En apenas 24 horas las malas noticias han crecido a una velocidad vertiginosa para el gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson.

El mandatario enfrenta una grave crisis de confianza por parte de los miembros de su propio partido que empezó el martes con la renuncia de los ministros de Economía y de Salud, a la que para la tarde del miércoles se le habían sumado las dimisiones de más de una treintena de viceministros y otros cargos ministeriales.

Así, Johnson se ha convertido en el líder británico que más renuncias ha recibido desde 1932.

Pese a ello, el mandatario ha mantenido sus actividades con normalidad y este miércoles, de hecho, compareció ante un comité del Parlamento en el que dejó clara su intención de seguir adelante en el gobierno.

Durante la sesión de preguntas, Johnson rechazó las preguntas que ponían en duda la viabilidad de su gobierno, afirmando que "por supuesto" que mañana seguiría siendo primer ministro. "Si me quieren preguntar sobre qué estamos haciendo para ayudar a la gente con el costo de la vida, si preguntan sobre qué estamos haciendo para construir más fuentes de energía limpia, algo en lo que este comité se ha interesado, entonces estoy muy interesado en contarles, pero no voy a darles un comentario sobre eventos políticos y vamos a seguir con el gobierno del país", afirmó.

El mandatario también desestimó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas y dijo que no ve razón para hacerlo antes de dos años.

"Un error"
La crisis que acecha a Johnson se inició por un escándalo sexual en el que se vio involucrado Chris Pincher, un parlamentario conservador cercano al primer ministro. Johnson nombró en febrero a Pincher como subjefe de la bancada del Partido Conservador.

El pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó una información según la cual el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres.

Luego surgieron otras acusaciones similares por actos supuestamente ocurridos en los últimos años.

Después de señalar reiteradamente que el primer ministro no sabía de ninguna acusación contra Pincher, el gobierno británico y el propio Johnson admitieron que sí había sido informado.

En una entrevista con la BBC el martes, Johnson dijo: "Hubo una queja que me hicieron llegar a mí específicamente… fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. Pero eso no es excusa, yo debí haber actuado a partir de ella".

El primer ministro calificó como "un error" haber nombrado a Pincher, de quien dijo que se había comportado "muy, muy mal", por lo que pidió disculpas a las personas afectadas."Quiero dejar claro que no hay lugar en este gobierno para nadie que tiene comportamientos predatorios o que abusa de su posición de poder", apuntó.

 

FUENTE: BBC

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Dana Vazquez

A sólo cuatro días de la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente —impulsada por el presidente Nicolás Maduro para reescribir la carta magna de Venezuela—López difundió un video en YouTube y redes sociales para instar a los militares a no hacerse “cómplices de la aniquilación de la República, de un fraude constitucional” y les pidió no unirse al plan seguridad para las elecciones del domingo.

Esta es la primera ocasión en que López se manifiesta luego de un prolongando silencio de dos semanas tras recibir el beneficio de arresto domiciliario.

Afuera, en la capital, volvía a notarse la escasa presencia de vehículos y personas, centenares de comercio cerrados y algunas vías bloqueadas con barricadas.

Con este nuevo paro de 48 horas, la oposición buscar elevar las presiones contra la Constituyente propuesta por Maduro, quien avanza en el proceso a pesar del riesgo de sanciones estadounidenses y las críticas que han expresado diversos gobiernos de la región, cuyos representantes se reunieron en el Consejo Permanente de la OEA para debatir sobre la crisis venezolana.

La protesta inició pasadas las seis de la mañana y a ésta se sumaron algunos sindicatos de trabajadores y transportistas y las mayores cámaras de empresas e industrias privadas del país. Sin embargo, pequeños comercios, bancos, oficinas estatales, el metro y algunos vehículos de transporte público operaron con normalidad.

En las principales ciudades del interior país también se registraron paralizaciones parciales de actividades, según reportaron medios locales.

