En la Argentina, la semana política que está concluyendo tuvo como protagonista excluyente a Cristina Fernández de Kirchner. Descontada su centralidad y lejos de reiterarnos aburridamente, la razón de ser de esta semana previa del mundial, entre partidos amistosos, excluidos y agregados a la lista de convocados a último momento, la vicepresidenta se las ingenió para ocupar el centro con dos temas tan disímiles como relevantes para el sistema político: una nueva decisión institucional de cara al Consejo de la Magistratura de la Nación y el acto por el 50º aniversario del retorno del general Juan Domingo Perón a la Argentina. Más allá de los matices y los contrastes, ambas circunstancias merecen una especial atención ya que refieren a una forma de acumulación de poder. Pasen y vean. Sean todos y todas bienvenidos.

Por variadas razones, la cuestión del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) siempre fue un tema de difícil abordaje a la distancia para quien no funge en los tecnicismos que supone cierto constitucionalismo. Fue pensado como una institución basada en cierta racionalidad que serviría para interponerse a los designios de la voluntad de los poderes ejecutivos y legislativos, que en no pocas ocasiones eran parte de una misma lógica de poder. En eso, el menemismo fue el ejemplo más palmario desde 1983 hasta nuestros días.

De acuerdo a la propia carta magna, su principal función refiere a la promoción del nombramiento, sanción y en su defecto, aportar los elementos de prueba suficiente para la sanción a jueces federales. Conformado por representantes de los tres poderes, a ellos se suman académicos y representantes de los profesionales del derecho, en no pocas ocasiones fue centro de disputas de todo tipo, lo cual devino en un desprestigio evidente.

El CMN aparece como un tema alejado del gran público, vidrioso si se quiere y que refiere más a peleas superestructurales de ciertos espacios de poder institucional, antes que a los supuestos verdaderos problemas de la “gente”. Este argumento esconde una gran falacia, ya que tener cierto gobierno sobre quienes se encargan de impartir Justicia, ese valor tan deseado desde la modernidad hasta aquí, no deja de ser una buena noticia en sí misma. Bastará la posibilidad de tener que pleitear para entender sobre la necesidad de ciertas características y valores que deberían encarnar los jueces.

Su conformación es compleja. Y debe decirse, aunque nos resulte molesto, que las dificultades en su funcionamiento radican en que requiere de una institucionalidad que funcione con una racionalidad que en muchos casos sus integrantes han adolecido. En los últimos tiempos, si algo le faltaba para convertirlo en un berenjenal que se parece a una pelea de unos contra otros, todo se complicó con la aparición en escena de una Corte de Suprema de Justicia de la Nación que cree que puede atender de los dos lados del mostrador, recayendo la presidencia de ambos cuerpos en la misma persona.

Para confirmar que semejante despropósito no es resultado de una casualidad, los supremos no tuvieron prurito alguno para declarar como inconstitucional una ley sancionada (y aplicada) quince años antes. Para que el combo fuera completo no se privaron de reponer otra normativa que el propio Congreso Nacional había derogado. Si se enterara, el barón de Montesquieu, autor de “El espíritu de las leyes” no dejaría de sorprenderse.

Ese es el contexto de este 2022. Entre dimes y diretes que abordamos siete días atrás, en esta semana que pasó Cristina Fernández de Kirchner dio una nueva muestra de su agudeza e inventiva política, propiciando el nombramiento de tres consejeros, ya no a través de las formalidades de una carta (con eso alcanza) sino con el acuerdo de una sesión del Senado.

La movida viene a dar una especie de respuesta a los fundamentos de la acordada cortesana que había propiciado un nuevo conflicto de poderes para nombrar en el cargo, por algo más de diez días, a Luis Juez, demandante original, la cual se había estructurado en un entramado de interpretaciones de fechas y plazos de la que tanto suelen gustar los profesionales del derecho, pero que tan poco tienen que ver con el día a día de la política. Y le guste a quien le guste, el CMN es un órgano político.

El resultado de la sesión del último miércoles deja en un lugar incómodo a los cortesanos, ya que vale preguntarse si en esta oportunidad también se animarán a dar por nula una sesión legislativa. Debo confesarlo, no estoy demasiado seguro de la respuesta.

Pero la verdadera atención del conjunto del sistema político estuvo centrada un día después, el jueves 17, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Ese fue el escenario previsto para el recordatorio de los 50 años del retorno de Perón a la Argentina y con esa convocatoria se tejieron múltiples elucubraciones que nos avisaban que la vicepresidenta anunciaría su candidatura (o precandidatura) a la presidencia de la Nación.

En un estadio colmado, con mucha alegría y convicción a cuestas, como sólo la figura de Cristina Fernández de Kirchner puede lograrlo, la protagonista desautorizó a los apurados de redes y medios, esos que tenían “la posta del lanzamiento” y contestó con una de las frases más significativas del viejo líder “todo en su medida y armoniosamente”, cuando los asistentes pidieron por Cristina presidenta.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1593648863985868801

El discurso tuvo varios ejes que merecen destacarse:

-          Habló hacia afuera de ese, su núcleo duro, pero también habló hacia adentro. El límite a una posible candidatura es una clara respuesta en ese sentido. Reconoció, seguramente muy a pesar de muchos cristinistas que han intentado construir un relato más moldeado a sus intereses que a cierta realidad, que en el 2015 la Argentina no era Disneyword.

-          Nuevamente, al igual que en el plenario de cierre de la UOM en Pilar, no fustigó directa y públicamente al gobierno. No se involucró en ninguna disputa interna y volvió a mostrar a la cuestión del salario como uno de los principales ejes de su construcción discursiva y preocupación política.

-          Habló de seguridad. Aportó una vinculación siempre interesante y ejemplificadora en la necesidad de que las familias coman en el seno del hogar, con rutinas establecidas y la presencia de mamás y papás y no en merenderos. Pidió más gendarmes para la provincia de Buenos Aires y esto, debe decirse, dejó gusto a poco para quienes no vivimos en la provincia más grande del país.

