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Ver o no ver. ¿Esa es la cuestión?

2024-06-09T09:29:45-03:00

La prédica libertaria supo instalar el latiguillo “no la ven”. Anclados en la idea de una especie de clarividencia superior y en el amplio triunfo electoral desarrollado a lo largo y ancho del país, atravesando múltiples capas sociales, edades y realidades personales, la frase se expandía en varios sentidos. Podía aplicarse al apoyo subterráneo de sectores que hasta hace no mucho anidaban en el peronismo, a una nueva forma de entender la vida en comunidad por estos arrabales del mundo o, una vez instalados en el gobierno, al supuesto éxito del fenomenal ajuste fiscal que se le propuso a la sociedad. Pero más allá de los matices, la esencia de su apoteosis debe ser rastreada en cierto hartazgo social que supo darle un apoyo a un espacio político que nada tiene que ver en su esencia y conformación con lo que habíamos conocido hasta ahora.

Pero ya nada es lo que era. Desde hace tres semanas el gobierno ha comenzado a convivir con una crisis que ha quedado expuesta a la vista de todos. En pleno mes de junio, y a seis meses de haber asumido, ya no se trata de qué ven los demás, sino de descubrir cómo se sale de un laberinto que tiene frenada a la administración, donde la angustia social se hace cada vez más visible y donde el liderazgo presidencial no parece alcanzar para correr el eje de lo que se discute en lo público.

Suponiendo que diéramos por válida la hipótesis libertaria de que existen dos grandes sectores, los que están a favor y en contra del gobierno (por suerte la realidad es mucho más rica y variada) dos preguntas atraviesan a las presentes líneas: ¿Todos vemos lo mismo? Y, complejizando el análisis, ¿no deberíamos comenzar a entender que más allá de lo que se vea, la novedad del libertarismo argento radica en que poco y nada le importa de la forma en la que el resto “vemos” esa vida en sociedad? Veamos los ejemplos.

1. Con la comida no se jode. ¿No se jode? Inicialmente, en un contexto de acuciante necesidad para vastos sectores empobrecidos, el gobierno queda averiado porque se descubre que tiene cinco millones de kilos de alimentos sin distribuir, que han sido adquiridos por la administración anterior, que se enfrentan con el riesgo de vencerse y que no ha efectuado ninguna compra desde que llegó al poder. La situación se transforma en un escándalo, surgen denuncias judiciales que, con apelaciones incluidas, le niegan razón al oficialismo; se eyectan del cargo a los supuestos responsables, se los maltrata en los mass media a los fines de salvar a una funcionaria que, evidentemente, no cuenta con las capacidades necesarias para conducir un superministerio que sintetiza cuatro áreas sociales siempre sensibles.

En términos políticos la reacción oficialista rememora a los mejores métodos de la denostada casta. De arranque se niega el problema, basadas en una soberbia que se parece más a la de la noche del triunfo del 19 de noviembre que a las respuestas que deben darse en una gestión, se hacen afirmaciones contradictorias en el seno del mismo equipo gubernamental. En una caída espiralada, a medida que el problema aparece en escena, el oficialismo se esmera en tomar medidas que cada vez lo debilitan más, oponiéndole un respaldo presidencial inédito a la funcionaria, acompañado de un apoyo en tándem y artificial del conjunto ministerial y calificando a la misma de “mejor ministra de la historia”. En mi Tablada natal acuñábamos el término “dime de que presumes y te diré de qué careces”.

2. Ajuste excepcional. El oficialismo cumple con su promesa electoral e impone la motosierra y la licuadora. Pero no lo hace sobre los sectores que había señalado en la campaña sino que lo concreta sobre los sectores bajos, medios y sus enemigos ideológicos. Elimina todo tipo de ayuda social más allá de algunos aumentos circunstanciales de AUH y de la tarjeta Alimentar, reduce drásticamente subsidios de todo tipo, desde aportes al sistema de transporte en el interior a la ayuda con medicamentos a pacientes con enfermedades terminales, licúa ingresos de jubilados y pensionados vía decreto e intenta ahogar financieramente a las universidades públicas.

El libertarismo recibe un fenomenal cachetazo político en las calles, donde no menos de un millón de personas se movilizan en todo el territorio nacional en defensa de la educación pública y sale a responder que las movilizaciones representaban una “causa noble pero tenían fines oscuros”. Con el correr de los días pactará con la universidad más grande del país y al cabo de semanas con las otras 59 casas de altos estudios.

En la semana que acaba de concluir, la Cámara de Diputados dio una señal que apunta en varios sentidos y logró aprobar la media sanción de una reforma jubilatoria que promete recomponer lo perdido en los últimos meses y que le permitiría levantar el ancla de ajustar los ingresos de los mayores por el lado de la inflación. La mejora, que supone un incremento del 0,43% del presupuesto, y que viene con la sugerencia del lugar de donde deberían salir los fondos, es denostada por el conjunto del gobierno.

El presidente, en un nuevo stand up, sobreactúa enojo, afirma que le importa “tres carajos” lo que se apruebe en el Congreso, y anuncia que vetará cualquier ley que le impida cumplir con el superávit fiscal. Acá ya no se trata de saber ver o interpretar: los números con los que se aprobó el proyecto en Diputados y por lo que ya se presupone en Senadores, deja al conjunto de legisladores con la posibilidad real de rechazar ese hipotético veto porque se estuvo muy cerca de alcanzar los dos tercios que habilita el artículo 83 de la Constitución Nacional.

En los días que vienen, el Indec se apresta a dar el número de inflación de mayo. Todo parece indicar que rondará el 5%, dato que será mostrado como un triunfo económico y político en sí mismo, aunque el mismo muestre una contracara acuciante y que se refleja, por ejemplo, en los indicadores que dio a conocer el jueves el organismo, donde el sector de la construcción cayó un 37% interanual mientras que la industria manufacturera lo hizo en un 13%. Ni respuesta macroeconómica en V, ni en formato de la pipa de Nike. Como en un pozo negro, por ahora el fondo no se muestra visible.

3. El papelón internacional como método. Javier Milei gusta de mostrarse como un referente mundial. Sólo así se entiende su afición por los viajes internacionales a encuentros que agregan poco valor a los intereses del Estado argentino, que se circunscriben a gustos personales y que tienen como mayor mérito el encuentro con empresarios del mundo digital que por ahora no han hecho más que sacarse alguna foto en modo libertario.

