La historia que vienen escribiendo los chilenos y las chilenas nos ha dado este último fin de semana un nuevo capítulo: el de las elecciones de la Convención Constituyente. 

De los 155 miembros de la Convención, un 31%  fue para los independientes, que obtuvieron la mayor cantidad de integrantes. 48 escaños serán para líderes barriales, feministas, activistas sociales, ambientalistas, periodistas y escritores, entres otros actores que (contra todo pronóstico) supieron vehiculizar las demandas y cristalizarlas en espacios desde los cuales disputarles la representación a los poderes tradicionales.

Mientras tanto, la coalición del presidente Sebastián Piñera “Vamos por Chile”, apenas obtuvo 37 representantes, al tiempo que los partidos tradicionales de centroizquierda bajo la “Lista apruebo” sumaron 25, y 28 reunieron los partidos de izquierda que se unieron en la lista “Apruebo dignidad”.

La derrota de Piñera y sus aliados los dejó muy lejos de los 52 votos a los que aspiraban para vetar artículos y lograr posiciones más fuertes en la Constitución. El reconocimiento de esa derrota no tardó en llegar. Oposición e independientes superaron por amplio margen al oficialismo, en una muestra más de que los protagonistas del estallido social imparable de hace más de un año consolidaron su fuerza y están dispuestos a tomar parte de la construcción de un nueva historia.

Y va a caer y va a caer! La constitución de Pinochet!

Si hasta hace poco considerabamos un suceso histórico en sí mismo a la posibilidad de acabar con la constitución pinochetista mediante una Convención Constituyente formada íntegramente por ciudadanos escogidos en elecciones libres, hoy tenemos que sumar la pluridad de voces en esa representación: el cupo de 17 electores provenientes de pueblos originarios y la paridad de género que garantiza que de los 155 constituyentes electos, 77 sean mujeres. Las nuevas reglas de juego se han estrenado.

Pluralidad de voces

Entre los independientes se encuentran actores surgidos de las protestas de aquel 18 de octubre de 2019, quienes se han agrupado bajo  la “Lista del pueblo” . Grupo que definido como un movimiento ciudadano autoconvocado postula que la institucionalidad chilena ha caducado y que es necesario romper con el modelo neoliberal de injusticia y desigualdad, sostenido por la estructura constitucional.

Figuras como “la tía Pikachu”, una mujer  educadora que disfrazada del personaje que participó de las manifestaciones aprovecharon su popularidad y lograron tener un lugar dentro de la Convención.

Una vocera del pueblo mapuche como Natividad Llanquileo, junto con otra mujer, campesina y autoridad espiritual como Francisca Linconao que se convirtió en la candidata más votada de los pueblos originarios, son  también protagonistas de este nuevo proceso.

Defensores ambientales y de Derechos Humanos también han obtenido su lugar para redactar la nueva constitución chilena , junto a líderes del feminismo como Alondra Carrillo. Hay también dentro de lo electos independientes, académicos y profesionales como Rodrigo Logan, un abogado que propone otorgar autonomía administrativa a los pueblos originarios y que alcanzó su puesto como independiente “fuera de pacto” (sin integrar ninguna lista de independientes) y por fuera de la “Lista del Pueblo” que aglutinó a las distintas agrupaciones sociales si militancias en partidos politicos.

La garantía de los derechos sociales básicos, del acceso a la salud, la defensa de un estado presente que garantice los derechos a una educación de calidad, al trabajo, a la vivienda , a la equidad de género y a la seguridad social son demandas que constituyen el común denominador de los independientes y auguran los cambios próximos.

¿Cómo seguirá el proceso?

La Convención que comenzará sus funciones en el mes de junio, dispondrá de un plazo máximo de 9 meses para presentar la nueva Carta Magna y que esta sea sometida a plebiscito a mediados de 2022,  pandemia mediante.

De ser aprobada, esta constitución será  la primera  redactada mediante un proceso plenamente democrático, participativo y paritario en la historia.

En adelante se discutirán asuntos fundamentales que en su mayoría recogen las demandas de las movilizaciones sociales del presente período, pero principalmente la  discusión se dará sobre la base de una deuda de la democracia chilena : una constitución verdaderamente democrática.  El modelo politico y económico de la empresa privada que excluye y endeuda a los ciudadanos será el principal objetivo.

Nuevas leyes requerirán nuevas alianzas en este estrenado tablero político.

