El presupuesto para desarrollo tecnológico y productivo para la Defensa era prácticamente inexistente en 2003. Los únicos gastos contabilizados eran los 60 millones de pesos asignados a Fabricaciones Militares para producción y los 1,6 millones asignados a investigación y desarrollo en El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

La situación ha cambiado drásticamente en estos 12 años. Para el 2015, el gobierno ha presupuestado 4.272 millones de pesos para desarrollos tecnológicos y productivos en la industria vinculada a la defensa nacional. Se trata de gastos que contribuyen a la creación de empleo, diversificación y modernización de la matriz productiva y afianzamiento de la soberanía nacional, ya que incrementan el dominio por parte del Estado Nacional sobre tecnologías de la defensa y su aplicación a los procesos productivos respectivos.

Quedábamos atrapados en un círculo vicioso de baja tecnología: no desarrollábamos capacidades porque no había suficiente demanda, y no las demandábamos en Argentina porque nos decían que no había capacidad de hacerlas.

Un total de 1.572 millones se destinan al desarrollo de la industria vinculada a la defensa aérea. Se han firmado contratos entre el Ministerio de Defensa y la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), a los fines de desarrollar y fabricar aviones de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa, modernizar y remotorizar aviones IA-58 Pucará (623 millones) y brindar servicios de mantenimiento a las flotas de la Fuerza Aérea y del Comando de Aviación Naval de la Armada (529 millones). El resto se destina a contratos con INVAP para el desarrollo y producción de drones (403 millones) y la recuperación de radares móviles (17 millones).

También se fomentan la industria militar naval y terrestre. Mediante el contrato entre la Armada y el astillero recuperado TANDANOR, se ha realizado la reparación del Rompehielos Almirante Irizar, al cual, para su fase final, se le han asignado 34 millones en el corriente año. Por otro lado, ya se ha previsto el desembolso de 95 millones de pesos para el recientemente firmado contrato de modernización de los tanques TAM 2C en el país.

Fabricaciones Militares ha recibido una asignación de 1.946 millones. De ese total, 1.689 están destinados a financiar la producción de una diversidad de insumos para las fuerzas armadas (FFAA) y fuerzas de seguridad (FFSS), y de productos comercializables, así como también la producción de vagones Tolva para el Ministerio del Interior y Transporte. Los 257 millones restantes se asignan a importantes proyectos, como plantas de producción de municiones, explosivos, químicos y una línea de ensamble de vagones, entre otros.

El sector farmacéutico también está presente en la producción para la Defensa. Se han dispuesto 16,5 millones de pesos para la producción de medicamentos en laboratorios militares dependientes del Estado Mayor Conjunto.

Para actividades de I+D puras se han asignado 608 millones, distribuidas entre CITEDEF, los institutos de Investigación y Desarrollo de las FFAA, la Escuela de Defensa Nacional, la Subsecretaría de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y el Servicio Meteorológico Nacional. Dentro de ese total, CITEDEF cuenta con 10 millones de pesos para proyectos de inversión, entre los que se incluyen la instalación y modernización de laboratorios y la construcción de un vector atmosférico.

Las cifras muestran una fuerte decisión política de reconstruir el sector de tecnología y producción para la defensa. Doce años atrás, el sector estaba pulverizado. No había contratos con industriales locales para mantenimiento, desarrollo y producción de equipos e insumos. No se apostaba a la capacidad y los recursos humanos de las universidades y empresas estatales locales. No existía la ambición de incurrir en tecnologías más complejas ni de buscar mercados externos a nuestra producción militar, y el complejo industrial militar había sido virtualmente desmantelado. Quedábamos atrapados en un círculo vicioso de baja tecnología: no desarrollábamos capacidades porque no había suficiente demanda, y no las demandábamos en Argentina porque nos decían que no había capacidad de hacerlas. La decisión política, materializada en las asignaciones presupuestarias, permitió salir de esta trampa.