Secundado por la evidente incapacidad de su ministra de Relaciones Internacionales y Culto, Diana Mondino, quien parece estar en la cuerda floja, el oficialismo no ha dejado papelón por realizar a partir de autopercibirse y autocelebrarse como disruptivo. A los devaneos con China (en muy poco tiempo vence el swap por U$s 5.000 millones), la nula relación con un socio estratégico como Brasil y el surgimiento de un conflicto sinsentido con España, por estas horas se agregó el capricho de no asistir a la invitación de Italia a la reunión del G7 en los días 13 y 14 de junio, decisión que habría sido desestimada por la queja por lo bajo y en términos diplomáticos que formulara el gobierno de Giorgia Meloni.

En ese recorrido internacional de estudiantina se evidencia la esencia del deseo presidencial, mostrando como logros medidas que tienen un feroz lado oscuro, pero que poco importan a los fines de proyectarse como un profeta itinerante que pareciera tener a la Argentina como uno más de sus destinos de desarrollo político.

Los tres elementos descriptos brevemente, la ausencia de ayuda social, el ajuste y el papelonezco rol de las relaciones internacionales, reflejan una esencia distinta de las formas del relacionamiento político, al punto de que Milei se permita declarar como una especie de topo que maneja las riendas del Estado para destruirlo desde adentro.

Por todo ello no tiene sentido buscar atisbos de arrepentimiento, culpa o vergüenza por las políticas aplicadas y sus consecuencias. Si en algún momento, desde este mismo espacio, nos animamos a titular algún artículo como “Mezquinos y rotos”, es porque de alguna manera, al representar a determinados sectores, el libertarismo descree de cierto sentido común construido a lo largo de cuatro décadas de democracia.

Los hechos son los mismos. Pero la explicación y su justificación no son validadas de la misma manera por los distintos sectores que le dan vida a una comunidad. Reconocidos en una sociedad democrática, el planteo schmittiano de la relación amigo / enemigo debería ser relativizada. Pero de a poco, el oficialismo comienza a sufrir el desgaste del uso y abuso de esa estrategia, sobre todo cuando la misma es azuzada desde una posición de extrema debilidad institucional, sin cuadros político técnicos que le den sustento a la gestión y contando con el apoyo cada vez más restringido de algunos referentes mediáticos.

El deterioro comienza a ser tan evidente, que un tribunal judicial como el que se sintetiza en la Cámara Federal de Comodoro Py, conducida por personajes de la talla de Martín Irurzun, uno de los protagonistas principalísimos del Lawfare argento, le terminó dando la razón en una cautelar al siempre polémico Juan Grabois. O también, si quisiéramos quedarnos en la lógica mediática, ciertas calificaciones políticas y personales sobre el presidente acaban siendo coincidentes entre las antípodas que suponen personajes como Roberto Navarro o Marcelo Longobardi.

Ya no se trata de seguir esperando que el mundo libertario vea lo mismo que el conjunto del sistema político. Cada vez queda más expuesta una forma de relacionamiento donde poco importa lo que le sucede al otro. El individualismo extremo, pero también la miserabilidad que suponen ciertos desprecios, en algún momento encontrarán límites de parte de una sociedad que, mayoritaria y efectivamente, quería castigar a buena parte de su dirigencia política. Pero a veces, el remedio es peor que la enfermedad. Por estos días, algunos empezaron a tomar nota.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Ajustadores y negadores

2020-11-22T21:05:46-03:00

La actividad política y el uso de los slogans van de la mano. Los recursos que la emparentan resultan absolutamente válidos como forma de comunicación. Incluso, en no pocas ocasiones, algunos suponen a las frases hechas como forma de construcción. Desde hace poco más de un par de semanas asistimos a la definición de que el gobierno que conduce Alberto Fernández está comenzando un proceso de ajuste que estaría focalizado en los sectores menos favorecidos de la sociedad. Veamos.

La reforma previsional por un lado y el anuncio del no pago del IFE 4, han actuado como una referencia de esta etapa que habría comenzado a transitar el Poder Ejecutivo y que tiene como dato complementario las charlas con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. El análisis sería más o menos claro: Argentina necesita un acuerdo que le permita evitar el pago del crédito obtenido bajo la administración Macri, y el organismo internacional aprovecharía la oportunidad para imponer condiciones que derivan en las medidas de siempre.

Otro dato innegable es que, del uso de los slogans al doble discurso, también se está a un solo paso. Muchos de los que ahora ponen el grito en el cielo por la decisión gubernamental de no renovar el pago del IFE, son los referentes que, a comienzos de la pandemia, criticaban la emisión monetaria que lo garantizaba. Erradores seriales de anuncios que nunca se producen, varios de ellos llegaron a afirmar que el país se enfrentaba a una inminente hiperinflación. Si bien la última medición dada a conocer por el INDEC, no puede dejar conforme a nadie, quienes pasamos cierta barrera etaria y hemos gozado del uso de la razón en el final del gobierno de Raúl Alfonsín y en los comienzos del que encabezó Carlos Menem, sabemos la distancia inflacionaria que existe entre este 2020 pandémico y los años 1989 y 1990.

El otro hecho que justificaría el ajuste sería la aprobación de una nueva reforma previsional que, de alguna manera, llevaría las cosas al modelo sancionado en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que la nueva vieja fórmula se compone de cómo evolucione la recaudación fiscal sumada a las negociaciones paritarias que lleven adelante los sindicatos, ajustando los haberes de manera semestral, en marzo y setiembre de cada año. A su vez, el modelo macrista, ajusta entre otros factores por inflación y de manera trimestral. De allí el mensaje claro de los grupos amarillos que sostenían que nuestros mayores nunca perdían sus haberes pese a los contextos inflacionarios, lo cual puede darse como cierto, pero con un dato incontrastable: resultaba casi imposible ganarle a la inflación, a lo sumo se le podía empatar.

La reforma que se intenta aprobar por estos días va en un sentido contrario: en un contexto de expansión económica, con mayores niveles de recaudación y gremios muy activos discutiendo el reparto más justo de la “torta”, los jubilados se verían beneficiados al igual que el resto de los activos. Si el nuestro es un sistema que se define como solidario, ya que los haberes de nuestros mayores dependen de los aportes mensuales de los activos, este modelo vendría a reforzar ese proceso. Algo así como si ganan los trabajadores, ganamos todos.

