Hay dos hechos en los que pueden sintetizarse la semana política anterior y que, seguramente, marcan la que hoy se inicia: la reforma judicial con su paralelo de la Comisión creada para revisar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación y el caso Vicentín. 

No sé de qué se trata, pero me opongo. Dando por sentado la leyenda que afirma que la frase le corresponde a Don Miguel de Unamuno, quien, llegando tarde a las tertulias madrileñas, allá por las primeras décadas del siglo XX, expresaba esa frase como una suerte de prevención política; la oposición que representa buena parte de Juntos por el Cambio, hizo gala de una reversión del Grupo A de 2009, y comunicó su férrea oposición a un proyecto que aún no se conocía y al funcionamiento de una comisión que, teniendo un elenco variopinto de abogados, aún ni siquiera realizó una primera reunión de trabajo.

La estrategia, que no se circunscribe sólo a este tema, parece ser clara en el medio de la pandemia: generar una sensación de hastío que, como dijimos hace algunas semanas atrás en este espacio, desgaste irremediable y tempranamente al gobierno nacional, representando esto un riesgo muy peligroso ya que, a poco menos de ocho meses de haber iniciado el mandato, resultan ilegítimas semejantes pretensiones. 

Esa oposición que encarna un sector muy particular de JxC, se propone a disputar en el Ágora un doble juego: mientras ejerce su rol opositor disputa una interna para ver quien se queda con el sector más reaccionario del electorado. Por un lado, Mauricio Macri, que parece dispuesto a ser un viajero del mundo antes que un dirigente político que asume las dificultades de la hora, representado por su ala dura que conduce la ex ministra Patricia Bullrich y por el otro, una conducción de la Unión Cívica Radical que tiene como principalísimo objetivo prevalecer en una fórmula presidencial que lo posicione con expectativas de cara a 2023. Un camino que parece eterno, pero que, según parece, en algún momento habría que iniciar. La duda es si ésta es la mejor coyuntura para hacerlo. 

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1289701440944922624

A veces, si dejamos de tener en cuenta ese juego peligroso, ese conglomerado político parece, correr a la deriva, con los ojos ciegos bien abiertos. Se plantea la oposición a un proyecto de ley, por las dudas, por lo que puta pudiera, como diría mi abuela, y el cuestionamiento a la conformación de una comisión que tiene entre sus integrantes, a defensores de Clarín (Andrés Gil Dominguez fue uno de los abogados que actuó como amicus curiae del multimedios en la discusión ante la Corte por la Ley de Servicios Audiovisuales) y a referentes cercanos al propio ex presidente (Inés Weinberg de Roca es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que Macri propuso para ser la Jefa de los fiscales del Estado argentino en el año 2018). Que el primero de ellos haya tenido que aclarar que no se hizo kirchnerista habla por sí sólo del dislate opositor.

De los conflictos se sale por arriba. Así pareció entenderlo en algún momento el presidente Alberto Fernández cuando aceptó la intermediación del gobernador Omar Perotti, un “moderado”, en el conflicto con la empresa Vicentín y que algunos pretendían reproducir como la 125 II. Tal como lo reconoció el primer mandatario y pese al malestar de muchos, hubo una lectura política inicial equivocada del asunto. Pero a la vez, también hubo una virtud: no cerrarse al esquema inicial aceptando distintas alternativas que parecieron corporizarse en el ya caído fideicomiso que convertiría en socios de la empresa estresada financieramente a sus acreedores (estafados). Podrán decirse muchas cosas de ese error inicial, pero no podrá negarse que el oficialismo dio una respuesta diferente al escenario político que se produjo entre marzo y julio de 2008, a partir de la ya famosa resolución firmada por el dúo Fernández y, a no olvidarse, por el siempre (renovadamente) impoluto Senador Martín Lousteau.

Con un hilo de twitter, el presidente pareció ordenar el asunto. Aunque muchos de sus partidarios vieron a la decisión de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia que habilitaba la intervención y expropiación de Vicentín como una claudicación irreductible, la nueva normativa puso blanco sobre negro. Viendo los fundamentos presidenciales, se destaca la decisión de responsabilizar al juez por los vaivenes que impidieron que el Estado se haga cargo de la situación. Para muestra basta un botón: varios meses después de haber iniciado el proceso judicial, aún no se cuenta con la memoria y balance de 2019 por parte de la empresa. Todo un detalle que le da sentido al asunto.

https://twitter.com/alferdez/status/1289308899049238528

Pero, además, hay otro elemento a significar. En una sociedad que tiene deudas que triplican sus activos, la decisión de no seguir avanzando en un proceso que, tal como se estaba desarrollando, derivaría en esa eterna costumbre argentina de estatizar deudas privadas, creando una nueva versión del Estado bobo que supimos conseguir en otros tiempos, es un acierto.

El impacto del nuevo decreto se notó en los medios dominantes en sus publicaciones del fin de semana. En su escasa y moderada cobertura se refleja que el tema ya no es lo que era. Separada la hojarasca de lo verdadero, alejado el griterío movilizante que alegaba república y propiedad privada, queda la situación de un proceso concursal “común”, donde muchos acreedores (poderosos bancos internacionales, el Estado nacional, productores que fueron burlados en su buena fe) y trabajadores, deban conformarse con perder lo menos posible antes que con recuperar lo que legal y legítimamente les corresponde.

El montaje final es muy curioso, es realmente entretenido. Algún trasnochado político podrá pensar que le asignaron una dura derrota al Poder Ejecutivo, cuestión que está por verse. Un falso republicanismo de cotillón se enseñorea por este tiempo en la Argentina. Nada nuevo bajo el sol, por cierto. El problema es que en el medio hay personas, de carne y hueso. Y aunque la reforma judicial y Vicentín nos parezcan temas alejados, tienen que ver con nuestro día a día, con los ganadores y perdedores de un sistema que debería ser esencial y básicamente, más justo, ¿no?

(*) Analista político de Fundamentar

La derecha argentina siempre fue conservadora a la vez que se auto percibió republicana. A lo largo de la historia, ese republicanismo siempre hizo gala de una parte del complejo fenómeno: la libertad. Poco ha importado que también hay otra pata en esta mesa, la de la igualdad. Así las cosas, la proclama por Vicentín no hace más que sumar un nuevo capítulo de esta larga zaga. 

Desde la consolidación de una idea de nación triunfante en Caseros de 1852 y en paralelo con la implementación del modelo agroexportador, la libertad (económica) fue el eje vertebrador de un orden que se pensó como potencia desde siempre. Pero esos beneficios no eran masivos. Inicialmente, sólo se les garantizaba a las elites y posteriormente, con la llegada del irigoyenismo, algún reconocimiento alcanzaba a las capas medias que surgieron sobre comienzos de siglo y que ese modelo había formateado.

Pero esa libertad declamada, además, lejos estaba de ser plena. Basta recordar la Ley de Residencia de 1904, o la necesidad de sancionar, en 1912, la ley que habilitaba el supuesto voto universal, obligatorio y secreto (recordemos que tuvieron que pasar más de 40 años para que se consagrara el voto femenino). Se ha afirmado hasta el cansancio que esa derecha que se decía liberal, en realidad, garantizaba las libertades del comercio, pero muy poco de las otras: aquellas que tenían que ver con el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los hombres y mujeres que habitaban este suelo. 

Pero el fenómeno no quedó circunscripto a las primeras décadas del siglo XX, sino que puede trazarse una huella que llega hasta nuestros días. La Revolución Libertadora, fusiladora de ciudadanos que pensaban distinto, se justificó con la idea de reinstalar los valores democráticos y republicanos que, supuestamente, se habían perdido durante la década anterior. La cosa no fue excepcional. Los gobiernos que le siguieron, a la vez que declamaban la plena vigencia de derechos, proscribían al movimiento político que había sido derrocado ilegalmente, allá por 1955. Sabido es que esa prohibición duró nada más y nada menos que dieciocho años.

La propia dictadura instaurada en 1976 (también asesina, pero en otra escala), se auto justificó en nombre de la libertad y en defensa de la propiedad privada. Aunque se nota que los convencimientos no eran tan determinantes, al punto de haber estatizado la deuda privada, allá por comienzos de los 80’.

Sirva el breve recorrido histórico para señalar que el fenómeno no es nuevo. La unidad de Pro y de parte del radicalismo (sí, aquel que fue fundado por hombres como Leandro N. Alem o Hipólito Irigoyen) dio vida a la alianza Cambiemos que llegó al poder en diciembre de 2015 reivindicando los valores republicanos como razón de ser de su futuro gobierno. Su líder, Mauricio Macri, había llegado a ese sitial rompiendo todos los récords en la cantidad de leyes vetadas que había sabido sancionar el poder legislativo porteño y estando procesado por una causa de escuchas a familiares. Pero poco valor tenía eso.

En realidad, la república como concepto político tiene forma y sustancia. La primera de ellas refiere a la continuidad y garantía de ciertos procesos regularmente establecidos en las leyes y en el tiempo que sirven para darle un ordenamiento a la vida social. Esos procedimientos están inspirados esencialmente por esa sustancia que le da sentido y que responde al fondo del asunto. No pueden ser pensados el uno sin el otro. 

La derecha vernácula, que se dice moderna, ha tenido la enorme virtud de aglutinarse en virtud de unos pocos ejes centrales que se declaman a los cuatro vientos, a la vez que reivindica los últimos cuatro años de administración macrista que mucho atentó contra esa idea de república. A fuerza de ser sinceros, poco ha aportado a esa idea de sustancia en combinación de libertad e igualdad. Bastan ver los indicadores sociales que le heredó a sus sucesores para entender de qué va la cosa. Más desempleo, más pobreza y más exclusión son datos inexorables de esa gestión. 

Pero, supongamos que fuéramos generosos (o socios), y nos quedáramos con la parte formal del asunto, la que refiere a los procedimientos republicanos que marcan la Constitución y las leyes argentinas. Apenas asumido, Mauricio Macri pretendió forzar el ingreso de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con procedimientos que no están establecidos por la ley; se paró de los dos lados del mostrador en el caso Correo Argentino; anuló leyes de plena vigencia y legitimidad (como la llamada Ley de Medios) con meros decretos presidenciales; en materia de deuda no sometió sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a la aprobación del Congreso Nacional. Y podríamos seguir, aunque deberíamos dejar en claro que cada lector tendría que decidir cuáles de estos hechos mencionados refieren a formas y cuáles a sustancias.

Ese mismo grupo político que ha salido a plantear la defensa de una empresa severamente sospechada de haber producido graves estafas no sólo al Estado, sino también al conjunto de productores de la región, es conducido por un grupo de hombres y de mujeres que han violado la intimidad de decenas de personajes públicos sin entenderse muy bien por qué. Quienes han denunciado al populismo como al peor de los males de nuestra sociedad, no dudaron en perseguir jueces y periodistas que no pensaban igual y en espiar ilegalmente a propios y extraños, utilizando el apriete como recurso político. Y no se trata de un grupito de alocados encabezados por un presidente de la nación, una ministra de seguridad o los directores de un área de inteligencia. Se trata también de dirigentes, en tanto ciudadanos, que miran para otro lado respecto del problema.

Si una república sólo fuera una mera sucesión de libertades consagradas per se, muy lejos estaríamos de ella a partir de lo vivido en los anteriores cuatro años. Puede discutirse si nos gusta o no la idea de la expropiación, recurso que, recordemos que está garantizado en la mismísima Constitución Nacional. Lo que no puede obviarse es el hecho de tener que defender a un grupo de empresarios severamente sospechados de ser unos vulgares delincuentes de guante blanco que se han servido del Estado y que han tenido nexos demasiado imbricados con esa misma fuerza política que, a la vez que avaló el desfalco, hoy nos cuenta a todos que la defensa de ese accionar es la defensa de la república. 

Vaya paradoja. Una vez más, como a lo largo de la historia, la derecha argentina declama por algo que no practica cuando está a cargo del poder político. Como el tero, que pone los huevos en un lugar y grita en otro. Y como en el mundo del revés donde un ladrón es vigilante y otro ladrón es juez.

(*) Analista político de Fundamentar

Desde hace varias semanas sostenemos que el gobierno nacional necesitaba “cambiar de pantalla" y comenzar a trabajar sobre una agenda que rompiera la monotemática cuestión de la pandemia del Coronavirus. Mal que les pese a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su zona metropolitana, (en especial a muchos de sus comunicadores que no ven más allá de las fronteras de la General Paz), el distrito más rico no es EL país ni mucho menos. Si, como dijo hace ya muchos años el cantautor catalán que el “Sur también existe”, no menos densidad le corresponde al llamado interior del país.

Lentamente, y con el paso de los días, Alberto Fernández comenzó a tratar de imponer otra agenda. Sus cinco viajes a sendas provincias en menos de dos semanas, así parece indicarlo. Pero, y aquí no cabe lugar para las dudas, el hecho más trascendente se produjo hace exactamente una semana atrás cuando anunció la intervención primero, y la expropiación después, de una empresa emblemática como Vicentín.

En pocas horas, el conjunto político, sindical y social se expresó. 

Apoyando, se puede contar desde el gobernador Omar Perotti, quien gobierna la provincia más afectada por las andanzas del dúo Nardelli–Padoan, y que deberá hacerse cargo de una situación explosiva en términos sociales si la empresa no lograr salir del atolladero de deuda y crisis a la que fue sometida; pasando por dirigentes sindicales; el propio intendente de Reconquista, quien rápidamente recibió a parte de la intervención en su despacho oficial; hasta llegar a legisladores nacionales y provinciales que ven en la decisión política la oportunidad de un cambio real en las relaciones del poder económico, no sólo santafesino sino nacional.    

Como es obvio, del otro lado la respuesta fue otra. Rápidamente la oposición configurada en Juntos por el Cambio creyó encontrar un hueco desde donde retomar protagonismo y participar (en algo) de la agenda pública, que viene mostrando la escalada imparable de las diversas formas de espionaje que se ha padecido en la Argentina en el período 2015 – 2019. Veloz de reflejos, el intendente de Avellaneda promovió una movilización con múltiples matices, abrazo solidario a la empresa y caravana de autos en paralelo. El agite llegó a algunos barrios de CABA y de Rosario transformado en el siempre estimado y sobrevalorado golpe de cacerolas.  

El sector concentrado de la economía también hizo oír su voz, acompañado de sus voceros mediáticos, los de derecha y los que se dicen de izquierda, pero no toleran un poco de riesgo político (cosas de este siglo XXI mi estimado lector/a) Se habló de Venezuela (oooootra vez) desconociendo procesos, historias y coyunturas sociales; de ruptura con el perfil del presidente / candidato y de que había prevalecido la lógica kirchnerista, incluso, como venganza de la derrota de la 125. Y aquí me quiero detener.

La oposición de Juntos por el Cambio que, como siempre decimos, incluye voceros de todo tipo que generan un ida y vuelta donde no se sabe muy bien quién le presenta el discurso político a quién (si los dirigentes a los medios, o al revés), aspira y ansía el escenario de marzo – julio de 2008. Hay una intención clara de imponer la idea de un “dejá vu” de aquel tiempo, existiendo la clara necesidad de repetir escenarios. El deseo político radica en la necesidad de imponer una derrota que sirva de lección y limitante de la acción del gobierno de Fernández. Pero la situación es diametralmente diferente, por varias razones. 

La primera, digamos que el presidente, haciendo valer ese perfil del candidato, en pocas horas convocó a los responsables de la empresa (y de su desastre actual) y al gobernador de Santa Fe a una mesa de diálogo que, si bien no modificó la situación ni mucho menos, sirvió para transferir parte de la responsabilidad a los empresarios en la “posibilidad” de que aporten otra propuesta. “Superadora” la llamaron (la estimada compañera Sonia Alesso, debería exigir el pago del copyright de rigor).

Lo segundo que corresponde señalar es que se trata de una decisión sobre UNA empresa puntualmente afectada, con innegable proyección al conjunto del sistema pero que se encuentra atravesado por un contexto económico que nada tiene que ver con el 2008. Las diferencias son claras: en aquel tiempo el “nuevo” gobierno (llegaba desde y) atravesaba un momento de expansión económica. Antítesis de la realidad heredada del macrismo. 

Finalmente, digamos que los actores (y algunos hechos) se parecen, pero no son los mismos. A la diversidad de voces que comentábamos más arriba, le acompaña la idea de cierto relato. En 2008, pegó (y muy fuerte) el discurso de un Estado voraz que iba sobre el trabajo de chacareros que se deslomaban de sol a sol para llevar una vida digna y que con su esfuerzo nos mantenían al conjunto de los citadinos argentinos, vagos por confesión y concepción. Más allá de la falacia de los argumentos (el actor chacarero en ese formato es una especie en extinción tal como lo demostrara, entre otros la socióloga Norma Giarracca), lo cierto es que la realidad de la empresa impone un límite muy severo a ciertos posicionamientos políticos. Exceptuando a los dirigentes de JxC, principales interesados en que la verdad no salga a la luz por razones obvias, no parece muy inteligente de parte de ningún representante político el terminar abrazado a una causa que defiende el posible desfalco de una empresa. Para muchos, más allá de ciertas miserabilidades o convicciones (califique ud. señor lector/a) pararse del lado de las patronales del campo en 2008 tenía costo cero. Hoy, defender supuestos delincuentes de guante blanco no tiene el mismo beneficio.   

Dicen que la ciencia no tiene una explicación causal ni mucho menos certera de lo que refiere un dejá vu. Según Ezequiel Gleichgerrcht, investigador en Neurociencias Cognitivas de Ineco (Instituto de Neurología Cognitiva), "Está ganando terreno la propuesta de que sería un error en el tiempo de estos procesos: a medida que percibimos una situación, la información se va almacenando en la memoria a largo plazo, lo cual genera un retraso en la información por ser este último un proceso más complejo. Eso provoca, unos segundos después, la sensación de que ya hemos vivido la situación actual”(1). Algo de eso parece acontecerle a cierta dirigencia argentina: creen que ciertos procesos pueden ser repetidos eterna y mágicamente. Tal vez sea hora de volver a lo más básico de la comprensión de lo social y entender que la dinámica de la política nos inhibe a simular modelos. Es hora de aprehenderlo. 

(*) Analista político de Fundamentar

(1)Diario Infobae. Publicado el día 2 de mayo de 2012. “Déja Vu. Realidad o Fantasía”