A mediados de septiembre de este año la policía de Córdoba sufrió el descabezamiento de su cúpula tras conocerse una investigación del programa ADN del Canal 10 local que revelaba pruebas claras de la vinculación de miembros de la fuerza con el negocio del narcotráfico.

Por la causa de los narcopolicías en Córdoba -que venía siendo investigada desde antes- renunciaron el ministro de Seguridad Alejo Paredes y el jefe de la policía local Ramón Frías, y hay ocho efectivos detenidos e imputados, entre los que se encuentra el comisario mayor retirado Mario Nieto, quien hasta el año pasado se desempeñaba como jefe de Drogas Peligrosas.

Vínculos con el narcotráfico, como así también otras denuncias de corrupción que recaen sobre los jefes de la policía local, provocaron un efecto cascada hacia los oficiales de menor rango que decidieron acuartelarse.

Hasta la renuncia de Paredes, ex comisario general, Córdoba era la única provincia del país con un ministerio de Seguridad dirigido por un policía.

Pero en cuanto a los cuestionamientos a la policía cordobesa hay antecedentes aún más oscuros, que ubican a la fuerza como una de las más retrogradas.

Sin ir más lejos, existen denuncias que vinculan Paredes con los oscuros jefes de la D2 (Dirección de Inteligencia Provincial), acusada de asesinatos durante la última dictadura militar.

A diferencia de otras policías, la de Córdoba no fue depurada en forma inmediata después de la última dictadura militar y el grupo que conducía la fuerza continuó tras el retorno de la democracia.

A eso se suma que la policía de Córdoba está muy vinculada a la DEA (agencia del Departamento de Justicia dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas), y, por ende, al tráfico de drogas.

Estos vínculos con el narcotráfico, como así también otras denuncias de corrupción que recaen sobre los jefes de la policía local, provocaron un efecto cascada hacia los oficiales de menor rango que decidieron acuartelarse.

Consultados ayer por Télam, policías de calle que había participado del acuartelamiento, además de reclamar porque ganaban poco, señalaron que "los jefes hacen cualquier cosa".

La otra grave problemática que salpica a la policía provincial es la aplicación del Código de Faltas, una ley provincial que permite castigar conductas que son un derecho como el merodeo y participar de reuniones multitudinarias, y mediante el cual el comisario pasa a ser el juez de faltas.

Por eso es común ver en Córdoba a la policía deteniendo arbitrariamente a gente en la calle y llevándosela a las comisarías; más de 70.000 personas son detenidas por año en la provincia por contravenciones al código de falta, lo que equivale a más de 100 personas por día.

El rechazo de la sociedad al Código de Faltas se ve reflejado todos los años con la multitudinaria Marcha de la Gorras, que tiene como principales impulsores a los jóvenes y a familiares de víctimas de la represión del Estado, además de organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, culturales y estudiantiles.

Asimismo, el Código también es considerado inconstitucional porque no se le garantiza al detenido la asistencia de un abogado ni la presencia de un juez.

El rechazo de la sociedad al Código de Faltas se ve reflejado todos los años con la multitudinaria Marcha de la Gorras, que tiene como principales impulsores a los jóvenes y a familiares de víctimas de la represión del Estado, además de organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, culturales y estudiantiles.

Sin ir más lejos este accionar de la policía de Córdoba quedó reflejado ayer mismo cuando una vez finalizado el acuartelamiento, la fuerza volvió a las calles y realizó llamativos e impactantes operativos en distintos puntos de la ciudad donde detuvo a varias personas.

Los jefes de la fuerza explicaron que los operativos tenían como objetivo contrarrestar la intranquilidad por los saqueos y que todo vuelva a la normalidad.

Según pudo observar Télam en una recorrida en algunos casos se secuestraron supuestos elementos para robar comercios, además de droga, mientras que en otros sólo se demoró y detuvo a trabajadores que intentaban retomar sus tareas luego de una jornada donde la ciudad se paralizó por los graves episodios en que derivó el acuartelamiento policial.

Por estas horas la ciudad ha vuelto a funcionar con normalidad, aunque todavía está latente el temor tras el conflicto salarial y político que tiene como protagonistas a la policía y al gobernador José Manuel de la Sota.
 

FUENTE: Télam