En un fallo que no sorprendió a los involucrados ni a seguidores del tema, pero que reabre interrogantes sobre quién se beneficia del mismo, el tribunal de controversias del Banco Mundial, CIADI, ratificó la condena contra Argentina ordenando pagar una indemnización de 320 millones de dólares por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. Según el sitio especializado Aviación en Argentina, los directos beneficiarios del fallo –con derecho al cobro de la indemnización– son el fondo buitre Burford, que le compró parte de los derechos en este juicio a los antiguos accionistas, y el estudio Fargosi y Asociados, cuyo fallecido ex titular, Horacio Fargosi, presidió Aerolíneas en representación de Interinvest, empresa hoy inexistente. Este estudio es considerado un integrante “de peso” de la llamada “corporación judicial” en particular dentro del fuero comercial, y reconoce estrechos lazos con el actual gobierno. 

En sus fundamentos, el fallo del Ciadi sostiene en contra de Argentina “no haber entregado a los demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”. La demanda fue presentada en 2010 por el grupo Air Comet-Marsans, a quienes el CIADI considera víctimas de una “expropiación ilegal”. En su análisis, Aviación en Argentina, el sitio web conducido por el especialista Diego Dominelli, señala que “es falso que Marsans fuera víctima de trato injusto, dado que nunca hizo inversiones propias sino que manejaba aportes del Estado español”. Además, recuerda que su gestión estuvo caracterizada por un proceso de vaciamiento de la empresa de la cual la reestatización, en 2008, fue en realidad un salvataje para evitar su extinción. 

“Resulta llamativo que el mismo estudio contable que hizo la auditoría encargada por los accionistas para valuar la empresa antes de la reestatización, Price Waterhouse, reapareciera bajo el gobierno de Macri para hacer la auditoría de los balances de los ejercicios de la etapa kirchnerista: tras la gestión de Marsans, siendo Horacio Fargosi presidente, Aerolíneas tenía la mitad de la flota canibalizada, 25 aviones que no volaban,no pagaba salarios y combustible, y estaba concursada; sin embargo, Price le dio un valor patrimonial de 800 millones de dólares”, cifra que fue la base de la demanda de los ex accionistas. “Price auditó a una gestión vaciadora y no denunció nada, pero cuando la convocó este gobierno para auditar la gestión de Mariano Recalde (presidente de Aerolíneas durante el kirchnerismo), que recuperó la flota y hangares, le bajó el precio para mostrarla deficiente”, precisó Dominelli.  

Vaciamiento

La historia del vaciamiento se remonta primero a Iberia y siguió con Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata, del Grupo Marsans, que provocaron un deterioro impactante. Ambos fueron condenados a prisión en España por “apropiación indebida de 453 millones de dólares” por operaciones con Air Comet. Ambos, junto a su entonces socio Gonzalo Pascual (ya fallecido), habían comprado Aerolíneas Argentinas al Estado español en un valor simbólico de un dólar.  

En 1990, previo a la privatización que realizó el gobierno de Carlos Menem, la empresa contaba con 28 aviones propios y uno alquilado. En 2008, sólo quedaban dos aviones propios de alcance internacional y 30 alquilados. Las oficinas de Aerolíneas en Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas pasaron a manos españolas. Marsans también vendió los tres simuladores de vuelo, únicos entonces en América latina, usados para capacitación del personal. 

Más allá de la valuación del Tribunal de Tasación, Aerolíneas registraba un patrimonio negativo de 2500 millones de pesos y un pasivo de 890 millones de dólares. Según recuerda Mariano Recalde, la empresa había comenzado con la práctica de “canibalismos”, que consistía en utilizar repuestos de aeronaves en tierra para poner en condiciones otros aviones.

Luego de un proceso de idas y vueltas que duró tres meses, en diciembre de 2008 el Senado convirtió en ley la declaración de utilidad pública de Aerolíneas Argentinas, Austral y sus empresas controladas.

Buitre al ataque

Posibilitum Business, la pata de Burford especializada en adquisición de sociedades en dificultades, adquirió Marsans y Teinver, y presentó ante el CIADI un reclamo al Estado argentino por unos 1100 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas. El tribunal arbitral rechazó este miércoles la solicitud de Argentina de anular su sentencia y obliga al pago de los más de 320 millones de dólares al holding. “Tras recuperarla de su casi desaparición, Aerolíneas logró su puesta en valor y expansión, entre flota, Hangar 5, centro de simuladores de vuelo y demás inversiones como el taller de motores a nuevo; todo este patrimonio y mucho más, es lo que debe cuidarse”, recordó Dominelli. “No vaya a ser cosa –advirtió– que por decidir pagar y con la excusa de que Argentina está floja de fondos se tome más deuda, o se emita un bono aeronáutico al 2030, que derive en una venta de activos”.

FUENTE: Página 12

EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Santiago Toffoli

La política exterior kirchnerista, con diversas intensidades y en diferentes momentos, estuvo principalmente guiada por los objetivos de restringir la  injerencia de actores externos en los procesos de toma de decisión, profundizar los vínculos regionales, diversificar las relaciones externas y consolidar la dimensión internacional del neodesarrollismo económico. Frente a estos lineamientos, el gobierno macrista plantea, en el marco de un modelo económico liberal, una “reinserción” de Argentina en el mundo basada en una relación especial con Estados Unidos y Europa, en el restablecimiento de vínculos con los organismos de crédito internacional y los mercados de capitales, en la promoción de la integración principalmente económico-comercial y en la generación de la imagen de un gobierno dispuesto a que la política externa no sea el reflejo exclusivo de la política interna.

En relación al último punto, cabe señalar que han sido claves las palabras de la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, cuando señaló que el presidente le “pidió tener una visión de la Argentina de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera” (Malcorra, 2015). En el mismo sentido puede ubicarse la reiterada idea pronunciada por la administración macrista sobre la pretensión de que el país establezca "relaciones inteligentes y pragmáticas con el resto del mundo", tal como lo señaló el presidente en el Foro Económico de Davos (Infobae, 2016). Esta postura se plantea en clara oposición a lo que consideran que fue una política exterior ideologizada y politizada durante los gobiernos anteriores que tuvo como resultado que Argentina se alejara del mundo y disminuyera su perfil internacional.

Dicho diagnóstico sobre la “decadencia” y el “aislacionismo” es similar al que realizaron en los años noventa quienes promovieron en América Latina lo que Amado Cervo denominó como la política exterior del “Estado Normal” (2007). En la misma, las ideas autonomistas y desarrollistas dieron lugar al consentimiento a los intereses del centro capitalista y a la sujeción de las reglas económicas neoliberales, estableciéndose los siguientes parámetros de comportamiento:

• Brasil como principal aliado económico.
• Reinserción en la economía mundial a partir de la apertura comercial, la desnacionalización y el incremento de la inversión extranjera directa.
• Reconocimiento de la excepcionalidad de Estados Unidos y promoción de una relación especial.
• Cono Sur como Zona de Paz.
• Promoción de una política de prestigio en temáticas globales: defensa de la democracia liberal y los derechos humanos lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, integración regional liberal, medio ambiente.

Considerando dichas caracaterísiticas, hallamos en la política exterior macrista muchos puntos del modelo de relacionamiento externo de un “Estado Normal”. El paso de un MERCOSUR político a uno principalmente económico, la medición del avance de los procesos de integración en base a los indicadores de flujos comerciales –motivo por el cual la UNASUR no es considera un caso exitoso por el gobierno macrista-, marcan una alianza con Brasil que responde a los grandes intereses económicos y no a valores y políticas compartidos sobre la región.

Por otra parte, el acuerdo con los “fondos buitres”, la participación en foros como Davos y la recepción de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, junto con la desregulación y liberalización del comercio exterior, muestran la clara intención reinsertar a la Argentina a partir de la apertura de su economía. Los acuerdos y las visitas de alto nivel promovidos con Estados Unidos y los países de la Unión Europea, junto a un discurso crítico en los inicios sobre el relacionamiento con China, Rusia y los demás emergentes (que luego debió ser suavizado ante los datos de la realidad), implican una clara opción por los vínculos con los países desarrollados.

En los noventa, tras los procesos de redemocratización y la finalización de las hipótesis de conflicto, se valoraba especialmente la paz entre los Estados como un bien público regional. En la actualidad, la idea de la región como zona pacífica fue retomada por el presidente en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando indició que se están dando las condiciones para crear un “corredor de paz” que se extiende entre los océanos Atlántico y Pacífico, el cual contribuye a la estabilidad y prosperidad regional. Por último, la jerarquización en la agenda del narcotráfico, el terrorismo, el cambio climático y los refugiados, muestran una intención por parte del gobierno macrista de llevar adelante temáticas de interés global para Estados Unidos y Europa.

El contexto internacional obviamente es diferente al de los años noventa. Hoy la unipolaridad norteamericana se encuentra jaqueada por la activa presencia china en el mundo y  la irrupción de actores emergentes políticos y económicos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que configuran un sistema no-unipolar, con rasgos multilaterales en algunas áreas y bipolares en otras dimensiones. En este sentido, el modelo de política exterior de la administración macrista sería una versión aggiornada del modelo de acción internacional del “Estado Normal” con el cual Cervo caracteriza a los gobiernos de los años noventa. De este modo, a partir de sus grandes ejes podemos vislumbrar sus posibles resultados generales en consonancia con lo que ya ha sucedido en América Latina durante esa década: crecimiento de la pobreza, desmantelamiento de las estructuras productivas, crisis económica.

En tanto política pública de carácter interméstico toda política exterior conlleva valores e ideologías, implícita o explícitamente, y expresa los intereses de las elites en el poder y sus objetivos en el sistema internacional. La cuestión es si estos intereses y objetivos son coincidentes con los objetivos de desarrollo y crecimiento de sus pueblos. 

Referencias Bibliográficas

Cervo, A., 2007, “Relações internacionais da América Latina”, editora Saraiva e IBRI.

Infobae, 2016, “Macri aseguró que ´Argentina fue recibida con un enorme entusiasmo´ en Davos”, 23 de enero, Buenos Aires. Disponible en: http://www.infobae.com/2016/01/23/1785038-macri-aseguro-que-argentina-fue-recibida-un-enorme-entusiasmo-davos

Macri, M., 2015, Palabras del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la 71a. Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de septiembre, Nueva York. Disponible en:  https://mrecic.gov.ar/discurso-del-presidente-de-la-nacion-mauricio-macri-en-la-71a-asamblea-general-de-las-naciones

Macri, M., 2016, Palabras del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, 10 de diciembre, Buenos Aires. Disponible en:  http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/35023-palabras-del-presidente-de-la-nacion-mauricio-macri-ante-la-asamblea-legislativa-en-el-congreso-de-la-nacion

Malcorra, S., 2015, “Susana Malcorra, futura canciller: "Macri me pidió tener una visión de la Argentina de afuera hacia adentro"”, La Nación, 01 de diciembre de 2015.http://www.lanacion.com.ar/1850451-susana-malcorra-futura-canciller-macri-me-pidio-tener-una-vision-de-la-argentina-de-afuera-hacia-adentro (Consultado el 10 de mayo de 2016)

 

 

(*) Dra. en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora de la Fundación Para la Integración Regional de Rosario.

Resumen mensual de los acontecimientos internacionales del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación para la Integración Federal

 

SUMARIO:

EDITORIAL

La compleja frontera entre Colombia y Venezuela / Por Imanol Barrangú (descargar PDF)

CEPI

La crisis interminable nuevos desenlaces en el tablero sirio / Por Ana Lucía Mucci  (descargar PDF)

El señor Presidente cambio de gobierno en Guatemala / Por Esteban Smolarz (descargar PDF)

Refugiados en Europa / Por Priscila Pretzel (descargar PDF)

FUNDAMENTAR

Ojos sobre Siria / Por Pedro Arrospidegaray (descargar PDF)

Resolución 27/30 Triunfo sobre los Fondos Buitre / Por Esteban Agustín Covelli (descargar PDF)

OBSERVATORIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL

Inversiones / Por Felipe Soraires (descargar PDF)

Finanzas / Por Mirco Silva (descargar PDF)

Comercio / Por Mailen Saluzzio  (descargar PDF)

 

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La sesión en la que el Frente para la Victoria buscará aprobar la iniciativa enviada al Parlamento por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se discutirá en la sesión del miércoles.

Fuentes del bloque oficialista indicaron que está previsto que la sesión comience después del mediodía, aunque el horario final será definido durante la reunión de Labor Parlamentaria que se llevará a cabo el mismo día por la mañana.

La Resolución también destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana lo que no debe verse "frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".

La iniciativa obtuvo dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda la semana pasada, luego de la presentación que realizó el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof.

"Al próximo que gobierne la Argentina no le quedará otra más que negociar fuerte con los fondos buitre. Esta es la forma. No bajo extorsión. No bajo el miedo ni la complicidad. Hay que negociar para cerrar y pagar el cien por ciento de nuestros compromisos en condiciones justas y sostenibles, y eso es lo que convalidó Naciones Unidas", explicó el funcionario ante los integrantes de la comisión.

El proyecto contiene los Principios aprobados por Naciones Unidas, a instancias de la Argentina, sobre reestructuración de deudas.

La Resolución, de carácter no vinculante, fue aprobada el 10 de septiembre en Naciones Unidas con 136 votos a favor, siete en contra y 41 abstenciones.

Sus principios establecen que cuando una propuesta de reestructuración es aprobada por una amplia mayoría de tenedores de bonos, la minoría restante debe aceptarla y no puede apelar a otras instancias, como le sucedió a la Argentina con los fondos buitre que acudieron a los tribunales de Nueva York.

De ese modo se busca cerrarle el paso a quienes no entraron en las reestructuraciones que, siendo algo más del uno por ciento de los tenedores, pondrían en peligro todo el proceso de canje de deuda cuya aceptación voluntaria fue de alrededor del 92 por ciento.

La Resolución también destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana lo que no debe verse "frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".

Además, postula que la reestructuración debe hacerse "como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores".

También apunta a promover la transparencia "para aumentar la rendición de cuentas de los interesados", compartiendo tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda.

Incluso, se exige "la imparcialidad" de todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones, "incluso a nivel regional" y que se abstengan de ejercer influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción.

Junto a esto, los Estados tendrán la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores.

Por su parte, los acreedores tendrán derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este.

Por otro lado, se deja en claro que la cuestión de la "inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva", para evitar embargos de embajadas o buques.

Explicita además, el principio de "sostenibilidad" que apunta a que en todas las reestructuraciones se debe preservar "los derechos de los acreedores" y promover "el crecimiento económico" de los Estados "minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos".

 

RELEVAMIENTO Y EDICION: Maria Belen Serra

 FUENTE: Telam

El tema de la reestructuración de la deuda y la resistencia a los reclamos de los holdouts es uno muy sensible dentro lo que es la política argentina, lleno de intensos debates. Pero, a pesar de ser una herramienta a la que suelen concurrir los opositores al gobierno kirchnerista, es también un foco de unión y concordancia entre varios sectores políticos. Es decir, a pesar de su carácter polémico, los fondos buitre terminaron siendo un punto de coincidencia entre el oficialismo y algunos sectores de la oposición, uniendo así al pueblo argentino frente a un “agresor extranjero”. Pero esto no fue lo único. Los fondos buitre no sólo amenazan a la estabilidad económica del pueblo argentino, sino que ponen en riesgo a muchas naciones del mundo, siendo en su mayoría economías en vías de desarrollo muy débiles para enfrentar solas a este avasallador contrincante.

La resolución, cuya aprobación y legitimidad es indiscutible, ya que recibió 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 en contra, consta de nueve “principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas”

Es por esto último, y los fallos adversos que recibió en los tribunales de Nueva York, que la diplomacia argentina decidió llevar el asunto a ámbitos multilaterales. En esta empresa ha recibido reiteradas muestras de apoyo de sus compañeros de la UNASUR y Rusia, entre otros. Pero lo que puede ser el mayor triunfo argentino, que conlleva gran prestigio internacional, es la flamante resolución 27/30 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta resolución fue planteada hace poco más de un año por la delegación argentina –con el apoyo del G77 + China - frente al mayor organismo internacional en búsqueda de apoyo frente a los holdouts y lograr construir un marco que proteja las economías soberanas frente a los intereses particulares. A este triunfo se le suma la denuncia sobre el accionar de los fondos buitre realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el mes de agosto.

La resolución, cuya aprobación y legitimidad es indiscutible, ya que recibió 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 en contra, consta de nueve “principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas”. En pocas palabras, estos versan de la siguiente forma:

1- Un Estado soberano tiene derecho a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de la deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas.

2- El deudor soberano y sus acreedores deben obrar de buena fe.

3- El principio de la transparencia.

4- El principio de la imparcialidad de las instituciones y agentes involucrados.

5- El principio de trato equitativo, que impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores.

6- El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución.

7- El principio de legitimidad.

8- El principio de sostenibilidad.

9- La reestructuración por mayoría.

Los principios enumerados reflejan los principales fundamentos que utilizó la defensa argentina ante el tribunal del juez Griesa, que falló reiteradamente a favor de los fondos buitre. Con respecto a estos resultados judiciales, en el mes de agosto y al mismo tiempo que la denuncia de la Comisión de Derechos Humanos, la Corte de Apelaciones de Nueva York modificó el fallo de Griesa y le ordenó al juez acotar el alcance de la acción judicial colectiva, lo que implica la limitación del universo de quienes tendrán derecho de sumarse al fallo de Pari Passu -conocidos bajo el término de "me too"- y que podría beneficiar a la Argentina en términos del monto final que demandaría del juicio.

Si bien la resolución de la ONU brinda un marco que regula la relación de los Estados endeudados con sus acreedores, no necesariamente logrará protegerlos efectivamente. Esto se puede dar particularmente con la Argentina, su principal impulsor. Existen detalles del Derecho Internacional que limitan el alcance de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas como la 27/30. Entre estas particularidades se puede mencionar que no es vinculante –es decir, no es de aplicación obligatoria. Por otro lado, el documento se refiere a futuros acuerdos, es decir, que carece de efecto retroactivo, por lo que es difícil que la Argentina lo pueda utilizar en su relación con los fondos de inversión que ya iniciaron procesos judiciales contra ella. Otro detalle que le hacen los críticos es que en ningún momento se menciona el nombre de la República Argentina ni de los fondos de inversión con los que tiene el pleito. Esto es debido a que es un una resolución general, es decir, para aplicar a todos los casos en el futuro y no a uno particular.

Más allá de todas las críticas que se le pueda realizar a la gestión, con la aprobación de la resolución la Argentina logró un triunfo sobre los holdouts, si bien no judicial ni vinculante, es una victoria en el ámbito político que refleja que la gran mayoría de los Estados apoyan la postura argentina frente a las presiones de los intereses privados y sólo una minoría de países que alojan a los fondos votaron en contra.

En fin, el accionar de los diplomáticos argentinos, dirigidos por el canciller Timerman y el ministro Kicillof, logró crear un antecedente que puede ser utilizado por cualquier nación que se vea presionada abusivamente por cualquier fondo de inversión de capital de riesgo en su defensa. Además, este actuar reafirma la vocación argentina de recurrir a los medios multilaterales y basarse en el Derecho Internacional para la resolución de conflictos, tradición vigente desde el Siglo XIX, con hitos importantes como la Doctrina Calvo, la Doctrina Drago y la resolución 2065 de 1965- la cual insta a Gran Bretaña a negociar con Argentina su diferendo con respecto a las Islas Malvinas.  

 

(*) Investigador de la Fundación para la Integración Federal

"Nuestra idea es que estos principios se conviertan en ley argentina. Los nueve principios contra el accionar de los buitres los vamos a aprobar en el Congreso", estimó Timerman en diálogo con radio Del plata.

Al ser consultado sobre la posición que adoptarán los bloques legislativos de la oposición, el ministro de Relaciones Exteriores lo comparó con Tucumán. "La oposición no va a decir que hubo fraude, ¿no?", se preguntó irónico.

El funcionario celebró el contundente apoyo que recibió la propuesta argentina para limitar el accionar de los holdouts. "Los nueve puntos establecen límites al agujero negro que era usado por los buitres. Son principios que no se puede decir que afectan los intereses de nadie", señaló, y destacó que "ayer estaban presentes los 193 países miembros, fue la única votación en la que estuvieron todos".

Según dijo el canciller, hubo un durísimo trabajo previo a la votación. "Fuimos convenciendo a varios países que estaban renuentes. Había muchos otros países que estaban pasando situaciones parecidas a la nuestra. Uno de los que lideró la discusión fue el embajador boliviano", consideró.

"Hicimos nueve principios y oponerse a eso es como oponerse a los mandamientos", dijo al ser interrogado por los seis votos negativos. "El dueño del esclavo nunca quiere que se termine la esclavitud", sentenció. Votaron en contra Estados Unidos, Alemania, Israel, Japón, Gran Bretaña y Canadá.

 

FUENTE: Ámbito 

Estaban presentes en el salón principal de Naciones Unidas en Nueva York, el canciller Héctor Timerman; el ministro de Economía, Axel Kicillof; la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón; y la representante ante el organismo multilateral, María Cristina Perceval.

El documento que adoptado por el Comité sobre Procesos de Reestructuración de Deuda de ONU en julio. Aprobados por mayoría simple, los nueve principios que buscan limitar el accionar de los fondos buitre, deberán ser seguidos y respetados en las futuras reestructuraciones de deudas soberanas.

La resolución apunta a que se respeten los nuevos principios relativos a la reestructuración de las deudas soberanas, es decir, si una mayoría acepta el arreglo propuesto por el Gobierno, el resto debe acogerse a esa decisión e impide que se siga litigando ante tribunales particulares.

Los principios adoptados por el Comité Ad Hoc luego de más de seis meses de trabajo que involucró a expertos y analistas internacionales, son los de soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.

Axel Kicillof que participó de la votación podría aprovechar el viaje para mantener también reuniones con los abogados que representan a la Argentina ante el tribunal del juez norteamericano Thomas Griesa.

La resolución apunta a que se respeten los nuevos principios relativos a la reestructuración de las deudas soberanas, es decir, si una mayoría acepta el arreglo propuesto por el Gobierno, el resto debe acogerse a esa decisión e impide que se siga litigando ante tribunales particulares.

Esta semana, la iniciativa recibió el respaldo de 19 economistas internacionales que pidieron a los países europeos que la apoyen, entre los que figuran Thomas Piketty (Paris School of Economics), autor del libro "El capital en el siglo XXI"; el exministro griego Varoufakis Yanis; Galbraith James (Universidad de Texas), Flassbeck Heiner (exjefe de la UNCTAD) y Guzmán Martín (Universidad de Columbia), entre otros.

Los economistas destacaron que la "observancia de tales principios habrían evitado los escollos de la crisis griega, en la que los representantes políticos cedieron a las demandas de los acreedores a pesar de su falta de sentido económico y su impacto social desastroso".

 

FUENTE: M1

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó los nueve principios impulsados por Argentina, y consensuados por el Grupo de los 77 + China, para la restructuración de la deuda de los países, entre los que se destaca que si una renegociación de deuda es aprobada por “una mayoría cualificada”, esta debe ser acatada por el resto de los tenedores de títulos.

Además, los Estados deberán hacer una reestructuración “como último recurso”, tendrán “la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores”, y deberán incluir “cláusulas de acción colectiva” que destaquen la preeminencia de las mayorías “en sus emisiones de deuda”.

 

LOS NUEVE PRINCIPIOS SON LOS SIGUIENTES

 

1.       Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores.

 

2.       El principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca de las condiciones de la reestructuración.

 

3.       El principio de la transparencia debe promoverse para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana.

 

4.       El principio de la imparcialidad exige que todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción o ambos.

 

5.       El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de reestructuración de la deuda soberana.

 

6.       El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva.

 

7.       El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración.

 

8.       El principio de la sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos.

 

9.       La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones de deuda soberana.

 

EL DOCUMENTO: ONU - Principios Básicos Para Reestructuraciones de Deuda Soberanas

 

FUENTE: Télam

En un documento de 43 páginas, la Corte de Apelaciones “revocó” la orden de Griesa del 26 de septiembre de 2013, y lo instruyó a que desestime el reclamo de los fondos buitre EM y NML Capital realizado en el marco del litigio que llevan adelante contra Argentina en los tribunales de Estados Unidos.

La orden adoptada hoy representa un fuerte revés para los fondos buitre y es el segundo pronunciamiento en contra de las decisiones del juez Griesa en lo que va del mes.

“La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York sienta un precedente internacional y garantiza de manera decisiva la inembargabilidad de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) frente a la pretensión de los fondos buitre y demuestra que el BCRA desarrolló una estrategia correcta en este litigio”, subrayó el presidente de la entidad, Alejandro Vanoli, al destacar la importancia del fallo.

Para la Corte, en su decisión, Griesa “incurrió en error” de interpretación respecto a “la imputación de la renuncia de Argentina sobre inmunidad soberana del BCRA en base a una teoría del alter ego”, así como en “la aplicación de la excepción a la actividad comercial del uso del BCRA de sus cuentas con la Reserva Federal de Nueva York”.

En el extenso y detallado texto con fecha de hoy, el tribunal de segunda instancia desestimó los argumentos de los fondos buitre por “no ser suficientes” respecto a la supuesta dependencia del BCRA con el Estado argentino en lo que hace a las operaciones diarias.

“La mayoría de las acciones que supuestamente tomadas por el BCRA son funciones gubernamentales llevadas adelante por la mayoría de los bancos centrales”, sostuvo el pronunciamiento.

En ese sentido, el tribunal mencionó que los gobiernos “comúnmente ejercitan algunas medidas de control sobre sus agencias” siendo que junto con los bancos centrales, “incluida” la administración estadounidense y la Reserva Federal, “con frecuencia consultan y coordinan sus acciones con respecto a las políticas monetarias”.

A su vez, los magistrados de la instancia de apelación rechazaron otro de los argumentos de los fondos buitre respecto a "fraudes e injusticias" en referencia a la cancelación con el Fondo Monetario Internacional, al asegurar que “no hay nada irregular o fraudulento acerca de que Argentina reconozca una preferencia por el pago de un conjunto de acreedores sobre otros”.

“El alegato de los demandantes simplemente no muestra que Argentina ha utilizado al BCRA para frustrar los esfuerzos de cobro de sus acreedores o de que trató al BCRA como una entidad `falsa´ para ocultar sus propios activos”, aseveró el texto.

Por otro lado, la Corte de Apelaciones responde a “la otra excepción a la inmunidad soberana en la que se basó” el tribunal del distrito sur liderado por Griesa, que dice que un estado extranjero no es inmune en una acción comercial desarrollada en los Estados Unidos.

Así, “ninguna de estas acciones después del 2001 -préstamos otorgados por el BCRA a la Argentina, coordinación de la política monetaria, el nombramiento o remoción de directores del BCRA- son actividades comerciales que ocurrieron en los Estados Unidos”, detalló.

Luego de desestimar uno a uno los planteos realizados por los fondos buitre, el tribunal de apelación determinó que el “BCRA no constituye un `alter ego´ de Argentina a los efectos de esta demanda”.

La orden adoptada hoy representa un fuerte revés para los fondos buitre y es el segundo pronunciamiento en contra de las decisiones del juez Griesa en lo que va del mes, luego que el 10 de agosto el tribunal le revocara una orden en un caso sobre una serie de demandas colectivas de tenedores de bonos emitidos por Argentina y le ordenara al magistrado seguir las instrucciones impartidas con anterioridad.

 

RELEVAMIENTO Y EDICION: Maria Belen Serra

FUENTE: Telam

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, decidió hoy a favor de la Argentina en el caso de los “me too”, revirtiendo así la decisión del juez distrital, Thomas Griesa, quien había favorecido el pedido de los tenedores de bonos para ser considerados dentro de su fallo y demandar al país, y lo reprendió por no seguir las ordenes dadas anteriormente sobre cómo proseguir.

La Corte dio lugar a la apelación del gobierno argentino y desestimó la decisión de Griesa.

 La Corte dio lugar a la apelación del gobierno argentino y desestimó la decisión de Griesa que habilitó a los tenedores de ocho clases de bonos a demandar a la Argentina como grupo, conocidos como “me too”, con el objetivo de ser sumados al fallo del magistrado efectuado en 2012 que ordenaba al país pagar a los fondos buitre la suma de 1.3 mil millones de dólares.

El tribunal que interviene en el caso con los fondos buitre sostuvo que la Corte distrital de Nueva York “contravino el mandato emitido en apelación al no seguir las instrucciones específicas previas” y señaló que en vez de seguir dichas directivas “certificó” la solicitud de los fondos buitre de “expandir las clases” de bonos en cuestión.

Con su accionar, la corte de Griesa “no llevó adelante una audiencia probatoria” y a su vez, cuando los fondos buitre argumentaron que el proceso de discovery (solicitud de información) no era viable, “en lugar de seguir nuestra orden y adoptar un enfoque individualizado de daños y perjuicios, el tribunal resucitó la clase original de definición de los demandantes”, afirmaron los jueces de la instancia de apelación en un documento de 15 páginas.

 

RELEVAMIENTO Y EDICION: Maria Belen Serra

FUENTE: Telam