El Hip Hop nace en los suburbios, en las calles perdidas de las clases olvidadas. Poesía, rima y baile, acompañado de grafitis. Los pibes del barrio cantan lo que les pasa, lo que viven día a día, lo que los medios no cuentan porque no a muchos les importa.

Tiros, corridas, falopa. Pertenecer a un grupo, ser alguien en la vida.

En Rosario los barrios no son el centro, no tienen vista al río, no se vive en torres con seguridad privada. Pero sí se viven las consecuencias de la desigualdad. 

En el barrio o sos polenta o sos un gil. Y el que no anda calzado corre el riego de que le pasen por arriba. El Chuky era la alternativa, la esperanza de esa juventud olvidada, rezagada.

“El arte te salva” reza un dicho popular. Y es así. Te da fuerza. Vivir embarrado, en el fango, y hacerlo arte. Eso es magia.

En Rosario los barrios no son el centro, no tienen vista al río, no se vive en torres con seguridad privada. Pero sí se viven las consecuencias de la desigualdad.

Empresarios desde sus altas oficinas manejan el negocio. No se ensucian. Ellos la venden, los pibes la consumen. Ellos arriba, nosotros abajo.

Ariel Alejandro Ávila fue asesinado el 12 de febrero de este año por un soldadito que custodiaba un búnker, frente a su casa.

Sólo una calle separaba las dos caras de la moneda. De un lado estaba “Chuky” esculpiendo su música, retratando la violencia en el barrio; y del otro estaba él, custodiando el negocio. Uno disparaba rima, el otro fuego. Uno vida, el otro muerte. “Así de corta”, como cuentan sus letras.

Domingo 20 de julio, día del amigo. En la plazoleta ubicada en Campbell y Génova, familiares y amigos, junto con representantes del Consejo Municipal de Rosario que parecen no darle la espalda a esta dura realidad, la nombraron Ariel Alejandro Ávila.

Es necesario que los barrios tengan representación política, y que se visibilice lo que ocurre. Es por eso que por iniciativa de los concejales del Frente Para la Victoria, Norma López y Roberto Sukerman se realizó un acto en homenaje a Chuky, el hiphopero de empalme. 

 

(*) Investigador de la Fundación Para la Integración Federal

Sólo 125 policías retirados respondieron a la convocatoria para volver a la fuerza a tres semanas del inicio de las inscripciones. Es baja la cantidad de agentes jubilados que quieren volver a la actividad luego de la propuesta provincial que se puso en marcha en la primera semana de junio. Los retirados cobrarán un plus de 3 mil pesos mensuales y realizarán tareas de custodia.

Sin embargo, la decisión fue polémica desde sus comienzos, ya que los policías retirados en muchos casos contaban con dudosos antecedentes en el desempeño de sus funciones. De un total de dos mil que se estimaban se sumarían ante esta convocatoria, sólo 125 acudieron al llamado del Ejecutivo provincial.

“Es un nivel de improvisación muy grande. Este gobierno (7 años) tuvo una muy mala previsión sobre cuántos policías se necesitaban. No pudo garantizar que el instituto forme la cantidad necesaria de agentes”, dijo el criminólogo Enrique Font en AM 1330. “Se ha permitido que policías que no han cumplido los 2 años ya estén trabajando como policías”, señaló, entre las debilidades que muestra este emprendimiento en pos de reforzar la policía santafesina.

“Es un nivel de improvisación muy grande. Este gobierno (7 años) tuvo una muy mala previsión sobre cuántos policías se necesitaban. No pudo garantizar que el instituto forme la cantidad necesaria de agentes.

“El gobierno de Santa Fe no gobierna a la policía y la conoce poco. El gobierno está muy desprestigiado en materia de seguridad y que hace circo en los medios”, acusó Font, quien agregó que “la policía ha tenido que ser intervenida. Lo que ocurrió fue una intervención federal y encima ahora suman un funcionario oscuro en el Ministerio de Gobierno (por José Spadaro, flamante secretario de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales)”.

“Una policía totalmente atravesada por el delito. Debió haber hecho una reforma integral de la policía”, solicitó el docente universitario y advirtió que “desde que se fue Cuenca, este gobierno comenzó a retroceder. Tal fue el fracaso que derivó en una intervención federal”.

“Aunque lo trajeran al Messi de los funcionarios, uno solo no hace nada. No está claro por qué Spadaro va a Gobierno y no a Seguridad. Spadaro aporta poco a una estrategia de seguridad democrática”, argumentó en el programa ‘El todo y las partes’.

“(Rubén) Galassi le maneja todo a (Raúl) Lamberto, porque si no de dónde salió la orden de abrir la Mac de Medina”, se preguntó. Por otra parte, Font también señaló que el nuevo sistema final de la provincia no ha mejorado la situación procesal: “Las fiscalías están tapadas de trabajo, a pesar de la excelente voluntad de los nuevos funcionarios”, concluyó.

Baja convocatoria. En la primera semana realizaron el trámite 100 policías retirados, en la segunda 20 y en la última sólo 5. La intención del Ministerio de Seguridad de Santa Fe es llegar al menos a unos 400 inscriptos, sobre un total de 2600 que están en condiciones de volver a la actividad plena policial. A partir de los próximos días les comenzarán a enviar cartas a los policías retirados para informarles de las características de la convocatoria. Los agentes que deseen volver a la actividad deberán tener un máximo 58 años, percibirán 3 mil pesos mensuales y custodiarán puestos fijos para que los agentes que ahora cumplen esas funciones puedan ser afectados a tareas de prevención. Quienes resulten reincorporados podrán presentarse a los concursos ordinarios de ascenso.

