Que la práctica política en la Argentina se ha convertido en una especie de canibalismo sin retorno, no es precisamente una novedad que vengamos a descubrir por estos días.  Para no irnos muy atrás en el tiempo (ni en las referencias ideológicas), la forma en que el extinto Frente de Todos, inicialmente estructuró al conjunto de las gestiones ministeriales, donde al interior de cada uno de ellos, se trataba de garantizar la presencia de los espacios políticos que sintetizaban la idea de la “unidad en la diversidad”, actuó como un severo limitante para imponer reformas, deterioro que se profundizó a partir de la derrota electoral de 2021. Pero lo novedoso de este lluvioso mediados de marzo, es que esa fagocitación entre propios, ya no se hace, por ejemplo, con la supuesta fortaleza que puedan representar los números en una legislatura (para el período 2019 – 2021 el FDT contaba con 109 diputados y 38 senadores propios); sino que se proyecta para buena parte del sistema político, con la oposición incluida. Recorrido por una semana de variados desgastes internos y de la inquebrantable convicción de no pocos protagonistas de jugarse algún pleno. Mientras esperamos la seca y el sol, pasen y vean. Están todos invitados.

A nivel nacional, la noticia más importante vino de la mano del rechazo del Senado al Decreto de Necesidad y Urgencia nº 70/23, por un número de votos que el oficialismo no esperaba: 42 a 25. Esas cifras dejaron en un recuerdo muy lejano los acuerdos de diciembre donde la muñeca política de la vicepresidenta, habilitó una sobrerepresentación opositora en el control de las mayorías de las comisiones. Lo sucedido en la tarde del miércoles puede pensarse como la síntesis de tres factores que hoy componen la vida nacional.

https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1768431095878709624

1.      De la debilidad libertaria

Si bien el oficialismo cuenta con una muy baja representación legislativa (15%), la presente coyuntura del sistema político argentino no lo deja fuera de juego a la hora de imponer condiciones. Maneja los recursos del Estado nacional, está en condiciones de imponer agenda a partir de un reformado esquema comunicacional, vía medios tradicionales y redes, pero también, la atomización partidaria del conjunto, representa un factor que juega a su favor.

El problema es otro. Es el que refiere (y esto lo planteamos en el más estricto análisis de cierta instrumentalidad política) al mal manejo de esa debilidad como un recurso, ya que en la vida, uno puede mentir, pero el problema es creerse su propia mentira. El presidente Javier Milei y buena parte de sus pocos pensantes acólitos, parece haberse creído la mentira estadística de ser el presidente más votado de la historia de los argentinos. Para ser un hombre que ha vivido de los números, parece ser una pobre significación de su persona: el 56% de los votos obtenidos los alcanzó en un ballotage y la elección de 2023 es la que más personas habilitó para votar. Las peras se comparan con peras y no con manzanas, aunque ambas sean producidas en el hermoso Alto Valle del Río Negro.

Milei parece decido a jugar a la política con esa estrategia aunque ya atraviese la segunda derrota legislativa de importancia. A la queja oficialista de que “la casta” nunca había rechazado un DNU del kirchnerismo, vale recordarle que tampoco se hizo desde la reforma constitucional (lo cual incluye a sus circunstanciales aliados), y que, además, ninguna de estas propuestas resultaba definitivamente anticonstitucional como el esperpento legislativo que comentamos.

El capítulo del rechazo senatorial del DNU mostró el error que suelen cometer no pocos gobiernos cundo sufren algunas derrotas: la victimización. Sobreexpuso al presidente a brindar un conjunto de notas diarias en medios afines, y potenció el canibalismo de atacar a la vicepresidenta Victoria Villaruel, porque había habilitado una sesión sobre la que ya no tenía demasiados elementos reglamentarios para seguir posponiendo.

Desde plantear las dudas sobre su sexualidad, pasando por la acusación de traidora y al pedido de que debía ser colgada de la plaza, el combo comunicacional de redes expuso una violencia que ya es de manual y que obligó a la presidenta del Senado a grabar un discurso institucionalista donde trataba, otra vez, de deslegitimar la figura de Cristina Fernández de Kirchner, recurso que siempre puede “garpar” para cierto antiperonismo genético.

https://twitter.com/GugaLusto/status/1768613722988187963

2.      De la atomización radical

La llegada de Martín Losteau a la conducción de la Unión Cívica Radical, pareció darle una nueva impronta al histórico partido. Lejos del perfil de un cada vez más desgastado Gerardo Morales que, a fuerza de convertirse en un emperador norteño ha terminado en el papelonezco rol de defender una mal entendida hombría, a partir de los rumores que circulan en la bella Jujuy; la llegada del ex ministro de Economía suponía una renovación que traería otros aires. Su voto de rechazo al DNU confirma todo lo contrario.

El partido, que gusta verse a sí mismo como una garantía de cierta institucionalidad democrática, durante la semana emitió un comunicado que, de alguna manera, trataba de ser el sostén político de ese rechazo. El punto en cuestión es que la conducción dijo una cosa y buena parte de los conducidos dijeron otra, reflejando los límites que enfrenta el propio Losteau, que no sólo debió soportar el ataque de trolls y de periodistas generosamente cercanos al oficialismo, comentando situaciones personales y haciendo análisis psicológicos de inexistente valor; sino que fue alcanzado por el cuestionamiento público de dirigentes de la talla de Rodrigo De Loredo, presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados y de Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza.

El episodio del DNU sirvió para mostrar que el partido se enfrenta a un presente político de contar sin una conducción que sintetice una idea común; lo expone a una serie de contradicciones históricas ya que, si se pretende erigir en el partido de la institucionalidad argenta, poco se entiende que unos cuantos referentes apoyen semejante esperpento jurídico, que no ha contado con el aval de ningún constitucionalista (de fuste y de los otros) y que viene a demostrar que la estrategia de escudarse detrás de la fortaleza que, en otros tiempos, representaba la escudería Juntos por el Cambio, ahora que esta feneció, de poco sirvió para salir más fortalecidos.

https://twitter.com/Senadores_Todos/status/1768407667758821451

3.      De la (hipotética) unidad del PJ

Sabido es que el peronismo sufrió una derrota trascendente en las elecciones de noviembre. A lo largo de su historia, ha ejercido una práctica política donde los traspiés electorales rápidamente encuentran un padre sobre el que hacer recaer responsabilidades (ejemplo del machirulismo de otros tiempos). En el medio de ese proceso, el cual incluye los nombres propios de Alberto Fernández (presidente), Sergio Massa (candidato) o Cristina Fernández (vicepresidenta y jefa política de una minoría intensa), el partido trata de exponer la representación de aquellos sectores que peor la pasan (y pasarán) con el modelo económico libertario.

