A la salida del Centro Memorial de Potocari, donde se celebró el acto, el primer ministro de Serbia, Aleksandar Vucic, fue despedido entre silbidos de desaprobación por algunos de los presentes que lanzaron diferentes objetos, como piedras y botellas, contra el primero ministro.

El dirigente serbio fue alcanzado por una piedra en la cabeza. Según informaron medios locales, una persona habría sido detenida por las agresiones. Es la primera vez que se produce un incidente violento desde que comenzó a conmemorarse oficialmente la matanza de Srebrenica, en 2003.

"Lamento lo que ha ocurrido, que algunos no hayan reconocido mi sincera intención de que edifiquemos la amistad"

"Lamento lo que ha ocurrido, que algunos no hayan reconocido mi sincera intención de que edifiquemos la amistad" de los serbios y los bosniomusulmanes, dijo Vucic en declaraciones emitidas por la televisión a su regreso a Belgrado. "Mi mano queda tendida hacia el pueblo bosniomusulmán y seguiré con esa política, siempre estaré dispuesto a hablar sobre cómo superar los problemas", subrayó.

POR PRIMERA VEZ

Vucic es el primer jefe de Gobierno serbio que acude a una conmemoración en Srebrenica. Si bien no es la primera vez que Serbia reconoce el crimen o pide perdón, insiste en negar que lo ocurrido fuera un genocidio. La matanza de más de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica a manos de las fuerzas serbobosnias es considerada el mayor crimen cometido en Europa después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Este sábado (11.07.2015) más de 50.000 personas, incluidos altos representantes de unos 90 países y organizaciones internacionales, asisten al acto de conmemoración en el Centro Memorial de Potocari, en las proximidades de Srebrenica.

Serbia reconoce el crimen o pide perdón

Antes de llegar al enclave bosnio, el primer ministro serbio, Aleksandar Vucic, condenó lo que denominó el "monstruoso crimen" de Srebrenica. "No hay palabras con las que uno puede expresar el lamento y la tristeza por las víctimas, ni la rabia y amargura hacia quienes cometieron ese monstruoso crimen", dijo Vucic en un comunicado. "Serbia condena con claridad y sin ambigüedades ese horroroso crimen, se indigna de quienes participaron en él y seguirá llevándolos a la justicia", agregó.

LLAMAR AL MAL POR SU NOMBRE

El representante de Estados Unidos es Bill Clinton, quien era el presidente de la primera potencia mundial en el momento de la matanza, ocurrida pocos meses antes del fin de la guerra bosnia, que de 1992 a 1995 enfrentó a bosnios musulmanes, serbios y croatas.

El presidente de EE. UU., Barack Obama, pidió "llamar por su nombre" al "genocidio" de Srebrenica y asegurarse de que los responsables de la matanza rindan cuentas. En un comunicado publicado dos días después de que Rusia vetara una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que describía la masacre como genocidio, Obama insistió en la importancia de reconocer "por completo el pasado". "Y solo llamando al mal por su nombre podemos encontrar la fuerza para superarlo", afirmó.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Esteban Agustín Covelli

FUENTE: DW

Hace un siglo, el Imperio Otomano, con casi 700 años, poseía ya su estructura institucional y política completamente desgastada. Hacia 1914 el califato entraba en una crisis de la que no podría salir, por lo que se apodaba al Imperio como un “viejo enfermo”. Para los inicios de la Primera Guerra Mundial, el predecesor de Turquía pertenecía, junto a Italia, Alemania y Austro-Hungría, a la Triple Alianza. La elección de esta fuerza la habría hecho en contraposición al Imperio Ruso, su gran amenaza.

Un siglo después, el pueblo armenio continúa sin encontrar la paz con sus vecinos debido a que el Estado turco no reconoce que se hubiera llevado a cabo tal persecución sistemática.

En este contexto, dentro de la política otomana estaba tomando fuerza una corriente modernizadora, conocida como los Jóvenes Turcos, que integraba el Comité de Unión y Progreso. Estos buscaban la sanción de su Estado, y la concreción de un Estado Pan-islámico. Este objetivo buscaba la comunión de todas las etnias turcas y expulsión de las ajenas.