 

FUENTE: Rosario.com
 

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda determinaron que el recurso de la defensa de Tognoli "no constituye acción o recurso alguno que habilite la competencia ordinaria o extraordinaria de la Corte Suprema"

En el mes de junio último, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal rehusó hacer lugar a un recurso interpuesto por el abogado Carlos Edwards, defensor de Tognoli, contra la decisión del mismo tribunal que le había denegado otro planteo.

"A nuestro juicio, los agravios formulados por la defensa no han logrado conmover los fundamentos brindados por el Tribunal a quo (la Cámara de Apelaciones de Rosario), ello de acuerdo al grado de certeza exigido según el estadio procesal por el que transitan las presentes actuaciones", señala la resolución de entonces, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani.

Tognoli está procesado en esa causa como presunto "autor del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por haberse cometido para ocultar un delito especialmente grave, cuando ha existido ánimo de lucro y el autor fuere funcionario público", recuerda la resolución.

Esa calificación es "en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y denegación de justicia, todos en concurso real con el delito de amenazas coactivas contra Norma Castaño, en calidad de partícipe necesario", añade.

La investigación le atribuye a Tognoli, cuando era jefe de la ex división Drogas Peligrosas de Santa Fe, haber "auxiliado" al presunto narco Daniel Mendoza para realizar el video de un encuentro con Norma Castaño, titular de la ONG Madres Solidarias, con el fin de amenazarla con su difusión si la mujer no retiraba una denuncia contra el jefe policial.

 

FUENTE: Rosario.com

Los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Javier Echaniz y Martín Degrati, manipularon la Mac del empresario asesinado Luis Medina a la medianoche del doble crimen, el 29 de diciembre, a las 23.59, según el acta de Pericias Informáticas de la Policía. La fiscal de Cámara, María Eugenia Iribarren llegó a las 0.20, veinte minutos después, para gestionar la autorización judicial. La jueza Raquel Cosgaya --que actuaba en ese momento- informó esta semana a cuatro diputados de la comisión de Seguridad, que ella recibió el primer llamado a las 0.40 --cuarenta minutos después- y ratificó lo que ya había dicho en público, que "nunca" autorizó la supuesta "intervención técnica" de Echaniz y Degrati. Cosgaya les dijo a los legisladores que su celular registró la llamada entrante el 30 de diciembre, a las 0.40, con lo cual ratificó lo que dice el acta policial, pero amplió la brecha, que ya no es de 21 minutos sino de 41 minutos, desde que Echaniz y Degrati intervinieron la computadora hasta que Cosgaya fue anoticiada por teléfono por el abogado Mariano Ríos Artacho, secretario de la jueza María Luisa Pérez Vara, que estaba de turno pero no intervino.

 "La jueza nos confirmó lo que había dicho en algunos medios, que ella no había autorizado el acceso a la computadora, que nunca había pedido la asistencia del Poder Ejecutivo para ese acceso"

El presidente de las comisión de Seguridad, Héctor Acuña y sus colegas Eduardo Toniolli (PJ), Oscar Urruty (PPS) y Germán Mastrocola (Pro) entrevistaron en los Tribunales de Rosario a los dos jueces que subrogaron a Pérez Vara en las horas siguientes del asesinato de Medina y de su pareja. Primero, se reunieron con el juez Gustavo Pérez de Urrechu (Instrucción 13) -que ordenó el secuestro de la Mac y el celular del empresario- y luego con Cosgaya (Instrucción 6), que les confirmó que "nunca autorizó la intervención de los funcionarios del Poder Ejecutivo". Hoy, la causa está a cargo de la jueza Alejandra Rodenas (Instrucción 2), quien al día siguiente del doble homicidio cuando se enteró que la computadora y el celular de Medina estaban en Santa Fe, en oficinas Echaniz y Degrati, ordenó suspender la pericia y se la encargó a Gendarmería. El teléfono de Medina no pudo ser desbloqueado: "No pudieron hacer nada con el celular", les dijo el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, a los diputados que lo interpelaron en la Cámara, el 6 de febrero.

Galassi aseguró en la Legislatura que la "intervención técnica" de Echaniz y Degrati fue "convalidada" por Cosgaya. La fiscal Iribarren llamó al secretario Ríos Artacho, quien "convalidó esta actuación", dijo el ministro. Y agregó: "Yo digo lo que dijo la fiscal Iribarren después de comunicarse con el doctor Ríos Atacho, quien según relata la fiscal, habló con la jueza Cosgaya, quien convalidó lo que se había hecho hasta ese momento, que era reiniciar la computadora y como el sistema no se podía peritar por las características, se propuso su traslado al otro día a Santa Fe". Según el acta policial, esa medianoche del 29, Degrati no sólo reinició la Mac: hizo un backup, "un respaldo completo del directorio en formato comprimido, que luego fracciona en archivos de 1gb por si fuera necesario copiarlo a un medio de almacenamiento de menor tamaño que el del archivo en cuestión", dice el documento. Y al día siguiente, en Santa Fe, "se realizó una vista general del contenido del equipo" y se almacenaron los archivos en un "disco extraíble" provisto por Echaniz, hasta que la jueza Rodenas ordenó "suspender la pericia" y llevar de vuelta la Mac y el celular de Medina, a Rosario.