En esta instancia de debilidad, el deterioro que comentamos puede servir de articulador de un fortalecimiento a partir de una única verdad que hoy puede sintetizarse en algo muy simple: sabe lo que no quiere.

El rechazo a la ley ómnibus y al DNU sirve para mostrar una mínima identidad que no es poco para los tiempos que corren, más allá de las diferencias de posicionamiento que puedan exigir los gobernadores que deben gestionar sus territorios y los cantos de sirena que siempre están a la orden del día en un peronismo derrotado y que supone la reinterpretación histórica de lo que éste debería hacer de parte de personajes ya grotescos como Miguel Angel Pichetto y Guillermo Moreno.

Los dos tienen la particular virtud de explicarnos al conjunto de los argentinos lo que el peronismo tendría que realizar, desde una posición bastante relativa de su peso político. El primero, porque luego de haberse disfrazado de cambiemista, no son pocos los que comenzaron a mirarlo de reojo en su capacidad de liderazgo legislativo, dado que en la semana que se va, no logró unificar el voto de su bloque en cuanto al intento de ir por una reforma de la ley previsional; y el otro, porque más allá de su histrionismo y rol de panelista televisivo, émulo del recorrido mileista, hace escasos siete meses, no alcanzó el mínimo establecido (más del 1.5% del padrón) para participar de las elecciones generales a presidente. Una cosa es tener visibilidad y otra muy distinta, espesura política.

En el derrotero cotidiano, el canibalismo desarrollado se construye desde la mayor de las orfandades para el conjunto de los actores, apostando a un pleno en el casino. Bien lo saben Villarruel y Lousteau, que han sufrido las consecuencias de exponer diferencias con parte del sistema que los contiene.

Milei apuesta todo al déficit cero y a la baja de la inflación a cualquier costo; el radicalismo, que extraña el cobijo de Juntos por el Cambio, se divide entre la cercanía y la distancia al Ejecutivo, siendo no pocos dirigentes, definitivamente funcionales al esquema libertario; y el peronismo, intenta reconstruirse de la oposición a un modelo económico que ya extraña los índices del reaparecido Martín Guzmán. Así de simple, así de severo. Queda en el pendiente la realidad de los amarillos de Mauricio Macri. Pero para ello, ya tendremos tiempo…

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

En términos políticos, la segunda semana de marzo culmina con la “novedad” de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto del Acuerdo de Facilidades Extendidas entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. La contundencia de su número (202 a favor, 37 en contra y 13 abstenciones), tiene una historia detrás, que no se remonta exclusivamente al ida y vuelta en la negociación de estos días, sino que tiene su razón de ser en tiempos más largos. Repasemos.

Antes de intentar cualquier explicación sustancial o conjetural debe insistirse en dos datos, si se quieren, obvios. El primero es que, en el tema del tratamiento del proyecto, como diría el entrañable David Lebón, “estamos parados en el medio de la vida”. Todo lo que pueda esgrimirse como argumentos en esta bella mañana de sábado, supone la relatividad de un tema que no ha concluido. El Senado de la Nación, cámara que desde el lunes comenzará su discusión, no sólo tiene otro reglamento para el tratamiento de leyes, sino que, y esto es lo más importante, por su naturaleza compositiva, también tiene otra dinámica política. Marcamos sólo los dos indicadores más evidentes: las proporciones de representación no son idénticas a la de diputados, ni en términos partidarios ni jurisdiccionales, y, además, en muchos casos existe una relación política directa con el gobernador de la provincia de origen que en el caso de los diputados muchas veces no existe más allá de los formalismos.

El segundo dato sobre el que debe insistirse es que "la cuestión FMI” no es un tema nuevo para la coalición gobernante ni para el conjunto de los argentinos. Se supo, desde la mismísima composición del Frente de Todos y, una vez iniciado su gobierno, con la apertura de una instancia de negociación, que el tema debía ser abordado en un sentido o en otro, no apareciendo en el baúl de los recuerdos del oficialismo la idea de un no acuerdo que llevara al país al default. Vale la pena insistir sobre el asunto: la discusión, las tratativas y los vaivenes en la negociación era un tema que formaba parte de la agenda pública porque no estaba resuelto. Ni por asomo.

La madrugada del viernes dejaron la contundencia de los números y también las múltiples interpretaciones (que se extenderán en el tiempo a partir de que el proyecto pueda o no convertirse en ley), sobre quién ganó y quién perdió a partir de lo sucedido. Si la pregunta fuera válida pese a estar a mitad de camino, podría decirse que para la administración de Alberto Fernández la respuesta viene en un doble sentido: en el plano externo podrá mostrar un consenso que nunca viene del todo mal, mientras que en lo interno habrá que trabajar mucho, y en sigilo, para restañar aquellas heridas que puede haber dejado la discusión en diputados ahora, y en senadores desde la semana que se inicia.

Un detalle para la futurología de diván y teniendo en cuenta que el apoyo opositor de Juntos por el Cambio se alcanzó eliminando el “plan” que proponía el gobierno como parte del acuerdo, ya que la oposición dice no compartir sus principales lineamientos que, como todos sabemos, no obliga a reformas estructurales tan caras a los intereses del organismo de des/crédito internacional. Preguntas en formato de digresión y de cara al futuro de mediano plazo en el hipotético caso de un triunfo opositor en 2023: ¿podría darse el caso paradójico que habiendo aceptado el acreedor una renegociación “más leve”, el deudor vaya por más y promueva esa serie de reformas que siempre han desfavorecido al pueblo argentino? Y ante esto, ¿nos enfrentaremos a la situación de repetir lo sucedido con los fondos buitre en el 2016, cuando en la “negociación” de aquel año, el Estado argentino ofreció más de lo que los tenedores de bonos pedían? Quien lo sabe. Lo único y concreto querida lectora, estimado lector, es que ya tiene tarea asignada para los próximos, digamos, dos años.