Frente a este panorama, entre 1915 y 1918, el pueblo Armenio fue sometido a persecuciones, deportaciones, expropiaciones, secuestros y masacres por parte de la misma administración del gobierno del imperio otomano (liderado en aquel momento por los jóvenes turcos). Se estima que aproximadamente un millón y medio de armenios perdieron la vida bajo estas condiciones y cientos de miles fueron desplazados y obligados a vivir en condiciones precarias de refugiados en las periferias.

Un siglo después, el pueblo armenio continúa sin encontrar la paz con sus vecinos debido a que el Estado turco no reconoce que se hubiera llevado a cabo tal persecución sistemática.

Actualmente, más de una veintena de países reconocen y apoyan al Estado Armenio en sus reclamos. Entre estos, pueden destacarse a Alemania, Argentina, Rusia, Venezuela y el Vaticano. El mismo Papa, a pocos días de celebrarse el centenario, recordó tristemente el hecho definiéndolo como el “primer genocidio del siglo XX”. Este hecho creó un terremoto diplomático entre las partes y una fuerte condena por parte de Ankara por estas declaraciones. A pesar del creciente reconocimiento internacional que han logrado los armenios, Turquía permanece intransigente. Se puede pensar que por cada nuevo reconocimiento que logra Ereván, capital armenia, la diplomacia turca emprende una contraofensiva, no sólo contra sus vecinos, sino contra aquel que reconoce el genocidio.

El Estado turco se ha negado sistemáticamente a tratar el tema por ya casi un siglo pero, en los últimos años, se puede observar que hubo cierta flexibilización al hablar sobre el tema.

El Estado turco se ha negado sistemáticamente a tratar el tema por ya casi un siglo pero, en los últimos años, se puede observar que hubo cierta flexibilización al hablar sobre el tema. Por un lado, se reconoció la existencia de las matanzas. Por otro lado, el detalle de este reconocimiento es que los describieron como parte de la Gran Guerra y como parte de una guerra inter-etnias que tuvo lugar en la época, y no como una persecución sistemática llevada a cabo por el mismo Estado.

Ahora, si ha pasado tanto tiempo y la misma persona jurídica no existe más (paso de Imperio Otomano a la República de Turquía) ¿por qué no sentarse a hablar juntos sobre este tema? Se puede pensar que la presión que puede recibir un Estado para reconocer que ha llevado a cabo un genocidio conllevaría a una condena internacional para con éste, sin pensar de las posibles repercusiones económicas que pueda afrontar, ya sea por las posibles reparaciones que le puedan demandar o por los posibles convenios económicos y comerciales que se pudieran derribar por ser una “paria internacional”.

Lo que realmente se puede enunciar es que sin reconocimiento no habrá perdón ni entendimiento. Hoy en dia tal escollo evita que se puedan relacionar amistosamente, desaprovechando posibles fructíferas relaciones tanto bilaterales como multilaterales, al tener intereses comunes por “vivir en el mismo barrio”.

(*) Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNR

Se estima que hasta 1,5 millones de armenios murieron en fusilamientos o deportaciones forzadas que comenzaron en 1915 ante los temores de la oficialidad otomana de que los armenios, que son cristianos, se aliaran, como muchos lo hicieron, con la Rusia zarista, enemiga del Imperio Otomano en el conflicto.

Ni los serbios ni los croatas cometieron un genocidio en el conflicto que mantuvieron entre ellos entre 1991 y 1995, juzgó este martes la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que invitó a ambos países a trabajar por la estabilidad en los Balcanes.

"El genocidio presupone la intención de destruir un grupo, al menos en parte", explicó el presidente de la CIJ, Peter Tomka, en una audiencia pública en La Haya, donde tiene su sede esta corte de la ONU.

"El genocidio presupone la intención de destruir un grupo, al menos en parte"

Sin embargo, sostuvo, si bien las dos partes cometieron crímenes, no lo hicieron con el objetivo de destruir al otro grupo étnico, sino con el objetivo de "desplazarlo por la fuerza".

Tomka recordó algunos de los episodios más negros de la guerra de Croacia, como el sitio de Vukovar, en el que murieron 1.600 personas, entre ellas 1.100 civiles, cuando los serbios tomaron la ciudad.

La proclamación de independencia de Croacia respecto a Yugoslavia, en 1991, desencadenó una guerra entre las fuerzas croatas y los secesionistas serbios, apoyados por Belgrado.

