Eso es bueno. Permitir a Facebook usar Libra para privatizar el sistema internacional de pagos hubiera sido un perjuicio para la humanidad. Pero las autoridades que ahora están poniendo freno a Libra deberían pensar en el futuro y hacer con ella algo innovador, útil y visionario: entregar Libra, o el concepto en que se basa, al Fondo Monetario Internacional, para que lo aplique a la reducción de los desequilibrios comerciales y financieros globales. De hecho, una criptomoneda a la manera de Libra puede ayudar al FMI a cumplir su propósito original.

Cuando el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció con bombos y platillos el lanzamiento de Libra, la idea pareció interesante e inocua. Cualquiera que tuviera un teléfono móvil podría comprar unidades de Libra con moneda local y métodos habituales como tarjetas de débito y banca electrónica. Luego esas unidades se podrían transferir a otros usuarios de Libra para comprar bienes y servicios o saldar deudas. Para garantizar la plena transparencia, todas las transacciones se basarían en tecnología blockchain. Pero en marcada diferencia con Bitcoin, las unidades de Libra estarían totalmente respaldadas por activos seguros.

Para vincular Libra a activos tangibles, la asociación que la respalda prometió usar sus ingresos, junto con el capital semilla contribuido por sus empresas integrantes (al menos 10 millones de dólares cada una), para comprar activos financieros de alta liquidez y calificación crediticia (por ejemplo bonos del Tesoro de los Estados Unidos). En vista de la preponderancia de Facebook, no era difícil imaginar que llegaría un momento en el que la mitad de la población adulta del planeta (representada por 2400 millones de usuarios activos de Facebook al mes) de pronto tendría una nueva moneda para hacer transacciones entre usuarios sin pasar por el resto del sistema financiero.

La reacción inicial negativa de las autoridades fue torpe. Al resaltar los posibles usos delictivos de Libra, sólo consiguieron confirmar la sospecha libertaria de que enfrentados a la amenaza de perder el control del dinero, reguladores, políticos y bancos centrales prefieren asfixiar cualquier innovación monetaria liberadora. Es una lástima, porque el principal instrumento facilitador de la actividad ilícita es el dinero en efectivo a la vieja usanza, y sobre todo, porque Libra plantearía una amenaza a la totalidad del sistema político‑económico incluso si nunca se la usara para financiar el terrorismo o la delincuencia.

Comencemos con los perjuicios de Libra para las personas. Hay que recordar el enorme esfuerzo invertido por la mayoría de los países en minimizar la volatilidad del poder adquisitivo de las monedas locales. Gracias a ese esfuerzo, hoy con cien euros o cien dólares se puede comprar más o menos lo mismo que el mes que viene. Pero de cien euros o cien dólares convertidos a Libra no puede decirse lo mismo.

En la medida en que Libra estaría respaldada por activos denominados en diversas monedas, el poder adquisitivo de una unidad de Libra en cualquier país fluctuaría mucho más que la moneda local. De hecho, Libra se parecería a la unidad interna de cuenta del FMI, llamada “derechos especiales de giro” (DEG), que refleja un promedio ponderado de las principales monedas del mundo.

Para ver lo que esto implica, piénsese que en 2015, el tipo de cambio entre el dólar y los DEG fluctuó hasta un 20%. Si en aquel momento un consumidor estadounidense hubiera convertido cien dólares a Libra, estaría sometido a la agonía de ver el poder adquisitivo local de las unidades subir y bajar como un yoyó. En cuanto a los habitantes de países en desarrollo, cuyas monedas son propensas a desvalorizarse, la facilidad para cambiar divisas provista por Libra aceleraría la depreciación, estimularía la inflación local y aumentaría la probabilidad y la intensidad de las fugas de capitales.

Desde la crisis financiera de 2008, las autoridades han luchado para manejar la inflación, el empleo y la inversión con instrumentos fiscales y monetarios que, antes de la crisis, parecían funcionar razonablemente bien. Libra disminuiría todavía más la capacidad de los estados para suavizar el ciclo económico. La eficacia de la política fiscal se vería afectada por la contracción de la base impositiva a la par del traslado de los pagos a un sistema global dentro de Facebook. Y el golpe para la política monetaria sería todavía mayor.

Para bien o mal, los bancos centrales manejan la cantidad y el flujo de dinero modificando las tenencias de activos financieros de los bancos privados. Cuando quieren estimular la actividad económica, les compran préstamos comerciales, hipotecas, depósitos y otros activos, con lo que los bancos tienen más efectivo para prestar. Y al revés cuando se trata de enfriar la economía. Pero cuanto más éxito tuviera Libra, más dinero transferiría la gente de sus cuentas bancarias a la billetera de Libra y menos capacidad tendrían los bancos centrales para estabilizar la economía. Es decir, la creciente fuga de fondos a Libra profundizaría la volatilidad y la gravedad de las crisis que afectan a personas y estados.

La única beneficiada sería la Libra Association, que obtendría enormes ingresos por los intereses de los activos internacionales que acumularía con la enorme cuota del ahorro mundial absorbida por su plataforma de pago. Y pronto caería en la tentación de extender crédito a personas y corporaciones, con lo que el sistema de pagos subiría un nivel y se convertiría en un monstruoso banco mundial que ningún gobierno podría jamás rescatar, regular o liquidar.

Por eso es bueno que Libra se esté viniendo abajo, junto con el sueño de Zuckerberg de tener un monopolio privado de los pagos mundiales. Pero no hay que arrojar al bebé (la tecnología) con el agua sucia (el monopolio). La solución está en hacer que el FMI implemente la idea en nombre de sus estados miembros, para reinventar el sistema monetario internacional a tono con la propuesta que hizo John Maynard Keynes en la Conferencia de Bretton Woods (1944) para la creación de una “cámara compensadora internacional”, que fue rechazada.

Para crear este nuevo Bretton Woods, el FMI emitiría una unidad basada en blockchain similar a Libra (llamémosla “kosmos”) cuyo tipo de cambio respecto de las monedas locales flotaría libremente. La gente seguirá usando las monedas locales, pero todas las transacciones comerciales y financieras transfronterizas se denominarán en kosmos y pasarán por la cuenta del banco central de cada país en el FMI. Se gravarán el déficit y el superávit comercial, y en caso de aumento súbito de la salida de capitales desde cualquier país, las instituciones financieras privadas deberán pagar un arancel proporcional. Estas multas se acumularán en una cuenta del FMI denominada en kosmos que operará a la manera de un fondo de inversión soberano mundial. De pronto, todas las transacciones internacionales se volverán plenamente transparentes y libres de fricciones, mientras que las multas, pequeñas pero significativas, pondrán coto a los desequilibrios comerciales y financieros y servirán para financiar inversiones ecológicas y una redistribución correctiva de la riqueza entre el Norte y el Sur.

Ideas brillantes que serían catastróficas en manos de aventureros privatistas deben ponerse al servicio del interés público. De ese modo, podemos aprovecharnos de su ingenio sin caer presa de sus designios.

FUENTE: Project Syndicate

(*) Ex ministro de finanzas de Grecia; líder del partido MeRA25 y profesor de economía en la Universidad de Atenas

Katya Adler, de la BBC, informó desde Bruselas que los funcionarios de la UE hablan de “Varoufakis: la secuela”; en concreto, que prevén “‘montones de reuniones sin ningún sentido’ con el primer ministro Johnson, como creen que sucedió con el controvertido ministro de finanzas de Grecia en lo peor de la crisis de la deuda griega”. Andrew Adonis, ex secretario de transporte y ministro de educación laborista, añadió a la comparación su admiración por la canciller alemana: tuiteó que “[Angela] Merkel está tratando al RU como a Grecia, y a Johnson como a Varoufakis”.