A lo ya explicado en cuanto a lo que el oficialismo debió ceder, pese a la negativa del mismísimo ministro de economía Martín Guzmán, debe agregarse un contexto donde el sector crítico que representa la agrupación política que conduce Máximo Kirchner, aportó con su silencio antes y durante el tratamiento, lo cual sirvió para no condicionar el desarrollo del tratamiento del proyecto. Junto con ello, la totalidad de los discursos aparecieron medidos, sin grandilocuencias, cuidando las formas con el fin de que nadie sufriera una derrota política: ni quienes tributan en el FDT ni quienes lo hacen en Juntos.

Y aquí debe ampliarse una idea: no solamente el oficialismo necesita el acuerdo y que la Argentina no caiga en default. Juntos por el Cambio en general y el Pro en particular depende de su aprobación para tratar de poner en el pasado su responsabilidad política al tomar una deuda de U$s 57.000 millones que debía ser devuelta a partir del tercer año, con muy poco plazo de pago y en tiempos realmente exiguos. Sería un verdadero despropósito que la fuerza política que generó el problema, mirara para el costado a la hora de tratar de darle una salida mucho más armónica para los intereses del conjunto social.

La forma en que se construyó ese apoyo que se traduce en 202 votos a favor tiene una lógica de la cotidianidad de este marzo, pero también tiene el trasfondo que se proyecta desde el mes de noviembre. “La necesidad tiene cara de hereje” diría mi sabia abuela, y los orígenes del consenso deben buscarse en algo que, aunque parezca obvio, algunos parecen olvidar: el resultado electoral de noviembre de 2021.

En el período preelectoral, en un clima que se suponía favorable al FDT, la gran apuesta residía en que el oficialismo obtuviera tal resultado que pudiera ganar siete diputados más en la cámara, con lo cual alcanzaría el quorum propio y lo que es más importante, quedaba posibilitado de aprobar aquellas leyes que no necesitan de mayorías especiales. El resultado fue determinadamente distinto, configurándose un oficialismo que ha quedado debilitado.

Debe decirse, le pese a quien le pese: si en la sesión iniciada el jueves y finalizada en la madrugada del viernes, el oficialismo hubiera contado con el conjunto de sus legisladores dispuestos a votar a favor, tampoco le habrían dado los números para alcanzar la aprobación del proyecto original. La postura negativa de bloques minoritarios como el Interbloque Federal que, entre otros, integran los socialistas santafesinos y que, en estas circunstancias de votaciones ajustadas, suelen transformarse en estratégicos, completan el cuadro. Es discutible si el proyecto estaba bien apuntalado originalmente, pero lo que no puede negarse es que cualquier tratamiento de ley de la cámara baja y que se proponga desde el propio oficialismo, siempre arranca con números que necesita de otros espacios. Como se ha impuesto en redes de estos tiempos: “datos, no opinión”.

De lo visto hasta aquí, de las justificaciones, fundamentos y críticas surge una pregunta de rigor: ¿tiene sentido emular decisiones políticas del pasado con escenarios que resultan muy pocos coincidentes? Nos explicamos: en el argumento de que el kirchnerismo supo desendeudar al país y que, de la mano de Néstor Kirchner, en 2006 Argentina se sacó de encima al Fondo con un pago histórico de U$s 10.000 millones, subyace el fundamento para no validar lo propuesto por Guzmán o, directamente, para no hacer frente a las obligaciones. Varias salvedades al respecto y que ya hemos señalado desde Fundamentar pero que vale insistir ya que el período 2003 – 2006 nada tiene que ver con el de 2019 – 2022:

1) Argentina no viene de una etapa de recuperación económica. Conocidas son las consecuencias de la pandemia y debe decirse que recién en el segundo año de gestión el país ha podido crecer.

2) El FMI es el de siempre, eso es ferozmente cierto, pero el contexto no. En lo interno, en 2006 se venía de una instancia de negociación previa con el organismo, de un triunfo electoral en 2005, el kirchnerismo se presentaba como una novedad política que renovaba expectativas y la oposición no estaba configurada, ni por asomo, en un solo bloque. En 2022 se viene de una derrota política, Cristina Fernández tiene un techo político que la llevó a ceder lo que parecía ser su candidatura natural, y desde 2015 para acá la derecha que supo aglutinarse en Juntos por el Cambio, no baja del 40% en ninguna elección, independientemente del desastre económico, político y social del período 2015 – 2019.

3) En lo externo, el contexto latinoamericano es diametralmente opuesto, y la pandemia primero y la guerra entre Rusia y Ucrania después, acarrean un tiempo de múltiples limitaciones en términos del intercambio de bienes y energía que tanto condicionan y potencian (paralelamente) a la Argentina.

Podemos aspirar a determinada realidad. Podemos desearla como un tiempo idílico si se quiere. Pero lo que nunca podemos es dejar de tener en cuenta la capacidad de acción política que un dirigente, un espacio o un país puede tener.

A medida que el proyecto de acuerdo avance y de que pueda convertirse en ley a partir de lo que resuelva el Senado, el oficialismo deberá tener la suficiente sabiduría para pasar pantalla, sin pase de facturas y entendiendo, como siempre y como nunca, que todos son necesarios.

Ni los números, ni los tiempos políticos permiten verdades absolutas ni iluminados enamoradizos de cierto pasado que no vuelve. Pese a la calidez en estos arrabales del mundo, noviembre trajo una lluvia fría que el Frente de Todos no esperaba. Los movimientos, acuerdos y consensos de estos días reflejan eso. Tal vez sea hora de entenderlo.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

El caso Traferri puede ser abordado desde variadas formas. Desde la crónica periodística, desde la sensación de hartazgo (a veces legítima) de buena parte de la sociedad a partir de algunos comportamientos institucionales y desde un análisis un poco más profundo que intente mostrar la presencia de algunos problemas estructurales de la provincia, que no son nuevos y que van más allá de los nombres propios. Nosotros, elegimos esta última.

Lo primero que debe decirse es que el presente artículo tendrá un doble abordaje. Desde los límites que impone la propia Constitución Provincial a partir de su articulado y desde el sentido en que se han movido los diferentes actores en el asunto. Una aclaración para algún desprevenido: que pongamos el foco de la atención en la carta magna provincial no es un intento para justificar ningún (supuesto) acto delictivo, sino para tratar de mostrar que a veces, ciertas prácticas que creemos impropias para los tiempos que corren, además de tener un marco legal, son el resultado de procedimientos institucionales perfectamente preestablecidas.

La Constitución de Santa Fe tiene un problema severo: su desactualización. Sancionada hace casi sesenta años, en plena proscripción del peronismo, el cual ha sido la fuerza política que más tiempo ha gobernado la provincia desde la vuelta de la democracia, resulta evidente que ha quedado atrasada respecto del marco legal que la contiene en la reformada Constitución Nacional de 1994, del resto de las provincias (excepto Mendoza que tampoco ha hecho cambios) pero fundamentalmente, de la costumbres y prácticas sociales que le dan sentido.

Ya nadie discute la posibilidad de que el jefe de un Poder Ejecutivo sea reelegido o de que las sesiones ordinarias de la Lesgislatura deben durar más que ocho meses. Pero estos son sólo parte de un conjunto de disposiciones que deberían ser modificadas y que el egoísmo de todo el arco dirigente (queriendo imponer la posibilidad de reelección de aquel que es gobernador en el momento que se discute) ha impedido una reforma seria y acorde a los tiempos que corren.      

       

La uninominalidad de los senadores es uno de sus problemas más importantes y que, no casualmente, surge con mucha visibilidad en el caso Traferri. Para explicarnos mejor, recordemos que en nuestra provincia rige un sistema de representación senatorial que emula a la Constitución Nacional donde la Cámara Alta representa a las provincias. En nuestro caso provincial, a los departamentos. Esto, además se refuerza con el sistema electoral que establece que aquel candidato que gana, aunque sea por un solo voto, se queda con la exclusiva representación legislativa. Y aquí ya tenemos dos problemas.

El primero, si se quiere menor, es la desactualización con la carta magna nacional que a partir de su reforma del ’94, estableció que esa representación de los territorios no sea de uno sino de tres senadores, garantizando así la presencia de la primera minoría. Y el segundo, que está en línea con lo anterior, es que en determinadas circunstancias los senadores provinciales cuentan con un poder que muchas veces resulta desmedido. No suele apreciarse ese problema en ciudades como Rosario o Santa Fe, donde la fortaleza político institucional de sus intendentes habla por sí sola, pero en los departamentos del resto de la provincia “el Senador” es interlocutor válido y exclusivo con buena parte del poder central. Menudo problema tienen los presidentes comunales en la gestión cuando el senador y la conducción ejecutiva de la provincia recaen en manos de dirigentes de distinto signo político al suyo.

La necesidad de los ejecutivos de sancionar leyes, ha obligado a interacciones institucionales que muchas veces han excedido lo elemental del diálogo político en una democracia. Por ejemplo, el uso de subsidios que los senadores administran (sin necesidad de poner dudas sobre su legalidad), resultan de una arbitrariedad que refuerza un esquema de poder que se eterniza en el tiempo. No casualmente algunos senadores santafesinos tienen no menos de cinco períodos sobre sus espaldas, eliminando alternancias y renovaciones tan necesarias en una democracia moderna.

Junto con esto, hay otro elemento más que juega en contra de la restringida representación senatorial. Es el caso del senador Armando Traferri y su ya famosa reunión con el detenido y acusado de administrar parte del juego ilegal de la provincia, Leonardo Peiti. Partiendo de la buena fe y suponiendo que la reunión efectivamente haya sido para propiciar un proyecto de ley de juego, ¿alguien supone que, en un esquema de representación más amplia, los “Peiti” necesitarían juntarse en un bar con cualquier legislador de la provincia y no serían “otros” los espacios institucionales donde empezar a proyectar y discutir cualquier proyecto legislativo? Primera tarea para el hogar estimado lector, estimada lectora.

Pero hay otro factor que deviene de la desactualizada constitución y que refuerza la idea de impunidad y de que el Senado santafesino, otra vez, actuó corporativamente. Nos referimos al artículo 51 de la constitución que dice que: “Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones. Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal.” Nótese la diferencia con el régimen nacional que permite que los legisladores SÍ puedan quedar incluidos en el proceso de investigación penal. Allí está el ejemplo de Cristina Fernández a mano. La pregunta sobre la que hoy nadie tiene una respuesta certera, es hasta dónde podrán avanzar los fiscales en la investigación.

La distancia comentada se refuerza con la existencia del sistema acusatorio santafesino que le da una cuota no menor de poder al Ministerio Público Fiscal. Cuando se sancionó, allá por finales del gobierno de Jorge Obeid, fue reivindicado por oficialistas y opositores circunstanciales ya que a partir de ese momento la investigación de las causas quedaría en manos de los fiscales y no del Juez que sólo debía actuar como un reaseguro de ciertos procedimientos.

No se puede mirar para el costado y desconocer que el propio sistema de acusación está siendo interpelado. Más allá de las simpatías y de la renovación que supuso la puesta en práctica del mismo, la situación de varios fiscales que se encuentran detenidos, investigados y en algunos casos denunciados por algunos abusos, hace que la pregunta que planteó el propio sospechado Traferri sobre “¿Quién revisa el accionar de los fiscales?”, sea legítima.

En un diálogo semanal off the récord con un reconocido dirigente sindical de la región, se preguntaba y nos hacía extensiva la pregunta de quién le pone el cascabel al gato cuando el fiscal se excede en sus funciones al punto de hacer una verdadera persecución a quien resulta denunciado. Se lo preguntaba desde una experiencia estrictamente personal. Lo confieso. No tuve respuesta. 

El caso Traferri supone a la política como un coto de caza (cuando hablo de política lo digo en el uso restringido del término, referenciándolo sólo a lo institucional. Los que nos leen seguido saben que nos gusta hablar de política como un término amplio). Al punto tal que su posible desafuero quedó supeditado al trabajo de comisiones que el propio sospechado, a partir de su trabajo legislativo de lustros, domina. Ni siquiera se amplió la discusión al conjunto de la Cámara. Y a la vez que mostró la inevitable ruptura del bloque oficialista, reflejó las relaciones políticas construidas durante el gobierno del Frente Progresista que posibilitaron que, en un Senado dominado por la oposición, nunca hubiera reparos demasiado importantes para interpretar los intereses legislativos de los gobiernos conducidos por Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Una media sanción y subsidio, no se le niega a nadie.

Hay que decirlo con todas las letras: en la protección de Traferri el Senado se autoprotegió (ya sé que cuatro senadores oficialistas fueron la voz discordante, pero aquí lo que cuenta es el resultado final). De momento zafaron todos. Y hasta algún trasnochado que trasunta los pasillos legislativos puede pensar que ganó, cuando en realidad ha quedado muy claro que, ante la mirada social, la institución llamada Senado de la provincia de Santa Fe, perdió.

Pero en realidad, si uno ajusta la mirada, todos pierden. O como en la perinola, todos ponen. Su credibilidad, su prestigio, su reconocimiento. El sistema acusatorio aparece cuestionado, el oficialismo profundizó su crisis legislativa al punto de extenderla al Ejecutivo ya que su vice gobernadora tributa políticamente en el espacio que supo construir el ex intendente sanlorencino. Y la oposición tampoco las tiene todas consigo porque si la investigación avanza, se demostrará que algunas acciones no surgieron a partir del 10 de diciembre de 2019.

Una verdadera lástima para aquellos que reivindican a la política como herramienta de transformación. Tal vez, el epígrafe de este artículo debería haber incluido el cambalache discepoliano que nos habla que todos están en el lodo y manoseados. Pero preferimos citar al paranaense criado musicalmente en La Plata para poder distinguir lo viejo de lo nuevo. Para suponer una mínima idea de esperanza. Tal vez una reforma constitucional justa, honesta y sin egoísmos sea una excelente herramienta.

(*) Analista político de Fundamentar

Después de conocerse los resultados del escrutinio judicial que la dio ganadora por el 0,21% de los votos Cristina Fernández de Kirchner llegó a la Ciudad de La Plata para subirse al escenario e iniciar nuevamente la campaña de cara a octubre.

La acompañan intendentes y distintos candidatos sobre las tablas, por primera vez en toda la campaña, en un acto en el club Atenas de La Plata en donde la liturgia peronista se hace presente.

La expresidenta volvió a reclamar la "manipulación y falsificación" de telegramas y hasta leyó un titular de la BBC de Londres que criticó fuertemente al gobierno nacional por festejar lo que terminó en una derrota.

"Lo principal de hoy es tener que venirles a mostrar un acta de escrutinio definitivo.  Debe el primer acto que pasa. Es la primera vez que pasa que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el definitivo", criticó. 

Y siguió: "Es la primera vez en la historia nacional electoral que un acta da como ganador al que había aparecido como perdedor en el escrutinio provisorio. Es un triunfo sobre la mentira y manipulación. Después de 17 días los argentinos y el mundo se han enterado de qué pasó. Ganó Unidad Ciudadana. Y perdió el gobierno. Que había colocado esta elección como un plebiscito al ajuste". 

Por otro lado, la exmandataria recalcó que "de cada tres argentinos dos votaron a la oposición". "Por primera vez toda la oposición tomó la agenda de la economía, la del ajuste, la de ponerle un freno al ajuste, tarifazo, desempleo. Por eso la suma no es caprichosa. Dos de cada tres dijeron que no", argumentó. 

En esa línea, criticó los festejos de Cambiemos el 13 de agosto por la noche, cuando "estaba un zócalo de la televisión que decía que ganaban por siete puntos".

"Festejaban, bailaban y agradecían haber ganado las elecciones mientras que un zócalo en la televisión había obtenido el 30 y ellos el 37 (por ciento). El mundo vio esto y los argentinos hoy sentimos que nos quisieron vender gato por liebre. Pero no fue gato, fue liebre. Tuvimos paciencia para enterarnos que en este país federal de 24 jurisdicciones, en 14 había perdido el gobierno", precisó.

Aunque insistió que se trató de una operación para mostrar una victoria al mundo." Para que en el horario prime time de la televisión apareciera que ellos habían ganado. Hoy en la BBC de Londres hay un artículo "la insólita elección de la argentina". Este título no lo van a encontrar en Argentina, sí en Londres. 'Mauricio Macri celebró pero ganó Cristina Kirchner', dice".

Además, advirtió que pedirán una auditoría de todos los softwares luego de acusar que "ya sabemos para qué querían el voto electrónico".

Por último, se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado, en donde responsabilizó directamente al gobierno por sobre la Gendarmería que "es la misma que estaba antes de 2015". 

"Sería muy fácil echarle la culpa a la Gendarmería. Pero la Gendarmería es la misma que la que estaba en 2015. Lo que cambio es el gobierno. Los militares reciben órdenes", concluyó. 

 

FUNETE: Perfil

Aclaremos algo desde el comienzo. Julio López es un desaparecido de la democracia, hecho producido durante el tiempo político en el que más se hizo (no el único, recordar el Juicio a las Juntas) por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Julio López duele y seguirá doliendo a todos aquellos que desde hace no menos de 40 años luchan, sufren y se comprometen con la búsqueda de una Justicia plena y real. Las sospechas más firmes siempre apuntaron a las fuerzas parapoliciales de las cuales nos había gustado creer que estaban inoperantes en la Argentina. Santiago Maldonado, por su parte, también es un desaparecido de la democracia. Eso no invalida ni califica de manera diferente al caso anterior. No hace menos “buscable” a uno y a otro. Pero sí hay que marcar algunas diferencias de grado. La primera, y de tan notable ya resulta burda, es que el joven artesano ha sido desaparecido en condiciones que involucran a la Gendarmería Nacional, ergo, el Estado, por lo tanto ya no sólo preocupa si esas fuerzas ilegales están o no operativas, sino si la propia “organización estatal” ha vuelto a hacer de las suyas.

Y ante esto, a 25 días del hecho, vale preguntarse por el rol que le ha cabido al Poder Ejecutivo Nacional (PEN desde ahora) en el cumplimiento de una de sus responsabilidades más acabadas: cuidar y (además) hallar a un ciudadano. Recordemos que desde el comienzo jugó a negar el hecho. Luego se fueron conociendo “detalles” no menores en el asunto que señalan, por ejemplo, la presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación en el lugar. La respuesta de la ministra Patricia Bullrich no deja de representar el desdén con que el macrismo abordó la cuestión: afirmó que el funcionario pasaba por el lugar y se bajó a saludar. Poco creíble en ningún contexto y sobre todo si el funcionario en cuestión ha sido abogado defensor de represores condenados y lo que es peor, en la semana previa a la desaparición de Maldonado, había afirmado que el equipo de coordinación de fuerzas federales y provinciales comenzará "a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM (Resistencia Ancestral  Mapuche) que produzcan delitos en la vía pública en flagrancia. Cada vez que se produzca algún daño o algún corte de ruta"

Pero supongamos, desde la bonhomía, que el gobierno obra de buena fe y que, producto de un macabro plan dispuesto por los opositores, el desaparecido no está desaparecido sino que está escondido. ¿Por qué el PEN va dando pasos a tientas, cometiendo un error tras otro en una secuencia que, como sucede en los últimos 20 meses, termina siendo protegido por gran parte de la corporación mediática argentina?, ¿Por qué recibe como un cachetazo el cambio de carátula de la causa a “desaparición forzada de persona” de manos de una fiscal que, a desgano y ante lo evidente, direcciona la investigación hacia donde debería haberse conducido desde el primer momento?, ¿Por qué se ubica en su propia encerrona?, ¿Podemos afirmar que es un error del gobierno?, ¿Un sector político tan atento al manejo de las “nuevas” tecnologías supuso que esto sería un caso que pasaría desapercibido? Varias preguntas. Intentemos algunas respuestas.

En primera instancia tomemos las declaraciones de la ministra en el Congreso de la Nación: "Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, y echarlo sólo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad.  Necesito a esa fuerza para que me acompañe en la lucha contra el delito”. Mientras esperamos que el narcotráfico sea atacado en serio (no hay un sólo caso de “pez gordo” detenido en las grandes urbes argentinas) la funcionaria parece decirnos que en nombre de la seguridad debemos tolerar que esas fuerzas que ella comanda, hagan lo que quieran. Siguiendo con nuestra mirada benevolente, podríamos decir que debemos re versionar el ya tristemente famoso “roban pero hacen” por el de “te matan (o desaparecen) pero hacen”. Falso. El Estado de derecho nunca puede ser pensado como un cumplidor condicionado y parcial de sus funciones elementales. Las declaraciones en el Senado resultan objetables porque parecen condenarnos a una resignación tonta en función de los objetivos gubernamentales. Como “necesito” a la fuerza, no separo a sus hombres de la investigación, y ni siquiera los retiro del control de la puerta de ingreso donde los testigos deberían ir a declarar.

No se trata de lo que necesite la señora ministra. Es un proceso inverso. Se trata de lo que necesitamos los ciudadanos. Y nosotros necesitamos al Estado para que nos cuide y pueda garantizarnos que, incluso, a un grupo  de supuestos “insurrectos” se les garantice el debido proceso que debe existir en toda democracia que se precie.

En segunda instancia digamos lo más importante. Por naturaleza política, a Cambiemos (pero fundamentalente a PRO, si es que ese frente pudiera ser reconocido como tal) el tema de la desaparición de personas NUNCA ha sido un tema de su abordaje político. Desde la nefasta frase del candidato presidencial (“en mi gobierno se va a terminar con el curro de los derechos humanos”) a las anteriormente citadas declaraciones del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Noceti, no existen sólo dos años de distancia: existe un vínculo tan fuerte que parecen haber sido dichas sin que el paso del tiempo hubiera hecho mella de algún tipo. No lo registran al tema, no está en su ADN como no lo está para un buen número de argentinos que siguen mirando para otro lado.

Tal vez convenga hacernos, ahora sí, una inquietante pregunta. A casi un mes del hecho, en pleno proceso electoral de medio término, en este contexto que afecta a más argentinos que se encuentran en la parte más abajo de la pirámide social; ¿alguien duda que no existe la más mínima posibilidad de que sectores de las fuerzas de seguridad en la Argentina puedan desaparecer personas que pertenecen a un colectivo excluido, que resultan una definitiva minoría y que viven en el “medio de la nada”? Cada ciudadano tiene su respuesta.

Es un gris domingo de agosto y disfruto de mi  hogar mientras escribo este artículo. La pregunta es la misma de las últimas semanas: ¿Dónde está Santiago Maldonado? El Estado, ya no sólo el Poder Ejecutivo Nacional, tiene la palabra. Todos esperamos su respuesta.

 

(*) Analista político de Fundamentar

 

 

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto volvió este miércoles a la Cámara de Diputados para su última revisión antes de ser despachado totalmente del Congreso chileno, probablemente durante esta misma jornada.

Después de dos años de tramitación en el Congreso y un tenso debate legislativo, el Senado aprobó la madrugada de este miércoles despenalizar el aborto en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación, en medio de aplausos mujeres que han impulsado la iniciativa, en una maratónica sesión de casi 17 horas en el Congreso.

"Es una mañana histórica", celebró la presidenta Michelle Bachelet, quien durante su anterior mandato (2006-2010) impulsó la entrega de la "píldora del día después" y ahora volvió a desafiar a los grupos conservadores con una ley de aborto terapéutico, en sintonía con el 70% de la población que aprueba la iniciativa en las tres causales mencionadas.

"Más allá que cada cual puede tener una opinión personal, lo que permite (este proyecto) es que seamos un país donde las mujeres, frente a tales situaciones, puedan tomar la mejor decisión posible", agregó la mandataria.

Solo 10 países en el mundo (entre ellos Nicaragua, El Salvador y República Dominicana en América Latina) prohíben el aborto en todas sus formas.

Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la madre o inviabilidad del feto, pero poco antes de dejar el poder, el exdictador Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió.

No obstante, en el país se registran unos 30.000 abortos provocados o espontáneos, pero se baraja que las interrupciones clandestinas podrían llegar a 160.000.

"Mi cuerpo, mi decisión, yo apoyo las tres causales", decía un cartel de activistas que fueron desalojadas por la Policía del Congreso tras enfrentarse con grupos religiosos, que sostenían en sus manos pancartas con la leyenda: "Vuélvete a Cristo", en un tenso cruce de opiniones que ha marcado la tramitación de esta legislación, constató la AFP.

