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Entender bien la desglobalización

2022-06-13T18:28:50-03:00

La primera reunión del Foro Económico Mundial en más de dos años fue marcadamente diferente de las muchas conferencias previas de Davos a las que asistí desde 1995. No se trató simplemente de que la nieve brillante y los cielos despejados de enero fueran remplazados por pistas de esquí vacías y una llovizna de mayo lúgubre. Fue, más bien, que un foro tradicionalmente comprometido con la defensa de la globalización estaba preocupado principalmente por los fracasos de la globalización: cadenas de suministro alteradas, inflación de los precios de los alimentos y de la energía y un régimen de propiedad intelectual (PI) que dejó a miles de millones de personas sin vacunas contra el COVID-19 simplemente para que unas pocas compañías farmacéuticas pudieran ganar miles de millones de dólares en ganancias adicionales.

Entre las respuestas que se propusieron para estos problemas figuran “repatriar” la producción o “instalarla en países confiables”, e implementar “políticas industriales destinadas a aumentar las capacidades de producción de los países”. Atrás quedaron aquellos días en que todos parecían estar trabajando para un mundo sin fronteras; de repente, todos reconocen que por lo menos algunas fronteras nacionales son esenciales para el desarrollo económico y la seguridad.

Para quienes alguna vez defendían una globalización sin restricciones, este volte face ha resultado en una disonancia cognitiva, porque el nuevo conjunto de políticas propuestas implica que las reglas de larga data del sistema de comercio internacional se quebrarán o se romperán. Incapaces de reconciliar la instalación de la producción en países confiables con el principio de libre comercio no discriminatorio, la mayoría de los líderes empresariales y políticos en Davos apelaron a perogrulladas. Prácticamente no hubo un examen de conciencia sobre cómo y por qué las cosas han salido tan mal, o sobre el razonamiento errado e híper-optimista que prevalecía durante el apogeo de la globalización.

Por supuesto, el problema no es sólo la globalización. Toda nuestra economía de mercado ha dado pruebas de falta de resiliencia. Esencialmente fabricamos autos sin ruedas de auxilio –reduciendo unos pocos dólares del precio, sin preocuparnos demasiado por las exigencias futuras-. Los sistemas de inventario justo a tiempo eran innovaciones maravillosas mientras la economía enfrentaba alteraciones menores; pero terminaron siendo desastrosos frente a los cierres por el COVID-19, creando cascadas de escasez de oferta (como cuando una carencia de microchips condujo a una falta de coches nuevos).

Como advertí en mi libro de 2006, Making Globalization Work, los mercados son nefastos a la hora de “valorar” el riesgo (por la misma razón que no ponen precio a las emisiones de dióxido de carbono). Consideremos el caso de Alemania, que eligió que su economía dependiera de los suministros de gas de Rusia, un socio comercial claramente poco confiable. Ahora, enfrenta consecuencias que eran predecibles y que fueron predichas.

Como reconocía Adam Smith en el siglo XVIII, el capitalismo no es un sistema autosuficiente, porque hay una tendencia natural hacia el monopolio. Sin embargo, desde que el presidente norteamericano Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher introdujeron una era de “desregulación”, la creciente concentración de mercado se ha vuelto la norma, y no sólo en sectores de alto perfil como el comercio electrónico y las redes sociales. La desastrosa escasez de alimento para bebés en Estados Unidos esta primavera fue en sí misma el resultado de la monopolización. Después de que se obligara a Abbott a suspender la producción por cuestiones de seguridad, los norteamericanos pronto se dieron cuenta de que sólo una compañía es responsable de casi la mitad del suministro en Estados Unidos.

Las ramificaciones políticas de las fallas de la globalización también quedaron al descubierto en Davos este año. Cuando Rusia invadió Ucrania, el Kremlin fue condenado casi universalmente y de inmediato. Pero tres meses después, los mercados emergentes y los países en desarrollo (EMDC por su sigla en inglés) han adoptado posturas más ambiguas. Muchos apuntan a una hipocresía de Estados Unidos a la hora de exigir responsabilidad por la agresión de Rusia, considerando que el país invadió Irak bajo falsas pretensiones en 2003.

Los EMDC también enfatizan la historia más reciente de nacionalismo de vacunas por parte de Europa y Estados Unidos, que se sostuvo a través de disposiciones sobre PI de la Organización Mundial de Comercio que les fueron endilgadas hace 30 años. Y ahora son los EMDC los que están soportando la carga de precios de alimentos y energía más elevados. Estos desarrollos recientes, combinados con injusticias históricas, han deslegitimado la defensa occidental de la democracia y del régimen de derecho internacional.

Sin duda, muchos países que se niegan a respaldar la defensa de la democracia que hace Estados Unidos no son democráticos. Pero otros países sí lo son y la posición de Estados Unidos al frente de esa lucha se ha visto minada por sus propios fracasos –desde el racismo sistémico y el coqueteo de la administración Trump con regímenes autoritarios hasta los persistentes intentos del Partido Republicado de anular la votación y desviar la atención de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

La mejor manera de proceder para Estados Unidos sería mostrar una mayor solidaridad con los EMDC ayudándolos a gestionar los crecientes costos de los alimentos y de la energía. Esto se podría hacer reasignando los derechos especiales de giro (el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional) de los países ricos y respaldando una fuerte eximición de la PI por el COVID-19 en la OMC.

Asimismo, los altos precios de los alimentos y de la energía probablemente causen crisis de deuda en muchos países pobres, agudizando aún más las desigualdades trágicas de la pandemia. Si Estados Unidos y Europa quieren mostrar un verdadero liderazgo global, tendrán que dejar de ponerse de lado de los grandes bancos y acreedores que incitaron a los países a tomar más deuda de la que podían pagar.

Después de cuatro décadas de defender la globalización, es claro que los asistentes a Davos gestionaron mal las cosas. Prometieron prosperidad para los países desarrollados y en desarrollo por igual. Pero mientras los gigantes corporativos en el Norte Global se volvieron ricos, los procesos que podrían haber beneficiado a todos generaron en cambio enemigos en todas partes. La “economía de derrame”, el argumento de que enriquecer a los ricos automáticamente favorecería a todos, fue una estafa –una idea que no estaba respaldada ni por la teoría ni por la evidencia.

La reunión de Davos de este año fue una oportunidad perdida. Podría haber sido una ocasión para reflexionar seriamente sobre las decisiones y las políticas que llevaron al mundo adonde está hoy. Ahora que la globalización ha alcanzado la cima, sólo nos queda esperar que gestionemos su caída mejor de lo que gestionamos su ascenso.

FUENTE: Project Syndicate

(*) Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is a former chief economist of the World Bank (1997-2000) and chair of the US President’s Council of Economic Advisers, was lead author of the 1995 IPCC Climate Assessment, and co-chaired the international High-Level Commission on Carbon Prices.

Cómo evitar una recuperación global con forma de K | Stiglitz, Spence y Ghosh

2021-04-09T17:27:55-03:00

Estados Unidos espera «independizarse» de la COVID‑19 el 4 de julio (Día de la Independencia), cuando haya vacunas para toda la población adulta. Pero para muchos países en desarrollo y emergentes, el final de la crisis todavía está muy lejos.

Como mostramos en un informe para la Comisión sobre Transformación Económica Mundial del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico (INET), para que sea posible una recuperación global rápida, es necesario que todos los países puedan declararse independientes del virus.

La capacidad de mutación del coronavirus implica que nadie estará a salvo mientras no se lo haya controlado en todas partes. Por eso es esencial efectuar lo antes posible una distribución universal de vacunas, equipos de protección personal y tratamientos. Las restricciones actuales al suministro de esos elementos son básicamente artificiales, en la medida en que son resultado de un régimen internacional de propiedad intelectual mal diseñado.

Pero más allá de la muy postergada reforma de dicho régimen, lo que se necesita con más urgencia es una suspensión de los derechos de propiedad intelectual asignados a productos necesarios para el combate a la COVID‑19 o la creación de fondos comunes de patentes para su uso compartido (pooling). Muchos países demandan estas medidas, pero los intereses corporativos de las economías avanzadas han opuesto resistencia, y sus gobiernos se han dejado llevar por la miopía. El ascenso del «nacionalismo pandémico» ha expuesto una variedad de deficiencias en los regímenes internacionales de comercio, inversión y propiedad intelectual (algo que la comisión del INET analizará en un informe posterior).

Las economías avanzadas, sobre todo Estados Unidos, han actuado con determinación para reactivar sus economías y apoyar a familias y empresas vulnerables. Entendieron (aunque tal vez fuera una lección pasajera) que en crisis como esta, las medidas de austeridad son profundamente contraproducentes. Pero los países en desarrollo, en su mayoría, tienen grandes dificultades para obtener fondos que les permitan mantener los programas de apoyo vigentes, por no hablar de absorber los costos adicionales impuestos por la pandemia. Estados Unidos gastó alrededor del 25% de su PIB en medidas de apoyo a la economía (y consiguió así poner coto a la desaceleración), pero los países en desarrollo sólo han podido gastar un porcentaje mucho menor.

