En una entrevista brindada al programa de radio Todas Las Voces, que se emite por AM 1330 de Rosario, el exministro de Defensa Agustín Rossi analizó minuciosamente el proyecto de ley enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso para reformar la Ley de Defensa Nacional y crear un Consejo de Seguridad Nacional. Rossi explicó que el texto cuenta con 33 artículos divididos en ocho títulos, de los cuales solo el primero aborda de manera directa la cuestión de las Islas Malvinas al aumentar penas por la explotación de recursos naturales. Sin embargo, remarcó serias contradicciones e incongruencias dentro del articulado, enfatizando que "en ningún momento se nombra Gran Bretaña, en ningún momento se nombra Inglaterra como país intrusor".
El exfuncionario puso especial foco en las cláusulas de regularización incluidas en el capítulo dedicado al Atlántico Sur, advirtiendo sobre el verdadero alcance de la norma respecto a las firmas pesqueras e hidrocarburíferas. En ese sentido, expresó sus dudas sobre las intenciones del Ejecutivo nacional al indicar: "A nosotros nos genera una profunda duda si se intenta sancionar a aquellas petroleras y otras empresas que llevan adelante actividades en el Atlántico Sur con autorización de Malvinas y sin autorización de la Argentina, o se quiere perdonar a aquellas empresas petroleras que ya lo hicieron". Asimismo, hizo alusión a los vínculos comerciales de empresarios cercanos al Gobierno con compañías con presencia en el archipiélago, como Eduardo Elsztain.
Respecto a la propuesta de institucionalizar un Consejo de Seguridad Nacional permanente, Rossi calificó la medida como un esquema ajeno a la realidad de la región, argumentando que copia estructuras defensivas de países en constante conflicto bélico. Además, cuestionó el flexibilizar los márgenes para la intervención de las Fuerzas Armadas mediante un cambio conceptual en la legislación de defensa. Sobre este aspecto, el dirigente advirtió con firmeza: "Cambian el concepto de agresión por el de amenaza; el concepto de amenaza es mucho más laxo que el concepto de agresión", remarcando que esa ambigüedad deja abierta la puerta para que los militares actúen de manera no convencional en el marco de la seguridad interior.
Por otra parte, Rossi detalló los severos problemas presupuestarios y de control administrativo que contiene la propuesta, particularmente en lo referido al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Según el análisis del exministro, los mecanismos de queja y apelación ante eventuales sanciones quedan bajo la órbita de un mismo organismo sancionador antes de llegar a la Justicia contencioso administrativa, concentrando un poder discrecional excesivo sin garantizar sospechas fundadas.
Finalmente, Rossi contrapuso las pretensiones legislativas de la gestión gubernamental con la compleja realidad social y económica que atraviesan los efectivos de las distintas fuerzas. Al ser consultado sobre el impacto del proyecto en el ámbito militar, sostuvo que las verdaderas urgencias del sector pasan por el deterioro económico, señalando: "Las Fuerzas Armadas tienen otros problemas; el problema que tienen es que han perdido casi el 60% del poder adquisitivo de su salario desde 2023 hasta la fecha y le han fundido la obra social". Concluyó advirtiendo que la falta de previsión presupuestaria torna inviable el cumplimiento de nuevas funciones operativas, como la custodia efectiva del espacio aéreo o la navegación del Atlántico Sur.