Pero lo que queda pendiente de explicación y que muchas veces evita comentar la oposición de Juntos por el Cambio, son las razones por las cuales es necesario sentarse a negociar con el FMI. Y la respuesta, de tan sencilla y obvia parece una explicación para analfabetos políticos que recién se incorporan a la vida social del país: es necesario negociar porque el desastre económico que dejó Mauricio Macri, y el tipo de préstamo otorgado por el organismo multilateral resultan inviables para la Argentina. Escuchar o leer los argumentos de aquellos que avalaron préstamos de 44.000 millones de dólares que nunca pasaron por el Congreso, tal como establece la Constitución Nacional, se parece más a una construcción de sentido propiciada por negadores, antes que por ciudadanos o dirigentes responsables y preocupados por el devenir de la realidad argentina.

Si la negación consiste en la invalidación de una parte de información desagradable o no deseada y en vivir la propia vida como si aquella no existiera, algunos protagonistas del período 2015 – 2019, podrían ser calificados de negadores.

Pero, además, la idea de ajuste que se trata de imponer desde algunos sectores resulta fácilmente cuestionable con un par de hechos que marcaron la agenda pública de la última semana. El primero de ellos fue la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas y el segundo, el aumento a jubilados del 5%.

Si la palabra a aplicar es AJUSTE, ya sabemos que, en la Argentina, nunca se ha “ajustado” con aportes de los más ricos. La reacción indignante, otra vez, de la corporación mediática y política por el aporte que deberán realizar poco menos de 10 mil personas, se parece mucho al reino del revés. Salvo que entendamos definitivamente, que muchas voces que se dicen “progresistas”, en realidad actúan como voceros de los intereses de aquellos que, directa o indirectamente, los contratan.

En un país que alguna vez le redujo ingresos a trabajadores estatales y a pasivos, que ciertos protagonistas se indignen por la insignificancia de un 5%, refuerza la vieja idea de que, a veces, los patos les tiran a las escopetas. Es cierto que el número de poco más de $19.000 para un ingreso mínimo duele, pero no es menos cierto que en 2020, con pandemia y caída de la economía mundial de más de un 10%, los jubilados argentinos ganarán unos pocos puntos de sus ingresos, en contraposición al resto de los mortales que hemos perdido sin remedio. ¿Vaso medio vacío o medio lleno? Lo dejo a tu criterio, diría la famosa modelo.

Resulta obvio que, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, algo deberán conceder los Guzmán boys, pero el riesgo superior radica en el ajuste de hecho que supone una devaluación. Lo que alegremente nos dicen ciertos cantos de sirenas respecto de las bondades macroeconómicas de hacer caer aún más el peso, nada tiene de beneficioso para la inmensa mayoría de los argentinos, ya que el corrimiento de precios en el mercado interno es inmediato y la transferencia de recursos muestra gananciosos a los mismos de siempre. Desconocer esta parte de la realidad y de la historia argentina supone dos cosas: interés individualista o ignorancia supina. Ninguna de las dos favorece a las grandes mayorías.

(*) Analista político de Fundamentar

Discapacidad: prestadores pierden por el ajuste presupuestario del gobierno

2019-08-09T12:22:16-03:00

La situación de los transportistas y profesionales que prestan servicios a personas con discapacidad "es dramática" y si el gobierno sigue ignorando el reclamo del sector se podría llegar a un punto sin retorno, según advierten.

En poco más de tres años, 43 transportistas de este segmento en Rosario y región dejaron de prestar ese servicio por el ajuste que Cambiemos realizó en el rubro, con actualizaciones de los aranceles que no siguieron el ritmo de la inflación.

"La situación es dramática", sentenció Pablo Bolego, titular de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atraes).

Al inicio de la presidencia de Mauricio Macri, en el Gran Rosario había cerca de 400 licencias activas para trasladar a las personas con discapacidad que concurrían a centro de día o instituciones de rehabilitación; hoy apenas llegan a las 350.

"El gobierno nacional no le va a dar de baja a las prestaciones, pero lo que hace es ahogar a los prestadores", indicó el transportista y agregó: "No hay manera de que se pueda sostener el servicio con lo poco que aumentaron los aranceles", explicó en alusión a que el dinero que perciben por el servicio –regulado por autoridad nacional– ha quedado relegado por la inflación.

La crítica situación del sector, donde el Estado "ahoga cada día más" de forma "perversa" a los transportistas, se verá reflejada en la movilización que se realizará el próximo 26 de septiembre en el Monumento a la Bandera.

"Estamos precarizando el servicio y llegamos a un límite donde no podemos ni reparar la unidad", dijo Bolego y aclaró que el gobierno "no está garantizando los derechos de las personas con discapacidad". "Es una situación extrema", volvió a remarcar.

Sobre los espacios políticos que competirán por la presidencia del país en las elecciones de agosto y octubre, el presidente interino Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) comentó: "No hemos tomado una decisión con respecto a las elecciones, pero hemos sido convocados sólo por el Frente de Todos para diseñar políticas relacionadas con la discapacidad".

Al igual que los transportistas, los profesionales que trabajan en instituciones de rehabilitación, en Centros de Día y Centros Educativos Terapéuticos están en riego. En los últimos dos años, el gobierno nacional aumentó las prestaciones en un 17 por ciento (5 año en 2018 y 12 en mayo de 2019), período donde la inflación fue del 70% (47,6 el año pasado y 22,4% en el primer semestre del corriente año).

Además, las instituciones que prestan los servicios a personas con discapacidad recibien el aporte del Estado "cuando hay alguna partida disponible".

"Estamos con muchísimas dificultades", señaló Mariel Chapero, directora de Casa Azul, el espacio que aloja a niños, niñas y jóvenes, incluyendo dispositivos que desde la Ley 24.901/97 se instituyen en el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

La psicóloga explicó: "El programa Incluir Salud paga cuando aparece una partida, esto complica muchísimo a las instituciones porque no hay previsibilidad para pagarle a sus trabajadores".

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de la vicepresidencia, que brinda servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). El programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todos los usuarios, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.

"Están en riesgo las prestaciones de rehabilitación, del Centro de Día y del Centro Educativo Terapéutico (espacio que remplaza el sistema educativo formal). En muchos casos se pierden tiempos preciosos, en relación a que en las infancias las intervenciones no tienen el mismo efecto que cuando los pacientes son más grandes. En algunos otros, se pone en riesgo la vida del usuario si no recibe el tratamiento", indicó la vicepresidenta de Apridis y ejemplificó: "Una prestación de kinesiología en pacientes que están sumamente complicados orgánicamente hace a la posibilidad de sobrevivir si tiene una enfermedad respiratoria. Es decir, un paciente que no está rehabilitado si se pesca una neumonía se puede llegar a morir".