Seguro que a Johnson todo esto le resultará muy gracioso. Sabe que en la etapa previa al referendo de junio de 2016 para el Brexit estuvimos en campos opuestos. Mientras él viajaba por el RU en su infame autobús liderando la campaña por la salida de la UE, yo me lo pasé yendo y viniendo por el país con políticos como John McDonnell (laborista) y Caroline Lucas (del Partido Verde), para pedir a los votantes que resistieran los cantos de sirena del Brexit.

Pero Johnson es demasiado inteligente para que le importe. Él, su mano derecha Dominic Cummings y Michael Gove (un veterano miembro del gabinete y partidario a ultranza del Brexit) saben cómo dividir y conquistar a sus oponentes, lo que confirma que los halcones del Brexit son mucho más duchos en estrategia que los partidarios de permanecer en la UE.

En un artículo para el Times publicado dos meses antes del referendo para el Brexit en 2016, Gove se deshizo en elogios hacia un libro de mi autoría en el que resumo la evolución de la UE, desde ser un mercado común hasta convertirse en una unión monetaria rígida y antidemocrática; pero omitió convenientemente mencionar el hecho de que me opuse al Brexit o a cualquier otro intento de romper la UE o el euro. Asimismo, hace un año, Johnson (en referencia a mi libro Adults in the Room) escribió en su columna en el Telegraph: “Como explicó (…) Varoufakis, la tragedia de los griegos fue que nunca tuvieron coraje para mandar al diablo a sus amos de la UE” (y también olvida mencionar que yo no buscaba un Grexit).

Más recientemente, el Telegraph (un diario pro‑Brexit) recordó a sus lectores: “Al principio del proceso del Brexit (…) Varoufakis predijo que si el RU entraba en negociaciones, Bruselas intentaría intimidarnos igual que a los griegos, y que lo mejor que podíamos hacer era levantarnos de la mesa (…)”. Luego añadió: “Boris Johnson (…) entendió el mensaje”.

La única enseñanza que al parecer Johnson aprendió de mí es que nunca hay que entrar en una negociación si no se está dispuesto a abandonarla sin un acuerdo. Pero es algo que sabe cualquier persona sensata, con la triste excepción (evidentemente) de la predecesora de Johnson, Theresa May, y del ex primer ministro griego Alexis Tsipras. Ahora, la mayor enseñanza que hay que aprender es que el enfrentamiento entre un Johnson resuelto y una UE constitucionalmente inflexible va a provocarle enorme daño a Europa.

A comentaristas y políticos les encanta explotar al máximo el paralelismo Brexit‑Grexit (un paralelismo cuya promoción se facilita por el hecho de que ambos países celebraron referendos contrarios a los deseos de la dirigencia europea). Pero es una comparación ociosa que dificulta comprender las cuestiones cruciales que enfrentan nuestros países, y peor aún, puede acercar un Brexit sin acuerdo en el que ambas partes saldrán perjudicadas.

Seré claro: jamás defendí un Grexit (y eso me ocasionó la pérdida de incontables amigos de izquierda). Los votantes griegos nos eligieron en enero de 2015 para poner fin al sufrimiento innecesario que les habían impuesto unas políticas ridículas que convirtieron una recesión económica en una crisis humanitaria. Ni ellos ni yo, como negociador oficial con la UE, queríamos un conflicto con el bloque. Lo único que demandábamos era políticas razonables que nos permitieran permanecer en la unión monetaria en forma viable y con un mínimo de dignidad.

Tres días después de mi asunción al cargo, el presidente del Eurogrupo de ministros de finanzas de la eurozona, Jeroen Dijsselbloem, me amenazó con un Grexit si insistía en renegociar nuestra insostenible deuda pública y la contraproducente austeridad que la acompañaba. Mi respuesta fue: ¡Hagan lo que quieran! Y no estaba echándome un farol. Yo no quería un Grexit, pero una mayoría de los griegos creían (y yo sigo creyendo) que la esclavitud de la deuda dentro del euro era peor.

El Grexit, en síntesis, fue un arma que la UE creó y usó para obligar a sucesivos gobiernos griegos a aceptar el encarcelamiento de su país en el equivalente neoliberal de una workhouse de la era victoriana. El Brexit, en cambio, fue una aspiración nacida dentro del RU, enraizada en la incompatibilidad estructural entre el capitalismo anglosajón del laissez-faire y el corporativismo continental, e invocada por una coalición formada por sectores de la aristocracia británica, que consiguieron cooptar a las comunidades de clase obrera arruinadas por los estragos industriales de Margaret Thatcher. Esos votantes estaban ansiosos de castigar a las élites cosmopolitas londinenses por tratarlos como a ganado sin ningún valor.

Irónicamente, el trato que dio el establishment de la UE a Grecia contribuyó en gran medida a la exigua mayoría por la que ganó el Brexit. En mis mitines anti‑Brexit, especialmente en el norte de Inglaterra, me encontré con muchas personas que aunque simpatizaban con mis argumentos, iban a votar por abandonar la UE. Muchos me decían: “Después de ver el trato que le dio la UE al pueblo griego, no podemos votar por quedarnos”.

De modo que poner en una misma bolsa los dos actos de oposición al establishment europeo es una total tontería. Cuando los partidarios de la permanencia en la UE (como Andrew Adonis o una corresponsal de la BBC en Bruselas) describen a Johnson como el nuevo Varoufakis, no le hacen a su causa ningún favor. Theodore Roosevelt dijo con razón que si un presidente estadounidense le fallaba a su país, no oponérsele era antipatriótico. Del mismo modo, ceder ante la amenaza de Grexit que nos lanzó el Eurogrupo hubiera sido lo más antieuropeo que yo podía hacer. Mi objetivo era fortalecer a Europa convirtiéndola de unión de austeridad en ámbito de prosperidad compartida. A diferencia del gobierno de Johnson, teníamos un nuevo mandato democrático y una gran mayoría, como quedó demostrado por el referendo del 5 de julio de 2015 a favor de una estrategia europeísta progresista, que dijera a Europa: no queremos el Grexit, pero estamos dispuestos a aceptarlo si fuera necesario.

Si yo hubiera tenido éxito, hoy Europa estaría más fuerte, más unida y más capaz de oponerse al aliado natural de Johnson en la Casa Blanca. Pero por supuesto, a diferencia de Johnson, yo era un mero ministro de finanzas. Tsipras cedió, y el resultado fueron otros cuatro años de crisis, más bríos para el Brexit y una UE más débil, mientras la austeridad generalizada contribuía al mal desempeño económico de la eurozona.

Los que creen que oponerse a la élite de la UE es axiomáticamente antieuropeo no comprenden que la condescendencia ociosa hacia esa élite es el mejor aliado de los halcones del Brexit. Están ayudando a Johnson a hacer la de Dijsselbloem, no la de Varoufakis.

FUENTE: Project Syndicate

(*) Ex ministro de finanzas de Grecia;  líder del partido MeRA25 y profesor de economía en la Universidad de Atenas

La falacia, que se ilustra en un comentario reciente de Philip Stephens del diario Financial Times, es que “Atenas no logra o no quiere –o las dos– poner en aplicación un programa de reforma económica.” Una vez que esta falacia se presenta como hecho es natural que la cobertura se centre en que nuestro gobierno, en palabras de Stephens, “está desperdiciando la confianza y buena voluntad de sus socios de la eurozona”.

No obstante, la realidad de las negociaciones es muy distinta. Nuestro gobierno está dispuesto a aplicar un programa que incluya todas las reformas económicas que señalan los grupos de reflexión económica de Europa. Además, estamos en una posición única para conservar el apoyo del público griego para un programa económico sólido.

Consideremos lo que eso significa: un organismo fiscal independiente; superávits fiscales primarios razonables permanentes; un programa sensato y ambicioso de privatización combinado con un organismo de desarrollo que utilice los activos públicos para crear flujos de inversión; una reforma verdadera de las pensiones que garantice la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social; la liberalización de los mercados de bienes y servicios, etc.

El problema es sencillo: los acreedores de Grecia insisten en una austeridad incluso mayor para este año y más adelante –enfoque que impediría la recuperación, obstruiría el crecimiento, agravaría el ciclo deuda-deflación-

Así pues, si nuestro gobierno está dispuesto a adoptar las reformas que nuestros socios esperan, ¿por qué no han producido las negociaciones un acuerdo? ¿En qué punto están bloqueadas?

El problema es sencillo: los acreedores de Grecia insisten en una austeridad incluso mayor para este año y más adelante –enfoque que impediría la recuperación, obstruiría el crecimiento, agravaría el ciclo deuda-deflación, y al final erosionaría la disponibilidad y capacidad de Grecia para aplicar el programa de reforma que el país necesita con tanta urgencia. Nuestro gobierno no puede aceptar –y no aceptará– un remedio que mostró durante más de cinco años ser peor que la enfermedad.

La insistencia de nuestros acreedores en aplicar una mayor austeridad es sutil y al mismo tiempo firme. Se pone de manifiesto en su exigencia de que Grecia mantenga superávits primarios elevados que no son sostenibles (más del 2% del PIB en 2016 y superiores al 2.5% o incluso al 3% en los años siguientes). Para lograrlo, tendríamos la obligación de aumentar la carga global del impuesto al valor agregado al sector privado, reducir pensiones ya de por sí reducidas en todos los sectores; y compensar las ganancias de la privatización (debido a los precios deprimidos de los activos) con medidas de consolidación fiscal “equivalentes”.

La opinión de que Grecia no ha logrado una consolidación fiscal suficiente no solo es falsa, es patentemente absurda. La gráfica (ver abajo) no solo lo muestra sino también explica sucintamente por qué Grecia no ha tenido resultados tan positivos como por ejemplo, España, Portugal, Irlanda o Chipre desde la crisis financiera de 2008. En comparación con los demás países de la periferia de la eurozona, Grecia ha sido objeto de una austeridad de al menos el doble. Eso es todo.

Después de la reciente victoria del primer ministro, David Cameron en Reino Unido, mi buen amigo, Lord Norman Lamont, ex ministro de Finanzas, comentó que la recuperación económica británica respalda la posición de nuestro gobierno. Recordó que en 2010, Grecia y Reino Unido tenían déficits fiscales más o menos similares (en comparación con el PIB). Grecia volvió a tener superávits primarios (que excluyen los pagos de intereses) en 2014, mientras que el gobierno británico consolidó de forma mucho más gradual y aún no tiene superávit.

Asimismo, Grecia ha enfrentado una contracción monetaria (que recientemente se ha convertido en asfixia monetaria), a diferencia del Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra ha respaldado cada acción del proceso. El resultado es un continuo estancamiento de Grecia, mientras que el Reino Unido ha registrado un crecimiento sólido.

Observadores objetivos de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores que han durado cuatro meses, no pueden evitar llegar a una simple conclusión: el mayor obstáculo, lo único que impide llegar a un acuerdo, es la insistencia de los acreedores en que se aplique una austeridad incluso mayor, aún a expensas del programa de reforma que nuestro gobierno está dispuesto a aplicar.

Evidentemente, la demanda de nuestros acreedores de una mayor austeridad no tiene que ver con preocupaciones sobre una reforma verdadera o avanzar hacia un camino fiscal sostenible en Grecia. Su única motivación es algo que solo los historiadores futuros – quienes sin duda examinarán gran parte de la cobertura de los medios actuales con algo de escepticismo– podrán averiguar.

 

(*) Ministro de finanzas de Grecia

 

FUENTE: Project Syndicate

 

Grecia paga, pero sigue en situación límite. El Gobierno dio orden este jueves al banco central del país para que abonara al Fondo Monetario Internacional (FMI) los 459 millones de euros que vencían de parte de su ayuda en préstamos.

 

 

 

La eurozona aprobó las reformas de Grecia en materia económica presentadas al Eurogrupo para lograr un acuerdo que le permita prorrogar el rescate de sus finanzas. Entre lo más destacado del proyecto está el combate a la corrupción, la evasión fiscal y la optimización del sector público.