Ofensiva ucraniana en Rusia

Se cumple más de una semana de la incursión de las tropas de Kiev en territorio ruso en la región de Kursk. El ejército ucraniano suma un total de 78 localidades y 1090 km2 de territorio ruso ocupados, según la información brindada por el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrsky. Y más de 121.000 personas habían sido evacuadas de la región atacada y otras 11.000 de Bélgorod y Bryansk. 

Esto significó un gran impacto en la reputación del ejército ruso y para el presidente Vladimir Putin, que en sus últimas declaraciones, aseguró que con esta acción Kiev busca mejorar su posición negociadora y que "con la ayuda de sus amos occidentales" está tratando de frenar el avance de las fuerzas rusas en Ucrania. Además el primer mandatario acusó a los soldados de Kiev de disparar indiscriminadamente contra civiles rusos e instalaciones nucleares.

El ataque inicial, lanzado el martes pasado, no habría sido posible sin el apoyo financiero y militar de Estados Unidos, el principal aliado de Ucrania, quien declaró que no estaba informado ni sabía nada de los planes para atacar la Federación Rusa por tierra. Sumado a esto, el riesgo de que Ucrania se quede sin su mejor apoyo internacional es grande debido a que en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre podría resultar ganador el candidato republicano, el expresidente Donald Trump, quien ha expresado públicamente su intención de poner fin a la guerra.

Por otro lado, el Kremlin subrayó que tiene claro que detrás de la ofensiva está Occidente y recordó que la actual guerra es una confrontación entre Rusia y la OTAN.

Previamente, las fuerzas ucranianas reportaron que Rusia lanzó 38 drones de ataque y dos misiles balísticos Iskander-M contra Ucrania, una semana después de que comenzara la incursión ucraniana, que hasta el momento se considera el avance más efectivo de Ucrania en estos dos años y cinco meses de invasión rusa. La operación buscó  "desestabilizar" a Moscú y dispersar a las fuerzas implicadas en la invasión de Ucrania. 

Ante una posible contraofensiva rusa, el Gobierno de Kiev ordenó la evacuación de algunos distritos que son parte de la región de Sumy, en el noreste del país, zona fronteriza con Kursk. 

Aunque, como consecuencia de la falta de soldados y la necesidad permanente de suministros, municiones, misiles, tanques y, sobre todo, aviones de combate, ambos ejércitos están debilitándose conforme pasan los meses. 

La VII Reunión de diálogo entre el Mercosur y China 

El foro entre Mercosur y la República Popular China se llevó a cabo el día 12 de agosto en Montevideo, Uruguay, como actual país en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del bloque sudamericano. La reunión fue encabezada por el vicecanciller Nicolás Albertoni. Por el lado chino, la misión estuvo encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, y contó con la la presencia del embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, entre otros funcionarios chinos. En la práctica, significó la reanudación del diálogo formal entre el Mercosur y China, donde esta última se comprometió a presentar una hoja de ruta para fortalecer su diálogo con el bloque, a la espera del siguiente encuentro que podría ser en el 2025. 

La última reunión del mecanismo de diálogo fue hace seis años en Beijing, sin embargo, Uruguay a lo largo de estos años siempre buscó reactivar el diálogo y concretar, en última instancia, un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y el bloque compuesto por Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela. Junto con el objetivo de flexibilizar las reglas del Mercosur, tanto para beneficio del bloque como para cumplir con sus propias expectativas de apertura comercial e incremento de los flujos de inversión en el pais. 

A partir de 2015 la República Popular China reemplazó a los Estados Unidos como principal socio comercial del Mercosur. El rápido ascenso de China como socio comercial se mantuvo aún después del llamado boom o ciclo de los commodities, lo que pone en evidencia el protagonismo y la importancia de China en el comercio con el bloque.

En noviembre de 2023, Uruguay suscribió una declaración que considera las relaciones bilaterales como Alianza Estratégica Integral, conseguida por el presidente Luis Lacalle Pou durante su visita oficial a Beijing. Siendo China el principal socio comercial de Uruguay, comprando más del 20 por ciento de las exportaciones del país sudamericano, con récord en valores de 4.457 millones de dólares alcanzado en 2022.

Se espera que profundicen las relaciones bilaterales entre ambos países, teniendo como oportunidad el próximo G20 que se realizará en Brasil, que contará con la participación del presidente chino, Xi Jinping.

Crisis política en Ecuador

La ruptura evidente entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su vice, Verónica Abad, colocó  al país en una crisis institucional y en la mira de toda la comunidad internacional. 

Tras ser electo Noboa en las elecciones anticipadas del año 2024 convocadas por el expresidente conservador Guillermo Lasso, quien no completó su periodo, designó a Abad como embajadora de paz en Israel en medio de la guerra en la Franja de Gaza. Un hecho que agravó la relación entre ambos fue la detención del hijo de Adad acusado de tráfico de influencias y su posterior encarcelación, hasta el momento sin recibir una condena.

El lunes 12 de agosto se dio a conocer que Abad denunció a Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en la que acusó de violencia de género al presidente y otros tres funcionarios cercanos a él. De comprobarse y de ser llevada a juicio, esta demanda es considerada una infracción electoral "muy grave", que se sanciona con la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, la destitución del cargo y una multa.

Lo llamativo es que la denuncia ingresó al TCE un día antes de que el oficialismo postulara a Noboa para la reelección. Pero con lo sucedido recientemente, Noboa teme dejar el puesto a Abad que, según la Constitución Nacional, debe tomar el cargo durante el periodo de licencia, 45 días, que el gobernante debe solicitar para dedicarse a la campaña electoral. Como los comicios serán el 9 de febrero de 2025, Noboa debería dejar la presidencia el 26 de diciembre de este año. Pero si Abad no se encuentra en Ecuador, no podrá asumir como presidenta en su lugar.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vicepresidenta afronta también, ante el Tribunal Contencioso Electoral, una denuncia por una presunta irregularidad en las elecciones locales de 2023, cuando se presentó como candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca.

El primer mandatario, luego de que la noticia se dio a conocer, respondió a través de un comunicado del Ministerio de Gobierno que califica la denuncia como "un burdo intento de desestabilización" y "un claro intento de golpe de Estado". El Gobierno consideró la acción de Abad como "una alianza con la vieja política" con la intención de "acceder al poder a cualquier costo". "Es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia", añade el documento.

Daniel Noboa intenta que la ruptura política con Abad sea definitiva, teniendo como resultado la renuncia de la Vicepresidenta, mientras que en paralelo él lucha por volver a ser electo Presidente. 

Emergencia mundial por la viruela de mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de viruela mucosa (MPOX) que se está produciendo en varios países de África es una emergencia sanitaria mundial, el nivel más alto de alarma según la legislación sanitaria internacional. Se produce luego de que, a principios de semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África anunciaron que los brotes de mpox suponían una emergencia de salud pública, con más de 500 muertes, y pidieron ayuda internacional para detener la propagación del virus.

Las autoridades sanitarias africanas señalaron anteriormente que el “mpox”, también conocido como viruela del mono, se ha detectado en 13 países africanos este año, y que más del 96% de todos los casos y muertes se encuentran en el Congo. Asegurando que la nueva variante del mpox, Clade I, que se propaga rápidamente, parece tener una tasa de mortalidad de alrededor del 3-4%. Por la falta de tratamientos y vacunas accesibles en la mayoría de los  países africanos, sumada a la dificultad para diagnosticar la enfermedad, se dificulta el control del brote.

La viruela de mono es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto cercano con personas infectadas y animales, incluso a través de las relaciones sexuales.

A diferencia de los brotes anteriores de mpox, en los que las lesiones se observaban principalmente en el pecho, las manos y los pies, la nueva forma causa síntomas más leves y lesiones en los genitales que la hace más difícil de detectar.

Declarar el alerta máxima a nivel mundial le permite a la OMS acceder a fondos para las respuestas de emergencia, mientras se invierten fondos en capacidad de diagnóstico, en la respuesta de salud pública, el apoyo al tratamiento y la vacunación. Además, la organización llamó a los países a fortalecer sus sistemas de vigilancia epidemiológica y a mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento de la viruela. Asimismo, es necesario intensificar las campañas de vacunación y educación de la población, sobre todo en las zonas de riesgo. 

En 2022, la OMS también declaró que el mpox suponía una emergencia sanitaria internacional después de que se extendiera a más de 70 países que no habían informado anteriormente de mpox. Sin embargo, fue controlada rápidamente con la ayuda de vacunas y tratamientos.

(*) Internacionalista de Fundamentar 

Los virus influenza constituyen una amenaza a la salud global y representan un desafío constante por su alto potencial zoonótico. El virus influenza H1N1 desató una pandemia en el año 2009 y persiste en la actualidad con brotes estacionales. Actualmente, es responsable del ochenta por ciento de las hospitalizaciones por gripe en Argentina, lo que subraya la necesidad de herramientas complementarias a la vacunación para prevenir y tratar estas enfermedades. Como fruto de un trabajo interdisciplinario, el grupo de Biotecnología Viral del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB, CONICET-UNS), liderado por la investigadora del CONICET Mariana Puntel, logró desarrollar y caracterizar una serie de diez moléculas de llamas vacunadas contra la gripe. Los autores especulan que los genes aislados podrían inocularse en seres humanos para combatir diversos virus influenza del subtipo H1N1. La novedad fue publicada en la revista PLOS ONE.

“Este estudio ofrece una serie de candidatos terapéuticos prometedores para combatir las infecciones por virus de la influenza H1N1 y desarrollar tecnologías innovadoras para la prevención y el tratamiento de enfermedades virales”, subraya Puntel. El trabajo se desarrolló en estrecha colaboración con el grupo INCUINTA vinculado al Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas (IVIT, CONICET-INTA), dirigido por la investigadora del CONICET Viviana Parreño.

En el trabajo, los científicos lograron caracterizar nanoanticuerpos monoclonales que resultaron eficaces en la profilaxis de la infección con virus de la influenza H1N1. En particular, identificaron cuatro nanoanticuerpos terapéuticos derivados por ingeniería genética de las inmunoglobulinas de cadena pesada presentes en llamas y demás especies de camélidos, cada uno con diferentes capacidades de unión y neutralización hacia diversas regiones de virus de la influenza, lo que les permite ofrecer protección amplia contra este patógeno.

Cabe destacar que los nanoanticuerpos derivados de llamas son diez veces más pequeños que los anticuerpos más conocidos. Son monoclonales y presentan una alta estabilidad y solubilidad, lo que los convierte en una herramienta atractiva para el desarrollo de formulaciones que refuercen la inmunidad de modo complementario a la vacunación, o bien como herramientas diagnósticas.

“Los nanoanticuerpos que desarrollamos son candidatos para su aplicación como agente activo de formulaciones de aplicación profiláctica y terapéutica. En particular, trabajamos en la administración intranasal por gota, y estamos estudiando su implementación en formulaciones nebulizables”, explica Puntel.

Los resultados de la investigación representan un avance en el desarrollo de nuevas tecnologías capaces de inhibir la replicación viral de una amplia gama de cepas del virus de la influenza tipo A. Además, es la primera vez que se describe un nanoanticuerpo que brinda inmunidad esterilizante contra este virus y a muy baja dosis. Uno de los nanoanticuerpos identificados demostró conferir protección in vivo en dosis diez veces menores de lo descrito hasta el momento con este tipo de tratamientos experimentales. Este nivel de protección se traduce en una disminución a niveles indetectables de la carga viral en los pulmones de los ratones tratados el día cuatro después de la exposición al virus.

“Después de los ensayos realizados, no se encontraron rastros de virus en los ratones tratados por vía intranasal y luego infectados. Por eso decimos que pudimos identificar un candidato profiláctico ideal y estamos entusiasmados con que estos resultados se repliquen en los futuros ensayos”, concluye Puntel.

FUENTE: Conicet 

En la genial serie televisiva “Los Simuladores”, creada por Damián Szifrón, radicaba un sentido de justicia innato. Basado en un relato básico, los que padecían alguna injusticia y un grupo de hombres, desde un trabajo de equipo, con importantes recursos tecnológicos, de inteligencia y con una determinante impronta de simulación, lograban que el dolor y la angustia inicial se transformara en esperanza y en revinculación posterior con nuestros héroes, que, a diferencia de los importados del norte, lograban su objetivo final, ya no desde un individualismo todopoderoso, sino desde cierto colectivismo mucho más propio de la esencia argenta.

El programa, de alguna forma, mostraba que todo era posible si había organización, picardía y trabajo común. Tenía cierta estructura básica, podría decirse que infantil (esto no es un demérito) y donde los límites de quienes eran los buenos y los malos estaban claramente establecidos. Aunque huelgue decirlo, la política tiene mucho de simulación. La gran pregunta es cuánto de ciertos pases de magia se pueden sostener en el tiempo, dejando de ser una herramienta útil y que, en definitiva, no se vuelva en contra de sus protagonistas. Recorrido semanal de unas cuantas simulaciones libertarias que, como a los malos que enfrentaban nuestros héroes televisivos, rápidamente se le ven los pliegues. Pasen y vean. Sin ambigüedades y con nuestras pequeñas verdades a cuestas, sean todos bienvenidos.

La sobreactuación libertaria en el retorno presidencial a las apuradas de los Estados Unidos, en nombre del ataque iraní a Israel, con las temerarias advertencias de analistas de toda laya que nos anunciaban el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, duró lo que pervive un atracón de domingo con alguna copa de más y esa porción de postre que uno sabe que no debería comer. Para el lunes, la reunión del comité de crisis era historia y para el martes un mal chiste, sobre todo cuando el propio gobierno bajó el nivel de seguridad y un par de comunicadores bien informados afirmaron que el motivo real de la vuelta anticipada del presidente, se debió a que en Dinamarca ninguna figura de importancia recibiría al presidente. El recientemente ascendido Manuel Adorni no lo desmintió, así que el dato queda flotando para que cada quien lo pondere como mejor le parezca.

Pero esa no fue la única simulación de la semana planteada desde el oficialismo gobernante ya que, casi cuatro meses después de haber sancionado el Decreto de Necesidad y Urgencia nº 70/23, el cual habilita a los sucesivos y exponenciales aumentos que las empresas de medicina prepaga aplicaron a la totalidad de sus clientes; el funcionariado vino a descubrir que probablemente el bueno de Claudio Belocopitt y sus colegas, se habrían cartelizado para cobrar lo que les venía en gana. La novedad libertaria radicaba en que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) preparaba un recurso de amparo exigiendo que las prepagas apliquen los aumentos sin pasarse de los índices inflacionarios informados por el INDEC. Tanta bonomía a uno no deja de conmoverlo. Ay, libre mercado que me hiciste mal y sin embargo te quiero!

Pero la saga de simulaciones siguió. Ante el clima social surgido con la convocatoria para e l martes 23 a la marcha nacional en defensa de la universidad pública, que pinta como masiva y aglutinante, en la tarde noche del jueves, al mileismo gobernante no se le ocurrió mejor idea que salir a anunciar vía comunicado de prensa, que se había logrado un acuerdo con los rectores del conjunto de las universidades que se referencian en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para garantizar un reajuste del presupuesto del 70%. Nada de eso sucedió en esos términos y a fuerza de desmentidas rectorales, a media mañana del viernes la noticia había dejado de ser tal, para demostrar que se trataba de una burda operación.

https://twitter.com/CINoficial/status/1781155100582359130

En ambas cuestiones, prepagas y universidad pública, el Poder Ejecutivo parece intentar dar respuesta a sectores que, probablemente, lo apoyaron de manera decidida en el balotaje de noviembre del año pasado. En un país donde, pese a todo, el sueño de la movilidad social ascendente a partir de la educación ha podido imponerse, teniendo un evidente impacto en la cultura social de sus habitantes, condicionar en su día a día a la salud y la educación no parece ser la mejor de las propuestas.

En modo slow motion, y al igual que sucedía la semana pasada con la CGT, el oficialismo llega tarde y mal, con propuestas que intentan desactivar la canalización del conflicto en el espacio público. En la verborragia presidencial, en la soberbia del vocero y en el silencio del conjunto de funcionarios de las distintas áreas donde aparecen las disputas, parece radicar una estrategia que, cuando los hechos se encuentran temporalmente cercanos, intentan ser desactivados. ¿Miedo a la calle? Puede ser. Pero este analista prefiere pensar en un intento por evitar el enojo de aquellos que, aún sin movilizarse, puedan interpretar que el oficialismo no hace nada por evitar ciertos deterioros que están cada vez más expuestos.

Si el libertarismo llegó como un espacio que vino a renovar la política, ciento treinta y dos días después las dudas cada vez quedan más expuestas. Si, para finales de 2023, el sistema político argentino podía visualizarse como un entramado atomizado, donde los distintos grupos trataban de sobrevivir políticamente más allá de la presencia efectiva de liderazgos que solidificaran cierta idea institucional del mundo; las disputas libertarias de las dos últimas semanas no parecen ajenas a esa lógica.

Con el bloque de diputados explotado para la segunda semana de abril, con la internación de una famosa legisladora debido a las amenazas recibidas por los propios como producto de las disputas internas, con renuncias de funcionarios de segundas líneas por goteo y con diferencias profundas en ciertas preferencias entre los hermanos Milei respecto de algunos nombres propios, el momento político del mileismo, más allá de la centralidad presidencial, no parece el ideal.

Va de suyo el reconocimiento en la efectividad del discurso contra la casta. Sabido es que Javier Milei supo canalizar cierto enojo social bajo la simpleza del concepto. Se esmeró en denunciar a dirigencias enfrascadas en sus internismos, la presencia de familiares y amigos en el cenáculo del poder y un supuesto despilfarro de los ingresos públicos. Todo ello fue parte del paquete expresado por el Milei candidato. Pero, si revisamos la semana, el libertarismo parece haberse incorporado de manera plena a todo aquello que denunciaba: Adorni fue ascendido al rango de secretario de Estado pero con ingresos de ministro y sus hermanos pasaron a formar parte de áreas ministeriales de relevancia; a Eduardo Serenellini se le devolvió la jerarquía que ostentaba pero sin manejo de presupuesto; Karina Milei cuenta ahora con un manejo discrecional de fondos para determinadas áreas; pudimos conocer el gasto exagerado en el pago del vuelo privado que justificó la entrevista con Elon Musk (U$s150.000) y, por fin, el presidente ahora descubre la conveniencia del uso de la flota oficial para su traslado.

https://twitter.com/madorni/status/1781866604726251613

A todo lo anterior debe agregarse la acusación de ratas a senadores de la oposición por haberse aumentado los ingresos, para terminar obviando que los propios legisladores de La Libertad Avanza, también avalaron la suba de ingresos. Si aquella discusión fuera válida (para este analista representa un tema menor frente a las complejidades de la cotidianidad argentina), podría decirse que el libertarismo se acostumbró muy rápido a ciertas mañas del sistema político.

Pero a todo lo comentado, en el marco de una situación económica y social cada vez más deteriorada, donde los aumentos de tarifas comienzan a transformarse en una verdadera piedra en el zapato, la gestión peca de improvisación. Por ejemplo, se anunció un masivo cierre de medios públicos que no sucedió ya que sólo la Agencia Télam quedó alcanzada por la medida, aunque sus trabajadores siguen cobrando su sueldo al igual que los empleados del INADI, el cual no puede cerrarse porque para ello se necesita una ley y también, se anunció la venta de terrenos donde funciona la TV Pública, cuestión que efectivamente quedó desactivada.

El oficialismo es una suma de anuncios que en pocas horas quedan desestimados y que muchos ciudadanos y ciudadanas dan por confirmados, mientras el ministro de Economía peregrina por las calles de Washington preguntándose como en el tango “¿dónde hay un mango viejo Gómez?”, ya que en el Fondo Monetario Internacional están muy de acuerdo con la marcha del plan, pero no tanto como para entregar los U$s15.000 millones que Luis Caputo le prometió al presidente que podría conseguir para animarse a salir del cepo primero y apostar por la dolarización después.

Además, debe decirse que por ahora los camiones no invaden las rutas de la región entregando la cosecha gruesa, porque no son pocos (productores y cerealeras) que esperan, a contramano de varios de los empresarios que el viernes aplaudieron a Milei en el Llao Llao (hipotéticos héroes por haber fugado dinero), por una nueva devaluación que les permita hacer una buena diferencia.

En lo concreto, el oficialismo sólo parece ir por una sola variable tangible para los argentinos: la baja de la inflación. En esta mañana de sábado, mientras se anuncia que habrá cadena nacional para informar sobre el superávit de marzo, la expectativa de cortísimo plazo parece residir en que los precios profundicen una tendencia a la baja, cuestión que será definitivamente celebratoria para el equipo gubernamental. Que en el medio no se le haya pagado a nadie, que se haya ahorrado con fondos que pertenecían a las provincias, a docentes, a enfermos cancerígenos o a jubilados a los cuales no se le cumplió con la ley previsional anterior y que el nivel de subsidariedad de las tarifas haya sido borrado de un cuajo, no resulta un tema de interés para las fuerzas del cielo. Algo parecido a aquella afirmación de Tácito: “Los romanos construyen un desierto y lo llaman paz”.

La simulación en política, como en la vida misma, puede ser un arte, pero sólo puede servir a cumplir objetivos que nunca deben superar el corto plazo. Si, como dice Miguel Cantilo, podremos acechar verdades sobre las paredes del libertarismo, porque en ellas aparecen verdades, esas que el movimiento nacional y popular no supo descifrar, bueno sería descubrir quiénes son los buenos y los malos en el juego de los simuladores. Por lo menos para intuir de qué va la cosa. Aunque una justa construcción política, ya se sabe, reclame otros ejercicios.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Una seguidilla de sucesos ocurridos en las últimas semanas reavivaron las discusiones en torno a la Ley de Salud Mental (26.657). Particularmente respecto al artículo 20, que establece que la internación involuntaria de un paciente es un recurso “excepcional” que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

El médico psiquiatra y ex Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrionuevo, y el psicólogo y cofundador de la Red de Salud Mental Argentina (RESMA), Federico Morgade, dialogaron con GO Noticias acerca de la necesidad de una atención integral y de las complejidades que años de estigmatización contra las problemáticas de salud mental y el consumo de sustancias implican a la hora de analizar y aplicar la legislación vigente desde 2010.

El incendio en el departamento de Felipe Pettinato (que terminó con la vida de Melchor Rodrigo), una nueva internación del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier y el aniversario 11º de la Ley, fueron los hitos que volvieron a hacer pública una discusión en particular, que tanto profesionales de la salud como familiares de pacientes sostienen desde hace tiempo: el carácter voluntario de la internación en pacientes psiquiátricos y adictos.

Este lunes, Marina Charpentier, madre de “Chano”, expuso en el Senado con motivo del 11º aniversario de la Ley, junto al senador radical Mario Fiad, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y el médico psiquiatra Christian Molina Radio. Allí volvió a hacer explícito su pedido de modificar la legislación actual para que contemple una “mayor escucha” a las familias: “El artículo 20 es una injusticia, una estupidez y una falta de conocimiento terrible”, dijo.

¿Cuándo se considera que el riesgo es cierto e inminente?

El médico psiquiatra y ex Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrionuevo, expresó que “la Ley Nacional de Salud Mental no obstaculiza las internaciones, todo lo contrario: empodera al equipo de salud y lo faculta a decidir internar a una persona contra su voluntad en caso de que exista riesgo a la integridad física propia o de terceros”.

Al respecto, explicó que el riesgo se considera como tal “cuando es cierto e inminente, no potencial, para también proteger la libertad de las personas que no están ni ponen a alguien más en riesgo”. Incluso, explicó que “la Ley exige la creación de un servicio de internación específico en hospitales generales, por lo que debería haber más disponibilidad para internar a una persona y, por ende, facilitar siempre ese proceso”.

"¿Cuál es el criterio para definir si un paciente implica un riesgo cierto e inminente?", se preguntó Federico Morgade, psicólogo y cofundador (junto a María Florencia Casettari) de la Red de Salud Mental Argentina (RESMA), asociación que busca guiar tanto a pacientes como a familiares en la búsqueda de profesionales de la salud. "No puede depender de cada caso, de cada familia o de cada profesional, no deberían existir esos grises”, sostuvo.

La aplicación de la Ley en el sistema de salud mental

Barrionuevo consideró que “lo que tiene que cambiar y mejorar es el sistema de salud mental, no necesariamente la ley”. En esa línea, señaló que esta dificultad de modificación del sistema “tiene que ver con que la salud mental fue un objeto de estigma y discriminación históricamente, por eso la ley implica un cambio que lleva mucho tiempo”.

Agregó que existe una “brecha” entre el sistema de atención y las necesidades o demandas de las familias y los pacientes: “Es un problema histórico y global; reducir esa brecha es incluso una de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, pero no es solo la cantidad de recursos que se tiene para el tema, es la forma en que se distribuyen y planifican”.

Morgade reconoció que la Ley trajo consigo la expansión de la salud mental de un plano meramente biológico a uno "también social y económico", que permitió una ampliación en la cantidad de profesionales que pueden abordar las problemáticas, sin reducirlo únicamente a médicos psiquiatras. Pero hizo énfasis en los “grises” que tiene la legislación de 2010: “Hay un cierto desfasaje entre lo que propone la ley y su aplicación en la vida real”.

En paralelo, Barrionuevo expresó: “La ley busca darle un marco jurídico a la posibilidad de transformarlo en un sistema de salud comunitario, entendiendo esto como uno que esté cerca de las personas, cerca del pueblo en todo sentido y con igualdad en la distribución de recursos, pero también en términos culturales y geográficos”.

Mayor poder de decisión para las familias de los pacientes

En la exposición del lunes, la madre de Chano había señalado: “El artículo 20 hay que cambiarlo, porque una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él".

Morgade, por su parte, propone la alternativa intermedia: si hay dispositivos que acompañen esas “recaídas”, la persona puede seguir con un estricto seguimiento sin la necesidad de permanecer internada. “Algunos puntos de la ley, como el artículo 20 no son claros porque son justamente temas difíciles de esclarecer y por eso es tan necesario pensar, junto con la ley, su función pragmática, que sea aplicable a la realidad y acorde a la necesidad de los pacientes”, añadió.

Consultado por el reclamo de un grupo de familiares de pacientes psiquiátricos que exigen una “mayor escucha”, Barrionuevo reconoció: “Es muy doloroso ser un familiar de una persona con un padecimiento de salud mental y las personas que acompañan merecen todo el acompañamiento y respeto; es el sistema el que debe adaptarse a la necesidad del paciente y sus allegados, no a la inversa”.

En ese sentido, coincidió con el psicólogo y remarcó la necesidad de “reforzar el acceso a los servicios ambulatorios como centros de día, tratamientos domiciliarios, centros de atención de emergencia” para aquellos casos que no precisan internación, pero sí un seguimiento estricto.

 

Dispositivos intermedios

Al ser consultado por la situación de pacientes en situación de consumo problemático, Barrionuevo explicó: “La Ley contempla el consumo como una problemática de salud mental, pero en este punto hay incluso más discriminación y estigma. El sistema lo tiene que contemplar y para eso es necesario fortalecer los equipos capacitados y especializados en consumo dentro del sistema de salud mental”.

En ese sentido, el cofundador de la RESMA manifestó su preocupación porque muchos centros de atención intermedia actualmente “no son de fácil acceso y no abarcan todo el territorio nacional” y son las “formas posibles de intervenir para disminuir una sintomatología y prevenir la necesidad de internación, que es una situación más privativa y no puede ser la única opción”.

Por ese motivo, señaló la importancia de robustecer los dispositivos de atención telefónica ya existentes para que los pacientes puedan acudir desde que comienzan con los primeros índices de potenciales trastornos psiquiátricos, donde “hemos tenido experiencias muy buenas y completas, pero también hemos recibido reclamos por las demoras y los procedimientos que no siempre se dan en el tiempo que una urgencia precisa”.

Y concluyó con la necesidad de “encontrar opciones que no sean ni tan severas como una internación ni tan laxas, es necesario desarrollar más dispositivos intermedios tanto en el ámbito público como en el privado”. Fundamentalmente, en casos de consumo de sustancias, donde hay “recaídas y mejorías” y esos momentos deben ser acompañados sin necesidad de decisiones radicalizadas.

 

FUENTE: Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Dana Vazquez

La COVID‑19 amplifica el riesgo de una escalada mundial de precios de los alimentos, algo que provocaría crisis declaradas en muchos países en desarrollo. En los más pobres, los alimentos suponen entre el 40 y el 60% de la canasta de consumo, unas cinco o seis veces más que en las economías avanzadas.

Las cuarentenas provocaron una enorme contracción de la demanda de bienes duraderos y servicios prescindibles, pero con los alimentos ocurre lo contrario. En ciudades de todo el mundo, desde el inicio de la pandemia se han multiplicado los casos informados de compras por pánico y acaparamiento de alimentos.

Por el lado de la oferta, aunque las reservas mundiales de granos están en buenos niveles, las alteraciones a la producción y distribución de alimentos provocadas por el virus pueden llevar a que se agoten en poco tiempo. Y la escasez de forrajes, fertilizantes y pesticidas aumentó los costos de la producción agrícola y el riesgo de malas cosechas.

Además, ya sea en la recolección de frutas y vegetales en la India o la operación de plantas de procesamiento de carne en Estados Unidos, hay una escasez de mano de obra cada vez más evidente como resultado de las restricciones al movimiento internacional de personas en gran parte del mundo, que alteran el ciclo estacional normal del trabajo agrícola migrante. Y la escasez de medios de transporte dificulta todavía más el traslado de la producción a los mercados que siguen funcionando.

En vez de vender en bulto a restoranes, hoteles y escuelas (que ahora están cerrados), los agricultores necesitan reorientar sus cadenas de suministro hacia la venta a tiendas de cercanía y la entrega a domicilio. Pero eso lleva tiempo, en particular porque hay diferencias de preparación y empaquetado entre los productos alimenticios de uso comercial y los que se venden directamente a los consumidores. Mientras tanto, ya hubo casos de destrucción forzosa de productos frescos.

Encima, algunos importantes países productores de alimentos ya han respondido a la pandemia con restricciones (cuotas o prohibiciones) a las exportaciones; por ejemplo Rusia y Kazajistán para los granos y la India y Vietnam para el arroz. Y otros han comenzado a acelerar las importaciones para acumular reservas de alimentos, por ejemplo las Filipinas (arroz) y Egipto (trigo).

Este proteccionismo alimentario puede parecer un buen modo de dar alivio a los segmentos más vulnerables de la población, pero si muchos gobiernos apelan a esta clase de intervenciones en simultáneo puede producirse una escalada global de precios de los alimentos, como sucedió en 2010‑11. El Banco Mundial calcula que en aquel momento un 40% del aumento del precio mundial del trigo y un 25% en el caso del maíz fueron atribuibles a medidas proteccionistas.

El nerviosismo de los países es comprensible. La pandemia de COVID‑19 ya provocó reducción del crecimiento y aumento del desempleo, del déficit fiscal y de la deuda en una variedad de economías (tanto avanzadas como emergentes) y la aparición de nuevos focos de contagio en países en desarrollo agudizará el dilema entre salvar vidas y proteger los medios de subsistencia de la gente. Además, los países en desarrollo ya enfrentan un corte súbito de los flujos de capitales y remesas y un derrumbe del turismo, a lo que se suma, en el caso de los muchos de ellos que son exportadores de petróleo y commodities primarios, un enorme deterioro de los términos de intercambio y de los tipos de cambio. Incluso antes de la COVID‑19, muchos países de bajos ingresos ya estaban en grave riesgo de tener problemas de deuda. Y muchas de estas economías también son muy vulnerables a una escalada de precios de los alimentos.

El Índice Nomura de Vulnerabilidad Alimentaria califica 110 países según su exposición a grandes oscilaciones de precios de los alimentos, teniendo en cuenta el PIB nominal per cápita, la participación de los alimentos en la canasta hogareña de consumo y el nivel neto de importación de alimentos. La última medición muestra que los 50 países más vulnerables a un encarecimiento sostenido de los alimentos corresponden casi en su totalidad a economías en desarrollo que equivalen a casi tres quintos de la población mundial.

De hecho, dado el carácter universalmente regresivo de los precios de los alimentos, su encarecimiento sería un problema en todo el mundo. Incluso en las economías desarrolladas, un salto de precios de los alimentos ampliará la disparidad entre ricos y pobres y agravará así la importante desigualdad de riqueza preexistente. Y no hay que pasar por alto la conexión histórica entre las crisis alimentarias y la agitación social.

Las instituciones multilaterales se han movilizado rápidamente durante la crisis para proveer financiación de emergencia a una cantidad récord de países en desarrollo; el G20, en tanto, acordó otorgar a los países pobres que lo necesiten una moratoria del pago de deudas. Pero los riesgos de una escalada de precios de los alimentos no afectan solamente a las economías más vulnerables, de modo que es posible que otros países también necesiten un alivio de deudas temporal.

En momentos en que la pandemia amenaza generar un caos económico todavía mayor, es necesaria la colaboración de los gobiernos para enfrentar el riesgo de interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos. Y más en general, un mínimo de coordinación internacional de políticas es esencial para evitar que el proteccionismo alimentario se convierta en la nueva normalidad post‑pandemia.

 

FUENTE: Project Syndicate

 

(*) Carmen M. Reinhart is Professor of the International Financial System at Harvard University's John F. Kennedy School of Government.

(**) Rob Subbaraman is Head of Global Macro Research at Nomura.

Para la protección de las sociedades contra la COVID‑19 será clave contar con sistemas sanitarios fuertes, una adecuada capacidad de testeo y una vacuna eficaz y de acceso universal. Pero para que nadie quede excluido, además de una inversión colectiva de un nivel inédito, también se necesita un importante cambio de metodología.

Investigadores de universidades y empresas de todo el mundo trabajan a toda prisa para desarrollar una vacuna. Y los avances actuales son alentadores: ya hay 73 vacunas candidatas en investigación o en desarrollo preclínico, y cinco que ya pasaron a la fase de ensayo clínico.

Este esfuerzo masivo sólo es posible gracias a una sustancial inversión pública, que incluye a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Esta última, una organización sin fines de lucro con financiación pública, se creó después de la epidemia de ébola que golpeó África occidental en 2014‑16, con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas aplicables durante un brote contagioso.

Hasta ahora, la CEPI ha recibido de varios gobiernos financiación adicional por 765 millones de dólares (dentro de una meta de 2000 millones) para el desarrollo de una vacuna contra la COVID‑19. La Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado (perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos) ha hecho importantes inversiones en proyectos para el desarrollo de una vacuna junto con Johnson & Johnson (450 millones de dólares) y Moderna (483 millones de dólares). Y la Unión Europea buscará movilizar más fondos públicos mediante una conferencia virtual de donantes que tendrá lugar el 4 de mayo.

Pero la inversión sola no basta. Es necesario que todo el proceso de innovación en vacunas, desde la I+D hasta la distribución, se rija por reglas de acción claras y transparentes basadas en objetivos y métricas referidos al interés público. Eso, a su vez, exige una clara alineación entre el interés público nacional y el global.

El primer y más importante paso es adoptar un sentido de misión que ponga las inversiones públicas y privadas al servicio de un objetivo común claro: el desarrollo de una o más vacunas eficaces contra la COVID‑19 que puedan producirse rápidamente a escala global y ponerse a disposición de todas las personas en forma gratuita. Esto demanda reglas firmes en lo referido a la propiedad intelectual, la fijación de precios y la fabricación, en cuyo diseño y fiscalización se deben valorar la colaboración y solidaridad internacional en vez de la competencia entre países.

En segundo lugar, para acelerar los avances y así maximizar el impacto sanitario, es necesario orientar el ecosistema de innovaciones hacia el uso de la inteligencia colectiva. La ciencia y la innovación médica prosperan y progresan cuando los investigadores intercambian y comparten el conocimiento en forma abierta, lo que les permite basarse en los éxitos y fracasos ajenos en tiempo real.

Pero el modelo científico privatista actual, en cambio, promueve la competencia y el secretismo, pone la aprobación regulatoria en los países ricos por encima de la accesibilidad y del impacto sanitario en el nivel mundial, y alza barreras a la difusión de la tecnología. Y si bien los fondos de licencias voluntarias (fondos de patentes) como el que Costa Rica propuso a la Organización Mundial de la Salud pueden ser útiles, corren el riesgo de ser ineficaces, en la medida en que se permita a empresas comerciales privadas mantener el control de tecnologías y datos fundamentales (que se desarrollaron gracias a la inversión pública).

Además, es esencial una orientación colectiva para seleccionar e implementar las vacunas potenciales más prometedoras. De lo contrario, la autorización de comercialización puede ir para la candidata con mejores recursos en vez de la más adecuada.

En tercer lugar, los países deben tomar la delantera en crear y reforzar capacidades de fabricación, en particular en el mundo en desarrollo. Aunque para contar con una vacuna eficaz contra la COVID‑19 tal vez haya que esperar entre doce y dieciocho meses, hay que hacer ahora mismo un esfuerzo concertado para preparar las infraestructuras y capacidades públicas y privadas que se necesitarán para producir en poco tiempo los miles de millones de dosis necesarias.

Como todavía no sabemos cuál de las vacunas resultará más eficaz, es posible que debamos invertir en una amplia variedad de activos y tecnologías. Esto supone un riesgo tecnológico y financiero que sólo puede superarse con la ayuda de estados emprendedores respaldados por la financiación colectiva orientada al interés público, provista por ejemplo por bancos nacionales y regionales de desarrollo, el Banco Mundial y fundaciones de beneficencia.

Por último, cualquier programa de desarrollo de vacunas debe incluir desde el primer momento condiciones que garanticen un acceso global, equitativo y asequible. De ese modo la inversión pública se estructurará no tanto como una mera subvención o corrección de fallos del mercado, sino más bien como una fuerza configuradora del mercado proactiva y orientada al interés público.

El precio de las vacunas para la COVID‑19 debe reflejar tanto la importante contribución pública a su desarrollo cuanto la urgencia y magnitud de la crisis sanitaria global. Debemos trascender las declaraciones de principios y los compromisos genéricos, para introducir en cambio condiciones concretas que permitan la gratuidad de las vacunas en el lugar de uso. Las autoridades también deben considerar la aplicación de licencias obligatorias para que los países puedan hacer un uso óptimo de las herramientas y tecnologías disponibles.

Es fundamental contar con mecanismos de compra colectivos que garanticen una distribución justa y un acceso global equitativo a las nuevas vacunas que vayan desarrollándose. El objetivo principal debe ser evitar que las economías avanzadas monopolicen el suministro global o no dejen lugar para la demanda de los países más pobres.

Ante la crisis de la COVID‑19 el modelo habitual no sirve. En momentos en que todo el mundo se moviliza contra la pandemia, con llamados a la formación de una alianza global, conferencias de donantes, reuniones del G20 y la próxima Asamblea Mundial de la Salud de este año, tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Estos esfuerzos colectivos deben incluir normas de acción claras y fiscalizables para que todas las partes se comprometan a seguir un enfoque integral para la innovación sanitaria basado en el interés público, que es contar con una vacuna eficaz para la COVID‑19 que pueda ponerse en poco tiempo a disposición de todos en forma gratuita.

El desarrollo de una vacuna eficaz y de acceso universal para la COVID‑19 es una de las tareas más cruciales del tiempo en que nos tocó vivir. Y sobre todo, es la prueba definitiva para saber si el resultado de la cooperación global entre el sector público y el privado (que las autoridades presentan como esencial) será maximizar el suministro de bienes públicos o las ganancias privadas.

(*) Mariana Mazzucato, Professor of Economics of Innovation and Public Value and Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Allen Lane 2019).

(**) Els Torreele is Executive Director of the Médecins Sans Frontières Access Campaign.

FUENTE: Project Syndicate

Puede parecer una fantasía utópica, pero de hecho es una descripción de la forma en que se produce la vacuna contra la gripe desde hace cincuenta años. En el marco del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe de la Organización Mundial de la Salud, expertos de todo el mundo se reúnen dos veces al año para analizar y discutir los últimos datos referidos a nuevas cepas del virus de la gripe y decidir cuáles deben incluirse en la vacuna de ese año. El SMVRG, una red de laboratorios que abarca 110 países y que funciona casi exclusivamente con financiación estatal (y algunos aportes de fundaciones), es un ejemplo cabal de lo que Amy Kapczynski (de la Escuela de Derecho de Yale) denomina «ciencia abierta».

El SMVRG no busca ganancias, sino proteger la vida humana, y eso le confiere una capacidad única para reunir, interpretar y distribuir conocimiento aplicable al desarrollo de vacunas. Quizá esta modalidad se aplicaba sin pensar mucho en ella, pero hoy sus ventajas se están volviendo cada vez más evidentes.

En la respuesta a la pandemia, la comunidad científica mundial ha mostrado una notable disposición a compartir conocimiento sobre posibles tratamientos, coordinar ensayos clínicos, desarrollar nuevos modelos en forma transparente y publicar los resultados de inmediato. En este nuevo clima de cooperación, es fácil olvidar que las empresas farmacéuticas comerciales llevan décadas privatizando y monopolizando bienes comunes de conocimiento con prácticas como tratar de extender su control sobre fármacos vitales por medio de reclamos de patentes infundados, triviales o secundarios y presionar a las autoridades para evitar la aprobación y producción de medicamentos genéricos.

Con la llegada de la COVID‑19, se ha vuelto dolorosamente obvio que ese monopolio cuesta vidas. El control monopólico de la tecnología usada en la detección del virus obstaculizó la pronta introducción de más kits de testeo, así como las 441 patentes de 3M donde aparecen las palabras «respirator» (mascarilla) o «N95» han puesto trabas a nuevos productores dispuestos a fabricar mascarillas de grado médico a gran escala. Peor aún, tres de los tratamientos más prometedores para la COVID‑19 (el remdesivir, el favipiravir y el lopinavir/ritonavir) tienen patentes vigentes en la mayor parte del mundo. Esto es un obstáculo a la competencia y una amenaza a la asequibilidad y el suministro de nuevos fármacos.

Tenemos que elegir entre dos futuros. En el primero, seguimos como siempre, dependiendo de las grandes farmacéuticas, y esperando que algún tratamiento potencial para la COVID‑19 pase los ensayos clínicos, y que aparezcan otras tecnologías de detección, testeo y protección. En este futuro, las patentes darán el control sobre la mayoría de esas innovaciones a proveedores monopólicos que al fijar precios altos obligarán a los sistemas sanitarios a racionar los tratamientos. Sin una firme intervención pública, se perderán vidas, sobre todo en los países en desarrollo.

El mismo problema se repetirá con cualquier posible vacuna para la COVID‑19. A diferencia de la vacuna de Jonas Salk para la polio, que se liberó en forma casi inmediata, hoy la mayoría de las vacunas que llegan al mercado están patentadas. Por ejemplo, la vacuna conjugada PCV13, que protege contra varias formas de neumonía y se administra a los bebés, cuesta cientos de dólares, porque es propiedad monopólica de Pfizer. Y aunque Gavi (la alianza mundial para la vacunación) subsidia parte del costo de las vacunas en los países en desarrollo, muchas personas todavía no pueden acceder a ella. En la India, cada año se registran más de 100 000 muertes infantiles evitables por neumonía, mientras la vacuna le genera a Pfizer ingresos por aproximadamente 5000 millones de dólares al año.

En el segundo futuro posible, nos damos cuenta de que el sistema actual (donde monopolios privados obtienen ganancias a partir de conocimiento que en su mayor parte es producido por instituciones públicas) es inadecuado. Como sostienen hace mucho estudiosos y activistas por la salud pública, los monopolios matan, al negar acceso a medicamentos vitales que en un sistema alternativo (como el que hace posible todos los años la producción de la vacuna para la gripe) hubieran estado al alcance de la población.

Ya hay voces que se alzan para pedir modalidades alternativas. Por ejemplo, hace poco el gobierno de Costa Rica pidió a la OMS la creación de un fondo de licencias voluntarias («fondo de patentes») para la fabricación de tratamientos para la COVID‑19, que permita a múltiples proveedores suministrar nuevos fármacos y diagnósticos a precios más accesibles.

No es una idea nueva. A través de su Fondo de Patentes de Medicamentos, las Naciones Unidas y la OMS llevan años tratando de aumentar el acceso a tratamientos para el VIH/sida, la hepatitis C y la tuberculosis, y ahora han extendido el programa a la COVID‑19. Los fondos de patentes, los premios a la innovación y otras ideas similares son parte de una agenda más amplia que busca cambiar el modo de desarrollo y distribución de medicamentos vitales. El objetivo es reemplazar un sistema basado en el monopolio por otro basado en la cooperación y el conocimiento compartido.

Algunos dirán que la crisis de la COVID‑19 es un caso aparte, o que la amenaza del licenciamiento obligatorio ya es un instrumento suficiente para obtener una conducta apropiada de parte de las farmacéuticas. Pero dejando a un lado a los investigadores personalmente involucrados que no buscan ganancias inmediatas, no está claro que las grandes farmacéuticas entiendan sus responsabilidades. No olvidemos que ante la crisis actual, la primera reacción de Gilead, que fabrica el remdesivir, fue solicitar que se lo califique como «medicamento huérfano», lo que le hubiera conferido una posición monopólica más fuerte y exenciones impositivas multimillonarias. (Después del escándalo que se generó, la empresa retiró la solicitud.)

Llevamos demasiado tiempo creyéndonos el mito de que el régimen de propiedad intelectual actual es necesario. El éxito comprobado del SMVRG y de otras aplicaciones del modelo de «ciencia abierta» muestra que no es así. En momentos en que la COVID‑19 sigue matando gente, debemos preguntarnos si es prudente y moral un sistema que cada año condena en silencio a millones de seres humanos a sufrir y morir.

Es hora de aplicar otra modalidad. De los ámbitos académicos y políticos ya han surgido muchas propuestas prometedoras para la generación de innovaciones farmacéuticas socialmente útiles en vez de meramente rentables. Hoy es el mejor momento para poner estas ideas en práctica.

(*) Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is the author, most recently, of People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent.

(**) Arjun Jayadev is Professor of Economics at Azim Premji University and Senior Economist at the Institute for New Economic Thinking.

(***) Achal Prabhala is a fellow at the Shuttleworth Foundation and coordinator of the accessibsa project, which campaigns for access to medicines in India, Brazil, and South Africa.

FUENTE: Project Syndicate

Refiere el autor florentino a la necesidad de que el príncipe posea fortalezas físicas (castillos) que lo protejan, pero bien podríamos aplicar el significado de la palabra fortaleza al sentido que le otorgamos en nuestro tiempo. Tal como describe la Real Academia Española en su primera acepción “fuerza y vigor”, en política lo único seguro es que ello no es inmutable e inmodificable.

La anterior no fue una buena semana para el gobierno nacional. La combinación de las diferencias con los gobernadores de las provincias con más población a partir de las salidas para esparcimiento, la forma en que trascendió la política argentina respecto del Mercosur, el pedido de renuncia de Alejandro Vanoli al frente de la Anses y la movida (fundamentalmente mediática) por la detención domiciliara de presos que derivaron en un cacerolazo que se hizo oír, señalan un momento político que, como en el juego de la Oca, habiendo avanzado algunos casilleros, debió retroceder otros.

Existe una verdad de Perogrullo: el primer mandatario comunica muy bien. Es un factor que la administración Fernández ha utilizado inteligentemente. Podríamos decir más, la efectiva comunicación del ahora presidente no se circunscribe al período político iniciado el 10 de diciembre de 2019 sino que fue una virtud en el desarrollo de toda la campaña presidencial. 

Pero atención. Hay dos cuestiones que merecen señalarse: esa virtud no es extensiva al común del funcionariado gubernamental y, además, no por exitosa una fórmula es eterna. Como señala Nicolás Maquiavelo, la fortaleza es relativa a los tiempos. 

La informalidad en la comunicación acerca y humaniza al portador del mensaje en tanto y en cuanto sea clara y efectiva. Pero si resulta contradictoria con algunos intereses, puede derivar en un problema. Ante esto, resulta necesario revisar si es el presidente quien siempre debe estar en el centro de la escena. Como muestra va un botón. La derecha argentina, siempre genuflexa y ridícula encontró en el tema de las prisiones domiciliarias una punta desde donde cree que construye política. El cacerolazo del último jueves, como siempre acicateado por los grandes medios, así parece confirmarlo. La pregunta es: ¿era políticamente necesario que quien inicialmente saliera a exponer la postura gubernamental fuera el mismísimo presidente y no sus subalternos? Allí hay un costo político que se paga.      

En tiempos de pandemias posmodernas y pese a la cuarentena, la comunicación fluye a un click de distancia del hecho político. El encierro de buena parte de la sociedad mundial supone una sensibilidad definitiva al respecto. Acostumbrados a hacer y deshacer con nuestro tiempo lo que nos venga en gana, nos resulta definitivamente extraño conocer plazos, formas de salida y limitaciones físicas. En estos cuarenta y tantos días hemos aprehendido sobre la mutabilidad de los virus, los testeos rápidos, el desarrollo de curvas de contagio y la necesidad de su aplanamiento, a confeccionar barbijos caseros (cosa que nos parecía impensada hace unas pocas semanas nomás), la importancia de la higienización de los productos y del distanciamiento social. Y todo ello lo hicimos a partir de estar atentos a la comunicación, de la oficial y de la otra. De hecho, hemos conocido conceptos que nos resultan novedosos como la infodemia (sobreabundancia de información), y se ha empezado a poner en discusión cómo limitar el desarrollo de las ya famosas y tristemente célebres fake news.

La política sanitaria del gobierno nacional ha sido exitosa. Sería justo relativizar el concepto, en tanto y en cuanto el país tiene 250 fallecidos. Y no hay que negar la palabra éxito en tanto y en cuanto las diferencias con los ejemplos cercanos (y los no tanto), señalan que Argentina ha logrado lo que parecía imposible allá por mediados del mes de marzo: una situación sanitaria controlada. 

Habrá que tener muy en cuenta en qué medida, la clave del éxito no se vuelve en contra de los propios hacedores del mismo: si la situación no se ha desmadrado, si comparativamente nuestro país se encuentra en otro estadío de la pandemia respecto del desmadre de, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos o la mismísima España que ya ha empezado a “soltar amarras”, resulta lógico que buena parte de la sociedad argentina, empiece a exigir otra cosa. Sobre todo, si a ello se agrega el conjunto de presiones que plantean desde el comienzo mismo de la cuarentena los grandes jugadores de la economía nacional (VER). 

Una correcta comunicación política oficial debería tener en cuenta que existe cierta saturación de la comunicación. Parece un juego de palabras, pero no lo es. La incertidumbre sobre el mediano plazo en todos los frentes de nuestra vida social (pero también sobre el día a día de muchos ciudadanos), y el bombardeo sistemático sobre cantidad de infectados, fallecidos, curados, aquí y en el exterior, termina generando una situación de cierto cansancio que debe tenerse muy en cuenta a la hora de la comunicación política. 

Son tiempos que, pese a estar quietos y recluidos, resultan veloces en términos políticos. Lo que puede ser virtuoso en un momento no significa que lo sea semanas después. Esa es otra paradoja de los días que vivimos. Y ese es el desafío: renovar un diálogo que permita mantener el buen clima innegable que el presidente supo lograr y que esta semana que pasó, pareció flaquear. Ser flexibles y lógicos. De eso que nos habla el genial florentino del epígrafe.

(*) Analista político de Fundamentar

Así, entre las nuevas ampliaciones a actividades consideradas esenciales y las medidas de prevención que repetimos hasta memorizarlas, nos encontramos con la tarea de aprender sobre el adecuado uso de los cubre bocas o barbijos, elemento que es obligatorio a partir de estos días.

La buena noticia es que el gran esfuerzo del confinamiento logró no sólo reducir la cifra de casos, si no también ralentizar la velocidad de los contagios. La única vacuna, sigue siendo por el momento, el aislamiento social.

El acuerdo social

Con un alto nivel de adhesión ingresamos a una segunda etapa del confinamiento. Pese al pedido de flexibilización de distintos sectores empresariales y sindicatos, la gestión de Alberto Fernández decidió continuar con las medidas de confinamiento, ampliando las excepciones a unos pocos sectores sociales y económicos considerados esenciales.

“Mi preocupación, ya lo saben, no es el gasto público ni la pérdida de producción, sino la salud de los argentinos”, nos aclaró el presidente en una clase digna de aula universitaria.

Pero además, contemplando que la cuarentena tal como se estableció hasta el momento, no puede mantenerse de manera indefinida en la totalidad de las realidades del territorio, tanto el gobierno nacional, como los médicos y epidemiólogos están trabajando junto a los gobiernos provinciales para evaluar la posibilidad de liberar progresivamente el aislamiento social preventivo y obligatorio en lugares específicos del país que no han presentado casos positivos de Covid-19. Una apertura de la cuarentena que se dará a prueba y (esperemos que no) error.

La mala noticia: el pronóstico de recesión

Dejando la mala noticia para después, nos toca hablar de la reciente previsión del FMI para el 2020. Según la misma, nuestro país profundizará la recesión experimentando una caída de la economía en un 5,7% llevando la cifra del desempleo al 11%. Datos que lamentablemente eran esperables en el contexto de la grave crisis que nos está dejando la pandemia; una crisis global considerada “la más dura de los últimos 90 años” y cuyas consecuencias (que ya se discuten) se sentirán sin dudas en la transformación de la economía mundial, en sus dimensiones de producción y comercialización, en magnitudes que todavía se desconocen.

Bonus track económico: nuevos anuncios sobre la reestructuración de deuda

Como bien sabemos la pandemia nos agarró a los argentinos en un período complejo en el que nos estábamos embarcando en la tarea titánica de reestructurar parte de la vergonzante deuda contraída con el FMI. Es por ello que si bien se logró establecer el monto establecido para tal reestructuración (68.842 millones de dólares), el cronograma de negociaciones se suspendió debido a la precipitación de los hechos vinculados a la crisis sanitaria global. Sin embargo, la gestión del Ministro Guzmán (quien ni en sus peores pesadillas se podría haber imaginado en la tarea de reestructurar una deuda con el FMI en el medio de una pandemia) continuó en sus exigentes obligaciones. En horas de la tarde de este Jueves 16, finalmente se espera que se de el anuncio sobre la propuesta de pago a los bonistas, un anuncio ya adelantado por Alberto Fernández días atrás, cuando en una entrevista reafirmó la voluntad argentina de pagar la deuda contraída, siempre que se alcance una oferta sostenible.

Mientras tanto, el Ministro de Economía se pliega a la iniciativa del G-20 de suspensión de pagos de deuda para los países mas pobres, solicitando que se incluya también la deuda con los acreedores privados en los casos que sea necesario. Restará esperar entonces la difusión de los pormenores de la estrategia alcanzada por los ministros de finanzas miembros de tal foro.

China no exporta sólo virus

A poco menos de una semana de registrar su primer día sin muertes por Covid-19, el gigante asiático se dispuso a enviar donaciones de insumos médicos hacia nuestro país. Sin embargo Argentina no ha sido el único país beneficiario de tales medidas; la República Popular China ya ha enviado este tipo de ayudas a otros países de Latinoamérica, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, en una clara estrategia de soft power  -poder blando- que nos deja pensando respecto al probable rol del gigante asiático en la región. ¿Quién hubiese pensado que a cuatro meses de registrarse los primeros casos de Coronavirus, el país en el que tuvo su origen (¿y país que lo ocultó?) estuviera ahora en condiciones de brindar ayuda sanitaria hacia terceros Estados?

Cambia todo cambia

Los escenarios que diariamente atravesamos no sólo muestran que el cambio acontece, sino que también lo exigen. Nunca en la historia reciente estas transformaciones se sucedieron de manera simultánea en tantos espacios del mundo a la vez, con tanta velocidad y desnudando la vulnerabilidad de los sistemas políticos y económicos con la facilidad con la que la pandemia lo hizo.

El escenario doméstico que hoy nos atraviesa, en analogía con nuestro aislamiento diario en el hogar, nos invita a volver a casa para repensar los patrones de relacionamiento social, las formas de hacer política y de exigir de “la política” que las necesidades diarias sean abordadas principalmente en terrenos que deben ser abordados con la mayor de las urgencias. Afuera, en el mundo, hoy hay mucho para ver pero tal vez menos que copiar. De seguir en el camino de aplanar la curva, habremos logrado que la estrategia de priorizar la salud y la vida por sobre la economía triunfe, y con ello, habremos aprendido que la única alternativa posible de construcción de las nuevas realidades es con todos.

(*) Analista de Fundamentar

Una médica residente del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) dio positivo de coronavirus, lo que activó el protocolo sanitario y la puesta en estricto aislamiento de 25 trabajadores de la salud que habían estado en contacto con la mujer. La pareja de la profesional es también residente, pero en un sanatorio céntrico con varios casos confirmados de covid-19, él entre ellos.

La Secretaría de Salud municipal confirmó el contagio y el seguimiento para detectar otras posibles infecciones entre 25 trabajadores de la salud que estuvieron en contacto con la médica, que evoluciona bien sin necesidad de internación. El alerta epidemiológico se extiende a las personas cercanas al resto de los empleados mantenidos en aislamiento estricto por 14 días.

La médica residente inició el jueves último una guardia de 24 horas en el centro de emergencias sin presentar síntomas. Pero el viernes, luego de retirarse a su casa, tuvo fiebre. Ese mismo día, su pareja dio positivo en un hisopado y entonces avisó sobre su situación de riesgo –contacto estrecho con caso confirmado– a las autoridades sanitarias. El testeo confirmó también su infección.

Las autoridades del Heca y el área de Epidemiología aplicaron el protocolo de prevención, relevaron a los trabajadores que estuvieron en contacto con la médica y dispusieron su aislamiento hasta tanto se confirme o no que contrajeron la enfermedad. Se trata de médicos, camilleros y enfermeros. Uno de ellos tuvo fiebre, pero el test para covid-19 le dio negativo. El resto, hasta este martes, no presentaba síntomas compatibles con infección por el nuevo coronavirus.

Los responsables del centro asistencial, y el área de salud del municipio, insistieron en que todo el personal del Heca es relevado permanentemente por ser un grupo de riesgo al estar en contacto con posibles casos del nuevo coronavirus, porque recibe las urgencias de la ciudad y de la región.

 

FUENTE: El Ciudadano