El Congreso brasileño votó a última hora del pasado miércoles una polémica ley que permitirá, si sigue adelante en las próximas fases, que los adolescentes de entre 16 y 18 años puedan entrar en prisión en caso de cometer crímenes hediondos, homicidio doloso o lesión seguida de muerte. Tan sólo un día antes, decenas de activistas habían celebrado bañándose en las fuentes de la esplanada del Congreso la derrota de la propuesta de enmienda constitucional (PEC), pero tras las modificaciones del proyecto y las negociaciones lideradas por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del PMDB, la ley consiguió salir adelante.

La presidenta Dilma Rousseff, que ya se ha manifestado en contra de esta ley, no tiene derecho a veto por tratarse de una enmienda constitucional, prerrogativa del Congreso, así que el texto cobrará vigencia si vuelven a apoyarlo al menos tres quintas partes en un nuevo turno de votación que se celebrará en la Cámara y después en el Senado brasileño. Los diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff presentaron este jueves un recurso al Tribunal Supremo para que declare la ley inconstitucional.

La sociedad no acepta la impunidad y no desea sentir miedo, pavor y recelo que siente en el día a día", declaró el diputado favorable a la ley Leonardo Picciani, del PMDB, recogiendo el sentir de un 87% de la población brasileña según una encuesta publicada el mes pasado por Datafolha.

Reducir la mayoría de edad penal no va a resolver el problema

La presidenta Rousseff se encuentra en el 13% restante, según declaró en su Facebook: "Reducir la mayoría de edad penal no va a resolver el problema de la delincuencia juvenil. Eso no significa que yo esté a favor de la impunidad. Los menores que hayan cometido algún delito tienen que someterse a medidas socioeducativas, que en los casos más graves ya imponen privación de libertad".

Para que cambiara el rumbo de la votación de un día para otro, se retiraron del texto los delitos de tráfico de drogas, robo cualificado, lesión corporal grave, por el cual los jóvenes de entre 16 y 18 años finalmente sí serán tratados como menores de edad en caso de que la ley salga adelante. Un total de 28 diputados cambiaron el signo de su votación para apoyar el nuevo proyecto, rechazado por activistas, movimientos sociales y ONG's como Amnistía Internacional, que recoge firmas contra la ley bajo el lema "educar es mejor que arrestar".

"Educar es mejor que arrestar"

Además de generar un intenso debate en las redes sociales, el proyecto de ley es una muestra más de la rebelión del legislativo, liderado por Cunha, contra Dilma Rousseff. De nuevo, el líder del PMDB -partido aliado al gobierno que posee varios ministerios- lideró la votación de un proyecto sin contar con el beneplácito del Ejecutivo.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Estaban Covelli

FUENTE: ElMundo

Santa Fe se convirtió en el epicentro de una lucha por el poder político nacional, en donde los principales actores partidarios que disputan llegar a la Casa Rosada, fijaron su atención en los comicios locales. Una victoria provincial de determinado partido político, aportaría más credibilidad a la oferta partidaria en las elecciones nacionales. Sin embargo, el triple empate técnico en la provincia dejó sin “foto” a los principales “presidenciables” y con sabor amargo a los candidatos locales.

El domingo después de las elecciones, nada lograba arrojar un resultado certero sobre el ganador de los comicios en la categoría de gobernador y vice, y el escenario se prestó para todo tipo de oportunismos partidarios, chicanas políticas, shows de la “victoria” y denuncias televisivas de fraude, que deslegitimaban cualquier resultado final que se pudiera conseguir.

Con unas PASO que fueron desordenadas y un escrutinio bajo dudas, el sistema electoral de la provincia impedía proyectar sobre las dos fuerzas arriba en votos (el Frente Progresista y Unión PRO) un eventual escenario de ballotage y salir del conflicto. Incluso, aunque el recuento definitivo de votos pudiera ofrecer un ganador, casi 70% de los santafesinos no había votado por el gobernador electo, lo que en términos políticos se traduce en falta de legitimidad para gestionar la Casa de Gobierno.

La normativa provincial de 1962 busca garantizar la gobernabilidad del partido electo; la técnica electoral de “boleta única” introducida en 2009, busca favorecer la representatividad de los partidos políticos en la lucha electoral. 

