo 155, porque supondría que la Generalitat "ha llegado demasiado lejos".

Aunque subrayó que si las autoridades catalanas siguen "en la deriva suicida, tendrán la respuesta correspondiente que está en la ley".

3. ¿Posible negociación?

El principal partido de oposición en España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), le pidió al gobierno español que abra una vía de diálogo con el gobierno de la Generalitat.

"Pedimos al gobierno que abra un proceso de negociación política con el Govern de la Generalitat", dijo Pedro Sánchez, el líder del partido.

Un eventual diálogo podría implicar una reforma constitucional que profundice en el federalismo -más prerrogativas para las autonomías- o incluso que se establezca un futuro referéndum pactado.

Este lunes, Rajoy inicia en Madrid una ronda de contactos con otros partidos políticos para discutir la respuesta a la mayor crisis política en el país en décadas.

La Comisión Europea se pronunció este lunes sobre lo sucedido el domingo en Cataluña, reiterando su posición de que se trata de "un asunto interno de España" y que bajo la Constitución española "el referéndum no fue legal".

La Comisión llamó a las partes a pasar "de la confrontación al diálogo". "La violencia no puede ser nunca un instrumento en política", se lee en el comunicado de la institución.

"Confiamos en el liderazgo del primer ministro Mariano Rajoy para manejar este difícil proceso con pleno respeto a la Constitución española y a los derechos fundamentales de los ciudadanos".

En un artículo en The Guardian, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamó a la Comisión a abrir un espacio para una negociación entre los gobiernos de España y Cataluña.

 

FUENTE: BBC Mundo

Es la primera vez que las autoridades españolas detienen a funcionarios catalanes desde que la campaña en favor de la consulta de secesión empezó a ganar fuerza en 2011.

Conocida la noticia, cientos de catalanes furiosos se concentraron para protestar frente a las oficinas del gobierno en Barcelona.

Algunos manifestantes se sentaron en la calle para cerrar el paso a los vehículos policiales, mientras otros chocaban directamente con los agentes.

El presidente regional Carles Puigdemont calificó las operaciones policiales de “ilegales” y fustigó la “actitud totalitaria” del gobierno nacional.

Los allanamientos se centraron en los departamentos de economía y exteriores de la Generalitat, según la agencia de noticias Europa Press y otros medios, dentro de los esfuerzos del gobierno de detener todos los preparativos para la votación, convocada para el 1 de octubre.

La Generalitat confirmó que Josep María Jove, secretario general de asuntos económicos, estaba entre los detenidos.

Autoridades judiciales y policía declinaron dar detalles sobre la operación, indicando que un juez había decretado el secreto de sumario.

El presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que sigue resuelto a impedir que se lleve a cabo la votación. Dijo que ésta es contraria a la constitución y que “el estado tiene que reaccionar”.

“No hay ningún estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando”, dijo Rajoy, una posición compartida por la mayoría de los partidos de oposición.

En un comunicado, el Ministerio del Interior dijo que la Guardia Civil trabajaba para recabar pruebas dentro de las pesquisas sobre los preparativos del referendo.

El gobierno del conservador Mariano Rajoy ha emprendido varias batallas legales para impedir el referendo del 1 de octubre, convocado por la coalición independentista que gobierna Cataluña, en el nordeste de España.

Respaldado por la mayoría de los partidos de oposición, el gobierno afirma que el referéndum incumple la constitución y que si Cataluña quiere votar, primero debe trabajar para cambiar la Carta Magna.

El Tribunal Constitucional ha ordenado que se suspenda la votación mientras estudia su legalidad, pero las autoridades catalanas afirmaron que seguirán adelante de todos modos.

Cataluña supone una quinta parte de la economía española, de un billón de euros.

Sus 7,5 millones de habitantes apoyan de forma abrumadora la celebración de un referendo, aunque están divididos casi a partes iguales en la cuestión de la independencia.

 

FUENTE: AP

El gobierno conservador del presidente Mariano Rajoy se ha comprometido a detener el referéndum y el Tribunal Constitucional le concedió suspender el referendo catalán mientras los jueces deciden sobre su legalidad.

“Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal”, dijo Rajoy el miércoles.

Por su parte, el rey Felipe VI declaró que la “convivencia democrática” en el país solo es posible “si las leyes son atendidas y cumplidas por los ciudadanos y por las instituciones”.

El monarca agregó que la “Constitución prevalecerá frente a quienes quiebran la convivencia”.

La coalición que gobierna en dicha región del noreste español ha dicho que de cualquier forma seguirán adelante con la votación planeada para el 1 de octubre y pidió a los 947 alcaldes catalanes que sean los encargados de proveer lo necesario para el plebiscito.

El fiscal general José Manuel Maza ordenó a los fiscales provinciales que investiguen a 712 alcaldes que ya han ofrecido instalaciones municipales para la votación de autodeterminación y a la policía regional catalana arrestarlos si no acuden a testificar “en el plazo más breve posible”.

 

FUENTE: AP

Rajoy, de 61 años, tiene también asegurada la resistencia de la tercera fuerza, la coalición Unidos Podemos, que ya se ha erigido como la oposición al gobierno conservador en vista de una crisis interna que desgarra a los socialistas. No será hasta el jueves cuando Rajoy desvele su nuevo gabinete, por lo que la prensa española especulaba este lunes con una "gran reestructuración", sobre todo ante la presión de altos cargos más jóvenes que piden un relevo. "Nos enteraremos media hora antes, como siempre", dijo un alto cargo del PP, ante el conocido hermetismo de Rajoy. Esa fuente apostó por la salida de los ministros en edad de jubilación, incluyendo al de Interior, Jorge Fernández Díaz, señalado por intentar incriminar a adversarios independentistas catalanes, y posiblemente los de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y Defensa, Pedro Morenés.

Entre los que se quedan estaría la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaria, o Fátima Báñez, ministra de Empleo, responsable de implantar una reforma laboral muy criticada por la izquierda porque abarató los despidos. Rajoy tiene tres vacantes que llenar: Industria, que dejó José Manuel Soria envuelto en el escándalo de los Papeles de Panamá; Sanidad, que ocupaba Ana Mato, investigada como beneficiaria de sobornos cobrados por su exmarido, y Fomento, donde estaba Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso de los Diputados.

El gabinete debe ponerse a trabajar para recuperar el tiempo perdido. La prioridad es el presupuesto del Estado para 2017, que debería incluir un recorte de 5.500 millones de euros para respetar el objetivo de reducción del déficit pactado con Bruselas, resistido por la oposición.

 

FUENTE: AFP

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

La Audiencia Nacional de España comenzó a juzgar este martes la "trama Gürtel", el mayor caso de corrupción de la historia democrática del país, que sienta en el banquillo de los acusados a 37 empresarios y políticos del conservador Partido Popular (PP), entre ellos su ex tesorero Luis Bárcenas. 

La megacausa reveló una práctica de corrupción sistemática en el PP durante años en diferentes niveles de la administración pública, donde hombres de negocios encontraron la complicidad de políticos sin escrúpulos para enriquecerse ilícitamente a la vez que contribuían al financiamiento del partido en el poder. 

La trama de corrupción Gürtel fue destapada en 2009 por el ex juez español Baltasar Garzón, inhabilitado posteriormente por haber autorizado escuchas telefónicas entre los principales implicados en el caso y sus abogados. 

Este es uno de los argumentos que utilizaron las defensas de los acusados en el arranque del juicio, al solicitar la nulidad del proceso en la fase de "cuestiones previas" que tiene lugar entre este martes y miércoles. 

Correa y Bárcenas, los imputados más famosos, fueron recibidos al grito de "ladrón" y "sinvergüenza", a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid, donde también tiene lugar el juicio por la tarjetas "black" (en negro) de Caja Madrid y Bankia, que salpica a buena parte de la elite política española, con el ex ministro y ex director del FMI Rodrigo Rato a la cabeza. 

Ambos juicios exponen la grave corrupción existente en el PP durante décadas, así como sus tentáculos, precisamente cuando el presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, intentará formar gobierno a contrarreloj antes del 31 de octubre para evitar unas terceras e inéditas nuevas elecciones. 

