Cambio de táctica, misma estrategia
La oposición venezolana y varios países de la región han decidido que la única solución para la crisis en Venezuela es la destitución de Nicolás Maduro de la presidencia del país caribeño, y en pos de ello, desde hace más de 2 años, han desplegado un complejo y heterogéneo conjunto de iniciativas: la creación del Grupo de Lima; el no reconocimiento al proceso electoral venezolano en 2018, así como a la posterior asunción de Maduro a un nuevo mandato; el juramento de Juan Guaidó como presidente encargado; el reconocimiento de varios países de la región a Guaidó como autoridad máxima del país; el intento de ingreso de ayuda humanitaria, con concierto musical incluido; la instigación a sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a realizar un levantamiento contra el gobierno chavista; la liberación del opositor Leopoldo López; la amenaza de intervención de los Estados Unidos; la mediación de Noruega en el diálogo entre el Gobierno y la oposición; y las sanciones económicas direccionadas tanto hacia los activos de Venezuela en el exterior como a personas físicas ligadas al gabinete de Maduro, entre otras.
A esta larga lista, hay que agregarle una última medida: el intento de aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra la República Bolivariana de Venezuela.
Ante el fracaso que cada uno de los hechos mencionados en la lista anterior supuso para lograr el objetivo final, que es lograr un cambio de gobierno en Venezuela, la activación del TIAR supone un paso más, que materializa la necesidad de otorgarle a esta estrategia un marco jurídico e institucional, además de poner sobre la mesa una serie de posibles medidas y extenderlas a terceros Estados que no son parte del continente americano.
¿’Letra muerta’ o instrumento válido?
El TIAR es un pacto de defensa mutua interamericana firmado en el año 1947 y pensado por los Estados Unidos de América, en su rol de potencia hemisférica, como un instrumento de seguridad para el escenario bipolar que caracterizó la segunda posguerra.
En su artículo 3°, el TIAR afirma que “en caso de un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de la legitima defensa (…)”.
Se comprende que, ante la coyuntura geopolítica reinante en esos años, un esquema de seguridad semejante fue ungido para institucionalizar la defensa del continente frente a posibles ofensivas militares provenientes de países extra hemisféricos.
No obstante, muchos de los detractores de este Tratado han señalado que constituye ‘letra muerta’, fundamentalmente en América Latina. Ejemplo de esto es que su aplicación brilló por su ausencia en la caso de la Guerra de Malvinas, donde una potencia extra hemisférica protagonizó una conflagración bélica con la república Argentina.
De todas maneras, el TIAR ha sido invocado una veintena de veces, siendo la última en el año 2001, luego del atentado en Nueva York, el 11 de septiembre. Sin embargo, en la mayoría de estas ocasiones, y a razón de conflictos en América Central, los mecanismos que resolvieron estas crisis respondieron mayormente a esquemas ad hoc, como el Grupo Contadora, y no a las medidas contempladas en el TIAR.
Desde su firma en la década del 40 hasta nuestros días, varios países de los 24 originales que suscribieron el TIAR lo han abandonado: México, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero desde la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado y su posterior reconocimiento por parte de la Secretaría General de la OEA, el presidente de la Asamblea Nacional tramitó la reincorporación de Venezuela al TIAR, y ha pedido su activación contra su propio país.
Para esto, los cancilleres que votaron a favor de iniciar la activación del TIAR contra Venezuela se apoyaron en el artículo 6°, que no define con precisión qué constituye una amenaza a la paz y seguridad regionales. Solamente establece que el Órgano de Consulta debe reunirse inmediatamente si la soberanía de un Estado americano se pone en riesgo por tres supuestos: una agresión, un conflicto intracontinental o extracontinental, o cualquier situación o hecho que pueda poner en peligro la paz de América. Este último supuesto es el que resulta problemático al ofrecer una interpretación muy amplia y ambigua de lo que podría constituir un peligro a la paz.
Los Estados que pidieron la invocación del Tratado, y más concretamente Colombia, argumentaron que Maduro apoya a los grupos considerados “narcoterroristas” como el Ejército de Liberación Nacional o las FARC. A raíz de esto, Venezuela pondría en peligro la paz de América y por consiguiente, el Tratado podría ser aplicado por lo expuesto en el artículo 6°.
Por todas estas cuestiones, 12 países, incluido el representante de Guaidó en el TIAR, votaron a favor de la convocatoria al Órgano de Consulta, que evaluará las medidas a tomar, y que están especificadas en el artículo 8°. Estas medidas van desde la ruptura de relaciones diplomáticas hasta el uso de la fuerza militar.
Paraguas jurídico y advertencia a terceros
La convocatoria al Órgano de Consulta, que el 23 de septiembre resolvió empezar a estudiar las posibles aplicaciones del TIAR, constituye un marco jurídico para lograr la intervención, ya sea económica, política o militar, en Venezuela. Y esto supone una cuestión inédita en el tratamiento de la crisis, ya que las iniciativas mencionadas en el primer apartado que no concluyeron en el derrocamiento de Maduro carecían de un esquema institucional en el cual ampararse, sino que se sustentaron en tácticas ad hoc sin obligaciones para los países que participaron en ellas.
Por otro lado, y ante las acusaciones de los Estados Unidos a Rusia y a China de sostener al gobierno chavista, el TIAR también supone un instrumento a través del cual los Estados americanos pueden actuar en conjunto en el caso que una potencia extranjera intervenga en las cuestiones regionales. Si bien esto parece improbable, ya que las acciones rusa y china han sido fluctuantes y no han ido más allá de apoyo logístico o comercio armamentístico, es un factor a tener en cuenta dada la importancia geopolítica que tiene Venezuela y la interdependencia que caracteriza las relaciones entre las potencias mundiales.
Conclusiones
La iniciativa para activar el TIAR puede suponer otra medida insuficiente para la oposición venezolana y sus aliados en su objetivo de forzar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, o bien puede significar un paso más hacia una posible ofensiva militar.
Resulta preocupante esto último, ya que el sistema interamericano tiene herramientas que contemplan la solución pacifica de las controversias y que no han sido tenidas en cuenta, como el Pacto de Bogotá, que también nació a la luz de la OEA en la misma década del 40. También es necesario recalcar que la crisis humanitaria o las acusaciones de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, no constituyen motivos para la instrumentación de un esquema de seguridad colectiva, como lo es el TIAR. De hecho, a lo largo del siglo XX hubo interrupciones al orden democrático, derrocamientos de gobiernos constitucionales, violaciones de derechos humanos y genocidios, y en ninguno de estos casos se contempló la posibilidad de activar el TIAR.
Incluso si las acusaciones del presidente Duque fueran ciertas, y Venezuela estuviese apoyando a los grupos insurrectos en Colombia, la aplicación del TIAR supondría desconocer los instrumentos para resolver pacíficamente las controversias entre dos o más Estados del continente.
Ya sea para contemplar una posible ofensiva militar o para sumar un elemento de tensión con potencias extra hemisféricas, la activación del TIAR es algo preocupante y no parece ser el procedimiento idóneo para resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que vive actualmente la República Bolivariana de Venezuela. Sencillamente porque, en la historia de América Latina, este instrumento de seguridad no fue parte de ninguna solución viable y duradera.
(*) Santiago Toffoli es integrante del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI)
FUENTE: Síntesis Mundial