La victoria ajustada del candidato por el FPCyS, Miguel Lifschitz, con una ínfima ventaja sobre sus contrincantes de Unión Pro (Miguel Del Sel) y del FjpV (Omar Perotti) abrió interrogantes sobre la gobernabilidad de la provincia y la estabilidad política del Frente Progresista.

El escenario político presenta dos aristas. Por un lado, la falta de credibilidad del escrutinio tras la mala gestión de la Secretaria Electoral, Claudia Catalín. Que provocó tensiones entre los principales partidos políticos y nuevos desequilibrios al interior del Frente Progresista, que bien podrán observarse en el armado del futuro gabinete provincial. Los que “suban” sentirán que les falta reconocimiento; los que “bajen”, que no se merecen el desplante.

Por otro lado, un problema de mayor alcance obligará a las fuerzas políticas a buscar destrabar el sistema electoral de la provincia y lograr consensos para incorporar un ballotage o “segunda vuelta” en la Constitución provincial.

LA CONSTITUCIÓN OLVIDADA

La carta magna santafesina data de 1962 y dispone como tal el marco institucional en el cual se desarrollan las elecciones de autoridades locales. Dicho instrumento resuelve que “gobernador” y “vice” son elegidos en simultáneo por simple mayoría de votos, y le otorga al partido ganador, una mayoría automática de 28 miembros en la Cámara baja. Los otros 22 restantes, son repartidos a las otras fuerzas partidarias por sistema D’Hont. Sin embargo, la introducción de la “boleta única” en 2009, trajo desequilibrios no contemplados para el sistema de partidos provincial. Esto hizo que cada categoría electoral (gobernador y vice, diputados provinciales, etc.) funcionara como una elección en sí misma. Lo que posibilitó escenarios en donde la categoría de diputados no tuvo coherencia con la de gobernador, haciendo que un gobernador electo con amplia adhesión contara con un poder legislativo dominado por la oposición, o escenarios donde la situación podría darse a la inversa.

La importancia del sistema electoral radica en que es el encargado de garantizar las preferencias de la sociedad y traducirlas en una distribución de poder acorde a los cargos públicos en disputa. En el caso santafesino, el sistema electoral no es el único fenómeno histórico-contingente, sino que se encuentra atravesado por distintos mecanismos y acuerdos políticos de distintas contextos político-sociales.

La Constitución del 62’ buscó garantizar la gobernabilidad del partido ganador, en una coyuntura política minada por las amenazas militares que buscaban desplazar a los gobiernos democráticos cuando mostraban algún tipo de debilidad en la toma de decisiones. La “boleta única” introducida en 2009, buscó alimentar mayores niveles de representatividad y superar a la “Ley de Lemas” (acoples) que había arrojado por el piso los niveles de legitimidad del sistema político. Hoy en día, la Constitución y la “boleta única” coexisten con casi 50 años una de otra. Sus coyunturas políticas que les dieron origen, sus acuerdos partidarios y sus técnicas operativas son distintas y permanecen en tensión.

En conclusión, la normativa provincial de 1962 busca garantizar la gobernabilidad del partido electo; la técnica electoral de “boleta única” introducida en 2009, busca favorecer la representatividad de los partidos políticos en la lucha electoral. Ambos procedimientos conviven en un sistema electoral que tiene detractores y defensores de un lado y del otro. Los que defienden la gobernabilidad sostienen la necesidad imperiosa de que las instituciones tengan un control político claro y que se ejecute estable en el tiempo. Los que se inclinan por la representatividad, aseguran que protege a las minorías y contiene a las distintas expresiones políticas que emanan de la sociedad. Para los partidos más chicos, la gobernabilidad presente en la Constitución significa el “autoritarismo” del partido ganador; para los partidos más institucionalizados, la “boleta única” da lugar a que cualquier personaje “famoso” pueda acceder a la estructura del Estado, sin estructura partidaria.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Dilatar los lazos sensibles de la representatividad entre representantes y representados, podrá afectar la credibilidad del sistema político dando espacio a que expresiones anti-sistema vayan ganando adhesión entre la ciudadanía.