-          Volvió a utilizar al pasado como una forma de legitimación política, algo que es una fortaleza para Cristina y que no todos los posibles candidatos pueden mostrar. La gran pregunta es si con eso alcanza para una hipotética candidatura que no referencie algo de futuro.

El oficialismo, de cara al día a día pero también a 2023, enfrenta varios problemas de gestión. Sumado al goteo de las reservas (esta semana hubo una buena noticia con la renovación del swap con China) y la restricción de dólares, tal vez el más importante refiera a una inflación que no cede y que, con el programa de Precios Justos, se pretende que actúe como una referencia que ayude para que en el segundo semestre del año próximo, los números de hoy se reduzcan a la mitad.

Con ese contexto, cualquier candidatura oficialista plantea un problema. Más allá de los nombres propios, anunciarla con nueve meses de anticipación supone más el deseo de los convencidos antes que una jugada política audaz. Formando parte efectiva del gobierno, a cargo de las cajas más importantes de la gestión (Anses, Pami, energía), a semanas de un fallo que podría condenarla, con una realidad interna no resuelta y con una evidente falta de coordinación y diálogo con el presidente de la Nación, no se entiende del todo cuál sería el sentido de exponerse con ciertos anuncios.

Desde esta columna suponemos algo: en su ya demostrada inteligencia, Cristina Fernández de Kirchner va por la acumulación de poder. En estas circunstancias no importa tanto el para quien, sino el para qué. Más allá de la innumerable cantidad de sepultureros que decretaron su muerte política, ella se las sigue ingeniando con una serie de recursos nada desdeñables, para seguir influyendo en el sistema político.

Un año después que el general Perón volviera a la Argentina, y en el mismo que se convirtiera en presidente por tercera vez, Alberto Cortez creaba “Ni poco ni demasiado”. Cantaba que todo era cuestión de medida y que no siempre gasta su tiempo aquel que más tiempo gasta. No son pocos los que intentaron deslegitimar el acto del pasado 17 con el hecho de que no había aportado nada nuevo a la realidad de cada día. Cristina anda gastando su tiempo en la acumulación de poder. Para qué lo use o a quien se lo preste, será tarea para prestarle atención en el tiempo mediato. Todo en su medida… y armoniosamente.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

A veces, en la vida, solemos proyectar decisiones que tomaremos en el futuro mediato y que, supuestamente, el resultado de las mismas, nos permitirían cumplir con nuestros más profundos deseos. Pero en otras circunstancias, como alguna vez bien lo definió un ex presidente, “pasan cosas” y ese tiempo que traería novedades, se adelanta y nos pone en una carrera que hubiéramos imaginado de otra forma y en otro momento.

Durante semanas, desde algunos medios y dirigentes que hacen del off the record una forma de práctica profesional, anunciaban a los cuatro vientos, que el gobierno nacional se preparaba para un relanzamiento con cambio de ministros y de esquemas de trabajo a partir de que había “funcionarios que no funcionaban” y de que la interna gubernamental producía cada vez un mayor desgaste. Desde esta sencilla columna nos permitíamos relativizar esas “certezas” dado que, cuando un tema se menea demasiado, el resultado que finalmente se plasma en la realidad, resulta inversamente proporcional al que se desea.

Llegados a finales de abril, superado el fin de semana largo de la Pascua, no hubo ni cambio de ministros ni grandes anuncios de reforma de las formas de gestión. Si se quiere, las diferencias siguen estando a mano en el oficialismo (en la oposición que encarna Juntos por el Cambio no le van en zaga), pero el cúmulo de situaciones producidas en los últimos días, nos permite afirmar que, tal vez, el relanzamiento se produjo en los hechos y que ya se inició, aunque varios sigan atravesados por disputas algo recurrentes.

Antes de continuar, una salvedad: en el presente artículo hablaremos de un cambio de aire desde el concepto del oficialismo y no exclusivamente del gobierno (al cual generalmente se lo refiere en cuanto a todo aquello que hace o dejan de hacer, mal o bien, los poderes ejecutivos), ya que las novedades de los últimos días suponen un conjunto de temas, de decisiones y actitudes que nos permiten incluir a múltiples actores que no siempre resultan relevantes para el análisis político.

A la hora de la gestión, dos temas se llevaron buena parte de la atención semanal. El primero, el día lunes, refirió al aumento de $12.000 para jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, de $18.000 en dos cuotas para monotributistas categorías A y B y para los trabajadores informales. El acto desarrollado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y que contó con lo más granado del oficialismo nacional, mostró a un ministro de Economía que inicialmente parecía algo nervioso y un conjunto de rostros que reflejaban un “exceso” de seriedad, teniendo en cuenta el tipo de anuncio que se realizaba.

https://www.youtube.com/watch?v=H1ECagbwBuc

La novedad evidentemente trae algo de alivio a estos sectores más débiles y más afectados por el aumento inflacionario, lo cual viene a complementarse, por ejemplo, con el aumento del 80% (anualizado) para estatales nacionales. Y, además, da una señal para aquellos sectores internos que reclamaban poner dinero en el bolsillo de los que peor la pasan.

Hacia el jueves, la presentación en Vaca Muerta del gasoducto Néstor Kirchner, con la presencia del presidente de la Nación Alberto Fernández, el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez y el secretario de Energía de la Nación Darío Martínez (hombre que reporta directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner), también sirvió como señal interna de que nada está definitivamente roto como para no celebrar la enorme apuesta estratégica de contar en el futuro mediato con el autoabastecimiento gasífero. De pasada, la presencia del gobernador local le dio al acto, el toque de institucionalidad con el que el primer mandatario siempre se siente muy a gusto.

