El ajuste fiscal impulsado en Brasil por el presidente conservador Michel Temer logró su primera victoria este lunes, cuando los diputados votaron por amplia mayoría a favor de un proyecto que congela el gasto público durante los próximos 20 años.

Por 366 votos contra 111, la medida con la que el gobierno se propone empezar a "ordenar" las cuentas públicas y retomar el crecimiento económico superó holgadamente la primera de las cuatro votaciones -dos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado- a las que debe ser sometida para salir del papel.

Esta propuesta de enmienda constitucional (apodada "PEC 241", por su número de expediente) busca limitar el aumento del gasto público al mero índice de la inflación del año anterior, como forma de reducir el déficit público y recuperar la confianza de los mercados.

Según sus críticos, afectará negativamente a las ya maltrechas áreas de salud y educación.

El gobierno celebró la votación como una clara señal de que cuenta con el apoyo necesario en el Parlamento para aprobar esta y otras reformas que considera vitales para colocar a Brasil nuevamente en la ruta del crecimiento, después de dos años de recesión.

La propuesta precisaba una mayoría de tres quintos de los diputados (308 votos de un total de 513 diputados) para avanzar en su tratamiento.

El gobierno espera concluir rápidamente el periplo legislativo para promulgar la ley antes de fin de año.

Desde que fue confirmado en el poder a fines de agosto -tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff-, Temer trata de hacer avanzar a marcha forzada sus planes de austeridad, con la intención de concluir su tramitación antes de las presidenciales de 2018.

La PEC 241 debería ser seguida por otras reformas de alta volatilidad política y social, empezando por la del régimen de jubilaciones.

El gigante sudamericano atraviesa su peor recesión económica en más de un siglo, que provocó una retracción del PIB de 3,8% en 2015 y un desempleo que afecta a 12 millones de brasileños.

El FMI estima que Brasil deberá cerrar este año con su economía en marcada retracción de 3,3% con relación al año anterior, aunque iniciaría una tímida recuperación en 2017, con avance de 0,5%.

El país enfrenta al mismo tiempo la recesión, la crisis política y los escándalos de corrupción, centrados en el gigantesco esquema de sobornos de Petrobras.

FUENTE: Ámbito

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

La crisis en la cual está comenzando a sumergirse la economía de nuestro país claramente tiene su origen en la política económica aplicada por el gobierno de Macri. Los que no comulgaron nunca con el neoliberalismo monetarista entienden rápidamente que el ajuste del gasto, la apertura indiscriminada de las importaciones y la fuga de capitales permitida por el Estado son justamente la principal causa de la brutal caída de los niveles de consumo e inversión[1]. No obstante, hoy las dudas acerca de las políticas aplicadas no surgen desde este lado del mostrador de los que nunca compraron el “chamuyo de la pesada herencia”[2]. Los de este lado entienden que el gobierno de Macri ha llegado a redistribuir el ingreso a favor de los sectores más concentrados de la economía y para esto hay que bajar los salarios reales, es decir, que los salarios empiecen a crecer por debajo de la inflación.  En cambio, de la vereda de enfrente hay más dudas que certezas.

Es justamente entre los adherentes al gobierno actual (entre ellos, grandes conglomerados de medios) donde han comenzado a impacientarse: ya van cinco meses, atacar la inflación era la meta primordial y esta se ha disparado. Si confiaron en que con el sólo hecho de bajar la inflación la economía mejoraría, es lógico que reclamen hacerlo con urgencia. La impaciencia obviamente generó tensiones y la forma en que estas se resuelvan tiene implicancias enormes para la economía. En el gobierno no ven incongruencias en su plan de ruta original y promesas electorales, es decir, parecería que eliminar las retenciones no agrava el déficit fiscal, que el “plan de obra pública más importante de la historia” puede llevarse a cabo en medio de un ajuste fiscal o que la educación de calidad es posible de lograr con salarios docentes por el suelo.

Hace 12 años repiten que la emisión monetaria es la causa de todos los males. Acceden al gobierno y bajan la emisión monetaria del 40 al 25%, pero los precios dejan de crecer al 25% para pasar a crecer al 35%. Comienzan las preguntas. Se lo felicita a Sturzenegger y se buscan otras causas. Dicen “bajó la emisión pero falta credibilidad, hay que bajar aún más el gasto público sino el plan es insostenible”.

