Guerra Rusia- Ucrania

Durante la semana se dio inicio a la cumbre anual del Grupo de los Siete (G7) en Baviera, Alemania. Esta fue presidida por el canciller alemán Olaf Scholz y se extendió hasta el martes 28/06/2022.

Entre temáticas como economía, seguridad alimentaria, multilateralismo y la aplicación de nuevas sanciones a Moscú, los líderes del G7 condenaron el ataque de un misil ruso contra un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk (Ucrania) como un “abominable crimen de guerra”.

De hecho, horas previas al ataque, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dirigió de forma virtual a los representantes del G7, quienes manifestaron su apoyo a Ucrania y su determinación a aprobar nuevas sanciones contra Rusia. “No descansaremos hasta que Rusia ponga fin a su brutal guerra sin sentido”, sostuvieron los líderes de las siete potencias mediante un comunicado oficial. 

El presidente ucraniano aseguró que el centro comercial no presentaba “peligro” ni “valor estratégico” para el Ejército ruso y que, debido a un saldo de 18 vidas mortales y más de cuarenta heridos de gravedad, se trató de un “acto terrorista”.

A pedido de Kiev, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió el martes para evaluar los bombardeos rusos a objetivos con civiles ucranianos. Según el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, “cualquiera sea el número, cualquier ataque que golpee un centro comercial es absolutamente deplorable”. Asimismo, Zelenski solicitó al órgano de Naciones Unidas que expulsara a Rusia como miembro y a calificarla de Estado terrorista.

Por su parte, ante los comentarios sexistas del primer ministro británico, Boris Johnson, de “si Putín fuera una mujer…” no hubiese iniciado una guerra en Ucrania, el mandatario ruso, Vladimir Putin, no guardó silencio y ejemplificó la experiencia de Margaret Thatcher en su “ofensiva contra Argentina para controlar las islas Malvinas en 1982”.

Dichos comentarios, por parte del primer ministro británico, se enmarcan en su reunión bilateral con el Presidente, Alberto Fernández.

Turquía, Finlandia y Suecia

Con la firma del acuerdo trilateral, el cual “confirma que Turquía apoyará esta semana en la cumbre de Madrid la invitación de que Finlandia y Suecia sean miembros de la OTAN”, Turquía levanta su veto al ingreso de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

En términos de la oficina de la presencia turca, Turquía “obtuvo lo que quería” para  la concreción de dicho acuerdo con ambos países nórdicos, a los que acusa de tolerancia con los combatientes kurdos del PKK, y “consiguió logros importantes en la lucha contra las organizaciones terroristas”. 

El memorando firmado es claro. Además de establecer un “mecanismo conjunto y estructurado de diálogo y cooperación a todos los niveles de cooperación(...) para mejorar la cooperación en la lucha contra el territorio, la delincuencia organizada y otros retos comunes…”, Finlandia y Suecia “investigarán e interceptarán cualquier financiación y actividades de reclutamiento del PKK y de todas las demás organizaciones terroristas y sus extensiones…”

Asimismo, otro gran logro del presidente Erdogan, fue lograr que Estocolmo y Helsinki levantarán, en el marco de la OTAN, el embargo de arma, así como apoyarán una mayor participación de Turquía y otros aliados no pertenecientes de la Unión Europea (UE) en las iniciativas actuales y futuras de las políticas de la UE en materia de seguridad común. 

Así, la OTAN extendió formalmente su invitación tras la reunión entre Türkiye (denominación actual)  y ambos países nórdicos y, según aclara el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, el proceso culminará “en cuestión de semanas” una vez que reciban la invitación del resto de países miembros. 

Posterior a la invitación, el jefe de la alianza anunció que la presencia defensiva de la OTAN aumentará en la parte oriental de Europa con más tropas, aviones y barcos, con el fin de garantizar su ayuda a Ucrania “el tiempo que haga falta”.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos reiteró este viernes sus compromisos con Europa y Ucrania. El Pentágono anunció el envío de armas y municiones a Ucrania en su combate contra el ejército ruso en el sur y el este del país. “Estados Unidos continúa trabajando con sus aliados y socios para suministrar a Ucrania el equipo necesario para afrontar un campo de batalla en evolución”, afirmó Todd Breasseale, portavoz del Departamento de Defensa estadounidense en un comunicado.

Cumbre del Grupo de los Siete en Elmau, Alemania 

La guerra de Ucrania y la escasez de energía fueron las preocupaciones que más atención requirieron de los países industrializados y, por ende, las que guiaron la cumbre del G7. 

Relativo a la seguridad alimentaria mundial, consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania y los límites en el suministro de cereales de ambos países, los siete grandes países industrializados estimaron que sería necesaria una recaudación de 4.500 millones de dólares para paliar la situación y dar respuesta a la crisis que afecta a más de 800 millones de personas en todo el mundo. 

Sin embargo, el Programa Mundial de Alimento estima alrededor de 28.000 millones de dólares. Según Oxfam, “por cada dólar de ayuda, los países de renta baja tendrían que pagar dos dólares a sus acreedores”. En otras palabras, la ayuda financiera prevista por el G7 es muy poca para poner fin a la crisis alimentaria y “deberían haber acordado la cancelación de esa deuda”.

En la búsqueda de condenar a Rusia y apoyar a Ucrania, cuestiones como la lucha contra el calentamiento global quedaron en segundo plano. Alemania, al ser el país que presidía el grupo de los siete principales países democráticos industrializados este año, deseaba entre otros objetivos la creación de un club de voluntarios para el clima, en vistas a la próxima conferencia mundial sobre el clima en el balneario egipcio de Sharm El-Sheikh en noviembre de este año. 

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Sin embargo, no se avanzó más que en un mero compromiso de la comunidad mundial en mantener sus objetivos de un calentamiento máximo de 1,5 grados y “seguir adelante con medidas urgentes, ambiciosas e inclusivas”. 

Caso contrario sucede con el suministro de energía. “Acabar gradualmente con nuestra dependencia de la energía rusa sin comprometer nuestros objetivos climáticos y medioambientales” es lo que afirma el Grupo de los Siete.

Colombia

A días de haber celebrado elecciones y llevar a Gustavo Petro como el próximo presidente, Colombia recibió el 28 de junio el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición. Esta da cuenta del conflicto que azotó a Colombia en el período de 1958-2016 y que aún subsiste en algunas zonas del país.  

El informe, en palabras del asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Celis, es un “referente de validación de muchas cosas que ya sabíamos” puesto que la violencia en Colombia arroja un saldo de 5000 asesinatos de personas miembros del partido Unión Patriótica, varios secuestros y asesinatos de las FARC- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- y el ELN- Ejército de Liberación Nacional- y los paramilitares, como también las ejecuciones extrajudiciales de 6402 jóvenes a manos del Ejército. 

En los últimos años, la Comisión escuchó a más de 20 mil víctimas y victimarios, recopiló relatos de exiliados en 23 países y recibió informes que le permiten trazar la documentación del conflicto. Por esta razón se destaca la labor del Centro de Memoria Histórica, figura que hizo posible que “la Comisión de la Verdad no parta de cero, sino que ha contado con un gigantesco acervo recopilado durante décadas”.
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El Informe Final revela un problema que partió del Estado Colombiano y su Ejército. Los hallazgos de la Comisión revelan que, poco menos de la mitad de las muertes (45%) puede atribuirse a los paramilitares de extrema derecha en complicidad con el Ejército regular (por un 12%). El Ejército asesinó miles de civiles inocentes para obtener bonificaciones, lo que se conoce como “falsos positivos”, y lo que constituyó una “práctica sistemática” para “eliminar al enemigo (guerrillero) a toda costa”. Asimismo, la guerrilla de izquierda de las FARC y la todavía activa guerrilla marxista ELN son responsables de 21% y del 4% de los asesinatos, respectivamente.  

Si bien hasta el momento son 3 los informes dados a conocer, en los próximos meses se esperan unos 7 informes más.

Ecuador

El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron el cese de varios días de movilización y conflicto. Las protestas se mantuvieron durante 18 días y han dejado 6 fallecidos, más de 200 heridos y 152 detenidos. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) llegaron a un acuerdo con el gobierno del presidente Guillermo Lasso tras su compromiso de derogar el estado de excepción, bajar 5 centavos adicionales a la reducción de 10 centavos al precio del combustible subsidiado y no dar más concesiones mineras en reservas naturales, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios indígenas. 

Así, la gasolina de 85 octanos pasará a costar 2,40 dólares por galón y el diésel 1,75 dólares, a pesar que las peticiones del movimiento indígena solicitaban un costo semejante al del año pasado (2,10 y 1,50 dólares, respectivamente).

Antes de dicho compromiso, el gobierno había concedido en demandas vinculadas a la actividad petrolera de la Amazonia (actividad promovida por el decreto 95, actualmente derogado), el cese de cobro a aquellas deudas vencidas a familias campesinas, reducir las tasas de interés de los créditos vigentes, subsidiar hasta la mitad el costo de la urea, duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud. 

Los acuerdos entre las partes contaron con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien dispuso de una mesa de diálogo para negociar los términos del acuerdo y del resto de los diez puntos del pliego de demandas del movimiento indígena durante el plazo de 90 días.  

Luego de dos semanas de movilizaciones, negocios cerrados y transporte suspendido, sobre todo en la capital Quito, los ecuatorianos intentan recuperar su normalidad mediante la firma del acuerdo que acoge parcialmente las demandas indígenas. Asimismo, la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos denuncia al Estado de Ecuador por incurrir en delitos de lesa humanidad, tratos crueles y perversos contra los manifestantes.

(*) Analista internacional de Fundamentar.