Galassi, en su relato en la Legislatura mencionó seis veces a Ríos Artacho, por el nombre o el cargo. En realidad, fueron siete veces. Esta semana, Urruty y sus colegas de la comisión de Seguridad fueron a los Tribunales de Rosario para preguntarle a la doctora Cosgaya si había autorizado el desbloqueo de la Mac. "La jueza nos confirmó lo que había dicho en algunos medios, que ella no había autorizado el acceso a la computadora, que nunca había pedido la asistencia del Poder Ejecutivo para ese acceso", dijo Urruty.

Toniolli coincidió: "La doctora Cosgaya nos habló de un celular (de Medina) y que ella dio la autorización para que se pasara a una unidad especial porque los que tenían en sus manos aducían que no tenían la capacidad técnica para desbloquear ese teléfono. Pero en todo momento habló un celular", relató el legislador.

-¿Nadie le dijo que ya habían revisado la computadora?

-La jueza en ningún momento habló de una computadora.

-¿Y ustedes deducen que no dio la orden para intervenir esa computadora?

-No lo deducimos. Es lo que dijo ella, que no dio una orden para desbloquear una computadora porque nadie le habló de una computadora. Eso es importante. Pero más importante es el horario de la llamada, que es 0.40 porque ya hay un dato objetivo que nadie discute, que la computadora se abrió a las 23.59.

-¿El horario quedó registrado en el teléfono de la doctora Cosgaya?

-Sí, nos dijo que no tiene problemas en presentarlo porque tiene el registro de la llamada entrante. Lo más contundente de la reunión fue eso. Acá, nos planteó que la primera llamada la recibió a la 0.40 (del 30 de diciembre).

"La jueza Cosgaya zanjó la polémica", dijo Toniolli. "¿Para qué dio la habilitación? ¿Para un celular o la computadora? Ella nos dijo que fue para el celular", agregó. "Ahora, más allá de eso, no existe orden judicial, aunque ella la hubiera dado, cosa que no sucedió, no existe orden judicial que convalide un peritaje a posteriori. No existe en ningún Código. Cuando uno solicita una orden judicial, se designan peritos y éstos aceptan el cargo. Acá nada de eso ocurrió. Acá hubo una intervención previa a cualquier pedido de la justicia".

Los legisladores entrevistaron también al juez Pérez de Urrechu, que ordenó el secuestro de la computadora y el celular de Medina. "Fue muy claro", dijo Urruty. "Contó que lo llamaron ese día 29, alrededor de las 11 de la mañana. Lo llamó el secretario de la doctora Pérez Vara, Ríos Artacho, porque la jueza tenía una indisposición, cosa que el juez confirmó porque llamó a la casa de la jueza y le dijeron lo mismo. Ríos Artacho le planteó que estaban en poder de la policía las llaves de una habitación del hotel Pullman, en el City Center, donde se había alojado Medina, que había unos elementos y necesitaban una orden de allanamiento. El juez firmó esa orden, y a partir de ese momento no tuvo ningún contacto más con la causa. Fue claro, lo repitió dos o tres veces. Cuando le dijimos lo que habían dicho Galassi y el ministro de Justicia (Juan Lewis) en la Cámara, lo que comentó es que no podía decir nada más, que su actuación era la relató", agregó Urruty.

-¿Ya tienen alguna conclusión de las entrevistas con los dos jueces?

-Oscurecieron el relato de los ministros (Galassi y Lewis) en la Cámara. Hay un proyecto para crear una comisión investigadora, creemos que tiene que ser aprobado y desentrañar los hechos. Esto revela cómo está la provincia de Santa Fe, que el poder político se interrelacione de la manera que lo hizo con el Poder Judicial nos preocupa porque también les preocupa a los ciudadanos -concluyó Urruty.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Rosario12

Los diputados provinciales Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, integrantes del Movimiento Evita, denunciaron penalmente este lunes a los funcionarios políticos y judiciales que intervinieron en las primeras horas de la causa en que se investiga el homicidio de Luis Medina, y en el desbloqueo y manipulación de su computadora sin orden judicial.

Los legisladores se presentaron este lunes a las 11 horas en los tribunales provinciales de Rosario para denunciar a la jueza Inés Pérez Vara por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de tareas y al secretario de Tecnologías, Javier Echaniz y al y subsecretario Martín Degrati, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y comisión de delitos informáticos.

A su vez, los tres diputados provinciales del bloque del Movimiento Evita, incluyeron en su presentación una solicitud para que se investigue la responsabilidad del ministro Rubén Galassi en los hechos, en la medida que él mismo reconoció estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus dos subordinados, Echaniz y Degrati.

Los denunciantes precisaron que la presentación realizada este lunes fue acompañada de la versión taquigráfica de la reciente intervención de los ministros Rubén Galassi y Juan Lewis en la Cámara baja provincial.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Redacción Rosario

Hermes Binner sabía quién era Hugo Tognoli. El fallo de La Cámara Federal de Rosario (Sala B) que confirmó el procesamiento del ex jefe de Policía de la provincia menciona dos veces al ex gobernador al valorar pruebas agregadas a la causa: dos cartas que la líder de Madres Solidarias, Norma Castaño, le presentó en la Casa Gris, el 7 y el 9 de febrero de 2011, para advertirlo cómo operaba Tognoli y denunciar la supuesta "connivencia" con el narco Daniel "Tuerto" Mendoza. Las notas están dirigidas a Binner, pero fueron entregadas en el Ministerio de Gobierno, por entonces a cargo de Antonio Bonfatti, aunque después la propia Castaño se encargó de aportarlas a la justicia. "Yo confié en usted, le pido como padre y esposo que me ayude ante esta gente que vive en connivencia con los asesinos de nuestros hijos", le escribió Castaño. Binner desatendió el pedido, porque el 12 de diciembre de 2011, Bonfatti ascendió a Tognoli de jefe de Drogas Peligrosas a jefe de Policía de la provincia.

"(Castaño) presentó dos notas sumamente críticas dirigidas a quien fuera gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, las cuales tienen cargo de recepción en el Centro Unico de Atención del Ministerio de Gobierno, los días 7 y 9 de febrero de 2011"

La causa investiga una trama narco policial y una operación sucia a Castaño con un video que luego fue subido a Youtube. Hay cuatro imputados: Tognoli y dos de sus subordinados en Drogas Peligrosas: el ex subjefe de Inteligencia, José Luis Baella y Mauricio Otaduy. El cuarto es Mendoza. En diciembre de 2012, el juez federal Francisco Miño procesó a Baella por supuesto "encubrimiento agravado" a Mendoza y "coacción" a Castaño, pero como no apeló, el expediente pasó a juicio oral. En abril de 2013, el magistrado amplió las mismas imputaciones a Tognoli y consideró a Mendoza y a Otaduy como presuntos "autor" y "partícipe necesario" en las coacciones a Castaño. Ahora, la Cámara ratificó los procesamientos de estos tres. La investigación "deja al descubierto la conexión existente entre los altos mandos de la estructura policial" con Mendoza, quien en julio de 2012 fue detenido con 13,6 kilos de cocaína y una cocina de estupefacientes en su casa, dice el fallo.

El fiscal federal Walter Rodríguez ya había valorado las dos cartas de Castaño a Binner que ella dejó en la Casa de Gobierno y después llevó a la justicia. Pero ahora, la Cámara las mencionó en su fallo por "compartir su valoración", dijo. Y citó: "(Castaño) presentó dos notas sumamente críticas dirigidas a quien fuera gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, las cuales tienen cargo de recepción en el Centro Unico de Atención del Ministerio de Gobierno, los días 7 y 9 de febrero de 2011". Poco después, el 3 de marzo, como no tenía respuestas, Castaño formalizó "la denuncia penal Nº 782/2011" y entregó las cartas al fiscal de turno, en Tribunales.

"En las notas -señaló la Cámara- hizo una concreta alusión al presunto encubrimiento desplegado por el funcionario policial Hugo Tognoli respecto de la comercialización de estupefacientes desarrollado por parte de Daniel Mendoza en la ciudad de Santa Fe". Y "sugestivamente", ese mismo 3 de marzo en que Castaño, presentó la denuncia penal, "la repartición a cargo de Tognoli y por intermedio de Baella, inició actuaciones sumariales contra Mendoza, aunque ahora se sabe con ninguna perspectiva de que la investigación prospere", agregó.

La Cámara recordó que Tognoli está preso por otra causa en Rosario como presunto "partícipe necesario del delito de comercio de estupefacientes", que la misma sala B confirmó en junio de 2013. "Una de las pruebas valoradas" en ese fallo que "guarda relación con lo ponderado" en la causa de Santa Fe es el testimonio de Castaño en aquel expediente, "cuyos dichos aluden a una conducta omisiva de Tognoli" en la lucha contra el narcotráfico.

Castaño dijo que cuando Tognoli asumió como jefe de Drogas Peligrosas, en el gobierno de Binner, fue con otra madre a verlo "para que los vendedores barriales dejen de vender y sean puestos presos. Hicimos la denuncia en un Juzgado porque ese día que fuimos a decirle que había una persona que vendía paco, fue un día alrededor de las 10 de la mañana. Y a las 5 de la tarde, me llama la mamá con la que habíamos ido a ver a Tognoli y me dijo que enfrente de su casa, donde vive el vendedor, su hijo le decía que había un móvil policial. Lo llamo a su celular a Tognoli, le pregunto que estaba haciendo en la casa del vendedor, me dice que él estaba en su despacho, le digo que me está mintiendo porque la mamá lo está viendo de su casa que vive enfrente del vendedor y él me dice que está él haciéndose cargo de la investigación. El se va y a la noche me llama otra vez la mamá, para decirme que este vendedor se había cruzado y le había dicho que le iba a incendiar la casa por buchona. Yo lo denuncio ante el juez provincial Troncoso. Los datos que le había dado de Mendoza al señor Tognoli, hago la denuncia en el Juzgado provincial y a los dos o tres días se acerca Mendoza a mi casa, ofreciéndome plata para que retire la denuncia en contra de Tognoli.

"Los dichos de Castaño -ante la justicia ordinaria, en notas presentadas a representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe y en las causas en el fuero federal- se encuentran respaldados por todo el plexo probatorio", concluyó la Cámara.

Binner ha defendido en público a Tognoli, quien se consideró un "preso político". "Lo tienen detenido y no saben por qué", llegó a decir el ex gobernador, para quien "hubo una orden a nivel nacional" para que quedara preso. Y hasta justificó el ascenso de su defendido: Tognoli "llegó por méritos propios, por su foja de servicio y su nivel adquirido dentro de la fuerza", afirmó.

 

FUENTE: Rosario12

El ex jefe de la Brigada Operativa de Drogas (BOD) de la Policía Santafesina, Diego Comini, fue detenido el viernes pasado tras ser captado en comunicaciones telefónicas en las que recibe órdenes de la nuera de Delfín David Zacarías, el sindicado jefe de la organización que producía y vendía droga a gran escala y fue desarticulada el año pasado a través del "Operativo Flipper". A Comini se le imputa haber recibido indicaciones por parte de Ruth Castro para que diera aviso a quienes estaban al frente de lugares de expendio de sustancias estupefacientes al menudeo para que "bajaran las persianas" ante los inminentes allanamientos que se iban a practicar, los que resultaron frustrados.

En otro de los operativos realizados fueron hallados recibos de expensas de un departamento alquilado por la esposa de Zacarías, que figuraban como abonados por el entonces Jefe de la BOD I de la provincia.

En las escuchas He Man le avisa a Ruth Castro que "cierren las persianas" de los búnkeres porque iban a producirse allanamientos. Media hora después de ese aviso llegaron efectivos policiales a esas bocas de expendio en la zona norte de Rosario

Además, en otras escuchas practicadas sobre su teléfono celular fue captado hablando con un individuo sobre operaciones netamente concernientes al tráfico de estupefacientes en las que aparentemente Comini tenía participación, informó la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

La detención y recepción de la declaración indagatoria de Comini se produjo el último viernes. Ante el pedido de excarcelación promovido por la defensa del imputado, la fiscal actualmente a cargo de la investigación, Adriana Saccone, se opuso y obtuvo el consentimiento del juez federal Carlos Vera Barros, quien dispuso que continúe detenido.

El fiscal durante la feria Federico Reynares Solari había solicitado al mismo juez el allanamiento de la sede de la Brigada Operativa de Drogas I, que fue llevado a cabo en horas de la tarde del día anterior a la detención por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de Policía Federal Argentina, cuyos jefes son Néstor Roncaglia y Pascual Bellizi.

El juez Vera Barros a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de la jurisdicción despachó además una orden de presentación de documentación dirigida al Director General de Prevención y Control de las Adicciones de la Provincia de Santa Fe, Comisario Mayor Sergio Gorosito, para que pusiera información de interés para la causa a disposición de la Fiscalía.

El allanamiento y posterior detención se produjo en el marco de la causa en que se procesó a Delfín David Zacarías y una docena más de imputados entre ellos un Policía Federal , quienes habían sido detenidos en septiembre del año pasado. Se trata de José Luis Dabat, a quien integrantes de la organización delictiva mencionaban como He Man en sus comunicaciones. A través de ese sobrenombre en las escuchas telefónicas la Justicia federal pudo ligar a este suboficial que trabajaba en la sección Inteligencia de Drogas y Crimen Organizado de la Federal con la banda de Zacarías.

En las escuchas He Man le avisa a Ruth Castro que "cierren las persianas" de los búnkeres porque iban a producirse allanamientos. Media hora después de ese aviso llegaron efectivos policiales a esas bocas de expendio en la zona norte de Rosario (Superí al 2900; Los Cocos y La Cumbre; Cosquín al 1900, y Boedo y Ghiraldo): sólo se encontraron con habitaciones vacías. En otra escucha se aprecia cómo David, tras su caída, llama a Gonzalo Jaime para que se contacte con He Man y le avise que desarticule otras cocinas.

Cabe recordar que a Zacarías se le imputa encabezar una organización destinada a la producción de clorhidrato de cocaína y al lavado de activos proveniente de esa actividad ilegal. En los allanamientos realizados en la denominada "Operación Flipper" a cargo del por entonces fiscal de Rosario Juan Murray, quien actualmente se desempeña en la PROCUNAR se produjo el secuestro de trescientos kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína y mil trescientos litros de precursores químicos, y se descubrió un sofisticado laboratorio preparado con secadoras industriales y maquinas envasadoras al vacío, presumiblemente para la exportación de dicha sustancia.

 

FUENTE: Rosario12

Las declaraciones, que merecieron la tapa de los diarios locales del día siguiente, pueden ser analizadas sobre cuatro tópicos básicos que abordó el funcionario:

La teoría no es nueva (pese a la novedad del concepto), resultando deudora de la ya antigua idea esgrimida y formalizada por el comisario Cristian Sola, ex jefe de la policía santafesina, que afirmaba que el crecimiento de los crímenes obedecía a los ya famosos “ajustes de cuentas”.

1. RELACIONES INTERPERSONALES. Según la versión oficial, el aumento exponencial del número de asesinatos responde a un clima de extrema violencia que se vive en nuestra sociedad. “La mayoría de los casos corresponden a disputas entre vecinos, familiares, personas que se conocen entre sí, y en lugares vinculados a la venta de droga". Sin entender del todo esto de las “relaciones interpersonales” (todo crimen es entre personas, de otra forma se trataría de suicidio), en nuestro rol de ciudadanos podemos inferir que la explicación causal refiere a crímenes entre personas conocidas en el ambiente del delito o por esa violencia social que vivimos. La teoría no es nueva (pese a la novedad del concepto), resultando deudora de la ya antigua idea esgrimida y formalizada por el comisario Cristian Sola, ex jefe de la policía santafesina, que afirmaba que el crecimiento de los crímenes obedecía a los ya famosos “ajustes de cuentas”. Con otro maquillaje, la explicación supuestamente causal de Lamberto (que también propala alegremente el gobernador Antonio Bonfatti), obedecería a cuestiones que están afuera de su responsabilidad, que deviene de otro lado, de un afuera, de algo que no es como nosotros. Fácil manera de desentenderse del problema.

2. POLICÍA COMUNITARIA. Resulta la gran novedad que nos cuentan algunos personajes mediáticos de la otrora segunda ciudad del país. En estos días, comenzó a funcionar en pleno barrio Las Flores un grupo de policías que estarán en contacto cercano con los vecinos tratando de resolver “esas” situaciones de violencia que vivimos a diario. Pese al descrédito público de la fuerza, se contaría con unos 45 funcionarios policiales en el territorio de manera permanente. Más allá de lo que parece ser una plausible idea de trabajo, va de suyo que en la esencia misma del proyecto radican sus límites: si es necesario “saturar” de funcionarios policiales un barrio para construir una “mejor cotidianeidad”, no se entiende muy bien cómo se resolverán las mismas tensiones en los centenares de barrios que crecen a lo largo y ancho de la provincia. Dando por descontado el éxito del proyecto (al rengo hay que verlo andar para saber si cojea), su alcance terminará siendo muy limitado a esos barrios donde se implementen. Pobre manera de abordar el problema.

3. AMOTINAMIENTO POLICIAL. Según Lamberto, la seguridad estuvo garantizada durante el “conflicto policial”. O el ministro no estuvo en la ciudad por esos días, cuestión probable dado que no se lo vio públicamente, o ha imaginado otra realidad. La utilización del miedo como método de lucha política y la intimidación a ciudadanos con la falsa información de saqueos en zonas calientes de la ciudad no parecen ser puntales de la seguridad ciudadana. Si en Rosario no hubo muertos durante esos días no obedeció a la gracia divina ni a la acción del gobierno de la provincia, sino, indefectiblemente, a la importante presencia de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, fuerzas que resultan más efectivas y que gozan de un mayor prestigio que la policía local y que llevaron la tranquilidad que los ciudadanos no tenían por esas horas. Mentirosa manera de comentar el problema.

4. RALLY DAKAR: curioso elemento para ponderar y sentirse orgulloso de la seguridad ciudadana. Un evento que, más allá de la falsedad de los números esgrimidos por la organización y difundidos tontamente por el show bussiness mediático rosarino (1.000.000 de asistentes a la largada), no debería marcarse más allá de una excepcionalidad. En primera instancia porque se realiza una vez al año (existen rumores de que en 2015, Rosario sería otra vez la ciudad elegida para su largada) y además, porque termina siendo un hecho, chiquito, que se realiza durante no más de 7 días, dentro de un año que tiene 365. Publicitaria y marketinera manera de comentar éxitos que, por su espesura, no interesan a nadie.

En algún momento será cuestión de barajar y dar de nuevo, de entender que la lógica política y comunicacional de resolución de problemas que se ha utilizado hasta el momento ya no alcanza, ni en la ciudad de Rosario ni en la provincia de Santa Fe, para dar certezas a los ciudadanos. Como diría el ya septuagenario, pero siempre vigente catalán, “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.”  

 

(*) Analista político de la Fundación para la Integración Federal

La naturaleza de la PC es la proximidad con el territorio donde debe actuar y la interrelación con sus actores. Por lo tanto, si hablamos de prevención, nadie puede estar en contra de acercar la seguridad pública a la población. Es más, si pensamos en una prevención en serio toda la policía que recorre las calles debería ser siempre comunitaria, de proximidad o como quieran llamarle. Lo importante no es el nombre del producto sino su contenido.

Pero vayamos por partes. ¿Por qué el gobierno provincial llega a esta instancia? Si bien la conducción política de la policía siempre fue compleja, claramente, en nuestra provincia desde la gestión de Hermes Binner la conducción de la policía se desmadró. A tal punto que el Jefe de la policía provincial designado por Antonio Bonfatti, al asumir la gobernación fue Hugo Tognoli, quien continúa preso y procesado por múltiples delitos. Tognoli había asumido como Director General de Prevención y Control de Adicciones (ex Dirección de Drogas Peligrosas), en 2008, designado por Binner. A esto hay que sumarle que el Estado municipal, en los mismos momentos que la policía provincial comenzaba a autogobernarse, se retiraba de los barrios por decisión del ex intendente Miguel Lifschitz desmantelando los Centros Crecer, por citar uno de los hechos más emblemáticos. Sin intención de simplificar la inserción del narcotráfico en la ciudad, queda claro que el autogobierno policial y la retirada del Estado en su función social fueron elementos indispensables para que las bandas narcos se adueñaran de los territorios más vulnerables de la ciudad. Cuando el Estado abandona el territorio sienta las bases perfectas para el caldo de cultivo de la ilegalidad, la violencia y el delito. Si no está lo público, el territorio se privatiza. Esto pasó en Rio de Janeiro, en Medellín y en tantas ciudades hermanas de Latinoamérica donde los narcos se adueñaron del territorio.

¿Qué podrán hacer estos jóvenes e inexpertos policías en las zonas más violentas de la ciudad, formando parte de una fuerza viciada y autogobernada sin conducción política y con los narcos como amos y señores del territorio?

A una fuerza policial viciada por la corrupción y el desprestigio social hay que sumarle los pocos agentes que están disponibles y capacitados en las calles dado que un porcentaje enorme se encuentra realizando tareas administrativas, licencias prolongadas y horas extras formales e informales para poder llegar a fin de mes. Por todo esto y mucho más, en el sur de la provincia no se llegan a cubrir los cupos disponibles para entrar a la fuerza policial. ¿Quién quiere ser policía con este panorama? Es muy común encontrar a jóvenes policías recorriendo la ciudad provenientes de departamentos del norte provincial. Estos agentes no conocen la ciudad ni sus actores ni sus costumbres y resulta imposible que realicen una prevención efectiva. Pero el negocio de la inseguridad sigue creciendo en alarmas, rejas, blindajes, videocámaras y en seguridad privada donde los trabajadores de ese sector ya son más que los policías en la ciudad. Es oportuno señalar que las agencias de seguridad privada son controladas por la provincia poco y mal.

Terminó enero con record de homicidios; no menos de uno por día de promedio. La violencia crece día a día y no precisamente porque los vecinos reclamen contra la EPE por los extensos e insoportables (en todo sentido) cortes de energía. Ante esta realidad ¿la PC podrá reducir la tasa de homicidios y de violencia en Rosario? La policía de proximidad se pensó en otros lugares como una policía amigable que se instalaba en los barrios violentos una vez que se habían expulsado a los narcos. Por ejemplo, en Rio de Janeiro la UPP (Unidad de Policía de Pacificación) ingresa a las favelas cuando los capos narcos son apresados o huyen. Su ingreso tampoco es en soledad, lo hace el Estado en toda su dimensión (salud, justicia, educación, transporte, infraestructura, etc.) ocupando nuevamente el territorio que había sido privatizado por los narcos. ¿Qué podrán hacer estos jóvenes e inexpertos policías en las zonas más violentas de la ciudad, formando parte de una fuerza viciada y autogobernada sin conducción política y con los narcos como amos y señores del territorio?

El modelo de policía centralizada fracasó indudablemente. No podemos seguir con una sola policía que dependa del gobernador. Debemos avanzar hacia la descentralización y especialización de las fuerzas de seguridad. El gobierno provincial todavía no cree en estos cambios y por ello despedazó la ley de Policía Judicial que había sancionado la Legislatura. No cree en cambios profundos y sigue pensando en la chapa y pintura cuando la mecánica no funciona más. El vehículo no arranca, no tiene fuerza, se para.

Como hay que tomar medidas de fondo, nosotros propusimos hace un año la creación de la Policía Municipal (PM). El proyecto está inspirado en uno que presentó el especialista en seguridad Marcelo Sain en provincia de Buenos Aires.

Se pretende dotar a los intendentes municipales de herramientas para ejecutar políticas activas en materia de seguridad pública, y se plantea un sistema de organización de la seguridad pública municipal desde la perspectiva de una policía de proximidad (especializada en prevención), sujeta al poder político (Intendente a cargo de la policía) y a las instituciones democráticamente estatuidas, proponiéndose un cambio radical en la relación entre la policía, el poder político y la ciudadanía.

La PM convivirá con otras policías provinciales especializadas que dependan del gobernador, pero será una policía nueva con otros paradigmas.

No queremos al personal policial de la PM en labores propias de administración, burocráticas, ni ninguna otra labor que no sea la prevención. Tampoco debe recibir denuncias. Se encuentra aprobado nuestro proyecto de fiscalías y defensorías descentralizadas. No queremos a la PM de carcelera. Los detenidos y presos que hoy son custodiados por la policía deben ser puestos a disposición del Servicio Penitenciario, responsable de su custodia en lugares que respeten los preceptos constitucionales. Las comisarías como hoy las conocemos ya no tendrán razón de ser. Si no hacen trámites, ni reciben denuncias ni cuidan presos no se justifica su existencia.

Con todo lo expresado queda claro que no somos muy optimistas con la creación de la PC. Estamos perdiendo grandes oportunidades de realizar grandes cambios para solucionar grandes problemas. Los gobiernos provincial y municipal deberían aprovechar que sus "opositores" políticos que tienen ambición de poder no quieren suceder a gobiernos de los que solo heredarían caos. ¿quién quiere gobernar el caos, lo ingobernable? ¿quién quiere ser títere de las bandas narcos? Hay una oportunidad histórica de detener a un poder criminal hasta ahora desconocido por estos lugares. Como diría León: Por favor, perdón y gracias.

 

(*) Presidente del Bloque de Concejales, Frente para la Victoria PJ.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Rosario12

A horas de terminar el turno de la primera quincena de enero, la jueza Alejandra Rodenas hizo un balance de la investigación por el homicidio de Luis Medina y Justina Pérez Castelli. Lo consideró "positivo" porque "más allá de los actos fallidos al inicio de la pesquisa, las pruebas se preservaron". Al mismo tiempo, habló de "tres hipótesis interesantes" en el marco de la causa por el hecho cometido el 29 de diciembre, en el acceso sur y Ayolas, pero no dio precisiones. Se refirió a los "actos fallidos" con la "inusual" situación con la computadora Mac de Medina, y a las "excusas" de tres agentes de la División Judiciales que intentaron ingresar al country de Pilar, donde vivían las víctimas, sin orden judicial y un día antes del allanamiento previsto. También confirmó que el jefe de esos agentes, Cristian Romero, está citado a declaración informativa para el 6 de febrero. "Me llamó la atención que no se presentara espontáneamente", deslizó. A modo de reflexión, dijo que "la narcocriminalidad configura un nuevo paradigma; y los poderes judicial, político y legislativo requieren de nuevas herramientas ante el fenómeno".

La jueza de Instrucción Nº 2 se tomó unos minutos antes de referirse a la causa, y habló del fenómeno de la narcocriminalidad en Rosario. "El Poder Judicial se está enfrentado a la complejidad de una investigación interceptada por otras matrices que son diferentes a las que veníamos trabajando, durante estos años. Esto nos pone frente a un nuevo paradigma, un nuevo modelo de investigación y a un modelo social que de alguna manera se nos está imponiendo. Este nuevo paradigma es el de los crímenes en el marco de la llamada narcocriminalidad", reflexionó. "Los jueces y los fiscales de la provincia investigamos los homicidios, que son nuestra competencia; todo aquello que tenga que ver con la narcocriminalidad es competencia de la Justicia Federal. Pero lamentablemente, esto hace que el fenómeno se complejice. La narcocriminalidad invadió la competencia de los juzgados provinciales. Yo creo que, como ya dije, esto llegó para quedarse. Aun estando frente a este fenómeno que atraviesa la sociedad, la conmueve y la preocupa, esto no debe hacernos olvidar de las garantías del debido proceso. La demanda social se lee". En otro tramo, agregó que "el poder político tomó medidas que consideró adecuadas y no soy quién para establecer si lo son o no".

Al hablar de la investigación en la que está trabajando sin descanso, a igual que con la decena de homicidios que hubo durante el turno de la primera quincena de enero, Rodenas prefirió no dar precisiones sobre las líneas de investigación y se limitó a decir que existen "tres hipótesis interesantes" sobre presuntos autores materiales o intelectuales. Y agregó: "Se dice que Medina era parte de una organización criminal, y hay ríos de tinta escritos sobre esto. La señora (Daniela) Ungaro define a su ex pareja como un empresario, y de hecho hay dos empresas a su nombre. Hay especulaciones, pero las puntas de la investigación nos van a llevar a esas cuestiones, tanto sobre los supuestos negocios como sobre personas que llegaron a tomar tamaña decisión. Alguien ordenó matar a Medina, o alguien fue a matarlo directamente. En esos alguienes (sic) estamos trabajando". En ese sentido, destacó el "compromiso" de los fiscales Esteban Franicevich y Cristina Rubiolo; y el "acompañamiento" del procurador Jorge Barraguirre.

Rodenas aclaró que investiga el doble crimen tiene a la pareja como víctima, y recordó que mandó oficios a la Procunar para contar con "garantías de mayor información", como se les solicitó también a la Justicia Federal de Rosario y a la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, "para que informen sobre algún dato que pueda llevar a autores materiales e intelectuales", aclaró.

Para Rodenas "es claro que ante la aparición del nuevo paradigma, el poder judicial, político y la policía como brazo armado, debemos tener en claro que las respuestas deben ser diferentes frente al fenómeno".

"Actos fallidos". Las dos situaciones confusas que se dieron durante los primeros días de la investigación fueron calificadas así por la magistrada, en referencia a la pericia sobre la computadora Mac de Medina, que fue enviada a Santa Fe para ser analizada por funcionarios políticos; y el intento de ingreso de tres policías de la división Judiciales a la casa de Medina en el country de Pilar, donde estaba ordenado un allanamiento para dos días posteriores a la confusa situación que terminó con los tres efectivos en disponibilidad y su jefe citado a declarar en el juzgado.

Rodenas dijo que las "excusas" de los efectivos que "intentaron cruzar las barreras del country" de Pilar, sin orden judicial, para llegar a la casa del presunto narco asesinado, no la dejaron satisfecha. Consideró el suceso como "una muy grave irregularidad". Y planteó que esas justificaciones "escondían los verdaderos propósitos". Según indicó, no pudo "definir cómo fue la cadena de órdenes" porque cuando citó a Romero le comunicaron que había salido de licencia desde el 8 de enero al 5 de febrero. Así, quedó citado para el día siguiente a su regreso. La magistrada dijo que le sorprendió que "ante tamaño hecho -registrado el sábado 4 de enero- el comisario Romero no se haya presentado espontáneamente". Los tres policías a su cargo tienen una causa en Pilar por abuso de autoridad.

En tanto, sobre el desbloqueo de la notebook, consideró "inusual" que dos funcionarios de gobierno prestaran colaboración antes de que la jueza la solicitara o diera la orden de intervención, la misma noche que ocurrió el homicidio. Si bien se aclaró que fue la jueza Raquel Cosgaya quien dio la orden de que así se hicieran las cosas, habló de una orden telefónica a las 23.59 del domingo del homicidio, día en el que fue imposible comunicarse con la jueza que correspondía al turno, María Luisa Pérez Vara. Las dudas están en que previo a que Cosgaya fuera consultada desde la oficina de pericias, dos funcionarios llegaron desde la secretaría de Tecnología del gobierno.

La jueza recordó ayer que luego de que fuera secuestrada la notebook de la habitación 241, que Medina ocupaba en el Hotel Pullman, la Mac fue llevada a Pericias Informáticas de la policía. Tal como expresa el acta, cuando estaba por ser precintada a la espera de una orden judicial, llegaron dos funcionarios de la Secretaria de Ciencia y Tecnología. Luego se hizo presente la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren, que se encontró con que ya estaban en el lugar dos personas (Echaniz y Degrati) ajenas al Poder Jdicial, funcionarios del ministro (de Seguridad, Raúl) Lamberto, "en colaboración". Recién entonces fue consultada Cosgaya. "Son criterios judiciales de evaluación de la prueba", dijo Rodenas sobre la decisión de su colega. "Lo que me resulta inusual o extraño es por qué había dos funcionarios provinciales en el lugar antes de que la jueza diera la orden", planteó.

Apenas Rodenas tomó la causa, el 30 de diciembre, ordenó que la computadora volviera a Rosario para ser trasladada a Buenos Aires, por personal de Gendarmería Nacional, dependencia que le da "garantías de imparcialidad".

 

FUENTE: Rosario/12