Asimismo, sobre la movilización federal del 26 de septiembre, Mariel manifestó: "Es una forma de visibilizar el trabajo que realizamos y al mismo tiempo poder denunciar el serio retroceso que estamos viviendo en materia de derechos en el campo de la discapacidad".

"La situación es muy compleja y grave", concluyó la psicóloga.

FUENTE: RosarioPlus

EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Santiago Toffoli

El empleo en su peor momento: se perdieron 268.000 puestos

2019-05-31T10:50:45-03:00

Se desmiente así que la caída de salarios genera una disminución del desempleo.

Justo un día después del paro de trabajadores, el Ministerio de Producción y el Indec publicaron datos complicados sobre la coyuntura laboral: incluso con los salarios cayendo en forma pronunciada, el trabajo registrado del ámbito privado mostró un marcado deterioro y se contrajo 2,5% interanual, lo cual muestra que no sólo la baja se pronunció respecto a los meses anteriores sino que es la mayor de los últimos años, al superar las marcas de las recesiones de 2016 y 2014.

Estos números ponen en contradicción a la idea ortodoxa de que abaratar el empleo, es decir bajar el salario en términos reales, redunda en un crecimiento de los puestos.

Sólo en marzo, se perdieron 40.600 puestos de trabajo registrados contra febrero. Libre de factores de estacionalidad, la dinámica implicó una caída del 0,3% mensual. Un mal mes en un pésimo año: en la comparación con marzo del 2018 se perdieron 268.300 puestos registrados, lo que implicó una caída de 2,2%. Para colmo, el sector con peor desempeño fue el privado, donde se perdieron 161.000 puestos, es decir una contracción de 2,5%.

Los números muestran el resultado de la megadevaluación que arrancó en abril del año pasado. La contracción del salario real y el desplome del consumo hizo que la actividad económica cayera 2,5% durante el 2018. Pero el ajuste en el salario real, con una pérdida de 11,3% real en marzo (ver aparte), no sirvió para que el empleo detuviera o revirtiera la tendencia a la caída. Así, ajustó por precio, es decir por salario, y también por cantidad.

Un informe reciente publicado por el equipo técnico de la diputada Fernanda Vallejos destacó: "La caída generalizada del salario real estuvo lejos de incentivar a una mayor contratación de trabajadores por parte de las empresas, como predeciría un manual de economía ortodoxa, en donde a menor costo laboral, las cantidades de empleo se incrementarían". "No obstante, las políticas económicas implementadas y sus resultados refutaron dicha hipótesis. Lo cierto es que la creación de puestos de trabajo tiene que ver con el dinamismo de la actividad económica en su conjunto", señaló el trabajo.

Así, los apretones monetario y fiscal vienen logrando el ajuste sobre la actividad económica pero no frenar la aceleración inflacionaria. Como resultado, se resienten el salario y el nivel de empleo al mismo tiempo.

La dinámica de las dos variables es parecida a la que se dio entre 1995 y 2002, cuando el salario real mostró una caída importante, a la par de un crecimiento del desempleo, que terminó en 21,5%. Para el economista Fabián Amico, "el aumento del desempleo resultante acomoda las expectativas de ingresos reales de trabajadores y empresarios".

Los datos dan cuenta de cómo los sectores dependientes del mercado interno se destacaron en la destrucción relativa de puestos de trabajo: las actividades con caídas superiores a la del total de la economía fueron hoteles y restaurantes (caída de 2,5%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (3,3%); comercio y reparaciones (3,9%) e industria manufacturera (5,3%). Otro dato extraordinario fue la contracción de 11% en el empleo en Tierra del Fuego.

FUENTE: BAE Negocios

EDICIÓN Y RELEVAMIENTO: Santiago Toffoli

"Nos están bajando el precio"

2018-11-21T15:35:49-03:00

Una columna de enfermeros y enfermeras marcharon por el centro de Rosario en protesta contra lo que entienden es una degradación profesional en Buenos Aires, y el reclamo de re jerarquización en Santa Fe. El sindicato Siprus apoya el reclamo y advierte que es un ataque más a la calidad del servicio de salud en Argentina.

A diferencia del resto del mundo, que celebra el Día de la Enfermería el 12 de mayo, en Argentina la efemérides llega un 21 de noviembre, en conmemoración de la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería en 1935. Fue el primer agrupamiento de profesionales de este rubro y si bien la fecha ameritaría festejos, el contexto actual deja poco por lo que celebrar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aprobó una reforma por la cual los enfermeros, entre otros especialistas, dejan de ser reconocidos como profesionales de la salud, y pasan a ser personal técnico-administrativo. Este miércoles profesionales de la salud de todo el país se movilizaron en lo que entienden es una nueva muestra del plan de desbaratamiento del sistema de salud público.

La reforma, que fue aprobada el primero de noviembre, implica que licenciados en Enfermería, licenciados en bioimagen e instrumentadores quirúrgicos dejen de ser reconocidos como profesionales de la salud y pasen a ser personal técnico administrativo. Por esto se acordó este día, que debería ser de festejo, para manifestarse a nivel nacional y reclamar la reivindicación y reconocimiento de estos profesionales. María Fernanda Boriotti, presidenta del Sindicato Único de Profesionales de la Salud (Siprus) en la provincia y secretaria general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) a nivel nacional, contó en detalle lo que hoy lleva a médicos, enfermeros, instrumentistas y demás trabajadores de la salud a reclamar en las calles de todo el país.

“No se puede pretender una salud de calidad sin profesionales valorizados y jerarquizados en sus funciones, por eso hoy nos estamos movilizados en todo el país como reacción ante esta ley de CABA que entendemos va en el mismo sentido que un plan nacional de ajuste en salud” planteó la secretaria general. Además agregó que lejos de ser una movilización de enfermeros “es una respuesta de los equipos médicos compuestos por diferentes profesionales”.

Particularmente en la provincia de Santa Fe se retoma un reclamo histórico que es, justamente, la inclusión de los licenciados en enfermería en la ley 92/82 de la carrera profesional. Esto llevó en la ciudad a una movilización desde el Centro de Especialidades Médicas (Cemar), en Moreno y San Luis, hasta la plaza 25 de Mayo. “Es una ley vieja que merece una revisión integral, pero lo que particularmente hoy reclamamos es que abarque a los enfermeros para valorizar sus estudios y su capacitación, y los jerarquice como profesionales de la salud”, explicó la dirigente.

“Es un recurso humano que en todas partes del mundo escasea y que hace a la calidad de la prestación del servicio. Las mejores neonatologías del mundo son aquellas que tienen mayor cantidad de enfermeros capacitados, es una variable que se considera a la hora de evaluar a un centro médico”, añadió Boriotti.

La secretaria general de Fesprosa puso como contexto un marco general de flexibilización laboral y remarcó el ajuste que a su entender se busca en salud a nivel nacional. “Eso se vincula con la CUS -Cobertura Única de Salud- y con todo intento de disminución de regulación por parte del Estado de lo que es un derecho y el traslado del aseguramiento al paciente”, lamentó.

FUENTE: Rosario Plus

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Mariana Vera

Perspectivas Sindicales para el Paro

2018-09-24T11:49:15-03:00

Frente al paro general convocado por la CGT para este martes 25 de septiembre, varios sindicatos rosarinos han decidido organizarse y hacer visible la medida de fuerza movilizándose en el centro de la ciudad a partir de las 10hs. La movilización que comenzará en Corrientes y San Lorenzo finalizará con un gran acto a las 12hs. Algunos integrantes de los sindicatos de la ciudad han definido su postura en "Todas las Voces" para AM 1330.

En cuanto a las expectativas esperadas de la movilización, Rita Colli, Secretaria -general del sindicato de Amas de Casa de Santa Fe declaró: “Yo entiendo que se va a hacer sentir y mucho, especialmente en nuestra zona, porque hay una decisión unánime de vastos sectores de exigir un cambio fundamental en el rumbo de las políticas, de hacer un llamado al gobierno que conmueva y que pueda hacerlo retroceder en muchas de las medidas que se están tomando, que están llevando a la desesperación a todos los hogares. Entendemos que tiene que ser un reclamo que se haga visible al gobierno y se tiene que saber que en Argentina no se toleran más estas políticas.”

Por otro lado, Alberto Botto, titular de Luz y Fuerza e integrante Movimiento Sindical Rosarino (MSR), destacó: “Nosotros lo estamos viviendo con mucha expectativa, creo que se va a sentir fuertemente. Lamentablemente, es una situación a donde uno nunca quiere llegar, el tema de la protesta hoy por hoy es obligada por la situación que estamos atravesando los trabajadores, los jubilados, en definitiva, los que menos tienen. Mañana vamos a tener un marco muy importante, por eso hemos convocado a toda la ciudadanía que se siente afectada por este modelo, que quiera expresarse pacíficamente, esto es fundamental, y que quiera compartir un momento de reflexión.”

Frente al fuerte proceso devaluatorio y las políticas recesivas aplicadas por el gobierno, Botto agregó: “el diagnóstico de la situación ha venido empeorando notablemente. En Rosario lo vivimos de una manera más profunda por las características propias de nuestro Cordón industrial. Veíamos como, en muchos casos, había compañeros que si bien no eran suspendidos o despedidos veían reducida su cuota de trabajo. Eso hacía que mucho dinero circulante en la actividad económica regional fuera desapareciendo y cerraran los comercios. A todo eso se sumó a partir del 1ero de enero de 2016 la política llamada "sinceramiento" que fue ni más ni menos que empezar a quitarle los subsidios a las tarifas. A ese combo de medidas le sumamos lo que se va a tratar esta semana, que es el tema del presupuesto, con una previsión de un ajuste de 500.000 millones de pesos aproximadamente. Los trabajadores y jubilados no sólo veníamos pagando más ganancias a pesar de la promesa del presidente y ahora nos quieren grabar más todavía. La situación vuelve a alcanzar un límite de la tolerancia y hoy en Argentina se vuelve a hablar de hambre. Los que menos tienen están sufriendo las consecuencias de este modelo".

Por su parte, el secretario adjunto de La Bancaria Rosario, Sergio Rivolta, anunció que los bancarios adherirán al paro activo y resaltó su “rechazo a la política económica y social que aplica el gobierno, que perjudica al pueblo argentino, que en estas horas se agrava mucho más por la aplicación a rajatabla de la receta del FMI. En nuestro caso transfiere 15 millones de pesos del Tesoro Nacional para pagar intereses de la deuda externa, con lo que podría ser un intento de un futuro privatizador del Banco de todos los argentinos. Como integrantes del MSR, el paro va a ser activo. La única forma de dirimir estas políticas es con la calle. Ellos podrán tener los medios de comunicación, las corporaciones financieras y ahora hasta tienen al presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero la calle es del pueblo y ahí es donde vamos a dirimir este modelo económico que debe ser modificado 180°.”

En el caso de los estudiantes, éstos han decidido adherir a la medida de fuerza, acompañando a los trabajadores “porque la universidad vuelve a estar en peligro por dos sencillas razones: primero porque han presentado el presupuesto 2019 que vuelve a ajustar un 16% a la UNR en relación a la inflación. Y también porque entendemos que la discusión pasa porque hay ciertos ganadores en la Argentina a quienes no se les ajusta mientras a los estudiantes, docentes y trabajadores de la educación el ajuste nos va dejando afuera de nuestro trabajo, no nos permite llegar a fin de mes y hace que tengamos niveles récord de deserción estudiantil en cada universidad del país. Esos ganadores son los que se benefician con la especulación financiera, los exportadores, los bancos, mientras que los trabajadores no podemos pagar los impuestos debido a los tarifazos que han hecho. Por ello estamos marchando en el marco del paro nacional porque necesitamos otra política para otra Argentina”, destacó Manuel Leiva, Secretario General de la Federación Universitaria de Rosario.

Rita Colli también destacó que “Nuestro sindicato agrupa a todas las mujeres en su conjunto, en la cual también están las mujeres que trabajan en casas particulares. Siempre una situación de crisis y agudización de la pobreza golpea enormemente. Se dice que la pobreza tiene rostro de mujer porque somos las que administramos la vida de cada familia, la vida de cada hogar pasa por las manos de las mujeres, mayoritariamente hablando. Es una pelea cotidiana para poner la familia en pie, para hacer la multiplicación de los panes. (…) Marchamos porque hay algo que está amenazado que es la jubilación a la que se denominó de Ama de Casa. Una de las medidas que el Fondo Monetario está proponiendo al gobierno es producir recortes en esas jubilaciones que se obtuvieron por moratoria. Por ello nosotras nos sumamos en defensa de esas jubilaciones”. En cuanto al diagnóstico de la situación de las amas de casa, explicó: “las trabajadoras de casas particulares han tenido un reacomodamiento en etapas de sus ingresos, desde lo que se conoce como el tarifario (grilla), en función de las horas que trabajan en otras casas que no sean la propia. Nuestro sindicato no es el de las trabajadoras de casas particulares o empleadas domésticas, nuestro sindicato es un sindicato con perspectiva de género que busca que el trabajo de las mujeres sea visible. La grilla cerró un porcentaje de aumento que es inferior al índice inflacionario y la devaluación tremenda de nuestro país al que se suma un agravamiento que es que la mayoría no está registrada. No hay cumplimiento de ese tarifario o de ese incremento y tampoco de una serie de beneficios, de derechos que tienen desde el momento que son registradas".

Desde el sector de la salud, María Fernanda Boriotti, como presidenta del SIPRUS, destacó sobre el presupuesto que “en las áreas donde está disminuyendo es realmente criminal, porque, por ejemplo, una de las áreas que más disminuye es la atención de la Madre y el Niño, en un contexto de nuestro país donde hay un 50% de niños que están en la línea de pobreza. A su vez, le decimos al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que los trabajadores necesitamos que se vuelva a abrir la paritaria, analizar en conjunto como va a ser aplicada esta cláusula gatillo que está llegando tarde, que nos está dejando 10 puntos atrás de la inflación, absorbiendo nosotros esta devaluación esta pérdida del poder adquisitivo y también analizar cómo se está trabajando, sobre todo por el aumento de la demanda que tenemos en salud”. Por su parte, la secretaria gremial de AMRA, Sandra Mairoana señaló: “El ajuste en la salud incide en forma directa en todos los ciudadanos y en los profesionales de salud que estamos trabajando para poder paliar esta situación. Además, nuestro sector tiene un gran número de jubilados que están afectados por el ajuste. Paramos para hacer ver lo que estamos sintiendo con respecto a esto”.

“Venimos trabajando en las barriadas desde hace algunos años y el hambre es nuevamente una realidad. Por ello las organizaciones populares vamos a estar acompañando a los trabajadores en este paro para que el gobierno entienda que tiene que cambiar esa política económica que nos lleva a un verdadero desastre. Y todavía falta lo peor de la crisis que viene en estos meses donde va a impactar la última devaluación”, aclaró también José Berra, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), anunciando su adhesión al paro y la movilización en la ciudad.

Los sindicatos convocan a los trabajadores y ciudadanos y ciudadanas que quieran sumarse a la movilización del día 25. Como señaló Rita Colli: “Creo que es un momento de comprometerse, de estar presentes.”

(*) Colaboradora Fundamentar.com

Hernan Letcher: "Se Perdieron Más de 22 Mil Puestos de Trabajo en 2017"

2017-07-11T10:39:10-03:00

En diálogo con Julian Villalva en "Todas las Voces" por AM 1330, Hernán Letcher, Director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se refirió al informe lanzado por el centro que analiza los despidos del primer semestre del 2017.

"La conclusión del informe es que la dinámica del empleo sigue siendo expulsiva, más de 22 mil puesto de trabajo entre perdidos y suspendidos. Por lo cual la lógica de funcionamiento del mercado de trabajo sigue siendo la misma del año pasado, aunque tal vez, con menos intensidad" consideró el director del CEPA en referencia a los resultados del análisis de los despidos en 2017, que se concentran principalmente en el sector privado con más de 20 mil despidos, lo que muestra la clara dificultad económica actual que atraviesan los sectores más productivos.

Con respecto a los dichos del presidente Mauricio Macri el 20 de junio, en referencia a que se observaba una recuperación de los puestos de trabajo, el economista destacó que "en lo que tiene que ver con la construcción se dieron unos 60 mil despidos, pero tambien se crearon 40 mil puesto de trabajo, con lo cuál se puede entender que hubo una cierta mejoría en el sector junto con un leve aumento en los servicios públicos".

A pesar de un cierta recuperación en sectores puntales, la industria es claramente la más perjudicada según el informe, que acumula el 69% de los despidos totales en el 2017, y que no muestra signos de que la tendencia pueda ser revertida. Así, Letcher afirmó esta problemática: "Lo que percibimos en el segundo trimestre del 2017 es que un cuarto de los despidos están relacionados con cierre de plantas o de empresas. En el caso de las empresas grandes cierran alguna planta, vinculado a un proceso de aumento de su rentabilidad, mientras tanto que las pequeñas empresas bajan la persiana porque no resisten la situación económica".

Consultado finalmente por el rol que están jugando los sindicatos para defender los puestos de trabajo, el actual concejal de San Martín por el FPV observó: "Hay un silencio llamativo frente a la situación que estamos viviendo, no hay menos conflictividad de todas maneras, porque lo que se percibe en el caso de PEPSICO por ejemplo, es que son los mismos trabajadores sin el gremio lo que están llevando adelante el reclamo".

(*)Analista de Fundamentar

Prospitti: “Se Intenta Desactivar una Política Pública para Garantizar el Derecho a la Educación”

2017-07-03T11:48:31-03:00

En “Todas las Voces”, por AM 1330, Julián Villalva dialogó con Agustín Prospitti, integrante del Foro Defensa de la Educación Pública, Ciencia y Tecnología sobre el anuncio, por parte del Gobierno Nacional del recorte en las becas del Programa Progresar.

El Foro Defensa de la Educación Pública, Ciencia y Tecnología convocó a una movilización esta mañana frente a la sede de Anses en la ciudad de Rosario en repudio de los recortes que anunció el Gobierno Nacional en las becas del Plan Progresar.

Como comentó Agustín Prospitti, “estamos atravesando una situación muy desalentadora en términos de reconocimiento de un derecho”. Además, remarcó que solamente en la Provincia de Santa Fe, 40.000 beneficiarios podrían verse afectados.

Este Plan había permitido a muchos estudiantes a lo largo y ancho del país continuar con sus estudios. “Está directamente vinculado con apoyar, acompañar, sostener a estudiantes que no tienen trabajo o que tienen dificultades en su empleo o están en negro y que están en una edad crítica para continuar sus estudios”, remarcó Prospitti.

Este ajuste afecta a una población que se encuentra en tensión entre el ingreso al mercado laboral y la continuación de sus estudios, con todas las dificultades que ello acarrea. Cabe destacar que el mayor desnivel de desempleo actualmente se encuentra entre los jóvenes y precisamente, este Plan contribuía al apoyo y al sostenimiento de jóvenes entre 18 y 25 para que pudieran continuar con su formación.

“Inexplicablemente y sin mediar información alguna, el Gobierno Nacional decidió dejar de pagar a miles de argentinos la beca del Progresar que se cobran en los cuatro niveles educativos: desde el primario hasta el universitario”, explicó Prospitti.

“Se está intentando desactivar una política pública para garantizar el Derecho a la Educación”, expresó. Además comentó que esta medida es consistente con la estrategia que viene desplegando el Gobierno Nacional cuando, en reiteradas oportunidades, ha intentado recortar programas que afectan derechos, tal como ha sucedido con la pensión por discapacidad recientemente. Con respecto a la educación, Prospitti remarcó que en casos menores se han realizado cortes injustificados. Sin que se mediara condición alguna, estudiantes que cumplían con todos los requisitos que exige el programa, se vieron afectados por lo que desde el Gobierno Nacional se calificó como “cuestiones administrativas”. “Esto se viene produciendo de manera muy pequeña y ahora se da un corte abrupto”, destacó.

En opinión de Prospitti, “lo que se presenta como un error administrativo en verdad es un cambio en las reglas de juego porque obliga a todo el mundo a reinscribirse con condiciones más exigentes para filtrar quienes ingresan y para hacer más pequeño el cupo”.

Las instituciones públicas y las Universidades en un plazo muy acotado de solamente veinticuatro horas debieron reenviar información sobre la regularidad de sus alumnos que ya había sido remitida anteriormente para aclarar sus situaciones. A este respecto, Prospitti remarcó, “es muy poco tiempo para eso. Se presenta como un problema administrativo, pero consecutivamente desde 2015 se están deslegitimando y desactivando políticas. La evidencia clara de ello es que desde ese año el Programa Progresar no sufrió reajustes en sus beneficios cuando eso está contemplado por la ley”.

El Ajuste Donde más Duele

2017-06-13T09:58:12-03:00

Desarrollo Social canceló o suspendió 170 mil pensiones no contributivas desde que asumió Macri. La justificación es que sus titulares incumplían alguno de los requisitos. Es un cambio radical de la política hacia los más vulnerables.

El gobierno nacional utiliza un decreto de 1997 para justificar la baja de pensiones no contributivas por discapacidad. Es una medida dictada durante el menemismo que incorpora una serie de condicionamientos para la entrega del beneficio. Durante el kirchnerismo hubo flexibilidad en la aplicación de esa norma, al punto que los titulares de pensiones crecieron de 350 mil a 1,6 millón entre 2003 y 2015. Entre los requisitos figuran la acreditación de un nivel de discapacidad del 76 por ciento, la imposibilidad de que el beneficiario o su cónyuge estén amparados por el régimen de previsión o posean bienes o ingresos que permitan su subsistencia. La gestión de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social dio de baja 170 mil pensiones, de las cuales 83 mil fueron en la primera mitad de 2017. Desde esa cartera aseguran que las cancelaciones no responden a la necesidad de ajustar las cuentas públicas sino a una depuración del padrón. En cambio, fuentes gremiales denuncian situaciones de discrecionalidad generalizadas, en el marco de un cambio de fondo en la orientación de la política de cobertura social.

Las pensiones no contributivas fueron pensadas para atender contingencias de quienes no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. Desde su creación, la Comisión Nacional de Pensiones gestionó las pensiones a la vejez, por invalidez y para las madres de siete o más hijos, en carácter de derecho para quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad social. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo un trabajo intenso en esta área. En cambio, desde que asumió Cambiemos las pensiones no contributivas dejaron de considerarse un instrumento de la seguridad social.

El recorte se exhibe en menores pensiones otorgadas y mayores bajas por supuestas irregularidades, las cuales en un 40 por ciento de los casos debieron ser dadas de alta nuevamente por errores de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA). Sin embargo, los afectados debieron esperar más de seis meses en promedio para que les restablecieran el subsidio. Además, el otorgamiento de pensiones no contributivas cayó de algo más de 10 mil por mes en 2015 a 4700 por mes entre enero de 2016 y enero de 2017. En 2015 se aprobaron 125 mil pensiones, en tanto que en 2016 fueron 61.900.

“Las bajas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios”, fue la respuesta oficial de Desarrollo Social a través de un comunicado emitido ayer, el cual reconoce que en 2016 dieron de baja 90.000 pensiones.

En lo que va de este año, se eliminaron 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron otras 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos. Esto se debe al endurecimiento en las condiciones para al acceso a este derecho para los más vulnerables. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario del programa se enteró al ir a cobrar la pensión. Desarrollo Social no avisa previamente ni pide precedentes para aclarar la situación patrimonial. A la vez, desmontó los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, lo cual agrava los problemas entre los sectores más desprotegidos.

Entre las causas que aduce la Comisión para retirar la pensión, según las condiciones que establece el decreto del menemismo, se encuentran temas de patrimonio, como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión. Además, en el decreto se establece que Desarrollo Social debe tener en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar “como así también cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo”. Desde diciembre de 2015 se acumularon en las oficinas de Desarrollo unas 100 mil solicitudes de pensión que aún no tienen respuesta.

FUENTE: Página12

RELEVAMIENTO Y EDICION: Agustín Aloni

Los Jóvenes son los Más Expuestos Frente al Ajuste

2016-11-29T10:26:40-03:00

El dato está por encima del 23,4 por ciento que mostraba la desocupación en ese segmento de la población en 2007 y es 2,6 veces superior al promedio de desempleo en el país. Los más afectados son los que no terminaron la escuela secundaria y en particular las mujeres.

La tasa de desempleo en los jóvenes de 15 a 24 años creció de 19 al 24,6 por ciento en el segundo trimestre frente al mismo período del año pasado, varios puntos más de lo que avanzó la desocupación a nivel general. El dato está por encima del 23,4 por ciento que mostraba la desocupación en ese segmento de la población en 2007 y es 2,6 veces superior al promedio de desempleo en el país. Los jóvenes más afectados son los que no terminaron la escuela secundaria y en particular las mujeres. Son cálculos de un equipo de investigadores del Centro de Investigación para los Trabajadores (CITRA)-Conicet que funciona en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), a los que accedió PáginaI12. Frente a esta problemática, el Gobierno propuso meses atrás un proyecto de ley que buscaba estimular la contratación de jóvenes a través de la reducción de contribuciones patronales aunque fue desestimado en el Congreso. En paralelo, firmó un convenio con McDonalds que permitió a la empresa incorporar trabajadores jóvenes con salarios por debajo del mínimo que define la ley. Este tipo de programas de inserción laboral precarizada fue criticado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y está a contramano del diagnóstico que especialistas elaboran sobre el fenómeno del desempleo juvenil.