En el camino y como al pasar, el primer mandatario se dio tiempo como para asistir a un acto en José C. Paz, acompañado del inoxidable Mario Ishi donde arengó a los asistentes afirmando que el “que quiere hacernos creer que en 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!”. Las afirmaciones vienen como respuesta a propios, no tan propios, extraños y no tan extraños: mientras que la oposición política y sus voceros mediáticos, siguen insistiendo en mostrar un desastre social que no existe en lo cotidiano de cada uno de nosotros, en parte del oficialismo y a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha imperado cierta derrota autoproclamada para las elecciones presidenciales del año próximo.

https://www.youtube.com/watch?v=6hg7liJ7I-I

Pero si hay que hablar de hechos significativos de la semana, la atención se la lleva la jugada cristinista de partir en dos el bloque oficialista en el Senado para darle un formato de interbloque (sobre el que sectores no peronistas han hecho escuela), que vino a mostrar, la siempre vigente centralidad de la ex presidenta, y una agudeza que, en algunas circunstancias, la destaca sobre la vulgata de la dirigencia argentina y que confirma, por enésima vez, que dividiendo a veces se suma ya que no siempre política y matemáticas van de la mano.

El movimiento fue tan sencillo como eficaz. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al imponer, de manera bochornosa, una ley que estaba derogada y que refería que el sector legislativo debía ser representado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por las distintas “minorías” que componen el Congreso Nacional, le terminaba asignando un puesto más a la oposición que encarna Juntos por el Cambio, fuerza política que ha hecho todo un recorrido en esto de actuar como interbloque o como bloques individuales a la hora del reparto de comisiones o de licuar sus profundas diferencias internas.

Más allá de las cuestiones técnicas (y no tanto) que refieren a qué hará la Corte y su presidente, si acepta o no los distintos recursos planteados, si tomará juramento a los representantes de ambas cámaras designados por sus presidentes; lo cierto es que la movida dejó dos resultados evidentes. Por un lado encrespó los nervios de una oposición que, de alguna manera, recibió un poco de su propia medicina, lo cual se demostró con la catarata de insultos y descalificaciones que esgrimieron sobre la figura de Cristina Fernández, trayendo como una brisa el recuerdo de la jugada de mayo de 2019 cuando declinó una candidatura sin declinarla del todo. Y, por otro lado, sirvió como instancia de identificación para una disputa interna que, muchas veces, no somos pocos los que creemos que, carece de sentido.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1515801951245582340

Envalentonado por el efecto de la división que sumó, el cristinismo fue por más y anunció que presentará un proyecto legislativo que servirá para aumentar el número de integrantes de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Más allá de los detalles, que poco se conocen (cantidad de miembros, formato de funcionamiento, división o no por salas, etc.); la saludable idea de proponer un proyecto que nos saque del gobierno judicial de cuatro profesionales del derecho que se imaginan a sí mismos como señores de un feudo antes que como verdaderos servidores públicos, deja flotando dos preguntas en la dimensión social.

La primera es si, verdaderamente, creemos que es tolerable el funcionamiento actual de la CSJN. El hecho de cómo fue abordado y definido el caso del Consejo de la Magistratura resulta ejemplificador: el máximo tribunal no tiene ni racionalidad ni sistematicidad en los casos que aborda, las causas pueden demorarse años y hasta décadas en su tratamiento y el común de la ciudadanía no termina de comprender muy bien cuál es el procedimiento para seleccionar los casos sobre los que se falla.

La segunda pregunta refiere a si la sociedad civil se hará cargo de la discusión que supone poner en cuestionamiento al vértice de uno de los poderes de la Nación. ¿Habrá un verdadero debate, al mejor estilo Ley de Servicios Audiovisuales, con foros de discusión a lo largo y ancho del país, con la opinión de académicos del derecho, pero también del conjunto de organizaciones que tienen a la Justicia como instancia de auxilio, plasmado en los medios tradicionales, en redes, y en portales, con perspectiva comparada y que sirva para pensar una Justicia adaptada al siglo XXI?

Como bien saben nuestros habituales lectores y lectoras, desde esta página solemos tener más dudas que certezas sobre el futuro, pero lo que es irrefrenablemente cierto, es que aquellos debates sobre el modelo de justicia que propuso la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011, tienen una enorme vigencia.

La semana que está culminando fue rica en hechos políticos. Buena parte de ellos protagonizados por un oficialismo que, de alguna manera (tal vez del todo no tradicional) supo ganarse la centralidad política, saliendo de un perfil defensivo que parecía permanente. El relanzamiento parece haberse dado en los hechos antes que con cierta previsión declarativa. Dicho en criollo: se discutió de lo que quiso el Frente de Todos y no de lo que le impusieron “los otros”.

La idea de unidad puede hacerse sustancia a partir de hacer de la necesidad virtud: si de los conflictos se sale por arriba, estos últimos días tuvimos varias pruebas que lo confirman. Con iniciativa y originalidad política tal vez resulte legítimo preguntarse si las novedades aquí comentadas, que tuvieron a un Poder Ejecutivo muy activo en lo urgente, y a una Cristina Fernández de Kirchner en un estado de mucha mayor visibilidad política a la hora de desarrollar ciertas disputas legislativas, no resultan en un modelo de gestión que, a la vez que trata de atender lo urgente y desarrolla ciertas agendas estructurales, deja a ciertas oposiciones, como canta el catalán del epígrafe, en un estado de “despertarse sin saber qué pasa”.

La voracidad de unos cuantos, traducida en fallos judiciales, presidencias de organismos colegiados que seguramente resultarán efímeras, insultos deslegitimantes como prácticas políticas y tractorazos capitalinos de aquellos a los que les va realmente muy bien, impone la obligación de dejar ciertos snobismos de lado, repensando la gestión y algunas prácticas. Cómo en el fútbol, cuando el equipo sale de una mala racha, alcanza varios triunfos y decimos que el director técnico parece haber encontrado el once ideal, en el oficialismo, tal vez hayan encontrado una estrategia que haga modificar ciertos escenarios. Ojalá no nos estemos equivocando.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

La primera semana de abril trajo como novedad tres hechos que el título de este artículo trata de representar. El protagonismo del Senado en temas que aunque alguno pueda tentarse con afirmar que poco tienen que ver con el día a día de cada uno de nosotros, ocupan una centralidad que merece ser destacada; las declaraciones del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti cuestionando la política económica del gobierno que él mismo integra y los datos (que se conocieron casi en simultáneo) que confirman la mejora de los niveles de igualdad en la Argentina (Coeficiente de Gini). Las tres noticias tienen múltiples pliegues en segundo plano que deberíamos revisar. Pasen y vean.  

