La compra de derechos de televisión de los partidos de la Eurocopa por parte del gobierno porteño y su emisión por el Canal de la Ciudad que solo puede verse a través de la TV paga, motiva este análisis acerca de que “los medios públicos deben ser territorio de continuidades, de pluralismo y no de negocios".
Al referirnos a medios públicos sobreviene siempre la pregunta sobre el significado de lo público.
Podemos pensarlos desde la propiedad, en ese caso “público” sería algo que corresponde a toda la comunidad. También podemos mirar los recursos que se involucran para su gestión, así muchas veces hemos dicho que todos los medios que usan espectro radioeléctrico “son públicos”, dado el carácter social de ese recurso. O pensar en los recursos presupuestarios: si para gestionar un medio salen del erario público parece lógico que lo definamos así. Ninguna mirada es excluyente de otras y en todo caso nos permiten entender que hay múltiples enfoques posibles.
Hay quienes insisten en que lo público debería ser algo despolitizado, como si en la ausencia de contenido político residiera la esencia de un medio de comunicación al servicio de la ciudadanía. Para esas personas, cualquier presencia que transmita una idea susceptible de influir en la sociedad debe ser erradicada. Las más de las veces impera una (no casual) confusión entre la idea de “uso político” y “uso partidario” y completan con que los contenidos de los medios públicos deben ser “culturales y de servicio social”, sin ninguna clave que nos explique qué significa cada cosa.
Los avances en este tema a partir de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 fueron importantes. No solo se modificó de manera rotunda la conducción del Canal 7 (hoy TV Pública) y Radio Nacional con la creación de un directorio en el que los representantes del gobierno nacional no tenían mayoría ni quórum para funcionar solos, sino que se establecieron ámbitos de participación ciudadana que permitían la intervención de todos los sectores: el desaparecido Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos.
Pese a la voluntad expresada en que fue el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner el impulsor de esas medidas, la oposición, conducida en las sombras por el Grupo Clarín y llevada adelante por legisladores del Pro y los partidos aliados puso en cuestión la calidad de lo logrado en aquel momento y durante años tildó de partidario el esquema propuesto y su implementación. Implementación que involucraba el fortalecimiento de las radios de todo el país y la puesta en marcha de estaciones de TV Digital Abierta (TDA) para lograr que la mayor parte de la población tuviera acceso a la televisión gratuita y con la mejor calidad de imagen y sonido.
Mientras ello sucedía por el lado del gobierno nacional de entonces, en el otro lado del ringside, Mauricio Macri -que gobernaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- evidenciaba la poca importancia que su partido asigna a los medios públicos de la Ciudad -dos radios y una señal de televisión-, con un ejemplo que vale como muestra. Pese a que la Ley de SCA le daba la posibilidad y que el gobierno nacional le había otorgado una frecuencia para que el “Canal de la Ciudad” pudiera ser transmitido de manera abierta en la TDA, nunca se avanzó en su concreción. Tampoco lo hizo su continuador Horacio Rodríguez Larreta.
En los últimos días el canal de la Ciudad estuvo más presente que nunca en algunas conversaciones. Es que por decisión del gobierno del cual depende – no existe participación ciudadana en su conducción-, el canal compró los derechos para transmitir la Eurocopa, el certamen de seleccionados más importante del viejo continente. Con la Copa América terminada y sin comienzo a la vista de los torneos locales, la audiencia encontró en ella la manera de satisfacer el apetito futbolero. El fin de semana próximo serán las finales y veremos qué tanta gente mira, hasta ahora no ha sido poca.
El problema es que para ver ese canal es necesario ser abonado a un sistema de TV paga, hasta para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, la misma ciudad se ocupa de publicitar profusamente los canales donde se puede encontrar ese contenido en Cablevisión y Telecentro. ¿Y los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen TV por cable pero que con sus impuestos pagan los costos del canal y los derechos de exhibición? Bien, gracias. Que lo vean por Internet, si pueden.
¿Es esta la manera en que entiende el macrismo los contenidos universales? ¿De qué manera se conjuga esto con el derecho de acceso a la información? Si se considera que la Eurocopa -o cualquier otro evento- es tan importante para la ciudadanía como para pagar por sus derechos de emisión, ¿cómo es que solo están disponibles para una porción de los ciudadanos? Nos hace acordar mucho a dos episodios de la historia reciente y curiosamente algunos de los protagonistas se repiten.
Esta historia ya la vimos
A mediados de los ´90 el proceso de extranjerización y concentración de la industria de la TV por cable terminó en una disputa entre muy pocos y grandes operadores entre los que destacaba Multicanal, del Grupo Clarín. Para saldar esa competencia a su favor el Grupo no escatimó estrategias, una de ellas la de utilizar los contenidos del Fútbol que tenía en exclusiva, como driver que desequilibrara la disputa a su favor. Todo esto está muy bien analizado y descripto en el informe del año 2007 que realizó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia llamado “Problemas de competencia en el sector de distribución de programas de televisión en la Argentina”.
El otro, el que estamos experimentando desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación con la decisión de entregar los partidos de más audiencia del Fútbol Para Todos a los canales privados de Buenos Aires, el Canal 13, Telefé y América. Hasta esta decisión, esos encuentros se podían ver por la TV Pública (el viejo Canal 7), por lo tanto estaban disponibles para prácticamente toda la población del país, por medio de su emisión abierta, por las repetidoras analógicas, por el cable, la TV Satelital y en la TDA. Ahora, para ver a los llamados “clubes grandes” hay que tener cable, ya que quién no está en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores no recibe de manera abierta esos canales.
El mismo principio. Un contenido atractivo, puesto a disposición de los privados y transmitido por el cable. Al Fútbol para Todos el macrismo lo convierte en un “fútbol para menos”. Según datos del mercado, la penetración de la TV Paga en la CABA es del 90% de los hogares, es decir que, de entrada, hay un 10% que se queda sin posibilidad de acceder a esos contenidos. Estamos hablando de casi 120 mil hogares.
Los medios públicos tienen un rol imprescindible en la construcción de la identidad, de “lo que nos es común”. Entendemos que la capacidad de cumplir ese objetivo estará necesariamente conectada con la posibilidad de llegar a todos los rincones de la geografía. De estar efectivamente a disposición de la totalidad de los habitantes de un territorio. En ese sentido vemos con preocupación estas decisiones que se orientan a levantar muros allí donde no los había, a agrandar brechas en lugar de reducirlas.
Hoy se discute el futuro de la televisión abierta, amenazada por el riesgo de quedar desfinanciada por la migración de la publicidad al mundo digital y la decisión del gobierno de transformar a la TV por Cable en un servicio de telecomunicaciones -que paga un gravamen mucho menor-, sumado a la competencia fortísima de las plataformas de contenidos a demanda (Netflix es una entre casi 200 OTTs en Latinoamérica).
Los medios públicos deben ser territorio de continuidades, de pluralismo y no de negocios. Mal augurio que quienes nos gobiernan regalen los espectáculos deportivos masivos a los privados en lugar de usarlos para fortalecer la televisión abierta, un sistema público, gratuito y universal.
FUENTE: Va Con Firma
En la jornada del lunes, organizaciones de trabajadores y campesinos, movimientos y partidos progresistas se movilizaron en Asunción y otras ciudades del país, para rechazar un proyecto de ley que pretende “privatizar los bienes públicos”.