"Desde recuperada la democracia, las mujeres, y buena parte de la sociedad civil, venimos luchando por la interrupción del embarazo para evitar los abusos y las arbitrariedades sobres nuestros cuerpos y dignidades. Hoy estamos más cerca de hacer real esta demanda", dijo Claudia Dides, vocera de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles),

Apelación al Tribunal Constitucional 

A cuatro meses de las elecciones que elegirán a su sucesor, la presidenta Bachelet resolvió ponerle "suma urgencia" al proyecto para despenalizar el aborto en tres causales, una de las reformas más emblemáticas de su segunda gestión que concluye en marzo de 2018.

Gran parte de la derecha opositora se opuso tenazmente a la iniciativa, y legisladores de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron que llevarán el proyecto al Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera la protección del niño que está por nacer.

"Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por las tres causales. Lo que está aprobando el Congreso es relativizar el derecho a la vida, es decir, qué tipo de seres humanos tienen derecho a vivir", sostuvo la senadora ultraderechista Jacqueline van Rysselberghe, en un último intento por detener la aprobación del proyecto.

Pero el gobierno anunció que defenderá la iniciativa.

"Como Ejecutivo, nos hemos preparado para ese escenario y lo vamos a defender en el Tribunal Constitucional", dijo este miércoles la ministra del Ministerio de la Mujer, Claudia Pascual.

"Es evidente que aún existe una fuerte oposición a los derechos de las mujeres motivada por ideologías ultraconservadoras", estimó Claudia Dides.

Clave en la aprobación del proyecto fue el apoyo de la senadora de derecha liberal Lily Pérez, quien expresó que la decisión de abortar "debe ser de la mujer" y "no del Estado".

Desmantelamiento del conservadurismo

La legislación viene a saldar una deuda con las mujeres en Chile, un país donde históricamente los grupos conservadores tienen una gran influencia, si bien en los últimos años han perdido poder.Los chilenos tuvieron que esperar hasta 2004 para poder divorciarse, y hace dos años se aprobó un Acuerdo de Unión Civil que permite las uniones de parejas homosexuales, otro de los grandes debates de la sociedad.

 

FUENTE: AFP

La ley, impulsada dentro del programa de ajustes para recuperar la confianza de los mercados y sacar al país de la recesión, fue aprobada por 50 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención.

La Cámara baja ya había aprobado el proyecto en abril y Temer debería promulgarlo esta misma semana.

La nueva normativa da preeminencia a los acuerdos negociados por sector o empresas sobre la legislación vigente en temas como el parcelamiento de las vacaciones hasta en tres periodos o la duración de las pausas, a condición de que tengan un mínimo de 30 minutos.

Autoriza la "jornada intermitente", una de sus disposiciones más polémicas, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual.

También determina el fin de la cotización sindical obligatoria.

Respaldada por los mercados, esta ley es rechazada por un 58% de los brasileños, según una reciente encuesta Datafolha. Los sindicatos realizaron una huelga general el 29 de abril y organizaron jornadas de protesta para denunciar el "retroceso" social de los planes de ajuste del gobierno.

La nueva Legislación del Trabajo forma parte de un arsenal de reformas macroeconómicas, junto a la congelación del gasto publico durante veinte años (promulgada el año pasado) y al ajuste del régimen de jubilaciones, en tramitación en la Cámara de Diputados pero trabado por la crisis política.

"Creo que aprobamos una de las reformas más ambiciosas de los últimos 30 años", se felicitó Temer tras la votación en una declaración a la prensa.

A oscuras

Los reclamos alcanzaron el martes la propia mesa del Senado, cuando tres legisladoras opositoras ocuparon el estrado e impidieron a su presidente, Eunicio Oliveira, ocupar su sillón.

Visiblemente irritado, Oliveira suspendió los debates y ordenó apagar los micrófonos del recinto, que también quedó a oscuras.

El bloqueo se extendió durante seis horas.

"Ni la dictadura militar [1964-85] se atrevió a ocupar la Mesa del Congreso Nacional", lamentó Oliveira al reabrir la sesión.

"Pero ni la dictadura militar se atrevió a revocar la legislación laboral!", replicó en Twitter el senador del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) Lindbergh Farias.

Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, sostienen que sus reformas apuntan a "generar empleos", en un país confrontado a la peor recesión de su historia, con 13,8 millones de desocupados (13,3% de la población activa).

El mandatario buscará un respiro con este respaldo, pero su victoria podría ser pírrica porque muchos de sus aliados creen que su desgaste le impedirá avanzar en la reforma de las jubilaciones, que requiere el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores de ambas cámaras por ser de tipo constitucional.

Un apoyo que ahora parece difícil para Temer, con todas sus fuerzas centradas en su supervivencia política y los legisladores con la mirada ya puesta en los comicios generales de octubre de 2018.

Batalla

Convertido hace dos semanas en el primer presidente en ejercicio de Brasil en ser inculpado formalmente de corrupción, este lunes Temer recibió otro duro golpe.

Pese a formar parte de su propio partido, el PMDB (centroderecha), el relator de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados, Sérgio Zveiter, recomendó encaminar a la corte suprema la denuncia.

El parecer fue otro jarro de agua fría para su gobierno, aunque corresponderá al Plenario de la Cámara decidir si el caso debe ser transmitido al Supremo Tribunal Federal (STF), única instancia capaz de abrir un juicio contra Temer.

Si ello finalmente ocurre, el mandatario sería apartado del cargo por un máximo de 180 días, abriendo una nueva crisis poco más de un año después de la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, en un proceso de impeachment por manipulación de las cuentas públicas.

Temer fue acusado de recibir un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares) de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, a través de un asesor al que la policía fotografió recibiendo una maleta con ese dinero antes de detenerlo.

En este contexto ganan cada vez más fuerza las voces que ven en el presidente de la Cámara -y primero en la línea de sucesión-, Rodrigo Maia, la opción más viable para sacar a Brasil de una crisis que no parece tener fin.

Temer, sin embargo, sigue confiando en obtener una mayoría suficiente para archivar el caso en el Plenario, dado que la aprobación de su tramitación a la corte suprema debe ser aprobada por dos tercios de los escaños (342 de los 513 diputados).

 

FUENTE: AFP

Con 56 votos a favor, la Cámara alta terminó de sancionar el proyecto que comenzó a ser tratado ayer en la Cámara de Diputados para contrarrestar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó ese beneficio en un caso de delitos de lesa humanidad.