Históricas megaelecciones

Lo del fin de semana fue histórico por las 4 elecciones simultáneas: además de los integrantes de la Convención, los y las chilenas votaron por primera vez por gobernadores de 16 regiones. La mayoría de los resultados, a definirse en segunda vuelta.

Nunca antes habían elegido a sus líderes regionales puesto que ellos eran designados por el Poder Ejecutivo. De esta manera se rompe de con una pata del centralismo que durante décadas caracterizó al sistema político chileno.

Pero además, se escogieron alcaldes y alcaldesas para 346 comunas, y concejales. Sufragios que dejaron un dato sumamente clave; la victoria de una candidata comunista en Santiago.En tanto, el Partido Comunista y el Frente Amplio, sumaron importantes escaños municipales y regionales, en un claro crecimiento de los partidos de izquierda.

El Chile que despertó

De cara a las elecciones primarias presidenciales del 18 de julio, el resultado de las megaelecciones obliga a repensar las alianzas y a no subestimar el peso de los movimientos que forman parte del estallido social, y que ha modificado de  manera inédita la correlación de fuerzas de un país acostumbrado a mantener el poder entre los mismos de siempre.

La expectativa de cambio es tan alta, como los costos que la sociedad chilena ha tenido que pagar para llegar hasta donde se encuentra hoy. El camino que sigue se construye a fuerza de la institucionalidad  democrática cuyas nuevas reglas de juego ya están en marcha.

(*) Analista internacional de Fundamentar

En contexto

El 2021 trae un nuevo ciclo de elecciones en la región: presidenciales (Ecuador, Perú, Chile, Nicaragua y Honduras), legislativas (México, El Salvador y Argentina), regionales (Bolivia, Chile, El Salvador, Paraguay, Venezuela y México) y hasta una Convención Constituyente (Chile).

A juzgar por el cumplimiento de los comicios en Bolivia, Perú y Ecuador, todo parece indicar que pese a estar atravesando la segunda ola por Covid-19, los procedimientos electorales en América Latina, entre protocolos y nuevas medidas de organización, siguen su curso. Los grandes esfuerzos por mantener los plazos institucionales establecidos pareciesen ir en consonancia con el respeto por los procedimientos de las democracias de cada uno de los países, como una especie de consenso indiscutible.

Sin embargo, el escenario de fragmentación partidaria y de polarización política extrema, cuyo telón de fondo es la crisis socioeconómica de la región y la debilidad política e institucional de algunos casos, reflejan duros obstáculos no sólo para los nuevos gobiernos a elegirse, sino también para las actuales gestiones para las que el consenso se vuelve casi inalcanzable.

A la profundización del descontento y la insatisfacción de los representados, se suman los riesgos de las opciones electorales, como una crisis de la oferta. En el medio, el desafío de la gobernabilidad y la necesidad de reestablecer el pacto de representación.

Ecuador, el triunfo de anticorreísmo

El pasado domingo 11 de abril, la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas dio como resultado el triunfo de Guillermo Lasso con el 52,5% de los votos, por encima del 47,5% obtenido por el candidato correísta Andrés Arauz.

La tercera fue la vencida para el ex banquero de tendencia ortodoxa neoliberal. Lasso supo explotar la polarización política y la división de la izquierda ecuatoriana, la cual que llegó desunida a los comicios. Maquillando y estirando su discurso con una supuesta cercanía a las agendas de respeto a la diversidad y género, el candidato se dispuso a canalizar los votos del electorado flotante.

Así el eje correísmo-anticorreísmo  definió los resultados y la transferencia de votos generó el triunfo de una derecha minoritaria en primera vuelta, en la que el papel del voto nulo impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tuvo un papel fundamental.

Sin mayoría en el Congreso, Lasso deberá tomar en cuenta a los sectores opositores: la alianza correísta Unión por la Esperanza y Pachakutik, el partido indígena cuyo candidato Yaku Peréz estuvo muy cerca de quedar en la segunda ronda, y que logró posicionarse fuertemente en el Congreso.

Perú: muchos actores, pocos votos

Las elecciones en el Perú impredecible de los 3 presidentes en una semana dejaron el pase a segunda vuelta para Pedro Castillo, un maestro de izquierda y líder sindical que pretende convocar a una Asamblea Constituyente para escribir una nueva Constitución, y para Keiko Fujimori, quien logró imponerse sobre el resto de las derechas peruanas.

Este escenario de polarización y fragmentación, en el que ninguno de los candidatos superó el 20% de los votos es una muestra más de la crisis política e institucional que el país atraviesa. Con partidos políticos nuevos, partidos que cambian de nombre o desaparecen, el sistema partidario peruano se vuelve prácticamente impredecible e indescifrable, en una muestra de que lo que abunda, a veces daña.