Nuestros cálculos, basados en datos del Banco Mundial, muestran que el gasto en Estados Unidos, del orden de los 17 000 dólares per cápita, fue unas 8000 veces mayor al de los países menos desarrollados.

Además del uso decidido de la política fiscal, hay tres medidas que los países desarrollados pueden tomar y que los beneficiarán, además de colaborar con la recuperación mundial. En primer lugar, impulsar una gran emisión de derechos especiales de giro, el activo global de reserva del Fondo Monetario Internacional. El FMI puede emitir en forma inmediata unos 650 000 millones de dólares en DEG sin necesidad de aprobación de las legislaturas nacionales. Y el efecto expansivo de la medida será mucho mayor si los países ricos transfieren sus asignaciones desproporcionadas de DEG a otros países con necesidad de efectivo.

El segundo conjunto de medidas también implica al FMI, dada su influencia sobre la política macroeconómica de los países en desarrollo, en particular aquellos que acuden a él para resolver problemas de balanza de pagos. Resulta alentador que el FMI haya sido un activo propulsor de la implementación de cuantiosos y prolongados programas de ayuda fiscal en Estados Unidos y en la Unión Europea, y que haya reconocido incluso la necesidad de aumentar el gasto público en los países en desarrollo, pese a lo adverso de las condiciones externas.

Pero a la hora de estipular los términos de los préstamos para países con problemas de balanza de pagos, las acciones del FMI no siempre se condicen con sus declaraciones. Un análisis que hizo hace poco Oxfam International de programas de ayuda del FMI recientes y vigentes halla que entre marzo y septiembre de 2020, 76 de los 91 préstamos negociados por el Fondo con 81 países demandaban recortes del gasto público que podrían trasladarse a deterioro de los sistemas sanitarios y previsionales, congelamiento de salarios de los empleados públicos (incluido el personal médico y docente) y reducción de los seguros de desempleo, de las licencias por enfermedad y de otras prestaciones sociales. La austeridad (sobre todo tratándose de recortes en esas áreas esenciales) no tendrá en los países en desarrollo mejores resultados que los que obtendría en los desarrollados. Además, aquellos países podrían contar con un mayor margen fiscal si recibieran más asistencia (incluida la emisión de DEG antes mencionada).

Finalmente, los países desarrollados pueden organizar una respuesta integral a los enormes problemas de deuda que enfrentan muchos países. Todo dinero gastado en pagar deudas es dinero que no se usa en combatir el virus y reactivar la economía. Al principio de la pandemia, se esperaba que una suspensión de los pagos de deuda de países en desarrollo y emergentes sería suficiente; pero ya pasó más de un año, y algunos deudores necesitan una reestructuración integral, en vez de los típicos parches que lo único que hacen es generar las condiciones para la próxima crisis.

Hay mucho que pueden hacer los países acreedores para facilitar esas reestructuraciones y alentar una participación más activa del sector privado (que hasta ahora se ha mostrado bastante reacio a colaborar). Como recalca el informe de la Comisión, si hubo un momento para hacer valer los principios de fuerza mayor y necesidad, es ahora. No se les puede pedir a los países deudores que paguen lo que no pueden, sobre todo si será a costa de tanto padecimiento.

Las políticas que se describen aquí serían de gran ayuda para los países en desarrollo y costarían poco y nada a los países desarrollados. De hecho, el interés propio bien entendido del mundo desarrollado exige hacer todo lo posible por ayudar a los países en desarrollo y emergentes, sobre todo cuando es tan fácil de hacer y beneficiaría a gran parte de la humanidad. La dirigencia política en los países desarrollados tiene que comprender que nadie estará a salvo mientras no lo estén todos, y que la salud de la economía global depende de que haya una fuerte recuperación en todas partes.

Este comentario también lleva las firmas de Rob Johnson, Rohinton Medhora, Dani Rodrik y otros integrantes de la Comisión sobre Transformación Económica Mundial del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico.

(*) Michael Spence, a Nobel laureate in economics, is Professor of Economics Emeritus and a former dean of the Graduate School of Business at Stanford University. He is Senior Fellow at the Hoover Institution, serves on the Academic Committee at Luohan Academy, and co-chairs the Advisory Board of the Asia Global Institute. He was chairman of the independent Commission on Growth and Development, an international body that from 2006-10 analyzed opportunities for global economic growth, and is the author of The Next Convergence: The Future of Economic Growth in a Multispeed World.

(**) Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is a former chief economist of the World Bank (1997-2000) and chair of the US President’s Council of Economic Advisers, was lead author of the 1995 IPCC Climate Assessment, and co-chaired the international High-Level Commission on Carbon Prices.

(***) Jayati Ghosh, Executive Secretary of International Development Economics Associates, is Professor of Economics at the University of Massachusetts Amherst and a member of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation.

FUENTE: Project Syndicate

Es fundamental reestructurar la deuda privada argentina | Stiglitz, Phelps y Reinhart

2020-05-13T11:12:06-03:00

La pandemia de la COVID-19 empujó a la humanidad hacia la peor recesión mundial de la era moderna. La presión sobre la finanzas públicas se tornó enorme, especialmente en los países en vías de desarrollo que ya estaban fuertemente endeudados.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas han lanzado varias iniciativas para aliviar la carga de la deuda pública en esta situación extraordinaria. Como primer paso, los países del G20 aceptaron una moratoria para la deuda bilateral oficial de las 76 economías más pobres del mundo.

Este momento plantea la prueba máxima para la arquitectura financiera internacional. La «sostenibilidad» es un término actualmente omnipresente en la inversión y las finanzas mundiales, por buenos motivos. Los principios que encarna —como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU— promueven la construcción de un mundo mejor. Esos principios son extremadamente relevantes en el caso de la deuda soberana de los países en vías de desarrollo en apuros.

Con esta emergencia mundial como telón de fondo, Argentina dio comienzo a su proceso de reestructuración de la deuda pública en forma constructiva, de buena fe y con el apoyo de todos los sectores políticos locales. Desde 2016, cuando el país recuperó el acceso a los mercados internacionales, los acreedores extranjeros apostaron al comprar deuda con cupones elevados, pero solo compatible con tasas de crecimiento extremadamente altas, que no se materializaron. En febrero, antes de que la crisis de la COVID-19 fuera grave, el FMI llegó a la conclusión de que la deuda pública argentina es «insostenible». Hay consenso en que la deuda es prohibitiva, ya que se duplicó la incidencia del pago de intereses sobre los ingresos fiscales. Para ser francos, el costo del refinanciamiento se tornó excesivamente alto.

Para una renegociación hace falta el compromiso de todas las partes. Argentina presentó a sus acreedores privados una oferta responsable, que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país: un período de gracia de tres años con un recorte menor del capital y otro significativo de los intereses. La propuesta está en línea con el análisis técnico del FMI, que indica que será necesaria una quita sustancial de la deuda por parte de los acreedores privados de Argentina para que la probabilidad de recuperar la sostenibilidad de la deuda sea elevada.

La quita de la deuda es la única forma de combatir la pandemia y encaminar a la economía hacia la sostenibilidad. Antes de la crisis, el Banco Mundial estimó que la pobreza urbana en Argentina era del 35,5 % y la pobreza infantil, del 52,3 %. La ONU considera que el impacto del shock sobre el país es uno de los peores en la región. El FMI, proyecta una contracción del PBI del 5,7 % para 2020.

Se está pidiendo a los acreedores que reduzcan su flujo de ingresos, pero seguirán recibiendo tasas de interés razonables en el futuro. Argentina ha ratificado su voluntad para pagar los servicios de la deuda reestructurada, precisamente porque será factible con la nueva tasa de interés propuesta. Solo una economía que crece de manera sostenible puede cumplir sus compromisos financieros con el tiempo.

La diferencia en la consideración del capital y los intereses fue diseñada precisamente para aliviar la carga del servicio de la deuda mientras el país lucha contra la COVID-19 y trabaja para restablecer el crecimiento. De hecho, la reducción del cupón promedio de los bonos ofrecida por Argentina (del 7 % promedio actual al 2,3 %) es razonable, dado el entorno mundial vigente para las tasas de interés.

En este momento excepcional, la propuesta argentina también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que puede solucionar una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sostenible. La ausencia de un marco legal internacional para la reestructuración de la deuda soberana no debe privar a los países endeudados de la posibilidad de proteger a su gente y asegurar la recuperación económica durante la mayor crisis mundial de la que tenemos memoria.

Creemos que un acuerdo sostenible beneficia a ambas partes: a una economía en dificultades, con 45 millones de personas, y a los propios acreedores. Este es el momento para que los acreedores privados actúen de buena fe. Una solución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto.