El escrutinio final trae consigo sabor amargo para “ganadores” y “perdedores”. Terminada las elecciones se abre un debate al interior del Frente Progresista que podrá atentar contra la hegemonía del Partido Socialista en la conducción del espacio. Al exterior del frente, la gobernabilidad de la Casa Gris se verá afectada por la escasa legitimidad política del gobernador electo. Serán necesarios nuevos acuerdos partidarios para corregir el sistema electoral y brindar previsibilidad democrática a la provincia.

La tarea no será sencilla, pero obligará a las fuerzas políticas a debatir sobre la posibilidad de un ballotage en la Constitución, tener creatividad instrumental para hacer de la “boleta única” un instrumento más acorde con la oferta de partidos y no de personas (diferencia sustancial entre “proyecto colectivo” y “aspiración individual”); como también nuevos debates tabú para la administración socialista: la posibilidad de extender de 2 años a 4 los mandatos de las comisiones comunales que están obligadas a vivir en permanente campaña proselitista, al igual que negociar la incorporación de 100 mil nuevos electores jóvenes de 16 y 17 años que pueden votar al presidente de la nación pero que la provincia no les permite elegir a su concejal local.

El desafío no es menor, significa que los tres principales frentes partidarios se sienten a negociar al interior de sus fuerzas y al exterior de las mismas. Pero dilatar los lazos sensibles de la representatividad entre representantes y representados, podrá afectar la credibilidad del sistema político dando espacio a que expresiones anti-sistema vayan ganando adhesión entre la ciudadanía. Las elecciones se cerraron, pero el debate queda abierto. Que empiece la función.  

 

(*) Investigador de la Fundación para lla Integración Federall

1990: UN AÑO DE INFLEXIÓN POLÍTICA

El panorama político chileno de los últimos cinco años no puede ser del todo comprendido sin retrotraernos al 11 de marzo de 1990, cuando asume como presidente Patricio Aylwin. Este hecho, que podría parecer a simple vista como una instancia más en la vida política de cualquier país que se rige a partir de principios republicanos, representó en Chile un punto de inflexión. Dichas elecciones no significaron tan solo el fin de la dictadura de Augusto José Pinochet - hecho ya de por sí sumamente trascendental - , sino también la llegada al Palacio de la Moneda de la denominada Concertación de Partidos por la Democracia (Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Partido Socialista y el Partido Radical Socialdemócrata).

Múltiples fueron los acontecimientos acaecidos bajo los distintos presidentes que se sucedieron, enarbolando la bandera de sus correspondientes partidos, pero siempre respondiendo a la lógica partidaria de la coalición que gobernaría Chile desde 1990 hasta 2010. Si bien la misma ha pasado a la historia como el eje estabilizador y transformante del ritmo y la temporalidad política que primó en Chile, fue también la que asumió la tarea de aclimatar el sistema neoliberal a una sociedad con competencia política democrática. Asimismo, se consolidaría a lo largo de esta década el denominado modelo chileno, una suerte de continuidad con respecto al modelo que se impuso durante la dictadura tanto en materia económica como social.

2006: LLEGADA DE BACHELET AL PALACIO DE LA MONEDA

En el año 2006 asumiría Michelle Bachelet, del Partido Socialista, y quien le posibilitaría a la Concertación un cuarto período en el poder. Triunfando en segunda vuelta con un 53% de votos, y venciendo así a Sebastián Piñera, debió afrontar las demandas encauzadas por la sociedad chilena y una agenda de intereses diversos, muchos de los cuales obtuvieron una respuesta concreta con correspondientes planes y proyectos impulsados desde el gobierno, mientras que otros permanecieron latentes y con soluciones transitorias. Cuestiones tales como una reforma integral de la estructura educacional; transformaciones tendientes a modificar el sistema binominal y la formación de una Asamblea Constituyente para el estudio de una Reforma Constitucional; la conformación de un programa para apalear las consecuencias del terremoto y el tsunami del año 2010 con las controversias suscitadas en torno al mismo, han sido asuntos heredados por la administración que triunfaría en las elecciones del 2010.

 El candidato concertacionista, Eduardo Frei, era derrotado y la derecha llegaba al poder de manera democrática por primavera vez desde la década del '50.

2010: LA CENTRODERECHA LLEGA AL PODER

A pesar de que Bachelet abandonaría el gobierno con un 84% de aprobación y respaldo ciudadano, la Coalición por el Cambio - resultante del pacto electoral entre Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) - se configuraría como el espacio político partidario de la centroderecha que vencería en las elecciones a partir del triunfo de Sebastián Piñera (RN) en segunda vuelta con un total del 51,61 % de votos. El candidato concertacionista, Eduardo Frei, era derrotado y la derecha llegaba al poder de manera democrática por primavera vez desde la década del '50. Dicho suceso, esperado por algunos y sorpresivo para otros, re-significó la consolidación democrática chilena e introdujo ciertos cambios en las formas, no tanto así en el contenido.

Una vez iniciado su mandato, no pasó mucho tiempo hasta que la euforia comenzó a esfumarse y las fragmentaciones comenzaron a visualizarse hacia el interior de la coalición. Luego del exitoso rescate de los 33 mineros atrapados en Atacama, la popularidad del presidente electo se derrumbó (alcanzando niveles mínimos de aprobación, entre un 26 % y 27%) no sólo por su cuestionada gestión política - a razón de la presencia mayoritaria en su gabinete de personas provenientes del sector privado - sino también por las agudas tensiones al interior provocadas por los cuestionamientos de la UDI. Asimismo, la administración Piñera no logró despojarse de la herencia de demandas que la administración anterior no había logrado resolver. La irrupción de las protestas sociales en 2011, encabezadas por el movimiento estudiantil, se convirtieron en uno de los principales desafíos para el gobierno, quien no logró generar una solución adecuada y correspondiente a las demandas, que terminarían por transformarse en un asunto de fondo y que se extendería hasta la actualidad.

Igualmente, durante los cuatro años de la gestión de centroderecha hubo importantes aciertos y logros. Entre los más importantes se destacan, por un lado, el plan de reconstrucción post-terremoto/tsunami realizado por medio de un aumento de impuestos de primer categoría y la venta de la participación del Estado en diferentes compañías de servicio; un crecimiento económico que alcanzó un 5,6% en el año 2012 con caídas en los niveles de desempleo y un índice inflacionario del 1,5% para el mismo año. Por otro lado, la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el impulso de políticas para madres trabajadoras y para los sectores más vulnerables; y el cierre del Penal Cordillera acatando así un reclamo que la sociedad presentaba hace ya algunos años.

 Los recientes comicios pusieron, una vez más, en el centro del debate una pregunta tan simple como difícil de responder: Entre el Líder y el Partido ¿quién es verdaderamente elegido?

2013: LA NUEVA MAYORÍA Y LA (RE) ELECCIÓN DE MICHELLE BACHELET

El escenario político de las presidenciales 2013 encontró a la coalición gobernante desorganizada y dividida al punto tal que la nominación de un candidato de común acuerdo fue una instancia difícil de negociación, dado los intereses contrapuestos de las partes. Finalmente, Evelyn Matthei (UDI) se convertiría en su abandera presidencial, representando así a la coalición que volvería a adoptar su nombre original, Alianza. Por su parte, la Concertación se re-configuró luego del proceso de fragmentación sufrido con la derrota del 2009 y se erigió bajo la denominada Nueva Mayoría.

Bajo la bandera del progresismo y el liberalismo de izquierda, los socialdemócratas (PSRD) y los demócratas cristianos (PDC) se unieron al Partido Comunista, a la Izquierda Ciudadana y al Movimiento Amplio Social, en pos de lograr una nueva mayoría social para forjar un nuevo referente político amplio y representativo de las más diversas voces de la sociedad. Su candidata sería Michelle Bachelet, personaje ya emblemático de la vida política chilena, y quien ha logrado amplios márgenes de popularidad a pesar del no tan elevado porcentaje de aceptación del espacio político que la apoya. Los recientes comicios pusieron, una vez más, en el centro del debate una pregunta tan simple como difícil de responder: Entre el Líder y el Partido ¿quién es verdaderamente elegido?

A pesar de esta aún irresuelta discusión, el 15 de diciembre y tras la segunda vuelta, la Nueva Mayoría triunfaría con un total de 62,16% de los votos, tras una emblemática primera vuelta, en la cual más de 8 candidatos se presentaron, pero en la cual se registró tan solo un 40% de participación electoral (en lo que constituyó la primera elección bajo el esquema de voto voluntario). La victoria también se tradujo en los otros poderes: 21 escaños en el Senado, 68 en el Congreso, 88 consejeros, divididos entre los distintos partidos y con una importante presencia de quienes han encabezado el movimiento estudiantil. Este escenario, aparentemente favorable, no necesariamente significa un viaje sin turbulencias ya que, en un contexto de clara insatisfacción, la necesidad de articular respuestas concretas a demandas de distinta naturaleza resulta inminente.