En este contexto de fragilidad institucional y falta de confianza en las instituciones políticas, las opciones de cara al ballotage, ubicadas a simple vista en los extremos ideológicos, tienen sin embargo un punto en común: ambos son conservadores, se oponen al enfoque de género y de reconocimiento de derechos a la comunidad LGTBQi+ y se identifican como “profamilia”.

Hoy la posibilidad del retorno del autoritarismo y la corrupción fujimorista está más cerca que en elecciones anteriores y ello indudablemente constituye la principal amenaza para la democracia del país. La opción frente a ello es una, y no necesariamente por ser la mejor.

De esta manera, la falta de representatividad por parte las desacreditadas élites políticas nos demuestra que, pese a que los procedimientos electorales de la democracias sean respetados en tiempo y en forma, y pese a que se mantenga la participación electoral de la ciudadanía, la polarización ideológica, la falta de consenso y las debilidades institucionales de los gobiernos latinoamericanos generan en la praxis una difícil gobernabilidad.

(*) Analista internacional de Fundamentar

Este domingo será histórico para el pueblo chileno que tendrá la posibilidad de decidir ponerle fin a la Constitución pinochetista vigente desde 1980, para darse una nueva Carta Magna que siente las bases de un pacto social que sea fruto de la voluntad popular.

La pandemia de la Covid-19 obligó a aplazar el plebiscito chileno para esta fecha, y como si fuese un capricho de la historia, la votación se realizará pocos días después de conmemorarse el primer aniversario del estallido social que ganó las calles en el país trasandino.

Aquel aumento del precio del metro que no fue más que la chispa que lo incendió todo, derivó en mucho más que masivas protestas de sectores populares y medios: hizo caer el entramado de la desigualdad en un país que sólo pudo ser definido como un oasis, a fuerza de la quietud de las masas oprimidas.

Pero la fuerza del descontento fue por más ¿Cómo es que aún rija una Constitución sancionada por Pinochet? No importa cuántas reformas se hayan hecho al texto. La democracia chilena no nació con una debilidad, nació con una falla de origen.

Y cuando el agotamiento de una sociedad se expresa, no importa cuánto tiempo se haya necesitado para cambiarlo todo. Las herencias dictatoriales no pueden enquistarse en las democracias del Siglo XXI, y así pareció entenderlo la sociedad chilena.

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que fue suscrita por diversas fuerzas políticas vino a confirmar que las demandas fueron escuchadas por el Congreso, y que se comprendió la necesidad de reemplazar la institucionalidad vigente. Esto fue la mitad del triunfo de la sociedad. La otra, la de hoy, se juega en el plebiscito, en el “apruebo” o “rechazo". De votar por el "acuerdo", se deberá escoger el órgano que estará encargado de la redacción del nuevo texto: Convención Mixta, formada por un 50% de representantes votados por la ciudadanía y otro 50% por miembros del Congreso; o Convención Constituyente, compuesto exclusivamente por representantes civiles. Esto último, podría dar como resultado la primera Constitución Nacional elaborada íntegramente por el voto popular y, además, la primera con paridad de género en la historia.

De triunfar la opción por el cambio de la Constitución, la elección de los constituyentes se deberá realizar en el mes de abril del próximo año, y el nuevo texto (que debe redactarse en un máximo de un año) será ratificado con otro plebiscito, por lo que la Carta Magna no estará vigente hasta 2022.

Los sondeos pronostican el triunfo del “apruebo” por un importante margen sobre el rechazo. Según un informe publicado por la Universidad de Chile, el 82 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con cambiarla. De ser así, Chile comenzará una nueva etapa en su vida democrática. No porque una nueva Constitución (que además llevará tiempo de ser redactada si es que se aprueba el reemplazo) garantice el fin de los problemas que llevaron al escenario actual, sino porque ninguna convivencia política puede ser sustentada en una sociedad que no reconoce la legitimidad del pacto social sobre el que se sustenta la relación con el Estado.

El tiempo nos dará la perspectiva necesaria para analizar el real peso de este acontecimiento. Lo cierto es que sin dudas las ultimas movilizaciones en conmemoración del primer aniversario del estallido social, reflejan que las demandas siguen vigentes, que no cabe más paciencia para un sistema que endeuda a estudiantes mientras concentra cada vez más la riqueza en unas pocas manos y que sostiene un modelo de desigualdad a fuerza del accionar represivo de los carabineros.

Mientras tanto, no existe estado de excepción ni toque de queda que pueda frenar la voluntad.

La nueva Constitución es la última pieza que falta para culminar con el proceso de transición a la democracia que comenzó, también con un plebiscito, allá por 1988. La oportunidad es de la democracia.

(*) Analista internacional de Fundamentar

Pero mirando más acá, en este submundo que representa nuestra región, es preciso observar algunos elementos interesantes; en primer lugar, momentos de reactivación de la conflictividad sociopolítica que están sucediendo en varios países. Conflictividad que meses atrás sólo fue suspendida en virtud de las medidas de aislamiento impuestas, pero que siempre se mantuvo latente.

Esta dimensión incluye también los próximos escenarios electorales y junto con la contienda política, consideraciones del orden de la seguridad; el papel de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas en el marco de un reforzamiento de su rol durante la gestión de la crisis por Coronavirus, a lo que se suman problemáticas bilaterales como la recientemente suscitada entre Argentina y Paraguay por el accionar del Ejército de éste último.

Que la pandemia aumentó la pobreza y el hambre no es novedad. Que trajo consigo la profundización de la desigualdad social y económica tampoco. El problema son las consecuencias aún difíciles de dimensionar, como sucede con la agudización de los conflictos sociales, sea que estos tomen la forma de protestas, de aumento de la polaridad política y la inestabilidad, de la violencia y la inseguridad, o sea que se registren como consecuencia del accionar de las propias fuerzas represivas del Estado.

En donde la conflictividad parte de las críticas hacia la gestión de la pandemia, el trasfondo está  marcado por un desmantelamiento de la salud pública que se arrastra desde décadas, pero también por  la precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Factores como el aumento de desempleo constituyen una gran preocupación, tal como se evidencia en países como Costa Rica, donde un 20% de la población ya es desempleada, indicador que también afecta particularmente a Perú y Chile.

En países como Panamá y El Salvador la gestión de la crisis devino en medidas que perjudicaron a la clase trabajadora, mientras en Honduras y Guatemala a las críticas contra el gobierno, se incorporó la variable de la corrupción en compras de insumos y utilización de presupuestos.

En aquellos países donde la pandemia profundizó la inestabilidad política, las gestiones actuales están viendo socavadas su legitimidad. Sino miremos al presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien pese al accionar represivo de sus fuerzas, hace apenas unas semanas tuvo que enfrentarse a nuevas (aunque todavía tímidas) movilizaciones en su contra.

En Perú el Covid-19 también acentuó la crisis del régimen, aun cuando Vizcarra haya logrado zafarse del juicio político exprés derivado de su guerra contra un Congreso con representantes denunciados por corrupción

En Colombia los barbijos acompañan a manifestantes que toman las calles nuevamente. Primero porque los reclamos por la política social y económica de Duque nunca fueron abandonados, y segundo porque la violencia que afecta al país crece exponencialmente. Según datos de la Comisión de la Verdad, entre marzo y septiembre 119 líderes sociales han sido asesinados, con responsabilidades compartidas entre grupos paramilitares, la guerrilla colombiana y la propia Fuerza Pública que tampoco escatima en esfuerzos si de reprimir se trata. Al asesinato de un abogado detenido por las fuerzas policiales le siguieron 10 ejecuciones más durante las protestas iniciadas justamente contra el abuso policial.

En Ecuador, la pandemia también profundizó la oposición a Lenin Moreno, quien según datos de CELAG, alcanza un índice de desaprobación del 84%. Aquí también las protestas de sectores sindicales, organizaciones sociales y estudiantiles ganaron las calles hace una semana, y allí también fueron dispersados por las fuerzas de seguridad. 

Escenarios electorales y contienda política

El 18 de octubre es finalmente la fecha de las próximas elecciones en Bolivia, después de que el Tribunal Supremo Electoral postergara la fecha desde el mes de Mayo y luego de varios días de manifestaciones de movimientos sociales y sindicales. Sin Áñez, que bajó su candidatura con el objetivo expreso de evitar que la dispersión de los votos le den el triunfo al MAS, la intención de voto de Arce ronda los 40 puntos según encuestas.

La expectativa también está puesta en el próximo plebiscito chileno del 25 de octubre, cuando 30 años después del fin de la dictadura se someta a votación de la población la posibilidad de poner fin a la constitución pinochetista. Las encuestas que prevén mayoría por el "Si" a una nueva Constitución transmiten esperanzas de que un año después de la explosión de protestas en el país, se alcancen las demandas por mayor democratización.

Más a largo plazo, con el rechazo del Consejo Nacional Electoral a la candidatura de Rafael Correa y la posterior inhabilitación por parte de la Justicia ecuatoriana, el ex presidente queda por fuera de la contienda presidencial del próximo año.

Fuerzas represivas toman protagonismo

El control de la ciudadanía en la crisis sanitaria devino en un mayor protagonismo de las fuerzas policiales y de las FFAA en varios países de la región. Esto se suma al papel ya preponderante que las FFAA tenían antes de la pandemia en países como Brasil, Bolivia, Colombia y el México de AMLO, que fue otorgando cada vez más funciones a la Guardia Nacional.

Policías sublevados por aumentos salariales en Buenos Aires, o policías asesinando ciudadanos peruanos en Lima demuestran este reforzamiento de su rol.

En otro orden de conflictividad, por actuaciones de las fuerzas militares, y en lo que podría ubicarse como un conflicto interno que devino en una controversia bilateral, semanas atrás el Ejército paraguayo asesinó a 2 menores documentadas como argentinas, en una operación que tenía como blanco al grupo guerrillero "Ejército del Pueblo Paraguayo", lo cual derivó en un pedido de esclarecimiento urgente por parte de la Cancillería argentina.

Esto es sólo una breve muestra del panorama regional para ayudar a ponernos en perspectiva, por si en algún momento llegamos a olvidar cuánto explican las dinámicas internacionales los sucesos que nos atraviesan.

(*) Analista internacional de Fundamentar

Es el caso de China y países europeos como España, Francia, Italia y Alemania, la cual luego de ser señalada como modelo de lucha contra la enfermedad, tuvo que dar marcha atrás a la flexibilización. Se suma además el acercamiento de América Latina al pico de contagios. Complicado panorama sanitario que no es noticia pero que evidencia que pese a todas las características que desconocemos de esta “nueva normalidad” que se está construyendo, existe una de la que podemos estar seguros: tendremos que convivir con la enfermedad.

Entretanto, cada país atraviesa sus propios ritmos políticos y sus propias crisis aunque la económica sea compartida por todos los estados de la región más desigual de planeta.

América Latina en el eje de la crisis sanitaria: los datos de México.

Convertida ya en el foco pandemia, nuestra región viene experimentando una transmisión comunitaria sostenida que preocupa, sobre todo si observamos la conocida situación brasileña, a la que le siguen las realidades de México, Perú, Chile y Colombia como los países más afectados por Covid-19.

La noticia por estos días es que con un registro de más de 28.000 fallecimientos por la enfermedad, México escala en el ranking de los estados con mayor índice de letalidad, alcanzando el sexto puesto de los países con más muertos por Coronavirus (VER).

En cuanto al índice de contagios la cifra supera los 230 mil casos, ubicando a los mexicanos en el décimo lugar del top mundial.

Con este escenario, las críticas hacia el manejo de la pandemia por parte del gobierno mexicano crecen al ritmo de los índices negativos. Algunos especialistas sostienen que “se está llegando tarde”y que los testeos a la población son demasiado bajos. Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró en conferencia de prensa hace dos semanas atrás, que los casos van a la baja.

El problema también deriva de la falta de directrices gubernamentales claras desde el inicio de la pandemia. AMLO pasó de pedirle a la población que no deje de salir para evitar perjudicar la economía, a pedirles que en la medida de lo posible se guarden en sus hogares, siempre desde la lógica de que la consigna se cumpla de manera voluntaria y no mediante el recurso de la fuerza, lo que convirtió a la cuarentena mexicana en uno de los confinamientos menos restrictivos.

Hoy a pesar de las últimas noticias, el semáforo epidemiológico que sigue el gobierno mexicano para transitar a la “nueva normalidad” se encuentra en su fase  naranja en ciertos lugares del país: esta es la primera semana en la que los 18 estados reanudan de manera gradual actividades económicas y sociales, incluyendo la Ciudad de México.

Dos años del “triunfo del pueblo”.

Dijimos que más allá de la situación sanitaria los países de la región están siendo marcados también por sus propios procesos políticos, algunos internos y otros vinculados a su política exterior. Estos procesos son de lectura obligada en la actualización del panorama regional, y en el caso de México pueden ser ilustrados a la luz de ciertos acontecimientos que se están sucediendo por estos días.

