El Foro Defensa de la Educación Pública, Ciencia y Tecnología convocó a una movilización esta mañana frente a la sede de Anses en la ciudad de Rosario en repudio de los recortes que anunció el Gobierno Nacional en las becas del Plan Progresar.

Como comentó Agustín Prospitti, “estamos atravesando una situación muy desalentadora en términos de reconocimiento de un derecho”. Además, remarcó que solamente en la Provincia de Santa Fe, 40.000 beneficiarios podrían verse afectados.  

Este Plan había permitido a muchos estudiantes a lo largo y ancho del país continuar con sus estudios. “Está directamente vinculado con apoyar, acompañar, sostener a estudiantes que no tienen trabajo o que tienen dificultades en su empleo o están en negro y que están en una edad crítica para continuar sus estudios”, remarcó Prospitti.

Este ajuste afecta a una población que se encuentra en tensión entre el ingreso al mercado laboral y la continuación de sus estudios, con todas las dificultades que ello acarrea. Cabe destacar que el mayor desnivel de desempleo actualmente se encuentra entre los jóvenes y precisamente, este Plan contribuía al apoyo y al sostenimiento de jóvenes entre 18 y 25 para que pudieran continuar con su formación.

“Inexplicablemente y sin mediar información alguna, el Gobierno Nacional decidió dejar de pagar a miles de argentinos la beca del Progresar que se cobran en los cuatro niveles educativos: desde el primario hasta el universitario”, explicó Prospitti.

“Se está intentando desactivar una política pública para garantizar el Derecho a la Educación”, expresó. Además comentó que esta medida es consistente con la estrategia que viene desplegando el Gobierno Nacional cuando, en reiteradas oportunidades, ha intentado recortar programas que afectan derechos, tal como ha sucedido con la pensión por discapacidad recientemente. Con respecto a la educación, Prospitti remarcó que en casos menores se han realizado cortes injustificados. Sin que se mediara condición alguna, estudiantes que cumplían con todos los requisitos que exige el programa, se vieron afectados por lo que desde el Gobierno Nacional se calificó como “cuestiones administrativas”. “Esto se viene produciendo de manera muy pequeña y ahora se da un corte abrupto”, destacó.  

En opinión de Prospitti, “lo que se presenta como un error administrativo en verdad es un cambio en las reglas de juego porque obliga a todo el mundo a reinscribirse con condiciones más exigentes para filtrar quienes ingresan y para hacer más pequeño el cupo”.

Las instituciones públicas y las Universidades en un plazo muy acotado de solamente veinticuatro horas debieron reenviar información sobre la regularidad de sus alumnos que ya había sido remitida anteriormente para aclarar sus situaciones. A este respecto, Prospitti remarcó, “es muy poco tiempo para eso. Se presenta como un problema administrativo, pero consecutivamente desde 2015 se están deslegitimando y desactivando políticas. La evidencia clara de ello es que desde ese año el Programa Progresar no sufrió reajustes en  sus beneficios cuando eso está contemplado por la ley”.

 

Dentro del Partido Justicialista, Agustín Rossi encabeza una de las listas de precandidatos para Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe. Al referirse a su campaña declaró que "vamos a transmitir a los santafesinos que esta elección es una oportunidad para ponerle freno al ajuste macrista". Además, destacó que en el último año y medio, las condiciones de vida de los ciudadanos de la provincia se han visto deterioradas.

"Nuestra propuesta fundamentalmente es tratar de construir una alternativa que nada tenga que ver con este modelo económico neoliberal que tanto daño le hace a los argentinos", expresó Rossi. Por otra parte, comentó su campaña se inscribe en el marco propuesto por Cristina Fernández de Kirchner con el lanzamiento del frente Unidad Ciudadana. "Nuestra lista precisamente se llama Unidad Ciudadana Santa Fe, porque creemos que Cristina representa la esperanza para muchos de los argentinos", remarcó el precandidato. 

Con respecto al quinto lugar que ocupó en la lista de Diputados el ex candidato a Presidente, Daniel Scioli, Rossi declaró que esta cuestión no debe resultar sorpresiva, sino que, en todo caso, es necesario observar detenidamente la propuesta de Cristina Fernández. "Es una fuerte impronta renovadora con dirigentes que previamente no estaban en la grilla para ser candidatos" señaló Rossi. En tal sentido hizo mención específica a Roberto Salvarezza y a Fernanda Vallejos. "La sorpresa no está en el quinto puesto de Scioli sino en que Cristina intentó reflejar en la lista lo que expresó el 20 de Junio con la propuesta de Unidad Ciudadana con la idea de representar a todos los sectores de la sociedad", analizó Rossi. 

Se refirió, por otra parte, a la campaña que está desarrollando en la provincia de Santa Fe desde hace un año. "Estamos tratando de tener la mayor cantidad de espacios de contacto directo con los vecinos", expresó. 

En otro orden de cuestiones, señaló que las internas dentro del partido no deberían ser consideradas como una preocupación ya que forman parte de la práctica democrática. "Tenemos que estar preparados para el debate", afirmó.

Finalmente, hizo referencia a la candidatura de Cristina y, en ese sentido, expresó "reconozco su liderazgo actual y sin ninguna duda me siento orgulloso de haber sido parte de los últimos doce años. A mi criterio representaron el mejor gobierno de los últimos cincuenta años". 

Roberto Sukerman expresó su preocupación sobre la manera en la que ANSES comunicó de manera irregular mediante un anuncio poco claro la eventualidad de una quita de pensiones por viudez. "En una breve oración se establece que se tienen que presentar ante las oficinas de ANSES para acreditar el vínculo que las personas beneficiarias de la pensión tenían con la fallecida", añadió por AM 1330.

"Es absurdo. Estamos hablando de personas que gozan de un beneficio otorgado por ANSES que fue hecho con un tramite administrativo, con un expediente y una resolución fundada por un empleado público. Ahora ANSES pone en duda a todos los beneficiarios de las pensiones", manifestó.  Para ilustrar esta problemática, Sukerman comentó uno de los casos que le fueron presentados a raíz de este comunicado. De hecho, puso como ejemplo el de una señora de 83 años que está cobrando desde el año 1989 la pensión por el fallecimiento de su marido y ahora, veintiocho años después tiene que presentar en ANSES toda la documentación que acredite que ella era su esposa y su defunción. "Si no se acredita ese carácter de viudez, el Estado retira el beneficio sin otorgar ningún plazo, sin explicar la referencia hecha a adultos mayores que es uno de los sectores más vulnerables", afirmó.

"Si no se hace el trámite que se exige, ANSES quita este derecho adquirido", comentó. Además, se refirió a las complicaciones adicionales que existen para resolver los casos de personas no casadas, que fueron concubinos o convivientes ya que no cuentan con un acta que confirme ese vínculo. "Es realmente una injusticia absoluta", destacó.

Finalmente, afirmó que no se descarta ir nuevamente a la justicia para que el gobierno suspenda esta medida. "Si tienen que revisar algo que vayan a sus archivos", expresó Sukerman. 

 

Alfredo Vivono destacó que el aumento en la tarifa del agua es desmedido y explicó en "Todas las Voces" que, al contrario de lo que se había otorgado y habilitado por Enress en la primera audiencia, el servicio superaría el 70% estipulado. "Tiene que haber una nueva audiencia pública. El dictamen en Enress después de la audiencia pública anterior dice claramente que no se deben incorporar los costos de ampliación de redes de aguas y acá se los esta incorporando", expresó.

Además, Vivono manifestó que este incremento es ilegítimo, se aparta de lo fallado por la Corte cuando se discutieron las tarifas de los servicios. "Si uno piensa e el ingreso promedio de un trabajador a quien le han dado un 25% de aumento, ve una familia con 24.000 pesos y sólo de agua deberán pagar 900 pesos. Eso más la luz, el gas", remarcó. Por otra parte, explicó que la mayor parte de las quejas que se recibían de los consumidores hacia Aguas Santafesinas antes tenía que ver con la calidad del servicio: la falta de agua, de presión. En cambio, desde hace un año las quejas se dirigen al aumento de las tarifas y a los intereses que se cobran por mora en el pago de la factura, como está ocurriendo con todos los otros servicios. 

"Noto que el gobierno provincial no está preocupado, está en la misma sintonía qobierno nacional", opinó Vivono. Añadió que este aumento de la tarifa del agua es "injustificado", no tiene razonabilidad. De hecho, expresó que "plantean ir sacando los subsidios del agua y eso repercute directamente en la tarifa y en el bolsillo de los santafesinos, lo mismo que pasa con el gas y con los otros servicios". 

Finalmente, Vivono destacó que "es necesaria la audiencia pública para poder frenar este aumento". 

 

El pasado viernes en el Club Aura, el actual Concejal por el Bloque de Radicales Progresistas, Sebastián Chale, presentó oficialmente su candidatura para renovar su bancada en el Concejo Municipal de Rosario junto a figuras del radicalismo como la Concejala María Eugenia Schmuck. Según comentó en la entrevista, fue acompañado por una gran asistencia no sólo de militantes del Radicalismo, sino con participantes del organizaciones civiles barriales, de vecinos independientes, en definitiva, de personas que se sintieron cercanas a sus propuestas. "El lanzamiento de campaña tiene algo de simbólico, pero el trabajo y lo que viene en estos próximos días hasta la presentación de la lista será intensificar los recorridos y actividades y avanzar en la propuesta de renovación de la bancada en el Concejo", expresó Chale. 

 

La presentación definitiva de las listas tendrá lugar dentro de diez días y, según manifestó Chale, a lo largo de esta semana se llevarán a cabo conversaciones entre los partidos que integran el Frente para afinar su propuesta. "Una propuesta que integre una renovación, que sintetice distintas expresiones dentro de un mismo Frente renovador y poder encontrar puntos de acuerdo en un programa común", afirmó el Concejal. 

 

Chale manifestó que la búsqueda de intereses comunes es precisamente el horizonte del trabajo en conjunto. "El Frente está llevando adelante una renovación y eso se plasmó en las últimas elecciones", manifestó. Además, observó que el año 2015 representó un punto de inflexión ya que por primera vez quedó expresada la necesidad de renovar y sumar nuevos participantes, incluir voces de otros sectores y espacios dentro y fuera de la política tradicional partidaria. En este sentido, destacó la riqueza de las asociaciones, de grupos que se movilizan por causas particulares. "Hay que escuchar e integrar en una propuesta política que tenga contenido progresista y transformador", expresó Chale. 

 

Finalmente, el Concejal opinó sobre las controversias y las rispideces que generó el debate acerca del endeudamiento municipal. "Nosotros dijimos con anticipación que era una buena oportunidad para la ciudad tomar créditos para obras que son muy necesarias. Los Municipios necesitan fuentes especiales para este tipo de obras, no se pueden cargar sobre la tasa municipal, se requieren fuentes especiales para eso", expresó Chale. A modo de ejemplo, citó los casos del Saladillo, la pavimentación de los barrios, la incorporación de dos nuevas líneas de trolebuses al transporte público y explicó que no es posible cargarlo sobre los recursos corrientes de la Municipalidad. "Nos parecía una buena oportunidad", remarcó el Concejal. Por otra parte, comentó el caso de Córdoba, que, con una situación más compleja que la de Rosario, se decidió por tomar un crédito de estas características. "Los que han perdido son los vecinos de Rosario", expresó. 

 

Sin dudas, la cuestión del endeudamiento municipal está generando una gran discusión política entre los Concejales de la ciudad. El martes pasado, a pedido del Ejecutivo, la Comisión de Presupuesto autorizó la toma de deuda y estableció como límite el monto de 146 millones de dólares. Esta medida, ahora debatida en Comisión de Gobierno, solamente cuenta con el apoyo de trece de los veintiocho Concejales. Con respecto a este tema, Charly Cardozo expresó que "quince de nosotros no lo apoyamos. Se está forzando la situación. Desde que nos sentamos a charlar eb octubre del año pasado se establecían 100 millones de dólares para obra pública básica. Siempre se hablaba de esa cifra y ese concepto.

Cardozo, además de considerar el monto de 146 millones de dólares inapropiado por ser excesivo, destacó que desde la Municipalidad se enfocan los proyectos en temáticas innecesarias que, además, podrían financiarse perfectamente desde otras fuentes. El Concejal se refirió en particular a cuatro cuestiones: la iluminación LED, los mercados barriales, los trolebuses y los centros comerciales a cielo abierto. Con respecto a la primera de las cuestiones, destacó que "estamos de acuerdo con cambiar la vieja iluminación de sodio por LED, pero para ello hay planes de Ministerios a nivel nacional, entonces ¿para qué incluirlo en este paquete?.

En lo que concierne a los mercados barriales, Cardozo opinó que desde su bloque se apoya el desarrollo de las ferias autogestionadas y de mercados municipales de economía solidaria, pero remarcó que el dinero, en este caso, debería provenir de otra fuente. "Se está haciendo un mercado solidario en el Patio de la Madera con plata de la Provincia. No estoy de acuerdo porque también hay que usarla en lugares críticos, no para solucionar el fracaso de las concesiones municipales", afirmó el Concejal. 

Sobre los trolebuses, Cardozó expresó que "el que te los vende, si tiene tanto interés en hacerlo, seguramente tiene la posibilidad de financiamiento detrás. Eso es lo que pasa con los ferrocarriles chinos, con las represas chinas en el sur". Finalmente, en referencia a los centros comerciales a cielo abierto, el Concejal destacó que si bien son una idea novedosa e interesante, en realidad no son obra pública básica. "No es la refacción del Saladillo Mangrullo ni son pavimentos en los barrios como sosteníamos nosotros junto a otros bloques", expresó. 

Para Cardozo, el gran problema sobre el que se basa toda la cuestión del endeudamiento es la crítica situación financiera que está atravesando la Municipalidad de Rosario. La mayor parte de su presupuesto está comprometido en el gasto corriente que incluye sueldos, pago de servicios concesionados, servicios de deuda y su pago de intereses. "Esta situación crítica hace deber plata y eso, a su vez, hace que se saque al descubierto del banco y eso genera más intereses", manifestó. Además, opinó que toda la responsabilidad es de la actual administración y, en ella, incluye a Fein, Lifschitz y Binner. "Todos ellos decidieron darle vía libre a nombramientos, a acuerdos perversos con los sindicatos, a llenar estructuras municipales con militantes de su partido sin concurso. También atendieron a obras no prioritarias ni para la Provincia ni para el Municipio como el Acuario, el Museo del Deporte, el Puerto de la Música. Pero la ciudad no tiene cloacas, pavimentos; una zona tan importante como el Saladillo está en una situación urbanística complicada. Para enmendar esos errores vamos a salir a pedir plata y vamos a dejar a la ciudad hipotecada por diez años", expresó. 

En lo que respecta específicamente al endeudamiento, el Concejal declaró que "si lo hacemos, tiene que ser de manera muy ajustada pero sólo para obra pública básica y en temas que le cambien la vida a la gente". Para él, es necesario una mayor precaución por parte de la administración a la hora de tomar deuda: recomienda que sea por montos más bajos y siempre para obra pública básica. Además, destacó que, en el caso de una gran cantidad de deuda, la ciudad no tendría la capacidad para poder soportarla. "Lamentablemente Rosario no es autónoma, la ciudad está muy comprometida en lo financiero. No hay estructura financiera para soportar un endeudamiento como el que se planteó", expresó Cardozo.

Por otra parte, destacó que, si bien se avanzó en obra pública, ha habido un desfase entre las cuestiones básicas y las superfluas. Recordó, en este sentido, la inversión en los Tribunales situados en las calles Mitre y Gálvez. "Hace siete años que están en marcha y no se inauguran. No se administra bien y se gasta en cosas superfluas", expresó Cardozo. 

 

 

 

 

El diputado Héctor Cavallero, señaló que "la empresa ARSSA incumplió el proyecto original de repavimentación de la Autopista.  Cavallero afirmó que "el fiscal de Estado nos da la razón a nosotros y estamos reclamando que esta empresa le debe 15500 millones de pesos al Estado provincial" Según el diputado provincial y ex intendente rosarino, "los informes son lapidarios en contra de la empresa" y muestran que "no solamente causo un daño económico al patrimonio provincial,  sino también a los usuarios" 

Con respecto a la licitación de la Autopista llevada a cabo ayer, Cavallero sostuvo que "es escandaloso todo esto. El gobierno trata de tapar un escándalo generando un escándalo superior. En la apertura de sobres no estuvo ni el gobernador ni nadie del ministerio de infraestructura, es lamentable tenienedo en cuenta la magnitud de un obra como la de la Autopista" 

Cavallero confirmó que desde el bloque Frente Justicialista Para la Victoria han tomado la decisión de plantear que el Estado provincial "declare desierta la licitación y se haga cargo de la autopista por medio de Vialidad Provincial, total la que la va repavimentar es Vialidad Provincial". "Con esta nueva concesión le estaríamos dá­ndo a privados la exp­lotación de una obra ­donde no deben repavi­mentar, por lo cual s­ólo les restaría tare­as de mantenimiento. ­Básicamente les estar­íamos pagando por cor­tar el pasto" sentenció el diputado provincial. 

En primer lugar, Javkin estableció que, en el día de ayer, se presentó el cronograma de las asambleas en los barrios para elegir delegados del presupuesto participativo del año que viene. Para ello, “primero quisimos mostrar cómo fue el cumplimiento del presupuesto participativo del 2016, estableciéndose cuáles son los proyectos que se están ejecutando y cuáles ya están terminados. El 92% de los proyectos ya están realizados, quedándonos 16 para finalizar a lo largo de este año”.

Luego de realizar este ‘rendimiento de cuentas’, el Secretario de la gestión Fein relató que “con este impulso empezamos a gestionar las actividades en pos del presupuesto participativo del año 2018. Esta actividad quiere generar espacios de participación ciudadana, en las cuales los delegados elegidos en los distintos barrios elaboran los proyectos, pero son los ciudadanos quienes terminan eligiendo de acuerdo al barrio al que pertenezcan. El año pasado más de 93.000 personas votaron, por lo tanto, esperamos que esta gran participación vaya aumentado con el pasar de los años”.

En último lugar, Javkin indicó que, para la municipalidad, estas actividades son las que verdaderamente muestran el cambio de las necesidades ciudadanas. En la última edición del presupuesto, los proyectos estaban orientados hacia “mejoramientos de ciertos parques de los distintos barrios de la ciudad. Esto está en relación con el mejoramiento del espacio público, ya sea por cuestiones referidas a la iluminación o a la seguridad de estos espacios”. En cuanto a los proyectos que puedan surgir en esta nueva edición, “creemos que también serán pensados dentro de esta misma lógica. Esperemos que esta sea otra manera más de poder seguir mejorando la vida de los vecinos”.

En el día de ayer, el Proyecto de Ley de Alquileres promovido por organizaciones de inquilinos de todo el país, logró por unanimidad la aprobación del Senado y ahora pasa la discusión en la Cámara de Diputados. Acerca de esta cuestión, Ariel D’Orazio comentó que “es algo que no se daba desde 1984, con la recuperación de la democracia con la Ley 23.091 de Locaciones Urbanas que rigió la vida de los alquileres hasta el año pasado con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial”.

Para D’Orazio, el Proyecto de Ley contempla una serie de medidas que tienden a mejorar las condiciones de contratación y acceso a la vivienda en beneficio de los inquilinos. De hecho, expresó que “modifica sustancialmente la planificación familiar, ya que aumenta el mínimo de duración de contrato de dos a tres años y porque establece que la indexación nunca podrá superar a un índice oficial, que está compuesto por el índice salarial y el índice al consumo”.

Otro de los beneficios tiene que ver con las bajas considerables que se estipularon en materia de honorarios y comisiones. En tal sentido, D’Orazio explicó que “en la provincia se paga un mes y medio de comisión cada dos años y con esta Ley se bajaría a un mes cada tres años”. En definitiva, se abarataría el costo de vida de los inquilinos. Además, repercutiría en la cuestión impositiva ya que todos aquellos impuestos que graven la propiedad y las expensas extraordinarias van a quedar a cargo del propietario, como estaba previsto antes de la vigencia del Código Civil y Comercial del año 2015.

Las inmobiliarias, por su parte, se posicionaron en contra de esta iniciativa. Sin embargo, la votación en el Senado demostró un sólido respaldo a este Proyecto de Ley (de hecho se registraron 63 votos a favor y ninguno oponiéndose). D’Orazio comentó que “ahora hay que convencer a Diputados de que esta ley mejora las condiciones de vida del inquilino y frena el abuso inmobiliario”. Además destacó que el alquiler no debería ser un padecimiento ya que se trata de un derecho y que se está trabajando para que deje de primar el negocio inmobiliario sobre los derechos de los individuos.

Aníbal Faccendini, integrante de la Cátedra Libre del Agua, se posicionó en contra del incremento del 89% de la tarifa previsto para el año 2017, según se anunció desde Aguas Santafesinas S.A. Por una parte, reconoció que ha habido avances importantes y se refirió al Acueducto de Rosario, al Aliviador Tres de Sorrento, al Conducto Vera Mujica, pero, por otra, expresó que “falta mucho por realizar y fundamentalmente consideramos que no puede haber un incremento sin modernización y reforma de la gestión pública del agua”.

Para Faccendini, una de las cuestiones principales tiene que ver con la modificación del marco jurídico. La ley que rige el sistema de agua en la provincia es la 11220 de 1994. Opinó que se trata de una norma totalmente obsoleta y retrógrada que otorga la facultad de cortar el agua por deuda. Añadió que “el incremento que plantea Aguas Santafesinas no da cuenta de las necesidades modernización y reforma que necesita la gestión pública del agua donde nos venimos planteando que el Derecho Humano del Agua tiene que formar parte del presupuesto en el ingreso total del Estado”. En su opinión, el agua más que un servicio básico es considerado un derecho humano y como tal debe ser integrado en la estructura tributaria del Estado tal como la salud pública y como la educación pública.

Además, planteó la necesidad de jerarquizar el debate del mejoramiento del agua y evitar que en las audiencias públicas simplemente se discutan cuestiones tarifarias. Expresó que se deben incluir los temas de “optimización, mejoramiento y una nueva concepción de la gestión”. La calidad, el criterio medioambiental, la equidad en la medición, son todos aspectos que deben ser integrados en las audiencias para que pueda haber un verdadero salto cualitativo con respecto al tratamiento del agua como derecho en la provincia. “Planteamos un carácter innovador, el agua se merece otra clase de debate. Un derecho humano no se puede tarifar”, afirmó Faccendini.   

Por otra parte, Sebastián Bonnet, presidente de Aguas Santafesinas S.A., explicó cuáles serían los motivos del aumento de las tarifas que se pretenden para el próximo año. “Solicitamos una revisión de la estructura tarifaria para solucionar inequidades del sistema”, expresó. Desde Aguas se pretende lograr un equilibro entre los gastos e ingresos de la empresa que cuenta actualmente con un déficit de 600 millones de pesos. Es por ello que se planteó un aumento escalonado con impacto gradual para que este servicio pueda alcanzar en el año 2017 a toda la población.

Bonnet, expresó que en diez años ha habido un crecimiento del 80% en los micro medidores de la empresa (de 85 mil millones en 2006 a 150 mil en 2016). La propuesta consiste en alcanzar dentro de los próximos cuatro años un cien por ciento de usuarios medidos para preservar el recurso del agua y para propender a un consumo razonable y responsable. Planteó que se trabajará para “optimizar el volumen de agua potable alcanzando mayor eficiencia económica” y que el usuario solamente pague lo que consume evitando la situación de inequidad que se advierte actualmente cuando no hay un uso responsable.