Un total de 37 personas, que suman un pedido de prisión de 730 años, se sientan en el banquillo de los acusados para ser juzgado por la "pieza matriz" del caso Gürtel, que aborda la denominada "Época I: 1999-2005". Es el primero de nueve juicios. 

A los acusados se les imputan delitos de prevaricato, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa procesal, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación. 

El cabecilla de la trama es el empresario Francisco Correa, quien orquestó una red de empresas y sociedades que pagaban favores al PP a cambio de contratos públicos, gestión de eventos y campañas electorales.

El "capo" del caso Gürtel (Correa en alemán), a quien se debe el nombre de la investigación, afronta un pedido de 125 años y un mes de prisión. 

El caso Gürtel es la trama de corrupción más extensa conocida en España en democracia y vinculada a un partido político. A lo largo del juicio declararán unos 300 testigos, entre ellos cinco ex ministros del PP: Francisco Alaverz Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato. También la ex presidenta madrileña Aguirre.

FUENTE: Télam

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El rey Felipe VI realizará el martes una última ronda de discusiones con todos los partidos españoles en un intento por poner fin al estancamiento político de cuatro meses.

"Creemos que todavía hay tiempo, que estamos obligados a intentarlo y lo vamos a intentar las próximas 24 horas", dijo el portavoz parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Antonio Hernando, en una rueda de prensa en el Congreso.

El plazo oficial para formar un Gobierno finaliza el 2 de mayo, pero a menos de que se selle un acuerdo en las próximas horas será técnicamente imposible realizar una votación de confianza en el Congreso para elegir a tiempo al nuevo presidente.

FUENTE: Reuters

Por segunda vez desde que está en La Moncloa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha disculpado en el Senado por los casos de corrupción que afectan a su partido. La otra vez fue hace más de un año, en agosto de 2013, por el caso Bárcenas. Esta vez Rajoy se ha visto obligado a pedir excusas en nombre del PP ante la presión en todos los partidos, incluido el PP, para que el presidente reaccionara a los escándalos. Rajoy ha decidido pedir perdón en el día en que el exsecretario general del PP ha declarado ante el juez por una supuesta caja b de la formación, y 24 horas después de conocerse una nueva macrooperación contra la corrupción. "En nombre del PP quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta.

 

Todo estaba preparado, tanto que Rajoy ha decidido obviar el contenido de la pregunta sobre desigualdad que le hacía la portavoz del PSOE en el Senado, María Chivite, y ha leído un texto que llevaba escrito para responder a los escándalos de corrupción. Si ayer era Esperanza Aguirre quien pedía perdón por haber nombrado a Francisco Granados, frente al silencio de la cúpula del PP, hoy ha sido Rajoy quien lo ha hecho. "Entiendo y comparto plenamente la indignación de los ciudadanos, lamento profundamente la situación creada. Entiendo el hartazgo de los españoles, estas consultas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que aportar tantos sacrificios y esfuerzos para sacar al país de la crisis", ha asegurado Rajoy en tono grave. Sin embargo, el PSOE lo que le pedía es que haga una comparecencia monográfica en el Congreso sobre corrupción, y Chivite le recordó que los socialistas han pedido ocho veces a Rajoy que comparezca sin éxito.

Rajoy no anunció ningún tipo de comparecencia especial y más bien dio la impresión de que la reacción se va a quedar en esa petición de excusas leída en el Senado sin más explicaciones sobre los escándalos ni nuevas medidas. Ante esta posiblidad, en el hemiciclo se armó un gran alboroto que acabó a gritos entre la bancada del PP, que recordaba el escándalo de los ERE andaluces, que afecta al PSOE, y los socialistas, que a gritos pedían la dimisión de Rajoy. Chivite le pidió que acuda al Congreso a explicar "la financiación ilegal del PP, los sobres, sus mensajes con Bárcenas, los pagos en b de las obras de la sede, y cuántos dirigentes del PP van a pasar ante la justicia".

"En nombre del PP quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta.

El propio presidente, en su respuesta, apunto al clásico "y tú más" cuando sacó también los ERE andaluces aunque sin mencionarlos expresamente: "no le voy a hablar de la investigación en el Supremo a diputados y senadores de su partido", dijo en alusión a Manuel Chaves y José Griñán. Rajoy insistió en que la solución es un gran pacto contra la corrupción aunque si el PSOE no quiere sumarse el PP sacará en solitario las medidas que llevan casi dos años en el Congreso. El ambiente de guerra entre PP y PSOE en el Senado augura que eso es lo que sucederá.

Rajoy ha pedido pues excusas en nombre del PP por haber aupado a los implicados, algo que en él no es en absoluto habitual, pero ha exculpado al partido de los comportamientos de sus alcades. El presidente ha enfatizado que en la Operación Púnica no hay financiación irregular, sino que "responde a la codicia personal de los cargos públicos y no a las organizaciones a las que pertenecen", y ha defendido el trabajo de los cargos públicos. "Esos comportamientos extienden una sospecha generalizada", ha apuntado el presidente, "pero esa mancha ensucia injustamente la imagen y la reputación de la mayoría de las gentes de los partidos", ha remachado.

El presidente ha pedido a los españoles que confíen en el Estado de Derecho, ya que los nuevos casos de corrupción se han desvelado porque la justicia y las instituciones "funcionan", y ha asegurado que su compromiso con la "limpieza de la vida pública es total".

El PSOE descartó ayer alcanzar un pacto global con el partido en el Gobierno sobre la corrupción. "Ni ha habido, ni hay ni habrá un pacto con el PP", dijo contundente el secretario de Organización del PSOE, César Luena.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que el Gobierno aprobará medidas "anticorrupción" incluso en solitario. Enumeró las ya conocidas pero no planteó nuevas. "La democracia no puede permitir que nadie juegue con la confianza que depositan en los políticos. Por ello vamos a aprobar las dos medidas anticorrupción pendientes, cuanto antes, el Estatuto del alto cargo y la ley del control de la actividad económica y financiera de los partidos", ha explicado. "Si es con el consenso de la oposición, mejor, pero si no es así, sacaremos adelante las medidas anticorrupción con los votos del PP", ha anunciado.

El PSOE descartó ayer alcanzar un pacto global con el partido en el Gobierno sobre la corrupción. "Ni ha habido, ni hay ni habrá un pacto con el PP", dijo contundente el secretario de Organización del PSOE, César Luena. El PSOE ha venido manteniendo intensas conversaciones con el PP en la búsqueda de un acuerdo en torno a un listado de leyes contra la corrupción política. Los socialistas, con el apoyo de todos los grupos, exigen que Rajoy comparezca la próxima semana antes de poder hablar de un gran pacto. En el PP hay dirigentes que creen que sería una solución adecuada porque la indignación social se ha vuelto insorportable, explican, pero después de la petición de excusas de Rajoy la opinión más extendida es que el presidente medirá si esta reacción ha sido suficiente para bajar la presión y si es así decidirá no comparecer. Lo cierto es que algo parecido sucedió en 2013 y finalmente se vio obligado a convocar un pleno extraordinario.

 

FUENTE:  El Pais

La norteña región de Cataluña en España se mantiene firme en su propósito de autodeterminación. El presidente de esta región ha anunciado la realización de un referendum en noviembre.

Previamente, de cara a la celebración del referéndum soberanista, se aprobó una ley para realizar consultas con la que el gobierno catalán pretende ampararse.

Los nacionalistas catalanes han previsto para el 9 de noviembre una consulta en la que piden a los ciudadanos que se pronuncien sobre si Cataluña puede ser un Estado al margen de España

"Mi mensaje ha sido exactamente el mismo que hace un año, estamos decididos a seguir adelante" y "además queremos hacerlo en el marco legal y, a poder ser, de acuerdo con el Estado", afirmó el presidente regional de Cataluña, Artur Mas.

Sin embargo, "la conclusión por parte del Estado es que no hay ninguna propuesta alternativa aparte de decir que es ilegal", subrayó.

