Warning: Undefined array key 0 in /home/fundamen/public_html/plugins/system/jblibrary/jblibrary.php on line 380 Fundamentar - NoticiasEste portal pretende hacer un aporte a la cualificación del debate político y económico en la Argentina. Ponemos ideas en discusión que pretenden servir para que surjan otras visiones que enriquezcan el análisis.https://fundamentar.com/articulos/noticias/itemlist/tag/dictadura%20militar2024-05-14T02:09:13-03:00Joomla! - Open Source Content ManagementMichelle Bachelet anunció la creación de una nueva Constitución2015-04-29T16:39:57-03:002015-04-29T16:39:57-03:00https://fundamentar.com/internacional/item/4718-michelle-bachelet-anuncio-la-creacion-de-una-nueva-constitucionDana Valdanohola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/e940813209824724d3e40e5f00b432c4_S.jpg" alt="Michelle Bachelet anunció la creación de una nueva Constitución" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>La presidenta de Chile anunció un duro plan de medidas anticorrupción para la política y los negocios, que conducirá "personalmente y sin temor de ningún tipo" e incluye la elaboración de una nueva Constitución de absoluto contenido democrático y desprovista de cualquier vestigio de la dictadura.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p style="text-align: justify;"> En un mensaje transmitido anoche por cadena nacional de radio y televisión, Bachelet anunció una profunda reforma legal para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética" puestas de manifiesto en los recientes escándalos que minaron la confianza ciudadana en la clase política y el mundo empresarial y también la suya personal.</p> <p style="text-align: justify;"> "Esto es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad", advirtió la mandataria, quien reconoció que "los chilenos y chilenas están molestos" por esta situación.</p> <p style="text-align: justify;"> El plan incluye medidas administrativas y reformas legales que serán tramitadas de forma urgente en el Parlamento y que contienen las recomendaciones que el pasado viernes le entregó un consejo asesor anticorrupción.</p> <p style="text-align: justify;"> Pero además, anunció que en septiembre, cuando Chile celebra el Mes de la Patria, se iniciará un proceso abierto a la ciudadana con el fin de aprobar una nueva Constitución que sustituya a la actual, que aún contiene reminiscencias legales de la dictadura.</p> <p style="text-align: justify;"> "Quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía, que deberá desembocar en la nueva Carta fundamental, plenamente democrática y ciudadana que todos nos merecemos", recalcó la jefa de Estado.</p> <p style="text-align: justify;"> Esta iniciativa, la más importante del programa con el que Bachelet fue reelegida en 2013, será el colofón de una profunda reforma política para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética".</p> <p style="text-align: justify;"> "La tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución", subrayó la presidenta, quien explicó que la participación de los ciudadanos en la elaboración de la nueva Carta Magna -uno de los aspectos que más debate ha suscitado- se hará "a través de diálogos, debates, consultas y cabildos".</p> <p style="text-align: justify;"> Bachelet advirtió que su plan anticorrupción contiene "medidas severas" a las que algunos sectores se resistirán "para que las cosas queden igual".</p> <p style="text-align: justify;"> "Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero", apuntó la presidenta, quien anunció que será ella quien conduzca "personalmente" este proceso "con toda la energía y sin temor de ningún tipo".</p> <p style="text-align: justify;"> "Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo", anunció la gobernante, quien advirtió que "la transgresión de estas normas será considerada un delito".</p> <p style="text-align: justify;"> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/congreso.jpg" style="width: 400px; height: 179px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" />Como contrapartida a esta baja de ingresos para el desarrollo de la actividad política, "será el Estado el que financie el trabajo de los partidos" y "para eso, tendrán que cumplir con exigencias y controles claros" y democratizar su funcionamiento interno, puntualizó.</p> <p style="text-align: justify;"> Una de las medidas más severas supone que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar a los ciudadanos en los cargos de elección popular y perderán sus escaños".</p> <p style="text-align: justify;"> En alusión al llamado caso Caval, referido a un multimillonario negocio inmobiliario en el que están involucrados su hijo, Sebastián Dávalos, ex director sociocultural de la Presidencia, y su nuera, Natalia Compagnon, la mandataria, muy golpeada por esta<br /> situación familiar, recalcó que "los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado".</p> <p style="text-align: justify;"> "Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores", comentó en referencia implícita a la proyectada recalificación de unos terrenos en el municipio santiaguino de Conchalí, base del caso Caval.</p> <p style="text-align: justify;"> Anunció además un registro público de lobistas y medidas para "regular y fiscalizar de manera estricta la relación entre la política y los negocios".</p> <p style="text-align: justify;"> "Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas y tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios", agregó.</p> <p style="text-align: justify;"> La adopción de las medidas administrativas se llevará a cabo como máximo en quince días, mientras que para el envío al Parlamento de los proyectos de ley, la presidenta fijó un plazo de mes y medio, al tiempo que anunció la tramitación urgente de la Ley de Probidad y Transparencia y el fortalecimiento del Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones.<br /> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.telam.com.ar/notas/201504/103304-michelle-bachelet-santiago-de-chile-constitucion.html" target="_blank">Télam</a></p></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/e940813209824724d3e40e5f00b432c4_S.jpg" alt="Michelle Bachelet anunció la creación de una nueva Constitución" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>La presidenta de Chile anunció un duro plan de medidas anticorrupción para la política y los negocios, que conducirá "personalmente y sin temor de ningún tipo" e incluye la elaboración de una nueva Constitución de absoluto contenido democrático y desprovista de cualquier vestigio de la dictadura.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p style="text-align: justify;"> En un mensaje transmitido anoche por cadena nacional de radio y televisión, Bachelet anunció una profunda reforma legal para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética" puestas de manifiesto en los recientes escándalos que minaron la confianza ciudadana en la clase política y el mundo empresarial y también la suya personal.</p> <p style="text-align: justify;"> "Esto es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad", advirtió la mandataria, quien reconoció que "los chilenos y chilenas están molestos" por esta situación.</p> <p style="text-align: justify;"> El plan incluye medidas administrativas y reformas legales que serán tramitadas de forma urgente en el Parlamento y que contienen las recomendaciones que el pasado viernes le entregó un consejo asesor anticorrupción.</p> <p style="text-align: justify;"> Pero además, anunció que en septiembre, cuando Chile celebra el Mes de la Patria, se iniciará un proceso abierto a la ciudadana con el fin de aprobar una nueva Constitución que sustituya a la actual, que aún contiene reminiscencias legales de la dictadura.</p> <p style="text-align: justify;"> "Quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía, que deberá desembocar en la nueva Carta fundamental, plenamente democrática y ciudadana que todos nos merecemos", recalcó la jefa de Estado.</p> <p style="text-align: justify;"> Esta iniciativa, la más importante del programa con el que Bachelet fue reelegida en 2013, será el colofón de una profunda reforma política para acabar con "las irregularidades, la corrupción y las faltas a la ética".</p> <p style="text-align: justify;"> "La tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución", subrayó la presidenta, quien explicó que la participación de los ciudadanos en la elaboración de la nueva Carta Magna -uno de los aspectos que más debate ha suscitado- se hará "a través de diálogos, debates, consultas y cabildos".</p> <p style="text-align: justify;"> Bachelet advirtió que su plan anticorrupción contiene "medidas severas" a las que algunos sectores se resistirán "para que las cosas queden igual".</p> <p style="text-align: justify;"> "Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero", apuntó la presidenta, quien anunció que será ella quien conduzca "personalmente" este proceso "con toda la energía y sin temor de ningún tipo".</p> <p style="text-align: justify;"> "Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo", anunció la gobernante, quien advirtió que "la transgresión de estas normas será considerada un delito".</p> <p style="text-align: justify;"> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/congreso.jpg" style="width: 400px; height: 179px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" />Como contrapartida a esta baja de ingresos para el desarrollo de la actividad política, "será el Estado el que financie el trabajo de los partidos" y "para eso, tendrán que cumplir con exigencias y controles claros" y democratizar su funcionamiento interno, puntualizó.</p> <p style="text-align: justify;"> Una de las medidas más severas supone que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar a los ciudadanos en los cargos de elección popular y perderán sus escaños".</p> <p style="text-align: justify;"> En alusión al llamado caso Caval, referido a un multimillonario negocio inmobiliario en el que están involucrados su hijo, Sebastián Dávalos, ex director sociocultural de la Presidencia, y su nuera, Natalia Compagnon, la mandataria, muy golpeada por esta<br /> situación familiar, recalcó que "los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado".</p> <p style="text-align: justify;"> "Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores", comentó en referencia implícita a la proyectada recalificación de unos terrenos en el municipio santiaguino de Conchalí, base del caso Caval.</p> <p style="text-align: justify;"> Anunció además un registro público de lobistas y medidas para "regular y fiscalizar de manera estricta la relación entre la política y los negocios".</p> <p style="text-align: justify;"> "Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas y tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios", agregó.</p> <p style="text-align: justify;"> La adopción de las medidas administrativas se llevará a cabo como máximo en quince días, mientras que para el envío al Parlamento de los proyectos de ley, la presidenta fijó un plazo de mes y medio, al tiempo que anunció la tramitación urgente de la Ley de Probidad y Transparencia y el fortalecimiento del Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones.<br /> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.telam.com.ar/notas/201504/103304-michelle-bachelet-santiago-de-chile-constitucion.html" target="_blank">Télam</a></p></div>Rousseff recibe el informe sobre la dictadura brasileña2014-12-10T14:39:44-03:002014-12-10T14:39:44-03:00https://fundamentar.com/internacional/item/4367-rousseff-recibe-el-informe-sobre-la-dictadura-brasilenaDana Valdanohola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/12a4d9cc9595382337674d1c9aeccbec_S.jpg" alt="Rousseff recibe el informe sobre la dictadura brasileña" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>El estudio final de la Comisión de la Verdad detalló a lo largo de sus 4.500 páginas que la dictadura brasileña dejó 434 muertos y desaparecidos.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recibió hoy el informe final de la Comisión de la Verdad, que investigó las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura (1964-1985), con lágrimas y, según dijo, "sin revanchas".</p> <p> El informe, que detalla que la dictadura dejó 434 muertos y desaparecidos, fue presentado en un acto encabezado por Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió torturas por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen militar.</p> <p> "Este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión", declaró la presidenta, quien rompió a llorar en medio de su discurso, aunque aclaró que las atrocidades relatadas en el documento "no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas".</p> <p> El voluminoso informe detalla a lo largo de sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas, identifica a 434 muertos y desaparecidos y también a unos 300 agentes del aparato represivo que, pese los testimonios y pruebas recogidas en su contra, no podrán ser llevados ante la justicia.</p> <p> El obstáculo radica en la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen militar, que amparó tanto a los represores como a los miembros de las organizaciones guerrilleras que actuaron en el país, y cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Supremo hace poco más de cuatro años.</p> <p> Rousseff, cuyo Gobierno ha manifestado "respeto" por la decisión del Supremo, afirmó que Brasil reconquistó la democracia en 1985 "a su manera, por medio de luchas duras y sacrificios irreparables", pero "también a través de pactos".</p> <p> Apuntó que la sociedad "respeta y reverencia a todos los que lucharon por la democracia, a los que enfrentaron la truculencia ilegal del Estado" y "jamás dejará de enaltecerlos".</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/wlfBrwCA4BI" width="640"></iframe></p> <p> Pero dijo que la sociedad también "valora los pactos políticos que llevaron a la democracia", en aparente alusión a los acuerdos que condujeron a la amplia amnistía dictada en 1979 por la propia dictadura que impiden juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad, pese a que éstos no prescriben.</p> <p> "Este trabajo es resultado de esfuerzos por alcanzar la verdad y el respeto a la memoria", pero también pretender ser un "estímulo a la reconciliación nacional", declaró la jefa de Estado.</p> <p> Según Rousseff, "Brasil merecía la verdad, las viejas y las nuevas generaciones merecían la verdad y también la merecían quienes perdieron familiares, compañeros y siguen sufriendo como si ellos muriesen de nuevo cada día".</p> <p> La presidenta añadió que "conocer la historia es imprescindible para construirla mejor" y subrayó que "la verdad no significa revancha", sino que "es dar luz a todo lo que permaneció oculto" y permitir que "todo pueda ser explicado, dicho y sabido".</p> <p> Afirmó también que "la verdad significa sobre todo la oportunidad de un encuentro con la historia" y un "homenaje a un país que ya tiene tres décadas de camino democrático y que así persistirá".</p> <p> Según Rousseff, el hecho de hacer público el informe hoy, en coincidencia con la celebración del Día Internacional de Derechos Humanos, "es también un tributo a todos los hombres y mujeres del mudo que han luchado por la democracia y ayudaron a hacer mejor a la Humanidad".</p> <p> </p> <p> <strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-608096-9-rousseff-recibe-el-informe-sobre-la-dictadura-brasilena-con-lagrimas-y-sin.shtml" target="_blank">La Tercera</a><br /> </p></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/12a4d9cc9595382337674d1c9aeccbec_S.jpg" alt="Rousseff recibe el informe sobre la dictadura brasileña" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>El estudio final de la Comisión de la Verdad detalló a lo largo de sus 4.500 páginas que la dictadura brasileña dejó 434 muertos y desaparecidos.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recibió hoy el informe final de la Comisión de la Verdad, que investigó las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura (1964-1985), con lágrimas y, según dijo, "sin revanchas".</p> <p> El informe, que detalla que la dictadura dejó 434 muertos y desaparecidos, fue presentado en un acto encabezado por Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió torturas por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen militar.</p> <p> "Este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión", declaró la presidenta, quien rompió a llorar en medio de su discurso, aunque aclaró que las atrocidades relatadas en el documento "no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas".</p> <p> El voluminoso informe detalla a lo largo de sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas, identifica a 434 muertos y desaparecidos y también a unos 300 agentes del aparato represivo que, pese los testimonios y pruebas recogidas en su contra, no podrán ser llevados ante la justicia.</p> <p> El obstáculo radica en la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen militar, que amparó tanto a los represores como a los miembros de las organizaciones guerrilleras que actuaron en el país, y cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Supremo hace poco más de cuatro años.</p> <p> Rousseff, cuyo Gobierno ha manifestado "respeto" por la decisión del Supremo, afirmó que Brasil reconquistó la democracia en 1985 "a su manera, por medio de luchas duras y sacrificios irreparables", pero "también a través de pactos".</p> <p> Apuntó que la sociedad "respeta y reverencia a todos los que lucharon por la democracia, a los que enfrentaron la truculencia ilegal del Estado" y "jamás dejará de enaltecerlos".</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/wlfBrwCA4BI" width="640"></iframe></p> <p> Pero dijo que la sociedad también "valora los pactos políticos que llevaron a la democracia", en aparente alusión a los acuerdos que condujeron a la amplia amnistía dictada en 1979 por la propia dictadura que impiden juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad, pese a que éstos no prescriben.</p> <p> "Este trabajo es resultado de esfuerzos por alcanzar la verdad y el respeto a la memoria", pero también pretender ser un "estímulo a la reconciliación nacional", declaró la jefa de Estado.</p> <p> Según Rousseff, "Brasil merecía la verdad, las viejas y las nuevas generaciones merecían la verdad y también la merecían quienes perdieron familiares, compañeros y siguen sufriendo como si ellos muriesen de nuevo cada día".</p> <p> La presidenta añadió que "conocer la historia es imprescindible para construirla mejor" y subrayó que "la verdad no significa revancha", sino que "es dar luz a todo lo que permaneció oculto" y permitir que "todo pueda ser explicado, dicho y sabido".</p> <p> Afirmó también que "la verdad significa sobre todo la oportunidad de un encuentro con la historia" y un "homenaje a un país que ya tiene tres décadas de camino democrático y que así persistirá".</p> <p> Según Rousseff, el hecho de hacer público el informe hoy, en coincidencia con la celebración del Día Internacional de Derechos Humanos, "es también un tributo a todos los hombres y mujeres del mudo que han luchado por la democracia y ayudaron a hacer mejor a la Humanidad".</p> <p> </p> <p> <strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-608096-9-rousseff-recibe-el-informe-sobre-la-dictadura-brasilena-con-lagrimas-y-sin.shtml" target="_blank">La Tercera</a><br /> </p></div>España Financió la Dictadura Argentina2014-10-22T16:13:26-03:002014-10-22T16:13:26-03:00https://fundamentar.com/internacional/item/4209-espana-financio-la-dictadura-argentinaDana Valdanohola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/c751a390ac9295853b04d199f361f99e_S.jpg" alt="El rey Juan Carlos y la reina Sofía con Jorge R. Videla y su esposa." /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>Archivos secretos revelaron que el rey Juan Carlos y funcionarios del Gobierno de Adolfo Suárez financiaron la sangrienta dictadura de los militares argentinos con la firma de millonarios contratos económicos, según reveló en exclusiva el diario digital Público, que tuvo acceso a documentos confidenciales.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> De acuerdo con nuevos materiales difundidos por el diario español Público, el gobierno de Adolfo Suárez autorizó a utilizar armas a funcionarios argentinos, quienes montaron un servicio de espionaje con sede en la embajada de Madrid y los consulados de Barcelona, Bilbao y Cádiz.</p> <p class="blubox-jck" style="text-align: center;"> La dictadura de Videla se contactó con varios países para obtener fondos y casi no obtuvo una respuesta positiva. Pero, España, que estrenaba democracia, no dudó en darle su apoyo.</p> <p> Los altos costos de la represión de la dictadura militar argentina desde que llegó al poder en marzo de 1976 pronto vaciaron las arcas de un Estado en crítica situación económica, relató el portal web clarin.com.</p> <p> La dictadura de Videla se contactó con varios países para obtener fondos y casi no obtuvo una respuesta positiva. Pero, España, que estrenaba democracia, no dudó en darle su apoyo.</p> <p> El resultado fue un Protocolo de Cooperación Comercial y Financiera entre ambos países que se firmó en Buenos Aires en 1976, cuando los desaparecidos ya se contaban por millares, lo mismo que la aplicación sistemática de torturas y los campos de exterminio se extendían por toda Argentina.</p> <p> Estas revelaciones, "demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición y la Argentina de los vuelos de la muerte. El 1 de julio de 1976, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya", reseñó clarin.com.</p> <p> <strong>El Rey también apoyó</strong></p> <p> De acuerdo al informe reservado elaborado por el diplomático, el rey tuvo "expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que este vive", al tiempo que se mostraba muy generoso ante la próxima visita a España del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los máximos defensores del ultraliberalismo en Sudamérica.</p> <p> <strong><img alt="Como buenos amigos. El Rey Juan Carlos y el Dictador Rafael Videla" class="cke-resize" longdesc="Como amigos. Rafael Videla le entrega una placa al entonces Rey de España en su visita a la Argentina en 1978" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/Videla-_Rey.jpg" style="width: 400px; height: 225px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" /></strong></p> <p> En la red participaron funcionarios de las representaciones en España y militares enviados bajo la excusa de realizar cursos de formación en instalaciones del ejército y la marina española, asegura en su investigación el periodista Danilo Albín.</p> <p> Uno de los primeros en cumplir esas funciones fue el teniente coronel Antonio Deimundo Piñeiro, quien durante el curso 1976-1977 asistió a la escuela del Estado Mayor del Ejército en Madrid.</p> <p> Piñeiro, quien tenía autorización del gobierno español para portar un revolver Colt calibre 38, coordinó a su regreso a Argentina la represión en la provincia de Misiones, en el norte del país.</p> <p> Según los listados oficiales, sostiene Público, 33 militares argentinos pasaron por dependencias militares españolas de 1976 a 1983, siete de ellos en un curso de Estado Mayor de la Escuela Superior del Ejército y otros en la Escuela de Guerra Naval. Entre estos últimos figuraba el marino Carlos Pazo, uno de los torturadores del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de exterminio.</p> <p> Otro de los torturadores que cursaron estudios en España son identificados como el teniente Néstor Savio y Ricardo Araujo, acusado luego por haber formado parte del plan ilegal para secuestrar, torturar, asesinar y propiciar la desaparición de personas.</p> <p> La participación de los 33 argentinos en cursos dictados por las Fuerzas Armadas fue correspondida por el gobierno de Suárez con el envío de 14 militares a Buenos Aires para estudiar distintas asignaturas en dependencias del Ejército y la Marina.<br /> </p> <p> <strong>FUENTE:</strong><a href="http://www.telesurtv.net/news/Espaa-financio-a-dictadura-Argentina-20141022-0027.html" target="_blank"> Telesur</a></p> <div id="ckimgrsz" style="left: 18px; top: 274px;"> <div class="preview"> </div> </div></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/c751a390ac9295853b04d199f361f99e_S.jpg" alt="El rey Juan Carlos y la reina Sofía con Jorge R. Videla y su esposa." /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>Archivos secretos revelaron que el rey Juan Carlos y funcionarios del Gobierno de Adolfo Suárez financiaron la sangrienta dictadura de los militares argentinos con la firma de millonarios contratos económicos, según reveló en exclusiva el diario digital Público, que tuvo acceso a documentos confidenciales.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> De acuerdo con nuevos materiales difundidos por el diario español Público, el gobierno de Adolfo Suárez autorizó a utilizar armas a funcionarios argentinos, quienes montaron un servicio de espionaje con sede en la embajada de Madrid y los consulados de Barcelona, Bilbao y Cádiz.</p> <p class="blubox-jck" style="text-align: center;"> La dictadura de Videla se contactó con varios países para obtener fondos y casi no obtuvo una respuesta positiva. Pero, España, que estrenaba democracia, no dudó en darle su apoyo.</p> <p> Los altos costos de la represión de la dictadura militar argentina desde que llegó al poder en marzo de 1976 pronto vaciaron las arcas de un Estado en crítica situación económica, relató el portal web clarin.com.</p> <p> La dictadura de Videla se contactó con varios países para obtener fondos y casi no obtuvo una respuesta positiva. Pero, España, que estrenaba democracia, no dudó en darle su apoyo.</p> <p> El resultado fue un Protocolo de Cooperación Comercial y Financiera entre ambos países que se firmó en Buenos Aires en 1976, cuando los desaparecidos ya se contaban por millares, lo mismo que la aplicación sistemática de torturas y los campos de exterminio se extendían por toda Argentina.</p> <p> Estas revelaciones, "demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición y la Argentina de los vuelos de la muerte. El 1 de julio de 1976, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya", reseñó clarin.com.</p> <p> <strong>El Rey también apoyó</strong></p> <p> De acuerdo al informe reservado elaborado por el diplomático, el rey tuvo "expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que este vive", al tiempo que se mostraba muy generoso ante la próxima visita a España del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los máximos defensores del ultraliberalismo en Sudamérica.</p> <p> <strong><img alt="Como buenos amigos. El Rey Juan Carlos y el Dictador Rafael Videla" class="cke-resize" longdesc="Como amigos. Rafael Videla le entrega una placa al entonces Rey de España en su visita a la Argentina en 1978" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/Videla-_Rey.jpg" style="width: 400px; height: 225px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" /></strong></p> <p> En la red participaron funcionarios de las representaciones en España y militares enviados bajo la excusa de realizar cursos de formación en instalaciones del ejército y la marina española, asegura en su investigación el periodista Danilo Albín.</p> <p> Uno de los primeros en cumplir esas funciones fue el teniente coronel Antonio Deimundo Piñeiro, quien durante el curso 1976-1977 asistió a la escuela del Estado Mayor del Ejército en Madrid.</p> <p> Piñeiro, quien tenía autorización del gobierno español para portar un revolver Colt calibre 38, coordinó a su regreso a Argentina la represión en la provincia de Misiones, en el norte del país.</p> <p> Según los listados oficiales, sostiene Público, 33 militares argentinos pasaron por dependencias militares españolas de 1976 a 1983, siete de ellos en un curso de Estado Mayor de la Escuela Superior del Ejército y otros en la Escuela de Guerra Naval. Entre estos últimos figuraba el marino Carlos Pazo, uno de los torturadores del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de exterminio.</p> <p> Otro de los torturadores que cursaron estudios en España son identificados como el teniente Néstor Savio y Ricardo Araujo, acusado luego por haber formado parte del plan ilegal para secuestrar, torturar, asesinar y propiciar la desaparición de personas.</p> <p> La participación de los 33 argentinos en cursos dictados por las Fuerzas Armadas fue correspondida por el gobierno de Suárez con el envío de 14 militares a Buenos Aires para estudiar distintas asignaturas en dependencias del Ejército y la Marina.<br /> </p> <p> <strong>FUENTE:</strong><a href="http://www.telesurtv.net/news/Espaa-financio-a-dictadura-Argentina-20141022-0027.html" target="_blank"> Telesur</a></p> <div id="ckimgrsz" style="left: 18px; top: 274px;"> <div class="preview"> </div> </div></div>Chile no ha Perdido la Memoria2014-09-16T18:44:43-03:002014-09-16T18:44:43-03:00https://fundamentar.com/internacional/item/4106-chile-no-ha-perdido-la-memoriaFundamentarhola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/7b9d41e68c1d4d315e896b5e82209a87_S.jpg" alt="Chile entre el progreso y los crímenes de lesa humanidad." /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>Aún conserva la constitución de Pinochet. Son las bases institucionales de su supuesto "progreso", un progreso ambiguo, que debe ser discutido.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> La dictadura genocida de Pinochet en Chile dejó un tendal de 3000 secuestrados desaparecidos y miles de personas torturadas, robadas, vejadas. El régimen dejó un ominosa Ley de Amnistía, todavía válida en Chile, aunque durante los últimos años los jueces de Chile han dejado de aplicar esa ley, reñida con diversos principios del derecho público e internacional humanitario, como la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.</p> <p> </p> <p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/chile_tortura.jpg" style="width: 400px; height: 265px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" />Muchos chilenos sostuvieron y aun sostienen que Pinochet con su régimen "modernizó" al país. Le permitió "crecer". Dejar de ser un país "pobre". A diferencia de Argentina, que acabó en 1983 con una dictadura criminal que vació la economía, pulverizó la industria, endeudó al país, destruyó los tejidos básicos de la sociedad y la cultura (persiguiendo, aterrorizando, robando bebes), mandando a miles al exilio, y perdió una guerra penosa por las Islas Malvinas, Pinochet gozaba –y goza aún– de predicamento en diversos sectores sociales de Chile. Muchos aún lo defienden por haber puesto las bases de lo que sería luego el "progreso económico" sostenido del país. Construyó puentes, autopistas, el subte. A diferencia de Argentina, donde no hay legado posible (todo lo vinculado al Proceso es horror, crimen, vejamen, entrega, vaciamiento, atraso, ruindad, mentira, tortura), en Chile hay aspectos de la dictadura que no son censurados (sino defendidos), porque censurarlos implicaría censurar lo que muchos interpretan como el momento de "quiebre" con el atraso. El momento en que Chile se constituyó en un país "moderno". El problema ético –el dilema– que existe aquí es (y en esto no es diferente del caso argentino, curiosamente) cuál puede ser (cuál fue, cuál es) el "precio" de ese progreso. Cuál es su "costo" (si es que puede hablarse o medirse un costo en vidas humanas).</p> <p> </p> <p> ¿Puede ser la impunidad del horror, el atropello de los derechos humanos esenciales (como algunos denuncian que sucede en China) la base del "crecimiento"? ¿Se puede hablar de un "progreso" material sostenido sobre 3000 muertos? ¿Se puede hablar de dejar atrás el "atraso" cuando en plena dictadura se eliminaban garantías básicas, derechos esenciales y se perseguian estudiantes, profesores, militantes?</p> <p> </p> <p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/pinchet.jpg" style="width: 400px; height: 257px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" />¿Puede ser la impunidad la base del crecimiento? Un dilema ético planteado en los medios de Chile puede resumir este debate: ¿debería entonces un puente construido por Pinochet ser por ejemplo dinamitado, pese a su utilidad, porque el mismo fue construido por un regimen genocida? Es el mismo dilema moral que plantean las autopistas creadas por la Alemania de Hitler.</p> <p> </p> <p> Puede separarse eso ("aspectos del progreso") del "resto" de cosas (crímenes) cometidos por el régimen? Bauman entiende que no. Bauman entiende que los crímenes de esos regímenes son parte de su "construcción", de su "legado", son su "precio". No son "separables" el puente y los muertos. Vienen juntos. No se pueden separar. En Austria no crean, por ejemplo (y debido a esto), museos de la memoria; han elegido dinamitar (tirar abajo) los edificios donde funcionaron oficinas de regímenes genocidas.</p> <p> </p> <p> Donde el ser humano fue avasallado en su dignidad no hay "margen posible" para la "construcción". No se puede construir nada.</p> <p> </p> <p> Entonces, si "censuramos" los crímenes, debemos censurar lo que viene vinculado a ellos. Como en Argentina, para entender los crímenes hay que comprender también el rol de los civiles y empresarios, la responsabilidad de los sectores económicos en el Proceso. No es distinto el dilema chileno con su (supuesto) "progreso" actual. Ese progreso (por ejemplo, también el patrimonio de las empresas que crecieron durante la dictadura) debe ser discutido. En este sentido Chile y Argentina están parados en el mismo lugar, (tienen la misma misión) aunque en dos caras distintas de la moneda, los dos países justificaron el horror con el sostenimiento de una "economía libre de mercado" eficiente.</p> <p> </p> <p> <strong>LA MANO INVISIBLE</strong></p> <p> </p> <p> Videla dijo antes de morir (encarcelado) en el libro de confesiones (con Reato) Disposición Final, que los empresarios le pedían "10 mil muertos más". Fue esa la lógica con la que operó el régimen de Pinochet. Matar para allanar el "progreso" en el capitalismo. Derrocar gobiernos, perseguir y asesinar disidentes. Este era el precio a pagar para ser un país "moderno".</p> <p class="blubox-jck"> Fue esa la lógica con la que operó el régimen de Pinochet. Matar para allanar el "progreso" en el capitalismo. Derrocar gobiernos, perseguir y asesinar disidentes. Este era el precio a pagar para ser un país "moderno".</p> <p> "Sabíamos que muchos tenían que morir" (Videla). Estos (estos puentes, estas autopistas) no están limpias y no pueden ser la base pues de "progreso" alguno. No deben ser un símbolo de progreso. Estas autopistas están manchadas de sangre y no pueden ser las autopistas de la democracia. No pueden ser sus vías. Por eso es bueno escuchar, como dijo Bachelet este 11 de Septiembre, en Santiago, que "Chile no ha perdido la memoria". Debe celebrarse la aspiración de declarar la (no sólo "simbólica" como muchos creen) nulidad de la Ley de Amnistía dejada por Pinochet.</p> <p> Chile aún conserva la constitución de Pinochet. Esas son las bases institucionales de su supuesto "progreso", un progreso ambiguo, que aún debe ser rediscutido, ya que Chile tiene, detrás de su "modernidad", uno de los índices de desigualdad más altos de todo el mundo (con enormes dificultades para el acceso a la educación pública y a la salud), lo cual sin dudas fue parte del "plan" pinochetista.</p> <p> </p> <p> <strong>FUENTE:</strong><a href="http://www.infonews.com/2014/09/16/mundo-162475-chile-no-ha-perdido-la-memoria.php" target="_blank"><strong> </strong>Infonews</a></p></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/7b9d41e68c1d4d315e896b5e82209a87_S.jpg" alt="Chile entre el progreso y los crímenes de lesa humanidad." /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>Aún conserva la constitución de Pinochet. Son las bases institucionales de su supuesto "progreso", un progreso ambiguo, que debe ser discutido.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> La dictadura genocida de Pinochet en Chile dejó un tendal de 3000 secuestrados desaparecidos y miles de personas torturadas, robadas, vejadas. El régimen dejó un ominosa Ley de Amnistía, todavía válida en Chile, aunque durante los últimos años los jueces de Chile han dejado de aplicar esa ley, reñida con diversos principios del derecho público e internacional humanitario, como la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.</p> <p> </p> <p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/chile_tortura.jpg" style="width: 400px; height: 265px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" />Muchos chilenos sostuvieron y aun sostienen que Pinochet con su régimen "modernizó" al país. Le permitió "crecer". Dejar de ser un país "pobre". A diferencia de Argentina, que acabó en 1983 con una dictadura criminal que vació la economía, pulverizó la industria, endeudó al país, destruyó los tejidos básicos de la sociedad y la cultura (persiguiendo, aterrorizando, robando bebes), mandando a miles al exilio, y perdió una guerra penosa por las Islas Malvinas, Pinochet gozaba –y goza aún– de predicamento en diversos sectores sociales de Chile. Muchos aún lo defienden por haber puesto las bases de lo que sería luego el "progreso económico" sostenido del país. Construyó puentes, autopistas, el subte. A diferencia de Argentina, donde no hay legado posible (todo lo vinculado al Proceso es horror, crimen, vejamen, entrega, vaciamiento, atraso, ruindad, mentira, tortura), en Chile hay aspectos de la dictadura que no son censurados (sino defendidos), porque censurarlos implicaría censurar lo que muchos interpretan como el momento de "quiebre" con el atraso. El momento en que Chile se constituyó en un país "moderno". El problema ético –el dilema– que existe aquí es (y en esto no es diferente del caso argentino, curiosamente) cuál puede ser (cuál fue, cuál es) el "precio" de ese progreso. Cuál es su "costo" (si es que puede hablarse o medirse un costo en vidas humanas).</p> <p> </p> <p> ¿Puede ser la impunidad del horror, el atropello de los derechos humanos esenciales (como algunos denuncian que sucede en China) la base del "crecimiento"? ¿Se puede hablar de un "progreso" material sostenido sobre 3000 muertos? ¿Se puede hablar de dejar atrás el "atraso" cuando en plena dictadura se eliminaban garantías básicas, derechos esenciales y se perseguian estudiantes, profesores, militantes?</p> <p> </p> <p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/pinchet.jpg" style="width: 400px; height: 257px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" />¿Puede ser la impunidad la base del crecimiento? Un dilema ético planteado en los medios de Chile puede resumir este debate: ¿debería entonces un puente construido por Pinochet ser por ejemplo dinamitado, pese a su utilidad, porque el mismo fue construido por un regimen genocida? Es el mismo dilema moral que plantean las autopistas creadas por la Alemania de Hitler.</p> <p> </p> <p> Puede separarse eso ("aspectos del progreso") del "resto" de cosas (crímenes) cometidos por el régimen? Bauman entiende que no. Bauman entiende que los crímenes de esos regímenes son parte de su "construcción", de su "legado", son su "precio". No son "separables" el puente y los muertos. Vienen juntos. No se pueden separar. En Austria no crean, por ejemplo (y debido a esto), museos de la memoria; han elegido dinamitar (tirar abajo) los edificios donde funcionaron oficinas de regímenes genocidas.</p> <p> </p> <p> Donde el ser humano fue avasallado en su dignidad no hay "margen posible" para la "construcción". No se puede construir nada.</p> <p> </p> <p> Entonces, si "censuramos" los crímenes, debemos censurar lo que viene vinculado a ellos. Como en Argentina, para entender los crímenes hay que comprender también el rol de los civiles y empresarios, la responsabilidad de los sectores económicos en el Proceso. No es distinto el dilema chileno con su (supuesto) "progreso" actual. Ese progreso (por ejemplo, también el patrimonio de las empresas que crecieron durante la dictadura) debe ser discutido. En este sentido Chile y Argentina están parados en el mismo lugar, (tienen la misma misión) aunque en dos caras distintas de la moneda, los dos países justificaron el horror con el sostenimiento de una "economía libre de mercado" eficiente.</p> <p> </p> <p> <strong>LA MANO INVISIBLE</strong></p> <p> </p> <p> Videla dijo antes de morir (encarcelado) en el libro de confesiones (con Reato) Disposición Final, que los empresarios le pedían "10 mil muertos más". Fue esa la lógica con la que operó el régimen de Pinochet. Matar para allanar el "progreso" en el capitalismo. Derrocar gobiernos, perseguir y asesinar disidentes. Este era el precio a pagar para ser un país "moderno".</p> <p class="blubox-jck"> Fue esa la lógica con la que operó el régimen de Pinochet. Matar para allanar el "progreso" en el capitalismo. Derrocar gobiernos, perseguir y asesinar disidentes. Este era el precio a pagar para ser un país "moderno".</p> <p> "Sabíamos que muchos tenían que morir" (Videla). Estos (estos puentes, estas autopistas) no están limpias y no pueden ser la base pues de "progreso" alguno. No deben ser un símbolo de progreso. Estas autopistas están manchadas de sangre y no pueden ser las autopistas de la democracia. No pueden ser sus vías. Por eso es bueno escuchar, como dijo Bachelet este 11 de Septiembre, en Santiago, que "Chile no ha perdido la memoria". Debe celebrarse la aspiración de declarar la (no sólo "simbólica" como muchos creen) nulidad de la Ley de Amnistía dejada por Pinochet.</p> <p> Chile aún conserva la constitución de Pinochet. Esas son las bases institucionales de su supuesto "progreso", un progreso ambiguo, que aún debe ser rediscutido, ya que Chile tiene, detrás de su "modernidad", uno de los índices de desigualdad más altos de todo el mundo (con enormes dificultades para el acceso a la educación pública y a la salud), lo cual sin dudas fue parte del "plan" pinochetista.</p> <p> </p> <p> <strong>FUENTE:</strong><a href="http://www.infonews.com/2014/09/16/mundo-162475-chile-no-ha-perdido-la-memoria.php" target="_blank"><strong> </strong>Infonews</a></p></div>Asuntos Pendientes2014-03-28T09:40:39-03:002014-03-28T09:40:39-03:00https://fundamentar.com/articulos/noticias/item/3555-asuntos-pendientesFRANCO MIZRAHIhola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/e908c559c194ad80b93668a33479ef72_S.jpg" alt="Los ex combatientes piden identificar a los soldados enterrados en el cementerio de Darwin" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> La locura militar dejó un tendal de víctimas y dudas que siguen sin respuesta. Crímenes ingleses, torturas a las tropas, derecho a la identidad. Y la persistencia del reclamo soberano como mejor homenaje.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/imagen/1332876810-600malvinas_cementerio_darwin_thumb_550.jpg" style="width: 250px; height: 187px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" />El próximo miércoles se cumple el 32º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas y a pesar de los años transcurridos aún existe una serie de interrogantes sin resolver: ¿Los ingleses cometieron crímenes de guerra? ¿Los oficiales argentinos torturaron a su propia tropa? ¿Cuál es la identidad de los 123 soldados sepultados como NN en el cementerio que se levantó en el archipiélago? Esas preguntas están planteadas en tres expedientes judiciales que tramitan en los juzgados federales argentinos:</p> <p> - La identificación de los 123 NN que están sepultados en el cementerio de Darwin. Este expediente se inició con un planteo judicial en el 2011 y en abril de 2012 la Presidenta anunció que se transformaría en una política de Estado. Una comisión interdisciplinaria avanza en la recolección de las muestras de sangre de los familiares de los caídos, paso previo para obtener el ADN necesario para el reconocimiento. Según pudo saber Veintitrés, al menos 60 familias aportaron su muestra sanguínea.</p> <p> - La investigación que busca dilucidar si el Reino Unido cometió crímenes de guerra tomó impulso en marzo del año pasado cuando el equipo jurídico del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) denunció a jefes británicos por homicidios y mutilaciones cometidas contra soldados argentinos que habían sido tomados prisioneros en el campo de batalla.</p> <p> - La pesquisa por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por los oficiales y suboficiales argentinos a su propia tropa comenzó en el 2007 y hoy su suerte se baraja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se espera una pronta resolución.</p> <p> Cada una de estos casos refleja una deuda pendiente. El coordinador del equipo jurídico del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, aseguró a Veintitrés: “Estas tres causas están en un diálogo muy íntimo. La identificación de los restos que hay en el cementerio de Darwin es el gran eje transversal que une al resto de las causas. Por ejemplo, la identificación es clave como acervo probatorio para la causa de crímenes de guerra porque a partir de la exhumación de los cuerpos pueden aparecer las pruebas materiales de nuestra denuncia o nuevos elementos”. Un caso concreto explica la aseveración de Guerrero Iraola: el fusilamiento de un soldado argentino –cuyo nombre se desconoce–, que tras haberse rendido recibió un balazo calibre .45 en la cabeza. Se cree que quien apretó el gatillo fue el cabo británico Connery. “Si de la exhumación de los restos que hay en Darwin surge un cráneo con un agujero de un arma calibre .45 tendríamos la prueba del delito y sería mucho más fácil empezar a cerrar nuestras hipótesis”, aseguró el letrado a esta revista.</p> <p> <strong>IDENTIFICACIÓN DE LOS NN</strong></p> <p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/imagen/IslasMalvinas070.jpg" style="width: 252px; height: 187px; margin-right: 8px; margin-left: 8px; float: left;" />“Soldado argentino sólo conocido por Dios”, reza el epitafio de 123 soldados caídos en la Guerra de Malvinas cuyos restos reposan en el cementerio de Darwin que se levantó en el archipiélago. La frase no es casual: a 32 años de que perdiesen su vida, sus cuerpos aún no fueron identificados. Para revertir aquella injusticia, en el 2011, bajo la representación del entonces abogado Alejo Ramos Padilla, el CECIM presentó un amparo ante el juzgado federal a cargo del magistrado Julián Ercolini para que “reconociendo el derecho a la identidad y a la verdad”, el Poder Ejecutivo “disponga en el marco de su competencia las medidas necesarias para dentro de un plazo razonable se le devuelva la identidad y la historia a aquellos hombres que dieron la vida defendiendo la soberanía de nuestras islas Malvinas en 1982, y que por desidia u omisión por parte del Estado nacional a 29 años del conflicto sus restos no han sido identificados”.</p> <p> “No hubo dictado de sentencia por parte de Ercolini al día de la fecha. Una vez más en la última década, el poder político ha ido mucho más rápido. Los avances en el tema tuvieron más que ver con el impulso del gobierno que con el trámite judicial”, indicó Guerrero Iraola. Ocurre que en sintonía con la presentación del CECIM-La Plata, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció el 2 de abril de 2012 que le escribió una carta al titular de la Cruz Roja Internacional convocándola a “que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar a los hombres argentinos y aun ingleses que no han podido ser identificados, porque cada uno merece tener su nombre en una lápida”.</p> <p> “La Cruz Roja prometió que nos ayudará a gestionar la identificación de los cuerpos”, aseguró el canciller Héctor Timerman, el 3 de marzo pasado, tras reunirse en Suiza con el titular de aquella institución, Peter Maurer. El funcionario detalló que la idea es llevar a cabo un trabajo forense en el cementerio. Para lograrlo un equipo interdisciplinario impulsado por el Estado Nacional –compuesto por personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de Desarrollo Social, por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por un escribano de la Nación– avanza a paso firme: ya recopiló, al menos, 60 perfiles sanguíneos que permitirán deducir el ADN de las 102 familias de los caídos que avalaron la el proceso.</p> <p> Ramos Padilla, quien actualmente se desempeña como juez federal de Dolores, afirmó a esta revista: “El Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de acompañar a las víctimas en un reclamo que había sido invisibilizado y que ahora, gracias a los familiares y a las acciones que se están llevando adelante, volvió a existir la posibilidad de reparar al menos este punto en lo que hace a la identidad de los caídos y están en el cementerio sin reconocer. Lo importante es que esto ocurra lo más pronto posible. Hasta que no tengamos las identificaciones no se ha logrado nada”, aseguró.</p> <p> <strong>CRÍMENES DE GUERRA</strong></p> <p> El 3 de marzo del año pasado, el representante legal del CECIM dio impulso a una antigua investigación y denunció ante el juzgado federal de Río Grande (Tierra del Fuego), a cargo de la magistrada Lilian Hérraez de Andino, que el Reino Unido violentó el Convenio de Ginebra, que regula el trato digno que deben tener las tropas capturadas en un conflicto bélico, suscripto por ambos países. En la presentación se acusó al corporal (primer rango del ejército inglés) paracaidista Gary Sturguer, al sargento inglés John Pettinger –a quien se apuntó por intentar asesinar al cabo argentino José Carrizo–, y al corporal Stewart Mac Laughlin –fallecido en Malvinas y acusado de practicar un trato inhumano a los soldados nacionales–. A su vez, se solicitó que se investigue “la presunta comisión de homicidio cometida por el cabo Connery”. “Al día de la fecha hemos logrado que la jueza cite a tres de los principales testigos que ofrecimos”, contó Guerrero Iraola. Se trata de Mario Volpe, Carlos Daniel Amato y Fernando Magno.</p> <p> El ex soldado conscripto Ernesto Alonso, quien preside la comisión nacional de ex combatientes del Ministerio del Interior y Transporte e integra el CECIM-La Plata, indicó a Veintitrés: “Esperamos que la Justicia cite a indagatoria a alguno de los imputados que están debidamente expuestos en las publicaciones británicas. Son los mismo británicos los que asentaron las denuncias públicamente”. No obstante, existen importantes “obstáculos procesales” para que la jueza llegue al procesamiento de alguno de los acusados.</p> <p> “Para dictar el procesamiento en una causa en la Argentina es necesario que el acusado sea indagado. Y sabemos que es muy difícil que el Reino Unido ponga a disposición de la Justicia argentina a quienes se sindica como autores de los crímenes. Estamos viendo en materia diplomática cómo avanzar. Es una cuestión que tiene las complejidades y complicaciones propias de la lucha por la soberanía”, explicó el abogado.</p> <p> En el horizonte, esta causa se presenta como la de más difícil resolución de las tres mencionadas.</p> <p> <strong>DERECHOS VIOLADOS</strong></p> <p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/imagen/Cascos_de_soldados_en_Malvinas.jpg" style="width: 250px; height: 167px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: right;" />En abril de 2007 se abrió en el juzgado federal de Río Grande el expediente judicial para determinar si durante la guerra en el archipiélago los oficiales y suboficiales argentinos torturaron e incluso asesinaron a soldados de su propia tropa. El abogado que impulsó esta investigación, que en la actualidad se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una resolución, fue Pablo Andrés Vassel. En diálogo con esta revista, el letrado manifestó: “Iniciamos esta causa entendiendo que los ejes de la política nacional de derechos humanos de Memoria, Verdad y Justicia tenían que llegar a la causa Malvinas. Sumamos también un cuarto eje: la soberanía. Se hizo una tarea de campo de más de dos años de trabajo. Empezamos con 23 testimonios de víctimas y testigos y a la fecha han declarado 120 personas”. En la causa que llegó al máximo tribunal del país hay 85 hechos delictivos –homicidios, abandono de persona seguido de muerte, torturas, amenazas, coacción, lesiones y vejámenes– y 70 imputados identificados. “Esto no fue obra de un cabo enloquecido sino que fue una cuestión sistemática”, resaltó Vassel.</p> <p> El expediente llegó a la Corte tras un derrotero de cinco años: la jueza de primera instancia Hérraez de Andino encuadró los delitos como crímenes de lesa humanidad. Y además separó en otra causa uno de los casos presentado en la misma investigación pero que ocurrió en el predio militar de General Roca de Comodoro Rivadavia, antes de partir hacia Malvinas, por una cuestión de competencia. La defensa de los acusados apeló la decisión, por lo que ambas causas llegaron a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que confirmó la sentencia de la magistrada y procesó a los dos imputados en la causa de Comodoro Rivadavia: es decir, a quien dio la orden y a quien la ejecutó.</p> <p> Tras una nueva apelación ambos expedientes terminaron en la Cámara Nacional de Casación Penal que contradijo a las instancias anteriores y determinó que no fue crimen de lesa humanidad ninguna de las dos causas. Esto motivó que el caso llegara en el 2012 a la Corte. “Mi expectativa es que pronto atento a la trayectoria de la causa, tratándose de una causa nacional como Malvinas, debería la Corte resolver esta cuestión. Sin duda es una de las deudas”, manifestó Vassel.</p> <p> La resolución no es casual. Entre las decenas de imputados hay muchos militares retirados acusados que siguen cumpliendo tareas. Tal es el caso del subteniente retirado Marcelo Oscar Dorigón, capitán retirado del Ejército que está denunciado en la causa por estaquear a un soldado y actualmente ejerce como gerente de recursos humanos de la firma rosarina Liliana SRL, que fabrica electrodomésticos.</p> <p> “Nuestro pueblo necesita saber la verdad sobre Malvinas. Lamentablemente, la dictadura ha dejado una construcción de discurso que se ha repetido durante muchos años”, consideró Alonso. Para cambiarlo, “el Estado nacional ha tomado como propia la reescritura de la historia del tema Malvinas”, dijo Guerrero Iraola.</p> <p> A 32 años del inicio de la guerra, y a pesar de los avances, hay deudas que siguen vigentes. Y un reclamo soberano que no cesa.</p> <p> </p> <p> <strong>FUENTE:<a href="http://veintitres.infonews.com/nota-8580-sociedad-Asuntos-pendientes.html" target="_blank"> </a></strong><a href="http://veintitres.infonews.com/nota-8580-sociedad-Asuntos-pendientes.html" target="_blank">Veintitres</a></p></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/e908c559c194ad80b93668a33479ef72_S.jpg" alt="Los ex combatientes piden identificar a los soldados enterrados en el cementerio de Darwin" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> La locura militar dejó un tendal de víctimas y dudas que siguen sin respuesta. Crímenes ingleses, torturas a las tropas, derecho a la identidad. Y la persistencia del reclamo soberano como mejor homenaje.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/imagen/1332876810-600malvinas_cementerio_darwin_thumb_550.jpg" style="width: 250px; height: 187px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: left;" />El próximo miércoles se cumple el 32º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas y a pesar de los años transcurridos aún existe una serie de interrogantes sin resolver: ¿Los ingleses cometieron crímenes de guerra? ¿Los oficiales argentinos torturaron a su propia tropa? ¿Cuál es la identidad de los 123 soldados sepultados como NN en el cementerio que se levantó en el archipiélago? Esas preguntas están planteadas en tres expedientes judiciales que tramitan en los juzgados federales argentinos:</p> <p> - La identificación de los 123 NN que están sepultados en el cementerio de Darwin. Este expediente se inició con un planteo judicial en el 2011 y en abril de 2012 la Presidenta anunció que se transformaría en una política de Estado. Una comisión interdisciplinaria avanza en la recolección de las muestras de sangre de los familiares de los caídos, paso previo para obtener el ADN necesario para el reconocimiento. Según pudo saber Veintitrés, al menos 60 familias aportaron su muestra sanguínea.</p> <p> - La investigación que busca dilucidar si el Reino Unido cometió crímenes de guerra tomó impulso en marzo del año pasado cuando el equipo jurídico del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) denunció a jefes británicos por homicidios y mutilaciones cometidas contra soldados argentinos que habían sido tomados prisioneros en el campo de batalla.</p> <p> - La pesquisa por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por los oficiales y suboficiales argentinos a su propia tropa comenzó en el 2007 y hoy su suerte se baraja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se espera una pronta resolución.</p> <p> Cada una de estos casos refleja una deuda pendiente. El coordinador del equipo jurídico del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, aseguró a Veintitrés: “Estas tres causas están en un diálogo muy íntimo. La identificación de los restos que hay en el cementerio de Darwin es el gran eje transversal que une al resto de las causas. Por ejemplo, la identificación es clave como acervo probatorio para la causa de crímenes de guerra porque a partir de la exhumación de los cuerpos pueden aparecer las pruebas materiales de nuestra denuncia o nuevos elementos”. Un caso concreto explica la aseveración de Guerrero Iraola: el fusilamiento de un soldado argentino –cuyo nombre se desconoce–, que tras haberse rendido recibió un balazo calibre .45 en la cabeza. Se cree que quien apretó el gatillo fue el cabo británico Connery. “Si de la exhumación de los restos que hay en Darwin surge un cráneo con un agujero de un arma calibre .45 tendríamos la prueba del delito y sería mucho más fácil empezar a cerrar nuestras hipótesis”, aseguró el letrado a esta revista.</p> <p> <strong>IDENTIFICACIÓN DE LOS NN</strong></p> <p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/imagen/IslasMalvinas070.jpg" style="width: 252px; height: 187px; margin-right: 8px; margin-left: 8px; float: left;" />“Soldado argentino sólo conocido por Dios”, reza el epitafio de 123 soldados caídos en la Guerra de Malvinas cuyos restos reposan en el cementerio de Darwin que se levantó en el archipiélago. La frase no es casual: a 32 años de que perdiesen su vida, sus cuerpos aún no fueron identificados. Para revertir aquella injusticia, en el 2011, bajo la representación del entonces abogado Alejo Ramos Padilla, el CECIM presentó un amparo ante el juzgado federal a cargo del magistrado Julián Ercolini para que “reconociendo el derecho a la identidad y a la verdad”, el Poder Ejecutivo “disponga en el marco de su competencia las medidas necesarias para dentro de un plazo razonable se le devuelva la identidad y la historia a aquellos hombres que dieron la vida defendiendo la soberanía de nuestras islas Malvinas en 1982, y que por desidia u omisión por parte del Estado nacional a 29 años del conflicto sus restos no han sido identificados”.</p> <p> “No hubo dictado de sentencia por parte de Ercolini al día de la fecha. Una vez más en la última década, el poder político ha ido mucho más rápido. Los avances en el tema tuvieron más que ver con el impulso del gobierno que con el trámite judicial”, indicó Guerrero Iraola. Ocurre que en sintonía con la presentación del CECIM-La Plata, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció el 2 de abril de 2012 que le escribió una carta al titular de la Cruz Roja Internacional convocándola a “que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar a los hombres argentinos y aun ingleses que no han podido ser identificados, porque cada uno merece tener su nombre en una lápida”.</p> <p> “La Cruz Roja prometió que nos ayudará a gestionar la identificación de los cuerpos”, aseguró el canciller Héctor Timerman, el 3 de marzo pasado, tras reunirse en Suiza con el titular de aquella institución, Peter Maurer. El funcionario detalló que la idea es llevar a cabo un trabajo forense en el cementerio. Para lograrlo un equipo interdisciplinario impulsado por el Estado Nacional –compuesto por personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de Desarrollo Social, por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por un escribano de la Nación– avanza a paso firme: ya recopiló, al menos, 60 perfiles sanguíneos que permitirán deducir el ADN de las 102 familias de los caídos que avalaron la el proceso.</p> <p> Ramos Padilla, quien actualmente se desempeña como juez federal de Dolores, afirmó a esta revista: “El Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de acompañar a las víctimas en un reclamo que había sido invisibilizado y que ahora, gracias a los familiares y a las acciones que se están llevando adelante, volvió a existir la posibilidad de reparar al menos este punto en lo que hace a la identidad de los caídos y están en el cementerio sin reconocer. Lo importante es que esto ocurra lo más pronto posible. Hasta que no tengamos las identificaciones no se ha logrado nada”, aseguró.</p> <p> <strong>CRÍMENES DE GUERRA</strong></p> <p> El 3 de marzo del año pasado, el representante legal del CECIM dio impulso a una antigua investigación y denunció ante el juzgado federal de Río Grande (Tierra del Fuego), a cargo de la magistrada Lilian Hérraez de Andino, que el Reino Unido violentó el Convenio de Ginebra, que regula el trato digno que deben tener las tropas capturadas en un conflicto bélico, suscripto por ambos países. En la presentación se acusó al corporal (primer rango del ejército inglés) paracaidista Gary Sturguer, al sargento inglés John Pettinger –a quien se apuntó por intentar asesinar al cabo argentino José Carrizo–, y al corporal Stewart Mac Laughlin –fallecido en Malvinas y acusado de practicar un trato inhumano a los soldados nacionales–. A su vez, se solicitó que se investigue “la presunta comisión de homicidio cometida por el cabo Connery”. “Al día de la fecha hemos logrado que la jueza cite a tres de los principales testigos que ofrecimos”, contó Guerrero Iraola. Se trata de Mario Volpe, Carlos Daniel Amato y Fernando Magno.</p> <p> El ex soldado conscripto Ernesto Alonso, quien preside la comisión nacional de ex combatientes del Ministerio del Interior y Transporte e integra el CECIM-La Plata, indicó a Veintitrés: “Esperamos que la Justicia cite a indagatoria a alguno de los imputados que están debidamente expuestos en las publicaciones británicas. Son los mismo británicos los que asentaron las denuncias públicamente”. No obstante, existen importantes “obstáculos procesales” para que la jueza llegue al procesamiento de alguno de los acusados.</p> <p> “Para dictar el procesamiento en una causa en la Argentina es necesario que el acusado sea indagado. Y sabemos que es muy difícil que el Reino Unido ponga a disposición de la Justicia argentina a quienes se sindica como autores de los crímenes. Estamos viendo en materia diplomática cómo avanzar. Es una cuestión que tiene las complejidades y complicaciones propias de la lucha por la soberanía”, explicó el abogado.</p> <p> En el horizonte, esta causa se presenta como la de más difícil resolución de las tres mencionadas.</p> <p> <strong>DERECHOS VIOLADOS</strong></p> <p> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/imagen/Cascos_de_soldados_en_Malvinas.jpg" style="width: 250px; height: 167px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; float: right;" />En abril de 2007 se abrió en el juzgado federal de Río Grande el expediente judicial para determinar si durante la guerra en el archipiélago los oficiales y suboficiales argentinos torturaron e incluso asesinaron a soldados de su propia tropa. El abogado que impulsó esta investigación, que en la actualidad se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una resolución, fue Pablo Andrés Vassel. En diálogo con esta revista, el letrado manifestó: “Iniciamos esta causa entendiendo que los ejes de la política nacional de derechos humanos de Memoria, Verdad y Justicia tenían que llegar a la causa Malvinas. Sumamos también un cuarto eje: la soberanía. Se hizo una tarea de campo de más de dos años de trabajo. Empezamos con 23 testimonios de víctimas y testigos y a la fecha han declarado 120 personas”. En la causa que llegó al máximo tribunal del país hay 85 hechos delictivos –homicidios, abandono de persona seguido de muerte, torturas, amenazas, coacción, lesiones y vejámenes– y 70 imputados identificados. “Esto no fue obra de un cabo enloquecido sino que fue una cuestión sistemática”, resaltó Vassel.</p> <p> El expediente llegó a la Corte tras un derrotero de cinco años: la jueza de primera instancia Hérraez de Andino encuadró los delitos como crímenes de lesa humanidad. Y además separó en otra causa uno de los casos presentado en la misma investigación pero que ocurrió en el predio militar de General Roca de Comodoro Rivadavia, antes de partir hacia Malvinas, por una cuestión de competencia. La defensa de los acusados apeló la decisión, por lo que ambas causas llegaron a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que confirmó la sentencia de la magistrada y procesó a los dos imputados en la causa de Comodoro Rivadavia: es decir, a quien dio la orden y a quien la ejecutó.</p> <p> Tras una nueva apelación ambos expedientes terminaron en la Cámara Nacional de Casación Penal que contradijo a las instancias anteriores y determinó que no fue crimen de lesa humanidad ninguna de las dos causas. Esto motivó que el caso llegara en el 2012 a la Corte. “Mi expectativa es que pronto atento a la trayectoria de la causa, tratándose de una causa nacional como Malvinas, debería la Corte resolver esta cuestión. Sin duda es una de las deudas”, manifestó Vassel.</p> <p> La resolución no es casual. Entre las decenas de imputados hay muchos militares retirados acusados que siguen cumpliendo tareas. Tal es el caso del subteniente retirado Marcelo Oscar Dorigón, capitán retirado del Ejército que está denunciado en la causa por estaquear a un soldado y actualmente ejerce como gerente de recursos humanos de la firma rosarina Liliana SRL, que fabrica electrodomésticos.</p> <p> “Nuestro pueblo necesita saber la verdad sobre Malvinas. Lamentablemente, la dictadura ha dejado una construcción de discurso que se ha repetido durante muchos años”, consideró Alonso. Para cambiarlo, “el Estado nacional ha tomado como propia la reescritura de la historia del tema Malvinas”, dijo Guerrero Iraola.</p> <p> A 32 años del inicio de la guerra, y a pesar de los avances, hay deudas que siguen vigentes. Y un reclamo soberano que no cesa.</p> <p> </p> <p> <strong>FUENTE:<a href="http://veintitres.infonews.com/nota-8580-sociedad-Asuntos-pendientes.html" target="_blank"> </a></strong><a href="http://veintitres.infonews.com/nota-8580-sociedad-Asuntos-pendientes.html" target="_blank">Veintitres</a></p></div>Rios Montt: Relatos de Un Camino Hacia la Impunidad2013-11-19T17:15:07-03:002013-11-19T17:15:07-03:00https://fundamentar.com/articulos/opinion/item/3094-rios-montt-relatos-de-un-camino-hacia-la-impunidadAndrea Del Pilar Naranjo Morales (*)hola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/201bd62c004030ca362fe962affecde5_S.jpg" alt="Rios Montt: Relatos de Un Camino Hacia la Impunidad" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>La justicia guatemalteca condenó al exdictador José Efraín Ríos Montt con una pena de 50 años de cárcel por delitos de genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad. La decisión, aplaudida y largamente esperada, lejos está de ser efectivamente aplicada.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> <em>“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”.</em></p> <p> <em>Albert Camus</em><em>(1913-1960)</em></p> <p> “Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>” fueron algunas de las palabras de defensa del Dictador Guatemalteco José Efraín Ríos Montt, frente al Tribunal A de Mayor Riesgo, momentos antes de que se pronunciara la sentencia de condena con una pena de 50 años de cárcel por delitos de genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad para completar la suma de 80. La decisión aplaudida y largamente esperada sin embargo lejos está de ser efectivamente aplicada.</p> <p> <strong>RIOS MONTT, FIGURA CÉLEBRE</strong></p> <p> Luego del derrocamiento del general Fernando Lucas García, José Efraín Ríos Montt asume la presidencia de facto de Guatemala, a partir de ese momento, en un corto periodo de un año y tras la instauración de un “triunvirato militar”, inicia una campaña de exterminio que hará sentir su vigor con especial ahínco en las comunidades indígenas mayas en el Quiché (norte de Guatemala), arrojando más de 1772 víctimas, en las operaciones Victoria 82, Sofía, Ixil y Operación Firmeza 83 entre otras<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Cobijando además amplios segmentos de población rural particularmente personas en situación de vulnerabilidad: niños, ancianos y mujeres catalogados como guerrilleros y subversivos por el régimen, siguiendo la posición anticomunista y los derroteros de seguridad nacional de la política de contención americana<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> asumidos en el hemisferio, campaña que perduraría más allá del efectivo gobierno de Rios Montt, quien fue destituido en agosto de 1983 por Óscar Mejía Vítores. Este último sancionaría, tres años después, la ley de amnistía general que exculpó a todos los vinculados en delitos perpetrados en el período de dictadura, norma que tuvo diez años de vigencia pues en 1997 se deroga con el Decreto 133-97.</p> <p> <strong>INICIO DE SIGLO… INICIO DE JUICIO</strong></p> <p> El año 2000 marcaría el inicio de un capítulo procesal que hasta ahora no encuentra su fin. La iniciativa de construcción de memoria histórica del período de gobierno de Ríos Montt así como de los momentos previos y posteriores a su ejercicio presidencial aún no concluye. La presentación del volumen <em>Guatemala: Nunca Más</em>iniciado por el asesinado Obispo José Gerardi, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Archidiócesis de Guatemala y el documento Guatemala Memoria Del Silencio Tz'inil Na'tab'al de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, han permitido armar un rompecabezas de más de dos décadas de la historia guatemalteca, facilitando además sustentar los cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y guerra ahora endilgados a Ríos Montt y otros oficiales militares del período.</p> <p> Con los documentos en mano, el auspicio de varias organizaciones de derecho guatemaltecas incluidas la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability -o Centro por la Justicia y la Responsabilidad- y bajo la invocación del principio de Justicia Universal, entendida como la posibilidad de un Estado de ejercer su poder punitivo extraterritorialmente es decir independientemente del lugar en el que fueron cometidos, por la gravedad del delito o su especial significancia internacional, se procede a efectuar denuncia ante el tribunal Nacional de España contra varios militares, entre ellos Lucas García, Aníbal Guevara y Ríos Montt incluyendo a otros tres civiles. El tribunal profirió orden de captura internacional pero ninguno de los acusados se presentó al juicio.</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/juicio.jpg" style="width: 650px; height: 477px;" /></p> <p> Ya en Guatemala y luego del retiro de la investidura de diputado del ex dictador en 14 de enero de 2012 se presenta Ríos ante el Tribunal A de Mayor Riesgo junto con los militares de alto rango Pedro García Arredondo y Rodríguez Sánchez bajo la acusación de cometer crímenes contra la humanidad y genocidio por la masacre de Ixiles que luego se sumarán a acusaciones de traslado forzoso de más de veinticinco mil personas y otros delitos de lesa humanidad perpetrados durante la Masacre de las Dos Erres.</p> <p> Luego de la declaratoria de inaplicación de la figura de amnistía por uno de los magistrados de conocimiento en sede de apelación, se procede a la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena principal de 50 años de prisión inconmutable por el delito de genocidio y 30 años por crímenes contra los deberes de humanidad. No obstante, la Corte de Constitucionalidad Guatemalteca ordenó retrotraer el proceso al momento en el que se encontraba el 19 de abril de 2013, período anterior al proveimiento del fallo condenatorio del 10 de mayo, sentencia de anulación ratificada recientemente con un nuevo fallo de ese mismo órgano judicial en la que se abre la posibilidad de aplicar la figura de amnistía para el ex dictador, con base en el Decreto Presidencial 8 de 1986 que concede la prerrogativa a todos los perpetradores de delitos comunes políticos y conexos durante y después de la dictadura es decir, desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 14 de enero de 1986.</p> <p> La sentencia de constitucionalidad se apoya en la tesis de insuficiencia de argumentación del juez de conocimiento que resolvió la apelación a la hora de dictar sentencia, endilgando confusión conceptual entre las figuras de indulto y amnistía, declarando violaciones al debido proceso y ordenando a proferir nuevo fallo donde se precisa porque razón no aplica la figura de extinción de persecución penal en el caso Ríos<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.</p> <p> Sin embargo, la sentencia de apelación contiene en sus salvamentos de voto los argumentos fundamentales de la atribución de responsabilidad para el ex dictador. La precisión de la imposibilidad de aplicar auto amnistías para los Estados por constituir Vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> y de instrumentos internacionales como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, hacen evidentes los perjuicios de la utilización de la institucionalidad y la constitución como norma aislada, en suma como herramienta de protección de los victimarios por encima de los derechos ala dignidad, la vida la integridad y la posibilidad de justicia y reparación, en suma el derecho como instrumento conveniente del silencio y la impunidad.</p> <p> </p> <p> (*) <em>Abogada e investigadora independiente de la Universidad La Gran Colombia. Bogotá. Con especialización en Derecho Constitucional Universidad de Nuestra Señora del Rosario, Colombia. Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Universidad Rey Juan Carlos Madrid. España domicilio Bogotá Colombia. Correo electrónico: </em><em><a href="mailto:andreanar1900@hotmail.com">andreanar1900@hotmail.com</a>, </em><em>elpendulocrítico.blogspot.com.</em></p> <p> </p> <p> <strong><u>BIBLIOGRAFÍA</u></strong></p> <p> Calvocoressi, Peter. Historia Política del Mundo contemporáneo. Ediciones AKAL,Madrid España pág. 31.</p> <p> Comision para el Esclarecimiento Historico. Guatemala Memoria Del Silencio Tz'inil Na'tab'al. Guatemala. Primera edición, junio de 1999.</p> <p> Corte de constitucionalidad República de Guatemala Expediente 1523-2013 y 1543-2013 (22 de Octubre de 2013) y Votos Razonados</p> <p> Declaración Americana de derechos Humanos. Especialmente Artículos 1.1, 2,8 y 25. San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Disponible en <a href="http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm" target="_blank">http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm</a></p> <p> Declaración Efraín Rios Ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. Jueves 9 de mayo de 2013.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Declaración Efraín Rios Ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. Jueves 9 de mayo de 2013.</p> </div> <div id="ftn2"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Comision para el Esclarecimiento Historico. GUATEMALA MEMORIA DEL SILENCIO Tz'inil Na'tab'al. Disponible en <a href="http://shr.aaas.org/projects/human_rights/guatemala/ceh/mos_en.pdf" target="_blank">http://shr.aaas.org/projects/human_rights/guatemala/ceh/mos_en.pdf.</a></p> </div> <div id="ftn3"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Calvocoressi.Peter. Historia Política del Mundo contemporáneo. Ediciones AKAL, Madrid España pág. 31.</p> </div> <div id="ftn4"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Véase providencia de Corte de constitucionalidad República de Guatemala Expediente 1523-2013 y 1543-2013 (22 de Octubre de 2013) y Votos Razonados en <a href="http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=1068&Itemid=141" target="_blank">http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=1068&Itemid=141</a></p> </div> <div id="ftn5"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Declaración Americana de derechos Humanos. Especialmente Artículos 1.1, 2,8 y 25. San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Disponible en <a href="http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm" target="_top">http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm</a></p> </div> </div></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/201bd62c004030ca362fe962affecde5_S.jpg" alt="Rios Montt: Relatos de Un Camino Hacia la Impunidad" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>La justicia guatemalteca condenó al exdictador José Efraín Ríos Montt con una pena de 50 años de cárcel por delitos de genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad. La decisión, aplaudida y largamente esperada, lejos está de ser efectivamente aplicada.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> <em>“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”.</em></p> <p> <em>Albert Camus</em><em>(1913-1960)</em></p> <p> “Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>” fueron algunas de las palabras de defensa del Dictador Guatemalteco José Efraín Ríos Montt, frente al Tribunal A de Mayor Riesgo, momentos antes de que se pronunciara la sentencia de condena con una pena de 50 años de cárcel por delitos de genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad para completar la suma de 80. La decisión aplaudida y largamente esperada sin embargo lejos está de ser efectivamente aplicada.</p> <p> <strong>RIOS MONTT, FIGURA CÉLEBRE</strong></p> <p> Luego del derrocamiento del general Fernando Lucas García, José Efraín Ríos Montt asume la presidencia de facto de Guatemala, a partir de ese momento, en un corto periodo de un año y tras la instauración de un “triunvirato militar”, inicia una campaña de exterminio que hará sentir su vigor con especial ahínco en las comunidades indígenas mayas en el Quiché (norte de Guatemala), arrojando más de 1772 víctimas, en las operaciones Victoria 82, Sofía, Ixil y Operación Firmeza 83 entre otras<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Cobijando además amplios segmentos de población rural particularmente personas en situación de vulnerabilidad: niños, ancianos y mujeres catalogados como guerrilleros y subversivos por el régimen, siguiendo la posición anticomunista y los derroteros de seguridad nacional de la política de contención americana<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> asumidos en el hemisferio, campaña que perduraría más allá del efectivo gobierno de Rios Montt, quien fue destituido en agosto de 1983 por Óscar Mejía Vítores. Este último sancionaría, tres años después, la ley de amnistía general que exculpó a todos los vinculados en delitos perpetrados en el período de dictadura, norma que tuvo diez años de vigencia pues en 1997 se deroga con el Decreto 133-97.</p> <p> <strong>INICIO DE SIGLO… INICIO DE JUICIO</strong></p> <p> El año 2000 marcaría el inicio de un capítulo procesal que hasta ahora no encuentra su fin. La iniciativa de construcción de memoria histórica del período de gobierno de Ríos Montt así como de los momentos previos y posteriores a su ejercicio presidencial aún no concluye. La presentación del volumen <em>Guatemala: Nunca Más</em>iniciado por el asesinado Obispo José Gerardi, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Archidiócesis de Guatemala y el documento Guatemala Memoria Del Silencio Tz'inil Na'tab'al de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, han permitido armar un rompecabezas de más de dos décadas de la historia guatemalteca, facilitando además sustentar los cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y guerra ahora endilgados a Ríos Montt y otros oficiales militares del período.</p> <p> Con los documentos en mano, el auspicio de varias organizaciones de derecho guatemaltecas incluidas la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability -o Centro por la Justicia y la Responsabilidad- y bajo la invocación del principio de Justicia Universal, entendida como la posibilidad de un Estado de ejercer su poder punitivo extraterritorialmente es decir independientemente del lugar en el que fueron cometidos, por la gravedad del delito o su especial significancia internacional, se procede a efectuar denuncia ante el tribunal Nacional de España contra varios militares, entre ellos Lucas García, Aníbal Guevara y Ríos Montt incluyendo a otros tres civiles. El tribunal profirió orden de captura internacional pero ninguno de los acusados se presentó al juicio.</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/articulos/articulos/juicio.jpg" style="width: 650px; height: 477px;" /></p> <p> Ya en Guatemala y luego del retiro de la investidura de diputado del ex dictador en 14 de enero de 2012 se presenta Ríos ante el Tribunal A de Mayor Riesgo junto con los militares de alto rango Pedro García Arredondo y Rodríguez Sánchez bajo la acusación de cometer crímenes contra la humanidad y genocidio por la masacre de Ixiles que luego se sumarán a acusaciones de traslado forzoso de más de veinticinco mil personas y otros delitos de lesa humanidad perpetrados durante la Masacre de las Dos Erres.</p> <p> Luego de la declaratoria de inaplicación de la figura de amnistía por uno de los magistrados de conocimiento en sede de apelación, se procede a la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena principal de 50 años de prisión inconmutable por el delito de genocidio y 30 años por crímenes contra los deberes de humanidad. No obstante, la Corte de Constitucionalidad Guatemalteca ordenó retrotraer el proceso al momento en el que se encontraba el 19 de abril de 2013, período anterior al proveimiento del fallo condenatorio del 10 de mayo, sentencia de anulación ratificada recientemente con un nuevo fallo de ese mismo órgano judicial en la que se abre la posibilidad de aplicar la figura de amnistía para el ex dictador, con base en el Decreto Presidencial 8 de 1986 que concede la prerrogativa a todos los perpetradores de delitos comunes políticos y conexos durante y después de la dictadura es decir, desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 14 de enero de 1986.</p> <p> La sentencia de constitucionalidad se apoya en la tesis de insuficiencia de argumentación del juez de conocimiento que resolvió la apelación a la hora de dictar sentencia, endilgando confusión conceptual entre las figuras de indulto y amnistía, declarando violaciones al debido proceso y ordenando a proferir nuevo fallo donde se precisa porque razón no aplica la figura de extinción de persecución penal en el caso Ríos<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.</p> <p> Sin embargo, la sentencia de apelación contiene en sus salvamentos de voto los argumentos fundamentales de la atribución de responsabilidad para el ex dictador. La precisión de la imposibilidad de aplicar auto amnistías para los Estados por constituir Vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica<a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> y de instrumentos internacionales como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, hacen evidentes los perjuicios de la utilización de la institucionalidad y la constitución como norma aislada, en suma como herramienta de protección de los victimarios por encima de los derechos ala dignidad, la vida la integridad y la posibilidad de justicia y reparación, en suma el derecho como instrumento conveniente del silencio y la impunidad.</p> <p> </p> <p> (*) <em>Abogada e investigadora independiente de la Universidad La Gran Colombia. Bogotá. Con especialización en Derecho Constitucional Universidad de Nuestra Señora del Rosario, Colombia. Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Universidad Rey Juan Carlos Madrid. España domicilio Bogotá Colombia. Correo electrónico: </em><em><a href="mailto:andreanar1900@hotmail.com">andreanar1900@hotmail.com</a>, </em><em>elpendulocrítico.blogspot.com.</em></p> <p> </p> <p> <strong><u>BIBLIOGRAFÍA</u></strong></p> <p> Calvocoressi, Peter. Historia Política del Mundo contemporáneo. Ediciones AKAL,Madrid España pág. 31.</p> <p> Comision para el Esclarecimiento Historico. Guatemala Memoria Del Silencio Tz'inil Na'tab'al. Guatemala. Primera edición, junio de 1999.</p> <p> Corte de constitucionalidad República de Guatemala Expediente 1523-2013 y 1543-2013 (22 de Octubre de 2013) y Votos Razonados</p> <p> Declaración Americana de derechos Humanos. Especialmente Artículos 1.1, 2,8 y 25. San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Disponible en <a href="http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm" target="_blank">http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm</a></p> <p> Declaración Efraín Rios Ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. Jueves 9 de mayo de 2013.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Declaración Efraín Rios Ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. Jueves 9 de mayo de 2013.</p> </div> <div id="ftn2"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Comision para el Esclarecimiento Historico. GUATEMALA MEMORIA DEL SILENCIO Tz'inil Na'tab'al. Disponible en <a href="http://shr.aaas.org/projects/human_rights/guatemala/ceh/mos_en.pdf" target="_blank">http://shr.aaas.org/projects/human_rights/guatemala/ceh/mos_en.pdf.</a></p> </div> <div id="ftn3"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Calvocoressi.Peter. Historia Política del Mundo contemporáneo. Ediciones AKAL, Madrid España pág. 31.</p> </div> <div id="ftn4"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Véase providencia de Corte de constitucionalidad República de Guatemala Expediente 1523-2013 y 1543-2013 (22 de Octubre de 2013) y Votos Razonados en <a href="http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=1068&Itemid=141" target="_blank">http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=1068&Itemid=141</a></p> </div> <div id="ftn5"> <p> <a href="https://fundamentar.com/file:///C:/Users/Luciano/Downloads/RIOS%20MONTT%20hacia%20la%20impunidad%20(1).docx#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Declaración Americana de derechos Humanos. Especialmente Artículos 1.1, 2,8 y 25. San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Disponible en <a href="http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm" target="_top">http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm</a></p> </div> </div></div>