Lo cierto es que el ajuste del gasto público ya se materializó en despidos masivos de empleados públicos, quita de subsidios, pulverización de los niveles de obra pública y menores transferencias de fondos a provincias. Hoy los gobernadores ponen el grito en el cielo, los rectores no pueden pagar la cuenta de la luz y el déficit primario del primer trimestre incluso aumentó en $5 mil millones con respecto al 2015. Y es más, cuanto mayor sea el derrumbe de la actividad económica más se incrementará el déficit público, producto de un menor crecimiento de la recaudación.

En este marco, se ha dado un escenario de prueba y error en el que el gobierno ha tenido que resignar parte de su relato y comenzar a caer en contradicciones… ¡lo que agrava más aún la confusión del liberalismo! Ayer parecía que los grandes empresarios argentinos eran víctimas y el Estado el victimario que generaba inflación de forma adrede, hoy los empresarios comienzan poco a poco a ser los culpables de la suba de precios. A su vez, el monitoreo de estos precios era uno de los ámbitos donde nada tenía que hacer el Estado y hoy se anuncia que es justamente esa es la gran apuesta del gobierno para bajar la inflación. En el mismo sentido, quienes vinieron a generar empleo de calidad en la Argentina, negaron despidos luego de asumir y hoy piden una tregua de noventa días a los empresarios.

¿Cuándo bajará la inflación? Dejará de haber culpables porque la inflación no baja, cuando aparezcan culpables de que la actividad económica y el empleo no se recuperan, o sea, luego de la brusca recesión económica. Recesión cuyo único límite será político y estará dado en la oposición que muestren los diversos actores al ajuste. Cuando la resistencia al ajuste aumenta, abundan más aún las contradicciones y con ellas los anuncios de apuro, como el plan de obra pública de $200 mil millones que no se sabe cómo será financiado o los $500 millones para las universidades que sólo patean el problema de acá a unos meses.

Para resumir un poco y no agobiar entre las incongruencias que median entre un cruento ajuste del Estado y la revolución de la alegría, desde aquél lado del mostrador se seguirán buscando responsables. Ya pasó en los noventa cuando al final de la convertibilidad se sostenía que esta era brillante pero que el problema estaba en cómo se aplicaba. Hoy esos mismos aplauden la política monetaria contractiva de Sturzenegger que dilapida la industria argentina mientras piden a Prat Gay que endurezca el ajuste y apure con el achique del Estado. Con esa visión de la economía las buenas noticias deberán esperar muchos semestres antes de aparecer y la recesión será profunda, sólo resta ver el nivel de resistencia que se le opone.

 

(*) Economista de la Fundación para la Integración Federal

 

[1] Ejemplos de la retracción del consumo y la inversión son por ejemplo la caída en más de 12%  en la cantidad de unidades vendidas de electrodomésticos denunciada por CAME o más del 22% en los insumos de la construcción que releva el índice construya (ambos datos corresponden a las variaciones interanuales para el mes de abril).

[2] Quien fuera Ministro de Economía, Axel Kicillof, ha explicado a la perfección como se infló con contabilidad creativa el déficit fiscal, la supuesta falta de crecimiento del PBI o de generación de empleo. Su última nota es ejemplo de esto: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-298834-2016-05-08.html.

 

 

En los últimos días la inversión pública en Santa Fe ha vuelto a ser noticia. A mediados de junio la UOCRA denunciaba la paralización del Hospital Regional Sur, luego varios diputados opositores criticaron al Ministro de Economía de la Provincia por sacrificar la obra pública para lograr equilibrar las cuentas fiscales y la semana pasada en la audiencia pública para tratar el aumento del agua dispuesto por la empresa ASSA la gran mayoría de los oradores fue lapidario en cuanto al nivel de inversión de la empresa. Desde Fundamentar.com hace tiempo que se viene analizando el bajo nivel de inversión del Estado Provincial y creemos que es necesario volver a estudiar el tema y comparar la situación con el resto de las provincias.