La Cámara alta ganó en visibilidad política y mediática con el tratamiento de dos proyectos que seguramente seguirán aportando matices en los días que vienen: el tratamiento en comisión del proyecto de ley que crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI y la aprobación con mayoría propia del proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN).

En el primero de ellos en la reunión de las comisiones ya quedaron asentadas claramente las posiciones de los espacios políticos mayoritarios. Mientras el oficialismo aparece como un bloque bastante consolidado en su defensa, la oposición encarnada en Juntos por el Cambio también se muestra unida, pero en el sentido del rechazo. Por ahora, la batalla dialéctica la viene ganando el Frente de Todos ya que la argumentación que ha prevalecido hasta aquí desde las huestes que alguna vez supo conducir Mauricio Macri, refiere a cuestionamientos al proyecto que desde tecnicismos que poco tienen que ver con la sustancia del asunto.

En el segundo de los temas, la aprobación de un nuevo proyecto para la conformación del Consejo de la Magistratura, el oficialismo obtuvo la media sanción con los números propios más el aporte de algún aliado como es el caso del senador por Chubut, Alberto Weretilnek.

Es probable que a buena parte de la población esta discusión le pase tangencialmente lejos, pero nunca viene mal recordar lo que representa el mencionado organismo; sobre todo en un país como el nuestro dónde el Lawfare, en su vinculación inestimable de jueces, medios y poder político, fue tan determinante para el período 2015 – 2019 y que, debe reconocerse, no ha sido desmontado ni mucho menos.

Nacido al calor de la reforma constitucional de 1994, según el artículo 114 de la Carta Magna, el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los magistrados y y la administración del Poder Judicial. Dada su composición colegiada conformada por jueces, abogados, académicos y legisladores, siempre resultó un centro de disputa política.

Hacia 2006, el kirchnerismo supo imponer con toda la legitimidad que permite la propia Constitución Nacional, una nueva ley que le dio otro formato y por ende otro funcionamiento. Nueve años después (sí, nueve años. Leyó bien querida lectora, querido lector) se presentó un pedido de inconstitucionalidad de esa ley, lo cual derivó en un “reciente” fallo de la Corte “Legislativa” de la Nación, que, luego de tener el expediente por cuatro años, falló a favor de la demanda y le ordenó a otro poder de la nación que en el término de 120 días sancionara una nueva ley.

La razón de ser del estropicio generado se sustancia (ya que nos metemos en el mundillo del derecho utilicemos parte de sus tecnicismos) en un máximo tribunal que se ve a sí mismo como último intérprete del sentido de la constitucionalidad argentina. Cinco seres humanos que no fueron nominados por las urnas (o cuatro a partir de cómo está conformado en estos momentos o tres de acuerdo a las mayorías mínimas que debe tener el cuerpo para sacar cualquier tipo de acordada) se arrogan el derecho de la interpretación normativa de lo que dispone otro poder conformado por trescientos veintinueve ciudadanos que fueron elegidos por el voto popular para integrar un congreso nacional, al igual que la cabeza de un Poder Ejecutivo que lo reglamentó. Algo no funciona bien en la joven democracia argentina.

La pelota pasó ahora al lado de la Cámara de Diputados que tiene la imposible tarea de convertir el proyecto en ley (ni siquiera esta conformada la Comisión de Justicia) en el término de cuatro días hábiles. Sí, leyeron bien nuevamente queridos lectores.

https://twitter.com/gerpmartinez/status/1512388188987351046

Por ello los avisos públicos del jefe del bloque del Frente de Todos en diputados, Germán Martínez parecen más que atendibles ya que, pese a que algunos reclamen y declamen cierto voluntarismo de la acción política para convertir al proyecto en ley, los tiempos “no dan”. La pregunta para la semana corta que se inicia a partir del lunes (además de conocer el alto número de inflación de marzo) refiere a si, esa misma Corte se mostrará rígida en los plazos que impuso, a los fines de convertir a su presidente Horacio Rosatti en la máxima figura del CMN o si dará un guiño judicial para que el proyecto pueda ser debatido de manera adecuada. Sea la decisión que sea, lo real y concreto es que el máximo tribunal de Justicia, ese que prefiere verse por encima de las miserias del día a día, terminará involucrado en el barro que supone la cotidianeidad de la política. En este sentido y parafraseando de un modo inverso a una ex candidata presidencial, “ellos ya perdieron”, aunque uno no cree que les importe demasiado.

Y si hablamos del voluntarismo de la acción política, bueno resulta el ejemplo del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, quien, al mejor estilo de un comentarista de la realidad (es notable como algunos funcionarios atentan contra nuestro trabajo), no tuvo empacho en señalar en un programa radial, que el problema de la inflación en la Argentina obedecía a la “falta de política económica coherente”.

Por un problema de formación, desconoce este articulista lo acertado de esa afirmación, como así también uno cree que la propuesta de la aplicación de retenciones móviles a las que refiere el funcionario, para desacoplar los precios internacionales del mercado interno, parecería ir en sentido correcto. Pero debe decirse que las afirmaciones tienen varios puntos cuestionables:

-          Feletti se incorporó al gobierno siendo Martín Guzmán ministro de Economía. Si la política económica tenía debilidades, podría decirse que estas no son nuevas y que ya existían en el mes de octubre de 2021 cuando se produjo su incorporación.

