El inicio de sesiones del Congreso con una mayor presencia republicana intentará obstaculizar la gestión de Obama, pero en el menú de medidas se atiende poco a las necesidades reales y se le da más importancia a las abstracciones

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El Congreso norteamericano inició sesiones con su nueva conformación tras las elecciones del pasado noviembre. La Cámara de Representantes está ahora en manos de una mayoría republicana, mientras que el Senado continúa en manos demócratas aunque con una mayoría reducida en relación a la anterior. El congresista republicano John Boehner fue designado como presidente de la Cámara en reemplazo de la demócrata Nancy Pelosi, quien vuelve a ocupar su lugar como líder de la minoría.

Este nuevo mapa político marcará el ritmo de los próximos dos años durante los cuales estará sobrevolando permanentemente la elección presidencial del 2012. En este contexto, los republicanos han decidido tomar el toro por las astas y poner a la presidencia de Obama bajo una feroz supervisión en relación al nivel de gastos del gobierno. Para empezar, en una apretada carrera de 20 días, se proponen derogar todos los paquetes legislativos aprobados en los dos primeros años de Obama. Entre ellos están la reforma financiera y, principalmente, la reforma sanitaria.

Lograr esto les permitiría no sólo marcar territorio, sino dar una enorme demostración de poder antes del Discurso del Estado de la Unión que el presidente debe pronunciar ante la sesión conjunta del Congreso el 20 de enero. También pondría a Obama en una posición de debilidad extrema frente a un Legislativo que sería el que le marque los tiempos y los contenidos de la agenda política en los próximos dos años.

De todas maneras pocos creen que los republicanos puedan derogar estas leyes debido a que el Senado todavía está bajo control demócrata; y aún si superasen ese obstáculo, el propio Obama puede obstruir la sanción final de esa derogación. No obstante, los republicanos buscarán obtener esa victoria inicial en la Cámara de Representantes para torcerle el brazo a Obama y forzarlo a adoptar compromisos de austeridad.

El problema de fondo que existe detrás de todo este ruido es que este nuevo Congreso dominado por los republicanos se arriesga a cometer los mismos errores que hace una década y media atrás. Para el año 1995, el flamante presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, lideró la llamada "revolución republicana" que puso bajo asedio permanente al entonces presidente Bill Clinton retaceándole los fondos necesarios para la implementación de sus políticas y rechazando los presupuestos del Estado, desfinanciando completamente a la administración pública. Esto, sumado a una cacería de brujas sobre funcionarios de la Casa Blanca, despertó una gran antipatía en la opinión pública y le costó a los republicanos la presidencia dos años después.

Hoy parece haber una intención de reeditar esa historia ya que durante algunos días previos al inicio de sesiones, el líder de la mayoría republicana, Eric Cantor, afirmó que se iniciarían no menos de 10 investigaciones sobre manejos en el seno del gobierno de Obama al cual calificó como "el más corrupto de la historia". Esto puede ser un boomerang para los republicanos ya que la sociedad estadounidense suele ser poco afín a esta clase de hostigamiento entre los poderes del Estado, porque creen que los distrae de ocuparse de los problemas reales de las personas.

Este último razonamiento nos lleva al título de este artículo. Una de las notas salientes de la sesión inicial de la Cámara de Representantes fue dar lectura al texto de la Constitución como forma de recordar los principios a los cuales los legisladores deben atenerse a la hora de sancionar leyes. Esto no es un problema en sí mismo, todo lo contrario. El problema pasa por tomar a la Constitución (y en especial a la Constitución de los Estados Unidos) al pie de la letra. Este es un principio moral muy caro al conservadurismo norteamericano: "si no está explicitado en la Constitución, entonces es inconstitucional".

El problema es que la Ley Fundamental de este país ha sufrido escasas modificaciones en relación a su texto original de 1791 y, por lo tanto, es imposible que sus redactores originales previesen los problemas reales de una sociedad 220 años después. Esta es la antinomia entre las abstracciones y las realidades concretas. En una editorial del Washington Post se afirma que Edmunde Burke, uno de los más encumbrados pensadores conservadores del siglo XVIII, sostenía que "las abstracciones son el peor enemigo del gobierno responsable".

Siempre se deben ejercer funciones de gobierno bajo la guía de los principios y las convicciones. Pero nunca esas convicciones deben estar ajenas a las necesidades concretas de una sociedad, de lo contrario son mero dogmatismo. Este nuevo Congreso con fuerte presencia conservadora, mucha de la cual surgió de las filas del Tea Party, corre seriamente ese riesgo. Derogar las leyes de reforma sanitaria y de salud sin ofrecer otra razón más seria que afirmar que son costosas y sin siquiera esbozar algún camino alternativo es una muestra de dogmatismo. Estos nuevos legisladores provenientes del Tea Party prefieren vociferar que varias iniciativas legislativas del gobierno son inconstitucionales –de nuevo en abstracto– sin decir nada sobre qué opinan sobre el establecimiento de un nuevo salario mínimo, o sobre normativas ambientales, o si se le debe poner alguna clase de control a la información que circula por internet, o qué hacer con Wikileaks, temas que jamás se le habrían cruzado por la cabeza a un constituyente de 1791. Ninguno de ellos habría alcanzado a imaginar un fenómeno que hoy nos es tan cotidiano como Facebook.

Otra de las abstracciones favoritas de los conservadores es la "excesiva regulación" de parte del gobierno, algo que es mucho más cómodo que pensar cómo hacer que las transacciones financieras sean más transparentes y no busquen la maximización de sus ganancias a expensas o estafando a sus clientes. En definitiva, su pasión no está puesta en qué debe o qué no debe hacer un gobierno, sino simplemente en el "gobierno mínimo" como imperativo moral. A lo largo de la campaña electoral hicieron mucho hincapié en la necesidad de realizar un recorte de 100 mil millones de dólares en el gasto público el cual ahora están en condiciones de llevar adelante. El problema es que en ningún momento se explica cómo ese recorte va a afectar a las becas estudiantiles, a la infraestructura, a la calidad educativa o a la investigación científica.

El economista Joseph Stiglitz pone en claro cómo afecta el recorte de gastos al conjunto de la sociedad. Afirma que "para poner a la economía en movimiento algunas personas deben, en efecto, sufrir una cuota de dolor. Pero la creciente concentración de la riqueza nos da una guía clara de quiénes son los que lo sufrirán: aproximadamente una cuarta parte del ingreso nacional se concentra en el 1% de la población, mientras que el ingreso de la mayoría de los estadounidenses es hoy más bajo que hace una década atrás. En otras palabras, la mayor parte de los norteamericanos no disfrutaron de lo que fue la Madre de Todas las Burbujas. Entonces, ¿por qué deben ser las víctimas inocentes y aquellos que no ganaron nada durante esa falsa prosperidad quienes deben pagar más el costo de la crisis?".

Estas no son abstracciones, estos son problemas reales. Si la abstracción de la "libertad de mercado" o la "excesiva regulación" primarán por sobre la atención a las urgencias concretas de una sociedad que reclama respuestas, es probable que los conservadores republicanos se encuentren atrapados en su propia retórica dogmática en un plazo muy corto y terminen, a la larga, haciéndole más sencillo el juego a Obama.

(*) Licenciado en Relaciones Internacionales. Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

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