Cuando Willy Brandt fue elegido canciller de la República Federal de Alemania, en 1969, su famoso lema entonces fue: "Queremos arriesgar más por la democracia". "Solo habrá cierto orden si fomentamos la responsabilidad compartida", enfatizó, en su primera declaración de gobierno ante el Parlamento. Tal orden requiere "una paciencia extraordinaria para escuchar y un esfuerzo extraordinario para comprenderse mutuamente", dijo.

Willy Brandt y, sobre todo, muchos de los alemanes más jóvenes, estaban entonces listos para tomar ese camino "extenuante" cuando Alemania fue reconstruida y prosperaba, después de la Segunda Guerra Mundial. Los tunecinos, afectados por la grave crisis económica y política, obviamente ya no lo están.

Amenaza real para la democracia
Durante mucho tiempo, Túnez fue reconocido y, con razón, como un "ejemplo", y como el único país de éxito resultante de la "primavera árabe". Pero, hace casi tres años, fue elegido el presidente Kais Said, quien apostó por una agenda política opuesta a la de Willy Brandt: quiere arriesgar menos por la democracia. No pocos críticos, en el país y en el extranjero, lo acusan de querer, en un futuro, incluso abolir la democracia por completo.

Este peligro es, de hecho, muy real. El presidente no solo ha usado sistemáticamente su mandato para invalidar al Parlamento, al gobierno, y a partes significativas del Poder Judicial, en nombre de una lucha contra la corrupción, que es objetiva y políticamente, en realidad, necesaria, y está escenificada de manera muy exitosa. Ahora, los tunecinos votaron una nueva Constitución en un referéndum, que socava partes esenciales de la separación de poderes y pretende dar al presidente mucho poder: en el futuro, el Parlamento o la población difícilmente tengan recursos legales para exigirle responsabilidades políticas a un presidente impopular, o para inhabilitarlo del cargo.

Túnez no se convertirá automáticamente en una dictadura unipersonal de la noche a la mañana. No debemos subestimar ni la resistencia de la sociedad civil, ni los sindicatos, tradicionalmente fuertes. Además, podrían aparecer nuevos conflictos, por ejemplo, con los islamistas. Por otra parte, la baja participación en el referéndum debilita aún más la legitimidad del presidente y de su Carta Magna.

Último capítulo
Pero no se puede pasar por alto que, en tiempos de corrupción, pobreza persistente y desempleo, es más probable que muchos tunecinos confíen más en un líder supuestamente fuerte, que en el arduo y zigzagueante consenso parlamentario, incluso cuando esas esperanzas se vieron hasta ahora frustradas.

Es decepcionante comprobar que la democracia actual no está en auge en el mundo árabe. Las dificultades sociales y la presión migratoria, por otro lado, aumentan constantemente en casi toda la región. Y, no por último, en Túnez, donde la "primavera árabe" comenzó hace más de diez años, y donde ahora, al menos hasta nuevo aviso, está acabando su último capítulo, lamentablemente.

 

(*) Redactor de DW.

La historia que vienen escribiendo los chilenos y las chilenas nos ha dado este último fin de semana un nuevo capítulo: el de las elecciones de la Convención Constituyente. 

De los 155 miembros de la Convención, un 31%  fue para los independientes, que obtuvieron la mayor cantidad de integrantes. 48 escaños serán para líderes barriales, feministas, activistas sociales, ambientalistas, periodistas y escritores, entres otros actores que (contra todo pronóstico) supieron vehiculizar las demandas y cristalizarlas en espacios desde los cuales disputarles la representación a los poderes tradicionales.

Mientras tanto, la coalición del presidente Sebastián Piñera “Vamos por Chile”, apenas obtuvo 37 representantes, al tiempo que los partidos tradicionales de centroizquierda bajo la “Lista apruebo” sumaron 25, y 28 reunieron los partidos de izquierda que se unieron en la lista “Apruebo dignidad”.

La derrota de Piñera y sus aliados los dejó muy lejos de los 52 votos a los que aspiraban para vetar artículos y lograr posiciones más fuertes en la Constitución. El reconocimiento de esa derrota no tardó en llegar. Oposición e independientes superaron por amplio margen al oficialismo, en una muestra más de que los protagonistas del estallido social imparable de hace más de un año consolidaron su fuerza y están dispuestos a tomar parte de la construcción de un nueva historia.

Y va a caer y va a caer! La constitución de Pinochet!

Si hasta hace poco considerabamos un suceso histórico en sí mismo a la posibilidad de acabar con la constitución pinochetista mediante una Convención Constituyente formada íntegramente por ciudadanos escogidos en elecciones libres, hoy tenemos que sumar la pluridad de voces en esa representación: el cupo de 17 electores provenientes de pueblos originarios y la paridad de género que garantiza que de los 155 constituyentes electos, 77 sean mujeres. Las nuevas reglas de juego se han estrenado.

Pluralidad de voces

Entre los independientes se encuentran actores surgidos de las protestas de aquel 18 de octubre de 2019, quienes se han agrupado bajo  la “Lista del pueblo” . Grupo que definido como un movimiento ciudadano autoconvocado postula que la institucionalidad chilena ha caducado y que es necesario romper con el modelo neoliberal de injusticia y desigualdad, sostenido por la estructura constitucional.

Figuras como “la tía Pikachu”, una mujer  educadora que disfrazada del personaje que participó de las manifestaciones aprovecharon su popularidad y lograron tener un lugar dentro de la Convención.

Una vocera del pueblo mapuche como Natividad Llanquileo, junto con otra mujer, campesina y autoridad espiritual como Francisca Linconao que se convirtió en la candidata más votada de los pueblos originarios, son  también protagonistas de este nuevo proceso.

Defensores ambientales y de Derechos Humanos también han obtenido su lugar para redactar la nueva constitución chilena , junto a líderes del feminismo como Alondra Carrillo. Hay también dentro de lo electos independientes, académicos y profesionales como Rodrigo Logan, un abogado que propone otorgar autonomía administrativa a los pueblos originarios y que alcanzó su puesto como independiente “fuera de pacto” (sin integrar ninguna lista de independientes) y por fuera de la “Lista del Pueblo” que aglutinó a las distintas agrupaciones sociales si militancias en partidos politicos.

La garantía de los derechos sociales básicos, del acceso a la salud, la defensa de un estado presente que garantice los derechos a una educación de calidad, al trabajo, a la vivienda , a la equidad de género y a la seguridad social son demandas que constituyen el común denominador de los independientes y auguran los cambios próximos.

¿Cómo seguirá el proceso?

La Convención que comenzará sus funciones en el mes de junio, dispondrá de un plazo máximo de 9 meses para presentar la nueva Carta Magna y que esta sea sometida a plebiscito a mediados de 2022,  pandemia mediante.

De ser aprobada, esta constitución será  la primera  redactada mediante un proceso plenamente democrático, participativo y paritario en la historia.

En adelante se discutirán asuntos fundamentales que en su mayoría recogen las demandas de las movilizaciones sociales del presente período, pero principalmente la  discusión se dará sobre la base de una deuda de la democracia chilena : una constitución verdaderamente democrática.  El modelo politico y económico de la empresa privada que excluye y endeuda a los ciudadanos será el principal objetivo.

Nuevas leyes requerirán nuevas alianzas en este estrenado tablero político.

Históricas megaelecciones

Lo del fin de semana fue histórico por las 4 elecciones simultáneas: además de los integrantes de la Convención, los y las chilenas votaron por primera vez por gobernadores de 16 regiones. La mayoría de los resultados, a definirse en segunda vuelta.

Nunca antes habían elegido a sus líderes regionales puesto que ellos eran designados por el Poder Ejecutivo. De esta manera se rompe de con una pata del centralismo que durante décadas caracterizó al sistema político chileno.

Pero además, se escogieron alcaldes y alcaldesas para 346 comunas, y concejales. Sufragios que dejaron un dato sumamente clave; la victoria de una candidata comunista en Santiago.En tanto, el Partido Comunista y el Frente Amplio, sumaron importantes escaños municipales y regionales, en un claro crecimiento de los partidos de izquierda.

El Chile que despertó

De cara a las elecciones primarias presidenciales del 18 de julio, el resultado de las megaelecciones obliga a repensar las alianzas y a no subestimar el peso de los movimientos que forman parte del estallido social, y que ha modificado de  manera inédita la correlación de fuerzas de un país acostumbrado a mantener el poder entre los mismos de siempre.

La expectativa de cambio es tan alta, como los costos que la sociedad chilena ha tenido que pagar para llegar hasta donde se encuentra hoy. El camino que sigue se construye a fuerza de la institucionalidad  democrática cuyas nuevas reglas de juego ya están en marcha.

(*) Analista internacional de Fundamentar

En diálogo con LT10, Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, expresó que “sería muy importante que Nación pague lo que nos debe. Estamos hablando de 40 mil millones de pesos. No se olviden que estos fondos se cooparticiparían con las ciudades y las comunas. Por ejemplo, a la ciudad de Santa Fe le llegarían 1300 millones de pesos”.

Además, Miguel Lifschitz agregó que “esperamos que se de un avance concreto. Hasta ahora sólo tuvimos reuniones con promeses de propuestas y voluntad de pago. Estamos en una situación jurídica límite. Nosotros no vamos a dejar de reclamar. Nosotros no queremos ir a la Justicia para llevar el incumplimiento; nosotros queremos arribar a un acuerdo”. 

Consultado sobre si la provincia aceptaría un plan de pago, el gobernador de Santa Fe explicó que “para el gobierno nacional sería imposible pagar esta deuda de una vez. Nosotros estamos abiertos a recibir bonos con vencimiento a algunos años, financiamientos de obras, etc”. 

Sobre la idea de reformar la constitución de Santa Fe, Miguel Lifschitz opinó que “yo pienso que es bueno que los gobernadores santafesinos no tengan reelección porque se garantiza la alternancia en la provincia. Obviamente, hay que ver que otras miradas hay. Yo pienso que hay que ponerle límites a todos los mandatos. No debería haber reelecciones indefinidas en ninguno de los cargos electivos”. 

 

FUENTE: LT10

Santa Fe se convirtió en el epicentro de una lucha por el poder político nacional, en donde los principales actores partidarios que disputan llegar a la Casa Rosada, fijaron su atención en los comicios locales. Una victoria provincial de determinado partido político, aportaría más credibilidad a la oferta partidaria en las elecciones nacionales. Sin embargo, el triple empate técnico en la provincia dejó sin “foto” a los principales “presidenciables” y con sabor amargo a los candidatos locales.

El domingo después de las elecciones, nada lograba arrojar un resultado certero sobre el ganador de los comicios en la categoría de gobernador y vice, y el escenario se prestó para todo tipo de oportunismos partidarios, chicanas políticas, shows de la “victoria” y denuncias televisivas de fraude, que deslegitimaban cualquier resultado final que se pudiera conseguir.

Con unas PASO que fueron desordenadas y un escrutinio bajo dudas, el sistema electoral de la provincia impedía proyectar sobre las dos fuerzas arriba en votos (el Frente Progresista y Unión PRO) un eventual escenario de ballotage y salir del conflicto. Incluso, aunque el recuento definitivo de votos pudiera ofrecer un ganador, casi 70% de los santafesinos no había votado por el gobernador electo, lo que en términos políticos se traduce en falta de legitimidad para gestionar la Casa de Gobierno.

La normativa provincial de 1962 busca garantizar la gobernabilidad del partido electo; la técnica electoral de “boleta única” introducida en 2009, busca favorecer la representatividad de los partidos políticos en la lucha electoral. 

La victoria ajustada del candidato por el FPCyS, Miguel Lifschitz, con una ínfima ventaja sobre sus contrincantes de Unión Pro (Miguel Del Sel) y del FjpV (Omar Perotti) abrió interrogantes sobre la gobernabilidad de la provincia y la estabilidad política del Frente Progresista.

El escenario político presenta dos aristas. Por un lado, la falta de credibilidad del escrutinio tras la mala gestión de la Secretaria Electoral, Claudia Catalín. Que provocó tensiones entre los principales partidos políticos y nuevos desequilibrios al interior del Frente Progresista, que bien podrán observarse en el armado del futuro gabinete provincial. Los que “suban” sentirán que les falta reconocimiento; los que “bajen”, que no se merecen el desplante.

Por otro lado, un problema de mayor alcance obligará a las fuerzas políticas a buscar destrabar el sistema electoral de la provincia y lograr consensos para incorporar un ballotage o “segunda vuelta” en la Constitución provincial.

LA CONSTITUCIÓN OLVIDADA

La carta magna santafesina data de 1962 y dispone como tal el marco institucional en el cual se desarrollan las elecciones de autoridades locales. Dicho instrumento resuelve que “gobernador” y “vice” son elegidos en simultáneo por simple mayoría de votos, y le otorga al partido ganador, una mayoría automática de 28 miembros en la Cámara baja. Los otros 22 restantes, son repartidos a las otras fuerzas partidarias por sistema D’Hont. Sin embargo, la introducción de la “boleta única” en 2009, trajo desequilibrios no contemplados para el sistema de partidos provincial. Esto hizo que cada categoría electoral (gobernador y vice, diputados provinciales, etc.) funcionara como una elección en sí misma. Lo que posibilitó escenarios en donde la categoría de diputados no tuvo coherencia con la de gobernador, haciendo que un gobernador electo con amplia adhesión contara con un poder legislativo dominado por la oposición, o escenarios donde la situación podría darse a la inversa.

La importancia del sistema electoral radica en que es el encargado de garantizar las preferencias de la sociedad y traducirlas en una distribución de poder acorde a los cargos públicos en disputa. En el caso santafesino, el sistema electoral no es el único fenómeno histórico-contingente, sino que se encuentra atravesado por distintos mecanismos y acuerdos políticos de distintas contextos político-sociales.

La Constitución del 62’ buscó garantizar la gobernabilidad del partido ganador, en una coyuntura política minada por las amenazas militares que buscaban desplazar a los gobiernos democráticos cuando mostraban algún tipo de debilidad en la toma de decisiones. La “boleta única” introducida en 2009, buscó alimentar mayores niveles de representatividad y superar a la “Ley de Lemas” (acoples) que había arrojado por el piso los niveles de legitimidad del sistema político. Hoy en día, la Constitución y la “boleta única” coexisten con casi 50 años una de otra. Sus coyunturas políticas que les dieron origen, sus acuerdos partidarios y sus técnicas operativas son distintas y permanecen en tensión.

En conclusión, la normativa provincial de 1962 busca garantizar la gobernabilidad del partido electo; la técnica electoral de “boleta única” introducida en 2009, busca favorecer la representatividad de los partidos políticos en la lucha electoral. Ambos procedimientos conviven en un sistema electoral que tiene detractores y defensores de un lado y del otro. Los que defienden la gobernabilidad sostienen la necesidad imperiosa de que las instituciones tengan un control político claro y que se ejecute estable en el tiempo. Los que se inclinan por la representatividad, aseguran que protege a las minorías y contiene a las distintas expresiones políticas que emanan de la sociedad. Para los partidos más chicos, la gobernabilidad presente en la Constitución significa el “autoritarismo” del partido ganador; para los partidos más institucionalizados, la “boleta única” da lugar a que cualquier personaje “famoso” pueda acceder a la estructura del Estado, sin estructura partidaria.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Dilatar los lazos sensibles de la representatividad entre representantes y representados, podrá afectar la credibilidad del sistema político dando espacio a que expresiones anti-sistema vayan ganando adhesión entre la ciudadanía.

El escrutinio final trae consigo sabor amargo para “ganadores” y “perdedores”. Terminada las elecciones se abre un debate al interior del Frente Progresista que podrá atentar contra la hegemonía del Partido Socialista en la conducción del espacio. Al exterior del frente, la gobernabilidad de la Casa Gris se verá afectada por la escasa legitimidad política del gobernador electo. Serán necesarios nuevos acuerdos partidarios para corregir el sistema electoral y brindar previsibilidad democrática a la provincia.

La tarea no será sencilla, pero obligará a las fuerzas políticas a debatir sobre la posibilidad de un ballotage en la Constitución, tener creatividad instrumental para hacer de la “boleta única” un instrumento más acorde con la oferta de partidos y no de personas (diferencia sustancial entre “proyecto colectivo” y “aspiración individual”); como también nuevos debates tabú para la administración socialista: la posibilidad de extender de 2 años a 4 los mandatos de las comisiones comunales que están obligadas a vivir en permanente campaña proselitista, al igual que negociar la incorporación de 100 mil nuevos electores jóvenes de 16 y 17 años que pueden votar al presidente de la nación pero que la provincia no les permite elegir a su concejal local.

El desafío no es menor, significa que los tres principales frentes partidarios se sienten a negociar al interior de sus fuerzas y al exterior de las mismas. Pero dilatar los lazos sensibles de la representatividad entre representantes y representados, podrá afectar la credibilidad del sistema político dando espacio a que expresiones anti-sistema vayan ganando adhesión entre la ciudadanía. Las elecciones se cerraron, pero el debate queda abierto. Que empiece la función.  

 

(*) Investigador de la Fundación para lla Integración Federall

El Gobierno nipón aprobó hoy, en medio de fuertes protestas, una histórica modificación de su Constitución pacifista que acaba con la prohibición de usar la fuerza para resolver conflictos internacionales.

La recién aprobada modificación de la Carta Magna permite por primera vez a Japón ejercer el llamado derecho de "auto-defensa colectiva". 

Tras un mes de negociaciones entre la coalición de Gobierno, el Gabinete aprobó finalmente incluir en la Carta Magna una serie de condiciones que permitan a Japón defender a sus aliados, algo hasta ahora limitado por el artículo 9, que impide al país declarar la guerra.

LA VISIÓN DE ABE

La medida es considerada un empeño personal del primer ministro conservador, Shinzo Abe, que supone un gran giro en la política de seguridad pretendiendo dar a Japón un papel mucho más activo internacionalmente aumentando su perfil militar. 

"Japón necesita un marco legal sin fisuras para hacer frente a las amenazas a su seguridad", explicó el primer ministro durante una rueda de prensa en la que insistió en que, a pesar de la reinterpretación del texto, el país "mantendrá su estatus pacifista".

"AUTO-DEFENSA COLECTIVA"

La recién aprobada modificación de la Carta Magna permite por primera vez a Japón ejercer el llamado derecho de "auto-defensa colectiva", si "la existencia del país se ve amenazada y existe un claro peligro de que se vean anulados los derechos del pueblo a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

Este concepto de "auto-defensa colectiva" está contemplado en el Derecho internacional y, además de la asistencia militar a aliados en caso de que estos sean atacados, permitiría la participación de Japón en operaciones de seguridad de Naciones Unidas.

Tokio también pondrá a prueba más fácilmente el envío de sus Fuerzas de Autodefensa (como se denominada al Ejército) a zonas en conflicto y ampliar de apoyo logístico y de otro tipo para misiones de paz en el extranjero.

La justificación de Abe para esta impopular medida se basa en la necesidad de convertir a Japón en un actor "más activo" en materia de seguridad dentro de la comunidad internacional, un papel completamente limitado tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

PAÍSES VECINOS

El primer ministro persigue además dar un verdadero papel militar a las Fuerzas de Auto Defensa ante el avance de China en la región y las amenazas de Corea de Norte.

En este sentido, Japón ha recibido un apoyo rotundo de su gran aliado, Estados Unidos, que ve este cambio como favorecedor para sus intereses en la zona, sobre todo para aplacar el dominio de Beijing.

La medida ha despertado, sin embargo, desconfianza y las críticas de países vecinos que sufrieron el colonialismo imperial nipón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, como Corea del Sur o la propia China.

Precisamente, esta semana el presidente chino, Xi Jinping, visitará Seúl, donde China y Corea del Sur podrían pronunciarse duramente contra los nuevos intentos de militarización nipones.

PROTESTAS

Sin embargo, el proceso de modificación de la denominada Constitución de la Paz, redactada tras la Segunda Guerra Mundial, se está viendo acompañado por una importante ola de protestas y el rechazo de más de la mitad de los japoneses, según las últimas encuestas.

Las manifestaciones, organizadas por grupos civiles, sindicatos así como catedráticos de derecho y escritores, se han sucedido hasta hoy con miles de personas congregadas junto a la residencia del primer ministro en contra de que un cambio así no se produzca a través de un referéndum.

Además, el pasado domingo, un hombre de entre 50 y 60 años se quemó a lo bonzo en una de las principales estaciones de Tokio tras lanzar proclamas en contra la polémica medida del Gobierno nipón.

PRÓXIMOS PASOS

A pesar de su aprobación hoy por el Ejecutivo, la medida debe recibir el visto bueno del parlamento nipón y, aunque las fuerzas gobernantes cuenta con una mayoría, no se descarta que a la cláusula se le impongan algunas restricciones más antes de su ratificación definitiva.

Políticamente, no ha sido fácil para el Partido Liberal Demócrata (PLD) de Abe llegar hasta aquí.

El primer ministro ha tenido que negociar durante un mes con su socio de coalición, el budista y conservador Nuevo Komeito, que se ha mostrado radicalmente en contra de revisar o reinterpretar artículo 9, aunque finalmente ha aceptado incluir el derecho de auto-defensa.

 

FUENTE: La Tercera
 

“No hay nada más importante que la vida humana”, recordó Yanukóvich, tras tres días de disturbios callejeros que causaron al menos 77 muertos y casi 600 heridos en Kiev.

Todas las partes, insistió, deben hacer lo posible para evitar más víctimas y “restablecer la paz en Ucrania”.

“Declaro la decisión de organizar elecciones presidenciales anticipadas. También inicio la vuelta a la Constitución de 2004 con la redistribución de los poderes en favor del Parlamento”, dice la declaración, publicada en la web del presidente.

El Ministerio de Sanidad de Ucrania informó esta mañana en su web que los disturbios causaron en los últimos tres días 77 muertos y 581 heridos, de los cuales 371 fueron ingresados en hospitales.

El presidente de Ucrania también se declaró dispuesto a iniciar la formación de un “Gobierno de confianza nacional”.

El anuncio se hizo cuando todos esperan la publicación de una hoja de ruta para superar la actual crisis en Ucrania.

El presidente Yanukóvich y los líderes de la oposición parlamentaria mantuvieron desde ayer varias rondas de negociaciones con la mediación de ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Polonia. En el proceso negociador participaron también el embajador de Rusia en Kiev, Mijaíl Zurábov, y el ex Defensor del Pueblo ruso, Vladímir Lukín, enviado especial del Kremlin.

Uno de los dirigentes de la oposición, Arseni Yatseniuk, del partido Batkivschina, dijo hoy que “todos coinciden en la necesidad de elaborar urgentemente un plan para el arreglo de la crisis”. Al mismo tiempo, resaltó que este plan “debe ser acordado en el Maidán”, escenario de las protestas antigubernamentales desde noviembre pasado.

El Ministerio de Sanidad de Ucrania informó esta mañana en su web que los disturbios causaron en los últimos tres días 77 muertos y 581 heridos, de los cuales 371 fueron ingresados en hospitales.

El Ministerio del Interior, por su parte, mencionó hoy la cifra de 80 muertos. Este departamento denunció que esta mañana los radicales en Kiev violaron la tregua abriendo fuego contra los policías, sin que se haya informado de víctimas.

 

FUENTE: Ria Novosti

 

El Parlamento regional de Cataluña ha votado con 87 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones una proposición de ley para pedir al Congreso que transfiera al gobierno catalán la competencia para convocar un referéndum de autodeterminación.

La propuesta quiere elevar una proposición de ley a la Cámara Baja de las Cortes españolas para que debata si traspasa la competencia a la Generalitat para convocar la consulta de autodeterminación mediante el artículo 150.2 de la Constitución Española, una posibilidad que ya ha descartado el PP.

 

 

La “constitucionalidad general de la ley de medios” fue decretada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco (en forma conjunta), Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni.

Acerca de la “aplicación de la ley y la protección de los derechos de la propiedad” es donde surgen las disidencias parciales de Argibay y Maqueda, y donde Fayt dice, en solitario, que todo es inconstitucional mientras que la mayoría convalida el texto aprobado por el Congreso.

Los seis ministros coincidieron en que “la ley 26522 en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces”.

En esa línea añadieron que “es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado”, según se desprende de un párrafo de las 392 carillas del fallo firmado este mediodía.

 

 

En el primer acuerdo tras las elecciones de renovación parlamentaria del domingo último, los ministros aseguraron que “esta mañana terminamos de trabajar” en el fallo con lo cual intentaron desvincular la difusión de la sentencia con las últimas elecciones.

“La Corte ha dicho que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal”, afirmaron los ministros.

Tras analizar diversos aspectos del rol de la libertad de expresión, los jueces concluyeron que “se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no puedan admitirse voces predominantes”.

De esta forma y tras cuatro años de demora, la Corte Suprema resolvió a favor de la constitucionalidad de la ley.

Los artículos cuestionados por el Grupo Clarín eran el 41, que establece que las licencias son intransferibles; dos apartados del 45, que fijan un límite a la cantidad de licencias concentradas; el 48, que descarta la figura de un "derecho adquirido" por parte de las empresas que tienen más licencias de las permitidas y el 161, que da un año de plazo para que aquellos que tengan que adecuarse a la ley.