El Foro Defensa de la Educación Pública, Ciencia y Tecnología convocó a una movilización esta mañana frente a la sede de Anses en la ciudad de Rosario en repudio de los recortes que anunció el Gobierno Nacional en las becas del Plan Progresar.

Como comentó Agustín Prospitti, “estamos atravesando una situación muy desalentadora en términos de reconocimiento de un derecho”. Además, remarcó que solamente en la Provincia de Santa Fe, 40.000 beneficiarios podrían verse afectados.  

Este Plan había permitido a muchos estudiantes a lo largo y ancho del país continuar con sus estudios. “Está directamente vinculado con apoyar, acompañar, sostener a estudiantes que no tienen trabajo o que tienen dificultades en su empleo o están en negro y que están en una edad crítica para continuar sus estudios”, remarcó Prospitti.

Este ajuste afecta a una población que se encuentra en tensión entre el ingreso al mercado laboral y la continuación de sus estudios, con todas las dificultades que ello acarrea. Cabe destacar que el mayor desnivel de desempleo actualmente se encuentra entre los jóvenes y precisamente, este Plan contribuía al apoyo y al sostenimiento de jóvenes entre 18 y 25 para que pudieran continuar con su formación.

“Inexplicablemente y sin mediar información alguna, el Gobierno Nacional decidió dejar de pagar a miles de argentinos la beca del Progresar que se cobran en los cuatro niveles educativos: desde el primario hasta el universitario”, explicó Prospitti.

“Se está intentando desactivar una política pública para garantizar el Derecho a la Educación”, expresó. Además comentó que esta medida es consistente con la estrategia que viene desplegando el Gobierno Nacional cuando, en reiteradas oportunidades, ha intentado recortar programas que afectan derechos, tal como ha sucedido con la pensión por discapacidad recientemente. Con respecto a la educación, Prospitti remarcó que en casos menores se han realizado cortes injustificados. Sin que se mediara condición alguna, estudiantes que cumplían con todos los requisitos que exige el programa, se vieron afectados por lo que desde el Gobierno Nacional se calificó como “cuestiones administrativas”. “Esto se viene produciendo de manera muy pequeña y ahora se da un corte abrupto”, destacó.  

En opinión de Prospitti, “lo que se presenta como un error administrativo en verdad es un cambio en las reglas de juego porque obliga a todo el mundo a reinscribirse con condiciones más exigentes para filtrar quienes ingresan y para hacer más pequeño el cupo”.

Las instituciones públicas y las Universidades en un plazo muy acotado de solamente veinticuatro horas debieron reenviar información sobre la regularidad de sus alumnos que ya había sido remitida anteriormente para aclarar sus situaciones. A este respecto, Prospitti remarcó, “es muy poco tiempo para eso. Se presenta como un problema administrativo, pero consecutivamente desde 2015 se están deslegitimando y desactivando políticas. La evidencia clara de ello es que desde ese año el Programa Progresar no sufrió reajustes en  sus beneficios cuando eso está contemplado por la ley”.

 

Dentro del Partido Justicialista, Agustín Rossi encabeza una de las listas de precandidatos para Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe. Al referirse a su campaña declaró que "vamos a transmitir a los santafesinos que esta elección es una oportunidad para ponerle freno al ajuste macrista". Además, destacó que en el último año y medio, las condiciones de vida de los ciudadanos de la provincia se han visto deterioradas.

"Nuestra propuesta fundamentalmente es tratar de construir una alternativa que nada tenga que ver con este modelo económico neoliberal que tanto daño le hace a los argentinos", expresó Rossi. Por otra parte, comentó su campaña se inscribe en el marco propuesto por Cristina Fernández de Kirchner con el lanzamiento del frente Unidad Ciudadana. "Nuestra lista precisamente se llama Unidad Ciudadana Santa Fe, porque creemos que Cristina representa la esperanza para muchos de los argentinos", remarcó el precandidato. 

Con respecto al quinto lugar que ocupó en la lista de Diputados el ex candidato a Presidente, Daniel Scioli, Rossi declaró que esta cuestión no debe resultar sorpresiva, sino que, en todo caso, es necesario observar detenidamente la propuesta de Cristina Fernández. "Es una fuerte impronta renovadora con dirigentes que previamente no estaban en la grilla para ser candidatos" señaló Rossi. En tal sentido hizo mención específica a Roberto Salvarezza y a Fernanda Vallejos. "La sorpresa no está en el quinto puesto de Scioli sino en que Cristina intentó reflejar en la lista lo que expresó el 20 de Junio con la propuesta de Unidad Ciudadana con la idea de representar a todos los sectores de la sociedad", analizó Rossi. 

Se refirió, por otra parte, a la campaña que está desarrollando en la provincia de Santa Fe desde hace un año. "Estamos tratando de tener la mayor cantidad de espacios de contacto directo con los vecinos", expresó. 

En otro orden de cuestiones, señaló que las internas dentro del partido no deberían ser consideradas como una preocupación ya que forman parte de la práctica democrática. "Tenemos que estar preparados para el debate", afirmó.

Finalmente, hizo referencia a la candidatura de Cristina y, en ese sentido, expresó "reconozco su liderazgo actual y sin ninguna duda me siento orgulloso de haber sido parte de los últimos doce años. A mi criterio representaron el mejor gobierno de los últimos cincuenta años". 

Alfredo Vivono destacó que el aumento en la tarifa del agua es desmedido y explicó en "Todas las Voces" que, al contrario de lo que se había otorgado y habilitado por Enress en la primera audiencia, el servicio superaría el 70% estipulado. "Tiene que haber una nueva audiencia pública. El dictamen en Enress después de la audiencia pública anterior dice claramente que no se deben incorporar los costos de ampliación de redes de aguas y acá se los esta incorporando", expresó.

Además, Vivono manifestó que este incremento es ilegítimo, se aparta de lo fallado por la Corte cuando se discutieron las tarifas de los servicios. "Si uno piensa e el ingreso promedio de un trabajador a quien le han dado un 25% de aumento, ve una familia con 24.000 pesos y sólo de agua deberán pagar 900 pesos. Eso más la luz, el gas", remarcó. Por otra parte, explicó que la mayor parte de las quejas que se recibían de los consumidores hacia Aguas Santafesinas antes tenía que ver con la calidad del servicio: la falta de agua, de presión. En cambio, desde hace un año las quejas se dirigen al aumento de las tarifas y a los intereses que se cobran por mora en el pago de la factura, como está ocurriendo con todos los otros servicios. 

"Noto que el gobierno provincial no está preocupado, está en la misma sintonía qobierno nacional", opinó Vivono. Añadió que este aumento de la tarifa del agua es "injustificado", no tiene razonabilidad. De hecho, expresó que "plantean ir sacando los subsidios del agua y eso repercute directamente en la tarifa y en el bolsillo de los santafesinos, lo mismo que pasa con el gas y con los otros servicios". 

Finalmente, Vivono destacó que "es necesaria la audiencia pública para poder frenar este aumento". 

 

Milagro Sala, líder del Movimiento Barril Tupac Amaru, se encuentra detenida desde el 16 de enero de este año. Diversos organismos internacionales de Derechos Humanos, como, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando que se dicten medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala y el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta social en Jujuy.

En octubre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas dedicado al seguimiento del caso de Milagro Sala, comunicó que su detención es arbitraria y se instó al gobierno argentino a proceder de inmediato a su liberación. Tras analizar las causas judiciales por su detención, se determinó que, en realidad, no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva de Milagro.

Por lo tanto, para los organismos regionales e internacionales, la única solución posible es la liberación de Milagro Sala. El abogado Eduardo Barcesat comentó al respecto que “Argentina ratificó catálogos de Derechos Humanos y protocolos facultativos sobre cómo proceder ante casos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos. Argentina, hasta este momento, está en falta y puede implicar la aplicación de sanciones”.

Barcesat resaltó el hecho de que Argentina integra dos sistemas de protección y defensa de los derechos humanos, uno regional y otro internacional, y habiendo adherido a sus protocolos facultativos, debe respetar sus resoluciones y recomendaciones. Estos pactos, recordó el abogado, forman parte de la Ley Suprema de la Nación y tienen jerarquía de cláusula constitucional.

Consecuentemente, desconocer las recomendaciones y resoluciones de organismos de los que se forma parte, supone la posibilidad de recibir sanciones. Barcesat destacó que éstas “tienen un efecto conminatorio y de reiterarse, implica sacar al país en cuestión del sistema interamericano o internacional”. En su opinión, las sanciones pueden ser indirectas, como, por ejemplo, la cancelación de proyectos de financiación o de obras de infraestructura. Una situación muy similar a la de Fujimori en Perú, quien, tras desconocer también resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue penalizado con la cancelación de créditos, con un severo desprestigio internacional e incluso con su encarcelación. “Creo que es un espejo en el que hay que mirarse”, comentó Barcesat.

Manifestó, en otro orden de cuestiones, que existen mecanismos internos, en el país, para que se hagan ejecutar las decisiones de los órganos de los organismos internacionales, como por ejemplo, el reclamo por vía judicial.

“Entiendo que la resistencia y negativa del gobierno es una pérdida de prestigio internacional”, declaró Barcesat.