El conflicto serbo-croata, uno de los muchos que sacudieron los Balcanes en los años 1990, dejó unos 20.000 muertos.

La proclamación de independencia de Croacia respecto a Yugoslavia, en 1991, desencadenó una guerra entre las fuerzas croatas y los secesionistas serbios, apoyados por Belgrado.

En 1999, Zagreb llevó a Belgrado ante la CIJ, acusando a las fuerzas serbias de haber cometido "una forma de genocidio que se tradujo en el desplazamiento, el asesinato, la tortura o la detención ilegal de un gran número de croatas".

Zagreb pidió a la CIJ que ordenara a Belgrado el pago de "indemnizaciones financieras" por el costo humano y material del conflicto.

Serbia replicó en 2010 con una denuncia, acusando a Zagreb de genocidio por la ofensiva croata que puso fin a la guerra en 1995 y que, según argumentó, obligó a 200.000 serbios a huir de sus casas.

Serbia pedía igualmente indemnizaciones para los serbios de Croacia, y exigía que Zagreb dejara de celebrar como día festivo el 5 de agosto, aniversario del triunfo de la "Operación Tormenta".

CROACIA NO ESTÁ CONTENTA

Tras conocer la decisión, el primer ministro croata, Zoran Milanovic, manifestó su descontento.

"No estamos contentos con la decisión de la Corte, pero la aceptamos de forma civilizada Tenemos que aceptar la decisión, (...) es definitiva y no hay posibilidad de apelar", declaró Milanovic a la prensa.

Las autoridades serbias y croatas, que han mejorado sus relaciones últimamente, aseguraron antes del veredicto que lo acatarían.

"La Corte anima a las partes a mantener su cooperación, con vistas a ofrecer a las víctimas de semejantes agresiones las reparaciones apropiadas, y consolidar así la paz y la estabilidad en la región", dijo Tomka.

Antes del veredicto, el ministro serbio de Relaciones Exteriores, Ivica Dacic, dijo el domingo desde Belgrado que "se trata tal vez de uno de los acontecimientos más importantes en nuestras relaciones bilaterales con Croacia".

"Tal vez tengamos la ocasión de dejar el pasado atrás y mirar al futuro", añadió Dacic.

Los jueces llamaron a los dos países a asumir sus responsabilidades respecto a las víctimas de la guerra.

"La Corte anima a las partes a mantener su cooperación, con vistas a ofrecer a las víctimas de semejantes agresiones las reparaciones apropiadas, y consolidar así la paz y la estabilidad en la región", dijo Tomka.

Desde su creación en 1946, la CIJ sólo ha reconocido un caso de genocidio, el crimen más grave en el derecho penal internacional.

En 2007, la Corte estableció que hubo un genocidio en 1995 en Srebrenica, en la vecina Bosnia, donde las fuerzas serbias asesinaron a casi 8.000 varones musulmanes, a los que luego enterraron en fosas comunes.

FUENTE: La Tercera

Cisjordania ha estallado en el decimoctavo día de ofensiva israelí contra Gaza. Y también ha pagado la represión israelí. Al menos cuatro personas han muerto en las marchas multitudinarias celebradas contra el "genocidio en Gaza" en diferentes localidades. Pero la indignación por la guerra en la Franja se ha extendido a otros países árabes y musulmanes que, por primera vez desde que empezó la operación Margen Protector, se han manifestado en las calles.

Convocados a través de las redes sociales y la red de mezquitas, y en una noche especial en el calendario musulmán -la llamada noche del destino, en la que El Corán fue revelado- decenas de miles de palestinos se han manifestado en Cisjordania, movidos por la indignación ante la guerra en Gaza, en la que han muerto ya más de 800 personas, la mayoría civiles.

Según fuentes de seguridad palestinas, tres personas han muerto por disparos del Ejército israelí y otra más atacada por un colono cerca de Nablus y Hebrón.

CONTROLES EN LA EXPLANADA DE LAS MEZQUITAS

Según las fuentes palestinas, los incidentes en Nablus se produjeron tras una manifestación cuando los fieles musulmanes lanzaron piedras a los colonos que viajaban en coche. Ellos respondieron abriendo fuego, matando a un hombre de 18 años. El Ejército israelí llegó después y también tiroteó a otro hombre de 22 años. El Ejército israelí se ha limitado a confimar que los "colonos" habían participado en la violencia.