El día 1° de julio se cumplieron dos años del triunfo histórico del actual presidente López Obrador, fecha que coincidió con la entrada en vigor del Tratado entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) tras 26 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Tan sólo un día antes se conmemoró también un año de la creación de la Guardia Nacional, lo que se sumó al cumplimiento del también primer año del acuerdo migratorio entre México y EEUU en el mes junio.

Finalmente, el bonus track lo constituye la oficialización de la fecha de visita de AMLO a los Estados Unidos para la reunión con Donald Trump prevista para la próxima semana.

Varias cosas entonces a analizar se derivan. En primer lugar, el grado de aprobación de la administración de López Obrador, cuya popularidad a pesar de experimentar cierta caída, se mantiene por encima del 60% según datos de encuestas realizadas recientemente.

Sin embargo, la gestión actual también esta atravesada por la situación de violencia sistémica que México vive hoy y que empaña aquel objetivo de "abrazos, no balazos".

En lo que va de la gestión actual, más de 53.000 personas han sido asesinadas en país. Al menos el 60% de esos delitos están vinculados al crimen organizado. A ello se agrega la violencia contra las mujeres, el aumento de los femicidios y el cuestionamiento de las cifras oficiales por parte de colectivos feministas.

Aun así, a dos años de aquel triunfo, AMLO se permite celebrar. En el informe del día primero de julio sostuvo que su gestión viene cosechando importantes avances en materia de proyectos de infraestructura, combate a la corrupción y recuperación económica con base en el apoyo a los sectores más vulnerables y a las pequeñas empresas.

A la confianza por los indicadores positivos como el fortalecimiento del peso y el aumento de las remesas, México suma una fuerte apuesta por el T-MEC como motor de la recuperación económica para el escenario post pandemia en el que ya esta pensando.

Y aquí resulta interesante observar cómo se dará el inicio de esta nueva etapa en la política comercial mexicana, habida cuenta de la importante interacción comercial mexicana con sus socios: en 2019 el flujo de comercio con EEUU representó el 65.57% del valor del comercio total con el mundo, mientras que Canadá se ha convertido en su cuarto socio comercial. El nuevo tratado, si bien conserva elementos del TLCAN, introduce innovaciones en sectores de la industria automotriz, medicamentos, comercio digital, normas ambientales y laborales. El gobierno de AMLO apuesta todo en este nuevo tratado al que considera una herramienta importantísima para la reactivación económica.

La guardia nacional. Un año después

Cuando el año pasado López Obrador promulgaba la Ley de la Guardia Nacional, el objetivo era cumplir con la promesa de campaña de limitar el papel de la Fuerzas Armadas mexicanas en la seguridad pública. La creación de este nuevo cuerpo debía garantizar la profesionalización de la policía de México. Sin embargo, el Plan Nacional de Paz y Seguridad estableció que los efectivos provendrían de las Policías Militar y Naval, agentes de la Policía Federal fuertemente cuestionada y de la convocatoria que se haría entre civiles. Estos reclutas recibirían formación en planteles militares.

El problema es que un año después de la creación y puesta en funcionamiento, la Guardia Nacional lejos de garantizar la desmilitarización de la seguridad pública, la perpetúa. Aunque el Decreto que dio lugar a su constitución determinaba que la Guardia Nacional debía ser una institución de carácter civil, lo cierto es que al día de hoy la mayoría de sus miembros provienen de las Fuerzas Armadas, reclutados de la Defensa o de la Marina y bajo dirección de la Secretaría de Defensa. 

A ello se suma el fuerte cuestionamiento a la Guardia Nacional por sus tareas en las frontera sur en el marco de la Política migratoria más estadounidense que mexicana.

"Quedate en la frontera"

Un año después del acuerdo de migración entre México Y EEUU y del programa "Quedate en México" con el que este país se comprometió a incrementar sus controles migratorios, la situación solo ha devenido en un aumento de las vulneraciones a los derechos de los migrantes. En condiciones de hacinamiento, con limitado acceso a la salud, al saneamiento y también a la información, la crisis humanitaria se ha agravado en las fronteras norte y sur de México, y la pandemia como gota que rebalsó el vaso, propaga la desazón entre los migrantes.

El mundo sigue girando

Aunque por momentos parezca suspendido en la pandemia que ya cumplió 6 meses, el mundo sigue girando. Y aunque las características del orden actual inevitablemente estén definidas por la crisis sanitaria global que todo lo absorve y por el debate casi monotemático, la política mundial nunca nos aburre.

