En un fallo que no sorprendió a los involucrados ni a seguidores del tema, pero que reabre interrogantes sobre quién se beneficia del mismo, el tribunal de controversias del Banco Mundial, CIADI, ratificó la condena contra Argentina ordenando pagar una indemnización de 320 millones de dólares por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. Según el sitio especializado Aviación en Argentina, los directos beneficiarios del fallo –con derecho al cobro de la indemnización– son el fondo buitre Burford, que le compró parte de los derechos en este juicio a los antiguos accionistas, y el estudio Fargosi y Asociados, cuyo fallecido ex titular, Horacio Fargosi, presidió Aerolíneas en representación de Interinvest, empresa hoy inexistente. Este estudio es considerado un integrante “de peso” de la llamada “corporación judicial” en particular dentro del fuero comercial, y reconoce estrechos lazos con el actual gobierno. 

En sus fundamentos, el fallo del Ciadi sostiene en contra de Argentina “no haber entregado a los demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”. La demanda fue presentada en 2010 por el grupo Air Comet-Marsans, a quienes el CIADI considera víctimas de una “expropiación ilegal”. En su análisis, Aviación en Argentina, el sitio web conducido por el especialista Diego Dominelli, señala que “es falso que Marsans fuera víctima de trato injusto, dado que nunca hizo inversiones propias sino que manejaba aportes del Estado español”. Además, recuerda que su gestión estuvo caracterizada por un proceso de vaciamiento de la empresa de la cual la reestatización, en 2008, fue en realidad un salvataje para evitar su extinción. 

“Resulta llamativo que el mismo estudio contable que hizo la auditoría encargada por los accionistas para valuar la empresa antes de la reestatización, Price Waterhouse, reapareciera bajo el gobierno de Macri para hacer la auditoría de los balances de los ejercicios de la etapa kirchnerista: tras la gestión de Marsans, siendo Horacio Fargosi presidente, Aerolíneas tenía la mitad de la flota canibalizada, 25 aviones que no volaban,no pagaba salarios y combustible, y estaba concursada; sin embargo, Price le dio un valor patrimonial de 800 millones de dólares”, cifra que fue la base de la demanda de los ex accionistas. “Price auditó a una gestión vaciadora y no denunció nada, pero cuando la convocó este gobierno para auditar la gestión de Mariano Recalde (presidente de Aerolíneas durante el kirchnerismo), que recuperó la flota y hangares, le bajó el precio para mostrarla deficiente”, precisó Dominelli.  

Vaciamiento

La historia del vaciamiento se remonta primero a Iberia y siguió con Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata, del Grupo Marsans, que provocaron un deterioro impactante. Ambos fueron condenados a prisión en España por “apropiación indebida de 453 millones de dólares” por operaciones con Air Comet. Ambos, junto a su entonces socio Gonzalo Pascual (ya fallecido), habían comprado Aerolíneas Argentinas al Estado español en un valor simbólico de un dólar.  

En 1990, previo a la privatización que realizó el gobierno de Carlos Menem, la empresa contaba con 28 aviones propios y uno alquilado. En 2008, sólo quedaban dos aviones propios de alcance internacional y 30 alquilados. Las oficinas de Aerolíneas en Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas pasaron a manos españolas. Marsans también vendió los tres simuladores de vuelo, únicos entonces en América latina, usados para capacitación del personal. 

Más allá de la valuación del Tribunal de Tasación, Aerolíneas registraba un patrimonio negativo de 2500 millones de pesos y un pasivo de 890 millones de dólares. Según recuerda Mariano Recalde, la empresa había comenzado con la práctica de “canibalismos”, que consistía en utilizar repuestos de aeronaves en tierra para poner en condiciones otros aviones.

Luego de un proceso de idas y vueltas que duró tres meses, en diciembre de 2008 el Senado convirtió en ley la declaración de utilidad pública de Aerolíneas Argentinas, Austral y sus empresas controladas.

Buitre al ataque

Posibilitum Business, la pata de Burford especializada en adquisición de sociedades en dificultades, adquirió Marsans y Teinver, y presentó ante el CIADI un reclamo al Estado argentino por unos 1100 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas. El tribunal arbitral rechazó este miércoles la solicitud de Argentina de anular su sentencia y obliga al pago de los más de 320 millones de dólares al holding. “Tras recuperarla de su casi desaparición, Aerolíneas logró su puesta en valor y expansión, entre flota, Hangar 5, centro de simuladores de vuelo y demás inversiones como el taller de motores a nuevo; todo este patrimonio y mucho más, es lo que debe cuidarse”, recordó Dominelli. “No vaya a ser cosa –advirtió– que por decidir pagar y con la excusa de que Argentina está floja de fondos se tome más deuda, o se emita un bono aeronáutico al 2030, que derive en una venta de activos”.

FUENTE: Página 12

EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Santiago Toffoli

Acorralado por el agujero en las cuentas públicas y las dificultades políticas para avanzar en su plan de reformas liberales, el Gobierno brasileño de centroderecha ha dado un golpe de efecto que agrada a los mercados y enfurece a la oposición de izquierda. El equipo económico del presidente Michel Temer ha anunciado el mayor programa de privatizaciones en el país desde hace dos décadas con el propósito de hacer caja y atenuar el déficit fiscal. Más de 50 activos estatales se pondrán a la venta o su gestión será cedida al sector privado, entre ellos Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica.

Fuera del programa anunciado, que incluye una docena de aeropuertos y la Casa de la Moneda, quedan el gigante petrolero Petrobras o la poderosa banca pública. El programa, no obstante, carece de detalles, así como una estimación total de lo que pudiera obtenerse. El Ministerio de Energía ha precisado que solo la operación de Eletrobras puede suponer unos 5.400 millones de euros.

La mayor ola privatizadora de las últimas décadas en Brasil se registró durante el primero de los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, presidente entre 1995 y 2003. “El paquete de Temer es sin duda el mayor desde Cardoso. Incluye aeropuertos, sistemas de saneamiento, el sector eléctrico, cuestiones que contribuirán a cambiar la estructura de la economía en los próximos dos años”, explica Alexandre Galvão, profesor de la escuela de negocios Fundación Don Cabral. Algunos de los activos en venta tienen además una fuerte carga simbólica, como la propia Eletrobras, la joya de la corona de la propuesta, creada en 1956 en pleno auge de la política de desarrollismo estatal del presidente Getúlio Vargas.

El plan supone una escalada más en el giro a la derecha que vive Brasil después del impeachment que el año pasado acabó con la presidencia de Dilma Roussef y puso fin a la etapa del PT. Pero también es consecuencia de la debilidad política de un presidente acosado por los escándalos de corrupción. El ambicioso programa reformista de Temer —del mercado de trabajo hasta las pensiones— se ha visto atenuado por las resistencias del Congreso. Muchos diputados pusieron además un elevado precio al voto que, el pasado día 3, permitió que la Cámara frenase la denuncia del fiscal general de la República, Rodrigo Janot, contra el presidente, acusado de cobrar sobornos. Esas concesiones económicas de Temer a las regiones para salvar su puesto representaron un aumento del gasto público y obligaron al Gobierno a rebajar los objetivos de su ajuste fiscal para este año. Ahora, uno de los objetivos del programa privatizador es precisamente recaudar dinero para aliviar las cuentas del Estado, junto a reactivar, en la medida de lo posible, una economía que, aunque ha dejado de caer, presenta unas expectativas de crecimiento este año de apenas el 0,5%.

“Toda la motivación del programa es la necesidad de captar recursos para el tesoro nacional. Eletrobras ya no venía desempeñando un papel estratégico en el sector eléctrico, en buena medida a causa de sus problemas financieros”, apunta Nivalde de Castro, especialista del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El Ejecutivo afirma que su objetivo es devolver la eficiencia a una compañía que acumula una deuda de más de 6.000 millones de euros. El Ministerio de Minas y Energía detalla que en los últimos 15 años, Eletrobras ha absorbido recursos públicos por unos 65.000 millones de euros que “podrían ser invertidos en seguridad, educación y sanidad”.

La crisis económica ha castigado las cuentas de la firma, que tampoco se ha visto libre de los múltiples escándalos de corrupción destapados en el país. A evaporar sus ganancias contribuyó además la decisión de Rousseff de rebajar por decreto un 20% las tarifas eléctricas. Rousseff, quien fue ministra de Energía del presidente Lula da Silva, criticó de inmediato el anuncio de la privatización: “Esto significa dejar el país a merced de los apagones, como ocurrió en 2001 con Cardoso. El consumidor va a pagar una cuenta de luz estratosférica”.

Deuda pública

Cardoso privatizó 80 empresas estatales solo en su primer mandato, entre ellas el gigante minero Vale do Rio Doce y Telebras, que tenía el monopolio en el sector de las telecomunicaciones. Como ahora, el Gobierno intentaba contener el aumento de la deuda pública. Hay un cierto consenso entre los especialistas en considerar que la privatización de las telecomunicaciones resultó un éxito, pero que la urgencia por recaudar llevó a vender empresas como Vale por debajo de su valor de mercado.

Con la llegada de Lula se frenaron las privatizaciones y los sucesivos Gobiernos del PT centraron sus relaciones con el sector privado en acuerdos para concesiones temporales, principalmente de autovías e hidroeléctricas. Rousseff continuó ese modelo y, poco antes del impeachment, había anunciado un programa que incluía la concesión de puertos, aeropuertos y vías férreas con la expectativa de recaudar más de 50.000 millones de euros. Pero casi nada llegó a salir del papel.

FUENTE: El País

Mi abuelo Ernesto era recurrente cuando le preguntaba algo, miraba a la biblioteca y me mandaba a consultar el diccionario de la Real Academia Española. No olvidaré nunca el olor de aquel mamotreto de papel de seda, pero hoy escribo conectado a Internet y su sucedáneo electrónico me entrega lo siguiente:

1. adj. Que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna.
2. adj. Particular y personal de cada individuo.
3. adj. Que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares.
4. adj. Can. Muy contento, lleno de gozo. Estar privado.
5. m. Hombre que tiene privanza.

Estas son las primeras cinco acepciones del término “Privado” que viene del latín privātus y con el que el gobierno de Macri insinúa tener algo especial.

Es que privados son los barrios de las periferias de las metrópolis, lugares donde habitan porciones mayoritarias de sus adherentes, también responsables de provocar y agravar las inundaciones en muchas barriadas linderas.

Privado, y a espaldas de los ciudadanos, es el modo en que se deciden las cosas en el gobierno que encabeza la Presidencia de la Nación desde el 10 de diciembre. Prueba de ello es su insistencia en eludir las Audiencias Públicas obligatorias para establecer aumentos de tarifas de los servicios públicos.

Así también es la propiedad de los activos que los seguidores del PRO defienden con pasión. De esa manera - aseguran- el capital (privado también) invierte y maximiza sus beneficios, lo que a la postre derramará en riqueza para todos y todas (riqueza privada también). Para el Estado hay reservado un lugar, será el canchero que cortará el pasto para que los privados jueguen su partido.

Como contrapartida, por ejemplo, tenemos los espacios públicos a los que en cuanto se puede los vuelven menos públicos y los encierran detrás de corralitos o rejas. Así pasaron a ser las plazas de la Ciudad de Buenos Aires desde que Macri asumió la Jefatura de Gobierno.

Privada es la escena de los feriados nacionales. Para participar de ellos hay que tener pulserita, ser VIP. Así sucedió el 25 de mayo con la Plaza de Mayo cercada por vallas, el 20 de junio en el Monumento a la Bandera de Rosario y en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán el 9 de julio (además privada de naranjas).

Privado para los argentinos es el acceso a las costas del Lago Escondido. Así lo mantiene el magnate Joseph Lewis en su estancia de la Patagonia, contra la voluntad de la Justicia. Justamente allí pasó Mauricio Macri sus vacaciones el verano pasado. Teniendo amigos con lagos privados, ¿por qué privarse de un descanso privado?

Privada es también la comunicación que el macrismo quiere imponer para nuestra sociedad, y por eso los cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tienden a facilitar los negocios de los privados en detrimento de los servicios públicos. Así es que la calidad de las transmisiones de la Televisión Digital Abierta (TDA) decae, al tiempo en que el espectro radioeléctrico en el que deberían circular los canales de TV abiertos libres y gratuitos es concesionado a empresas privadas para servicios privados y cerrados de telecomunicaciones.

¿De qué otra manera, si no es porque bajo su mirada la Radio y la TV Privada es mejor que la TV Pública, se podría entender la falta de interés en sostener el importante rating que tenían los medios públicos hasta diciembre del año pasado? No se sabe aún qué opinan los periodistas que dejaron sus trabajos en emisoras privadas para pasar a Radio Nacional, pero la audiencia que los sigue no ha parado de caer y en la actualidad está en la tercera parte de lo que supo ser.

Privados son los canales de televisión que recibieron por unas pocas monedas los principales partidos de fútbol del torneo que acaba de finalizar. Y privados serán quienes gestionen el fútbol a partir del retiro del Estado y la eliminación del Fútbol para Todos.

Privado es el contenido de una comunicación que viaja por un sistema telefónico. Y ahora será igual de privado el contenido de los canales de la TV por cable ya que Macri con su DNU 267/2015 lo transformó en lo mismo. El problema ahora es que los privados que nos dan contenidos privados no tienen las obligaciones que antes tenían como limitar la inversión extranjera o no pasar de 24 licencias en todo el país. Esas y otras más, justamente para defender al público.

   

Cuando en enero Macri se reunió con la número dos de Facebook, Sheryl Sandberg para acordar el uso de Facebook at Work en el Estado, algunos se escandalizaron. Es que si se lleva a cabo los datos del Estado pasarán a estar en “la nube”, en un almacenamiento privado.

También en los comienzos de este año el Ministerio de Educación desmanteló el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, que articulaba con el plan Conectar Igualdad para proveer netbooks y contenidos educativos a los alumnos de escuelas públicas y fue el creador del Huayra, el sistema Linux que competía en los dispositivos con el tradicional Windows. Ya en marzo algunos medios habían denunciado que se venía el reemplazo del sistema público por el privado. Los primeros días de agosto nos enteramos que el ENACOM firmó un convenio con Microsoft, esta empresa privada “pondrá a disposición contenido educativo a todo el país a través de programas de capacitación y herramientas informáticas”.

Privados son los datos de los ciudadanos que la ANSES cederá a la Secretaría de Comunicación Pública -y cualquier otro organismo del Estado- si no prosperan las denuncias que procuran que la Justicia lo impida.

Y privada de libertad injustamente está Milagro Sala desde el 16 de enero de este año.

Es que el gobierno está constituído por CEOs que vienen de las empresas privadas. Su preocupación principal es el mundo privado, para que prosperen los negocios del capital privado. Y la cabeza es una persona que estuvo procesada por ordenar escuchas a conversaciones privadas.

Algo importante debe pasar con esa palabra. Por algo la canciller Susana Malcorra cuando le preguntaron sobre la empresa offshore que le descubrieron a Macri en los Panamá Papers lo calificó como “un asunto privado”.

Quizá tenga que ver con la última acepción que me entrega el diccionario, dice ahí que “privado” también puede ser “Plasta grande de suciedad o excremento echada en el suelo o en la calle”.

 

FUENTE: VCF

Sindicatos y organizaciones campesinas paraguayas comenzaron esta semana a movilizarse por diferentes ciudades del país, en rechazo a la gubernamental Ley de Alianza Público-Privada, que ha sido seriamente cuestionada por una sociedad civil que solicita su inmediata derogación por poseer un carácter privatizador.

Entre las organizaciones que respaldan las protestas destacan la Federación Nacional Campesina, la Corriente Sindical Clasista, la Organización de Trabajadores de la Educación y el partido Paraguay Pyahurá, de raíz guaraní, entre otros sectores sociales.

Los manifestantes rechazan también el latifundio vigente en Paraguay, la injusta distribución de la tierra y la sustitución del modelo agroexportador que permite a los grandes intereses dominar la economía paraguaya.

Las medidas de protesta comenzaron con movilizaciones pacíficas y la distribución de panfletos en las calles céntricas de Asunción (capital) y demás departamentos del país, repudiando la intención del Gobierno de entregar empresas estatales al capital privado.

De igual manera, un comunicado conjunto adelantó que se tienen previstos actos de protesta en barrios, municipios y departamentos, hasta culminar en una demostración nacional el próximo 5 de junio en Asunción.

Precisamente, ese día se efectuará el congreso “Tierra, Producción y Soberanía Construyendo un Nuevo Paraguay”, donde se plantearán nuevas estrategias para intensificar la lucha por derogar la mencionada ley y rechazar el dominio de la economía por las transnacionales.

Los manifestantes rechazan también el latifundio vigente en Paraguay, la injusta distribución de la tierra y la sustitución del modelo agroexportador que permite a los grandes intereses dominar la economía paraguaya.

Otras consignas fundamentales que aspiran compartir con la sociedad son la batalla por una salud y educación totalmente gratuitas y de calidad, la concreción de la ansiada reforma agraria y el control de los precios de la canasta familiar.

La Ley de Alianza público-privada fue aprobada por el Congreso y constituye un instrumento de promoción de las inversiones en infraestructura, bienes y servicios a cargo del Estado y que otorga poderes al presidente Cartes para celebrar los contratos.

 

FUENTE: TeleSur