Este comentario fue firmado por:

Jeffrey D. Sachs, Universidad de Columbia; Dani Rodrik, Escuela Kennedy de Harvard; Thomas Piketty, Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (École des hautes études en sciences sociales); Mariana Mazzucato, University College de Londres; Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI y Universidad de Harvard; Brad Setser, Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations); Ricardo Hausmann, ex economista jefe del BID y Escuela Kennedy de Harvard; Carlos Ominami, exministro de Economía, Chile; Yu Yongding, exmiembro del Comité de Política Monetaria, Banco Popular de China; Erik Berglof, ex economista jefe de EBRD y Escuela de Economía de Londres; Nora Lustig, Universidad de Tulane; Nelson Barbosa, exministro de Finanzas y Planeamiento; Justin Yifu Lin, ex economista jefe del Banco Mundial y Universidad de Pekín; Partha Dasgupta, Universidad de Cambridge; Kevin P. Gallagher, Universidad de Boston; Stephany Griffith-Jones, Universidad de Columbia; Stephanie Blankenburg, UNCTAD; Richard Kozul-Wright, UNCTAD; Ricardo French Davis, Universidad de Chile; James K. Galbraith, Universidad de Texas; Jean-Paul Fitoussi, Sciences Po; Amar Bhattacharya, Brookings Institution; Robert Boyer, Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS); Robert Pollin, Universidad de Massachusetts-Amherst; Robert Howse, Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU Law); Giovanni Dosi, Scuola Superiore Sant’Anna; Juan Carlos Moreno Brid, Universidad Nacional Autónoma de México; Josh Bivens, Economic Policy Institute; Arjun Jayadev, Universidad Azim Premji; David Soskice, Escuela de Economía de Londres; Jayati Ghosh, profesora de Economía, Universidad Jawaharlal Nehru; Mauro Gallegati, Università Politecnica Delle Marche; Natalya Naqvi, Escuela de Economía de Londres; Daniela Gabor, UWE Bristol; Marcus Miller, Universidad de Warwick; John E. Roemer, Universidad de Yale; William H. Janeway, Universidad de Cambridge; Dean Baker, Centro de Investigaciones de Economía y Políticas (Center for Economic and Policy Research) y Universidad de Utah; Gerald Epstein, Universidad de Massachusetts-Amherst; Anwar Shaikh, Universidad The New School; Kaushik Basu, Universidad de Cornell; Matias Vernengo, Universidad de Bucknell; Philippe Aghion, Escuela de Economía de Londres; Anne Laure Delatte, Centro de Información y Estudios Prospectivos Internacionales (CEPII); Sudhir Anand, Escuela de Economía de Londres; Christoph Trebesch, Universidad de Kiel; John Weeks, Universidad de Londres; David Vines, Universidad de Oxford; Saskia Sassen, Universidad de Columbia; Sandra Polaski, Universidad de Boston; Thomas Pogge, Universidad de Yale; Rhys Jenkins, Universidad de Anglia Oriental; Jurgen Kaiser, Jubilee Germany; Gary A. Dymski, Universidad de Leeds; Andreas Antoniades, Universidad de Sussex; Raphael Kaplinsky, Universidad de Sussex; Diane Elson, Universidad de Essex; Ernst Stetter, ex secretario general, Foundation for European Progressive Studies; Ozlem Onaran, Universidad de Greenwich; Todd Howland, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Isabel Ortiz, Universidad de Columbia; Carolina Alves, Universidad de Cambridge; Eric LeCompte, Jubilee USA Network; Richard Jolly, Universidad de Sussex; Christoph Trebesch, Universidad de Kiel; Diego Sanchez-Ancochea, Universidad de Oxford; Mark Weisbrot, Centro de Investigaciones de Economía y Políticas (Center for Economic and Policy Research); Lara Merling, Confederación Sindical Internacional; Pedro Mendes Loureiro, Universidad de Cambridge; Ilene Grabel, Universidad de Denver; Sabri Öncü, CAFRAL; David Hall, Universidad de Greenwich; José Esteban Castro, Universidad de Newcastle; Andy McKay, Universidad de Sussex; Stefano Prato, Sociedad para el Desarrollo Internacional (Society for International Development, SID); Rosemary Thorp, Universidad de Oxford; Barry Herman, The New School for Public Engagement; Andrés Aráuz, exministro de Conocimiento y director general del Banco Central, Ecuador; Manuel Alcántara, Universidad de Salamanca; Alex Izurieta, UNCTAD; Michael Cichon, UNU Maastricht; Biswajit Dhar, Universidad Jawaharlal Nehru; Jens Martens, Global Policy Forum; Nicolas Pons-Vignon, Universidad de the Witwatersrand; Jean Saldanha, Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad); Leonidas Vatikiotis, Debtfree Project; Valpy FitzGerald, Universidad de Oxford; Giovanni Andrea Cornia, Universidad de Florencia; Matthias Thiemann, Sciences Po; Yılmaz Akyüz, ex economista jefe, South Centre, Génova; Stephan Schulmeister, Universidad de Viena; Eduardo Strachman, Universidad del Estado de San Pablo; Peter Dorman, Evergreen State College; C.P. Chandrasekhar, Universidad Jawaharlal Nehru; Leopoldo Rodriguez, Universidad del Estado de Portland; Chris Tilly, Universidad de California Los Ángeles; Tracy Mott, Universidad de Denver; Jeffrey Madrick, Schwartz Rediscovering Government Initiative; Günseli Berik, Universidad de Utah; Joseph Ricciardi, Babson College; Lorenzo Pellegrini, Universidad Erasmo de Róterdam; Erinc Yeldan, Universidad Bilkent; Sunil Ashra, Management Development Institute; Mustafa Özer, Universidad Anadolu, Turquía; Rolph van der Hoeven, Universidad Erasmo de Róterdam; Al Campbell, Universidad de Utah; Antonella Palumbo, Universidad Roma Tre; Arthur MacEwan, Universidad de Massachusetts Boston; Neva Goodwin, Universidad Tufts; Korkut Boratav, Asociación de Ciencias Sociales de Turquía; Michael Ash, Universidad de Massachusetts-Amherst; Alicia Puyana, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México; John Willoughby, American University; Marco Palacios, El Colegio de México; Reza Mazhari, Universidad Gonbad Gavous, Irán; Ann Markusen, Universidad de Minnesota; Renee Prendergast, Universidad de Queens; Michael Moore, Universidad de Warwick; Carlos A. Carrasco, Universidad de Monterrey, México; Robert Lynch, Washington College; John Schmitt, Economic Policy Institute; Venkatesh Athreya, Universidad Bharathidasan; Jeff Faux, Economic Policy Institute; Kunibert Raffer, Universidad de Viena; Jenik Radon, Universidad de Columbia; Maria Joao Rodrigues, Foundation for European Progressive Studies; Stephanie Seguino, Universidad de Vermont; Gustavo Indart, Universidad de Toronto; Cyrus Bina, Universidad de Minnesota; Alberto Minujin, The New School; Philip Alston, NYU; Sudhir Anand, Escuela de Economía de Londres; José Gabriel Palma, Universidad de Cambridge; Michael A. Cohen, The New School; y Jeff Powell, Universidad de Greenwich.

FUENTE: Project Syndicate

(*) Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is the author, most recently, of People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent.

(**) Edmund S. Phelps, the 2006 Nobel laureate in economics, is Director of the Center on Capitalism and Society at Columbia University and the author of Mass Flourishing and Dynamism.

(***) Carmen M. Reinhart is Professor of the International Financial System at Harvard University's John F. Kennedy School of Government.

Las patentes y la pandemia | Stiglitz, Jayadev y Prabhala

2020-05-05T23:10:21-03:00

Imaginemos un mundo donde una red global de profesionales médicos vigila la aparición de nuevas cepas de un virus contagioso, actualiza periódicamente la formulación de una vacuna comprobada y luego pone esa información a disposición de empresas y países de todo el mundo. Imaginemos además que este trabajo tiene lugar sin que haya que preocuparse por cuestiones de propiedad intelectual y sin que monopolios farmacéuticos exploten a una población desesperada para maximizar sus ganancias.

Puede parecer una fantasía utópica, pero de hecho es una descripción de la forma en que se produce la vacuna contra la gripe desde hace cincuenta años. En el marco del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe de la Organización Mundial de la Salud, expertos de todo el mundo se reúnen dos veces al año para analizar y discutir los últimos datos referidos a nuevas cepas del virus de la gripe y decidir cuáles deben incluirse en la vacuna de ese año. El SMVRG, una red de laboratorios que abarca 110 países y que funciona casi exclusivamente con financiación estatal (y algunos aportes de fundaciones), es un ejemplo cabal de lo que Amy Kapczynski (de la Escuela de Derecho de Yale) denomina «ciencia abierta».

El SMVRG no busca ganancias, sino proteger la vida humana, y eso le confiere una capacidad única para reunir, interpretar y distribuir conocimiento aplicable al desarrollo de vacunas. Quizá esta modalidad se aplicaba sin pensar mucho en ella, pero hoy sus ventajas se están volviendo cada vez más evidentes.

En la respuesta a la pandemia, la comunidad científica mundial ha mostrado una notable disposición a compartir conocimiento sobre posibles tratamientos, coordinar ensayos clínicos, desarrollar nuevos modelos en forma transparente y publicar los resultados de inmediato. En este nuevo clima de cooperación, es fácil olvidar que las empresas farmacéuticas comerciales llevan décadas privatizando y monopolizando bienes comunes de conocimiento con prácticas como tratar de extender su control sobre fármacos vitales por medio de reclamos de patentes infundados, triviales o secundarios y presionar a las autoridades para evitar la aprobación y producción de medicamentos genéricos.

Con la llegada de la COVID‑19, se ha vuelto dolorosamente obvio que ese monopolio cuesta vidas. El control monopólico de la tecnología usada en la detección del virus obstaculizó la pronta introducción de más kits de testeo, así como las 441 patentes de 3M donde aparecen las palabras «respirator» (mascarilla) o «N95» han puesto trabas a nuevos productores dispuestos a fabricar mascarillas de grado médico a gran escala. Peor aún, tres de los tratamientos más prometedores para la COVID‑19 (el remdesivir, el favipiravir y el lopinavir/ritonavir) tienen patentes vigentes en la mayor parte del mundo. Esto es un obstáculo a la competencia y una amenaza a la asequibilidad y el suministro de nuevos fármacos.

Tenemos que elegir entre dos futuros. En el primero, seguimos como siempre, dependiendo de las grandes farmacéuticas, y esperando que algún tratamiento potencial para la COVID‑19 pase los ensayos clínicos, y que aparezcan otras tecnologías de detección, testeo y protección. En este futuro, las patentes darán el control sobre la mayoría de esas innovaciones a proveedores monopólicos que al fijar precios altos obligarán a los sistemas sanitarios a racionar los tratamientos. Sin una firme intervención pública, se perderán vidas, sobre todo en los países en desarrollo.

El mismo problema se repetirá con cualquier posible vacuna para la COVID‑19. A diferencia de la vacuna de Jonas Salk para la polio, que se liberó en forma casi inmediata, hoy la mayoría de las vacunas que llegan al mercado están patentadas. Por ejemplo, la vacuna conjugada PCV13, que protege contra varias formas de neumonía y se administra a los bebés, cuesta cientos de dólares, porque es propiedad monopólica de Pfizer. Y aunque Gavi (la alianza mundial para la vacunación) subsidia parte del costo de las vacunas en los países en desarrollo, muchas personas todavía no pueden acceder a ella. En la India, cada año se registran más de 100 000 muertes infantiles evitables por neumonía, mientras la vacuna le genera a Pfizer ingresos por aproximadamente 5000 millones de dólares al año.

En el segundo futuro posible, nos damos cuenta de que el sistema actual (donde monopolios privados obtienen ganancias a partir de conocimiento que en su mayor parte es producido por instituciones públicas) es inadecuado. Como sostienen hace mucho estudiosos y activistas por la salud pública, los monopolios matan, al negar acceso a medicamentos vitales que en un sistema alternativo (como el que hace posible todos los años la producción de la vacuna para la gripe) hubieran estado al alcance de la población.

Ya hay voces que se alzan para pedir modalidades alternativas. Por ejemplo, hace poco el gobierno de Costa Rica pidió a la OMS la creación de un fondo de licencias voluntarias («fondo de patentes») para la fabricación de tratamientos para la COVID‑19, que permita a múltiples proveedores suministrar nuevos fármacos y diagnósticos a precios más accesibles.

No es una idea nueva. A través de su Fondo de Patentes de Medicamentos, las Naciones Unidas y la OMS llevan años tratando de aumentar el acceso a tratamientos para el VIH/sida, la hepatitis C y la tuberculosis, y ahora han extendido el programa a la COVID‑19. Los fondos de patentes, los premios a la innovación y otras ideas similares son parte de una agenda más amplia que busca cambiar el modo de desarrollo y distribución de medicamentos vitales. El objetivo es reemplazar un sistema basado en el monopolio por otro basado en la cooperación y el conocimiento compartido.

Algunos dirán que la crisis de la COVID‑19 es un caso aparte, o que la amenaza del licenciamiento obligatorio ya es un instrumento suficiente para obtener una conducta apropiada de parte de las farmacéuticas. Pero dejando a un lado a los investigadores personalmente involucrados que no buscan ganancias inmediatas, no está claro que las grandes farmacéuticas entiendan sus responsabilidades. No olvidemos que ante la crisis actual, la primera reacción de Gilead, que fabrica el remdesivir, fue solicitar que se lo califique como «medicamento huérfano», lo que le hubiera conferido una posición monopólica más fuerte y exenciones impositivas multimillonarias. (Después del escándalo que se generó, la empresa retiró la solicitud.)

Llevamos demasiado tiempo creyéndonos el mito de que el régimen de propiedad intelectual actual es necesario. El éxito comprobado del SMVRG y de otras aplicaciones del modelo de «ciencia abierta» muestra que no es así. En momentos en que la COVID‑19 sigue matando gente, debemos preguntarnos si es prudente y moral un sistema que cada año condena en silencio a millones de seres humanos a sufrir y morir.

Es hora de aplicar otra modalidad. De los ámbitos académicos y políticos ya han surgido muchas propuestas prometedoras para la generación de innovaciones farmacéuticas socialmente útiles en vez de meramente rentables. Hoy es el mejor momento para poner estas ideas en práctica.

(**) Arjun Jayadev is Professor of Economics at Azim Premji University and Senior Economist at the Institute for New Economic Thinking.

(***) Achal Prabhala is a fellow at the Shuttleworth Foundation and coordinator of the accessibsa project, which campaigns for access to medicines in India, Brazil, and South Africa.

FUENTE: Project Syndicate

El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia

2019-12-06T13:14:43-03:00

Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado “The End of History?” [¿El fin de la historia?], donde sostuvo que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado. Muchos estuvieron de acuerdo.

Hoy, ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas, con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece anticuada e ingenua. Pero esa idea aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció los últimos cuarenta años.

Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desregulación de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad compartida está en terapia intensiva, y por buenos motivos. La pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuarenta años debilitando la democracia.

La forma de globalización prescrita por el neoliberalismo dejó a individuos y a sociedades enteras incapacitados de controlar una parte importante de su propio destino, como Dani Rodrik (de Harvard) explicó con mucha claridad, y como yo sostengo en mis libros recientes Globalization and Its Discontents Revisited y People, Power, and Profits. Los efectos de la liberalización de los mercados de capitales fueron particularmente odiosos: bastaba que el candidato con ventaja en una elección presidencial de un país emergente no fuera del agrado de Wall Street para que los bancos sacaran el dinero del país. Los votantes tenían entonces que elegir entre ceder a Wall Street o enfrentar una dura crisis financiera. Parecía que Wall Street tenía más poder político que la ciudadanía.

Incluso en los países ricos, se decía a los ciudadanos: “no es posible aplicar las políticas que ustedes quieren” (llámense protección social adecuada, salarios dignos, tributación progresiva o un sistema financiero bien regulado) “porque el país perderá competitividad, habrá destrucción de empleos y ustedes sufrirán”.

En todos los países (ricos o pobres) las élites prometieron que las políticas neoliberales llevarían a más crecimiento económico, y que los beneficios se derramarían de modo que todos, incluidos los más pobres, estarían mejor que antes. Pero hasta que eso sucediera, los trabajadores debían conformarse con salarios más bajos, y todos los ciudadanos tendrían que aceptar recortes en importantes programas estatales.

Las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la “investigación basada en la evidencia”. Pues bien, cuarenta años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró, y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba, en vez de derramarse hacia abajo.

¿A quién se le ocurre que la contención salarial (para conseguir o mantener competitividad) y la reducción de programas públicos pueden contribuir a una mejora de los niveles de vida? Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados.

Estamos experimentando las consecuencias políticas de este enorme engaño: desconfianza en las élites, en la “ciencia” económica en la que se basó el neoliberalismo y en el sistema político corrompido por el dinero que hizo todo esto posible.

La realidad es que pese a su nombre, la era del neoliberalismo no tuvo nada de liberal. Impuso una ortodoxia intelectual con guardianes totalmente intolerantes del disenso. A los economistas de ideas heterodoxas se los trató como a herejes dignos de ser evitados o, en el mejor de los casos, relegados a unas pocas instituciones aisladas. El neoliberalismo se pareció muy poco a la “sociedad abierta” que defendió Karl Popper. Como recalcóGeorge Soros, Popper era consciente de que la sociedad es un sistema complejo y cambiante en el que cuanto más aprendemos, más influye nuestro conocimiento en la conducta del sistema.

La intolerancia alcanzó su máxima expresión en macroeconomía, donde los modelos predominantes descartaban toda posibilidad de una crisis como la que experimentamos en 2008. Cuando lo imposible sucedió, se lo trató como a un rayo en cielo despejado, un suceso totalmente improbable que ningún modelo podía haber previsto. Incluso hoy, los defensores de estas teorías se niegan a aceptar que su creencia en la autorregulación de los mercados y su desestimación de las externalidades cual inexistentes o insignificantes llevaron a la desregulación que fue un factor fundamental de la crisis. La teoría sobrevive, con intentos tolemaicos de adecuarla a los hechos, lo cual prueba cuán cierto es aquello de que cuando las malas ideas se arraigan, no mueren fácilmente.

Si no bastó la crisis financiera de 2008 para darnos cuenta de que la desregulación de los mercados no funciona, debería bastarnos la crisis climática: el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. Pero también está claro que los demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia sólo empeorarán las cosas.

La única salida, el único modo de salvar el planeta y la civilización, es un renacimiento de la historia. Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia.

FUENTE: Project Syndicate

(*) Joseph Stiglitz es Premio Nobel de Economía, Profesor en la Universidad de Columbia y Economista Jefe del Instituto Roosevelt.

¿Volvió realmente el «capitalismo de las partes interesadas»?

2019-09-06T14:55:12-03:00

Durante cuatro décadas, la doctrina predominante en Estados Unidos fue que las corporaciones deben maximizar el shareholder value: el valor para los accionistas (es decir, las utilidades y los precios de las acciones) aquí y ahora, a como dé lugar, sin importar las consecuencias para los trabajadores, los clientes, los proveedores y las comunidades. Así que la declaración de apoyo a un capitalismo de “partes interesadas” (stakeholders), firmada a principios de este mes por casi todos los miembros de la organización empresarial estadounidense Business Roundtable, causó bastante revuelo. Al fin y al cabo, son los directores ejecutivos de las corporaciones más poderosas de Estados Unidos, y están diciendo a los estadounidenses y al mundo que una empresa no se reduce a sus resultados financieros. Es un giro bastante radical. ¿Será verdad?

El ideólogo del libre mercado y premio Nobel de Economía Milton Friedman tuvo un papel influyente no sólo en la difusión de la doctrina de la primacía de los accionistas, sino también en conseguir que se incorporara a la legislación en los Estados Unidos. Llegó a decir que hay una “única responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos para participar en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios”.

Lo irónico es que poco después de que Friedman promulgó estas ideas, y allá por el tiempo en que se popularizaron e incorporaron a las leyes sobre gobernanza corporativa (como si se basaran en una teoría económica sólida), Sandy Grossman y yo, en una serie de artículos de fines de los setenta, mostramos que el capitalismo de los accionistas no maximiza el bienestar social.

Esto es evidentemente cierto cuando hay externalidades importantes como el cambio climático o cuando las corporaciones envenenan el aire que respiramos o el agua que bebemos. Y es evidentemente cierto cuando promueven el consumo de productos nocivos para la salud, por ejemplo bebidas azucaradas que contribuyen a la obesidad infantil o analgésicos que desatan una crisis de opioides, o cuando explotan a personas incautas y vulnerables, como la Universidad Trump y muchas otras instituciones estadounidenses de educación superior con fines de lucro. Y es cierto cuando se aprovechan del poder de mercado, como hacen muchos bancos y empresas tecnológicas.

Pero es cierto también en un sentido más general: el mercado puede impulsar a las empresas a ser imprevisoras y no invertir lo suficiente en los trabajadores y en las comunidades. Así que es un alivio que dirigentes corporativos, presuntamente dotados de una comprensión profunda del funcionamiento de la economía, finalmente hayan visto la luz y se hayan puesto al día con la economía moderna, aunque les haya llevado unos cuarenta años.

Ahora bien: ¿creen realmente estos dirigentes corporativos en lo que dicen, o es su declaración un mero gesto retórico frente a la reacción popular contra numerosos abusos? Hay motivos para pensar que no están siendo muy sinceros.

La primera responsabilidad de las corporaciones es pagar sus impuestos; pero entre las que suscribieron la nueva visión corporativa hay algunas de las empresas estadounidenses que más eluden impuestos, por ejemplo Apple, que a todas luces sigue usando paraísos fiscales como la isla de Jersey. Otras apoyaron el paquete impositivo promulgado en 2017 por el presidente estadounidense Donald Trump, que mientras reduce impuestos a corporaciones y milmillonarios, los aumentará para la mayoría de los hogares de clase media y dejará a varios millones de personas más sin seguro médico cuando se complete su implementación. (Esto, en un país con el mayor nivel de desigualdad, los peores indicadores sanitarios y la menor expectativa de vida entre las grandes economías desarrolladas.) Y aunque estos dirigentes empresariales defendieron la tesis de que la rebaja de impuestos generaría inversiones y aumentos salariales, los trabajadores recibieron migajas. La mayor parte del dinero no se usó para la inversión, sino para la recompra de acciones, que sólo sirvió para forrarles los bolsillos a accionistas y ejecutivos con planes de incentivos basados en acciones.

Un auténtico sentido de responsabilidad más amplia llevaría a la dirigencia corporativa a apoyar una normativa más rigurosa que proteja el medioambiente y la salud y seguridad de sus empleados. Unas pocas empresas automotrices (Honda, Ford, BMW y Volkswagen) lo hicieron, y apoyan normas que son incluso más estrictas que las que quiere el gobierno del presidente Trump (que está ocupado en deshacer el legado medioambiental del expresidente Barack Obama). Hasta hay ejecutivos de empresas de gaseosas que al parecer se sienten mal por su contribución a la obesidad infantil, que como saben, suele provocar diabetes.

Pero aunque muchos ejecutivos quieran hacer lo correcto (o tienen familiares o amigos que quieren hacerlo), saben que no todos sus competidores harán lo mismo. Hay que emparejar el terreno de juego para que las empresas con conciencia no queden en desventaja frente a las irresponsables. Por eso muchas corporaciones quieren normas contra el soborno y reglas que protejan el medioambiente y la salud y seguridad de los trabajadores.

Por desgracia, esto no incluye a muchos de los grandes bancos, cuya conducta irresponsable produjo la crisis financiera global de 2008. Apenas aprobada la Ley Dodd‑Frank (2010) de reforma financiera, que fijó normas más estrictas para reducir la probabilidad de repetición de la crisis, los bancos ya estaban trabajando para lograr la derogación de sus disposiciones clave. Uno de esos bancos fue el JPMorgan Chase, cuyo director ejecutivo es Jamie Dimon, presidente actual de Business Roundtable. Previsiblemente, dada la influencia del dinero en la política estadounidense, los bancos tuvieron bastante éxito. Y un decenio después de la crisis, algunos todavía pelean en los tribunales contra las demandas planteadas por víctimas de su conducta irresponsable y fraudulenta: esperan que su capacidad económica les permita aguantar más que los demandantes.

Por supuesto que la nueva postura de los directores ejecutivos más poderosos de Estados Unidos es bienvenida. Pero habrá que esperar hasta saber si es otro truco publicitario o si realmente creen en lo que dicen. Mientras tanto, necesitamos una reforma legislativa. Las ideas de Friedman no sólo dieron a ejecutivos codiciosos una excusa perfecta para hacer lo que siempre habían querido hacer, sino que también produjeron leyes de gobernanza corporativa que incorporaron el capitalismo de accionistas al marco legal de Estados Unidos y de muchos otros países. Eso debe cambiar, para que las corporaciones no tengan sólo la opción, sino también la obligación real, de pensar en los efectos de su conducta sobre otras partes interesadas.

(*) Joseph Stiglitz es Premio Nobel de Economía, Profesor en la Universidad de Columbia y Economista Jefe del Instituto Roosevelt.

FUENTE: Project Syndicate

Los déficits de la economía de Trump

2019-08-21T14:25:15-03:00

En el nuevo mundo creado por el presidente estadounidense Donald Trump, donde una conmoción sigue a otra, el tiempo no alcanza para terminar de analizar las consecuencias de los acontecimientos con que se nos bombardea. A fines de julio, la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos dio marcha atrás en su política de regresar los tipos de interés a niveles más normales, tras el decenio de tasas ultrabajas que siguió a la Gran Recesión. Enseguida, Estados Unidos tuvo otras dos matanzas en menos de 24 horas, lo que lleva el total del año a casi 255 (más de una por día). Y la guerra comercial con China (que según un tuit de Trump sería “buena y fácil de ganar”) entró en una nueva fase más peligrosa, que altera los mercados y plantea la amenaza de una nueva guerra fría.

En un nivel, la decisión de la Fed fue de poca importancia: un cambio de 25 puntos básicos tendrá pocas consecuencias. La idea de que la Fed puede hacer sintonía fina de la economía con cambios a los tipos de interés en el momento justo ya tendría que estar desacreditada, por más que provea entretenimiento a los observadores de la Fed y empleo a los periodistas financieros. Si la reducción de tipos de interés desde 5,25% hasta prácticamente cero incidió muy poco en la economía en 2008‑09, ¿por qué creer que una baja de 0,25% tendrá algún efecto observable? Las grandes corporaciones atesoran inmensas reservas de efectivo: no es por falta de liquidez que no inviertan.

Hace mucho, John Maynard Keynes advirtió que aunque un endurecimiento súbito de la política monetaria puede frenar la economía al restringir la disponibilidad de crédito, el efecto de iniciar una política más expansiva en momentos de debilidad económica puede ser mínimo. Hasta instrumentos novedosos como la flexibilización cuantitativa pueden ser poco eficaces (como aprendió Europa). De hecho, los tipos de interés negativos que están probándose en varios países pueden ser contraproducentes y debilitar la economía, como resultado de efectos desfavorables sobre los balances bancarios, que se trasladarán al crédito.

Lo que sí producen los tipos de interés más bajos es una caída del tipo de cambio. De hecho, puede que sea el principal canal de transmisión de la política de la Fed en la actualidad. Pero ¿acaso no es una “devaluación competitiva”, aquello de lo que la administración Trump acusa abiertamente a China? Y como era de esperar, enseguida otros países devaluaron sus propias monedas, de modo que cualquier beneficio para la economía estadounidense a través del efecto tipo de cambio será efímero. Más irónico es el hecho de que la reciente devaluación del yuan se produjo como consecuencia de la nueva ronda de proteccionismo estadounidense, y porque China dejó de intervenir en la cotización del yuan, es decir, dejó de sostenerla.

La guerra comercial entre EEUU y China devino en disputa monetaria.

Pero en otro nivel, la medida de la Fed es muy elocuente. Se suponía que a la economía estadounidense le estaba yendo espectacular. El 3,7% de desempleo y el 3,1% de crecimiento en el primer trimestre tendrían que ser la envidia de los países avanzados. Pero basta escarbar apenas la superficie para encontrar abundantes motivos de preocupación. El crecimiento del segundo trimestre se desplomó hasta el 2,1%. El promedio de horas trabajadas en la industria en julio se hundió al nivel más bajo desde 2011. El salario real está apenas ligeramente por encima de su nivel de hace un decenio, antes de la Gran Recesión. La inversión real como porcentaje del PIB está muy por debajo de los niveles de fines de los noventa, a pesar de una rebaja impositiva cuyo objetivo declarado era alentar el gasto de las empresas, pero que se usó más que nada para financiar recompras de acciones.

Tras tres enormes paquetes de estímulo fiscal en los últimos tres años, la economía estadounidense tendría que estar en plena bonanza. La rebaja impositiva de 2017, que benefició ante todo a milmillonarios y corporaciones, agregó entre 1,5 y 2 billones de dólares al déficit decenal. En 2018 un aumento del gasto por casi 300 000 millones de dólares en dos años evitó un cierre de la administración pública. Y a fines de julio, un nuevo acuerdo para evitar otro cierre sumó otros 320 000 millones de dólares de gasto. Si mantener a la economía estadounidense andando en los tiempos buenos cuesta un déficit anual de un billón de dólares, ¿qué hará falta cuando el panorama no sea tan optimista?

La economía no está funcionando bien para la mayoría de los estadounidenses, cuyos ingresos llevan décadas estancados (o retrocedieron). Estas tendencias adversas se reflejan en la reducción de la expectativa de vida. La rebaja impositiva de Trump empeoró las cosas, porque agrava el problema del deterioro de la infraestructura, dificulta a los estados más progresistas el mantenimiento de la educación, deja sin seguro médico a otros varios millones de personas y, cuando concluya su implementación, generará un aumento de impuestos para los estadounidenses de ingresos medios que empeorará su situación.

La redistribución de abajo hacia arriba (el rasgo distintivo no sólo de la presidencia de Trump, sino también de gobiernos republicanos anteriores) reduce la demanda agregada, porque los más ricos gastan una proporción menor de sus ingresos que los más pobres. Esto debilita la economía en formas que ni siquiera una dádiva inmensa a corporaciones y milmillonarios puede compensar. Y los enormes déficits fiscales de Trump llevaron a un cuantioso déficit comercial, mucho mayor que el de Obama, conforme Estados Unidos tuvo que importar capital para financiar la brecha entre el ahorro y la inversión internos.

Trump prometió reducir el déficit comercial, pero su profunda incomprensión de la economía llevó a que lo aumente (algo que la mayoría de los economistas predijeron). Pese a la mala gestión económica de Trump, a sus reclamos de un dólar más barato y a la baja de tipos de interés de la Fed, sus políticas han mantenido un dólar alto que desalienta las exportaciones y alienta las importaciones. De nada sirvió que los economistas trataran una y otra vez de explicarle que los tratados comerciales pueden influir en la determinación de los países con los que Estados Unidos comercia, pero no en la magnitud del déficit general.

En esta, como en muchas otras áreas (del tipo de cambio al control de armas), Trump cree lo que quiere creer, y los que pagan el precio son los que menos recursos tienen para hacerlo.

Traducción: Esteban Flamini

(*) Joseph Stiglitz es Premio Nobel de Economía, Profesor en la Universidad de Columbia y Economista Jefe del Instituto Roosevelt.

Después del neoliberalismo

2019-07-30T12:19:02-03:00

¿Qué tipo de sistema económico es más conducente al bienestar humano? Esa pregunta ha llegado a definir la época actual porque, después de 40 años de neoliberalismo en Estados Unidos y en otras economías avanzadas, sabemos lo que no funciona.

El experimento neoliberal –impuestos más bajos para los ricos, desregulación de los mercados laboral y de productos, financiarización y globalización- ha sido un fracaso espectacular. El crecimiento es más bajo de lo que fue en los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en su mayoría se acumuló en la cima de la escala de ingresos. Después de décadas de ingresos estancados o inclusive en caída para quienes están por abajo, el neoliberalismo debe decretarse muerto y enterrado.

Hay por lo menos tres alternativas políticas importantes que compiten para sucederlo: el nacionalismo de extrema derecha, el reformismo de centroizquierda y la izquierda progresista (la centroderecha representa el fracaso neoliberal). Sin embargo, con excepción de la izquierda progresista, estas alternativas siguen estando en deuda con alguna forma de la ideología que ha expirado (o debería haber expirado).

La centroizquierda, por ejemplo, representa al neoliberalismo con un rostro humano. Su objetivo es trasladar las políticas del ex presidente norteamericano Bill Clinton y del ex primer ministro británico Tony Blair al siglo XXI, haciendo sólo revisiones tenues a los modos prevalecientes de financiarización y globalización. Mientras tanto, la derecha nacionalista reniega de la globalización y culpa a los migrantes y a los extranjeros de todos los problemas de hoy. Aun así, como ha demostrado la presidencia de Donald Trump, no está menos comprometida –por lo menos en su variante norteamericana- con los recortes impositivos para los ricos, la desregulación y el achicamiento o eliminación de los programas sociales.

El tercer campo, en cambio, defiende lo que llamo capitalismo progresista, que prescribe una agenda económica radicalmente diferente, basada en cuatro prioridades. La primera es restablecer el equilibrio entre los mercados, el estado y la sociedad civil. El crecimiento económico lento, la creciente desigualdad, la inestabilidad financiera y la degradación ambiental son problemas nacidos del mercado y, por lo tanto, no pueden ser resueltos, ni lo serán, sólo por el mercado. Los gobiernos tienen la obligación de limitar y delinear los mercados a través de regulaciones ambientales, de salud, de seguridad ocupacional y de otros tipos. También es tarea del gobierno hacer lo que el mercado no puede hacer o no hará, como invertir activamente en investigación básica, tecnología, educación y la salud de sus votantes.

La segunda prioridad es reconocer que la “riqueza de las naciones” es el resultado de la investigación científica –aprender sobre el mundo que nos rodea- y de la organización social que permite que grandes grupos de personas trabajen juntos para el bien común. Los mercados siguen teniendo un rol crucial que desempeñar a la hora de facilitar la cooperación social, pero sólo cumplen este propósito si están subordinados al régimen de derecho y son objeto de controles democráticos. De lo contrario, los individuos pueden enriquecerse explotando a otros, generando riqueza a través de la búsqueda de renta en lugar de creando riqueza a través de una creatividad genuina. Muchos de los ricos de hoy tomaron la ruta de la explotación para llegar adonde están. Se han visto muy favorecidos por las políticas de Trump, que han alentado la búsqueda de renta destruyendo al mismo tiempo las fuentes subyacentes de creación de riqueza. El capitalismo progresista busca hacer precisamente lo contrario.

Esto nos lleva a la tercera prioridad: abordar el creciente problema del poder de mercado concentrado. Al explotar las ventajas de la información, comprar a potenciales competidores y crear barreras de entrada, las empresas dominantes pueden comprometerse en una búsqueda de renta de gran escala en detrimento de todos los demás. El incremento del poder del mercado corporativo, junto con la caída del poder de negociación de los trabajadores, ayuda a explicar por qué la desigualdad es tan alta y el crecimiento tan débil. A menos que el gobierno asuma un papel más activo de lo que prescribe el neoliberalismo, estos problemas probablemente se vuelvan mucho peores, debido a los avances en el campo de la robótica y la inteligencia artificial.

El cuarto punto clave en la agenda progresista es disociar el poder económico de la influencia política. El poder económico y la influencia política se refuerzan mutuamente y se perpetúan a sí mismos, especialmente donde los individuos ricos y las corporaciones pueden gastar sin límite en las elecciones, como sucede en Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos se acerque cada vez más a un sistema esencialmente antidemocrático de “un dólar, un voto”, el sistema de controles tan necesario para la democracia quizá no pueda resistir: nada podrá restringir el poder de los ricos. No se trata simplemente de un problema moral y político: a las economías con menos desigualdad en verdad les va mejor. Las reformas progresistas-capitalistas, por ende, tienen que empezar por recortar la influencia del dinero en la política y reducir la desigualdad de la riqueza.

No hay una solución mágica que pueda revertir el daño provocado por décadas de neoliberalismo. Pero una agenda integral según los lineamientos planteados más arriba decididamente puede hacerlo. Mucho dependerá de si los reformistas son tan decididos a la hora de combatir problemas tales como el excesivo poder del mercado y la desigualdad como lo es el sector privado para crearlos.

Una agenda integral debe centrarse en la educación, la investigación y las otras fuentes verdaderas de riqueza. Debe proteger al medio ambiente y combatir el cambio climático con la misma vigilancia que los partidarios del Nuevo Trato Verde en Estados Unidos y Rebelión contra la Extinción en el Reino Unido. Y debe ofrecer programas públicos que garanticen que a ningún ciudadano se le nieguen los requisitos básicos de una vida decente. Estos incluyen seguridad económica, acceso al trabajo y a un salario digno, atención médica y vivienda adecuada, un retiro seguro y una educación de calidad para los hijos.

Esta agenda es sumamente alcanzable; de hecho, no podemos noimplementarla. Las alternativas ofrecidas por los nacionalistas y los neoliberales garantizarían más estancamiento, desigualdad, degradación ambiental y acrimonia política, lo que conduciría potencialmente a desenlaces que ni siquiera queremos imaginar.

El capitalismo progresista no es un oxímoron. Más bien, es la alternativa más viable y vibrante para una ideología que claramente ha fracasado. Como tal, representa la mejor oportunidad que tenemos de escapar de nuestro malestar económico y político actual.

FUENTE: Project Syndicate

(*) Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y se desempeñó como vicepresidente senior y economista jefe del Banco Mundial.

La Traqueteada Nueva Normalidad de China

2016-01-29T11:54:57-03:00

En la China de hoy, como en los Estados Unidos de hace 35 años, hay un debate acerca de cuáles medidas, si las medidas en el lado de la oferta o aquellas en el lado de la demanda, son las que cuentan con una mayor probabilidad para restaurar el crecimiento.

El desplazamiento de China desde un modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones hacia uno basado en el consumo de los hogares ha sido mucho más traqueteado de lo que algunos predijeron, con fluctuaciones bursátiles y volatilidad en el tipo de cambio que incitan temores acerca de la estabilidad económica del país. No obstante, según parámetros históricos, la economía de China aún se desempeña bien – el crecimiento anual del PIB está cerca del 7%, algunos dirían que se desempeña muy bien – pero el éxito en la escala que China experimentó durante las últimas tres décadas hace que se engendren expectativas elevadas.

Hay una lección básica: “los mercados con características chinas” son tan volátiles y difíciles de controlar como lo son los mercados con características estadounidenses. Invariablemente, los mercados adquieren vida propia; no se les puede impartir órdenes fácilmente. En la medida que los mercados puedan ser controlados, dicho control se logra al establecer reglas de juego en forma transparente.

Todos los mercados necesitan reglas y regulaciones. Las reglas buenas pueden ayudar a estabilizar a los mercados. Las reglas mal diseñadas, independientemente de cuán bien intencionadas sean, pueden tener el efecto contrario.

Por ejemplo, desde la crisis del mercado de valores en Estados Unidos en el año 1987, se ha reconocido la importancia de contar con interruptores de circuito; no obstante, si el diseño de los mismos no es adecuado, dichas reformas pueden aumentar la volatilidad. Si se tienen dos niveles de interruptores de circuito – un para suspender operaciones bursátiles a corto plazo y otro para suspenderlas a largo plazo – y dichos niveles se establecen temporalmente uno muy cerca del otro, una vez que se active el primer interruptor, los participantes en el mercado al darse cuenta que es probable que se active también el segundo, podrían salir en estampida del mercado.
Por otra parte, lo que ocurre en los mercados puede acoplarse sólo en términos muy holgados con lo que ocurre con la economía real.

La reciente Gran Recesión ilustra esto. Mientras que el mercado de valores de Estados Unidos ha tenido una recuperación robusta, la economía real se ha mantenido de capa caída. Pero incluso así, la volatilidad del mercado de valores y del tipo de cambio pueden tener efectos reales. La incertidumbre puede conducir a que se consuma e invierta menos (esta es la razón por la cual los gobiernos deben aspirar a tener reglas que refuercen la estabilidad).

Lo que es más importante, sin embargo, son las reglas que rigen la economía real. En la China de hoy, como en los Estados Unidos de hace 35 años, hay un debate acerca de cuáles medidas, si las medidas en el lado de la oferta o aquellas en el lado de la demanda, son las que cuentan con una mayor probabilidad para restaurar el crecimiento. La experiencia de Estados Unidos y muchos otros casos proporcionan algunas respuestas.

Para empezar, las medidas en el lado de la oferta se pueden llevar a cabo de mejor manera cuando hay pleno empleo. En ausencia de una demanda que sea considerada suficiente, la mejora de la eficacia en el lado de la oferta sólo conduce a una mayor subutilización de los recursos. No se aumenta la producción al desplazar la mano de obra desde usos en actividades de baja productividad hacia el desempleo, cuya productividad es cero. Hoy en día, la deficiente demanda agregada a nivel mundial exige que los gobiernos tomen medidas para impulsar el gasto.

Para empezar, dicho gasto se puede poner al servicio de muchos usos buenos. Hoy en día, las necesidades de China que son muy importantes incluyen la reducción de la desigualdad, la moderación de la degradación ambiental, la creación de ciudades habitables, y las inversiones en salud pública, educación, infraestructura y tecnología. Las autoridades también tienen que fortalecer la capacidad regulatoria para garantizar la seguridad de los alimentos, edificios, medicamentos y mucho más. Los beneficios sociales provenientes de este tipo de inversiones exceden enormemente los costos de capital.

El error que cometió China en el pasado ha sido confiar demasiado en la financiación de la deuda. No obstante, China también tiene un amplio margen para aumentar su base fiscal de manera que se aumente la eficacia y/o el capital de manera generalizada. Los impuestos ambientales podrían conducir a una mejor calidad del aire y del agua, incluso mientras se generen ingresos sustanciales; los impuestos a la congestión mejorarían la calidad de vida en las ciudades; los impuestos a la propiedad y a las ganancias de capital alentarían una mayor inversión en actividades productivas, promoviendo el crecimiento. En resumen, si se diseñan correctamente, las medidas para el logro de un presupuesto equilibrado – como por ejemplo aumentar los impuestos en tándem con los gastos – podrían proporcionar un gran estímulo para la economía.

Tampoco debe China caer en la trampa de hacer hincapié en medidas retrógradas en el lado de la oferta. En EE.UU., se desperdiciaron recursos cuando se construyeron viviendas de mala calidad en el medio del desierto de Nevada. No obstante, la primera prioridad no es derribar aquellas viviendas (en un esfuerzo por consolidar el mercado de la vivienda); es garantizar que los recursos se asignen de manera eficiente en el futuro.

En efecto, el principio básico que se enseña en las primeras semanas de cualquier curso elemental de economía es olvidar el pasado – no llorar sobre la leche derramada. El acero de bajo costo (suministrado a precios por debajo del costo promedio de producción a largo plazo, pero a un costo igual o superior al costo marginal) puede ser una ventaja para otras industrias.

Hubiese sido un error, por ejemplo, destruir el exceso de capacidad de Estados Unidos en el rubro de fibra óptica, industria en la que las empresas estadounidenses ganaron muchísimo en la década de 1990. El valor de “opción” asociado con posibles usos futuros siempre debe ser contrastado con el costo mínimo de mantenimiento.

El desafío que enfrenta China mientras encara el problema de exceso de capacidad es que aquellos trabajadores que en el caso contrario perderían sus puestos de trabajo van a necesitar algún tipo de apoyo; las empresas presentarán sus argumentos a favor de un rescate robusto para minimizar sus pérdidas. Sin embargo, si el gobierno acompaña medidas en el lado de la demanda que sean eficaces con políticas relativas al mercado de trabajo que sean activas, al menos el problema del empleo podría abordarse de manera eficaz y se podrían diseñar políticas óptimas – o por lo menos razonables – para la restructuración económica.

También se tiene el problema deflacionario macroeconómico. El exceso de capacidad nutre a la presión a la baja de los precios, causando externalidades negativas que afectan a las empresas endeudadas, las cuales experimentan un aumento de su apalancamiento real (ajustado por la inflación). Sin embargo, un abordaje que supera a aquel de la consolidación en el lado de la oferta es una expansión agresiva en el lado de la demanda, que contrarrestaría las presiones deflacionarias.