(*) Analista internacional de Fundamentar

Con una agenda “republicana” se dio crítica al intervencionismo estatal del período anterior por considerarlo de características autoritarias. Así comenzamos a escuchar que el managment empresarial tenía las herramientas necesarias para una eficiente gestión de los asuntos públicos, que de la pobreza se podía salir en la medida en que el esfuerzo individual fuera suficiente como para convertir a un pobre en mentor de su propio destino, ya que no debía haber obstáculo al mérito más allá de las propias limitaciones de la voluntad. También comenzamos a escuchar ciertas verdades pocos comprobables, pero que, al compás de la difusión de los medios de comunicación funcionales a estos intereses, se reproducían sin importar si verdaderamente representaban la realidad. Muchas de estas afirmaciones se estiraron tanto que terminaron por convertirse en cargos y acusaciones contra dirigentes políticos, dando paso a la judicialización de la política o “Lawfare”, para quienes gustan de los términos anglosajones.

Posverdad: la Real Academia Española de la que no me considero devota, define al término como una “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales” ¡Y qué fácil es manipular en tiempos de fake news! Bueno, en realidad es fácil en la medida en la que se disponga de medios de comunicación poderosos que colaboren para que a la velocidad de la luz puedas hacerles creer a los ciudadanos lo que quieras. Si no, preguntémosle a alguno de los autoconvocados caceroleros argentinos el motivo de su indignación. O mejor, preguntémosle ¿Dónde leíste eso?

Siendo gobierno u oposición, la derecha reciclada no tiene reparos en contradecir hasta la más establecida evidencia empírica. Entonces, la encontramos adscripta al negacionismo tanto sea del cambio climático como de las consecuencias del Coronavirus. Basta con ver las declaraciones de Jair Bolsonaro, a quien la red social Instagram le bloqueó recientemente una publicación por difundir información falsa al afirmar que las muertes por enfermedades respiratorias en el estado de Ceará habían disminuído, cuando en realidad aumentaron en un 33%  en el contexto de la pandemia.

A fines de marzo, la red social del pajarito también había censurado mensajes del presidente por cuestionar las medidas de aislamiento social. Al día de hoy, Brasil lleva casi 14 mil fallecidos mientras el primer mandatario desacredita de manera constante las recomendaciones de especialistas y estrena Ministro de Salud, desde que el anterior dio un paso al costado por sus constantes diferencias con el mismo Bolsonaro.

“La libertad importa más que la vida”, redobla el presidente de nuestro vecino país. Curiosamente, la oposición argentina sigue una línea similar al cuestionar las medidas de la administración de la cuarentena, que ya llegó a su fase 4, pero que ya era criticada en sus fases anteriores.

El problema con estos discursos que parecen faltar al sentido común, es que además de ser dados, son aceptados. Es decir, se distribuyen porque hay quienes los consumen, quienes los adoptan y los hacen propios para luego reproducirlos, y, una vez que se vuelven “trending topic”, ¿a quién le importa a qué intereses se favorece con su reproducción? 

Sin embargo, la posverdad ya era famosa antes de que podamos tener nuestros casos autóctonos. El concepto se difundió con la expansión de los partidos antisistema en Europa y con la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU, de manera que un poco antes de nosotros, otros ya pasaron por el fenómeno de las mentiras con nombre académico.

Y a decir verdad, tal como sucedió con el desarrollo de la pandemia, podemos afirmar “con el diario del lunes” que de este lado del continente podemos estar mejor preparados. Aún así, no debemos perder la capacidad de asombro, pues el ejercicio de la posverdad como herramienta política puede tomar las formas más variadas, si de favorecer intereses hegemónicos se trata. 

(*) Analista de Fundamentar

Así, entre las nuevas ampliaciones a actividades consideradas esenciales y las medidas de prevención que repetimos hasta memorizarlas, nos encontramos con la tarea de aprender sobre el adecuado uso de los cubre bocas o barbijos, elemento que es obligatorio a partir de estos días.

La buena noticia es que el gran esfuerzo del confinamiento logró no sólo reducir la cifra de casos, si no también ralentizar la velocidad de los contagios. La única vacuna, sigue siendo por el momento, el aislamiento social.

El acuerdo social

Con un alto nivel de adhesión ingresamos a una segunda etapa del confinamiento. Pese al pedido de flexibilización de distintos sectores empresariales y sindicatos, la gestión de Alberto Fernández decidió continuar con las medidas de confinamiento, ampliando las excepciones a unos pocos sectores sociales y económicos considerados esenciales.

