En un mensaje transmitido anoche por cadena nacional de radio y televisión, Bachelet anunció una profunda reforma legal para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética" puestas de manifiesto en los recientes escándalos que minaron la confianza ciudadana en la clase política y el mundo empresarial y también la suya personal.
"Esto es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad", advirtió la mandataria, quien reconoció que "los chilenos y chilenas están molestos" por esta situación.
El plan incluye medidas administrativas y reformas legales que serán tramitadas de forma urgente en el Parlamento y que contienen las recomendaciones que el pasado viernes le entregó un consejo asesor anticorrupción.
Pero además, anunció que en septiembre, cuando Chile celebra el Mes de la Patria, se iniciará un proceso abierto a la ciudadana con el fin de aprobar una nueva Constitución que sustituya a la actual, que aún contiene reminiscencias legales de la dictadura.
"Quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía, que deberá desembocar en la nueva Carta fundamental, plenamente democrática y ciudadana que todos nos merecemos", recalcó la jefa de Estado.
Esta iniciativa, la más importante del programa con el que Bachelet fue reelegida en 2013, será el colofón de una profunda reforma política para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética".
"La tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución", subrayó la presidenta, quien explicó que la participación de los ciudadanos en la elaboración de la nueva Carta Magna -uno de los aspectos que más debate ha suscitado- se hará "a través de diálogos, debates, consultas y cabildos".
Bachelet advirtió que su plan anticorrupción contiene "medidas severas" a las que algunos sectores se resistirán "para que las cosas queden igual".
"Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero", apuntó la presidenta, quien anunció que será ella quien conduzca "personalmente" este proceso "con toda la energía y sin temor de ningún tipo".
"Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo", anunció la gobernante, quien advirtió que "la transgresión de estas normas será considerada un delito".
Como contrapartida a esta baja de ingresos para el desarrollo de la actividad política, "será el Estado el que financie el trabajo de los partidos" y "para eso, tendrán que cumplir con exigencias y controles claros" y democratizar su funcionamiento interno, puntualizó.
Una de las medidas más severas supone que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar a los ciudadanos en los cargos de elección popular y perderán sus escaños".
En alusión al llamado caso Caval, referido a un multimillonario negocio inmobiliario en el que están involucrados su hijo, Sebastián Dávalos, ex director sociocultural de la Presidencia, y su nuera, Natalia Compagnon, la mandataria, muy golpeada por esta
situación familiar, recalcó que "los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado".
"Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores", comentó en referencia implícita a la proyectada recalificación de unos terrenos en el municipio santiaguino de Conchalí, base del caso Caval.
Anunció además un registro público de lobistas y medidas para "regular y fiscalizar de manera estricta la relación entre la política y los negocios".
"Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas y tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios", agregó.
La adopción de las medidas administrativas se llevará a cabo como máximo en quince días, mientras que para el envío al Parlamento de los proyectos de ley, la presidenta fijó un plazo de mes y medio, al tiempo que anunció la tramitación urgente de la Ley de Probidad y Transparencia y el fortalecimiento del Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones.
Fuente: Télam
Muchos chilenos sostuvieron y aun sostienen que Pinochet con su régimen "modernizó" al país. Le permitió "crecer". Dejar de ser un país "pobre". A diferencia de Argentina, que acabó en 1983 con una dictadura criminal que vació la economía, pulverizó la industria, endeudó al país, destruyó los tejidos básicos de la sociedad y la cultura (persiguiendo, aterrorizando, robando bebes), mandando a miles al exilio, y perdió una guerra penosa por las Islas Malvinas, Pinochet gozaba –y goza aún– de predicamento en diversos sectores sociales de Chile. Muchos aún lo defienden por haber puesto las bases de lo que sería luego el "progreso económico" sostenido del país. Construyó puentes, autopistas, el subte. A diferencia de Argentina, donde no hay legado posible (todo lo vinculado al Proceso es horror, crimen, vejamen, entrega, vaciamiento, atraso, ruindad, mentira, tortura), en Chile hay aspectos de la dictadura que no son censurados (sino defendidos), porque censurarlos implicaría censurar lo que muchos interpretan como el momento de "quiebre" con el atraso. El momento en que Chile se constituyó en un país "moderno". El problema ético –el dilema– que existe aquí es (y en esto no es diferente del caso argentino, curiosamente) cuál puede ser (cuál fue, cuál es) el "precio" de ese progreso. Cuál es su "costo" (si es que puede hablarse o medirse un costo en vidas humanas).
¿Puede ser la impunidad la base del crecimiento? Un dilema ético planteado en los medios de Chile puede resumir este debate: ¿debería entonces un puente construido por Pinochet ser por ejemplo dinamitado, pese a su utilidad, porque el mismo fue construido por un regimen genocida? Es el mismo dilema moral que plantean las autopistas creadas por la Alemania de Hitler.
El próximo miércoles se cumple el 32º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas y a pesar de los años transcurridos aún existe una serie de interrogantes sin resolver: ¿Los ingleses cometieron crímenes de guerra? ¿Los oficiales argentinos torturaron a su propia tropa? ¿Cuál es la identidad de los 123 soldados sepultados como NN en el cementerio que se levantó en el archipiélago? Esas preguntas están planteadas en tres expedientes judiciales que tramitan en los juzgados federales argentinos:
“Soldado argentino sólo conocido por Dios”, reza el epitafio de 123 soldados caídos en la Guerra de Malvinas cuyos restos reposan en el cementerio de Darwin que se levantó en el archipiélago. La frase no es casual: a 32 años de que perdiesen su vida, sus cuerpos aún no fueron identificados. Para revertir aquella injusticia, en el 2011, bajo la representación del entonces abogado Alejo Ramos Padilla, el CECIM presentó un amparo ante el juzgado federal a cargo del magistrado Julián Ercolini para que “reconociendo el derecho a la identidad y a la verdad”, el Poder Ejecutivo “disponga en el marco de su competencia las medidas necesarias para dentro de un plazo razonable se le devuelva la identidad y la historia a aquellos hombres que dieron la vida defendiendo la soberanía de nuestras islas Malvinas en 1982, y que por desidia u omisión por parte del Estado nacional a 29 años del conflicto sus restos no han sido identificados”.
En abril de 2007 se abrió en el juzgado federal de Río Grande el expediente judicial para determinar si durante la guerra en el archipiélago los oficiales y suboficiales argentinos torturaron e incluso asesinaron a soldados de su propia tropa. El abogado que impulsó esta investigación, que en la actualidad se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una resolución, fue Pablo Andrés Vassel. En diálogo con esta revista, el letrado manifestó: “Iniciamos esta causa entendiendo que los ejes de la política nacional de derechos humanos de Memoria, Verdad y Justicia tenían que llegar a la causa Malvinas. Sumamos también un cuarto eje: la soberanía. Se hizo una tarea de campo de más de dos años de trabajo. Empezamos con 23 testimonios de víctimas y testigos y a la fecha han declarado 120 personas”. En la causa que llegó al máximo tribunal del país hay 85 hechos delictivos –homicidios, abandono de persona seguido de muerte, torturas, amenazas, coacción, lesiones y vejámenes– y 70 imputados identificados. “Esto no fue obra de un cabo enloquecido sino que fue una cuestión sistemática”, resaltó Vassel.