Los principios económicos y factores políticos son, por lo tanto, bien conocidos. Sin embargo, demasiado a menudo el debate sobre la economía de China se ha visto dominado por propuestas ingenuas para llevar a cabo reformas en el lado de la oferta – junto con críticas a las medidas dirigidas al lado de la demanda que fueron adoptadas tras la crisis financiera mundial del 2008. Dichas medidas estaban lejos de ser perfectas; se las tuvo que formular sobre la marcha dentro de un contexto de una emergencia inesperada. No obstante, tomarlas fue mucho más beneficioso que hacer nada.

Esto ocurre debido a que usar recursos en formas subóptimas es siempre mejor que no usarlos en lo absoluto; en ausencia del estímulo posterior al año 2008, China hubiese sufrido un desempleo sustancial. Si las autoridades adoptan reformas en el lado de la demanda que estén mejor diseñadas, tendrán un ámbito acción más amplio para reformas integrales en el lado de la oferta. Por otra parte, se disminuirá marcadamente la magnitud de algunas de las reformas necesarias en el lado de la oferta, precisamente porque las medidas en el lado de la demanda van a reducir el exceso de oferta.

Este no es sólo un debate académico entre economistas occidentales tanto keynesianos como aquellos del lado de la oferta que ahora se despliega en el otro lado del mundo. El abordaje en cuanto a sus políticas que China adopte influirá fuertemente el desempeño y las perspectivas económicas en todo el mundo.

(*) Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de la Universidad de Columbia, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y se desempeñó como vicepresidente senior y economista jefe del Banco Mundial.

FUENTE: Project Syndicate

Hartos de la Reserva Federal

2015-09-09T17:10:24-03:00

Cada año a finales de agosto, los banqueros de los bancos centrales y los financistas de todo el mundo se reúnen en Jackson Hole, Wyoming, para participar en el simposio económico de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este año, los participantes fueron recibidos por un numeroso grupo de personas compuesto en su mayoría por jóvenes, incluidos entre ellos muchos afroamericanos e hispanoamericanos.

El grupo se hizo presente allí más para informar que para protestar. Quería que los formuladores de políticas que se reúnen en este evento sepan que las decisiones que ellos toman afectan a las personas comunes y corrientes, no solamente a los financistas que están preocupados sobre cuál es el efecto que tiene la inflación sobre el valor de sus bonos o cuál es el efecto que pudiesen tener las alzas de intereses en sus carteras de acciones. Y, las camisetas verdes que vestían estas personas llevaban impreso un mensaje señalando que para estos estadounidenses no había habido una recuperación de la economía.

Incluso ahora, siete años después de que la crisis financiera mundial provocara la Gran Recesión, el desempleo “oficial” entre los afroamericanos está en una nivel superior al 9%. De acuerdo con una definición más amplia (y más apropiada), que incluye a los empleados que trabajan a tiempo parcial que buscan trabajo a tiempo completo y a los trabajadores empleados en condiciones de precariedad laboral, la tasa de desempleo de Estados Unidos en su conjunto es del 10,3%. Pero, para los afroamericanos – especialmente para los jóvenes – la tasa es mucho más alta. Por ejemplo, para los afroamericanos que tienen entre 17 a 20 años, que se han graduado de la escuela secundaria, pero no se han inscrito en la universidad, la tasa de desempleo es superior al 50%. El “déficit de puestos de trabajo” – la diferencia entre la cantidad de personas empleadas hoy y la cantidad que debería estar empleada – es de aproximadamente unos tres millones de personas.

Hay fuertes indicios sobre que las economías tienen un mejor desempeño cuando se tiene un mercado laboral rígido y cuando existe una menor desigualdad (y, un mercado laboral rígido, normalmente conduce a una menor desigualdad)

Con tantas personas sin trabajo, la presión a la baja de los salarios también se muestra en las estadísticas oficiales. En lo que va de este año, los salarios reales de los trabajadores que no están en puestos de supervisores cayeron en casi un 0,5%. Esto forma parte de una tendencia a largo plazo que explica por qué los ingresos de los hogares en el tramo medio de la distribución salarial son más bajos ahora en comparación con el nivel en el que estuvieron hace un cuarto de siglo.

El estancamiento salarial también ayuda a explicar por qué son objeto de burla las declaraciones de los funcionarios de la Fed sobre que la economía prácticamente ha vuelto a la normalidad. Tal vez eso sea cierto en los barrios donde viven estos funcionarios. Pero, considerando que desde que comenzó la “recuperación” estadounidense la mayor parte del incremento de los ingresos beneficia a quienes se encuentran en tramo salarial que aglutina al 1% superior, lo expresado no es cierto para la mayoría de las comunidades. Pueden dar fe de ello los jóvenes que se hicieron presentes en Jackson Hole, como representantes de un movimiento nacional denominado “Fed Up”, cuyo nombre en español se puede traducir como “Hartos de la Reserva Federal”.

Hay fuertes indicios sobre que las economías tienen un mejor desempeño cuando se tiene un mercado laboral rígido y, tal como el Fondo Monetario Internacional ha demostrado, cuando existe una menor desigualdad (y, un mercado laboral rígido, normalmente conduce a una menor desigualdad). Por supuesto, los financistas y ejecutivos de las corporaciones que pagan $1,000 para asistir a la reunión de Jackson Hole ven las cosas de manera diferente: los salarios bajos significan altas ganancias, y las tasas de interés bajas significan altos precios de las acciones.

La Reserva Federal tiene un doble mandato: promover el pleno empleo y lograr una estabilidad de precios. Ha tenido más éxito con el segundo mandato, en parte porque tuvo menos éxito con el primero. Por lo tanto, ¿por qué los formuladores de políticas pondrán en tapete de discusión un alza en las tasas de interés en la reunión de la Reserva Federal que se celebrará este mes de Septiembre?

El argumento habitual para elevar las tasas de interés es amortiguar un sobrecalentamiento de la economía en la cual las presiones inflacionarias se han elevado demasiado. Obviamente, al presente este no es el caso. De hecho, dado el estancamiento de los salarios y el dólar fuerte, la inflación está muy por debajo del objetivo del 2%, objetivo establecido por la propia Reserva Federal, sin ni siquiera tener que mencionar la tasa del 4% que ha sido la tasa recomendada por muchos economistas (entre ellos por el ex economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard).

Los halcones que van a la caza de la inflación argumentan que el dragón de la inflación debe ser decapitado antes de que comience a despertar: si no se actúa ahora, se pagará por ello en un año o dos. Pero, en las actuales circunstancias, una inflación más alta sería buena para la economía. Esencialmente no hay riesgo de que la economía se sobrecaliente tan rápidamente que la Reserva Fed no podría llegar a intervenir a tiempo para evitar una inflación excesiva. Cualquiera fuese la tasa de desempleo con la que las presiones inflacionarias se conviertan en significativas – una interrogante clave para los formuladores de políticas – sabemos que es muchísimo menor que la tasa actual.

Si la Reserva Federal se centra de manera excesiva en la inflación, empeora la desigualdad, que a su vez empeora el desempeño económico en general. Los salarios tambalean durante las recesiones; si la Reserva Federal bajo dichas circunstancias sube las tasas de interés cada vez que se presente una señal de crecimiento de los salarios, la participación de los trabajadores disminuirá – sin llegar a recuperar lo que se perdió durante la recesión.

El argumento a favor de subir las tasas de interés no se centra en el bienestar de los trabajadores, sino en el de los financistas. La preocupación es que en un entorno de tasas de interés bajas, la “búsqueda irracional de rendimientos” avive distorsiones en el sector financiero. En una economía que funciona bien, uno habría esperado que un bajo costo del capital sea la base para un crecimiento saludable. En EE.UU., se pide que los trabajadores sacrifiquen sus formas de vida y su bienestar para proteger a financistas ricachones de las consecuencias causadas por sus propias imprudencias.

La Reserva Federal debe de manera simultánea estimular la economía y sosegar los mercados financieros. Una buena regulación significa algo más que simplemente prevenir que el sector bancario cause daño al resto de las personas (aunque la Reserva Federal no hizo un buen trabajo al respecto antes de la crisis). También significa adoptar y hacer cumplir las normas que restringen el flujo de fondos que se dirige a actividades de especulación y alentar a que el sector financiero desempeñe en nuestra economía el papel constructivo que debiese desempeñar, al proporcionar capital para establecer nuevas empresas y permitir que las empresas exitosas se expandan.

A menudo siento una gran compasión por los funcionarios de la Reserva Federal, ya que deben tomar decisiones que revisten riesgos en un ambiente de gran incertidumbre. Pero la decisión que en este momento se debe tomar no reviste riesgos. Por el contrario, no podría ser una decisión más obvia: este no es un momento para endurecer las condiciones crediticias y ralentizar la economía.

FUENTE: Project Syndicate