Este año todos los indicadores laborales empeoraron y el desempleo juvenil no fue la excepción. “Los jóvenes ingresan al mundo del trabajo a través de los empleos más precarios y en el sector del comercio y servicios, los que más han sido golpeados por la caída del consumo este año. Fueron los primeros sectores de la economía en donde se retrajo el empleo, a diferencia del sector industrial, donde es más costoso despedir a un trabajador”, explicó a este diario el diputado del Parlasur y ex ministro de Educación, Daniel Filmus, coordinador junto a Fabiola Carcar del equipo de investigadores del Citra-Conicet que estudiaron los microdatos de la EPH y detectaron que en el segundo trimestre la desocupación juvenil (entre las personas de 15 a 24 años) creció del 19 al 24,6 por ciento. El incremento de más de cinco puntos porcentuales supera al avance de la desocupación general, que subió de 6,6 a 9,3 por ciento en ese período. El propio instituto de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires calculó que el desempleo en ese distrito creció de 8,6 a 10,5 por ciento.
El 24,6 por ciento actual de desempleo juvenil está por encima del rango del 18/19 por ciento que verificó ese indicador en el período 2010-2015 y supera también el escalón de 2007. A comienzos de los `90, antes de la aplicación del programa neoliberal, el desempleo juvenil estaba en el 17,8 por ciento y alcanzó un pico del 37,2 por ciento en la crisis de 2002. A partir de allí, presentó una paulatina caída hasta la fase de estancamiento entre 2011-2015 y ahora volvió a mostrar un repunte.
El informe de los investigadores del Citra-Conicet también destaca que durante el último año creció la intensidad del desempleo juvenil, ya que se redujo del 68,6 al 66,5 por ciento los jóvenes que desde hace seis meses que buscan trabajo, mientras que el porcentaje de los que hace más de seis meses que están en esa búsqueda subió de 31,4 al 33,5 por ciento. Por otro lado, el año pasado la desocupación juvenil entre las mujeres estaba en el 22,7 por ciento, superior al 17,1 por ciento de los varones, mientras que este año los números pasaron al 30,33 y 21,6 por ciento, respectivamente.
“Cuando se restringe el mercado de trabajo, los que tienen más calificación se ubican primero en la fila de la búsqueda, entonces el profesional ocupa el puesto del que tiene secundario completo y éste el puesto del que no terminó el secundario. Por eso, los jóvenes más afectados por esta situación son los que tienen secundario incompleto”, agregó Filmus.

Más precarización

“Festejo y agradezco que el Congreso haya aprobado la ley de primer empleo porque es una entrada al mundo laboral para todos ustedes”, dijo a mediados de julio el presidente Mauricio Macri. En realidad el proyecto de ley no cosechó ni el dictamen de comisión. Consistía en rebajar las contribuciones patronales para los jóvenes contratados. “Era una forma de precarizar porque incentivaba el reemplazo de trabajadores viejos por trabajadores nuevos con menores sueldos”, dijo a este diario Héctor Recalde, diputado del FpV.
Como antesala del proyecto de primer empleo, el Gobierno firmó un acuerdo con la empresa McDonalds que avaló la contratación de trabajadores jóvenes por un salario de 4500 pesos para cubrir una jornada laboral de siete horas. El oficialismo prometió la creación de 5 mil puestos de trabajo estables, aunque por ahora fueron sólo 200. El convenio está cuestionado por la CTA en la Justicia. “Genera que un trabajador joven cobre por debajo del salario mínimo y alrededor de la mitad que otro empleado formal que realiza la misma tarea”, explicó a PáginaI12 Matías Zalduendo, Secretario Nacional de Juventud de la CTA, que ganó la apelación en segunda instancia en la Justicia para anular el convenio, al que considera como violatorio de la legislación vigente.
En un reciente documento, la OIT criticó este tipo de iniciativas. “Las altas tasas de desempleo juvenil pueden ser un reflejo de la mayor probabilidad de los jóvenes de desempeñarse en algún trabajo temporario o part-time en relación a los adultos. Estas formas de empleo están asociadas a bajos salarios, limitado acceso al entrenamiento laboral, lento avance de la carrera laboral y bajos niveles de protección social. Todo eso se combina para reducir la protección de los jóvenes en el mercado laboral y su ingreso potencial. Hay limitada evidencia de que este tipo de trabajos mejore las chances de los jóvenes para conseguir un trabajo a tiempo completo”, dice la OIT.
Además, la idea de incentivar el ingreso de los jóvenes al mercado laboral como forma de solucionar los problemas del desempleo parte de una concepción equivocada del problema. “Los jóvenes no enfrentan mayores dificultades de acceso al empleo que las halladas por los adultos. La permanencia de los jóvenes en situaciones de desempleo es similar o menor que la observada en los adultos. Por consiguiente, el elevado desempleo juvenil no se explica por la presencia de barreras generalizadas a la entrada al empleo”, explica el documento “Diagnóstico del desempleo juvenil” elaborado hace varios por el Ministerio de Trabajo. El problema, en cambio, es que los jóvenes son los primeros que echan las empresas a la hora del ajuste.

La manipulación del Indec PRO

Según los datos del Indec del segundo trimestre, la desocupación entre las personas menores a los 29 años era del 18,9 por ciento en el segundo trimestre. Esa medición oficial es cuestionada por expertos. “La Unesco y la OIT definen que el desempleo juvenil se mide para la franja de edad que va desde los 15 hasta los 24 años. El indicador que refleja la situación de las personas de hasta 29 años es dudoso y no se atiene a los criterios internacionales. Al sumar a los adultos jóvenes (25-29 años) dentro del grupo de los jóvenes, se incorporan personas que tienen tienen menos problemas de trabajo, de modo que se reduce el porcentaje de desocupación juvenil. Al mismo tiempo, al sacar a los adultos jóvenes del grupo de los adultos, baja la tasa de desocupación de los adultos. El promedio general sigue siendo el mismo, pero se modifican los valores de cada segmento. Eso también se llama manipulación”, explicó a PáginaI12 Guillermo Pérez Sosto, Director del Observatorio Sociolaboral de los Jóvenes del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Director del Centro de Estudios en Políticas Laborales y Sociales del Instituto Torcuato Di Tella (ITDT).

FUENTE: Página 12

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri