Claudio Grossman, presidente del Comité de Naciones Unidas (ONU),se refirió a varios crímenes contemplados en la legislación de la Santa Sede, especialmente en relación a la tortura.
El comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y la Santa Sede volvieron a enfrentarse hoy en Ginebra por los casos de pedofilia cometidos por sacerdotes católicos, durante el examen del informe vaticano de parte de la comisión ginebrina.
El Comité pidió a la delegación de la Santa Sede que proporcione informaciones sobre diversos casos de abusos sexuales en la Iglesia, indicados por organizaciones no gubernamentales de diversos países, pero también que se exprese sobre la prohibición absoluta del aborto, que en casos de víctimas de violencia sexual -afirmó- puede causar sufrimientos suplementarios.
El tema -al que la Santa Sede no hace referencia alguna en su informe de 25 páginas- fue planteado por los expertos independientes del Comité, que formularon preguntas sobre diversos casos, las investigaciones en curso y medidas de prevención.
También se discutió sobre la interpretación del campo de aplicación del Tratado, que la Santa Sede quiere limitar a la sola Ciudad del Vaticano, una postura rechazada por el Comité.
Aunque suelen usarse en forma indistinta, en realidad la Ciudad del Vaticano es territorio que alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica, que tiene su propia personería jurídica como sujeto de derecho internacional.
Para la Santa Sede, la Convención contra la Tortura es un "instrumento válido y adecuado para combatir actos que constituyen una grave ofensa a la dignidad del ser humano", comenzó el jefe de la delegación vaticana, monseñor Silvano Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, frente al comité reunido en sesión.
Citando la declaración interpretativa proporcionada en el momento de la adhesión del Vaticano al Tratado, en 2002, Tomasi afirmó que la Convención se aplica al Estado de la Ciudad del Vaticano -que no posee una prisión sino sólo dos celdas de detención- y que la Santa Sede "no tiene jurisdicción" sobre "cada miembro de la Iglesia Católica".
"La tendencia indica que medidas implementadas desde hace una decena de años por la Santa Sede y las Iglesias locales comienzan a dar resultados positivos", dijo Tomasi ante el Comité.
La relatora del Comité de la ONU, la jurista estadounidense Felice Gaer, cuestionó esa postura: el Estado de la Ciudad del Vaticano "es una subdivisión de la Santa Sede, como el cantón de Ginebra es una subdivisión de Suiza" y para el Comité es importante que los miembros del clero no gocen de inmunidad en los países donde ejercen sólo por ser miembros del clero.
Por lo tanto el Comité pidió a la delegación de la Santa Sede que proporcione informaciones sobre diversos casos de abusos sexuales en la Iglesia, indicados por organizaciones no gubernamentales de diversos países, pero también que se exprese sobre la prohibición absoluta del aborto, que en casos de víctimas de violencia sexual -afirmó- puede causar sufrimientos suplementarios.
"La tendencia indica que medidas implementadas desde hace una decena de años por la Santa Sede y las Iglesias locales comienzan a dar resultados positivos", dijo Tomasi ante el Comité.
"El problema de la pedofilia es un problema enorme en el mundo", agregó, afirmando que "según las estadísticas de la ONU, se trata de millones de casos, sobre todo en el seno de las familias (...). La Iglesia debe limpiar delante de su puerta y lo hace desde hace diez años".
Finalmente, el Comité recibió favorablemente la reciente modificación de la ley penal del Estado de la Ciudad del Vaticano con la cual el papa Francisco introdujo específicamente el delito de tortura.
El examen del informe de la Santa Sede seguirá mañana, mientras las conclusiones finales son esperadas para el 23 de mayo.
Se trata del primer informe de la Santa Sede frente al Comité de la ONU contra la tortura, pero no del primer examen frente a la ONU. En enero, había sido el Comité de la ONU para los Derechos del Niño el que examinó a la Santa Sede. En sus conclusiones finales, extremadamente críticas, había denunciado los numerosos casos de curas pedófilos y la cobertura de parte de sus superiores, y entre otras cosas había acusado a la Santa Sede de haber puesto la reputación de la Iglesia por encima del interés superior del niño.
El Comité contra la Tortura examina los informes de los 155 países adherentes a la Convención de 1984 contra la tortura y otros tratos penas crueles, inhumanas o degradantes.
FUENTE: ANSA