Los nacionalistas catalanes han previsto para el 9 de noviembre una consulta en la que piden a los ciudadanos que se pronuncien sobre si Cataluña puede ser un Estado al margen de España

El proyecto presentado en Cataluña se trata de la "Ley de consultas populares y participación ciudadana", una norma que se aplicaría solo a cuestiones para las que el gobierno de Cataluña es competente de acuerdo con su "Estatut", que desarrolla la autonomía de esta región de España.

La ley fue aprobada en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán y tras pasar por el Consejo de Garantías Estatutarias, será votada a fines de septiembre en el pleno.

 

FUENTE: TeleSur

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha echado mano de manual hoy por la mañana para zafarse del asunto peliagudo de Catalunya durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Tanto el portavoz de los nacionalistas catalanes de CiU, Pere Macías, como el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, le han conminado a mover ficha tras el éxito de la cadena humana de la Vía Catalana celebrada el pasado miércoles para reivindicar el derecho a decidir de los catalanes sobre su vinculación con España.

Rajoy se ha pronunciado por promover "el diálogo como el mejor instrumento para solucionar los problemas". Y para muestra ha esgrimido la filosofía de la carta remitida el pasado sábado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que reivindica el diálogo como piedra filosofal. Pero no ha añadido más, salvo su apelación a que ese diálogo debe obligar a que "todos debemos actuar con responsabilidad, lealtad institucional y respeto al marco jurídico".

De ahí no se ha movido ni un ápice. Y tanto es así que le ha sobrado minuto y medio, de los dos y medio que disponía, para explicarse. Así ha ocurrido en el debate con Pere Macías, el portavoz de CiU. Porque con Rubalcaba no ha estado tan comedido; incluso parecía recordar sus tiempos de líder de la oposición por su estrategia de atacar a su interpelante. No ha sido la primera vez que ha empleado este método para responder al líder socialista. "Usted como secretario general de su partido lo primero que tiene que aclarar es si su formación está a favor del derecho a decidir", ha dicho Rajoy dirigiéndose a Rubalcaba.

Rubalcaba a Rajoy: "Tiene más conocimientos sobre mi partido que sobre lo que ocurre en Catalunya"

Previamente, el presidente del Gobierno le ha recriminado que la pregunta formulada por el socialista no se correspondía con la literalidad que figura en el orden del día. "Tal vez la formula así para resolver problemas internos", ha dicho. Y todo porque Rubalcaba le ha preguntado por las medidas que iba a tomar después de la manifestación ciudadana del pasado miércoles a lo largo de toda Catalunya. En opinión del líder socialista, la situación requiere "abordar cambios en la Constitución para que el Senado sea una cámara territorial, incorporar las identidades de las comunidades, entre otras actuaciones. Ya no es tiempo para mirar hacia otra parte, señor Rajoy", ha dicho el líder socialista.

Rubalcaba, que le ha criticado "tener más conocimientos" sobre su partido que sobre lo que ocurre en Catalunya, "lo cual es un problema"—ha dicho—, también le ha reprochado al presidente del Gobierno la reforma que pretende cambiar el cálculo de las pensiones. "Ustedes están preparando la primera reforma de pérdida de poder adquisitivo para los actuales pensionistas", ha dicho. Y ha agregado que esa iniciativa, "al igual que la reforma educativa del ministro Wert, se han hecho sin contar con la mayoría". "Y sabe lo que le digo, que esas reformas van a durar lo que su mayoría absoluta, dos años", ha sentenciado.

Con todo, quien ha empleado epítetos más duros hacia el presidente Rajoy ha sido la portavoz de UPyD, Rosa Díez, visiblemente molesta por lo que ha definido como "acumulación de mentiras" en sede parlamentaria. Le ha enumerado varias citas, hasta media docena, que a su entender suponen otras tantas ocasiones en las que el presidente del Gobierno ha faltado a la verdad, desde que no entregaría dinero público para la banca hasta que no tocaría las pensiones.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Todo ese cúmulo de mentiras, en la consideración de Díez, debe llevar a su dimisión como primer ejecutivo del Gobierno. Rajoy no se ha inmutado por "el sinfín de asuntos que ha mencionado" su interpelante, según ha dicho, y ha contrarrestado con lo que empieza a ser ya una constante en sus intervenciones: su optimismo por los datos económicos y la interpretación que de ellos hace. Es decir, buena o muy buena. "El objetivo de mi Gobierno es la recuperación de la economía española. Ha habido dificultades y las hemos superado, pero ahora tengo la satisfacción de que los datos empiezan a ser buenos".