Durante el debate, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo que "en Argentina ha sucedido un hecho desgraciado" que es la ley del 2x1, ya que se trata de una norma "orientada a solucionar temas de espacio penitenciario, y también, secundariamente, a solucionar los temores de los jueces".

En la misma línea se expresó el senador de la Alianza Unen Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que su espacio apoya "decididamente" la "reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino" en el repudio al fallo de la Corte.

La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo encabezó un acto en repudio al fallo de la Corte (Foto: Ignacio Petunchi)

En total, fueron presentados siete proyectos de por distintos bloques que se fusionaron en uno solo, que modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -hoy derogada- para especificar que el 2x1 "no es aplicable" a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

La decisión se tomó el martes mientras la Cámara de Diputados debatía un texto que establece que la Ley 24.390 "no será aplicable a los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra", de acuerdo con lo contemplado en convenios internacionales.

La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo encabezó un acto en repudio al fallo de la Corte (Foto: Ignacio Petunchi)

La iniciativa se confeccionó días después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de que un condenado por delitos de lesa humanidad sea beneficiado por la Ley del 2x1. Esa legislación, que se aplicó entre 1994 y 2001, establecía que se computaba doble cada día de detención sin sentencia firme.

En este marco, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo encabezó un acto en repudio al fallo de la Corte en el Salón Provincias de la Cámara alta. Además, organismos de derechos humanos convocaron a una concentración en rechazo a la sentencia que dictó el máximo tribunal de Justicia, que tendrá lugar a las 18 en Plaza de Mayo.

El martes, en un hecho poco habitual, el debate en Diputados aglutinó a todas las fuerzas de la Cámara, que se unieron para alterar el temario de la sesión prevista con el fin de incluir el tema de la conmutación de penas sobre el que se expidió la Corte Suprema. Sólo contó con el rechazo del salteño Alfredo Olmedo.

 

FUENTE: Ámbito

Al hablar ante los senadores en una sesión especial para brindar un informe a casi 500 días de gestión de Cambiemos, Peña sostuvo que el mayor desafío de la administración de Mauricio Macri para los próximos meses es la reducción del déficit fiscal, y aceptó que “hay sectores productivos con más complicaciones que otros como las pymes”. Y ratificó las metas inflacionarias estimadas en entre 12 y 17 por ciento para este año, de 8 a 12 por ciento para 2018 y de un 5 por ciento para 2019.

A su vez, Peña reclamó “separar la paja del trigo” al advertir que “no todo cierre o despido” en empresas se produce “por razones macroeconómicas sino que se debe comprender que “puede haber casos de mala praxis empresarial” que no tienen que ver con una responsabilidad en la política económica oficial.

“Sabíamos que la transición económica iba a llevar a una etapa más compleja y compartimos la preocupación”, expresó. Pero remarcó que los indicadores “comenzaron a cambiar en cuanto a empleo y datos de inflación”.

El funcionario afirmó que se busca “fortalecer la inversión y exportaciones para generar un desarrollo sustentable” y pronosticó que para este año se “mejora la expectativa de consumo y la baja de la inflación”.

 

FUENTE: El Ciudadano 

 

La medida cayó como una bomba política ya que Calheiros, al momento de la decisión, acompañaba a Temer en el anuncio del envío al Congreso de una enmienda constitucional para cambiar el régimen jubilatorio en el país, lo cual debilita aún más la fuerza política del jefe del Estado.

La decisión del magistrado Marco Aurelio Mello -que debe ser sometida al plenario del STF- se da en el marco de la batalla institucional que el Congreso ha trabado con el Poder Judicial con un proyecto anticorrupción que prevé sanciones para abusos de poder de jueces y fiscales.

Calheiros es uno de los hombres más poderosos del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) y la semana pasada había sido procesado por corrupción por la máxima corte, que aceptó, al menos en forma cautelar, que un procesado no puede permanecer en la línea sucesoria.

El juez Mello aceptó un pedido el partido Rede, de la ex candidata ambientalista Marina Silva, para apartar a Calheiros del cargo, que será asumido por el vicepresidente del Senado, Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores (PT).

La decisión de apartar a Calheiros puso nuevamente al PT al frente de la línea sucesoria del país luego de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff el 31 de agosto pasado.

El reclamo de renuncia de Calheiros fue uno de los motivos de las manifestaciones de ayer en Brasil para defender la posición de los fiscales de la Operación Lava Jato, que investiga el caso Petrobras, y del juez Sergio Moro, contrarios a las propuestas de sanciones por abuso de poder a los miembros del magistratura.

Con la decisión de este lunes, la corte suprema brasileña vuelve a involucrarse de lleno en el Congreso, ya que había removido de la presidencia de Diputados a otro cacique del PMDB, Eduardo Cunha, luego expulsado de la Cámara baja y ahora detenido por corrupción por orden de Moro.

El procesamiento de Calheiros se dio cuando la corte aceptó una denuncia del fiscal general que apunta que el senador recibió coimas de la empresa constructora Mendes Junior para pagar la pensión de una hija extramatrimonial.

Al mismo tiempo que se conocía la decisión contra Calheiros, un juez de primera instancia de Mato Grosso embargó el equivalente a 35 millones de dólares al ministro jefe de gabinete, Eliseu Padilha, hombre fuerte del PMDB de Temer, y a cinco socios por haber deforestado más de 800 hectáreas en forma irregular para un proyecto agrícola.

Los analistas indicaban que al salida de Calheiros del cargo estratégico pone en jaque la robustez política de Temer, quien hoy admitió al diario O Globo que hubo movimientos de sus aliados para cambiar al ministro de Economía, Henrique Meirelles, algo a lo que se negó.

Este nuevo escenario debe poner a la oposición en otro nivel de discusión frente al ajuste económico, sobre todo a la votación de la enmienda constitucional prevista para el 13 de diciembre, que congela por 20 años el gasto público, una medida clave para los inversores que impulsa Temer y su ministro Meirelles.

"Ahora el Senado no tiene condiciones de votar la enmienda constitucional, Vamos a decirle al nuevo presidente del Senado que cambie la agenda y que la votación no ocurra", dijo el senador Lindbergh.

FUENTE: Ámbito

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri