Sobre números y reacomodamientos

Domingo 21 de noviembre de 2021. Hubo 15 millones de chilenas y chilenos habilitados para ir a votar. Sólo lo hicieron un poco más de 7 millones, el 47,19% del padrón; un número muy similar a las elecciones en las cuales Sebastián Piñera ganó la Presidencia en 2017 (46,72%), y al referéndum sobre el cambio en la Constitución en 2020 (50.95%).

José Antonio Kast (27.9%) y Gabriel Boric (25.8%) sacaron su pasaje para la segunda vuelta, que tendrá lugar el 19 de diciembre. Franco Parisi, un candidato radicado en los Estados Unidos que no pisó Chile en toda la campaña debido a una orden judicial por no pagar una pensión alimentaria, salió tercero (12.8%). Más atrás, quedaron el candidato oficialista y ex Ministro de Desarrollo Social de Piñera, Sebastián Sichel (12.7%) y Yasna Provoste (11.6%), la candidata de los partidos de la ex Concertación que gobernaron por dos décadas seguidas tras la recuperación de la democracia. Esos son los números.

Primer dato a tener en cuenta, que peca de obvio: la mala elección de las coaliciones tradicionales chilenas son la muestra de la implosión del centro (en sus variantes de izquierda y derecha) que hegemonizó la disputa política de 1990 a la fecha. Una campaña plagada de obstáculos y errores sumada a la bajísima popularidad de Piñera echaron por tierra las altas expectativas iniciales de Sebastián Sichel, quien había vencido en las primarias a otros tres contendientes, incluido el histórico dirigente de la UDI, Joaquín Lavín. Por su parte, Yasna Provoste nunca pasó la intención de voto del 15%. El Nuevo Pacto Social, nueva denominación de la Concertación, dejó de hacer pie definitivamente con el proceso iniciado en 2019 y terminó cosechando un magro resultado.

El tercer lugar de Parisi es, a priori, lo más curioso. Su hábil discurso en redes sociales en contra de “los políticos” y ufanado de no pertenecer “ni a la izquierda ni a la derecha” encontró eco en casi 900.000 chilenos (en su mayoría varones jóvenes). Ese dato vuelve obligatoria la discusión sobre la necesidad de no vincular automáticamente las movilizaciones de los últimos años con una politización, en el mejor sentido de la palabra, del ciudadano de a pie en Chile. La antipolítica tiene un terreno fértil para crecer y tiene una relación por demás de compleja con la reciente ocupación del espacio público.

Que Kast y Boric deberán buscar los votos de estos tres candidatos, también constituye una afirmación que peca de obvia. Piñera, su gabinete y sus aliados ya han tirado más de un centro a la cabeza del candidato del Partido Republicano, incluso antes de las elecciones, a sabiendas de que su entrada en el ballotage estaba cantada, sobre todo luego del escándalo de los Pandora Papers que amenazó con hacer aún más corto el poquito tiempo que le queda al Presidente en el Palacio de la Moneda. Por otro lado, Provoste, y los partidos Socialista, Radical y Demócrata Cristiano, han llamado a votar por Gabriel Boric. Lo propio hicieron Renovación Nacional, Evópoli y el resto del oficialismo con Kast. En los estratos de la dirigencia, las dos coaliciones perdedoras ya se han encolumnado detrás de los contendientes de diciembre.

https://www.youtube.com/watch?v=4RlJz7FKwXg&ab_channel=CNNChile

Los pulsos contrapuestos

18 de octubre de 2019. La pandemia aún no asomaba. Las autoridades chilenas impulsaron un aumento en el boleto del metro que catalizó un descontento social contenido por décadas. A las movilizaciones le sucedieron dos respuestas. La primera por parte del Gobierno: represión y otorgamiento de carta blanca a los Carabineros, a los que Kast hoy defiende y victimiza abiertamente.

La segunda respuesta, ensayada por el conjunto de la clase política, fue un acuerdo de los partidos para convocar un proceso constituyente mediante plebiscito, el cual se votó 32 octubres más tarde que la consulta que terminó con la dictadura de Pinochet, en 1988. La propuesta de modificar la Carta Magna redactada en 1980 tuvo un apoyo transversal, y el “Apruebo” sacó el 78% de los votos, articulando voluntades y configurando una mayoría que hoy, con el diario del lunes, no tuvo su correlato con una propuesta política por parte del progresismo chileno o la oposición, en términos más generales. En aquella ocasión, sin un proceso electoral para el recambio de autoridades en el corto plazo, la redacción de una nueva Constitución fue el canal donde el estallido social encontró respuesta institucional. Inserto aquí un asterisco que resalte la continuidad de las autoridades de gobierno principales, a pesar de la turbulencia política de estos dos años.

No obstante, durante ese atípico año que fue el 2020 hubo otras discusiones cargadas de simbolismo y consecuencias concretas para el orden económico reinante en Chile. Los retiros de los fondos de pensiones administrados por las llamadas AFP, autorizado mediante una Ley votada por el Congreso; el ingreso familiar de emergencia a raíz de la pandemia, y el respiro que logró Piñera a partir de un buen ritmo en la campaña de vacunación, aplacaron la espuma de la movilización social, generando un clima tenso, expectante y de conflictividad latente, pero con un ojo puesto en el futuro próximo, a sabiendas del proceso electoral que se avecinaba en este 2021.

Con el retroceso de la pandemia, otros factores entraron en el juego. El tiempo fue el primero y, en opinión del que suscribe estas líneas, el más importante. Yanina Welp escribió un artículo en El País donde introdujo el concepto de Turbo-política, entendida como “la aceleración de los tiempos políticos debido a la concatenación de hechos excepcionales, afianzado sobre el declive de las grandes afiliaciones y la apelación a las emociones y el escándalo”. La turbo-política complejizó y volvió heterogéneo el conjunto de demandas que se cocinaron al interior de la sociedad chilena. Cierto es que el estallido social inclinó dichos reclamos en una dirección: un piso mínimo de derechos. Lo que se aglutinó en la palabra Dignidad. Pero conforme pasó el tiempo otros debates comenzaron a ganar peso.

https://www.youtube.com/watch?v=nlXq8Vyo5iE&ab_channel=BioBio

En los últimos meses, tomaron notoriedad el conflicto con las comunidades mapuches en el Sur de Chile y los ataques xenófobos contra migrantes en el Norte del país. Al ver los resultados electorales en clave regional, en la región de la Araucanía, epicentro de la disputa territorial con los mapuches, Kast sacó el 42%, mientras que Boric cosechó menos del 17%. En un fenómeno similar, el resultado fue menos abultado pero se repitió en las regiones norteñas donde la problemática con los migrantes marca el pulso de la conflictividad social: Kast sacó el 29% en Arica y Parinacota contra el 18% de Boric, mientras que en Tarapacá el resultado fue 30% a 18%. En estas dos circunscripciones, Franco Parisi, el candidato en el extranjero, salió segundo cerquita de Kast (28% y 27% respectivamente”).

La turbo-política operó también en lo referente al paisaje de las ciudades, concretamente en Santiago, donde las movilizaciones no reúnen miles de personas, pero se volvieron un paisaje clásico de la realidad capitalina. El periodista Juan Elman estuvo recorriendo la ciudad los días previos y siguientes a los comicios y retrató este fenómeno en su recomendable newsletter Mundo Propio: “siguen siendo manifestaciones marginales comparadas con las de 2019 y la convocatoria con suerte superan las cien personas, pero es suficiente para paralizar la zona. Pasa todas las semanas. Me resultó fácil en ese momento entender por qué un dueño de un comercio local o alguien que tiene que pasar por ahí todos los días podría votar por alguien como Kast”.

Si uno arroja sobre la mesa estos factores, se comprende cómo el tiempo jugó su papel y cómo influye, en palabras de Marcelo Mella Polanco, cierto “pulso restaurador” más reciente que el pulso transformador de las marchas y el proceso constituyente, pero que sucede en simultáneo, dando lugar a una crisis de representación que se demuestra en el resultado de las elecciones, con dos propuestas antagónicas pasando a la segunda vuelta y con un Congreso fragmentado.

A propósito del Congreso, el voto allí fue distinto a lo que se vio en las presidenciales y creo que merece una digresión. La coalición de gobierno logró resultados significativamente mejores para sus candidatos al Parlamento chileno: tendrá 55 bancas de las 155  que se renovaban y 12 de los 27 asientos en el Senado. Los resultados de la votación legislativa tienen muchos puntos de contacto con lo que me comentaba la semana pasada Simón Ramírez, sociólogo chileno y miembro del partido de Boric, Convergencia Social. Simón me dijo que existe hoy en Chile un voto demandando liquidez, donde el principal reclamo salido a la superficie en 2019 ligado a la dignidad, confluye con la mantención de los niveles de consumo propios de la sociedad chilena, donde el neoliberalismo ha permeado en las capas sociales de forma muy significativa, aún comparado con los altos estándares que manejamos en América Latina sobre este punto. Empezó a hacerse palpable un miedo a la posible modificación de “la parte buena” del orden económico chileno. Y arrojó una reflexión clave: “si la candidatura de Boric se aleja de la garantía de dignidad para acercarse a modificar la estructura del orden socio-económico, más complicado será conformar una mayoría para ganar en diciembre”. El modelo chileno, tan ponderado por los medios de comunicación hegemónicos a nivel global, también tiene sus defensores en los ciudadanos de a pie que no cuentan con privilegios que buscan mantener.

Un último elemento de la votación al Parlamento: el Frente Amplio se consolidó como un partido del sistema político chileno en estas elecciones, no debutó como fuerza política este año. Ese hecho acaeció hace cuatro años, en 2017, con la candidatura de Beatriz Sánchez a la Presidencia de Chile y con la buena elección parlamentaria que hizo la fuerza. Es por eso que no podemos descartar una porción de voto castigo, también destinado a la fuerza que hoy comanda la izquierda en Chile, por formar parte ya del sistema político instituido.

Los escenarios posibles

Diciembre de 2021. Hasta el domingo 21 de noviembre se decía que estábamos a las puertas de las elecciones más inciertas en la historia democrática chilena. Luego de las mismas, podemos continuar afirmando lo mismo.

Hoy día, como dicen allá, las coaliciones derrotadas ya están posicionadas de cara al ballotage: el oficialismo apoya a Kast y el Nuevo Pacto Social llamó a votar por Boric; el Congreso fragmentado muestra una recuperación de las fuerzas conservadoras que habían sido derrotadas ampliamente en el referéndum constitucional; y dos candidatos que representan ideas y programas contrapuestos dirimirán la segunda vuelta en algunos días. Resulta necesario no simplificar a ambos contendientes sólo como “el candidato de la izquierda contra el de la ultra derecha”. Se vive una realidad mucho más compleja y esta afirmación, muy útil para el análisis, se queda corta.

Cualquiera de los dos que gane deberá gobernar un Chile con los pulsos contrapuestos a los cuales se hizo referencia. El analista chileno Roberto Izikson lúcidamente afirmó que habrá que responder a la demanda de Cambio, correspondida con la candidatura de Boric, pero también a la de Orden, sensible a la propuesta de José Antonio Kast. Y más allá de los pocos escrúpulos que muestran los dirigentes de su línea ideológica, Kast no puede apoyarse solo en la respuesta represiva o en la negación de la realidad, como han hecho otros mandatarios con los que muy simplificadamente se lo ha comparado al candidato chileno, como Bolsonaro o Trump. Inicialmente, Piñera se sustentó pura y exclusivamente en el aparato represivo del Estado y en sus relaciones cercanas con el establishment para resolver los problemas sociales en Chile. No le fue bien. Luego de su salida del Palacio de la Moneda, difícilmente tenga legitimidad alguna para ensayar algún renacimiento político.

En este sentido, aún queda confirmar si las fuerzas que ahora apoyan a Kast pero acompañaron a Sichel en la primera vuelta pueden influir en su programa de gobierno, intentando establecer una fuerza centrípeta que lo posicione más al centro. Kast deberá decidir estas semanas si profundizar su discurso radicalizado, defendiendo el legado de Pinochet e intentar llegar a La Moneda con esa narrativa, o ensayar una ampliación de su base de sustentación. Esta segunda opción es, valga la redundancia, electiva de cara al 19 de diciembre, pero obligatoria si llega a ser electo Presidente, en pos de la gobernabilidad.

Por el lado de Gabriel Boric, el ya mencionado Simón Ramírez arriesgó una posible respuesta: “la búsqueda de los votos del centro no están en los que votaron por Parisi o Provoste, sino en los que votaron por el Apruebo en 2020”. El 78% que apoyó la propuesta de cambiar la constitución es la coalición transversal de la cual Boric tiene que hacerse representante. Aritméticamente, con eso le alcanza y le sobra para diciembre. Pero la política no es matemática, y este proceso electoral que fue en la dirección de “cambiar algo, pero no todo”, también es un mandato a una transición entre constituciones, donde será clave no solo el nuevo Presidente, sino el nuevo Parlamento. Las elecciones fueron la prueba de que la articulación necesaria para ganar las elecciones es más amplia y compleja que la que se precisa para ocupar las calles.

El último ingrediente de incertidumbre tiene que ver, justamente, con la Constitución. En estos tiempos, donde Chile vive al ritmo de la turbo-política, habrá un nuevo Presidente que deberá gobernar en pleno proceso de construcción de una nueva Ley fundamental, la cual puede cambiar las reglas de juego por completo y que deberá ser aprobada, una vez más, en las urnas por un plebiscito de salida.

Los escenarios posibles son múltiples, pero la crisis multi-dimensional que opera como banda de sonido de la realidad chilena estará presente, sea cual sea el que se termine imponiendo.

(*) Analista internacional de Fundamentar

Las contiendas electorales son fotos de una película. Expresan la relación de fuerzas existente en un tiempo y lugar determinados. El mapa político ecuatoriano iba a modificarse; el desafío estaba en ver qué tipo de cambio y qué niveles alcanzaría. Estaba claro que los cuatro años de Lenin Moreno harían mella en la polarización existente desde hace más de una década, caracterizada por la dicotomía principal correísmo-anticorreísmo. La centralidad de la figura de Rafael Correa -aspecto que continuó en el gobierno de Moreno- fue el vector de un sistema político que se debatía entre los que llevaban a cabo la defensa de los principios de la denominada Revolución Ciudadana y aquellos que buscaban pasar la página y enterrar dicha experiencia política.

Durante años, esta polarización pareció identificarse con el clivaje clásico izquierda-derecha. La izquierda, representada por Correa desde su asunción en 2007, se impuso a la derecha tradicional ecuatoriana en 2013 y 2017. Lenin Moreno asumió y realizó uno de los virajes políticos más extraordinarios que se recuerden. Su pobre gestión, coronada por la crisis derivada de la pandemia, no hizo más que convertirlo en aquel amuleto de la mala suerte, del cual todos buscan alejarse.

Así se llegó a las elecciones del pasado domingo, con 16 candidatos presidenciales. Andrés Arauz, con una campaña que terminó girando hacia una interpelación a los ya convencidos, logró el 32% de los sufragios, quedando lejos los 40% que necesitaba para imponerse en primera vuelta; algo que estaba en la expectativa del correísmo, dado que la diferencia de 10 puntos sobre sus rivales se vislumbraba como muy probable.

En frente, Guillermo Lasso se desinfló a un 19.74% y ganando sólo en los territorios de Galápagos y Pichincha. La derecha tradicional, que en 2017 y presentando dos candidaturas había alcanzado el 46% de los votos combinando sus fuerzas, esta vez no llegó al 20% detrás de la única candidatura del fundador del Banco de Guayaquil. Su performance fue muy distinta a lo que se esperaba de él, siendo que representaba la principal fuerza del anticorreísmo.

Quizás la principal novedad en el mapa político de Ecuador fue la elección que realizó el empresario Xavier Hervas y, sobre todo, Yaku Pérez. Hervas, un empresario que realizó una campaña intensiva en redes sociales, llegó a un 16% que lo ubica como un dirigente a tener en cuenta de cara al futuro. Sin embargo, fue Yaku Pérez la principal expresión de la ruptura de la polarización y su desempeño electoral es lo que nos obliga a cambiar el lente para observar la política ecuatoriana.

Ocupando el 3er lugar de las preferencias en las encuestas durante toda la campaña, Yaku Pérez fue el candidato presidencial de Pachakutik, el brazo electoral de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El poder organizativo y de movilización de la CONAIE, demostrado con creces en la crisis de octubre de 2019, se trasladó al campo electoral. Algo difícil de lograr para los movimientos sociales en general. Durante casi 96 horas, Pérez estuvo por encima de Lasso en los resultados electorales y con el pasaje a la segunda vuelta en la mano. La tendencia cambió y, si bien habrá que esperar un recuento definitivo, todo indica que Lasso competirá con Arauz el 11 de abril.

Yaku Pérez, presentado como candidato del indigenismo ecologista, dificilmente pueda ser caracterizado como de izquierda si en ese espacio del espectro político ubicamos también a Arauz. La CONAIE tuvo una relación tirante con la Revolución Ciudadana y, en 2017, el propio Pérez llamó a votar por Lasso en el ballotage ante Lenin Moreno, cuando el actual presidente era delfín de Correa. Es más: el propio Guillermo Lasso aseguró, antes de las elecciones, que Yaku Pérez tendría su apoyo si llegaba a la segunda vuelta frente a Arauz.

Lo concreto es que Pachakutik, anclado en la zona amazónica, ganó en todas las provincias orientales del Ecuador. Además, será la segunda minoría en la Asamblea Nacional, debido a que los dos partidos de la derecha tradicional (Creo y PSC), que fueron juntos en la presidencial con Lasso a la cabeza, sacaron un magro 9% en las legislativas tras ir con listas separadas. El partido del indigenismo, si bien es difícil que llegue a la segunda vuelta, se convertirá en un actor clave en el Parlamento con el que habrá que negociar. Una herramienta más que se suma a la gran capacidad organizativa y territorial de la CONAIE.

A la espera de los resultados definitivos, podemos aseverar algunas cuestiones. Arauz sonríe ante las perspectiva de medirse con Lasso en el ballotage. Confrontar con el banquero le resulta más cómodo al correísmo que polarizar con Pachakutik. Lasso sabe que el neoliberalismo que forma parte de su ADN político fracasó como modelo económico en los últimos cuatro años y fue rechazado en las urnas. Y por si fuera poco, tiene que buscar los votos de Yaku Pérez que, por su parte, si bien puede inclinarse a nivel personal a apoyar a Lasso frente al correísmo, también tiene una buena bancada legislativa para negociar en un eventual gobierno de Arauz. 

Por otro lado, Arauz sabe que no tiene que interpelar a Pérez, sino a sus votantes. El 35% que votó a Pérez y a Hervas serán el blanco de la campaña de Arauz, que intentará hacer confluir este proyecto de Revolución Ciudadana 2.0 con aquellos preceptos que han salido de la polaridad que han llevado a miles de ecuatorianos a elegir al indigenismo o a alguna fuerza ligada a la socialdemocracia.

Por último, la elección ecuatoriana nos dejó algunas líneas para analizar sobre los movimientos sociales y su desempeño electoral, además de la importancia de la organización popular para crear plataformas electorales competitivas. Por esto creo que la elección de Pachakutik es la más interesante en los últimos años. Pero además, se reconfirma la necesidad de eliminar el clivaje izquierda-derecha del lente que observa la política sudamericana, porque peca de insuficiente y anacrónico.

Si bien el tablero cambió, puede decirse que las fichas son las mismas. Las fuerzas contendientes siguen representando los mismos intereses y los esquemas de alianzas que podrían darse de cara a la segunda vuelta no tienen mucho de novedoso, al menos por ahora. Casi una semana después de las elecciones, Lasso y Pérez pactaron un recuento parcial de los votos con el Consejo Nacional Electoral del Ecuador y con la OEA, cuya dirigencia aún no ha rendido cuentas por su papel en el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019. A este cónclave, no fue invitado el candidato que salió primero. Y por si fuera poco, un funcionario judicial de Colombia llegó al país con supuestas pruebas que vincularían a la campaña de Arauz con la guerrilla colombiana ELN. Las candidaturas pueden ser novedosas, pero al fin y al cabo los que juegan son los mismos de siempre. Por eso mismo, las alarmas deben permanecer encendidas, para que el único árbitro en la política ecuatoriana sea la voluntad popular y no los participantes de una mesa oscura que ya han demostrado qué tan lejos pueden llegar para proscribir a ciertas fuerzas políticas y sacarlas del juego.

Vinculado a esto último, uno puede acordar más o menos con sus políticas, sus formas y su visión de la construcción del poder. Pero una vez más, Rafael Correa demostró que los líderes son líderes también por su terquedad y su renuncia a retirarse de la lucha política. Y a pesar de una furibunda persecución judicial -que entre otras cosas implicaría su detención si se atreviera a pisar Ecuador-, Correa sigue traccionando a un sector de la sociedad ecuatoriana y marca el pulso de la política del país andino. No es sencillo permanecer en la primera línea después de 15 años, dos mandatos, el hostigamiento y el exilio. Esa resistencia también es algo a tener en cuenta a la hora de analizar por qué los líderes son líderes, más allá de los desempeños electorales o los errores que puedan cometer a lo largo de su carrera.

(*) Analista internacional de Fundamentar

La historia de nunca acabar

El martes por la mañana, Martín Vizcarra engrosaba la lista de presidentes destituidos en Perú. La moción de vacancia presentada unos días antes recibió 105 votos a favor contra 19 en contra y 4 abstenciones. El causal del proceso fue “incapacidad moral permanente”, esgrimido tras las acusaciones contra Vizcarra por protagonizar actos de corrupción durante su mandato como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.

La moción de vacancia es una prerrogativa que tiene el Poder Legislativo peruano, compuesto por una sola Cámara de 130 integrantes. El ahora ex Presidente ya había sido sometido a este proceso en el mes de septiembre, pero no había prosperado debido a que los legisladores no acompañaron la moción. En aquel momento, del cual hablamos en esta columna, el entonces Presidente del Parlamento Manuel Merino se había comunicado con las Fuerzas Armadas buscando respaldo ante una posible sucesión que lo dejaría en la Presidencia. Ello aumentó la desconfianza persistente contra el Congreso, que finalmente no destituyó a Vizcarra.

Menos de 60 días después, la moción prosperó, Vizcarra fue destituido y el propio Manuel Merino asumió la Presidencia. 5 días después de su asunción y con masivas protestas en las calles, Merino recibió un ultimátum del Congreso, que convocaría a una nueva moción de vacancia si no renunciaba, cosa que hizo durante la tarde del domingo. Estos son los hechos.

https://www.youtube.com/watch?v=KllSfzHtYW4

El primer punto a analizar es el propio sistema político de Perú. En este último año, se pusieron en marcha dos mecanismos que poco tienen que ver con un sistema presidencialista como los sudamericanos y que se asemejan más a los parlamentarios, presentes en Europa. A principios de 2020, Vizcarra recibió la negativa del Legislativo dominado por el fujimorismo en dos mociones de confianza, lo que le permitió disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas extraordinarias. Estas renovaron la Cámara y, síntoma de la crisis de representación política, ningún partido cosechó más del 12% de los votos.

El segundo mecanismo es justamente la moción de vacancia, que permite que el Congreso llame a votar por la destitución del Presidente con sólo 52 votos afirmativos. Luego, si se llega a los 87 votos, el mandatario es eyectado de su cargo y asume el siguiente en la línea de sucesión.

La moción de vacancia contra Vizcarra fue ejecutada debido a una figura constitucional conocida como “incapacidad moral permanente”. Como este supuesto para la vacancia presidencial no tiene una interpretación clara, los márgenes para su utilización como causa de destitución de un Presidente puede ser discrecional. Por esta misma razón, el Ejecutivo comandado por Vizcarra había presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional pidiendo que se expida claramente sobre qué se entiende por incapacidad moral permanente. Esta interpretación difusa, sumado al poder de lobby que los sectores de poder tienen en el Congreso, tiñen de polémica el proceso y lo vuelven susceptible de catalogarlo como de naturaleza golpista. Sobre esto último, hay una interesante nota de Augusto Taglioni que recomiendo para que lean.

Por otro lado, los apoyos y la imagen que las distintas instituciones tienen en el Perú están muy alejadas de las posiciones de poder que ocupan. En el país de los presidentes juzgados y presos por hechos de corrupción, Vizcarra había cosechado un importante nivel de popularidad debido a las reformas que impulsaba desde que había llegado al gobierno en 2018. Sus enfrentamientos con el Congreso, que goza de un poder desmedido y que alberga a partidos políticos que no tienen apoyo popular, lo ubicaban como un Presidente con buena imagen para encarar el proceso de transición hasta las elecciones de 2021, cuando vence el mandato inaugurado por Kuzcynski, su predecesor, también juzgado tras una moción de vacancia.

Vizcarra tenía el visto bueno de los ciudadanos para conducir este proceso pero no complementó el apoyo popular con el apoyo legislativo. En efecto, al no tener anclaje partidario ni representación oficialista en el Parlamento, quedó en el medio de un enfrentamiento de instituciones que contrapesan su poder, y no como representante de una fuerza política que debate ideas y proyectos de país. En épocas de “golpes blandos” o “institucionales” como los que sufrieron Fernando Lugo o Dilma Rousseff, el apoyo parlamentario es fundamental para un Presidente para no correr el riesgo de ser eyectado de su cargo. Y este axioma cobra especial relevancia en Perú, por las propias características de su sistema político.

Vizcarra se conviertió en el sexto Presidente consecutivo que es enjuiciado, destituido o encarcelado por supuestos hechos de corrupción, después de Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Realmente es imposible discutir proyectos de país en semejante contexto. La hiperjudicialización de la política, un elemento presente en Perú pero también en otros países como Brasil o Ecuador, sirve como estrategia de los sectores de poder para perpetuar esquemas institucionales que sirven como reaseguro del status quo. Justamente, la Constitución peruana ata de manos a los gobiernos que busquen introducir cambios sustanciales en las políticas económicas y sociales del país andino, estable en términos macroeconómicos pero profundamente desigual, y con un amplio sector de su población que sobrevive por el empleo informal y en condiciones de pobreza aberrantes.

Que quede claro: Vizcarra no era el paladín de la igualdad. Es un dirigente más de la centro derecha peruana, que tenía algunas buenas intenciones con respecto a los cambios necesarios para frenar la trituradora de mandatarios y poder ordenar institucionalmente un país que precisa construir consensos sociales y discutir modelos de desarrollo, de matriz productiva y de representación política, y alejarse de las discusiones judiciales que siempre terminan favoreciendo a los que ejercen el poder en las sombras.

Las protestas contra el nuevo gobierno de Merino dejaron 2 muertos en las calles, y doce ministros renunciaron. Algunos sectores están proponiendo una reforma constitucional, algo difícil de llevar adelante en Perú. Otros piensan en que se está gestando un movimiento similar al chileno, que detonó los cimientos de un sistema que sobrevivió por 30 años, después de la salida del poder de su arquitecto

https://www.youtube.com/watch?v=5kOHFyuPt2s

Las propuestas serán colocadas en la mesa a lo largo de estas jornadas. Por ahora, protestas, violencia institucional (cuándo no) y un presidente impopular que renuncia a los 5 días de asumir dibujan la realidad del Perú. Es imposible saber de antemano cómo terminará todo.

https://twitter.com/ReutersLatam/status/1328027256439140352

Aliyev festeja, Putin hace equilibrio, Erdogan se frota las manos y Pashinyan tropieza

Considerémoslo una buena noticia, tan necesarias en este 2020: la guerra se puso en pausa. Punto. Nunca es malo que se guarden las armas y los ejércitos vuelvan a los cuarteles.

Aquí le dedicamos un espacio a la primera guerra post – pandémica que libraron Armenia y Azerbaiyán sobre el disputado territorio de Nagorno – Karabaj, o República de Artsaj según los armenios. Esta semana, ambos países firmaron, conjuntamente con Rusia, un “alto el fuego total” luego de una serie de victorias del ejército azerí.

El lunes pasado, las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán avanzaban sobre Shusha (o Shushi, según los armenios), la segunda ciudad más grande e importante de Nagorno –Karabaj. Shusha se ubica en una estratégica zona montañosa a 15 km. de Stepanakert, considerada capital del territorio en disputa. Al mismo tiempo, las fuerzas azeríes derribaron por error un helicóptero ruso. Estos dos hechos fueron los que llevaron a Putin a intervenir directamente e impulsar el cese de las hostilidades.

https://www.youtube.com/watch?v=GNatn_G9uLk

El acuerdo refleja la victoria militar de Azerbaiyán. Gran parte del territorio queda en manos azeríes, controlado hasta esta semana por el gobierno independentista. Stepanakert queda en manos del gobierno local aliado de Armenia y se instala un corredor desde el territorio armenio que será controlado por una fuerza de paz rusa compuesta por 2.000 soldados. Algunos detalles más del acuerdo, acá.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1325925985439592451

El Presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev, festeja. Después de la derrota en el anterior capítulo de esta disputa en la década de los 90’, los azeríes vuelven a controlar gran parte del territorio disputado. Azerbaiyán tenía, desde el inicio del conflicto, superioridad militar frente a Armenia. Los recursos energéticos con los que cuenta le permiten ejecutar un mayor presupuesto en Defensa, además de la buena relación que tiene con Rusia e Israel, dos países poderosos que le proveen armamento.

Vladímir Putin hizo equilibrio. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que une a Rusia con otros países de la zona, incluido Armenia, obliga a los rusos a defender a los otros signatarios frente a un ataque armado. Pero Putin, que podrá pecar de muchas cosas pero nunca de ingenuo ni de tonto, sentenció que saldría en defensa de Armenia si los ataques azeríes se concretaban contra su territorio, y no en la zona en disputa, reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, a pesar de estar controlada de facto por los armenios. Así, Rusia no pone en riesgo su relación con los azeríes, no falta a la letra del tratado y ubica a 2000 soldados en la zona. Pura ganancia.

Otro actor a tener en cuenta es Recep Tayyip Erdogan. El Presidente turco fue vital para la ofensiva y la victoria militar de Azerbaiyán. Su apoyo a Aliyev fue total y explícito desde el primer minuto. Esto configura otro avance de la política exterior turca, con un perfil mucho más alto en su vecindario luego de décadas de ser un aliado de Occidente. Turquía hoy es un actor clave en la zona del Mediterráneo, Medio Oriente y el Cáucaso, y se afirma como una potencia media con cuotas de poder cada vez importantes. Será, junto a Rusia, observadora del cumplimiento del acuerdo firmado esta semana.

Nikol Pashinyan, el primer ministro de Armenia, es el gran perdedor de esta película. Llegó al poder en 2018, luego de una serie de protestas. Su perfil, menos pro-ruso que el de sus predecesores, fue un ingrediente fundamental para que Putin no salga a apoyarlo firmemente. Su capitulación causó movilizaciones en su contra y acusaciones de traición. Los manifestantes entraron a la sede de Gobierno y, durante horas, no se supo el parador de Pashinyan y su familia. Ahora, los armenios que viven en los territorios que controlará Azerbaiyán deben abandonar sus hogares.

https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1326922222720704514

El tablero del Cáucaso se movió fuerte. Es una zona estratégica por donde pasan los recursos provenientes del Mar Caspio hacia Europa. Además, es un territorio donde convergen los intereses de varias potencias: Rusia, Turquía, Irán. La buena noticia es que las hostilidades cesaron, por ahora. Este ‘por ahora’ es la mala noticia. La disputa por el territorio de Nagorno – Karabaj es antigua y los sentimientos de venganza, sumados a las diferencias religiosas y étnicas, complican el panorama para una solución pacífica y permanente.

https://www.youtube.com/watch?v=DEW030g0ZzE

Haceme el favor de prestarle atención a esto:

• Hoy son las elecciones municipales en Brasil -->  ver
• El Frente Polisario del Sahara Occidental declaró el estado de guerra contra Marruecos --> ver
• El Vaticano tiene expectativas de una buena relación con el gobierno de Joe Biden --> ver
• Etiopía, al borde de un conflicto interno. ¿Qué pasa en la región del Tigray? --> ver
• China y otros 14 países firman el acuerdo comercial más grande del mundo --> ver

Bonus track

Las elecciones en Estados Unidos todavía dejan tela para cortar. Trump sigue sin reconocer explícitamente la victoria de los demócratas. Pero hay dos cuestiones que me interesa abordar. La primera es sobre la decisión de la campaña de Joe Biden de “apagar Twitter”. El sustento de esta decisión se basa en la idea de que el debate público no pasaba por lo que acontecía en la red social del pajarito. Esto me parece fundamental, debido a que no son pocas las lecturas que se realizan en base al supuesto protagonismo que muchos sectores logran a partir de una por su presencia tuitera. Que el tuit de un marginal de la política tenga 20.1K de “me gusta” no quiere decir que represente a un sector significativo de la sociedad.

https://twitter.com/CBSNews/status/1325128410566258688?s=19

El otro tema interesante es la grieta urbana – rural que se puso (aún más) de manifiesto en estas elecciones, y creo que es muy importante abordar. El “Estados Unidos profundo” que vive en las zonas alejadas de las ciudades apoyó sin miramientos a Donald Trump. A diferencia de lo expuesto en el párrafo anterior, creo que este debate tiene muy poca relevancia en los medios de comunicación, y eso genera una peligrosa lectura errónea de la realidad y los procesos políticos que ubican al trumpismo como un experimento monstruoso. Les dejo un hilo que hace un buen análisis.

https://twitter.com/ernestorr/status/1325093245941125126

Hay que salir de los cánones que imponen los discursos hegemónicos para comprender mejor la realidad. Es una crítica y autocrítica necesaria para poder comprender en qué mundo estamos viviendo.

Qué profundo, eh. Mejor la dejamos acá.

Hasta la semana que viene.

(*) Analista Internacional de Fundamentar.com

Las acusaciones

El martes por la noche los ojos estaban puestos en Florida, el más grande de los Estados pendulares, o swing states. Una victoria demócrata allí encaminaba el triunfo para Biden. Las cosas no salieron como se esperaban: el mal llamado “voto latino” no fue masivamente hacia los demócratas y Trump lograba una gran victoria en el Estado del Sol, que lo ponía otra vez en juego. Ya volveremos a este complejo tema de los ciudadanos latinos en Estados Unidos.

Mientras los Estados ‘seguros’ iban sumando los votos del Colegio Electoral, una posibilidad comenzaba a abrirse paso mientras el miércoles comenzaba a nacer: ‘¿gana Trump de nuevo?’. Algo estaba clarísimo: la paliza que gran parte de los medios, analistas y encuestadores auguraban en favor de los demócratas no estaba siendo tal. El fantasma de 2016 volvía a asomar. El voto oculto y la mayoría silenciosa podían decir presente de nuevo.

Conforme avanzaban los primeros escrutinios, Trump cometió el grave error de declararse ganador y, en simultáneo, denunciar fraude. La opinión pública y el mundo vieron al Presidente estadounidense esgrimir las acusaciones de fraude, las agresiones verbales contra el sistema, y los pedidos de parar el conteo de votos, por una supuesta ilegalidad de los sufragios que le sacaron Estados clave, como Michigan. Biden, por su parte, llamó a la calma: “vamos a ganar esta elección”. “Cuenten todos los votos”.

La narrativa ya empezaba a ser desventajosa para Donald Trump. Quedaba ante el mundo como el candidato que sin tener pruebas denunciaba fraude, y que sin tener los votos declaraba la victoria. Y que pedía por favor que paren de contarse los votos, cuando las tendencias en algunos Estados no le era favorable. Esto fue la antesala de lo que vamos a ver en los próximos días: la judicialización del proceso electoral por parte del actual Presidente. Pero también puede incluir un efecto colateral no deseado: el aislamiento político del mandatario saliente, incluso al interior de su propio partido.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324353932022480896 

https://twitter.com/JoeBiden/status/1324490426649317376

Trump siempre quiso correr de su mandato y de su gobierno a los políticos tradicionales. Esto implicó que muchos republicanos de la “vieja guardia” no sólo no lo apoyen, sino que hagan campaña por Biden. La gran elección que Trump estaba realizando, en contra de los oráculos que pronosticaban una “ola azul”, le daba la oportunidad perfecta para lograr la hegemonía trumpista en el Partido Republicano. Esa cantidad de votos, si no le servían para quedarse en la Casa Blanca, sí podían ayudarlo a sentar los lineamientos generales de una estructura partidaria que en reiteradas ocasiones pareció ‘secuestrada’ por Trump y los suyos en muchos momentos de su mandato, y que ahora podía reclamar por derecho propio. El berrinche del miércoles no dio lugar a ello.

Quedará en la historia el momento que, casi en simultáneo, las cadenas ABC, NBC y MSNBC interrumpieron la conferencia de Donald Trump porque estaba presentando datos falsos, sumado a las ‘objeciones’ de Twitter con respecto a las cuentas del Presidente y sus allegados. ¿Censura? ¿Límites a la libertad de expresión? ¿Responsabilidad con “la verdad”? Es un gran tema de debate. Sorprende que algunos todavía duden en incluir a las grandes corporaciones mediáticas en la mesa de discusión para tejer grandes acuerdos sociales.

https://twitter.com/CathyJuvinao/status/1324687038487080962

Las fragilidades del sistema

Ningún sistema electoral es superior al resto. Lo peligroso es tomar uno como modelo, como horizonte e intentar adecuarlo en latitudes distintas con características diferentes. Ciertamente, el sistema de los Estados Unidos tiene debilidades y fortalezas, con especificidades propias de la historia y la idiosincrasia política de aquel país, a veces tan extrañas para nosotros. Lo que sucedió esta elección, fue que las debilidades se vieron más expuestas que las fortalezas.

Mientras asomaba el jueves, Arizona, Nevada, Pennsylvania, Georgia y Carolina del Norte todavía no tenían los resultados. El voto por correo, el sufragio anticipado, las interrupciones, las autoridades judiciales y electorales que en cada Estado tienen reglas distintas; todos fueron factores que retrasaron la confirmación del triunfo de Biden hasta el sábado.

De los Estados del ‘midwest’, muy ligados a las zonas industriales del país, Biden ya tenía en su bolsillo Wisconsin y Michigan, mientras que Ohio se pintaba de rojo. Trump había ganado en los 3 en 2016. El Presidente seguía insistiendo con la “opción legal” de judicializar la contienda. Michigan y Wisconsin le dijeron que no.

A partir de ahora, el Estado de Nevada no sólo será asociado al desierto y a los casinos de la ciudad de Las Vegas, sino también al hecho decidió suspender el conteo, alargando la definición aún más. Los retrasos en Georgia y Carolina del Norte, sumados a la incertidumbre en Arizona, hicieron que el sábado todo se decida al confirmarse la victoria demócrata en Pennsylvania. Los 20 electores de este Estado fueron para Biden y, 4 días después del día de las elecciones, la tendencia se volvió irreversible después de contabilizar los votos anticipados y por correo, que cambiaron al Estado que alberga ciudades como Filadelfia y Pittsburgh al color azul, después de haber estado rojo por varias jornadas.

Si este apartado se llama ‘fragilidades del sistema’, es imposible no hacer una referencia a los miles de obstáculos que tiene para una participación masiva en el proceso, a pesar de que 2020 fue la elección donde más gente participó desde 1900, alcanzando un 66% de participación electoral. La ausencia de documentos nacionales de identidad, la no obligatoriedad del sufragio, la necesidad de registrarse para estar en el padrón, y una infinidad de características del sistema electoral estadounidense, hace que votar en Estados Unidos sea cuestión de voluntad y recursos, no tanto de un derecho

¿Y ahora?

Qué pregunta. Hay muchas cosas para analizar.

La pobre lectura de la dinámica política que tienen los sectores del ‘establishment’ sigue sorprendiéndome. Las elites económicas y financieras apostaron por Biden desde el primer momento. De hecho, su apuntalamiento como candidato a expensas de dirigentes más progresistas como Warren o Sanders obedece a la necesidad de contar con el apoyo de esos grupos de poder.

La falta de visión no está vinculada al apoyo, sino al clima creado por las corporaciones mediáticas, políticas y económicas de los Estados Unidos, que pintaron un panorama de paliza electoral que naturalmente haría que el país retorne a su “normalidad democrática” después de la anomalía que significaron los 4 años de mandato de Trump. Leo los diarios todos los días, y créanme que más de uno, y durante meses, declaró que era imposible que el Presidente logre la reelección. Parecía casi una cuestión de sentido común.

Y a pesar de que finalmente perdió, su victoria no sólo no era imposible, sino que la elección terminó siendo muy pareja. En estos momentos, y aunque finalmente no sea el dato a tener en cuenta, Biden está cosechando el 50.5% de los votos y Trump el 47.7%. Ese porcentaje no se corresponde con monstruo incomprensible que lleva a su país a la deriva, sino con la representación fiel de un importante sector de la sociedad norteamericana que vio en Trump una defensa de sus intereses.

Las lecturas erróneas de la dinámica política por parte del establishment la vimos en Argentina en 2019, en Bolivia hace 20 días, y hoy en Estados Unidos. Deberán hacer un esfuerzo extra para entender el comportamiento de las sociedades que dicen interpretar a la perfección.

Por otra parte, volvemos a la primera parte de esta entrega y hacemos una mención del voto latino. Tradicionalmente fue tomado como un segmento homogéneo que se inclinaba claramente por el Partido Demócrata. Hoy vemos que los votantes latinos no solo repartieron el voto entre ambos candidatos de tal manera que le dieron el triunfo a Trump en Florida y en Texas, sino que también este sector ha perdido su homogeneidad.

Es indispensable hacer diferencias en los latinos. Los descendientes de puertorriqueños, hondureños, o guatemaltecos, que en su gran mayoría viajaron a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades de vida mejores que en sus lugares de origen, no pueden ser equiparados con la cuarta generación de cubanos que nace en Estados Unidos, o con personas que pertenecen a la diáspora colombiana o venezolana, muchísimo más ideologizada que los “dreamers” tradicionales.

Una parte considerable del voto latino fue para Trump por su política agresiva contra Cuba, que se diferenció sustancialmente de la diseñada por Obama y por las sanciones a Venezuela. Este voto, que siempre fue ligado a lineamientos “progresistas”, se terminó.

Por último, una referencia a los desafíos inmediatos que tendrá que enfrentar Joe Biden en su gobierno. Una pandemia que ya dejó cerca de 250.000 muertos y sigue avanzando a paso firme, la crisis económica derivada de la misma, y una polarización social muy marcada serán factores inequívocos de la realidad estadounidense en el corto y mediano plazo. El Senado probablemente seguirá con mayoría republicana, y la Corte Suprema tiene 6 jueces conservadores y 3 liberales. Institucional y socialmente, son números incómodos para el mandatario electo.

Casi todos los análisis coinciden en que los objetivos de la política exterior norteamericana no cambiarán sustancialmente, pero sí la forma en que estos serán perseguidos. Biden sólo dejó entrever en este sentido, que retornará al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, del cual Estados Unidos dejó de ser parte formalmente esta misma semana.

Desde América Latina y el Caribe, no tenemos muchas pistas sobre qué esperar. Puede haber un cierto alivio con respecto a que la bendición automática de proyectos políticos de extrema derecha y la imprevisibilidad que caracterizaron a la Administración Trump ya no estarán presentes. Pero no olvidemos que los sectores de poder, las fuerzas profundas y los lineamientos estructurales que dictan la política hemisférica de Estados Unidos trascienden a los Presidentes y a los partidos.

Por lo pronto, Donald Trump se retira de la Casa Blanca con las desigualdades raciales a flor de piel, con grupos irregulares y armados muy movilizados, con evidentes fracturas a nivel social y con muchos consensos rotos en cuanto a la institucionalidad y los resortes del poder en el país más poderoso del mundo. Trump perdió, pero el ‘trumpismo’ sigue presente, ya que él logró casi 70 millones de votos luego de ser caracterizado desde muchísimos sectores como un paria en el listado de líderes mundiales. Negar la existencia de esos estratos sociales puede ser muy peligroso para un Biden que tendrá que navegar aguas turbulentas.

 “La batalla por el alma de la Nación” fue el slogan que eligió Joe Biden para encarar la campaña que le abrió las puertas de la Casa Blanca. Desde aquí, creemos que esa batalla no ha hecho más que empezar.

(*) Analista Internacional de Fundamentar

Chile comienza a concretar el cambio.

Hoy se celebrará el plebiscito constitucional en Chile. El país trasandino irá a las urnas después del estallido social inaugurado en octubre de 2019 tras un aumento en las tarifas del metro que catalizaron un descontento social contenido por décadas. Se habló largo y tendido de los motivos de las protestas, la respuesta del Estado (que fundamentalmente fue represiva), y las lecturas políticas del proceso.

Hace menos de un año, el 15 de noviembre de 2019, las fuerzas políticas chilenas llegaban a un acuerdo para abrir el proceso constituyente y así darle una respuesta política al sacudón social que lo puso todo en discusión en octubre. Concretamente, el acuerdo implicaba que se llamaría a un plebiscito para que la población vote si efectivamente aprueba o rechaza una nueva Constitución y, en caso de que gane el “Apruebo”, decidir qué órgano será el encargado de redactarla: si una Convención Mixta de parlamentarios actuales y constituyentes electos, o una Convención Constituyente totalmente electa por los chilenos y las chilenas.

Este plebiscito tenía fecha para abril de 2020, pero ya sabemos lo que pasó. Se retrasó para hoy, 25 de octubre de 2020. Ante la inminencia del proceso, las formaciones políticas se embarcaron en una campaña electoral por el “Apruebo” y por el “Rechazo” mientras que, conforme se acercaba la fecha, se reactivaron las protestas que la pandemia había dejado en pausa.

Hay varios puntos a tener en cuenta. La Constitución que rige hoy en Chile fue dictada en el 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet. Debido a la tutela que tuvieron las Fuerzas Armadas en el proceso de democratización chileno, la Carta Magna sufrió algunos ajustes, pero no una reforma integral como la que tendrá lugar si el “Apruebo” triunfa. La Constitución vigente exige mayorías calificadas altísimas para poder motorizar cambios en materia social, por lo que una reforma le daría un marco jurídico al Estado que posibilite realizar esos cambios de un modo más sencillo.

Lo otro es el componente simbólico. Esta es la Constitución de Pinochet. La reforma permitiría quitar uno de los vestigios más importantes (sino el más) de la dictadura chilena, al menos en términos institucionales. Está claro que no eliminará el pinochetismo, hoy presente en algunos sectores sociales y políticos, y en figuras del gobierno de Piñera como el Ministro del Interior, Víctor Pérez. Pero sí permitiría quitar institucionalmente la marca indeleble de aquel pasado oscuro.

No es una buena semana para apoyarse en encuestas después de lo que vimos en Bolivia, pero se descuenta que el “Apruebo” va a ganar. Y al parecer, también ganará la opción de la Convención Constituyente, que permitirá elegir a la totalidad de los responsables de reformar la Constitución con un dato no menor:  en ella regirá la regla de la paridad de género, por lo que posiblemente, será la primera Constitución en la historia que será redactada por un cuerpo conformado por mujeres y hombres en partes iguales.

Descontado el resultado, el tema es ver por cuánto. La legitimidad del proceso dependerá de la diferencia a favor que tenga el “Apruebo”. Algunos dicen que la adhesión será mayor al 60% pero, de nuevo, las encuestas no vienen acertando mucho. El otro dato que hay que mirar es la participación. El voto no es obligatorio en este referéndum, lo que otorga la posibilidad una participación electoral amplia. Chile tiene una particularidad con este tema: mientras que en el regreso de la democracia hubo un 89% de participación, esta bajó hasta un 50% en la segunda vuelta de 2017, cuando Piñera ganó la Presidencia. El récord fue en las municipales de 2016, con un histórico 36% de participación. VER

Esto es un síntoma (perdón por la palabra) clarísimo del proceso que vive Chile desde hace unos años y que se cristalizó con las protestas. Hay una deslegitimación generalizada de la política. Lo digo con otras palabras para que se entienda: en el ballotage de 2017 la mitad de la gente se quedó en su casa, no fue a votar. Evidentemente, esto demuestra un sentimiento de desinterés mezclado con resignación ante la falta de resultados que la política le da a las demandas sociales.

Por esto, el nivel de participación será importantísimo. Y también por esto es muy difícil arriesgar predicciones sobre la capitalización política del proceso. El movimiento chileno hoy no tiene una identidad político – partidaria marcada. No es un movimiento de izquierda, sino que es bastante transversal. Por lo que, luego del proceso constituyente, la incógnita estará en develar quién será el que conduzca esta nueva etapa.

Una última reflexión antes de contarles qué pasa después de mañana, y que está vinculado con el párrafo anterior. Si bien no fueron masivas y tan rupturistas como las de ahora, en 2011 hubo un importante proceso de movilización estudiantil en Chile que no logró cambios estructurales importantes, ni produjo una derrota significativa de la derecha. Hoy no tenemos ninguna certeza de que Chile deje atrás su modelo estructuralmente neoliberal, pero sí podemos decir que es probable que la nueva Constitución consagre más derechos que los que garantiza la actual Ley Fundamental.

Cierro con los datos sobre lo que ocurrirá de aquí en más. Si gana el “Apruebo”, se abre un período de entre 9 y 12 meses para redactar la nueva Constitución, y anteriormente se deberán elegir a los Constituyentes. Y luego habrá un último proceso electoral de carácter obligatorio que será ratificatorio: se preguntará si se aprueba o no la Constitución ya reformada.

En otro octubre, allá por 1988, los chilenos votaron en un plebiscito por el retorno de la democracia, cuando el “No” triunfó con el 56% ante el 44% del “Sí”, frente la pregunta por la continuidad de la dictadura de Pinochet. 32 octubres más tarde, Chile vota en otro plebiscito para sacarse de encima el principal corsé institucional que aquel les dejó a los casi 20 millones de chilenas y chilenos.

Duque y Bolsonaro arriesgando de más

Que las elecciones en los Estados Unidos van a influir en la política internacional, es obvio. Muchísimo más en nuestro continente, donde se intentan hacer lecturas sobre qué sucederá si Trump o Biden ganan el martes 3 de noviembre y qué implicancias habrá en América Latina. Sin embargo, si hay dos dirigentes que ya pusieron todos huevos en una sola canasta y que apostaron fuertemente por un resultado, ellos fueron Iván Duque y Jair Bolsonaro.

Si bien Colombia y Estados Unidos sellaron una asociación estratégica hace más de 20 años, y el país cafetero se convirtió en el aliado incondicional de Washington en Sudamérica, varias figuras cercanas al Presidente Iván Duque han apostado inequivocadamente por un triunfo de Donald Trump. Los centros que se tiran son mutuos: el Presidente estadounidense ha arremetido contra el opositor colombiano Gustavo Petro emparentándolo con Biden, en un intento de ganar el voto latino en Florida, el más importante de los Estados pendulares.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1314998881126625280

También ha abogado por la liberación del ex Presidente Álvaro Uribe, jefe político de Duque, quien enfrenta un proceso de investigación en libertad luego de pasar algunas semanas en prisión domiciliaria. Más allá de la injerencia de Estados Unidos sobre un proceso judicial de otro país (que parece escandalizarnos solo a unos pocos), es clara la simbiosis de los sectores gobernantes en ambos países.

En el caso de Colombia, dos congresistas oficialistas han decidido jugar abiertamente a favor de Trump en las próximas elecciones, algo que no sería posible sin el visto bueno del Presidente Duque. María Fernanda Cabal pertenece al partido gobernante Centro Democrático. Además de subir fotos con tapabocas con la leyenda “Trump 2020”, ha escrito notas de opinión inmiscuyéndose de lleno en la campaña estadounidense, como si eso fuese parte del mandato que le otorgaron los colombianos que votaron por ella.

Lo mismo sucede con Juan David Vélez, otro congresista oficialista que representa a los colombianos en el exterior. También se ha hecho eco de las agresiones de Trump contra Petro, además de apoyar las declaraciones del mandatario norteamericano sobre los acuerdos de paz.

https://twitter.com/juandavelez/status/1309559591605276680

En el caso de Brasil, es mucho más fácil captar esas señales. No hay que buscar declaraciones de diputados, o funcionarios de segunda línea. Con las del propio Bolsonaro alcanza y sobra. El Presidente brasileño ha manifestado su plan de ir a la ceremonia de reelección de Trump, algo totalmente irresponsable no sólo por tomar partido en la campaña electoral de otro país (ya lo hizo aquí en Argentina apoyando a Mauricio Macri), sino por los costos que puede implicar para Brasil un triunfo de Joe Biden.

Biden ya ha manifestado su intención de hacerle rendir cuentas a Brasil sobre el desastre ambiental en la Amazonia y el Pantanal, algo que Bolsonaro ha tomado como una amenaza. La falta de prudencia de Bolsonaro puede generar cortocircuitos con una posible administración demócrata. El panorama es aún más grave debido a que hoy Brasil apoya su estrategia de inserción internacional casi exclusivamente en el alineamiento con los Estados Unidos.

Eso no fue todo. Bolsonaro desautorizó en la semana a su propio Ministro de Salud y entró en un conflicto interno con el gobernador de San Pablo, Joao Doria, por su negativa tajante a utilizar la vacuna china contra el COVID-19 producida por Sinovac. El alineamiento ciego que Bolsonaro ejercita con Trump llega al punto de poner en juego la provisión de la vacuna, si es que China concluye sus ensayos de forma satisfactoria y comienza a producirla

Colombia y Brasil son dos ejemplos de la sobre ideologización que tiñe el diseño de su política exterior. Cada mandatario tiene el derecho de gobernar como lo crea conveniente; para eso fueron electos. Pero el riesgo es demasiado alto, teniendo en cuenta que la relación privilegiada deja de ser con los Estados Unidos y pasa a ser con Donald Trump, quien puede ser corrido de la Casa Blanca en algunas semanas, lo que implicaría un proceso de rediseño de la política exterior brasileña y colombiana que puede ser traumático y muy complejo de llevar adelante. Y más aún si los demócratas ganan y ejercen la memoria histórica que los norteamericanos saben ejercer tradicionalmente.

Haceme el favor de prestarle atención a esto

• Vox convocó a una moción de censura contra Pedro Sánchez y quedó votando sólo. Casado y el Partido Popular los abandonan y rompen el bloque de derecha en España. VER
• Israel sigue cosechando normalización de relaciones con países árabes: ahora fue el turno de Sudán. VER
• Negocian un “cese al fuego” en Libia. VER
• México pidió la renuncia de Luis Almagro como secretario General de la OEA tras su rol en el golpe de Estado en Bolivia. VER
• Guerra en Nagorno – Karabaj: incumplimiento del alto al fuego y mediación de Estados Unidos. VER

Bonus

Ya hablamos de Bolivia y de la impresionante victoria de Luis Arce Catacora, el Presidente electo. Seguramente asumirá en los primeros 15 días de noviembre. Les dejo una lectura y un video de los festejos, que se desataron recién después del viernes cuando concluyó el recuento oficial, que arrojó una victoria del MAS con el 55% de los votos.

https://www.youtube.com/watch?v=8GlnLeaCSCU

Lo otro que te quiero dejar es un video de campaña de Donald Trump enfocado hacia los electores latinos de Florida, donde le meten salsa, yate y una canción re contra pegadiza que estuve cantando durante gran parte de la noche del viernes. Como si esa fuese la vida que llevan los latinos en Estados Unidos, ¿no?. Pero hay que decirlo, la canción es tremenda.

 https://www.youtube.com/watch?v=bTiNRYHlIkI

Último: el 2020 es un mal año para hacer planes. Ya deberíamos saber eso a esta altura del partido. Bueno, en Polonia quisieron desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial que estaba sumergida en el agua. Y sí: explotó. Obvio. ¿Quién los habrá mandado?

https://www.youtube.com/watch?v=Kv5KeeBvNOE

Que sirva como ejemplo para repensar alguna decisión importante que estés por tomar en este año del mal.

Hasta la semana que viene.

(*) Analista Internacional de Fundamentar.com

 

 

En las últimas semanas se respiraba tensión. El recuerdo fresco del agitado noviembre de 2019, cuando Evo Morales y Álvaro García Linera tenían que huir de su país para resguardar su vida, era el trasfondo de la elección, el punto de partida. Las presiones para que los candidatos de la derecha se bajen de la contienda para favorecer las chances de Carlos Mesa frente a Luis Arce, se sucedieron día tras día. Las amenazas de las figuras principales del gobierno de facto agitaban el miedo por un posible desborde social tras la elección.

Había dos resultados que posibilitaban que el escenario post - elecciones transcurra con tranquilidad: una paridad que indudablemente condujese a una segunda vuelta, o un triunfo insoslayable en primera vuelta del MAS. Sucedió lo segundo

Durante esta semana, el ex Vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo que la derecha boliviana ya había perdido. Mientras los partidos y movimientos políticos que son depuestos del poder de forma violenta tardan al menos una década en reconstruirse y reorganizarse, decía Álvaro, el MAS lo hizo en cuestión de meses. Luis Arce y David Choquehuanca conformaron la fórmula que sintetizó las fuerzas profundas del movimiento popular más grande de la historia de Bolivia. Cuanta razón tuvo García Linera. Vaya manera de reivindicarse de Evo Morales, después del error táctico que casi le cuesta la vida.

Los que seguíamos “el minuto a minuto”, vimos con preocupación el viernes como el oscuro Ministro de Gobierno Arturo Murillo comenzaba a cumplir con la amenaza de encarcelar gente. Los diputados argentinos que viajaron a La Paz se encontraron en el Aeropuerto de El Alto con la Policía , que secuestró a Federico Fagioli y lo mantuvo cautivo durante horas. También le propinaron una paliza a un funcionario de la Embajada Argentina. Gestiones rápidas del Canciller Solá y un seguimiento minucioso del Presidente Fernández lograron que en la madrugada se libere al legislador. No voy a mentir: en mi cabeza resonaba el discurso del Ministro de Defensa del lunes pasado, mientras conmemoraban el asesinato del Che Guevara.

https://www.youtube.com/watch?v=tudMdlZdLlM

La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no utilizar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE) tenía algo de sentido: nadie quería que rápidamente se difunda un resultado parejo que implique la salida de la gente a las calles para presionar por una victoria. Claro está que cuando la información se retrasó por más de 6 horas, el TSE solo recibió críticas mientras todo un continente esperaba algún indicio, alguna señal sobre qué era lo que había pasado. El exagerado despliegue militar y policial en ciudades como Cochabamba solo aportaba ansiedad.

https://twitter.com/Opinion_Bolivia/status/1317965132614557702

A las 23:15 salió a hablar Ricardo Paz, vocero de Comunidad Ciudadana, la formación partidaria de Carlos Mesa. Una cara bastante larga como para intuir que había segunda vuelta. 15 minutos más tarde, Sebastian Michel, el vocero del MAS, dio dos definiciones: el TSE estaba reteniendo los datos del conteo rápido, como había denunciado Evo Morales desde Buenos Aires. Lo segundo que afirmó Michel fue que los datos arrojaban un porcentaje superior al 45% del MAS y alrededor del 30% para Carlos Mesa. No hay segunda vuelta.

Faltando media hora para concluir la jornada en Bolivia, la empresa de medios Unitel, que debía comunicar los datos del conteo rápido, anunció que en la medianoche daría los datos. Sus periodistas, reconocidos anti masistas que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre pasado, catalogaron de “vergonzosa” la actuación del TSE, que debía dar los resultados gane quien gane, o al menos dar una explicación. La diferencia fue de tal magnitud que nos remitió otra vez a un viejo dicho: "no se puede tapar el sol con las manos".

A las 00:05 finalmente se supo: el conteo rápido daba un 52.4% a Luis Arce, un 31.5% a Carlos Mesa, y un 14.1% a Luis Fernando Camacho. Si bien estos resultados no son oficiales, para los que habrá que esperar unos días, sí permite confirmar la victoria de Arce debido a la impresionante diferencia de casi 20 puntos sobre su inmediato perseguidor.

En algunos artículos hemos hablado del factor geográfico para analizar la política boliviana. Al ver los resultados por departamento, se reconfirma que el MAS es el único partido de anclaje nacional, mientras que las otras formaciones son fuerzas regionales y alianzas sectoriales.

En el Occidente altiplánico, donde el MAS es históricamente fuerte, hubo diferencias abultadísimas. El partido azul superó el 60% en La Paz, Oruro y Cochabamba, sacándole casi 30 puntos a Mesa. Camacho, en estos departamentos, no llegó ni al 2%. En el Oriente, donde se concentra la población blanca y los sectores adversarios al MAS, Arce superó el 30% en todos los departamentos, ganando incluso en Pando. En la siempre adversa Santa Cruz, el MAS sacó 35%, 10 puntos por detrás de Camacho, que solo triunfó en su feudo.

El insoslayable poder de las urnas no dejó lugar a especulaciones, a desestabilizaciones, a bravatas discursivas o a operaciones mediáticas. Solo hubo espacio para la rendición ante el todopoderoso poder popular. Anoche, para ahorrarse algún posible conflicto, Jeanine Añez reconoció el triunfo de Arce. Lo propio hizo Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, quien tuvo un rol fundamental en el golpe del año pasado. Párrafo aparte para el papel del uruguayo, quien no renunciará a su cargo debido a que solo lo haría si tuviese dignidad. Hoy por la mañana, Carlos Mesa también reconoció el triunfo del MAS

https://twitter.com/JeanineAnez/status/1318048552191483904

Ya habrá tiempo para el análisis en frío, con más datos y con menos efervescencia. Hoy, solo queda respirar aliviados porque luego de un año en el cual Bolivia retornó a las épocas más oscuras de la historia latinoamericana, el pueblo dijo “basta” de forma pacífica y contundente, sin dejarse amedrentar ante tanta provocación, odio y violencia.

Volvió la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Luis Arce Catacora y David Choquehuanca serán los encargados de conducir los destinos que deja atrás la era de los 14 años de Evo Morales y el interregno sangriento y revanchista de la derecha. En la historia quedará la resistencia, la capacidad de organización, y la resiliencia del glorioso pueblo andino.

500 años más tarde, el pueblo boliviano sigue dando lecciones al mundo sobre cómo resistir, cómo luchar y cómo vencer.

(*) Analista Internacional de Fundamentar.com

El último martes se celebró el 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Consejo es un órgano intergubernamental que funciona dentro del sistema de ONU y que tiene como objetivo promover y proteger los DDHH en todo el mundo. Para esto, debate cuestiones relativas a la temática y emite resoluciones y/o decisiones que no son vinculantes ni tienen fuerza de ley, por lo que no obliga a ningún Estado a cumplirla.

Aunque se haya querido comparar el papel de la ONU con el de la Organización de Estados Americanos (OEA), el CDDHH debatió sobre la situación en varios países, y no sólo sobre Venezuela. De hecho, las resoluciones debatidas tuvieron por objeto el seguimiento de los DDHH en Bielorrusia, Yemen, Burundi y Siria, entre otros. VER

El Consejo se compone de 47 Estados. Para formar parte, estos Estados son votados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el órgano más representativo del sistema, por un período de 3 años y siguiendo un criterio geográfico. Por ello, América Latina y el Caribe ocupan 8 asientos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú, México y Bahamas.

La sesión del martes aprobó dos resoluciones relativas a la República Bolivariana de Venezuela. Una fue presentada por el propio gobierno de Nicolás Maduro, conjuntamente con Turquía, la República Islámica de Irán y Siria. En ella, se mencionan las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela y se busca fortalecer la cooperación entre su gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. En este caso, mientras Brasil, Chile, Uruguay y Perú votaron en contra, Argentina se abstuvo.

La segunda resolución (y la que fue origen de la discordia) fue promovida por el Grupo de Lima. No es un apoyo a la intervención extranjera, ni a las sanciones económicas, ni reconoce a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. Lo que busca es extender por dos años más la misión que investiga la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, no menciona las sanciones, y critica duramente el accionar del gobierno venezolano. Esta resolución nombra el informe de Bachelet, pero también el de la Delegación independiente ad-hoc creada a instancias del Grupo de Lima que se encarga pura y exclusivamente de Venezuela, y no de la situación global como la Oficina de la Alta Comisionada. 

Llegado este punto, hay que realizar una serie de aclaraciones. En estas instancias diplomáticas, las resoluciones votadas no siguen la lógica de un referéndum, al cual se vota por sí o por no. Las votaciones no tienen una naturaleza determinante y absoluta, sino que las posiciones suelen ser relativas, fundamentalmente porque la realidad lo es. Dicho de otro modo, la votación en el CDDHH no es “a favor” o “en contra” de Venezuela.

https://twitter.com/CancilleriaARG/status/1313441273760620544

Teniendo en cuenta que no todo es blanco o negro, Argentina votó a favor de esta última resolución que, en términos prácticos, extiende la misión investigadora dos años más. Pero al mismo tiempo, hace público un comunicado donde expresa su posición de fondo. Y este posicionamiento es el mismo desde el 10 de diciembre de 2019, cuando Alberto Fernández asumió como Presidente de la Nación.

https://twitter.com/felipe_sola/status/1314010131315732481

En él se aclara que, además de apoyar el trabajo de la Alta Comisionada Bachelet, se condena la imposición de sanciones y bloqueos económicos que “agreden especialmente al pueblo venezolano”, así como también cualquier intento de injerencia o intervención extranjera, ya sea de carácter política, económica y por supuesto, militar.

Argentina construyó una política de Estado desde el retorno de la democracia que condena las violaciones de los Derechos Humanos en todo el mundo, gobierne quien gobierne. Y esto es así porque la Historia nos lo impone y porque 30.000 argentinos así lo merecen.

En este sentido, comparto lo que expuso el periodista marplatense Augusto Taglioni en su nota sosteniendo que el recuerdo de una Venezuela bolivariana que enterró al ALCA en 2005 y se apuntaló como faro regional y mundial de las expresiones populares de la política, no puede ser el que determine una política exterior de un Estado soberano como la Argentina, en un 2020 donde la región retrocede inescrutablemente en materia de DDHH, democracia y apego a la constitucionalidad. Venezuela ha cambiado y la región también.

El problema, es que desde cierto sector del progresismo argentino se ha caído en la trampa impulsada por la derecha y los medios de comunicación: o estás a favor de Venezuela, o estás en contra de Venezuela. Señalar que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana está envuelta en una cantidad de asesinatos sin resolver, no es alentar la intervención norteamericana, que existe y es real. En Venezuela, los muertos no los ponen los amigos de Juan Guaidó, sino los jóvenes de las barriadas que están a merced de las fuerzas de seguridad. Fuerzas que tienen un poder desmedido en el Gobierno de Maduro y que, como casi todos los policías del mundo entero, imponen su razonamiento por la fuerza de las armas.

¿O que pensaban? ¿Qué porque Maduro tenga una retórica anti imperialista los policías venezolanos son razonables y preguntan antes de disparar? ¿En qué datos, relatos o historia se basan aquellos que dicen que en Venezuela no hay abuso por parte de las fuerzas del Estado?

En este sentido, un posicionamiento de fondo, que plantea coherencia con lo que Alberto Fernández dice desde mayo del año pasado cuando decidió ser candidato para presidir a la Argentina, es el que expuso nuestro país esta semana. Más allá de los reduccionismos que quieran hacerse por ignorancia o por mala fe.

La reacción y renuncia de la ahora ex Embajadora Alicia Castro es otro ingrediente que abona al estado de cosas actual. Realmente sorprende que una dirigente política de las capacidades, patriotismo y compromiso de Alicia Castro haya tomado una decisión de tal magnitud, a sabiendas de que representa a la República Argentina, y no a su persona en términos individuales. De mínimo, es irresponsable crear discordia en cuanto a la unidad del Gobierno Nacional debido a una votación que no le gustó, más allá de que no cambia el status de reconocimiento oficial hacia el Gobierno de Maduro, ni avala ningún tipo de sanción o intervención.

Otra falacia que se escuchó decir estos días es que Michelle Bachelet sólo impulsa las gestiones de su oficina en lo relativo a Venezuela, y hace la vista gorda en otros países. Eso es una mentira. La ex presidenta chilena realizó misiones en 2019 en el marco de los conflictos sociales de Ecuador, Chile, Bolivia después del golpe de Estado, además de señalar que en varios países de América Latina, como Colombia y Brasil existen violaciones de derechos civiles y políticos.

No obstante, el razonamiento que impulsa callar lo que sucede en Venezuela porque las graves situaciones que se viven en otros países no tiene el mismo lugar en la agenda, es una irresponsabilidad. Y esto es así porque en un contexto en el cual hay un franco retroceso de los DDHH a nivel regional, no se pueden callar las arbitrariedades, vengan de donde vengan. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la política exterior de la Argentina debe ser diseñada y ejectuada en pos del cumplimiento del interés nacional. Hoy, octubre de 2020, el interés nacional de nuestro país tiene dos elementos inequívocos, que no son los únicos, pero claro está que son innegables para cualquier persona. Uno es la resolución de la deuda externa y el otro es el aseguramiento de la provisión de la vacuna contra el COVID-19.

Hoy, encarar una negociación con el Fondo Monetario Internacional requiere hacer política, no panfletismo y agitación de consignas. Con eso no se logran resultados políticos satisfactorios para los intereses de nuestro país. Podríamos discutirlo si Argentina hiciese política renunciando a los principios que ha defendido historicamente. Pero eso hoy no sucede: nuestro país se posicionó a favor de la gestión de Bachelet, en contra de las sanciones que coadyuvan a perpetrar el genocidio económico contra el pueblo de Venezuela y en contra de la intervención imperial.

Por otra parte, ya todos deberíamos saber y tener bien en claro que la pandemia no hizo aflorar los sentimientos de solidaridad, como creíamos algunos románticos de la primera hora. La competencia es cada vez más brutal, las elecciones en Estados Unidos agravan el cuadro, la polarización en América Latina va hacia la misma dirección. La provisión de la vacuna también requerirá acuerdos políticos, una política exterior equilibrada, que no retroceda en sus principios, pero que no cree conflictos donde no tiene que haberlos, sencillamente porque no son asuntos que pongan en juego nuestro interés nacional. Esto implica comunicar una mala noticia: es probable que si la vacuna es descubierta, sea accesible para todos. Pero es probable que no, y el contexto actual dicta que existe la posibilidad que haya que tejer acuerdos complejos para poder conseguir los insumos médicos para inmunizar a nuestros compatriotas, en caso de que sea necesario. 

Una última reflexión es inherente a la toma de conciencia del contexto regional y global que estamos viviendo. América Latina era una en 2007, cuando Chávez, Lula, CFK, Evo, Correa y Tabaré gobernaban en sus países. La bonanza económica, una relativa calma social, y los esquemas de integración y concertación política daban lugar a una defensa irrestricta de los gobiernos legítimamente constituidos contra las amenazas de agresión imperial.

Hoy, en 2020, el mundo y la región han cambiado. La mayor parte de los gobiernos de Sudamérica obedecen a los dictados de Washington y Venezuela ha virado hacia un gobierno cívico - militar con una capacidad de resistencia impresionante, pero también con un manejo arbitrario de los conflictos sociales donde el empoderamiento de las fuerzas de seguridad impone el terror entre los venezolanos de a pie en muchas ciudades del país caribeño. Posicionarse en ese contexto requiere tener en cuenta cuestiones de fondo y de forma, aunque ello no implique un determinismo absoluto, sencillamente porque Alberto Fernández no es Bolsonaro, Duque o Piñera, pero tampoco es Ortega. Los sectores que pertenecen a la coalición de gobierno y que hoy critican el accionar de la Argentina deben no caer en la trampa del determinismo agitada por la derecha y las corporaciones mediáticas, y ello implica poder mirar el cuadro de situación completo y tomar conciencia de un mundo y una región que han cambiado. No se puede hacer de cuenta que vivimos en una América Latina que sólo existía hace 15 años atrás.

(*) Analista internacional de Fundamentar.com

¿Que podía faltarle a este 2020?

Una guerra.

Los conflictos, una vez que estallan, necesitan un cierre definitivo, un arreglo consensuado. Esta es una lección que les ha costado comprender a numerosos dirigentes a lo largo y a lo ancho del planeta. Finalizar los conflictos es necesario debido que los arreglos inconclusos pueden derivar en descontentos latentes que terminan por estallar.

Eso sucedió en la región del Nagorno - Karabaj (NK).

Este lugar de nombre extraño es una zona montañosa en la región del Cáucaso Meridional, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y que sirve de límite entre Rusia y Medio Oriente. Allí, Armenia y Azerbaiyán se disputan el control de esta región desde la disolución de la Unión Soviética.

Mientras Moscú ejercía su poder político desde el todopoderoso y laico Estado soviético, las diferencias religiosas y étnicas no estallaron y todo se mantenía bajo una relativa calma. En los albores de la década del 90, la URSS implosionó y aquel poder ordenador se retiró dando lugar a un reparto territorial que, como en una infinidad de lugares, no dejaron contentos a todos los actores.

Azerbaiyán, un país de mayoría musulmana, se quedaba con la región del NK, donde habitan mayoritariamente personas de origen armenio y de confesión cristiana. En ese entonces la región proclama su separación del territorio azerí, dando inicio a una guerra que generó miles de muertos y desplazados. Un alto el fuego fue lo único que se logró, con patrocinio ruso, en el año 1994. Desde ese momento, escaramuzas, provocaciones y amenazas se hicieron costumbre. Hasta esta semana.

El domingo, armenios y azeríes comenzaron de nuevo las hostilidades acusándose mutuamente de haberlas iniciado. Conforme pasaban los días, el número de víctimas de uno y otro lado aumentaban, más allá de lo que efectivamente los gobiernos reconocían. Hacia ambos lados de la frontera pusieron en vigencia la ley marcial y movilizaron a sus tropas, además de publicar videos y tuits donde los Ministerios de Defensa también le echan leña al aspecto propagandístico del conflicto. 

https://www.youtube.com/watch?v=cV_ADws2gDE

Es imposible saber quién efectivamente comenzó con los ataques, pero los que siguen el tema de cerca aseguran que Azerbaiyán había realizado algunos movimientos en los días previos, además de publicar cosas como esta.

https://twitter.com/PabVis/status/1310158176780681218

Todo esto amenaza con escalar debido a que Armenia y Azerbaiyán no son los únicos actores intervinientes. El primero a tener en cuenta es Turquía. Los turcos no solo comparten aspectos étnicos y religiosos con los azeríes, sino que tienen una rivalidad centenaria con los armenios, en parte debido a la negación turca del genocidio armenio de principios del Siglo XX. Erdogan ha manifestado que Azerbaiyán cuenta con todo el apoyo del poderío turco pero además, según los armenios, ha enviado armamento y tropas a territorio azerí. Ver

Por otra parte, Turquía se ha puesto en una posición de intransigencia debido a que ha rechazado los pedidos de alto el fuego y ofrecimientos de mediación realizados por Rusia, Estados Unidos y Francia, tres países que fueron parte del antiguo Grupo de Minsk conformado en 1992 para mediar en el conflicto. 

Rusia es la otra potencia presente en el lugar. Si bien les vende armamento a ambos, un mayor involucramiento de Turquía podría dar lugar a un aumento de la actividad rusa en favor de Armenia como reaseguro de la estabilidad regional. Lo otro a tener en cuenta es la supuesta participación de mercenarios yihadistas en la región.

Es posible que, si buscan cosas para leer sobre este conflicto (cosa que recomiendo), la denominación que encuentren de la región sea “República de Artsaj”, debido a que ese es el nombre que le dio Armenia, reconociéndolo como un Estado independiente con sus propias autoridades. 

Como siempre, lo inentendible son la muerte y la violencia. Hoy, lo paradójico es que la mayor parte de los jóvenes que mueren en la región del Nagorno - Karabaj no habían nacido cuando el conflicto estalló en la década de los 90.

https://twitter.com/Jake_Hanrahan/status/1310363218112581632

Primer round: departamentales de Uruguay

Vayamos a algo menos trágico, pero no menos interesante, al menos para nosotros desde nuestra Sudamérica.

La política ha vuelto después de dejar atrás la agenda ocupada al 100% por la pandemia. Octubre trae las elecciones presidenciales en Bolivia y el referéndum constitucional en Chile, de los cuales hablamos en varias oportunidades y seguiremos de cerca conforme se acerquen las fechas.

Pero me gustaría ahora hablar de las departamentales en Uruguay del domingo pasado. Primero los datos: el Frente Amplio (FA) hizo una elección “agridulce”, en palabras de sus propios dirigentes. Esto es así debido a que el Frente ganó 3 de 19 departamentos, pero gobernará distritos que concentran el 55% de la población.

A partir de la derrota a nivel nacional, el FA puso en marcha el lógico proceso de autocrítica y renovación, necesaria no sólo por el revés electoral de 2019, sino porque sus tres principales cuadros históricos (Tabaré, Mujica y Danilo Astori) tienen varios años en el lomo y ya no están para la conducción del espacio. De hecho, Pepe Mujica, que tiene 85 años, anunció su retiro de la política el domingo pasado cuando fue a votar. VER

La renovación del FA tiene dos figuras que concentran las miradas. Una es Carolina Cosse, intendenta electa de Montevideo, que venció en la interna frenteamplista a Álvaro Villar (del MPP de Mujica) y a Daniel Martínez, ex candidato a Presidente. Cosse fue Ministra de Industria, Energía y Minería del último gobierno nacional del FA. Su triunfo en Montevideo la pone como figura opositora de relevancia al gobierno de Lacalle Pou.

Otro es el intendente reelecto de Canelones, Yamandú Orsi. Con una capacidad de adaptación interesante y un discurso muy enérgico, Orsi es un dirigente joven que ha sabido moverse dentro del pragmatismo político a pesar de pertenecer al ala más ‘dura’ del Frente. 

Del otro lado, el Partido Nacional gobernante quedó conforme debido a que ganó 15 de las 19 intendencias, todas en el interior del país. Pero también porque Laura Raffo, su candidata en Montevideo, sacó un nada despreciable 39% en una ciudad que gobierna el frenteamplismo desde 1990.

Raffo tiene todas las fichas para ser la figura de reserva de la alianza gobernante, ante el desgaste que pueda sufrir Lacalle Pou al concretar su plan económico y su avance sobre conquistas históricas. La montevideana del Partido Nacional será la dirigente mimada de las corporaciones mediáticas, y así lo muestra esta nota del principal diario uruguayo. Cualquier similitud con la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en la Argentina, no es pura coincidencia.

De cualquier forma, lo que mostraron las elecciones departamentales en Uruguay es que el gobierno aún puede servirse de la Coalición Multicolor que formó para ganar la elección presidencial del año pasado. En aquellos lugares donde los partidos que conforman la alianza de gobierno fueron como tal, no hubo mayores sobresaltos, salvo en Montevideo. A pesar de que ya hubo algunos cortocircuitos a nivel gubernamental con la renuncia del Canciller del Partido Colorado, Ernesto Talvi, la alianza de colores sigue dando resultados a la hora de ir a las urnas.

Habrá que prestar atención a que estos cortocircuitos no se repitan y pongan en riesgo la alianza política, más allá de la electoral. El Presidente Luis Lacalle Pou tiene razones para estar tranquilo pero no debe cometer el mismo error que otros gobiernos de derecha y centroderecha en la región: pensar que las fuerzas nacionales - populares están totalmente liquidadas después de una derrota. La elección del domingo demostró que no es así.

Bonus track

Hoy no hay ping pong porque me fui de mambo con la extensión de los dos temas que tocamos. Les dejo algunas lecturas y temas para seguir.

Me gustó esta nota de Pedro Brieger hablando sobre los países del Caribe, voces que no suelen escucharse al hablar de América Latina, y que tienen cosas importantes para decir. VER

Por otro lado, un tema que tiene en vilo a Paraguay es el secuestro del ex Vicepresidente Oscar Denis Sánchez, por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Aquí una actualización de cómo está ese asunto, 20 días después del hecho. VER

Bueno, ya se habrán enterado que Donald tiene COVID y que está internado en un hospital militar de Estados Unidos. Acá, un compilado de cómo se refirió a la enfermedad en todos estos meses. VER

El 2020 da para todo, amigos y amigas. Creo que esta semana lo demostró cabalmente.

Un abrazo grande y hasta la semana que viene.

(*) Analista Internacional de Fundamentar

Visibilizados por la tragedia

La Unión Europea estaba lista para debatir un nuevo acuerdo migratorio. Un repaso a vuelo de pájaro: en el año 2015, Europa vivió en carne propia la mayor crisis de refugiados de la historia.  Ese año, un millón de personas que huían del Norte de África y de Medio Oriente a raíz de los efectos no deseados de procesos como las primaveras árabes, llegan al continente europeo dando lugar a un conflicto sin precedentes. En ese momento, el régimen migratorio que regía era el llamado Convenio de Dublín. 

Este acuerdo vigente desde 2013 garantizaba que los países de la UE donde llegaban los refugiados se hacían responsables de la solicitud de asilo. Los Estados de la costa mediterránea debían hacerse cargo de idear un sistema de reubicación, mientras que los países ricos del norte europeo en el mejor de los casos los recibían. Y en el peor, los mandaban de vuelta por donde habían llegado.

En todos estos años, el fallido sistema de Dublín cultivó el crecimiento del discurso anti inmigrante utilizado como munición por parte de la extrema derecha europea, sumado a episodios gravísimos de xenofobia, negativas a recibir personas con niños en los puertos, y una infinidad de escenas de muerte y desesperación. Muchos de ustedes recordarán a Aylan Kurdi, un niño que, como muchos, perdió la vida en esos viajes infernales donde el riesgo era un camino a tomar mejor que quedarse en sus casas con sus familias en medio de bombardeos y balaceras.

Este año, debía redefinirse un nuevo acuerdo migratorio en la UE. Las circunstancias eran distintas. Según esta base de datos de la ONU, los desplazamientos disminuían año tras año llegando a un 2020 donde la pandemia y una relativa calma en conflictos como el libio o el sirio posibilitaron que la llegada de personas a Europa llegue a niveles insignificantes a comparación de lo que sucedía 5 años atrás.

El contexto era ideal para acordar el nuevo plan migratorio, habida cuenta del menor flujo de personas y del éxito reciente en el acuerdo de reconstrucción europea al cual habían llegado los 27.

Y en eso, a principios de este mes se incendia el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, en Grecia.

Aunque originalmente fue diseñado para contener a 3.000 personas, el campo de refugiados de Moria alberga aproximadamente a unas 13.000, la mayoría provenientes de Afganistán. Este único dato vale como para imaginarse las condiciones de vida en ese lugar.

El incendio en Lesbos puso en crisis el consenso para el acuerdo. Los países mediterráneos como Italia, España, Malta, Grecia, Chipre o Bulgaria, buscan que Bruselas apruebe un plan que obligue a los 27 Estados de la Unión a recibir inmigrantes. Esto choca con la posición del conservador Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) que obran por un cierre de fronteras puro y duro. El plan, especulaban los que saben, estaría en un gris entre estas dos posiciones.

Finalmente, el plan se lanzó el miércoles. Este obligaría de facto a cada Estado a acoger parte de los refugiados, recibiendo 10.000 euros del presupuesto del bloque por cada adulto que llegue a sus territorios. La Comisaria del Interior de la UE, Ylva Johansson, puso el acento en el envejecimiento de la población europea para defender la recepción de inmigrantes. VER

El plan eliminaría la regla del Acuerdo de Dublín que obliga que el país de llegada se encargue de las solicitudes de asilo, sacándole un poco de peso a los Estados mediterráneos.

Las próximas semanas se sabrá que sucederá finalmente con este plan. Varias cosas para prestar atención. En primer lugar, las tensiones en el Mediterráneo oriental entre Grecia, Chipre y Turquía, que han puesto en peligro el acuerdo que el país presidido por Erdogan tiene con los 27 y que lo convierte en una especie de filtro de personas desplazadas. Las posibles subidas de tono en la cuestión de la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en la zona oriental del Mar Mediterráneo puede cambiar la ecuación.

Asimismo, la cuestión migratoria impacta de lleno en la política europea. Así lo aseveró Ursula von der Leyen, la Presidenta de la Comisión Europea, abogando por un “enfoque humano”. El rechazo a los desplazados es el argumento en común de toda la ultraderecha continental. La forma que tendrán los gobiernos, sobre todo aquellos de corte progresista y de centro, será vital para manejar los hilos del desafío más serio que enfrenta Europa en este siglo XXI. Y no solo porque el bloque cruje a partir de los disensos, sino que está en juego la vida de miles de personas.

Como siempre: para entender, hay que leer a los que saben. Recomiendo mucho esta nota de Andrew Connelly desde Lesbos. Está en inglés, pero el traductor del Chrome te la facilita al toque.

República o republiqueta

El fallecimiento de la jueza progresista de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg (RBG), modificó por completo la campaña electoral y vuelve a poner un manto de dudas sobre la institucionalidad norteamericana.

El máximo tribunal norteamericano se compone de 9 integrantes y es el intérprete final de la Constitución. Las y los magistrados sientan precedentes a través de la jurisprudencia que tiene efectos prácticos en la sociedad de aquel país. Un ejemplo fue el famoso caso Roe vs. Wade, por el cual se garantiza el derecho al aborto. 

Antes del fallecimiento de RBG, la Corte tenía 5 jueces conservadores y 4 liberales. Donald Trump quiere, antes de las elecciones del 3 de noviembre, nombrar a un magistrado para el máximo tribunal. Como sucede en casi todos los países con sistemas presidencialistas, incluido Argentina, es el Presidente quien propone a los nuevos integrantes de la Corte.

La diferencia (y acá está el dato interesante), es que mientras en nuestro país el Presidente nombra a los jueces y necesita la aprobación de dos tercios del Senado, en Estados Unidos sólo alcanza con la mayoría simple de 51 sobre 100 tras una reforma impulsada por los demócratas en 2013. Y hoy, por esas paradojas de la vida y la política, esa mayoría la tienen los republicanos y pretenden usarla.

Esto le da la posibilidad a Donald Trump de proponer a una candidata (ya aviso que será una mujer, y es probable que sea Amy Barrett). Y apoyándose en la mayoría republicana en el Senado comandada por Mitch McConnell, puede torcer la tendencia en la Corte Suprema dejando un tribunal con 6 jueces conservadores y 3 liberales/progresistas, como si fuese una comida familiar con tus abuelos del campo y tu tío policía.

Bueno, lo cierto es que esto pone en juego varias cosas de cara a la elección, a la vez que inserta el debate sobre lo infalible de la división de poderes, el sistema republicano (desde la definición de la palabra, no desde lo partidario), y de cómo el país modelo de la democracia liberal tensa las reglas del juego hasta los límites del mismo.

Una supermayoría conservadora de 6 a 3 podría revertir fallos como los relativos al aborto y determinar cuestiones inherentes a, por ejemplo, la tenencia de armas y las prestaciones de salud. El cargo dura hasta que un juez renuncia o muere, por lo que una Corte conservadora definiría estas cuestiones para un largo periodo de tiempo.

De cara a la elección, hay varios interrogantes. Trump pone en el foco del debate el sistema de justicia. En eso saca ventaja, ya que mientras menos se hable de la injusticia racial y de la pandemia, mejor. Para los demócratas también podría ser ventajoso, debido a que Biden apuesta a la participación para asegurar su victoria. Si logra convencer a los indecisos que en la elección está en juego el propio sistema de división de poderes, esto podría llegar a favorecerlo. Sobre todo teniendo en cuenta que, si Biden gana y los demócratas recuperan el Senado, el nuevo Presidente podría sumar más integrantes a la Corte y desarmar la supermayoría de 6 a 3.

Una última cosa: Trump dijo esta semana que, si pierde, no se compromete a entregar el mandato de forma pacífica, introduciendo la posibilidad de que la última palabra la tenga, oh casualidad, la Corte Suprema. 

Está todo medio podrido en ‘the land of the free and the home of the brave’. Esto es una muestra para aquellos que piensan que la política argentina solo se reduce a los escándalos en los zoom del Congreso.

Haceme el favor de prestarle atención a esto.

1. Falta menos de un mes para las elecciones en Bolivia. Como no estuvimos la semana pasada, no hablamos de la renuncia de Añez a la candidatura tras conocerse una encuesta en la que Lucho Arce ganaría en primera vuelta y la propia Presidenta de facto estaba cuarta, con solo 10% de intención de voto. Los días que quedan son claves. VER
2. La Unión Europea se disponía a sancionar a Lukashenko, el Presidente bielorruso que tomó posesión de su sexto mandato a pesar de las denuncias de fraude y un mes de históricas movilizaciones. No alcanzaron el acuerdo: Chipre votó en contra porque exige que la UE se movilice contra Turquía en el marco del conflicto en el Mediterráneo que tocamos más arriba. VER
3. Corea del Sur y Corea del Norte protagonizan una nueva escalada de tensiones aunque Kim Jong – Un terminó pidiendo disculpas. VER
4. El Acuerdo firmado entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fue la muestra de un cambio de ecuación histórica en Medio Oriente: los países del Golfo no ven más al Estado judío como enemigo, sino que cierran filas contra Irán. En el mismo sentido habló el rey saudí en la Asamblea General de la ONU. VER
5. El domingo hay elecciones departamentales en Uruguay. El Frente Amplio busca recuperarse de la derrota en las presidenciales reteniendo Montevideo y logrando alguna victoria importante en el interior. VER

Bonus track

Para el bonus, donde siempre dejo algunas cosas interesantes para leer y ver, voy a brindarles una preocupante y dos positivas para contrarrestar el contexto pandémico.

La primera, sobre el crecimiento de las milicias en Estados Unidos. Cada vez se ven más organizaciones armadas con posturas desafiantes en las calles del país del Norte. Eso, sumado al grado de polarización y violencia que se vive actualmente, es verdaderamente preocupante. VER

La segunda tiene que ver con los evangélicos progresistas en Brasil. Sí, existen y están tratando de organizarse ante el avance conservador de los sectores que responden al gobierno de Bolsonaro y que aboga por sepultar derechos. La experiencia que vive Belo Horizonte me resultó interesante, sobre todo porque me parece que es urgente dar la discusión hacia adentro del culto evangélico. La fe y las conquistas sociales no deben ser opuestas, aunque así quieran venderlo los sectores de poder. VER

La última, es sobre los trámites públicos que comenzará a realizar Granada para tratar la despenalización del cannabis. VER

Hermoso lugar para vacacionar, ¿verdad?

A cuidarse y hasta la semana que viene.

(*) Analista Internacional de Fundamentar.com

Cuando las ‘armas no letales’ se vuelven letales

Caía la madrugada en Bogotá, la capital de Colombia, cuando dos Policías comenzaron a descargar sus pistolas Taser sobre el cuerpo de Javier Ordóñez, un abogado de 43 años que trabajaba como taxista. Ordóñez suplicó en varias oportunidades que por favor terminasen con la tortura, oportunamente capturada por las cámaras de los celulares de algunos testigos.

La Policía siguió aplicándole descargas, y luego se lo llevaron a un Comando de Acción Inmediata (CAI) perteneciente a la fuerza pública. A las pocas horas, el cuerpo sin vida de Ordóñez llegaba al hospital.

https://twitter.com/jmkarg/status/1304052239015776262

El cobarde asesinato de Javier Ordóñez desató una serie de protestas contra el abuso policial que tuvieron su epicentro en Bogotá y luego se extendieron hacia municipios cercanos como Soacha o Madrid, pero también se replicaron en otras grandes ciudades, como Cali y Medellín. El saldo de estas manifestaciones fueron de 10 personas fallecidas, en su gran mayoría jóvenes que habían salido a protestar. (ver)

Fiel a la tradición del gobierno de Iván Duque, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció recompensas para los que proporcionen datos sobre las personas que cometieron ‘actos de vandalismo’ contra los edificios de la policía. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, ensayó una posición equilibrada entre la condena al abuso policial y el rechazo a las manifestaciones violentas, pero haciendo eje claramente en la necesidad de modificar el accionar policial y reformar la institución. (ver)

El caso Ordóñez no es un caso aislado. La policía colombiana ha sido la culpable de varios asesinatos sin condena en los últimos años. Y esto sucede gracias a que Colombia es un país donde las fuerzas de seguridad gozan de una impunidad muy fuerte a la hora de actuar.

El conflicto interno que enfrenta al Estado con organizaciones armadas desde hace décadas le asegura un lugar de privilegio a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Sobre todo si tenemos en cuenta que el actual Presidente, Iván Duque, pertenece al uribismo, que ha acumulado poder gracias al abordaje belicista de los conflictos sociales y a ser enemigo de los acuerdos de paz que se firmaron en el año 2016. El problema adquiere mayor gravedad cuando se advierte que la Policía y el Ejército dependen de la misma estructura política: el Ministerio de Defensa. Eso implica que los policías que se ven envueltos en hechos de violencia institucional son juzgados por un tribunal militar, y todo queda en el fuero castrense. (ver)

Tal fue la magnitud del rechazo a la accionar policial durante las protestas que el Ministro Trujillo tuvo que salir a pedir disculpas, después de un primer momento en el cual defendió irrestrictamente el accionar policial abonando a la contención de actos de vandalismo. VER

No obstante, el problema de la violencia en Colombia parece no tener fin. No solamente el conflicto interno con parte de las FARC y el ELN continua; sino que líderes sociales pierden la vida prácticamente a diario a manos de organizaciones paramilitares, acusadas de tener vínculos con sectores de las Fuerzas Armadas. Para completar el círculo, la Policía, que centraliza su acción en las ciudades, asesina personas arbitrariamente, agregando el ingrediente urbano que completa el terrible combo de violencia que azota a Colombia desde hace años.

Un segundo punto es el de las movilizaciones. Hacia fines de 2019 y luego de los estallidos sociales de Chile y Ecuador, Colombia venía desarrollando una fuerte actividad callejera en contra de las desigualdades sociales y de la violencia estatal. El coronavirus puso pausa a ese proceso y le dio aire a Duque. La muerte de Ordóñez lo puso en marcha otra vez.

El Estado debe encontrar la manera de lidiar con estos problemas de una forma diferente a la mera represión para no poner en riesgo su supervivencia. Y lo pongo en estos términos, a riesgo de equivocarme, no solo porque su legitimidad está cuestionada por amplios sectores de la sociedad. Sino también porque hay actores en Colombia que le disputan el poder fuertemente al Estado en varias porciones de su territorio, lo que puede dar lugar al retorno de los peores años del conflicto bélico interno.

El resto, se maneja como siempre. Aunque los focos estén en Venezuela, los derechos humanos se vulneran a diario en Colombia. La democracia es solamente una cuestión de forma, y el ejercicio de los derechos fundamentales, también. Si hay una frase que lo puede resumir, es esta.

La silla maldita

Martín Vizcarra puede engrosar la lista de Presidentes destituidos en el Perú dentro de una semana, cuando el Congreso vote la moción de vacancia. Si se llega a los 87 votos, Vizcarra dejará de ser el Presidente y otra persona tendrá que completar el mandato que inició Pedro Pablo Kuzcynski allá por 2016.

La historia política de Perú en los últimos meses es la historia de la lucha entre los poderes del Estado. Vizcarra, que asumió luego de la destitución de Kuzcynski en 2018, disolvió el Parlamento el año pasado y llamó a elecciones debido a que el fujimorismo, que dominaba el Legislativo en ese momento, bloqueaba todas las iniciativas del Poder Ejecutivo.

El resultado de esas elecciones legislativas fue un Congreso totalmente fragmentado donde ninguna formación partidaria logró superar el 11% de los votos y donde los partidos tradicionales, como el APRA o Fuerza Popular, de la familia Fujimori, fueron los grandes derrotados.

Todo indicaba que Vizcarra, una figura sin partido que dice cumplir un rol de transición hasta el final del mandato en 2021, podía gestionar este país con gran descontento contra la clase política y ávido de reformas que permitan erradicar practicas flojas de moral que le dieron a Perú un triste récord: de los últimos 5 presidentes, 4 (Humala, Toledo, Kuzcynski y Fujimori) fueron detenidos, y uno (Alan García) se suicidó cuando lo sentenciaron a ir a la cárcel.

Sin embargo, aparecieron unos audios que complican a Vizcarra. En ellos, el Presidente supuestamente insta a dos funcionarias que acomoden la versión sobre la visita del productor musical Ricardo
Cisneros. Este personaje, conocido en el mundo del chimenterío peruano como "Richard Swing", habría sido beneficiado con contratos del Ministerio de Cultura por un valor cercano a los 50.000 dólares. Fue Edgar Alarcón, un legislador del partido Unión por el Perú, quien presentó las grabaciones ante el Parlamento, lo que dio el puntapié inicial para el proceso destituyente contra Vizcarra. (ver)

Ahora, Vizcarra tiene que defender su caso ante el Congreso y el Legislativo deberá votar si lo destituye o no. Hay 65 legisladores que votaran por la destitución. El número al que se tiene que llegar es 87.

Esta historia configura un capítulo más de la atomización de la política de Perú. Sin liderazgos renovados, con la clase política totalmente desacreditada y la discusión pública pasando por cuestiones judiciales, el país andino vuelve a ubicar en el centro de la escena el debate sobre la corrupción, que rompe con la posibilidad de ocuparse de lo verdaderamente importante.

Está claro que hay una dificultad estructural en la política de Perú y está vinculada a estas prácticas que han sido profundamente generalizadas y no han dejado de llevarse a cabo. Sería bueno saber si justamente estas prácticas son las que posibilitan el ejercicio efectivo de la función pública.

De todas maneras, mientras el país debería estar pensando como gestionar las consecuencias de ser el quinto país del mundo con más casos de COVID-19, está debatiendo otra vez la destitución de un mandatario. Hecho que vuelve a poner a Perú en el lugar de país ingobernable y de mandatos inconclusos.

Ping Pong

* La historia de nunca acabar: vuelven las pulseadas post – Brexit entre Londres y Bruselas. VER

* Bahréin también acordó con Israel. Trump y Netanyahu se anotan otro poroto. VER

* Human Rights Watch afirma que la Justicia boliviana persigue opositores al gobierno de facto. Evo Morales es uno de ellos. VER

* Se reúne el MED7 en Córcega. Macron busca cerrar filas para contener a Turquía en el Mediterráneo VER

* Vuelven las escaramuzas en la frontera entre India y China. VER

Bonus track

Este fin de semana Mauricio Claver – Carone se convirtió en el nuevo Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), rompiendo con una tradición de 60 años que dictaba que la conducción del BID la debía ejercer un latinoamericano. La estrategia que tenían Argentina, Chile y Costa Rica, era intentar no dar el quorum para posponer la elección y así lograr que la disputa por el BID no quede supeditada al proceso electoral estadounidense de noviembre. Algo que ha jugado su rol en esta apuesta de Trump.

México, que también era partidario de posponer la elección, cambió su postura y avisó que daría quorum a la votación, lo que aseguraba el triunfo del representante norteamericano debido a que ya tenía los votos de varios países importantes, como Brasil y Colombia.

Este fue el principal cambio con respecto a este tema, del cual habíamos hablado en el bonus de la semana pasada. El cambio de postura de México hizo que Argentina retire la candidatura de Gustavo Béliz, a sabiendas de que era un partido perdido.

Leí a mucha gente que culpaba a México por haberse dado vuelta posibilitando así que la votación se lleve a cabo. Esto es cierto, pero parcialmente. Si un halcón republicano que tiene más interés en sacar al castrismo de Cuba y al chavismo de Venezuela que en motorizar proyectos de desarrollo para América es el que conduce el BID, es gracias a la desunión latinoamericana y a los gobiernos alineados que votaron por él, y no culpa de México que es, por escándalo, el país más dependiente de Estados Unidos en todo el mundo.

Algunas definiciones más, en esta nota de La Vanguardia y en esta entrevista a Juan Gabriel Tokatlian.

Con eso, nos vamos. Estoy pensando en bautizar esta columna con algún nombre. Las sugerencias son bienvenidas.

Hasta la semana que viene.

(*) Analista Internacional de Fundamentar.com