En este sentido, existe un acuerdo casi generalizado entre los analistas en considerar que tres son los pilares sobre los cuales se debería diseñar la agenda del nuevo gobierno: la Reforma Educacional, la Reforma Impositiva y la Reforma Política. Respecto a la primera, el principal reclamo se dirige a la promulgación de una reglamentación que modifique de manera contundente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (originada durante el Pinochetismo) y el intento en vano que representó la Ley General de Educación sancionada en el año 2009. En lo que se refiere a la Reforma Impositiva, se pretende generar un sistema dirigido al aumento de los impuestos a las grandes empresas y la eliminación del fondo impositivo, en pos de lograr mayores fondos para inversión pública en educación. Por último, la Reforma Política hace visible una deuda que la clase gobernante tiene para con la sociedad chilena desde la década del ´90: la adopción de una nueva Constitución y la introducción de cambios en el sistema electoral binominal que rige los comicios parlamentarios.

En última instancia, estos tres ejes corresponden a una verdadera transformación del modelo chileno actual a razón de la necesidad de responder a ciertas cuestiones fundamentales: ¿Consenso o Encrucijada? ¿Es posible alcanzar un equilibrio entre el continuar con ciertos aspectos del modelo y el introducir modificaciones sustanciales y transformantes para acompañar a una sociedad que ha cambiado? ¿Cómo se podrá posicionar desde un enfoque común una coalición tan heterogénea pero hasta ahora unificada? ¿Podrá la Líder guiar a la Nueva Mayoría en pos de lograr en cuatro años ese giro copernicano que muchos observan que se está avecinando?

Tal como expresó la presidenta electa y quien estará asumiendo su cargo hoy, 11 de marzo,: “Chile cambió y se va a hacer más difícil gobernar para cualquier presidente (...) Si no somos capaces de hacer los cambios y la gente empieza a tomar las calles no va a ser responsabilidad de una presidenta, sino de un sistema político incapaz de responder a los desafíos de Chile”. Sólo será cuestión de estar a la espera de que el nuevo gobierno demuestre tener el ímpetu necesario para impulsar un cambio verdaderamente transformante. 

 

(*) Investigadora de la Fundación para la Integración Federal

Marcus Vinícius Coelho incluso fue más lejos y señaló que la presidenta, que ayer puso a consideración la iniciativa y realiza diversos testeos sobre la misma, podría desistir de la que fue la más polémica de las varias propuestas que realizó el lunes en un intento por dar respuestas a las masivas protestas populares, después de que se "convenció" de que el mecanismo atrasaría aun más la reforma política.

"Hacer un plebiscito para convocar una asamblea (constituyente) y sólo ahí elaborar la reforma política atrasaría todo el proceso", dijo el abogado, citado por la agencia DPA y el diario Folha de Sao Paulo.

Agregó que la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) "orientó" a la presidenta sobre los obstáulos que enfrentaría su propuesta y ofreció alternativas.

"Sobre la Constituyente, le manifestamos a la presidenta el riesgo institucional, el peligro (que significaría) para nuestras instituciones si una Constituyente es convocada. Buscamos demostrar que es posible, necesario, urgente, más rápido y efectivo haber una reforma política alterando la Ley de las Elecciones y la Ley de los Partidos Políticos, sin alterar la Constitución Federal", dijo Coelho.

"Hacer un plebiscito para convocar una asamblea (constituyente) y sólo ahí elaborar la reforma política atrasaría todo el proceso"
Marcus Vinícius Coellho

Agregó que la presidenta "se sensibilizó" con lo propuesto por los abogados, que implica realizar un plebiscito "para aprobar la propia reforma política".

"La población tiene que decir directamente cuál es la reforma política que quiere, y no un plebiscito para convocar una Constituyente", indicó.

"Un plebiscito para que el pueblo vaya a las urnas y les diga a todos que quiere la reforma política, que quiere financiamiento democrático (de campañas electorales), además de una amplia libertad de expresión", añadió.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú

FUENTE: Télam