El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) diseñó un plan de reclutamiento "en tiempos de guerra" con una inversión cercana a los 100 millones de dólares, según reveló The Washington Post. El plan incluía segmentar geográficamente a personas que asisten a eventos como NASCAR, UFC y rodeos, además de contratar influencers para amplificar el mensaje. No se trata de publicidad estatal neutra: es una pieza de propaganda que apela a un imaginario de "invasión" y "recuperación" del país, con estética que evoca los carteles del Tío Sam de la Segunda Guerra Mundial pero con un trasfondo mucho más oscuro.
Ese trasfondo quedó expuesto cuando organizaciones detectaron que las piezas oficiales de ICE reproducían consignas históricamente asociadas a grupos nacionalistas blancos y a los Proud Boys. Que una agencia federal use retórica de extrema derecha para reclutar personal, se procesó como una controversia mediática más, diluida en el ciclo de noticias de veinticuatro horas. La normalización es, quizás, el efecto más peligroso de esta campaña.
La estrategia de reclutamiento no solo buscó agentes: buscó audiencias. Según reportó The New Republic, la campaña se dirigió específicamente a públicos vinculados al mundo de las armas, el equipo táctico y los podcasts patrióticos, con pauta en plataformas como Snapchat y Rumble y el despliegue de "livestreamers" afines. Se trata de un modelo de propaganda de nicho, diseñado no para convencer a la sociedad en su conjunto sino para radicalizar comunidades ya predispuestas, convirtiendo la persecución migratoria en una experiencia de identidad y pertenencia masculina.
Las protestas contra las redadas migratorias se multiplicaron en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Charlotte, y el propio gobierno de California llevó a la Casa Blanca a los tribunales por la militarización de la respuesta a las manifestaciones. Reuters describió aquellas protestas de junio de 2025 como el rechazo doméstico más fuerte que había enfrentado Trump desde su regreso al poder, y el episodio se convirtió en un punto de inflexión del debate nacional sobre el uso de la fuerza federal en asuntos internos. Meses después, los nombres de Renée Good y Alex Pretti, ambos muertos en operativos de ICE, se sumaron a una lista de víctimas civiles de una política que fue presentada como mano dura contra "criminales" pero que golpea, sobre todo, a comunidades y a personas sin antecedentes.
Esta arquitectura discursiva no queda contenida en las fronteras de Estados Unidos. La circulación viral de los carteles de reclutamiento, los memes de "recuperar nuestro hogar" y las imágenes de redadas producen un efecto de traducción cultural: la idea de que la migración es sinónimo de invasión, delito y amenaza se percibe como sentido común en otras latitudes, incluidas sociedades que hasta hace poco discutían la migración en términos de derechos humanos o de necesidad económica. Las plataformas digitales, con sus lógicas de indignación y polarización, funcionan como correa de transmisión: lo que en Washington es una política de Estado, en otros países se convierte en insumo retórico para dirigentes que buscan un enemigo fácil de señalar.
Para América Latina, la región de origen de buena parte de las personas perseguidas por ICE, esto abre una disputa de sentido particularmente perversa. Somos, al mismo tiempo, el continente cuyos migrantes son deshumanizados en los carteles de reclutamiento estadounidenses y el terreno donde ciertos gobiernos intentan replicar esa misma gramática contra otros migrantes, generalmente más pobres o más racializados. La pregunta que queda sobrevolando es incómoda: ¿qué clase de política migratoria construye una región que fue, históricamente, tierra de acogida, cuando decide mirar hacia el norte no para denunciar la violencia sino para copiarla?
Los casos sobran: En El Salvador, Nayib Bukele consolidó desde hace años una alianza estrecha con Washington que incluyó la recepción de migrantes deportados en su mega penal de máxima seguridad convirtiendo a su gobierno en un socio predilecto de la política migratoria de Trump y en modelo de mano dura que otros dirigentes de la región observan con simpatía. En Brasil, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado) y candidato contra Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2026, viajó a Washington para reunirse con Trump y fue impulsado por sectores de su propio espacio político a importar el guión trumpista de seguridad e inmigración como eje de campaña, en un país que históricamente se pensó a sí mismo como receptor de migrantes antes que como emisor de discursos de exclusión. Se trata de un entramado de afinidades ideológicas, personales y hasta electorales que excede hasta al caso argentino, ya que un variado arco de dirigentes regionales ensayan el mismo discurso del “enemigo migrante” que ICE supo convertir en política de Estado.
Argentina, el laboratorio regional
Desde noviembre de 2025, cuando la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó la creación de una Agencia Nacional de Migraciones y una Policía de Migraciones o de Frontera, el gobierno libertario avanzó en la construcción de un aparato que, sectores de derechos humanos y buena parte de la prensa regional no dudan en llamar "el ICE argentino". El propio decreto DNU 366/2025, de inspiración trumpista, restringía el acceso a la ciudadanía, imponía aranceles para el acceso de extranjeros a salud y educación, y le quitaba al Poder Judicial la decisión sobre naturalizaciones, antes de ser declarado inconstitucional por uno de los Juzgados Federales de Paraná.
En junio de 2026 el gobierno argentino dio un paso más con el Programa de Seguridad Migratoria, que redobla el control contra extranjeros al estilo del ICE estadounidense y habilita a todas las fuerzas de seguridad federales a participar en tareas de inteligencia, persecución, detención y deportación de cualquier inmigrante o turista sospechado de irregularidad migratoria. La Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria pasaron a actuar como policía auxiliar de la Dirección Nacional de Migraciones, en un esquema que multiplica los cuerpos habilitados para detener personas por su documentación antes que por la comisión de un delito.
Lo que se juega en el caso argentino excede la anécdota local: es la prueba de que el modelo ICE no es solo una política doméstica de Estados Unidos, sino un patrón exportable, un molde institucional y comunicacional que otros gobiernos de la región pueden adoptar bajo la promesa de "orden" y "seguridad". La disputa de sentido para los latinoamericanos consiste, entonces, en resistir la idea de que el único lenguaje posible para hablar de migración es la del control policial y la sospecha, cuando la propia historia migratoria del continente, de ida y de vuelta, debería obligarnos a construir un vocabulario distinto, más cercano al de los derechos que al de la cacería.
(*) Analista Internacional de Fundamentar