-          El sistema económico nos advierte (cómo si no nos diéramos cuenta cada vez que vamos al supermercado) que en marzo el número de la inflación en alimentos otra vez será alto. Una pregunta posible es si este avance del funcionario, resulta necesario de exponerlo de manera pública o lo que aquí subyace es el problema del propio fracaso, no pudiendo “poner en caja” a los sectores empresariales que siempre tienen algún argumento para la especulación, y que, por ejemplo, (y tal como se haría acordado) aún no retrotrajeron 600 productos principios de marzo.

-          No parece seguro que al gobierno le resulte tan fácil de imponer, más allá de su justicia, las retenciones móviles. No cuenta con el respaldo institucional (revisar números en el Congreso) y es discutible que el conjunto de la sociedad apoye una medida de ese tipo a partir de los factores de poder con los que, hoy, cuenta quienes se oponen a una medida de ese tipo y que, además, y como si todo esto fuera poco, cuentan con presentaciones judiciales que piden por su lisa y llana eliminación.

En el ejemplo de la aplicación de nuevas retenciones a partir de lo que sucede en los mercados internacionales, subyace cual es la lectura, pero también cual es la interpretación de los resultados de las elecciones de 2021 y de qué escenario quedo montado. Como bien lo suelen explicar docentes y pedagogos, saber leer no es lo mismo que saber comprender un texto. En política pasa algo más o menos parecido.

Parte del oficialismo pregona que la doble derrota de setiembre y noviembre se produjo porque la mejora sustancial de la macroeconomía no había llegado a los bolsillos de la mayoría de los argentinos o, por lo menos, a los ciudadanos que le dieron su voto de confianza al Frente de Todos en 2019.

Dando por válido ese análisis, la gran pregunta refiere a cómo revertir el proceso. Y allí está “la verdad de la milanesa”. No falta quienes se entusiasman con recrear el escenario 2008 – 2011, cuando el kirchnerismo parió un entramado de leyes y decisiones políticas que se tradujeron en derechos que llegaron para quedarse.

Fue tan trascendente ese tiempo, que algunos se animan a decir allí se parió el kirchnerismo. Una falsedad que, para quienes le prestamos atención a la política como una actividad donde la historia juega un rol importante, sólo puede servir de justificación de planteos de este tiempo.

La virtuosidad del período 2008 – 2011 y que derivó en la enorme legitimidad de una Cristina Fernández de Kirchner reelecta con más del 54% de los votos, la cual se construyó luego de la derrota legislativa, justamente, por el intento de aplicación de retenciones móviles y segmentadas; radicó en la construcción de escenarios políticos que propiciaban la solución a demandas históricas. Por nombrar sólo tres: la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensión; la Ley de Medios que se apalancó en un conjunto de organizaciones que habían producido los 21 puntos para una mejor comunicación y que, además, antes de su presentación legislativa recorrió el país en múltiples foros de discusión y la Ley de Matrimonio Igualitario supo recoger una demanda de que subyacía en el subsuelo social y que muchos se negaban a ver.

https://twitter.com/INDECArgentina/status/1511781057925890048

La construcción de escenarios suponía mostrar las injusticias de aquello que debía corregirse y reformarse. A las AFJP le correspondía administradoras que se quedaban con suculentas tortas, que representaban nuestras jubilaciones y que se timbeaban sin control; a la Ley de Medios le venía dado un tal Héctor Magnetto, cómplice de la dictadura que había sabido diseminar un sistema de medios dominante y mafioso y a la ley sancionada en 2010 el mostrar los derechos que les eran negados a aquellas personas que tenían otra preferencia sexual.

La pregunta, once años después es, qué medidas puede imaginar el Frente de Todos, en tanto pueda repensarse como un espacio revulsivo que llegó, creemos varios, para corregir la injusticia que supuso el juego de la Oca macrista que nos hizo retroceder tantos pasos. Vale saber dónde deberíamos poner la inventiva para sortear el conservadurismo de una derecha vergonzante pero empoderada que, al igual que lo que sucede en buena parte del mundo occidental se enseñorea mostrando una conjunción de libertarios, neoliberales y fascistas que sólo tiene una coincidencia central: eliminar derechos sociales.

Tal y como lo comentamos el fin de semana anterior, el proyecto de cancelación de deuda con el FMI parece una buena medida y aunque parte del oficialismo siga con la práctica cada vez más aceitada de pegarse tiros en los pies (albertistas y cristinistas incluidos) digamos como al pasar la buena noticia que pudo conocerse esta semana: la mejora en los índices de igualdad para el año 2021. Si, el famoso índice de Gini refleja una evolución positiva respecto de 2020 y 2019.

Nadie saldrá por las calles a celebrar la noticia. Nada puede festejarse en un país con 37,7% de pobreza y 50% de inflación. Pero tampoco sirve demasiado seguir con acciones y comentarios que impidan lograr algunos acuerdos. Tal vez ya no los sugirió Charly sin saberlo hace treinta y ocho años atrás. Habrá que cambiar el trip…

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Si algún desprevenido, imaginaba que los resultados del proceso electoral 2021, a partir de la paridad que muestra la Cámara de Diputados, podía haber resultado relativamente inocuo en cuanto a sus efectos políticos; se equivocó, como diría mi abuela, de cabo a rabo. En la semana previa a las celebraciones de fin de año, el oficialismo presenció, de manera descarnada y sin ambages, cómo sus adversarios y enemigos hacían fila en la cola del cobro político de lo que trajo, como confirmación, la noche del 14 de noviembre. Repasemos.

Tres hechos marcaron el pulso de la semana, y que tienen directa referencia a lo sucedido en las urnas durante este 2021. Para el gobierno son dos malas y una que no alcanza como buena pero que puede ser calificada de aliciente: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la composición actual del Consejo de la Magistratura (CM), la votación por el presupuesto 2022 y el dato de inflación de noviembre que se conoció a comienzos de semana.

Recordemos que el CM es un órgano creado a partir de la reforma constitucional sancionada en 1994 y que tiene como principal función promover los nombramientos de jueces y ejercer el control sobre su accionar. En su existencia se impone la idea de un equilibrio entre las partes (característica básica de cualquier régimen republicano liberal que se precie) y lo componen jueces, legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, académicos y abogados (que actúan en representación de los Colegios). Originariamente, se conformó con 20 integrantes, a partir de una ley específica ya que la Carta Magna no define el número.    

En 2006, a partir de una ley legítimamente sancionada durante la primera etapa del kirchnerismo, y dado su exasperante lentitud de funcionamiento del organismo, se redujo el número a 13 miembros, restando poder al sector de los abogados. A partir del cambio en su composición, ganó en celeridad, amplió la cantidad de jueces nombrados por año, como así también el número de acciones revisadas.

En el caso del fallo judicial, algunos conceptos muestran a las claras el comportamiento corporativo que decidieron hacer prevalecer los cortesanos. La declaración de inconstitucionalidad tiene como principal argumento, la afirmación de que la reducción de integrantes del CM, favorecía al sector político, cosa que en los hechos nunca sucedió ya que, durante estos quince años, siguieron prevaleciendo las miradas ideológico – partidarias, antes que el trabajo de conjunto del sector político.

Pero más allá de los tecnicismos de ocasión, cabe decirse que, en su comportamiento, los jueces no aportaron ninguna novedad a la rutina del fin de 2021: fallaron quince años después sobre una cuestión de fondo que atañe a un organismo fundamental de la institucionalidad argentina (cinco años estuvo la causa en la Corte), generaron una serie de nuevas dudas importantes sobre el funcionamiento que viene, emitieron el fallo a partir de desempolvar un expediente que nadie explicó muy bien por qué se produjo ahora y no hace un año o en el futuro, y le impusieron un plazo de cuatro meses a otro poder, conformado por trescientos treinta y dos personas (es la suma total de senadores y diputados de la Nación), para que sancione una nueva ley a riesgo de que, vencido el plazo, todo lo que actúe el CM sea considerado nulo.

Arbitrariedad en el manejo de los temas a tratar, dudosa y forzada interpretación de una ley que benefició el funcionamiento del organismo e intromisión en los asuntos de otro poder. Los tres aspectos configuran el fallo cortesano conocido este jueves. Que parte de la corporación política celebre la decisión judicial, aceptando la imposición de límites de manera tan claramente expuesta, se parecería y mucho al Síndrome de Estocolmo, donde la víctima de enamora del victimario, pero en realidad, y esto hay que decirlo con todas las letras, ciertas corporaciones se parecen tanto entre sí que cuesta definir los roles en ciertas (o delitos). Para completar el escenario, el fallo se adelantó horas antes desde las páginas del ex gran diario argentino. Toda una definición en sí misma de los tiempos que corren.

Las preguntas se caen de maduro: ¿qué hacer con esta corte, con jueces sospechados en causas que nada tienen que ver con sus fallos judiciales, y que lenta, pero inexorablemente, se desprestigia día a día con decisiones arbitrarias que recuerdan los tiempos del menemato y los comienzos de este siglo, donde algunos de sus integrantes fungían como extorsionadores de guante blanco, antes que como hombres ejemplares en el ejercicio de una muy digna profesión? ¿Corresponde ampliarla como para diluir el poder de los actuales jueces, dividirla en salas que trabajen sobre las distintas especialidades del derecho o, directamente, pasarla a comisión a partir de los casos de corrupción que los salpican? Nadie tiene una respuesta del todo certera, pero dos cosas quedan en claro: que el nombramiento de un/una quinta integrante (para completar su número) no resolvería el problema en el largo plazo y que el oficialismo no tiene los números para imponer determinada voluntad.

Y si hablamos de ese límite, el mismo claramente quedó expuesto con el rechazo al presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación. Más allá de las estrategias oficialistas y opositoras, de la diversidad de discursos, de los cuestionamientos legítimos y payasescos; la votación trajo un récord para esta democracia que supimos conseguir: en los 38 años de su existencia, nunca se había rechazado la sanción de la llamada ley de leyes. A lo sumo, como sucedió en 2010 para el presupuesto 2011, la oposición no daba quorum y a otra cosa. En ese escenario, a la larga, pagaba algún costo político. En esta oportunidad, no hizo falta esperar las críticas a su negativa. Corrió riesgos y ganó. Aunque su mezquindad sea el eje central de la decisión tomada.

La no sanción del presupuesto deja a la vista tres efectos insoslayables: el primero refiere a las dudas institucionales. Centenares de obras, pequeñas y de las otras, la ampliación de los subsidios en transporte hacia el interior del país en un 70%, estaban garantizadas a partir del acuerdo con gobernadores e intendentes. Hoy, al devengar el presupuesto 2021 en formato 2022, nadie sabe muy bien qué va a pasar con aquello que iba a estar garantizado, nada y nada menos, que a través de una ley.

La preguntonta del día, la última del año queridos lectores, estimadísimas lectoras que habitan en Rosario: ¿cómo justificará, por ejemplo, Mónica Fein, ex intendenta de la ciudad, dirigente que siempre militó la supuesta discriminación de fondos nacionales para subsidiar el transporte, su negativa a votar un proyecto que garantizaba montos que iban por encima de lo que había sido la inflación en este 2021? No dejo de imaginar la alegría del intendente rosarino. Tarea para el período entre fiestas.

El segundo efecto tiene que ver con la supuesta discrecionalidad que traía el presupuesto 2022. En los hechos, y al rechazarse su aprobación, el oficialismo queda con las manos libres para, una vez devengado el anterior, manejar a su gusto las partidas del próximo período. No deja de ser una interesante paradoja denunciar superpoderes y habilitar con ciertas actitudes políticas, la ampliación y profundización de los mismos.

El tercer aspecto a señalar refiere a la relación con el Fondo Monetario Internacional. No resulta inocuo sentarse en la mesa de negociaciones por la deuda heredada del macrismo con la hoja de ruta que supone contar con un presupuesto aprobado, que no tenerlo. No es definitivo de nada, pero, y esto digámoslo en función de ciertas lógicas neoliberales y conservadoras, “no es una buena señal”.

La gran pregunta aquí es a quien favorece este escenario. La oposición encarnada en Juntos por el Cambio podrá ufanarse de haber aplicado una derrota legislativa al gobierno. Y eso es innegable. Pero a la vez, si esta práctica se consolidara, entra en una zona de riesgo ya que, en el próximo acuerdo con el FMI, que va a llegar inexorablemente, y que va a necesitar de aprobación legislativa, no podrá mirar para el costado ya que es quien generó el problema de un endeudamiento récord no sólo para el caso argentino, sino a nivel mundial, y por lo tanto, debería tener una actitud responsable y a la altura de las circunstancias.

También aquí vale preguntarse qué puede hacer el gobierno. Muchos hombres y mujeres ligados al oficialismo se tientan a imaginar poner en práctica un modelo de gestión ejecutiva que imite el período 2009 – 2011, donde una derrota legislativa de proporciones no resultó óbice para el triunfo posterior de Cristina Fernández de Kirchner.

Puede ser una opción, pero siempre debe tenerse presente que los escenarios políticos no se repiten del mismo modo. En este tiempo, en términos sociales, el núcleo opositor al gobierno resulta mucho más sólido y con la consiguiente traslación al sistema institucional que Juntos por el Cambio supo construir. Pero esa voluntad no se expresa, hoy, de manera homogénea. No son pocas las crónicas de sesión del jueves, que revelan los pormenores que casi llevan a la partición amarilla en diputados.

El gobierno tiene dos elementos a favor, coincidentes, de alguna manera con el escenario 2011: maneja los resortes de poder que supone la administración de la cosa pública y, además, la división opositora no es menor ya que cuenta con varios “pre pre candidatos” en las gateras, que disputan día a día y rato a rato, un lugar bajo el sol de cierta visibilidad pública que los muestre como confiables. Si encuentra el timing de gestión, se dejan de lado egos personales y de aquellos sectores que se ven a sí mismos como la verdad número 21 del peronismo, otro sería el cantar a la hora de saldar, en 2023, la diferencia del 9% en noviembre. Algo perfectamente recuperable en poco menos de dos años.

https://twitter.com/INDECArgentina/status/1470831024774995983

Y si hablamos de gestión, no todas fueron malas en esta semana para el oficialismo. El dato de inflación llegó como aliciente. Un 2,5% de inflación mensual no es una buena noticia en sí misma, pero si miramos con atención, veremos que la variación de precios de alimentos estuvo en el 2,1%. Cuando Roberto Feletti asumió en octubre, y propuso el acuerdo de precios de la canasta de alimentos, puso proa a diciembre, con todo lo simbólico que ello representa para el conjunto de los argentinos. No es poco, si vemos que en el mes de su llegada al gobierno la inflación de alimentos era del 2,9%. Es obvio que no alcanza, pero no deja de ser una respuesta interesante para aquellos voceros del libre mercado que veían en la propuesta del Secretario de Comercio Interior poco más que una herejía.

Llegan las celebraciones por el cierre de este 2021. Y en esta oportunidad coinciden en fin de semana, tiempo que nos tomamos para el trabajo de escribir y luego editar la publicación de esta columna en Fundamentar. Editor y analista tienen ganas de celebrar: el año de trabajo, las ganas de haber seguido pese a todo, la fidelidad de unos cuantos lectores y la realidad concreta de hacer lo que nos gusta. Decidimos parar por un par de fines de semana, porque habrá ganas de tomar alguna copa de más y de servirse esa porción extra de aquel plato que nos gusta. Pero, básicamente, tenemos dos enormes deseos: celebrar con los afectos y desearle a cada uno de los que nos acompaña, el mejor tiempo por venir. En este día y cada día. Y como dijo el querido Gustavo Cerati, “mañana, es mejor”. Salud. Hasta 2022.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

El ministro de Justicia y Derechos Humanos manifestó, en diálogo con radio Continental, que "el Estado nacional va a apelar este fallo" por el que "se pretende dictar la inconstitucionalidad de una ley absolutamente constitucional".

Tras refutar a quienes afirman que la Justicia es la que interpreta la Constitución, aseveró que "el primer intérprete es el Congreso de la Nación y el último es el Poder Judicial".

Ayer, a última hora, Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la Ley 26.855 del Consejo de la Magistratura y del decreto 577/13 que convoca a elección por medio del voto popular de los consejeros que representan a abogados, jueces y académicos.

En ese marco, el ministro señaló que la decisión de la magistrada es de "gravedad institucional" porque "se le está impidiendo al pueblo el ejercicio de su derecho soberano", y aunque admitió que aún "lo estamos analizando", consideró que la apelación del Poder Ejecutivo contra el fallo "debe ir por el lado del per saltum", que llevaría el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia.

El funcionario consideró que el pronunciamiento se corresponde con un "esquema corporativo, aristocrático y pre democrático" y advirtió que "donde no hay democracia, hay aristocracia".

En ese sentido, subrayó que "el Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, es del pueblo y por tanto el pueblo tiene derecho a elegir a quienes lo representen en el Consejo de la Magistratura".

Señaló luego que los poderes Ejecutivo y el Legislativo "tienen legitimidad democrática de origen" y, tras diferenciarlos del Judicial que "arrastra desde su diseño constitucional un déficit democrático", destacó que "en ningún lugar del artículo 114 de la Constitución dice que el pueblo no puede elegir a sus representantes y a los abogados y a los jueces".

El ministro estimó que la apelación de Gobierno contra el fallo de Servini de Cubría "tendría que ser entre hoy y el viernes, no más allá" y se manifestó confiado en que la Corte Suprema se va a expedir "favorablemente" a la postura gubernamental porque "la Constitución no es solamente la interpretación restrictiva del artículo 114 sino que "implica también otros artículos que hablan de que el acceso a los cargos públicos debe ser un derecho que los ciudadanos puedan votar".

Alak señaló que tras la apelación del Poder Ejecutivo, la norma rechazada por Servini de Cubria "quedará absolutamente vigente", a pesar de las medidas cautelares dictadas por jueces "sin competencia para ello", y consideró que en caso de un pronunciamiento negativo de la Corte a la presentación del Gobierno "lamentablemente el pueblo no va a poder elegir a sus representantes".

 

RELEVAMIENTO Y EDICION: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

La ley, que reforma la composición y forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, entró en vigencia a través de los decretos 576 y 577/2013 que publica hoy el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y del ministro de Justicia, Julio Alak.

Pero, tal como habían adelantado representantes de abogados, jueces y partidos políticos de oposición, apenas sancionada la ley por el Congreso de la Nación, el 8 de mayo último, la Justicia recibió presentaciones de amparo pidiendo una medida cautelar que suspenda la elección de consejeros de jueces, académicos y abogados por voto popular.

Las primeras presentaciones fueron realizadas por los presidentes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta, mientras que el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, adelantó hoy en declaraciones radiales que hará lo mismo.

No obstante estas presentaciones ante la Justicia, el titular del bloque oficialista en la Cámara baja, el diputado Agustín Rossi, se mostró optimista respecto a que se cumplan los pasos necesarios para que el 27 de octubre los ciudadanos puedan ir a las urnas no sólo para elegir diputados y senadores, sino también consejeros abogados, jueces y académicos para integrar ese organismo.

"Confiamos en que el 27 de octubre puedan elegirse los integrantes del Consejo de la Magistratura. Estamos dentro de los tiempos administrativos contemplados para que la elección por voto popular del Consejo pueda concretarse", dijo Rossi.

Con la formalización de la convocatoria para la elección por el voto popular de los consejeros abogados, jueces y académicos realizada hoy por el Poder Ejecutivo, y mientras la Justicia decide si da lugar o no a los amparos, los partidos políticos comenzaron a trabajar en el armado de listas, ya que el plazo concluye el 22 de junio.

En este marco, el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, reconoció hoy que existía "acuerdo entre casi todos los partidos políticos de oposición", incluyendo al PRO y al Peronismo Federal, para ir "en una sola lista" a la votación de miembros del Consejo de la Magistratura, aunque "con una boleta suelta" y no adherida a la de diputados y senadores.

El jueves último, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo disidente, adelantó su intención de ser candidato a consejero para este cuerpo del Poder Judicial en el marco de un acto en el que participó para homenajear al boxeador José María "El Mono" Gatica, junto con el Hugo Moyano y Gerónimo "El Momo" Venegas.

El calendario electoral pone como fecha límite para la presentación de pre-candidaturas el 22 de junio, fecha que vale para diputados, senadores y los 12 integrantes del Consejo de la Magistratura (3 abogados, 3 jueces y 6 académicos) que serán elegidos directamente por los ciudadanos.

El calendario continúa el 11 de agosto con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), de la que resultarán los candidatos que cada partido político o alianza presente con vistas a los comicios parlamentarios del 27 de octubre, para las tres categorías.

La ley promulgada hoy en el Boletín Oficial establece, además, el cupo femenino en la integración de las listas de consejeros y la inclusión de un suplente por cada uno de los consejeros abogados (3), jueces (3) y académicos (6).

Pero la norma también consigna que para llevar candidatos a consejeros, un partido o frente electoral debe tener representación, con el mismo nombre, en 18 de los 24 distritos del país, un punto que también fue cuestionado por partidos de la oposición.

El senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, aclaró que "esta proporción" es para los partidos políticos que quieran adherir la lista de candidatos a consejeros en la misma boleta de postulantes a legisladores nacionales, porque para presentar una lista de consejeros por separado (no adherida a la lista de candidatos a legisladores) sólo hace falta la presencia del partido político o alianza en al menos cinco distritos".

La norma promulgada hoy forma parte del paquete de medidas que integran la Reforma Judicial impulsada por la presidenta Cristina Kirchner para "democratizar la Justicia".

El Consejo de la Magistratura fue creado en 1994 como parte del acuerdo que dio lugar a la reforma de la Constitución Nacional, aunque recién entró en vigencia en 1998.

En el 2006, mediante una ley aprobada por el Congreso de la Nación, se modificó la composición del Consejo de la Magistratura, que pasó de 20 a 13 miembros.

Con la última reforma, aprobada por el Congreso Nacional el 8 de mayo, el cuerpo encargado de controlar, sancionar y elegir a jueces, no sólo cambió su composición, al pasar de 13 a 19 (mediante la ampliación de la cantidad de académicos), sino también la forma de elección de 12 de sus integrantes, que serán elegidos por voto popular.

El resto de los integrantes ya son elegidos por voto popular indirecto, porque son diputados (3) y senadores (3) y un representante del Poder Ejecutivo.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

 El presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, afirmó que el comportamiento de la oposición en el Consejo de la Magistratura "es una nueva maniobra contra la libertad de expresión y la democracia".

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Sabbatella aludió de ese modo a las maniobras para trabar la designación de jueces en cinco juzgados civiles, entre ellos el que tramita una causa por la aplicación del artículo 161 (cláusula de desinversión) de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está apelado por el grupo Clarín.

"Lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura es una vergüenza, están bloqueando la Constitución, están bloqueando la designación de jueces naturales, dejando que se elijan jueces subrogantes en forma irregular", sostuvo el titular de la AFSCA esta mañana en declaraciones a Radio Nacional.

"Es una nueva maniobra contra la libertad de expresión y la democracia; lo mismo que intentaron hacer cuando tenían mayoría en el Congreso, donde quisieron convertir al Parlamento en un bufet de abogados para la defensa de intereses corporativos", manifestó.

Sabbatella señaló que "todo lo hacen para trabar la aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", tras el nombramiento de Raúl Torti como juez subrogante al frente del Juzgado Federal Nº 1.

Este sábado, el ministro de Justicia, Julio Alak, adelantó que el magistrado jubilado será recusado por contar como antecedente "haber fallado a favor del proveedor de internet Fibertel", perteneciente al grupo Clarín.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

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