“Hay que hacer todo lo que sea necesario para detener la Constituyente”, expresó María Medina, una administradora de 38 años, al manifestar su respaldo a la protesta opositora. “La única solución que veo es un cambio de gobierno”, agregó, mientras aguardaba en una larga fila para ingresar a una agencia bancaria estatal a la que aprovechó para acudir luego de la suspensión de actividades en la clínica donde labora.

“Espero que el paro sirva para hacerle más presión al gobierno”, afirmó Liset Gutiérrez, una desempleada de 46 años, tras reconocer que no estaba dispuesta a votar el domingo en la Asamblea Constituyente porque “no me garantiza que va a mejorar la situación económica”.

Venezuela afronta la tensión política en medio de crisis dominada por una galopante inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una contracción económica que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar este año 12%.

El miércoles, la aerolínea colombiana Avianca anunció la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela a partir del 16 de agosto ante las “dificultades” que presenta la operación aérea en el país suramericano. Otras líneas internacionales como United Airlines también han suspendido en los últimos meses sus vuelos hacia Venezuela.

El paro cívico fue desestimado por el ministro de Vivienda, Manuel Quevedo, que lo consideró como otra de las “derrotas” de la coalición opositora. Quevedo dijo a la televisora estatal que los trabajadores venezolanos desacataron el llamado a paro y salieron este jueves a laborar con normalidad. La alianza opositora realizó el 20 de julio un primer paro nacional de 24 horas como parte del plan denominado “Hora 0”, que se activó luego de un simulacro de consulta en el que 7,5 millones de venezolanos rechazaron el proceso constituyente.

Horas antes, en Cuba, José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista de la isla y uno de los colaboradores más cercanos del mandatario Raúl Castro, rechazó que La Habana tenga intenciones de mediar con Venezuela para una salida a la crisis política, y reclamó “absoluto respeto” para la soberanía de su aliado suramericano.

Fabiola Sanchéz

FUENTE: AP

Julio Borges, presidente de la Asamblea de mayoría opositora, reportó en Twitter que en el "ataque" resultaron heridos los diputados Armando Armas, Américo de Grazia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Leonardo Regnault.

Al menos dos trabajadores de la cámara también sufrieron lesiones, reportaron otros diputados.

Tres legisladores resultaron con cortes en la cabeza. Américo de Grazia "tuvo convulsiones" y fue trasladado en ambulancia a un centro médico, señaló su colega Juan Guaidó a periodistas, indicando que los agresores tenían "piedras, palos y cuchillos".

Borges atribuyó la incursión a "colectivos", grupos civiles oficialistas que según la oposición son armados por el gobierno.

Cerca de un centenar de personas, algunas encapuchadas, con palos y tubos, y vestidas de rojo, entraron a los jardines del Palacio Legislativo y detonaron bombas de estruendo, desatando el caos, constató un equipo de la AFP."Esto no duele más que ver todos los días cómo perdemos el país", comentó Armas tras subir a una ambulancia con la cabeza cubierta por vendas ensangrentadas.

El incidente se produjo mientras Maduro encabezaba un desfile militar con miles de efectivos en el paseo de Los Próceres, en el complejo Fuerte Tiuna, en Caracas.

Pese a la incursión, la mayoría opositora en el Parlamento formalizó su convocatoria, para el 16 de julio, a un plebiscito simbólico que rechazará la Constituyente, cuyos integrantes serán elegidos el 30 de julio.

 

FUENTE: AFP

El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, condenó el supuesto ataque que realizó la víspera un helicóptero contra la sede del máximo tribunal y el Ministerio de Relaciones Interiores y llamó a los venezolanos a través de Twitter a mantener la calma y estar alerta ante la “escalada”.

A los cuestionamientos se sumó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien responsabilizó al inspector agregado de la policía judicial Óscar Pérez, de 36 años, de pilotear la aeronave desde donde se realizó el “acto terrorista” contra dos organismos públicos, y dijo a la televisora estatal que las fuerzas de seguridad están en búsqueda del funcionario y otros sujetos armados.

Reverol indicó que se comprobó una “relación directa” del autor material del evento y las “agencias de inteligencia” de Estados Unidos, y agregó que en los próximos días darán más información del caso.

El vicepresidente Tareck El Aissami anunció la tarde del miércoles que las autoridades localizaron en la población costera de Osma, del estado de Vargas, el helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que fue utilizado por Pérez en el ataque a los organismos público. En la operación no se detuvo a ninguna persona, precisó el funcionario.

Pérez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, se identifica en su cuenta de Instagram como investigador, piloto de aeronaves y filántropo. Hace dos años, el policía protagonizó y produjo la película “Muerte suspendida” que relata la historia del secuestro un empresario ocurrido en Caracas y su posterior liberación por parte de CICPC.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, se abstuvo de hacer comentarios sobre el supuesto complot y dijo a la cadena local Unión Radio que la coalición opositora se reuniría para analizar el caso. “Hay gente que dice es un peine (una trampa). Hay gente que dice que es una cuestión real...Todo lo que sea es gravísimo. Todo lo que sea apunta hacia el mismo lugar que es que esta situación es insostenible en Venezuela”, agregó Borges.

Los habitantes de Caracas fueron sorprendidos la tarde del martes cuando un helicóptero azul con las siglas del CICPC sobrevoló a muy baja altura algunas zonas del este y centro de la ciudad e hizo varios disparos al aire que generaron angustia entre algunos transeúntes.

Poco después Maduro denunció, durante un acto en el palacio presidencial, un complot contra su gobierno e indicó que desde el helicóptero se habían hechos disparos contra la sede del Tribunal Supremo y se había lanzado una granada que no explotó.

Horas después del incidente, el máximo tribunal, acusado de ser afín al gobierno, difundió una sentencia en la que amplió las competencias de la Defensoría del Pueblo y le dio atribuciones para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos, asumir la representación de las víctimas en los procesos penales y acceso a las investigaciones del Ministerio Público.

Algunos juristas y académicos afirmaron que el dictamen del máximo tribunal representa un “fraude” a la constitución y abre el camino a la anulación y destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien se enfrentó al gobierno de Maduro al rechazar este mes su iniciativa para reformar la constitución.

“Continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional”, dijo el miércoles en una conferencia de prensa Ortega Díaz al objetar las sentencias de la Corte contra el Ministerio Público, y sostuvo que las “desconocemos”. La alta funcionaria llamó a los venezolanos a acogerse al texto de la constitución que obliga a colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la carta magna.

“El Tribunal Supremo de Justicia se ha constituido, son los principales actores que están derogando la constitución, y esto yo no lo voy a permitir”, indicó la fiscal al fustigar a los magistrados de la Corte a los que llamó “ilegítimos”, y agregó que “no toleran una auditoría”.

Ortega Díaz también criticó la actuación del gobierno y las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales y expresó que “el derecho a participar, el derecho a elegir, todos esos caminos están cerrados. Eso es terrorismo de estado”.

La exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León dijo a The Associated Press que con su fallo la Sala Constitucional del máximo tribunal convirtió al defensor del pueblo en un “fiscal alterno” que actuará según los “designios del régimen”.

“Esta sentencia es un golpe de Estado... Lo que se busca es destituir a la fiscal”, añadió.

La denuncia del complot y las acciones contra la fiscal general se dan en un contexto de creciente tensión generada por las protestas antigubernamentales que se han extendido por casi tres meses y que han dejado 75 muertos, 1.400 heridos y más de 500 detenidos.

 

FUENTE: AP

El cerco se va estrechando sobre el presidente de Brasil, Michel Temer, en medio de sus desesperados intentos por salvar el puesto. Horas después de que Temer, en un nuevo mensaje a la nación, reiterase que no piensa dimitir y reclamase al Tribunal Supremo que suspenda la investigación contra él por corrupción, el presidente recibía un nuevo mazazo. La Orden de Abogados de Brasil (OAB), la influyente organización que engloba a los letrados del país, anunciaba que la próxima semana presentará en el Congreso Nacional una petición de impeachment al ver claros indicios de delito en las actuaciones del presidente.

Será la decimotercera solicitud de apertura de juicio político a Temer sobre la mesa del Congreso, pero esta es la que encierra mayor valor simbólico y más carga de potencial desgaste. Si las otras 12 las han promovido diputados de la oposición, esta viene avalada por una organización profesional, sin vinculaciones partidistas. La OAB ya se sumó también, hace un año, al proceso que acabó con la destitución de la anterior presidenta, Dilma Roussef, y permitió el ascenso a la jefatura del Estado al entonces vicepresidente Temer. La Constitución brasileña permite que cualquier ciudadano o grupo social tramite ante el Congreso una solicitud para abrir un proceso al presidente. El Tribunal Supremo de Brasil decidió el pasado viernes aceptar la petición del fiscal general de la República de investigar a Temer por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal, a la vista de las acusaciones contra él de los propietarios del imperio cárnico JBS, que le implican en cobro de sobornos y en maniobras para frenar a los jueces.

Tras un largo debate de siete horas, la dirección de la OAB dictaminó por amplia mayoría que el presidente "en términos políticos ya no está en condiciones de permanecer en el cargo", según resumió ante la prensa su presidente, Claudio Lamachia. La organización de los abogados entinede que Temer ha atentado contra la Constitución y ha incumplido los deberes de un funcionario público, a la luz de la conversación que mantuvo el pasado 7 de marzo en su residencia oficial con el presidente de JBS, Joesley Batista.  En ese encuentro, grabado subrepticiamente por Batista, el empresario reveló al presidente que estaba siendo investigado por la justicia pero que tenía comprados a dos jueces y un fiscal. "Magnífico, magnífico", fue la respuesta de Temer, que asegura que no denunció los hechos porque Batista es un "fanfarrón" y no creyó sus palabras. "El presidente omitió su deber legal de actuar ante una práctica delictiva", destaca la OAB. "La aparente irregularidad de carácter criminal obligaría [al presidente} a una acción inmediata de comunicación a las autoridades competentes", afirma el texto aprobado por los abogados.

Para la OAB, hay indicios también de que el presidente actuó de manera incompatible con el cargo, contrariando la Constitución y la Ley, al encontrarse con el director de una empresa investigada por la Justicia en una reunión con "un protocolo no habitual": se celebró en la residencia oficial del presidente a las 10,40 de la noche y Batista entró directamente al garaje sin registrarse siquiera en en el control de entrada. El propio abogado del presidente, Gustavo Guedes, se presentó en la reunión de la OAB para intentar convencer a sus miembros de que aplazasen el pronunciamiento, pero sus intentos chocaron con la negativa general.

La tramitación de las solicitudes de impeachment depende ahora exclusivamente del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, hasta ahora un fiel aliado de Temer aunque no pertenece a su mismo partido. Frenar las deserciones entre el grupo de fuerzas políticas que apoya al Gobierno es la gran prioridad de Temer para salir del atolladero. De momento, ha dimitido un ministro y le han retirado su apoyo tres formaciones, la más importante, el Partido Socialista Brasileño (PSB), que tiene 35 diputados. 

El mayor peligro para Temer es la tentación de abandonar el Gobierno que se ha instalado en las filas de su principal aliado, el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB). Una de sus figuras con mayor autoridad moral, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, ya ha insinuado que la mejor salida es la renuncia de Temer. Organizaciones locales como la de Río de Janeiro y algunos parlamentarios han pedido publicamente la salida del Ejecutivo, una decisión que dejaría a Temer en una posición completamente insostenible. El PSDB iba a reunir este domingo a su dirección para tomar un acuerdo al respecto pero al final accedió a la solicitud del presidente de aplazar ese encuentro. Temer ha llamado a los líderes de las fuerzas que le apoyan a una cena en su residencia oficial en un intento de convencerles de que no le dejen en la estacada.

De momento, el mayor alivio para el presidente es que las protestas en la calle que se iniciaron esta semana al conocerse las acusaciones contra él no han sido masivas. Para este domingo había convocadas manifestaciones en varias ciudades y han tenido escaso eco.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

“Iniciamos el diálogo y encontramos coincidencias por el bien de nuestro país. Continuamos el viernes”, se limitó a decir Cartes en las redes sociales al finalizar sin avances significativos la primera reunión de un diálogo apoyado por el papa Francisco. El presidente del Congreso, el senador opositor Roberto Acevedo, abogó de su lado por que “a través de esta mesa podamos llegar a una solución”. “No queremos más violencia”, reclamó. “Es un buen primer paso. Evitar más derramamiento de sangre nos tiene que motivar a todos”, expresó por su parte el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, perteneciente al oficialismo colorado.

El país está sumido en una crisis política desde que una virulenta manifestación de opositores terminó entre el viernes y el sábado con una persona muerta por disparos de la policía, una treintena de heridos y graves daños al Congreso. Las partes resolvieron volver a reunirse el viernes, pero el Partido Liberal –principal grupo opositor– y los disidentes del Partido Colorado reiteraron en un escrito que no participarán en las negociaciones mientras el oficialismo no retire el proyecto de enmienda constitucional.

Ley en juego

Este proyecto busca eliminar la prohibición de la Constitución de 1992, que impide a presidentes y vicepresidentes ser reelegidos tanto en forma consecutiva como alternada. Acevedo dijo en conferencia de prensa que pidió a Cartes retirar el pedido para modificar la carta magna, ahora en poder de la Cámara de Diputados de mayoría oficialista.

“Si usted tiene motivaciones de paz y armonía, debe surgir de usted el anuncio de retirar el proyecto”, indicó el parlamentario. Los opositores consideran que este cambio en la Constitución solo puede hacerlo una asamblea constituyente y no el Congreso, como defienden los oficialistas.

Los cartistas cuentan con el apoyo del expresidente izquierdista Fernando Lugo, un ex obispo católico que gobernó entre 2008 y 2012 y fue destituido por un juicio político del Parlamento, que pretende presentarse de nuevo. La lucha por habilitar la reelección presidencial se aceleró de cara a las elecciones en abril de 2018.

“Licencia” para protestar

Aunque el origen de la crisis en Paraguay está centrado en el empeño en instaurar la reelección presidencial, el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, exigió como otra de las condiciones para asistir a la mesa de diálogo el castigo de los responsables de la muerte de Rodrigo Quintana, un activista de su partido de 25 años. El joven, un ingeniero agrónomo recién graduado, falleció por los disparos de escopeta de un policía antimotín dentro de las instalaciones del partido, grabado por cámaras de circuito cerrado. Alegre también pidió sanciones contra los policías que lo atacaron con balas de goma en la calle.

Los proyectiles, disparados a quemarropa, impactaron en la boca del diputado de su partido Edgar Acosta, quien lo acompañaba cuando se produjo una escaramuza con los uniformados el pasado viernes. Acosta fue trasladado de urgencia a Sao Paulo el martes cuando los médicos paraguayos no lograron extirparle tres balines incrustados en el rostro.

El papa Francisco pidió el domingo “soluciones políticas” para zanjar la crisis, mientras que un día antes Estados Unidos exhortó a una solución en base al respeto de la Constitución.

Como resultado de las crecientes protestas opositoras que alcanzaron esta semana a estudiantes secundarios y universitarios, y que llegaron a las casas de los legisladores que apoyan la enmienda, varios diputados oficialistas anunciaron que ya no votarán el proyecto. En algunos centros, los estudiantes declararon “licencia académica” para asistir a las manifestaciones. El parlamentario colorado José María Ibañez, disidente del oficialismo, advirtió en la Cámara de Diputados contra “la ‘venezuelización’ de la política paraguaya”, al tiempo que pidió el retiro del proyecto oficialista. “Está en nuestras manos devolver la tranquilidad al pueblo”, enfatizó.

 

FUENTE: Diario Co-Latino

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Martina Mántaras

Con 55 votos a favor, los diputados del Parlasur de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela manifestaron al Consejo del Mercado Común su recomendación al bloque regional en torno a la participación venezolana.

En ese sentido, el diputado venezolano Saúl Ortega dijo a la prensa que esta decisión del Parlamento del Mercosur (Parlasur) es “una decisión valiente”.

“Al decir que los parlamentarios gozan de pleno derecho se les está diciendo a los cancilleres que su decisión es ilegal e írrita”, expresó.

Añadió que desde su bancada, cercana al Gobierno venezolano, aspira a que este organismo “se tome muchas más atribuciones” con el objetivo de “enviar señales claras” a los pueblos sobre las decisiones que se tomen.

No obstante, Ortega manifestó su rechazo a la solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y de al menos 14 países de ese organismo para solicitar a Venezuela la realización de elecciones regionales.

“El señor Almagro está haciendo un papel de tonto útil de algunos intereses que quieren desestabilizar a la región. Creo que es un cachorro del imperio y va a fracasar y va a llevar a la OEA a una situación bien difícil de división”, aseveró.

El pasaporte

Durante esta sesión también se aprobó realizar un llamado al Gobierno de Venezuela para permitir la participación en las actividades del Parlasur y su libre circulación por la región de tres diputados de ese ente, afines a la oposición venezolana, a los que les fue retenido y anulado el pasaporte.

El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática venezolana Emilio Rondón valoró “el respaldo y los buenos oídos” de la comunidad internacional, al tiempo que denunció “el acoso” al que, a su juicio, han sufrido los políticos opositores al Gobierno de Nicolás Maduro.

“Con esto se pretende silenciar la voz libre e independiente de los parlamentarios en el mundo y no lo van a lograr (…). Agradecemos a la comunidad internacional la solidaridad que ha tenido hasta ahora porque hemos tenido el respaldo y los buenos oídos de la OEA y la ONU, Unasur”, aseguró.

En tanto, subrayó que los integrantes de este grupo parlamentario continuarán en “todos los foros organizados en el mundo” lo que sucede en Venezuela y la “necesidad de que se restablezca la democracia”.

 

FUENTE: Analítica

Marcelo alegó para su dimisión las presiones que Vieira Lima ejerció sobre él para que intercediera a fin de que un organismo cultural encargado de velar por el Patrimonio Histórico aprobara la construcción de un edificio de pisos de lujo en una zona protegida de Salvador de Bahía en el que el propio Vieira Lima había comprado un millonario apartamento. En un principio, Temer sostuvo a Vieira Lima a pesar de la tormenta mediática se abatió contra él.

Hoy, mediante una carta en la que asegura que “veo el sufrimiento de mis familiares y ese es el límite” ha resuelto dimitir. La renuncia, de cualquier forma, se produce horas después de que en Brasilia se expandiera el rumor de que Calero tiene grabaciones del propio Temer en las que el presidente aconseja al ex ministro de Cultura que interceda en la aprobación del edificio. De hacerse públicas estas grabaciones (en Brasilia es práctica normal en los últimos meses que altos cargos que desconfían unos de otros se graben ocultamente), la hecatombe política que caería sobre Temer —un presidente siempre impopular que lo fía todo a la superación de una crisis económica que nunca llega— sería impredecible.

De cualquier forma, Calero ya ha relatado ante la policía que el propio presidente Temer le presionó para que intercediera y “encontrara una solución” al asunto del piso. “Las cosas de la política son así”, asegura el ex ministro que le dijo el actual presidente.

 

FUENTE: El País

RELEVO Y EDICIÓN: Martina Mántaras

Rajoy, de 61 años, tiene también asegurada la resistencia de la tercera fuerza, la coalición Unidos Podemos, que ya se ha erigido como la oposición al gobierno conservador en vista de una crisis interna que desgarra a los socialistas. No será hasta el jueves cuando Rajoy desvele su nuevo gabinete, por lo que la prensa española especulaba este lunes con una "gran reestructuración", sobre todo ante la presión de altos cargos más jóvenes que piden un relevo. "Nos enteraremos media hora antes, como siempre", dijo un alto cargo del PP, ante el conocido hermetismo de Rajoy. Esa fuente apostó por la salida de los ministros en edad de jubilación, incluyendo al de Interior, Jorge Fernández Díaz, señalado por intentar incriminar a adversarios independentistas catalanes, y posiblemente los de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y Defensa, Pedro Morenés.

Entre los que se quedan estaría la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaria, o Fátima Báñez, ministra de Empleo, responsable de implantar una reforma laboral muy criticada por la izquierda porque abarató los despidos. Rajoy tiene tres vacantes que llenar: Industria, que dejó José Manuel Soria envuelto en el escándalo de los Papeles de Panamá; Sanidad, que ocupaba Ana Mato, investigada como beneficiaria de sobornos cobrados por su exmarido, y Fomento, donde estaba Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso de los Diputados.

El gabinete debe ponerse a trabajar para recuperar el tiempo perdido. La prioridad es el presupuesto del Estado para 2017, que debería incluir un recorte de 5.500 millones de euros para respetar el objetivo de reducción del déficit pactado con Bruselas, resistido por la oposición.

 

FUENTE: AFP

RELEVO Y EDICIÓN: Joel Hernán González

A menos de tres semanas de haber sido confirmado en el cargo tras la destitución en juicio político de la mandataria Dilma Rousseff, Temer llegó a Nueva York, donde fue recibido por protestas de brasileños, mientras en su país el juez Moro definía, ante la expectativa de sectores políticos, si rechaza o acepta la denuncia de los fiscales contra el ex presidente Lula.

"Fuera Temer" y "Golpe de Estado en Brasil" fueron las pancartas que portaban unos 30 manifestantes que esperaron al gobernante frente al Hotel Plaza Athenee, donde estará hospedado en la visita de tres días a Nueva York.

Temer estudia no hablar del juicio político contra Rousseff y la crisis política y sí reivindicar reformas económicas, según el anticipo de parte del contenido de su discurso publicada este lunes por la prensa local.

El de Temer será el primer discurso, ya que tradicionalmente Brasil abre las sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Será también su segunda exposición internacional como mandatario confirmado tras la caída de Rousseff, luego de su participación en el G-20 de China.

Según el Palacio del Planalto, hasta el momento Temer ha marcado un encuentro con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, único socio del Mercosur que criticó y condenó el juicio político que destituyó a Rousseff.

Otras reuniones están marcadas con el presidente de Perú, Paulo Kuczynski, y de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

El gobierno de Temer quiere tener participación relevante la reunión sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático, ratificado por su gestión.

En su primera reunión, este lunes en el ámbito del tema inmigración en la ONU, Temer causó polémica al afirmar que Brasil había dado refugio a más de 90.000 inmigrantes, una cifra que según la prensa brasileña y organismos de derechos humanos "está inflada".

Es que según el comité de refugiados, vinieron a Brasil 8.800 refugiados de Siria, Angola, Colombia, República Democrática del Congo y Palestina.

Temer contabilizó a 85.000 haitianos que llegaron tras el terremoto en Puerto Príncipe en 2010 pero no son refugiados ya que se trató de un desastre natural y según su ministro de Justicia "incluyó" a los ciudadanos caribeños.