Analizando las series de la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) se puede ver como Santa Fe participa desde el año 1991 en alrededor del 8% del gasto total del sector público provincial consolidado. Es decir, de cada 100 pesos que gastan las provincias, 8 los gasta Santa Fe. Sin embargo, cuando se miran los gastos de capital se ve que nuestra provincia tuvo históricamente una participación menor y más volátil. De los 23 años analizados, los peores en cuanto a inversión pública fueron 2002 y 2012, cuando Santa Fe no llegó a explicar ni siquiera 4% del total invertido por las provincias. O sea que, mientras Santa Fe es el 9% del PBI argentino y explica el 8% del gasto, sólo participa en menos del 4% de la inversión total. Esto es fácilmente visible en el siguiente gráfico.

Por otro lado es interesante analizar el porcentaje del gasto total que representan los gastos capital tanto en Santa Fe como en las 24 jurisdicciones. Esto podría anular parcialmente nuestra hipótesis de que el Estado santafesino ha invertido poco en los últimos años ya que, como se ve en el gráfico que sigue, el comportamiento de los gastos de capital en Santa Fe desde 1991 ha replicado aunque de manera más pronunciada a lo que ha sucedido en el resto de las provincias. Dicho de forma sencilla, si la inversión de todas las provincias cae, en Santa Fe cae a niveles todavía menores. Sólo en 1998 y 2006 de los 23 años en estudio, bajo la gestión del ex gobernador Jorge Obeid, se puede afirmar que el desempeño de nuestra provincia fue muy superior que al resto de las jurisdicciones tomadas en conjunto.

¿Quedan entonces totalmente anuladas las ideas vertidas en cuanto a la inversión de la provincia de Santa Fe? ¿Eran erróneas por completo? Para saberlo hay que a analizar el gasto de capital que tiene lugar con fondos propios. Como lo muestra la siguiente tabla, mientras que entre 2003 y 2007 de cada 100 pesos gastados en Santa Fe $11,7 iban a parar a gastos de capital financiados con fondos propios, dicha cifra entre 2008 y 2013 cae abruptamente a $5,38 pesos.

A su vez, ayuda a terminar de dilucidar la cuestión ver cuanto gasta Santa Fe de cada 100 pesos gastados por las 24 jurisdicciones en su conjunto. Para esto calculamos los gastos de capital y le restamos las transferencias nacionales. Así podemoos ver que mientras en promedio de 5 años (líneas coloreadas) Santa Fe siempre explicaba alrededor de 6 de cada 100 pesos invertidos con fondos propios por todas las provincias en su conjunto, entre 2008 y 2012 sólo 3,82 pesos de cada 100 fueron invertidos por nuestra provincia. Incluso, en el último año de la serie de la ASAP la inversión de Santa Fe con fondos propios fue de 2,41 pesos de cada 100 invertidos por las 24 jurisdicciones.

Resumiendo, Santa Fe es el 9% de la economía nacional, el 8% del gasto, sólo el 4% de la inversión provincial y nada más que el ¡2% de la inversión con fondos propios!

Así, nuestras conclusiones no han variado: la inversión provincial es poca, se la mira por donde se la mire. Esto queda aun más en evidencia cuando se ve que de los 1022 millones de gasto de capital acumulados a mayo de este año 622 millones fueron financiados vía transferencias nacionales, un 56% del total. Las implicancias son concretas: estas deficiencias se traducen en cuestiones tales como la paralización del Hospital Regional Sur denunciada por la UOCRA o la mayor depencia de los municipios santafesinos de los fondos que pueda remitir la nación. En este sentido basta con ver lo que pasa en Rosario donde en sus 2 primeros años el gobierno de Mónica Fein invirtió $198 millones. De esta cifra y vía transferencias de capital $142 millones fueron aportados por la nación (71,67% del total) y nada más que $11 millones por la Provincia de Santa Fe (5,81% del total).

Por todo esto hay que concluir que es necesario incrementar los esfuerzos del Estado a la hora de hacer frente a las obras de infraestructura y que si bien en los primeros cinco meses de este año la situación parece ser mejor que la de 2013, los niveles que se siguen manejando son demasiado bajos para una provincia tan rica como la nuestra. Así podría ser que en 2014 los niveles de subejecución terminen siendo menores que los de años anteriores pero también es entendible la postura de aquellas voces críticas en una provincia de Santa Fe en la cual se presupuestaron de 2008 a 2013 gastos de capital por 17.212 millones y sólo se ejecutaron 10.884 millones.

 

(*) Investigador de la Fundación para la Integración Federal 

España se encuentra entre los países de la Unión Europea que más han recortado el gasto en educación como respuesta a la crisis económica. Y ello agrava los principales problemas del sistema educativo español como la alta tasa de abandono escolar y la difícil transición entre sistema educativo y mercado laboral, según un informe publicado este miércoles por la Comisión Europea.

Así, señala que el gasto público en educación en España cayó del 5,1% en 2009 al 4,7% del PIB en 2011, por debajo de la media europea del 5,3%. Y la asignación presupuestaria total para educación disminuyó un 4,1% en 2012 y un 7,3% en 2013, de acuerdo con el estudio.

Además de España, otros 15 Estados miembros han disminuido su gasto en educación en el periodo entre 2008 y 2011: Irlanda, Reino Unido, Portugal, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Italia, Chipre y Hungría.

Además de España, otros 15 Estados miembros han disminuido su gasto en educación en el periodo entre 2008 y 2011: Irlanda, Reino Unido, Portugal, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Italia, Chipre y Hungría.

La mayoría de los recortes empezaron a aplicarse en educación universitaria, pero España, Bulgaria, Italia, Letonia y Rumanía han ajustado gasto en todos los niveles educativos durante ese periodo. El gasto anual por estudiante en España también ha bajado en todos los niveles educativos, pero se mantiene por encima de la media comunitaria.

"La caída del gasto en educación en los últimos años en estos dieciséis Estados miembros representa una tendencia preocupante y exige reforzar la eficacia de la eficiencia de la inversión en educación y apoyar la innovación y la competitividad", subraya el informe de Bruselas. En este sentido, apunta que esto es particularmente importante en el contexto de las limitadas previsiones de crecimiento del PIB para 2014.

"Los principales retos en el sistema educativo español son la transición desde la educación y la formación al mercado laboral, una persistente alta tasa de abandono escolar con grandes disparidades regionales y desajustes en las cualificaciones, incluyendo en la educación superior", señala el Ejecutivo comunitario.

LA CRISIS AGRAVA EL PROBLEMA

Además, según el informe, estos retos están agravados por la situación económica en España, que ha exigido significativos esfuerzos de consolidación fiscal, con recortes presupuestarios en educación desde 2011 a nivel nacional y regional.

Aunque se han hecho progresos en la lucha contra el abandono escolar y el sistema de formación profesional, ambas cuestiones siguen siendo "una importante causa de preocupación", subraya el Ejecutivo comunitario, ya que existe el riesgo de que la elevada tasa de paro juvenil "se convierta en estructural".

El informe señala que "teniendo en cuenta las dificultades financieras", los esfuerzos del Gobierno español -en concreto, el Ministerio de Educación que dirige José Ignacio Wert- para combatir estos problemas "se concentran en medidas normativas", en particular la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la reforma del sistema de formación profesional.

La Comisión pide a España que acelere la puesta en práctica del sistema de FP Dual, que combina estudios con prácticas en empresas.

En este capítulo, la Comisión pide a España que acelere la puesta en práctica del sistema de FP Dual, que combina estudios con prácticas en empresas. "Se requerirán más esfuerzos continuados que impliquen conjuntamente a las autoridades públicas, los centros educativos y los empresarios para extender y consolidar el sistema de formación profesional dual en España", apunta.

Ello es urgente, según el Ejecutivo comunitario, porque "España carece de una estrategia global para ajustarse de forma eficaz a los cambios en su estructura productiva". "En particular, la formación y las cualificaciones no están suficientemente actualizadas y adaptadas a las necesidades del mercado, en particular en los sectores con mejores perspectivas de desarrollo económico", apunta el informe.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Imanol Barrangú

FUENTE: Público