Los beneficios potenciales de estos desarrollos son múltiples: se ahorran divisas, se genera empleo genuino de alta calificación y, por sobre todo, se generan capacidades productivas, que son aprendizajes que actúan como semillas para futuros desarrollos tecnológicos, no sólo en las industrias estatales de la defensa sino también en las empresas privadas locales que les proveen. Además, al aumentar la escala, se incrementa la eficiencia del área: por ejemplo, CITEDEF, pasó de gastar 9 pesos en gastos administrativos por cada peso de I+D en 2003, a sólo 67 centavos en 2015.

En síntesis, en los últimos 12 años el presupuesto para desarrollos tecnológicos y productivos de la industria de la defensa se ha multiplicado 60-70 veces, aumentando no sólo en cantidad sino también en calidad, eficiencia, complejidad y variedad.

 

(*) Master en Economía de la Universidad de Ginebra - Investigador de la Fundación para la Integración Federal

EL JUICIO

La cuestión de fondo es el pago de títulos de deuda que cayeron en default en 2001. En otras palabras, la justicia debe dictaminar cuánto, cómo y cuándo debe pagar Argentina por dicha deuda. Con el objetivo de incrementar la confianza y reducir las tasas, un importante volumen de deuda se había emitido bajo ley estadounidense. Esto significaba que, en caso de entrar en cesación de pagos, sería el sistema judicial de EE.UU. y no el argentino el que trataría el caso. El default de 2001 activó entonces dicho proceso, llevado adelante por el juez Thomas Griesa, y se fue complementando por una gran cantidad de intentos de embargo de activos del Estado argentino en el exterior por parte de los tenedores de deuda en default, siendo el más resonante de ellos el episodio que involucró a la Fragata Libertad en Ghana.

Las dos partes en litigio son el Estado argentino por un lado y los tenedores de deuda en default por el otro. La recesión de fines de los ’90 y las crisis de deuda en los mercados emergentes habían hecho derrumbar el valor de los papeles argentinos, y con el default quedaron a tan sólo un 20% de su valor nominal. Bajo la expectativa de perder el poco valor que les quedaba, muchos pequeños ahorristas que habían invertido en bonos argentinos malvendieron sus tenencias, que fueron adquiridas por fondos de inversión. Así, habiendo adquirido los papeles a un quinto de su valor facial, se podría obtener una tasa de ganancia del 100% negociando el cobro de sólo el 40% del mismo, y del 400% en caso de ir a juicio y cobrar la totalidad. Es por este comportamiento carroñero (aprovechar los despojos mórbidos dejados por la crisis en términos de títulos subvaluados) que dichos fondos fueron apodados “buitres”.

Sólo el 7% de la deuda original se encuentra en litigio. Tras los exitosos canjes de deuda de 2005 y 2010, el 93% de la deuda en default fue canjeada por nuevos títulos con una importante quita de capital. En estos canjes ingresaron tanto los tenedores de buena fe (a la expectativa de asegurar un cobro y evitar un juicio) como algunos fondos buitres (obteniendo ganancias del 100%). Buena parte de los bonos nuevos emitidos con los canjes se rigen por la ley norteamericana.

Sólo el 7% de la deuda original se encuentra en litigio. Tras los exitosos canjes de deuda de 2005 y 2010, el 93% de la deuda en default fue canjeada por nuevos títulos con una importante quita de capital.

¿En qué estado se encuentra el juicio hoy? Tras fallos de primera y segunda instancia en contra de la Argentina, nuestro país apeló le medida para que el caso sea tratado por la Suprema Corte de Justicia de EE.UU. Ahora las partes deben esperar a que dicho tribunal decida, primero, si toma el caso, y luego que se expida sobre la cuestión de fondo. Se espera que la Corte no tome una decisión sobre la primera cuestión antes del próximo año.

ESCENARIOS

El primer escenario que debe barajarse es el de la negociación directa. Algunos fondos buitres, como Gramercy y Fintech, ingresaron a los canjes de deuda, por lo cual no debe descartarse que los que aún mantienen en pie el juicio contra nuestro país (principalmente los fondos Elliot y Dart) acepten sentarse a negociar para finalmente habilitarles un nuevo canje. El escenario se bifurca en dos según las condiciones de repago negociadas. Si éstas son iguales o más leves que las de los canjes anteriores, Argentina se verá muy beneficiada: el monto a pagar es pequeño en relación a la capacidad de pago del país, y además, al salir del default, este pago podrá financiarse en el exterior sin mayores problemas. Distinto es el panorama si los términos de pago son más duros: en ese caso Argentina no sólo deberá pagar más a quienes litigaron sino que también deberá pagar a quienes ingresaron al canje la diferencia entre lo que ya recibieron y lo pactado en las nuevas condiciones. O sea, por cada dólar negociados por encima de las condiciones de los canjes anteriores, el gobierno deberá además abonar otros 13 para compensar a quienes ya habían ingresado, generando un fuerte salto en el gasto y la deuda del Estado.

Si la Corte rechaza el caso o ratifica los fallos de primera y segunda instancia, Argentina entraría en “default técnico”. El país se verá obligado a abonar el 100% del valor de nominal de los títulos defaulteados, más los intereses, y a su vez se gatillarán pagos a quienes entraron a los canjes por un valor aproximado a las quitas. Obviamente, ninguna economía estaría en condiciones de afrontar semejante erogación, por lo cual el gobierno argentino ya anunció que no acatará el fallo. Sin embargo, esto haría que EE.UU. embargue el dinero depositado para pagarles a quienes tienen títulos bajo ley de EE.UU., incurriendo Argentina en un “default técnico” con estos acreedores ya que, a pesar de depositarles el dinero para que cobren, se verían impedidos de hacerlo ya que la justicia norteamericana repartiría dicho dinero con los ganadores del juicio.

Sin embargo, esto no resultaría tan catastrófico como parece. Argentina puede ofrecer un canje por bonos idénticos a los que tienen sede judicial en EE.UU. pero con la sola diferencia de que sean pagaderos en otro lugar, como Argentina o un tercer país. Normalmente, todos los tenedores deberían entrar ya que la alternativa sería simplemente no cobrar su dinero, y Argentina quedaría a salvo del default técnico en dichos títulos. Por otro lado, el costo de desobedecer la decisión judicial se vería en el acceso al financiamiento externo, pero el mercado ya lo ha descontado en su mayoría y por otro lado Argentina ha mostrado voluntad y capacidad de pago de todas las deudas contraídas desde el 2003.

INTERESES Y APOYOS

Los posibles escenarios generan intereses en terceras partes para intentar ejercer influencia en el resultado final del juicio apoyando a uno u otro lado. Como el resultado final del juicio afectará a actores ajenos al litigio propiamente dicho, han surgido diversos incentivos para que aquellos busquen influir en el proceso judicial.

Los intereses en juego son de diversos tipos y se materializan en presentaciones “amicus curiae”. Desde el punto de vista económico y geopolítico, se destacan los apoyos de los gobiernos de Francia, México y Brasil a favor de Argentina, ya que Argentina les sirve más como un socio político y comercial y destino de inversiones que como un país agobiado por la deuda. Desde el punto de vista académico, Argentina cuenta con los apoyos del Nobel de Economía Joseph Stiglitz y la ex-directora del FMI Anne Krueger, debido al peligro que un fallo negativo tendría sobre el sistema financiero internacional y las economías emergentes: éstas quedarían atrapadas en una trampa de endeudamiento, ya que, de hacer caso a las demandas de los buitres, estas economías deberían endeudarse en demasía para salir de su anterior crisis de deuda. Y desde el punto de vista financiero, existe el apoyo de quienes poseen bonos bajo ley norteamericana y de toda la industria financiera de Nueva York: ocurre que un fallo a favor de los buitres haría caer los bonos de los primeros en default y perjudicaría a los segundos al hacer que Nueva York deje de ser la plaza utilizada para reestructuraciones de deuda. Y esto en particular afectaría al Bank of New York, encargado de efectuar los pagos a quienes hoy poseen bonos argentinos, ya que pesarían sobre sí, de manera simultánea, la obligación de pagar a los tenedores de deuda reestructurada y la sentencia judicial sobre la deuda en default.

Desde el punto de vista económico y geopolítico, se destacan los apoyos de los gobiernos de Francia, México y Brasil a favor de Argentina.

ESTRATEGIAS

Aventurar sobre posibles estrategias requiere contemplar qué tienen para ganar y perder cada uno de los actores con sus acciones. La probabilidad de una salida negociada aumentará en la medida que la probabilidad de una solución favorable a los buitres en el corto plazo disminuya. Es decir, si la expectativa es que la Corte fallará a favor de Argentina, que dilatará los tiempos del caso o simplemente que Argentina conseguirá la manera de no acatar un fallo en su contra, entonces los buitres se verán forzados a negociar para obtener alguna ganancia.

Así, la posibilidad de que Argentina termine pagando la totalidad de lo que los buitres reclaman parece remota. Al país no le conviene y tampoco estará jamás en condiciones de hacerlo ya que ello gatillaría pagos adicionales por varias decenas de miles de millones de dólares, en tanto que a los buitres tampoco les conviene insistir eternamente con el pago del 100% del valor de los títulos ya que estos fondos son, en definitiva, instituciones con fines de lucro, y su éxito dependerá de su capacidad de maximizar el valor presente de sus activos. Si la probabilidad de cobrar disminuye o parece muy lejana en el tiempo, a los buitres les terminará siendo conveniente sentarse a negociar algún esquema de pago con quita factible para Argentina.

En definitiva, todo parece indicar que Argentina se jugará a todo o nada y los buitres se verán forzados a negociar. Un canje voluntario de títulos parece en principio permitirle al país desoír el fallo de la Suprema Corte, con lo cual tarde o temprano los buitres tendrán que elegir entre la oferta argentina o nada. 

 

(*) Master en Economía de la Universidad de Ginebra - Investigador de la Fundación para la Integración Federal

El IPCNu es un indicador que mide los cambios en el costo monetario de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de todos los aglomerados urbanos del país. No debe confundirse con un índice de costo de vida. Este último es un concepto teórico que mide los cambios en el gasto necesario para mantener un determinado nivel de bienestar. Esto supone que, ante cambios en los precios relativos, los individuos sustituyen las variedades más caras por otras más baratas. El índice de precios, en cambio, simplemente tiene en cuenta la canasta de bienes relevada empíricamente.

El IPCNu es representativo de todo el consumo urbano del país. Esto abarca a más del 90% de la población ya que se cubren los 146 principales aglomerados urbanos, logrando así un sustantivo avance respecto a todas las otras mediciones, que abarcaban una sola provincia o un solo aglomerado urbano

La metodología del índice es pública, rigurosa y superadora. La misma está detallada en un documento de 194 páginas, disponible en el sitio web del INDEC. Allí se puede apreciar la rigurosidad aplicada en las dos etapas clave de la construcción del índice, que son el cálculo de las ponderaciones de cada producto y la elección de la muestra de productos, y todas las aclaraciones hechas en cuanto a las limitaciones, supuestos y posibles desventajas de los métodos empleados. El resultado es un indicador que es superador de su antecesor (el IPC GBA) y de sus alternativas contemporáneas (mediciones provinciales y privadas) en 3 aspectos: cobertura geográfica, ponderaciones y muestreo. Mención aparte merece la comparación con el “Índice Congreso”, ya que aquí la superioridad del IPCNu no es atribuible tan sólo a alguno de esos 3 aspectos puntuales sino ya directamente a la integridad de la metodología: el “Índice Congreso” es un promedio simple de 5 mediciones privadas, lo cual no tiene ningún tipo de razonamiento estadístico detrás y lo convierte en un burdo indicador sin el más mínimo asidero.

El IPCNu es representativo de todo el consumo urbano del país. Esto abarca a más del 90% de la población ya que se cubren los 146 principales aglomerados urbanos, logrando así un sustantivo avance respecto a todas las otras mediciones, que abarcaban una sola provincia o un solo aglomerado urbano. La cobertura geográfica no es una cuestión menor, ya que los precios de dos productos pueden ser los mismos entre dos regiones pero sus ponderaciones en la canasta de consumo muy diferentes. Así, por ejemplo, alimentos y transporte representan el 27% y 23% del gasto de consumo en la Patagonia, respectivamente, mientras que para el NOA dichas cifras son 40% y 18%; si en enero de 2014 los aumentos de precios respectivos fueron de 3,3% y 5,4%, entonces el impacto inflacionario total fue significativamente mayor en la Patagonia que en el NOA, el impacto a nivel nacional dependerá a su vez del peso de cada región tenga en el consumo nacional.

Las ponderaciones se hacen en base a la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2012/2013. Este relevamiento abarca a 40.000 habitantes de todo el país y mide qué y cuanto consumen los argentinos, atendiendo las particularidades de cada región. Así, se elimina cualquier tipo de discrecionalidad en la determinación de los pesos de cada producto en la canasta ya que éstos son tomados de la observación empírica. Además, permite contar con información reciente sobre la composición de la canasta e incorporar al índice los diferentes pesos que tienen los bienes en cada región. Es justamente por estas ventajas que el IPEC (Santa Fe) cesó la elaboración de su índice de precios al consumidor: las canastas estaban muy desactualizadas y el nuevo IPCNu cubre ya las particularidades del consumo de la Región Pampeana.

La nueva gestión al frente del Ministerio de Economía avanza firmemente en la dirección de instalar valores de referencia más representativos, mientras algunos intentan poner palos en la rueda

Las mejoras en el muestreo son el resultado de la cooperación con los organismos internacionales, que por cierto se ha limitado exclusivamente a este aspecto. La principal colaboración del FMI consistió en la introducción de selección aleatoria entre las distintas marcas o formatos de cada bien que compone la canasta. De esta manera se evita que el índice sufra de sesgos por selección arbitraria de las variedades incluidas. Otra colaboración en este sentido provino de los manuales de la OIT, de donde se toma la técnica para asignar las probabilidades de muestro según población y número de viviendas.

A pesar de contar, entonces, con un índice cualitativamente mejor que el IPC GBA, aún persisten los intentos por sembrar dudas sobre su credibilidad. Estas acciones no tienen otro fin que buscar el fracaso de la política económica, ya que, sin ningún tipo de fundamentos, describir al IPCNu como “falto de credibilidad” y de “metodología desconocida” no puede tener otro fin que impedir que la medición oficial de inflación se instale como referencia para los agentes económicos al momento de fijar precios y negociar en las paritarias. De hecho, la descalificación del índice llega al absurdo de decir que “no se sabe qué negocios se están relevando”, siendo que se trata de una lista de 13.000 locales y 200.000 productos que de la que difícilmente pueda sacarse una conclusión y que además hay, de por medio, compromisos de confidencialidad de parte del INDEC en cuanto a la información individual.

En conclusión, la nueva gestión al frente del Ministerio de Economía avanza firmemente en la dirección de instalar valores de referencia más representativos, mientras algunos intentan poner palos en la rueda. El nuevo IPCNu cuenta con la rigurosidad metodológica necesaria para recuperar su rol como cifra de referencia en las negociaciones salariales y sectoriales, y buena parte del arco político y los economistas (Orlando Ferreres, Graciela Bevacqua, Aldo Ferrer, etc.) lo han respaldado. Sin embargo, nunca faltan quienes están directamente interesados en que la política económica fracase y con ese exclusivo fin intentan minar la credibilidad del índice sin ningún tipo de argumento técnico más que las deficiencias del IPC GBA que precedió al IPCNu.

 

(*) Master en economía de la Universidad de Ginebra - Investigador de la Fundación para la Integración Federal

A más de 10 años de la crisis de 2001, el valor del dólar ha vuelto a instalarse como una preocupación a nivel nacional. A raíz de ello, han surgido numerosos análisis, con una perspectiva exclusivamente técnica que reduce todo a un problema de exceso de demanda e incertidumbre inducidos desde el Estado, ignorando así la influencia determinante de los factores no económicos y sesgando las conclusiones. Proponemos aquí una perspectiva diferente, rigurosa y ecléctica.

Tras 10 años de calma y funcionamiento suave, se han vuelto a observar fuertes oscilaciones en el mercado cambiario. Entre mayo de 2003 y noviembre de 2013 el peso se depreció un 106%, lo cual equivale a una  tasa anualizada de sólo 7%. Sin embargo, entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, la moneda local se depreció 35%, lo cual equivale a una tasa anualizada del 235%. La mitad de dicho salto cambiario se produjo en la segunda mitad de enero, donde en sólo 5 días el dólar subió 17%.

 

El contexto político en el cual operan estas fluctuaciones del valor de dólar es fundamental: hay intereses sectoriales que presionan constantemente sobre el valor de la divisa para obtener beneficios económicos y políticos. Los ataques especulativos contra la moneda argentina son la expresión más acabada de estas presiones, y son innegables: ¿cómo se explican sino las corridas contra el peso ejecutadas durante las victorias electorales de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y 2011? Muchos economistas se esconden en el tecnicismo de culpar a las “condiciones macroeconómicas”, por lo cual cabe preguntarse: ¿qué puede haber cambiado tan bruscamente en los fundamentos macroeconómicos como para que entre agosto y setiembre de 2011 (período transcurrido entre las PASO y las elecciones presidenciales) se fuguen 10.000 millones de dólares?

Otros se refugian hablando de “las expectativas”. ¿Expectativas creadas y difundidas por quién? ¿Basadas en qué? ¿En esas condiciones macroeconómicas que mágicamente varían de la noche a la mañana? Las maniobras especulativas en el sector financiero también toman formas más sofisticadas, como anunciar un default de manera de poder comprar bonos más baratos, o que renunciaría el CEO de YPF, para incitar una corrida y además lucrar con la variación de precios de la acción. Y a veces estas operaciones adquieren ribetes morbosos, como cuando Clarín y la BBC anunciaron en su momento que la Bolsa subía a causa de la muerte de Néstor Kirchner.

Habiendo comprendido esta dimensión política, se puede entonces analizar debidamente la dimensión económica. ¿Cómo ocurren los ataques especulativos? En un trabajo teórico, Paul Krugman propone un esquema que analiza la probabilidad de ocurrencia y “éxito” (desde el punto de vista de los especuladores) de un ataque especulativo contra la moneda local (vendiéndola para comprar moneda extranjera). Supongamos una economía en la cual existe un grupo de especuladores dispuestos al ataque dependiendo de dos variables que determinan su éxito: el “poder de fuego” del banco central (reservas disponibles, para simplificar) y la de los demás especuladores de participar en el ataque o no.

Los ataques especulativos contra la moneda argentina son la expresión más acabada de estas presiones, y son innegables: ¿cómo se explican sino las corridas contra el peso ejecutadas durante las victorias electorales de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y 2011?

Si los demás participan, se agotarán las reservas y la devaluación se concretará, generando una ganancia para los que participaron. Un mayor poder de fuego de la autoridad monetaria disminuye las probabilidades de éxito de una acción individual y por ende disuade a los especuladores ya que reduce la expectativa de que los demás acompañen. Así, mientras mayores son el grado de coordinación de los grandes especuladores y la susceptibilidad de los pequeños ahorristas a unirse a una corrida ante un anuncio pesimista, mayor es el poder de fuego requerido para disuadir este ataque. Es decir, en un país como Argentina, es necesario que el Estado cuente con un gran poder de disuasión. Aquí los grupos de presión invierten abundantes recursos en actuar coordinadamente para condicionar al gobierno, a lo que debe sumársele el comportamiento arraigado en los pequeños ahorristas de refugiarse en el dólar automáticamente, aún si rinde mucho menos que una acción o un bono, lo cual los hace muy susceptibles de convalidar un ataque especulativo.

Sin embargo, ¿es gratis reforzar este “poder de fuego”? Ciertamente, no. Acumular reservas implica inmovilizar recursos líquidos, detrayéndolos del consumo y la inversión. Esto se choca de frente con cualquier intento de reducir rápidamente la pobreza y la desigualdad más allá de cierto umbral: mayores salarios reducen la competitividad-precio, generando tensión en la balanza comercial y reduciendo el ingreso de divisas. Al mismo tiempo, los procesos de rápido crecimiento económico generan presiones inflacionarias puntuales a causa de cuellos de botellas en ciertos sectores, desatando pujas distributivas que generalizan el proceso inflacionario.

De esta manera, los gobiernos caminan haciendo equilibrio entre progreso social y capacidad disuasiva de la autoridad monetaria, y esta línea se hace más delgada a medida que las aspiraciones sociales y las presiones corporativas se acrecientan. Algunos economistas parecen pasar por alto esta restricción, planteando como solución la vuelta a las condiciones del 2002/2003 (acumular reservas a costa de salarios bajos), y esquivando el verdadero debate, el de la competitividad no-precio (exportar más en base a mejoras en eficiencia, productividad, calidad y/o diferenciación de los productos, en lugar de hacerlo a base pagar salarios más bajos), que es la única manera de incrementar este margen de maniobra de la política económica y salir del juego de suma cero.

Por último, tenemos la dimensión estratégica de la cuestión del dólar en el marco de la lucha entre el poder político (legitimado por el voto) y el poder corporativo (fundado en la ley del más fuerte). Y es aquí en donde el gobierno debe replantearse no tanto sus acciones de política económica per se, sino la estrategia con la cual va a combatir al poder corporativo. Sun Tzu, en El arte de la guerra, hace hincapié en la necesidad de evaluar cuidadosamente las fuerzas en los bandos y emplear una estrategia adecuada a la relación de fuerzas, que cuando es muy desfavorable puede requerir, incluso, ceder algo de terreno. Puesto en términos de nuestro análisis, el proceso de crecimiento con inclusión social ha ejercido su natural erosión en algunos indicadores macroeconómicos (ahorro fiscal, tipo de cambio real y reservas), que, a pesar de estar a niveles comparables a los de países como Canadá o Australia, no han alcanzado para hacer frente a poderes fácticos que han sido subestimados.

Como conclusión, no deben interpretarse posibles medidas económicas venideras como una claudicación. Mantener la adecuación de la venta de dólares a la declaración de ingresos es un ejemplo de ello, ya que mantiene una cualidad indiscutible del “cepo”, que era perjudicar a los evasores. Un eventual ahorro fiscal mediante la focalización de los subsidios hacia los más necesitados es otro ejemplo, ya que mejoraría la distribución del ingreso. Qué decir del lanzamiento del Plan Progresar. En todo caso, la fuerte depreciación del peso y una ocasional suba de la tasa de interés deberán interpretarse, a lo sumo, como una simple retirada táctica.

 

(*) Economista de la Fundación Para la Integración Federal