A un año de haber asumido el gobierno, Mohamed Mursi fue destituido de la Presidencia, luego de que las Fuerzas Armadas le impusieran un ultimátum para que accediera a compartir el gobierno con las demás fuerzas políticas. Removido el presidente y suspendida la Constitución, el ejército egipcio prevé la realización de un referéndum para modificar la Carta Magna a fines de 2013 y una nueva convocatoria a elecciones previstas para el año que viene ¿Lograrán estas medidas aquietar la situación?
Lejos de ir estabilizándose, el escenario político egipcio se muestra convulsionado y con un mayor nivel de incertidumbre que antes. Una crítica coyuntura económica, múltiples enfrentamientos en las calles, una constante puja por el poder – todo ello enmarcado por ostensibles presiones externas – parecen subyacer en el fondo de la cuestión.
A un año de haber asumido el gobierno, Mohamed Mursi fue destituido de la Presidencia, luego de que las Fuerzas Armadas le impusieran un ultimátum de 48 horas para que accediera a “compartir” el gobierno con las demás fuerzas políticas. Pasado el tiempo, y ante la negativa del representante de la Hermandad Musulmana de aceptar la disposición militar, se suspendió la Constitución y Mursi fue removido del Ejecutivo.
El cronograma presentado estipula a grandes rasgos la realización de un referéndum para modificar la constitución a fines de 2013 y una nueva convocatoria a elecciones previstas para el año que viene. No obstante, las calles siguen movilizadas y los enfrentamientos no cesan. ¿Lograrán estas medidas aquietar la situación?
Lejos de ir estabilizándose, el escenario político egipcio se muestra convulsionado y con un mayor nivel de incertidumbre que antes. Una crítica coyuntura económica, múltiples enfrentamientos en las calles, una constante puja por el poder – todo ello enmarcado por ostensibles presiones externas – parecen subyacer en el fondo de la cuestión.
DERIVACIONES INTERNAS
El ultimátum se efectuó en un contexto caracterizado por múltiples enfrentamientos y una alta efervescencia social, donde las demandas por la caótica situación económica se sumaron a las críticas dirigidas contra el gobierno debido a sus intentos de concentrar el poder, pero las razones que se ubican detrás de la destitución de Mursi no deberían leerse solamente como las consecuencias de un gobierno deslucido, que enfrentó grandes dificultades para hacer frente los desafíos de un Egipto post Mubarak. Al contrario, lo acontecido permite dar cuenta de las grandes pujas de poder que se debaten al interior del ámbito político. En este sentido, y más allá de que un año atrás se celebraban las primeras elecciones “libres” desde la caída de la monarquía, las reglas de juego no han sido definidas aún, y la “democracia” esta lejos de ser “the only game in town”.
Los intentos de concentrar el poder en el Ejecutivo, ya sea desoyendo a los pedidos de la oposición en la elaboración de la Constitución refrendada en diciembre del año pasado, o a través de una declaración que blindaba las decisiones del gobierno de cualquier control judicial, fueron contundentes, al punto que le restó apoyo y legitimidad a Mursi.
El anuncio de la imposición de una nueva hoja de ruta para la sociedad egipcia estuvo a cargo del Ministro de Defensa y jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el general Abdel Fatah al Sisi. Sin embargo, el Ejecutivo – a diferencia de lo sucedido con el interinato post caída de Hosni Mubarak – no quedo en manos del CSFA, sino que pasó a estar a cargo de un miembro del Poder Judicial. Así, se asignó como cabeza del gobierno interino al Presidente del Tribunal Constitucional Supremo, Adly Mansour. El deseo de la cúpula militar por no dirigir directamente el Ejecutivo, no implica su distanciamiento de la escena política.
De cara a la presiones militares (que se vienen manifestando, al menos públicamente, desde hace meses), Mursi buscó enfatizar el origen legítimo de su gobierno, salido de los comicios de mediados del 2012, como una forma de enhebrar poder, en medio de una estructura tomada por las herencias de la Era Mubarak. Debió enfrentar los condicionamientos que se derivaban no sólo de una agenda de transición social y económicamente complejas, sino que también tuvo que afrontar las presiones de las FFAA y de miembros del poder judicial, entre otros bastiones del antiguo régimen, quienes no se mostraron afectos en ningún momento a renunciar a sus prerrogativas de antaño. Ahora bien, esto no quiere decir que el gobierno de Mursi haya estado exento de cometer errores ni que la Hermandad Musulmana no tuviera una agenda propia para satisfacer sus intereses. Los intentos de concentrar el poder en el Ejecutivo, ya sea desoyendo a los pedidos de la oposición en la elaboración de la Constitución refrendada en diciembre del año pasado, o a través de una declaración que blindaba las decisiones del gobierno de cualquier control judicial, fueron contundentes, al punto que le restó apoyo y legitimidad a Mursi.
Sin embargo, esto es sólo una parte de lo que se debate hoy en El Cairo. Si se observa el devenir egipcio desde principios de 2011, uno de los elementos más notorios ha sido el constante interés del CSFA para poner bajo su tutela directa la formulación de las nuevas reglas de juego que dirimirían el tablero político post-Mubarak. Así, la fuerte presencia de los militares en la vida política y económica de Egipto – por medio de sus amplios privilegios relativos al manejo del presupuesto, al grado de tener incidencia en la toma de decisiones en temas de defensa y seguridad y al control de más de un tercio de la economía nacional – constituye un aspecto que atraviesa y condiciona significativamente el devenir del país, cuestión que no puede ser ignorada.
En el plano económico, punto crítico a resolver, se observó que la caída de la actividad sumada al constante incremento de los precios (particularmente de los bienes básicos de consumo), la falta de insumos energéticos, el aumento del déficit y la escasez de divisas, fueron un caldo de cultivo difícil de sortear para Mursi. Y al día de hoy lo sigue siendo para el interinato.La oportunidad que en un momento pareció histórica, hoy se volvió incierta. Luego de años de oposición al régimen, la Hermandad Musulmana salía victoriosa de las urnas que sucedían a Mubarak. Gracias a su labor social extendida por todo el país, la cofradía supo hacerse de un momento de convulsión política que no parecía encontrar otro candidato adecuado para el desafío. No obstante, luego de un año en el gobierno, los costos políticos se multiplicaron y gestaron un duro golpe a la Hermandad. El hecho de que dicho sector se vuelque a las calles vehementemente o que se presenten otra vez a elecciones permanece, al momento, como un interrogante abierto. Lo cierto es que el temor a una radicalización de la escena política se torna latente, mientras los más altos dirigentes de la cofradía son perseguidos por las fuerzas.
Más allá del convulsionado escenario político egipcio, el resultado de la intervención de las Fuerzas Armadas terminó siendo el anhelado por diversos actores, particularmente a nivel internacional, a quienes la interrupción de un gobierno democrático pareció no disgustarles.
REPERCUSIONES EN EL PLANO INTERNACIONAL
Si se pudo observar un gesto contundente por parte de las potencias occidentales, ese fue su “no” condena al golpe. La insistencia de que se escuche a las demandas del pueblo fue la consigna elegida para brindar un respaldo tácito al accionar de las FFAA.
Si se tienen en cuenta los vínculos históricos que unen a la corporación militar egipcia con los Estados Unidos, difícilmente lo anterior podría sonar sorprendente. Egipto es el segundo actor a nivel mundial en recibir asistencia financiera desde Washington (una cifra cercana a 1.300 millones de dólares anuales). A pesar de que Mursi trató de mostrar un perfil moderado como mandatario de un país clave en la arena de Medio Oriente, el origen islámico del mismo generaba cierto temor en las potencias, ya que el mismo podía ser percibido como un elemento de riesgo en el juego político de la región. En otras palabras, Mursi no representaba la garantía para la seguridad de sus intereses, como lo hizo Mubarak y como pueden hacerlo las FFAA.
Más allá del convulsionado escenario político egipcio, el resultado de la intervención de las Fuerzas Armadas terminó siendo el anhelado por diversos actores, particularmente a nivel internacional, a quienes la interrupción de un gobierno democrático pareció no disgustarles.
Con algunos matices, es posible observar que la posición de las monarquías del Golfo resultó similar. Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait han modificado su actitud hacia Egipto desde el derrocamiento de Mursi, mostrando un profundo agrado por el accionar de las FFAA. Esta satisfacción, además de ser declaratoria fue acompañada de la entrega de fondos por12 mil millones de dólares, en un claro signo de apoyo a los últimos cambios en El Cairo. En particular, El reino saudí vio la llegada al poder de la Hermandad Musulmana y sus acercamientos con Teherán con cierta animosidad, lo que se tradujo en un relativo distanciamiento. Esto, pudo observarse notablemente en el aspecto financiero cuando Riad, tradicional fuente de ayuda para El Cairo, supeditó el acceso a nuevos préstamos a los condicionamientos de un previo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tornándolo finalmente inverosímil. Dicho accionar en un momento critico como el que atravesó el gobierno de Mursi en términos financieros y económicos resultó ser un condicionante crucial para su futuro político.
Entre algunas de las razones que podrían pensarse como basamento del accionar saudí, se destacan, por un lado, los lazos entre las FFAA egipcias y el reino saudí, vínculos que florecieron bajo los años de Mubarak, alcanzando un grado de cercanía nada despreciable y, por otro, el temor de que los cambios acaecidos en Egipto pudiesen alentar movimientos radicales dentro de las estructuras conservadoras de la petro-monarquía. De todas formas, el accionar de los Estados del Golfo no ha sido homogéneo. Debe remarcarse que en ese contexto de crisis aguda, la fuerte presencia financiera de Qatar, quien duplicó su asistencia hacia las arcas egipcias durante el gobierno de la Hermandad, contribuyó a morigerar la pérdida de las reservas monetarias del país. Queda por ver cual será la reacción de la dirigencia qatarí a partir de lo sucedido.
El anhelo democrático, si existió alguna vez, se ve más distante que antes. La destitución de Mursi, primer intento de democracia formal en Egipto, no parece ser una vuelta al 2011, en un intento de que la transición esta vez “salga bien”. La lucha política no se muestra canalizada por los infinitos laberintos institucionales del Estado, sino que salió a la calles, tornando impredecible el devenir egipcio. Ciertamente, el propio Mohamed Mursi y la Hermandad Musulmana desempeñaron un rol importante en el retroceso democrático que padece Egipto. Sin embargo, aún así, habría sido auspicioso que los ciudadanos egipcios hubieran podido canalizar su rechazo hacia el Ejecutivo por vías institucionales. Lejos de estar viviendo los frutos de una “primavera” en El Cairo abundan las pujas por el poder y las pesadas herencias del régimen que complejizan el panorama político y económico del país, extendiendo un ya de por sí aletargado “invierno”.
(*) Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal
El Tribunal Penal de El Cairo condenó hoy al depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi a 20 años de cárcel por reprimir violentamente las protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012, que se saldaron con la muerte de varios manifestantes.
Tras la aprobación de algunos artículos de la nueva Constitución y la creación de una nueva instancia electoral, el primer ministro Ali Larayedh ha anunciado su dimisión.