Hasta tal punto se ha mostrado satisfecho que ha anunciado que revisará "al alza el crecimiento de la economía para el año próximo". Ya lo había dicho en un anterior sesión de control antes del verano, pero por si a alguien se le había olvidado, esta mañana lo ha vuelto a repetir. Dicho esto se mantenido en su escaño durante la pregunta que la portavoz socialista Soraya Rodríguez le ha formulado a su vicepresidenta Sáenz de Santamaría y después se ha marchado. De la interpelación que los socialistas le han planteado, nada de nada. Eso se lo deja a su mano derecha, que para eso está.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú

FUENTE: Público

Con motivo del último conflicto abierto entre España y el Reino Unido por Gibraltar, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está estudiando acudir a organismos internacionales -el Tribunal de La Haya y al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU- para abordar la situación del Peñón.

También sopesa, con motivo de la próxima visita en septiembre del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, a Buenos Aries, la posibilidad de intercambiar puntos de vista con Argentina sobre Gibraltar y las Malvinas para acudir a la ONU.

La situación colonial de Gibraltar -la única colonia que existe en Europa- "afecta a la unidad nacional y a la integridad territorial de España", siendo incompatible con la resolución 1.514 de 1960 sobre descolonización general.

Fuentes diplomáticas han recordado hoy que Naciones Unidas no ha reconocido nunca el derecho de autodeterminación de Gibraltar.

Esta reacción de España se ha producido después de que ayer el Gobierno británico asegurara que su posición respecto al Peñón "no ha cambiado" y que es "coherente" con su "política en otros territorios de ultramar".

"La autodeterminación importa más que la integridad territorial. El pueblo de Gibraltar ha expresado de manera repetida y abrumadoramente su deseo de permanecer bajo soberanía británica", señaló una portavoz del Ministerio británico de Asuntos Exteriores.

Las fuentes diplomáticas españolas se han referido a las distintas resoluciones y declaraciones de la Asamblea General de la ONU que han ido formando doctrina sobre la descolonización de Gibraltar, incluido en la lista de territorios sometidos a descolonización desde 1963.

La situación colonial de Gibraltar -la única colonia que existe en Europa- "afecta a la unidad nacional y a la integridad territorial de España", siendo incompatible con la resolución 1.514 de 1960 sobre descolonización general.

De ahí se deduce, agregan las fuentes, que en el caso de Gibraltar la ONU no ha reconocido el derecho de autodeterminación.

Por ello, las negociaciones en materia de soberanía corresponden sólo a los gobiernos de España y Reino Unido, como ha recomendado Naciones Unidas ininterrumpidamente desde 1965.

Ello no impide que en esas negociaciones se tengan en cuenta los intereses de la población de la colonia y del Campo de Gibraltar, y sólo Naciones Unidas "podrá decidir cuándo se ha completado el proceso de descolonización" y, por tanto, hasta ese momento el Peñón está en la lista de ese organismo internacional de territorios dependientes, han agregado las fuentes.

Han citado la resolución 2.070 de la XX Asamblea General de 1965 que invita al Gobierno de España y al Reino Unido a iniciar sin demora conversaciones sobre la soberanía de Gibraltar.

La resolución 2.353 de la XXII Asamblea de 1967 establecía que toda situación colonial que destruya la unidad territorial de un país -parcial o totalmente- y la integridad territorial "es incompatible con el propósito de la Carta de Naciones Unidas".

También la resolución 2.429 de la XXIII Asamblea de 1968 pedía al Reino Unido como potencia administradora que pusiese término a la situación colonial de Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969.

 

FUENTE: lainformacion.com