"Incluir a los haitianos en esta historia muestra desconocimiento del tema de las autoridades", dijo Camila Asano, de la entidad de derechos humanos Conectas, en San Pablo.

La agenda de Temer en Nueva York incluye reunión con 20 CEOs de empresas de gran porte de Estados Unidos y un almuerzo con agentes del mercado financiero, incluidos representantes de las agencias de calificación de riesgo, que en 2015 le rebajaron la nota crediticia a Brasil, que transita por una recesión desde hace más de un año.

Pero en el plano interno toda las miradas apuntan hacia la ciudad de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con Misiones, porque en las próximas horas el juez Moro debe definir la situación del líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien lo recusó, sin éxito, por considerar que lleva adelante una persecución política en su contra.

Moro, quien conduce la investigación sobre la red de corrupción en torno a Petrobras, debe decidir sobre la denuncia de la fiscalía por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente, su esposa Marisa Leticia y otras seis personas.

Es un cuestión de las próximas horas, informó a Télam una fuente del juzgado federal número 13 de Curitiba, que indicó que el magistrado, de todos modos, no tiene plazos para expedirse sobre el reclamo de los fiscales federales de la Operación Lava Jato.

Moro puede aceptar la denuncia y convertir a Lula en procesado o rechazar la acusación, que fue muy cuestionada en ámbitos jurídicos e incluso entre los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), según reportó este lunes el diario Folha de Sao Paulo.

El fiscal federal Deltan Dallagnol llamó a Lula "comandante máximo" de la red de corrupción el miércoles pasado, pero no lo denunció por asociación ilícita sino por supuesta corrupción y lavado de dinero en torno a un apartamento en el balneario de Guarujá.

"Moro es juez y parte. Si llega a rechazar la denuncia, esto no quita el clima de persecución del cual es víctima Lula", dijo ante una consulta de Télam el abogado del ex presidente (2003-2010), Cristiano Martins.

Martins adelantó que el martes organizaciones de derechos humanos y de juristas realizarán un evento sobre "El Caso Lula" para la comunidad internacional en Nueva York, algo que puede coincidir con la decisión de Moro.

Lula ya denunció a Moro por abuso de poder -por haber allanado su casa y llevarlo a declarar por la fuerza, cuando no era ni testigo, el 4 de marzo- ante la comisión de derechos humanos de la ONU.

Según el letrado, Moro "tiene posición tomada, es juez y parte" y citó que recibió premios de la cadena Globo y de la revista Veja, "conocidos antagonistas de Lula", además de haber participado de eventos respaldando a Joao Doria, empresario candidato a alcalde de San Pablo el 2 de octubre por el ahora oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Otra acusación de los fiscales involucra a un acuerdo entre Lula y la empresa OAS, involucrada en sobornos en Petrobras, para guardar el archivo presidencial, seis containers que el ex mandatario estuvo obligado a llevarse y proteger una vez que dejó el cargo, en 2010, conforme a la ley brasileña sobre los ex jefes del Estado y los regalos que recibieron durante la gestión.

Los fiscales indican que esta transacción tiene vinculaciones con la red de corrupción en la petrolera y en la financiación de campañas políticas.

El fin de semana en Estados Unidos, donde participó de un seminario, Moro fue consultado por el portal de la revista Veja si podría pedir la detención de Lula pese a que los fiscales no lo habían solicitado. "Sin comentarios", respondió el magistrado.

Por otra parte, la ex presidenta Dilma Rousseff, tras haber sido destituida el 31 de agosto, participó de la propaganda electoral pidiendo votos para su candidatos en Porto Alegre y Río de Janeiro.

El miércoles estará en Río respaldando a la comunista Jandira Feghali, diputada que la defendió en el juicio político, en su primer acto público tras su destitución por parte del Senado.

FUENTE: Télam

RELEVO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri