Sentado en el cerro Chalcobamba, a casi 4.700 metros de altura en los Andes peruanos, Romualdo Ochoa, líder de la comunidad indígena de Huancuire, proclama: "Hemos venido con nuestros animales para recuperar nuestras tierras".
Desde aquí arriba, donde los pocos forasteros que llegan suelen sucumbir al mal de altura, Ochoa divisa el estrecho valle en la región Apurímac en que su comunidad ha vivido durante siglos dedicada a las tareas del campo.
El líder indígena, como otros hombres del lugar, pasa últimamente más tiempo subido a las alturas de Chalcobamba que en los campos donde se recogen las papas y pastan las ovejas.
Le cuesta expresarse en español, idioma que aprendió con 21 años, pero su mensaje está claro. Chalcobamba les pertenece a los indígenas de Huancuire. Es "el legado de sus ancestros".
El problema es que una gigantesca multinacional china de la minería, MMG, también dice que Chalcobamba es suyo.
Pero ni los documentos que esgrime la minera, ni el permiso que le concedió el Ministerio de Energía y Minas para empezar a explotar las riquezas minerales que esconde esta montaña rocosa son argumentos suficientes para los indígenas de Huancuire, que permanecen acampados aquí, combatiendo las gélidas temperaturas de la noche en las alturas andinas a base de mucho abrigo y caldo de cordero.
Armados con sus warakas, la tradicional honda indígena, se dicen resueltos a repeler cualquier intento de arrebatarles una montaña que consideran suya desde tiempo inmemorial.
Han colocado en la cima una bandera de Perú y desde ahí hacen guardia día y noche.
El litigio comenzó en 2013, cuando la compañía china y los líderes de la comunidad huancuire firmaron un contrato por el que MMG adquirió los terrenos de Chalcobamba, pero las nuevas generaciones de indígenas aseguran que la compañía engañó a sus mayores en las negociaciones aprovechándose de su ignorancia.
"No sabían leer y escribir, no sabían castellano, y fueron engañados para apropiarse de nuestras tierras", dice su líder actual.
A cientos de kilómetros de allí, en Lima, donde se ubica la sede de MMG en Perú, su gerente de asuntos legales, Claudio Cáceres, le dio a BBC Mundo una versión diferente.
"Pagamos por la compraventa 122 millones de soles (unos US$ 32,2 millones al cambio actual) en 2013. En 2017 la comunidad pretendió desconocer esa compraventa y firmamos una transacción judicial para cerrar cualquier controversia por la que pagamos 100 millones (de soles)".
Los indígenas niegan haber recibido estas cantidades.
Las diferencias se mantienen y ya ha habido enfrentamientos.
El último el pasado 31 de mayo, cuando personal de la compañía trató de acceder a Chalcobamba escoltado por la policía. Según los comuneros, uno de ellos resultó herido por un perdigón lanzado por la policía. La minera habló en un comunicado de "algunos heridos y contusos en los efectivos de la PNP (Policía Nacional de Perú) y personal de mantenimiento".
No era la primera vez que se producían episodios de violencia en la zona, en la que el gobierno de Pedro Castillo decretó el estado de emergencia el pasado abril para encauzar la situación.
Pero, ¿por qué es tan importante este paraje montañoso y aislado?
La respuesta está al otro lado de la montaña, en la gigantesca mina Las Bambas, propiedad de MMG, un descomunal mordisco a la cordillera andina cuya vista domina el paisaje.
Los datos dan una idea de la magnitud de Las Bambas.
Es una de las minas de cobre más grandes del mundo y según MMG, cuyo principal accionista es el Estado chino, se trata de la mayor inversión que Pekín ha hecho nunca en una mina en el extranjero.
Solo el año pasado produjo 290.000 toneladas de cobre y en sus primero cinco años de actividad sumó dos millones de toneladas. Las reservas se calculan en unos 5.630 millones de toneladas, a explotar durante los 18 años de vida útil de la mina.
"Las Bambas es la segunda empresa minera más importante de América Latina y está llegando al 2% del Producto Interno Bruto de Perú", explicó Roberto Sánchez Palomino, ministro de Comercio Exterior de Perú.
Pero la producción en los últimos años ha comenzado a decaer. Por eso MMG quiere abrir cuanto antes un segundo tajo de explotación en Chalcobamba.
Troy Hey, gerente general de MMG, le dijo a BBC Mundo que "Chalcobamba es crítico para mantener los niveles de producción de Las Bambas".
El directivo lamenta que el proyecto se ha visto retrasado por la demora en la concesión de los permisos necesarios. Ahora que todo está listo y que el precio del cobre alcanza niveles récord en los mercados internacionales, solo la resistencia de los alrededor de 400 indígenas de Huancuire impide llevarlo a cabo.
"Si no obtenemos acceso a esa mina y no podemos desarrollar las operaciones, perdemos dinero cada día", se queja Hey.
El potencial de Chalcobamba se percibe a simple vista. El tono rojizo del cobre se aprecia en las rocas y los indígenas ya han comenzado a hacer allí a escala artesanal lo que MMG lleva años haciendo a escala industrial en Las Bambas: sacarlo y venderlo.
En un mundo cada vez más dependiente de los dispositivos electrónicos y al que el calentamiento global empuja hacia alternativas a los combustibles fósiles, el cobre se ha convertido en uno de los artículos más demandados.
El shock en los mercados energéticos provocado por la guerra de Ucrania no ha hecho sino acentuar la tendencia.
Y Perú, segundo productor mundial del mineral después de Chile, se ha convertido en el escenario de cada vez más conflictos entre las multinacionales que lo extraen y comunidades locales que creen que el trato recibido no es justo, en medio de reproches al presidente Pedro Castillo y su aparente incapacidad para encauzar un problema cuyo precio ya paga la economía nacional.
Un informe de la Defensoría del Pueblo publicado el 7 de junio señala que 86 de los 130 conflictos sociales en curso en Perú están relacionados con la acción de compañías mineras y otro estudio del Banco de Crédito del Perú arrojó que la producción minera nacional cayó un 0,5% el pasado marzo.
Para el ministro Sánchez Palomina, "el país está perdiendo una oportunidad" al no beneficiarse todo lo que podría de los altos precios de las materias primas.
Pero las divergencias en torno a Las Bambas no son nada nuevo.
La mina ha visto paralizada su producción cerca de 400 días desde que comenzó a operar en 2016. En 2015 tres personas murieron en enfrentamientos con la policía en una protesta contra su entrada en funcionamiento.
Además de Huancuire, otras comunidades vecinas como Chila, Fuerabamba, Choaquere, Pumamarca y Chuicuni están en pie de lucha contra Las Bambas y han bloqueado los accesos a la mina para impedirle producir. Cada una tiene su propia lista de quejas, en la que destacan el incumplimiento de la promesa de darles trabajo en la instalación y supuestos daños al medio ambiente.
El pulso en torno a Las Bambas y la negativa de la comunidad de Huancuire a cumplir el contrato que sus mayores firmaron sobre Chalcobamba se ha convertido en un problema nacional y el envío de sucesivas comitivas de ministros y cada vez más agentes de policía a la zona no han servido hasta ahora para solucionarlo.
Cuando el pasado 19 de mayo el primer Ministro, Aníbal Torres, viajó a la zona para reunirse con los comuneros, fue recibido con gritos de protesta y se marchó sin que se llegara a ningún acuerdo, como pudo presenciar BBC Mundo.
Se trata de un asunto incómodo para Castillo, que prometió en la campaña una nueva relación con las compañías extranjeras para que su actividad redunde en beneficio de los peruanos y que fue candidato de un partido, Perú Libre, que aboga por la nacionalización de los recursos naturales.
Baltazar Lantarón, gobernador de Apurímac, tiene claro que la mina parada no es un buen negocio. Según sus cálculos, Las Bambas aporta un 70% del PIB de la región. "Aparte de generar ingresos, genera trabajos también", indica en conversación con BBC Mundo.
Los más preocupados son quienes dependen de la mina para comer. Según cálculos sindicales son aproximadamente 9.000 los empleos directos e indirectos en peligro por la paralización de la mina. Uno de los que se ha quedado de momento sin trabajo es Eyner Arredondo.
"Sin poder trabajar nos sentimos en la calle, en la nada. En Apurímac prácticamente todo el pueblo apoyó a este gobierno. Pero nos hemos sentido defraudados".
El ministro Sánchez Palomino, que ha viajado varias veces a la zona para desbloquear el conflicto, recuerda que Castillo lleva menos de un año en el gobierno y para un problema tan complejo, no existen "soluciones de un día a otro".
Tensión en la mina
En la mina la tensión se palpa. Un fuerte dispositivo de seguridad custodia unas instalaciones, en las que impera una extraña calma lejos de la febril actividad de otras épocas.
Un nutrido contingente de policías equipados con material antidisturbios recibe a los reporteros, sobre los que vuela alguna pedrada intimidatoria del grupo de comuneros apostados a la entrada.
Al otro lado de la valla de acceso, media docena de autos carbonizados. Según el personal de seguridad de la compañía, los comuneros los quemaron en sus ataques a las instalaciones.
En un alto sobre el tajo principal, los vehículos de acarreo, gigantescos camiones encargados de transportar el mineral en bruto, llevan semanas estacionados. La única maquinaria en funcionamiento son las que se encargan de asegurar su mantenimiento.
Pero, mientras los trabajadores de la mina se manifiestan en Lima en busca de soluciones y la compañía asegura que la situación es "extrema e insostenible", en Huancuire las cosas se ven de manera radicalmente diferente.
Familias enteras pasan el día dedicadas a recolectar papas. Montañas de ellas se agrupan junto a los sembrados. Al mediodía, hacen una pausa y cocinan algunas bajo la tierra para comerlas con algo de queso casero mientras conversan animadamente en quechua.
"El Estado nunca pisó aquí"
Una de las más jóvenes es Ruth Candia Ochoa. A sus 25 años, el suyo es un caso poco frecuente en la comunidad. Marchó a Arequipa a formarse y ahora de vuelta es una de sus dirigentes y completa sus estudios de Administración de Empresas.
Pese a su juventud, dice recordar la época en la que sus mayores rendían ofrendas rituales a Chalcobamba y otros cerros, a los que veían como montañas sagradas. Por eso lamenta especialmente la cesión de Chalcobamba.
"A medida que han pasado los años, la gente se ha dado cuenta de que no hubo ningún progreso en la comunidad", afirma.
"Nosotros necesitamos espacio para la ganadería y para la agricultura, y los ancianos se dan cuenta de que cedieron la mitad del territorio a cambio de nada. Por eso los jóvenes estamos en pie de lucha".
Candia asegura que tienen la lección aprendida y esta vez no cederán ni ante la compañía ni ante el Estado, que según ella nunca antes se interesó por ellos.
"Ni un alcalde pisó nunca aquí antes de que apareciera la minería".
Ruth, como otros jóvenes de la comunidad, se siente dolida por cómo se ve el conflicto desde otros lugares de Perú. "Nos critican en las redes sociales, diciendo que queremos plata y más plata, que no somos capaces de pensar en otras personas. En nosotros nunca ha pensado nadie".
"Si la empresa se va después de explotar todos estos recursos, ¿quién se acordará de nosotros?"
FUENTE: BBC Mundo
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Dana Vazquez