En otro incidente, dos palestinos de 30 y 46 años han fallecido por disparos de soldados israelíes, en la aldea de Beit Ummar, muy cerca de Hebrón.

Además, según fuentes oficiales, dos personas murieron antes de la medianoche en el puesto de control de Qalandia, en Ramala, donde se han celebrado las manifestaciones más multitudinarias en años.

Los congregados han exigido el fin de lo que consideran "el genocidio de los palestinos de Gaza", el levantamiento del bloqueo económico y el asedio militar israelí a la Franja y la apertura del paso fronterizo de Rafah, única puerta de salida de Gaza al mundo. La Policía israelí prevé tensión en Jerusalén al término de los rezos de este viernes, el último de Ramadán.

Las fuerzas de seguridad israelíes han limitado el acceso a la Explanada de las Mezquitas de la ciudad vieja de Jerusalén a los varones menores de 50 años, y varias unidades tratarán de evitar choques como los ocurridos a última hora de la noche del jueves. El portavoz de la Policía israelí Miki Rosenfeld ha apuntado a Efe que unidades desplegadas en varios barrios de mayoría palestina de la ciudad trataron de dispersar anoche a los manifestantes, algunos de ellos violentos, y las protestas acabaron con 40 detenidos.

DÍA DE JERUSALÉN EN IRÁN Y BARÉIN

Y las protestas contra la operación militar israelí se han extendido por primera vez a otros países árabes y musulmanes. Irak, Afganistán, Irán, Baréin e incluso Tailandia.

En Teherán, cientos de miles de iraníes han tomado las calles de la capital y otras ciudades de Irán para conmemorar el Día de Al Quds (Jerusalén) en una muestra de apoyo al pueblo palestino y de condena a lo que consideran una "masacre" perpetrada por Israel en Gaza.
"¡Muerte a Israel!" y "¡Muerte a América!", han sido algunos de los gritos más escuchados en una marcha pacífica que comenzó a primera hora de la mañana en las calles de Engelab y Keshabars, y que se ha dirigido hacia la Universidad de Teherán, donde se finalizó con la celebración del principal sermón del mediodía del viernes.

Los manifestantes portaban pancartas con eslóganes como "Palestina es una parte inseparable del mundo islámico", "Dejad de matar a los niños de Gaza", "Dios maldiga al pueblo de los despiadados", o "66 años de Genocidio", en referencia a la edad del Estado de Israel.
En Baréin, las marchas en apoyo a los palestinos se han saldado en choques con la policía. En algunos casos los manifestantes llevaron a cabo sentadas pacíficas, en medio de un gran despliegue policial, pero en otras fueron quemadas banderas de Israel y de EE.UU.

EL LÍDER DE HEZBULÁ FELICITA A LOS MILICIANOS DE HAMÁS

Y, en Líbano, el líder del movimiento chií Hezbulá ha hecho una inusual aparición en público para condenar los bombardeos israelíes.
Hasan Nasralá se han presentado ante de cientos de sus partidarios para celebrar el Día de Jerusalén, en el sur de Beirut, pese a que rara vez se presenta en persona en este tipo de concentraciones por motivos de seguridad, y suele dar sus discursos por videoconferencia.

Durante su alocución, ha condenado la actual ofensiva israelí en Gaza y ha felicitado a los combatientes de Hamás, así como a los propios de Hizbulá que se enfrentaron a Israel en 2006.

En 18 días de operación militar en la Franja de Gaza, más de 800 personas han muerto, la mayoría civiles, y 5.237 han resultado heridas

FUENTE: RTVE

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Priscila Pretzel
 

Siguiendo el guión marcado por un cambio legislativo, el pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por Fernando Grande-Marlaska, decidió este lunes que el juez Ismael Moreno no continuará con el caso que investiga las denuncias por genocidio de China en el Tíbet. Este caso amenazó las relaciones diplomáticas entre España y China e incitó al PP a impulsar, el pasado febrero, la reforma de la ley de Justicia Universal. Los cambios, realizados a toda prisa, restringieron la capacidad de los jueces en la investigación de delitos fuera de las fronteras españolas y provocaron, de rebote, la excarcelación de más de medio centenar de supuestos narcotraficantes.

Finalmente, el pleno se ha pronunciado por un estrecho margen de nueve votos contra siete para dictar el sobreseimiento de la causa que se seguía contra dos expresidentes y otros seis exaltos cargos del gobierno chino. Los magistrados entienden que España no tiene jurisdicción porque los ocho acusados no son españoles, ni residen habitualmente en España, ni son extranjeros cuya extradición haya sido denegada por parte de las autoridades españolas. Estos tres serían los requisitos por los que, de acuerdo con la nueva ley, se podría mantener la competencia de la Audiencia Nacional en esta materia.
más información

“España ha decidido cambiar los derechos humanos por dinero” China amenaza a España por la orden de detención de Jiang Zemin
Ningún grupo apoyará al PP en la eliminación de la justicia universal Presión internacional contra la reforma de la jurisdicción universal
“El 20% de los tibetanos han sido masacrados”

La reforma exprés del PP que ahora es aplicada por la Audiencia Nacional pretendía evitar un conflicto con China, que tras la orden de detención emitida contra el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng no disimuló su protesta. Esa orden propició el pasado 12 de febrero una cascada de reacciones. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying, la tachó entonces de una “decisión errónea” y deslizó que esperaba que España pudiese gestionar el asunto “de forma apropiada”. “China está muy molesta y se opone firmemente a las acciones erróneas adoptadas por las instancias españolas, haciendo caso omiso de la posición de China”. El aviso del gigante asiático bastó para que el PP impulsase modificaciones legislativas en la jurisdicción universal que han arrastrado otros procedimientos en curso en la Audiencia Nacional.

La causa arrancó en junio de 2006 con una denuncia del director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, Thubten Wangchen. Su primera declaración ante la Audiencia Nacional fue para él “un día histórico” porque, por primera vez, un tibetano podía contar a un juez el horror sufrido por miles de personas. Nacionalizado español en 1996, Wangchen relató al juez cómo en 1987, tras regresar a Tíbet como guía turístico de empresarios españoles, fue detenido y amenazado de muerte por llevar una fotografía del Dalai Lama. “En 1959, cuando los chinos invadieron mi país, yo tenía cuatro años. Mataron a mi mamá y tuve que cruzar el Himalaya para instalarme en Nepal” contó el pasado febrero a este periódico recordando el inicio de su lucha en los tribunales españoles. Explicó que más allá de la imagen de la espiritualidad de los lamas, la Administración china del territorio ocupado en 1950 ha supuesto una verdadera persecución étnica que ha aplastado los derechos fundamentales: “No hay libertad de expresión, ni de educación, ni de religión”, aseguraba Wangchen.

Su caso será ahora archivado al igual que otros de características similares. Porque la Audiencia acordó el sobreseimiento de la querella abierta al grupo Falun Gong. En esta causa, 15 ciudadanos chinos demandaron a las autoridades de su país por genocidio por las atrocidades practicadas contra el movimiento espiritual de ese nombre. El marido de una de las denunciantes murió en campos de trabajo y reeducación para seguidores de este movimiento. Al no tratarse de ciudadanos españoles el proceso correrá la misma suerte que el del Tíbet.

El pleno también ha acordado confirmar la falta de jurisdicción de España para investigar a ocho marineros egipcios que fueron detenidos el 6 de marzo en un buque sin bandera que navegaba en aguas internacionales y que transportaba 9,8 toneladas de hachís. Esos supuestos narcotraficantes fueron puestos en libertad cuando entró en vigor la modificación legislativa.

La sala, sin embargo, acordó seguir con el caso del asesinato del ciudadano español Baby Hamday Buyema, que resultó muerto en el asalto en octubre de 2010 al “campamento de la dignidad” establecido en el Sáhara, cerca de el Aaiún. El hermano del fallecido presentó una querella por genocidio y lesa humanidad contra varios ministros de Marruecos y altos cargos policiales de ese país y ahora la sala se declara competente al entender que España sigue siendo una potencia “administradora de derecho” sobre el territorio del Sahara, conforme a las normas de Naciones Unidas.

La reforma de la jurisdicción internacional ha provocado una ola de indignación entre los jueces españoles.

FUENTE: El Pais
 

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”.

Albert Camus(1913-1960)

“Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión[1]” fueron algunas de las palabras de defensa del Dictador Guatemalteco José Efraín Ríos Montt, frente al Tribunal A de Mayor Riesgo, momentos antes de que se pronunciara la sentencia de condena con una pena de 50 años de cárcel por delitos de genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad para completar la suma de 80. La decisión aplaudida y largamente esperada sin embargo lejos está de ser efectivamente aplicada.

RIOS MONTT,  FIGURA CÉLEBRE

Luego del derrocamiento del general Fernando Lucas García, José Efraín Ríos Montt asume la presidencia de facto de Guatemala, a partir de ese momento, en un corto periodo de un año y tras la instauración de un “triunvirato militar”, inicia una campaña de exterminio que hará sentir su vigor con especial ahínco en las comunidades indígenas mayas en el Quiché (norte de Guatemala), arrojando más  de 1772 víctimas, en las operaciones Victoria 82, Sofía, Ixil y Operación Firmeza 83 entre otras[2]. Cobijando además amplios segmentos de población rural particularmente personas en situación de vulnerabilidad: niños, ancianos y mujeres catalogados como guerrilleros y subversivos por el régimen, siguiendo la posición anticomunista y los derroteros de seguridad nacional de la política de contención americana[3] asumidos en el hemisferio, campaña que perduraría más allá del efectivo gobierno de Rios Montt, quien fue destituido en agosto de 1983 por Óscar Mejía Vítores. Este último sancionaría, tres años después, la ley de amnistía general que exculpó a todos los vinculados en delitos perpetrados en el período de dictadura, norma que tuvo diez años de vigencia pues en 1997 se deroga con el Decreto 133-97.

INICIO DE SIGLO… INICIO DE JUICIO

El año 2000 marcaría el inicio de un capítulo procesal que hasta ahora no encuentra su fin. La iniciativa de construcción de memoria histórica del período de gobierno de Ríos Montt así como de los momentos previos y posteriores a su ejercicio presidencial aún no concluye. La presentación del volumen Guatemala: Nunca Másiniciado por el asesinado Obispo José Gerardi, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Archidiócesis de Guatemala y el documento Guatemala Memoria Del Silencio Tz'inil Na'tab'al de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, han permitido armar un rompecabezas de más de dos décadas de la historia guatemalteca, facilitando además sustentar los cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y guerra ahora endilgados a Ríos Montt y otros oficiales militares del período.

Con los documentos en mano, el auspicio de varias organizaciones de derecho guatemaltecas incluidas la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability -o Centro por la Justicia y la Responsabilidad- y bajo la invocación del principio de Justicia Universal, entendida como la posibilidad de un Estado de ejercer su poder punitivo extraterritorialmente es decir independientemente del lugar en el que fueron cometidos, por la gravedad del delito o su especial significancia internacional,  se procede a efectuar denuncia ante el tribunal Nacional de España contra varios militares, entre ellos Lucas García, Aníbal Guevara y Ríos Montt incluyendo a otros tres civiles. El tribunal profirió orden de captura internacional pero ninguno de los acusados se presentó al juicio.

Ya en Guatemala y luego del retiro de la investidura de diputado del ex dictador en 14 de enero de 2012 se presenta Ríos ante el Tribunal A de Mayor Riesgo junto con los militares de alto rango Pedro García Arredondo y Rodríguez Sánchez  bajo la acusación de cometer crímenes contra la humanidad y genocidio por la masacre de Ixiles que luego se sumarán a acusaciones de traslado forzoso de más de veinticinco mil personas y otros delitos de lesa humanidad perpetrados durante la Masacre de las Dos Erres.

Luego de la declaratoria de inaplicación de la figura de amnistía por uno de los magistrados de conocimiento en sede de apelación, se  procede a  la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena principal de 50 años de prisión inconmutable por el delito de genocidio y 30 años por crímenes contra los deberes de humanidad. No obstante, la Corte de Constitucionalidad Guatemalteca ordenó retrotraer el proceso al momento en el que se encontraba el 19 de abril de 2013, período anterior al proveimiento del fallo condenatorio del 10 de mayo, sentencia de anulación ratificada recientemente con un nuevo fallo de ese mismo órgano judicial en la que se abre la posibilidad de aplicar la figura de amnistía para el ex dictador, con base en el Decreto Presidencial 8 de 1986 que concede la prerrogativa a todos los perpetradores de delitos comunes políticos y conexos durante y después de la dictadura es decir, desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 14 de enero de 1986.

La sentencia de constitucionalidad se apoya en la tesis de insuficiencia de argumentación del juez de conocimiento que resolvió la apelación a la hora de dictar sentencia, endilgando confusión conceptual entre las figuras de indulto y amnistía, declarando violaciones al debido proceso y ordenando a proferir nuevo fallo donde se precisa porque razón no aplica la figura de extinción de persecución penal en el caso Ríos[4].

Sin embargo, la sentencia de apelación contiene en sus salvamentos de voto los argumentos fundamentales de la atribución de responsabilidad para el ex dictador. La precisión de la imposibilidad de aplicar auto amnistías para los Estados por constituir Vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica[5] y de instrumentos internacionales como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948,  hacen evidentes los perjuicios de la utilización de la institucionalidad y la constitución como norma aislada, en suma como herramienta de protección de los victimarios por encima de los derechos ala dignidad, la vida la integridad y la posibilidad de justicia y reparación, en suma el derecho como instrumento conveniente del silencio y la impunidad.

(*) Abogada e investigadora independiente de la  Universidad La Gran Colombia. Bogotá. Con especialización en Derecho Constitucional Universidad de Nuestra Señora del Rosario, Colombia. Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Universidad Rey Juan Carlos Madrid. España  domicilio Bogotá Colombia. Correo electrónico: andreanar1900@hotmail.com, elpendulocrítico.blogspot.com.

BIBLIOGRAFÍA

Calvocoressi, Peter. Historia Política del Mundo contemporáneo. Ediciones AKAL,Madrid España pág. 31.

Comision para el Esclarecimiento Historico. Guatemala Memoria Del Silencio Tz'inil Na'tab'al.  Guatemala. Primera edición, junio de 1999.

Corte de constitucionalidad República de Guatemala Expediente 1523-2013 y 1543-2013 (22 de Octubre de 2013) y Votos Razonados

Declaración Americana de derechos Humanos. Especialmente Artículos 1.1, 2,8 y 25. San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969. Disponible en http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

Declaración Efraín Rios Ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. Jueves 9 de mayo de 2013.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condenó el fallo emitido el lunes por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que anula la condena al dictador guatemalteco, Ríos Montt, a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de guerra. La CIJ consideró que esta medida constituye un retroceso en la búsqueda de la justicia en Guatemala.

"El fallo es contrario a derecho y contradice también la obligación del Estado de Guatemala de juzgar y castigar a los responsables de los crímenes graves", criticó el director de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena, al referirse al veredicto legal.

Además de la CIJ, diversas organizaciones y personalidades manifestaron su descontento con el fallo. El representante del Centro para la Defensa de la Constitución, Alejandro Balsells, estimó que el proceso contra Ríos Montt "se sigue enmarañando en aspectos legales, que al parecer no se resolverán en el corto plazo".

"Como autoridades ancestrales de la región ixil consideramos que con el fallo otorgado por la Corte Constitucional se ha debilitado el sistema de justicia y se ha desacreditado al país ante la comunidad internacional", indicó el representante de las autoridades indígenas de Nebaj, José Miguel de León.

Nebaj, Cotzal y Chajul son tres municipios guatemaltecos, conocidos también como el Triángulo Ixil, donde el Ministerio Público constató el asesinato de mil 771 indígenas a manos de fuerzas represivas durante el régimen de Ríos Montt.

La exjueza Yolanda Pérez manifestó su rechazo a la decisión de anular las actuaciones del juicio por genocidio efectuadas a partir del 19 de abril.

“Estoy de acuerdo con los votos disidentes. Existe el recurso de apelación especial”, explicó Pérez, y expresó que la referida acción sirve para señalar los defectos procesales.

El representante de la organización Seguridad en Democracia, Marco Antonio Canteo, indicó que la decisión de la Corte Constitucional es ambigua porque podría significar el reinicio del debate.

“A partir del 19 de abril se tendrá que retomar el debate. Otra vez a recibir las pruebas”, destacó el analista.

La organización humanitaria Hijos de Guatemala expresó en un comunicado que con esta medida “la Corte Constitucional dictaminó un retroceso hacia el imperio de la impunidad”. Recordaron que en los últimos días la alianza oligárquico-militar recurrió a la guerra psicológica, la amenaza y la manipulación.

El viernes 20 de mayo, Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio perpetrado durante su gestión contra la etnia indígena ixil, sentencia que fue anulada este lunes por la Corte de Constitucionalidad.

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones fue notificada este martes por la instancia del trámite que debe seguir para cumplir la resolución.

Sin embargo, los magistrados titulares Carlos Contreras, Sergio Lima y Gustavo Dubón se inhibieron de seguir conociendo el proceso contra Ríos Montt y José Rodríguez, su antiguo jefe de Inteligencia militar. La excusa surgió a propósito de que el Ministerio Público presentó una reacusación en contra de ellos por dudar de su imparcialidad.

Como no pudo conformarse la terna de jueces suplentes, se pidió a la Corte Suprema de Justicia nombrar una nueva sala.

Por su parte, el abogado Francisco García presentó un recurso para que le retiren la custodia policial a su cliente Ríos Montt y que este regrese al arresto domiciliario que mantenía antes de haber sido condenado.

Desde el pasado 13 de mayo, el exgeneral permanece ingresado en el Centro Médico Militar por presuntos problemas de salud.
 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú

FUENTE: TeleSur

Como muchos sectores temían, el Tribunal Constitucional de Guatemala decidió la noche de este lunes anular la sentencia del juicio que había condenado al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. Tras una sesión maratoniana, los magistrados llegaron a una decisión dividida, con tres votos favorables para Ríos y dos en contra, aceptando los recursos que había presentado la defensa del general por supuestas irregularidades.

Los magistrados consideran que el tribunal no resolvió en su día una recusación planteada en contra de dos miembros de esa judicatura y todas las actuaciones judiciales celebradas desde el 19 abril hasta el 10 de mayo, día de la sentencia, deberán ser repetidas.

Los magistrados se habían visto presionados por los poderes fácticos, en esta ocasión representados por la Asociación de Veteranos militares de Guatemala (AVEMILGUA), que llegó a amenazar con movilizar hasta 50.000 paramilitares de las tenebrosa Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y de la todopoderosa patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Por una parte, la AVEMILGUA amenazó con marchar sobre la capital y paralizar el país a base de bloquear las principales vías de comunicación hasta lograr la liberación del viejo caudillo. Por su parte, la patronal respondió a la condena con un comunicado en espacios comprados en la prensa, la radio y la televisión, donde rechaza, absolutamente, la existencia de un genocidio en Guatemala.

La reacción de los militares era previsible: hasta la restauración de la democracia, en 1985, fueron formados bajo una disciplina inspirada en la obediencia ciega, tan propia de los ejércitos habituados al intervencionismo y a no rendir nunca cuentas a nadie. Sin embargo, el pronunciamiento empresarial solo se explica, en palabras del historiador José Cal, “porque tradicionalmente el Ejército ha estado al servicio del gran capital” y añade que su postura también evidencia que la represión fue financiada, desde siempre, por el empresariado.

REACCIONES ENCONTRADAS

La decisión del Constitucional ha provocado reacciones encontradas en el país. El analista Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana dijo que la anulación del juicio es una muestra más de la “extrema debilidad del sistema de justicia de Guatemala”. Añadió que este fallo es una señal que confunde a la opinión pública nacional e internacional y que viene a confirmar un temor generalizado: “La impunidad sigue siendo la única ley que rige en Guatemala”, extremo que, en alguna manera convierte a este país en “una amenaza muy grande” para la convivencia democrática de la región”.

El periodista Gonzalo Asturias, quien fuera el secretario de Prensa de la presidencia de Ríos Montt, sin entrar a calificar la decisión del Constitucional, dijo que Ríos Montt no es más que un “chivo expiatorio que intentó poner freno a la orgía de sangre que heredó del gobierno de Romeo Lucas García”. Asturias dice ser testigo de cómo Ríos Montt ordenó el máximo respeto para la población civil. “Que no se mate a nadie que no sea combatiente” era la orden, pero la oficialidad la ignoró olímpicamente, “como consecuencia de la inercia de desmanes heredada del gobierno depuesto con el golpe del 23 de marzo de 1982”.
 

FUENTE: El País