“Mi preocupación, ya lo saben, no es el gasto público ni la pérdida de producción, sino la salud de los argentinos”, nos aclaró el presidente en una clase digna de aula universitaria.

Pero además, contemplando que la cuarentena tal como se estableció hasta el momento, no puede mantenerse de manera indefinida en la totalidad de las realidades del territorio, tanto el gobierno nacional, como los médicos y epidemiólogos están trabajando junto a los gobiernos provinciales para evaluar la posibilidad de liberar progresivamente el aislamiento social preventivo y obligatorio en lugares específicos del país que no han presentado casos positivos de Covid-19. Una apertura de la cuarentena que se dará a prueba y (esperemos que no) error.

La mala noticia: el pronóstico de recesión

Dejando la mala noticia para después, nos toca hablar de la reciente previsión del FMI para el 2020. Según la misma, nuestro país profundizará la recesión experimentando una caída de la economía en un 5,7% llevando la cifra del desempleo al 11%. Datos que lamentablemente eran esperables en el contexto de la grave crisis que nos está dejando la pandemia; una crisis global considerada “la más dura de los últimos 90 años” y cuyas consecuencias (que ya se discuten) se sentirán sin dudas en la transformación de la economía mundial, en sus dimensiones de producción y comercialización, en magnitudes que todavía se desconocen.

Bonus track económico: nuevos anuncios sobre la reestructuración de deuda

Como bien sabemos la pandemia nos agarró a los argentinos en un período complejo en el que nos estábamos embarcando en la tarea titánica de reestructurar parte de la vergonzante deuda contraída con el FMI. Es por ello que si bien se logró establecer el monto establecido para tal reestructuración (68.842 millones de dólares), el cronograma de negociaciones se suspendió debido a la precipitación de los hechos vinculados a la crisis sanitaria global. Sin embargo, la gestión del Ministro Guzmán (quien ni en sus peores pesadillas se podría haber imaginado en la tarea de reestructurar una deuda con el FMI en el medio de una pandemia) continuó en sus exigentes obligaciones. En horas de la tarde de este Jueves 16, finalmente se espera que se de el anuncio sobre la propuesta de pago a los bonistas, un anuncio ya adelantado por Alberto Fernández días atrás, cuando en una entrevista reafirmó la voluntad argentina de pagar la deuda contraída, siempre que se alcance una oferta sostenible.

Mientras tanto, el Ministro de Economía se pliega a la iniciativa del G-20 de suspensión de pagos de deuda para los países mas pobres, solicitando que se incluya también la deuda con los acreedores privados en los casos que sea necesario. Restará esperar entonces la difusión de los pormenores de la estrategia alcanzada por los ministros de finanzas miembros de tal foro.

China no exporta sólo virus

A poco menos de una semana de registrar su primer día sin muertes por Covid-19, el gigante asiático se dispuso a enviar donaciones de insumos médicos hacia nuestro país. Sin embargo Argentina no ha sido el único país beneficiario de tales medidas; la República Popular China ya ha enviado este tipo de ayudas a otros países de Latinoamérica, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, en una clara estrategia de soft power  -poder blando- que nos deja pensando respecto al probable rol del gigante asiático en la región. ¿Quién hubiese pensado que a cuatro meses de registrarse los primeros casos de Coronavirus, el país en el que tuvo su origen (¿y país que lo ocultó?) estuviera ahora en condiciones de brindar ayuda sanitaria hacia terceros Estados?

Cambia todo cambia

Los escenarios que diariamente atravesamos no sólo muestran que el cambio acontece, sino que también lo exigen. Nunca en la historia reciente estas transformaciones se sucedieron de manera simultánea en tantos espacios del mundo a la vez, con tanta velocidad y desnudando la vulnerabilidad de los sistemas políticos y económicos con la facilidad con la que la pandemia lo hizo.

El escenario doméstico que hoy nos atraviesa, en analogía con nuestro aislamiento diario en el hogar, nos invita a volver a casa para repensar los patrones de relacionamiento social, las formas de hacer política y de exigir de “la política” que las necesidades diarias sean abordadas principalmente en terrenos que deben ser abordados con la mayor de las urgencias. Afuera, en el mundo, hoy hay mucho para ver pero tal vez menos que copiar. De seguir en el camino de aplanar la curva, habremos logrado que la estrategia de priorizar la salud y la vida por sobre la economía triunfe, y con ello, habremos aprendido que la única alternativa posible de construcción de las nuevas realidades es con todos.

(*) Analista de Fundamentar