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Movimientos y Sindicatos de Brasil se Manifestaron en Apoyo a Lula

2017-07-13T10:30:17-03:00

El "Acto de la militancia en solidaridad al compañero Lula" inició la tarde del miércoles, tras la condena sin pruebas al expresidente brasileño.

Movimientos populares y centrales sindicales, organizados en el Frente Brasil Popular, convocaron manifestaciones en diversas ciudades del país, tras la divulgación de la sentencia aprobada este miércoles por el juez de primera instancia Sérgio Moro, que condena el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses de prisión por supuesta corrupción y lavado de dinero, en el caso del "triplex de Guarujá".

São Paulo, Brasilia, Salvador, Belo Horizonte, São José do Rio Preto y Maringá, son algunas de las ciudades donde se convocó la manifestación.

Medios locales reseñaron que en la capital de São Paulo, la manifestación comenzó este miércoles en horas de la tarde, frente al Museo de Arte de São Paulo, tradicional punto de manifestaciones en la ciudad. En la convocatoria los movimientos utilizaron consignas como "¡Abajo el golpe!", "Abajo el fascismo!", "¡Abajo las prisiones arbitrarias!".

En Brasilia, el "Acto de la militancia en solidaridad al compañero Lula", ocurrió en el auditorio de la Central Única de Trabajadores (CUT).

En el Campo da Pólvora, ciudad de Salvador, ubicado al nordeste del país, quienes apoyan al expresidente brasileño invitaron a los partidos de izquierda, centrales sindicales, sindicatos, militantes, movimientos sociales y populares justo al frente del foro Rui Barbosa para la concentración.

Demás movimientos y organizaciones políticas se organizan en diferentes ciudades de Brasil para realizar una amplia manifestación nacional para este jueves.

FUENTE: TeleSur

RELEVAMIENTO Y EDICION: Agustín Aloni

La Fiscalía de Guatemala Pedirá la Destitución del presidente Pérez Molina

2015-09-02T23:17:26-03:00

Thelma Aldana anunció que pedirá al juez Miguel Ángel Gálvez que el mandatario "sea cesado en sus funciones" cuando se presente a declarar en la causa de defraudación a la Aduana por la que está sospechado y por la que ayer el Congreso le quitó la inmunidad.

"El presidente debe cesar de sus funciones si es enviado a prisión; lo dice claramente la ley", expresó la funcionaria, quien anticipó que el Ministerio Público (MP, fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ya estaban trabajando para requerir la captura del mandatario acusado de por lo menos tres delitos vinculados a La Línea, como se conoce a la red responsable de la corrupción en la Aduana.

De acuerdo al artículo 7 de la Ley de Antejuicio, un dignatario o funcionario público cesará en el ejercicio de su cargo cuando un juez ordene su prisión preventiva, lo que podría ocurrir si así lo pide el juez Gálvez, quien dirige el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo que ya decidió en la misma causa la detención de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti el 26 de agosto pasado.

Por su parte, el titular de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, que acompañaba hoy a la fiscal Aldana, señaló a la prensa que "la lucha por la restauración moral de la República es un largo proceso que apenas empieza y requiere de la participación de toda la ciudadanía".

También afirmó que el Congreso cumplió con sus funciones al retirar ayer la inmunidad al presidente, mientras el público que acompañaba la rueda de prensa ovacionó y aplaudió a Velásquez y Aldana, responsables de los organismos que acusaron por defraudación aduanera a Pérez Molina.

Por otra parte, la Corte de Constitucionalidad terminó de encerrar al mandatario cuando rechazó hoy por "unanimidad" su recurso de amparo contra el retiro de su inmunidad, con lo que quedó en firme la decisión aprobada por 132 votos, más que los 105 de los dos tercios requeridos, en el Legislativo.

En ese marco, el vocero del presidente, Jorge Ortega, no descartó la posibilidad de que el mandatario renunciara y advirtió que Pérez Molina "tiene dos opciones" y que es "una decisión personal".

El vocero indicó que hasta ese momento el presidente permanecía a la espera de ser citado por un juez. Luego de la audiencia podría tomar una decisión, dijo a periodistas.

"El presidente debe cesar de sus funciones si es enviado a prisión; lo dice claramente la ley"

Ya ayer el vocero achacó la decisión del Congreso de quitarle la inmunidad al presidente a la coyuntura electoral que se vive en el país -las elecciones generales son el próximo domingo 6 de septiembre- porque a cinco días de esos comicios "los legisladores no iban a perder votos", dijo a la agencia EFE, con evidente comprensión de la alegría que viven los guatemaltecos por la posibilidad de enjuiciar a Pérez Molina.

Ese mismo clima preelectoral es el que, según la prensa local, alienta la decisión del Legislativo y ahora de la CC rechazando el amparo de Pérez Molina, con la posibilidad de que sea detenido.

Esas decisiones han "oxigenado" los últimos días de una campaña en la que hasta ese momento grandes manifestaciones populares pedían que fuesen suspendidas las elecciones y preanunciaban un fuerte incremento de la abstención.

En medio de ese complejo clima, hoy el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó por la diferencia de un solo voto -tres contra dos- la cancelación de la habilitación del partido Líder (Libertad Democrática y Renovada), cuyo candidato presidencial, Manuel Baldizón, aparece hasta ahora como favorito, pero en una fuerte caída frente al avance del cómico televisivo Jimmy Morales, del partido Nación y Frente de Convergencia Nacional (FCN).

El cuestionamiento del TSE obedeció a que ese partido superó ampliamente el techo de gastos legalmente autorizados, por lo que finalmente fue multado con el pago de 250.000 dólares.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Noelia Montero

FUENTE: Telam

El Congreso Quitó la Inmunidad a Pérez Molina que Ahora Enfrenta un Juicio por Corrupción

2015-09-01T23:17:08-03:00

El Congreso guatemalteco le quitó la inmunidad por 132 votos a favor, por lo que a partir de ahora comienza el juicio. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad lo acusan de haber encabezado una red de defraudación aduanera por el que ya está presa la ex vicepresidenta Roxana Baldettti, cuando faltan cinco días para las elecciones del próximo domingo.

Por primera vez en la historia de Guatemala, el Congreso le retira la inmunidad a un presidente electo por voto popular para que la justicia lo investigue, lo que no significa, sin embargo, que deba abandonar automáticamente el cargo, sobre todo teniendo en cuenta la resistencia que demostró hasta ahora a hacerlo Pérez Molina.

A partir de ahora, el expediente vuelve a la Corte Suprema de Justicia la que debe designar un tribunal ordinario que llevará adelante la causa.

Miles de guatemaltecos celebraban afuera del Congreso el retiro de la inmunidad a Pérez Molina. "El pueblo presente no tiene presidente", fue uno de los cánticos que se escucharon, informó el portal Plaza Pública.

Pese a que el mandatario afirmó que se allanaría a la justicia pero que no renunciaría, para garantizar que haya elecciones el próximo domingo, su abogado pidió previo a la sesión del Congreso una cautelar contra la denuncia y unos 200 gremialistas afines al gobierno intentaron hoy frenar el accionar del Legislativo.

La decisión parlamentaria fue el corolario de una jornada tensa, en la que tal como había anticipado el portal SOY 502, hubo manifestantes de la Unidad de Acción Popular Sindical (UAPS) que se instalaron frente al Congreso para evitar el ingreso de diputados a la sesión. Reclamaban que se realicen las elecciones del 6 de septiembre y querían impedir físicamente que se habilite el antejuicio contra Pérez Molina.

"Bloques legislativos y ciudadanía en general califica de golpe bajo la estrategia que el PP y Libertad Democrática Renovada (Líder) crearon (con ese bloqueo) para no conocer el antejuicio contra Otto Pérez Molina", dijo el portal que atribuyó a estas dos fuerzas, que ya impidieron un primer intento hace varias semanas para que se le quite la inmunidad al presidente, este accionar sindical.

Por el contrario, el embajador estadounidense Todd Robinson, difundió un comunicado en el que señaló que "el Congreso necesita reunirse para abordar los temas importantes para el país. Esperamos que el Congreso se reúna hoy, como está programado".

Por su parte, la principal central empresaria del país, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); el Comité de Unidad Campesina (CUC) ; la Universidad de San Carlos (USAC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reclamaron que los diputados despojen de la inmunidad al presidente para que enfrente a la justicia.

"Al Congreso hacemos un llamado contundente a que asuma su responsabilidad, ya que tienen un papel histórico que jugar.

Deben reunirse a la brevedad posible para proceder a habilitar el antejuicio al presidente", reclamó Jorge de León Duque, titular del PDH, además de la renuncia de Pérez Molina, para garantizar la "gobernabilidad" del país.

El rector de la USAC, Carlos Alvarado, expresó su preocupación por la "indiferencia" del gobernante y porque "el clamor popular no ha sido escuchado".

También reclamó la renuncia "inmediata" del mandatario Jorge Briz, titular de la Cacif y de la Cámara de Comercio, ya que eso, a su juicio, "ratificaría la democracia, la institucionalidad del país y la gobernabilidad".

Por otra parte, más allá de que el Congreso sesionó hoy, hasta último momento subsistieron muchas dudas sobre cuál sería su decisión, ya que se requería un mínimo de 105 votos para quitarle la inmunidad al presidente, y la bancada de Líder reúne 66 diputados y la del PP 33, sobre un total de 158 legisladores.

Por primera vez en la historia de Guatemala, el Congreso le retira la inmunidad a un presidente electo por voto popular para que la justicia lo investigue

Por un lado, hace varias semanas, en la primera demanda de un diputado para quitarle los fueros a Pérez Molina -un general retirado que tuvo una participación controvertida durante el gobierno dictatorial- la alianza de la bancada de Líder y del PP lo impidieron.

Pero también, pese a que el candidato a presidente de esa principal fuerza de oposición, Manuel Baldizón, pidió a sus legisladores que habiliten el antejuicio, lo que fue ratificado por la vocera de esa bancada, Ana Lucía Ramírez, fuentes legislativas dudaron del comportamiento final de esa bancada decisiva.

También en el PP se produjeron fuertes disensos, porque la comisión investigadora del Legislativo que aprobó el antejuicio y lo trasladó al plenario del Congreso, estaba conformada por tres opositores y dos oficialistas, sin embargo el dictamen fue unánime, lo que muestra la pérdida de poder del mandatario.

El MP y la Cicig denunciaron a Pérez Molina el viernes 21 de agosto y la Corte Suprema de Justicia avaló la acusación, por lo que la trasladó al Congreso, que a su vez creó por sorteo la comisión investigadora para analizar el tema.

El presidente del Congreso, Luis Rabbé, fue el que convocó para este martes a los 158 diputados para analizar el informe efectuado por la comisión investigadora, en la que se recomienda el retiro de la inmunidad para Pérez Molina, e integra la bancada opositora de Líder, y explicó que el único punto de la sesión plenaria será "el antejuicio al presidente".

FUENTE: Télam

Sin Carlos Menem, Arrancó el Juicio por el Encubrimiento de AMIA

2015-08-06T17:10:43-03:00

El ex presidente argumentó problemas de salud; es el principal acusado, junto con el primer juez que investigó el atentado, Juan José Galeano; estiman que habrá sentencia recién en 2016

Desde las 10 comenzó el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que tiene al ex presidente Carlos Menem y a su jefe de Inteligencia Hugo Anzorreguy como los principales acusados, sospechados de desviar la investigación para proteger a Siria.

El ex mandatario y actual senador no está en el banquillo de los acusados por, según trascendió, problemas de salud. "Sufrió un agravamiento de su cuadro de hipertensión arterial, sumado a la diabetes, esclerosis y artrosis que tiene", se notificó durante el juicio.

También hoy comienza a ser juzgado el primer juez que tuvo la causa durante casi 10 años, Juan José Galeano, a quien se responsabiliza de haberle pagado al primer preso de la causa, Carlos Telleldín, para acusar a falsos culpables.

Telleldín cobró 400.000 dólares por una operación de inteligencia y declaró contra un grupo de policías bonaerenses sospechados de recibir de sus manos la camioneta usada como coche bomba.

La lista de acusados se completa con quienes fueron los fiscales del primer caso, Eamon Mullen y José Barbaccia, y el agente de la SIDE que intervino en el pago, Patricio Pfinnen. Telleldín, que cobró con su entonces esposa, Ana Boragni, será juzgado junto con su abogado, Víctor Stinfale. El segundo de la SIDE en ese momento, Juan Carlos Anchezar; el ex comisario general Jorge "Fino" Palacios, que investigó el caso, y el policía retirado Carlos Castañeda también serán juzgados.

"El juicio va a tardar un año"

"Pensamos que el juicio va a tardar un año", estimó Sabrina Namer, una de los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA. A cargo de la acusación también está Roberto Salum. Ambos son sucesores de Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en enero pasado.

Desde la DAIA se pidió que el proceso se desarrolle sin inconvenientes. "Si se investigó mal hay que saberlo, si no se investigó una pista hay que saberlo. Lo que único que pido es que dejemos todos que este juicio prospere naturalmente y sin presiones", dijo el secretario general de la entidad, Jorge Knoblovits.

CRISTINA, CITADA COMO TESTIGO

Los policías, con el ex comisario Juan José Ribelli a la cabeza, fueron absueltos en 2004 y hoy son querellantes en el juicio contra Galeano y Telleldín, junto con los familiares de los 85 muertos que dejó el atentado a la mutual judía y el gobierno argentino, representado por el Ministerio de Justicia.

Desfilarán 140 testigos, entre los que se cuentan Cristina Kirchner y Jaime Stiusso

Los jueces que estarán al frente del caso son Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli, que componen el Tribunal Oral Federal N° 2. El juicio se desarrollará en audiencias una vez por semana, porque Gorini integra también el tribunal que juzga la tragedia ferroviaria de Once, proceso que terminaría el año próximo. Una vez concluido ese proceso, habrá audiencia dos veces por semana.

Desfilarán 140 testigos, entre los que se cuentan Cristina Kirchner y Jaime Stiusso, el ex poderoso director de Operaciones de la ex SIDE, echado por la Presidenta.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Esteban Agustín Covelli

FUENTE: LaNación

Sarkozy Denuncia "Injerencia Política" en el Juicio en su Contra

2014-07-02T17:29:56-03:00

El expresidente de Francia dice que existe intención de "humillar" en la investigación por supuesto fraude y tráfico de influencias.I nsistió en su inocencia y no descartó regresar al primer plano político en su país.

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, denunció el miércoles lo que calificó como "injerencia política" en el caso en su contra. En una entrevista con la cadena de televisión LCI y con Radio Europe 1, Sarkozy negó que hubiera cometido actos indebidos.

El exdirigente conservador dijo que en las cuentas de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 nunca hubo un sistema de doble facturación, calificó de "escandaloso" que sea sospechoso de "tráfico de influencias", y no descartó, pese a todo, regresar a la primera línea política.

"Les digo a todos los que están escuchando o viendo que yo nunca los he traicionado y no he cometido nunca un acto contrario a los principios de la república y el imperio de la ley", dijo Sarkozy.

El expresidente, de 59 años de edad, aseguró que estaba "profundamente conmocionado" por los cargos que se le imputan. "Todo se está haciendo para dar una imagen de mí que no es veraz", dijo.

"No tengo nada que reprocharme", indicó el expresidente, que insistió en que "cuando alguien tiene la certeza de ser inocente no tiene miedo a expresarse".

Sarkozy dijo no querer estar "por encima de la ley, pero tampoco por debajo", e hizo hincapié en que se ha violado un principio fundamental en cuanto a que "todo acusado tiene derecho a un juez imparcial".

BAJO INVESTIGACIÓN

Sarkozy pasó casi toda la jornada del martes siendo interrogado por la policía como parte de una investigación vinculada a las acusaciones de que recibió 50 millones de euros (67 millones dólares) en fondos ilegales de campaña por parte del entonces líder libio, Moamar al Gadafi. También es sospechoso de haber utilizado su influencia como presidente para bloquear una investigación sobre presuntas irregularidades en su campaña electoral de 2007.

Los dramáticos acontecimientos marcan la primera vez que un ex jefe de Estado francés ha sido detenido. Sarkozy perdió la inmunidad presidencial tras dejar el cargo en junio de 2012, y si es declarado culpable, enfrentaría hasta cinco años en prisión y una multa de 500.000 euros.

Este es uno de los seis casos que involucran a Sarkozy, directa o indirectamente, incluidas las denuncias de irregularidades en su fracasada campaña electoral de 2012.

En octubre pasado, un tribunal desestimó investigaciones sobre si se había aprovechado de la debilidad mental de la mujer más rica de Francia, la heredera de L'Oreal, Liliane Bettencourt, para financiar aquella campaña.

FUENTE: DW

Amado Boudou Declara desde las 13 ante el Juez Lijo

2014-06-09T17:03:16-03:00

Si bien el vicepresidente llegó a los Tribunales de Comodoro Py cerca de las 11, antes de comenzar formalmente la indagatoria el magistrado rechazó el pedido de grabación de la audiencia, solicitado temprano en la mañana.

Se le dio vista al fiscal federal, Jorge Di Lello, quien manifestó que la grabación o no de la audiencia para uso del imputado "no le causa gravamen alguno" por lo cual delegó la decisión en el juez, explicaron fuentes judiciales.

Lijo volvió a rechazar la grabación aludiendo a los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional y a la necesidad de velar por los derechos de los demás imputados en la causa.

Luego se procedió a la entrevista prelimiar donde se leyeron los cargos al vicepresidente y pasadas las 13 se inició formalmente la indagatoria.

Están en el despacho del juez, Boudou y sus dos abogados, el fiscal Di Lello y una de sus secretarias, informaron fuentes judiciales.

Al arribar a los tribunales, Boudou dijo sentir "mucha tranquilidad" con la posibilidad de "decir la verdad para desentrañar todo esto que es una falacia y una patraña".

Boudou dijo estar "muy tranquilo, con mucha confianza en lo que he hecho y en lo que seguiré haciendo por el bien de los argentinos"

"Acá, más allá de las causas políticas, la verdad está en el expediente. Lo que pasa es que el juez no lo quiso ver", aseveró el vicepresidente en breves declaraciones a la prensa al arribar esta mañana a los tribunales de Comodoro Py.

Previamente, al salir de su domicilio en Puerto Madero, Boudou dijo estar "muy tranquilo, con mucha confianza en lo que he hecho y en lo que seguiré haciendo por el bien de los argentinos".

Tras agradecer a la prensa que lo aguardaba en la puerta de su casa, el vicepresidente dijo que se presenta ante el juez Lijo "sin ninguna estrategia" y destacó que "podría no haber ido y presentar un escrito, pero voy a presentarme y evacuar todas las preguntas" del magistrado.

En medio de un importante operativo de seguridad, Boudou fue recibido en la puerta de los tribunales por manifestantes de La Cámpora y del Partido Justicialista que -con banderas y cánticos- apoyaban al vicepresidente.

Los manifestantes cortaron la avenida Comodoro Py al 2.000, frente al acceso principal del edificio.

FUENTE: Télam

Rios Montt: Relatos de Un Camino Hacia la Impunidad

2013-11-19T17:15:07-03:00

La justicia guatemalteca condenó al exdictador José Efraín Ríos Montt con una pena de 50 años de cárcel por delitos de genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad. La decisión, aplaudida y largamente esperada, lejos está de ser efectivamente aplicada.

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”.

Albert Camus(1913-1960)

“Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión[1]” fueron algunas de las palabras de defensa del Dictador Guatemalteco José Efraín Ríos Montt, frente al Tribunal A de Mayor Riesgo, momentos antes de que se pronunciara la sentencia de condena con una pena de 50 años de cárcel por delitos de genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad para completar la suma de 80. La decisión aplaudida y largamente esperada sin embargo lejos está de ser efectivamente aplicada.

RIOS MONTT, FIGURA CÉLEBRE

Luego del derrocamiento del general Fernando Lucas García, José Efraín Ríos Montt asume la presidencia de facto de Guatemala, a partir de ese momento, en un corto periodo de un año y tras la instauración de un “triunvirato militar”, inicia una campaña de exterminio que hará sentir su vigor con especial ahínco en las comunidades indígenas mayas en el Quiché (norte de Guatemala), arrojando más de 1772 víctimas, en las operaciones Victoria 82, Sofía, Ixil y Operación Firmeza 83 entre otras[2]. Cobijando además amplios segmentos de población rural particularmente personas en situación de vulnerabilidad: niños, ancianos y mujeres catalogados como guerrilleros y subversivos por el régimen, siguiendo la posición anticomunista y los derroteros de seguridad nacional de la política de contención americana[3] asumidos en el hemisferio, campaña que perduraría más allá del efectivo gobierno de Rios Montt, quien fue destituido en agosto de 1983 por Óscar Mejía Vítores. Este último sancionaría, tres años después, la ley de amnistía general que exculpó a todos los vinculados en delitos perpetrados en el período de dictadura, norma que tuvo diez años de vigencia pues en 1997 se deroga con el Decreto 133-97.

INICIO DE SIGLO… INICIO DE JUICIO

El año 2000 marcaría el inicio de un capítulo procesal que hasta ahora no encuentra su fin. La iniciativa de construcción de memoria histórica del período de gobierno de Ríos Montt así como de los momentos previos y posteriores a su ejercicio presidencial aún no concluye. La presentación del volumen Guatemala: Nunca Másiniciado por el asesinado Obispo José Gerardi, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Archidiócesis de Guatemala y el documento Guatemala Memoria Del Silencio Tz'inil Na'tab'al de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, han permitido armar un rompecabezas de más de dos décadas de la historia guatemalteca, facilitando además sustentar los cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y guerra ahora endilgados a Ríos Montt y otros oficiales militares del período.

Con los documentos en mano, el auspicio de varias organizaciones de derecho guatemaltecas incluidas la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability -o Centro por la Justicia y la Responsabilidad- y bajo la invocación del principio de Justicia Universal, entendida como la posibilidad de un Estado de ejercer su poder punitivo extraterritorialmente es decir independientemente del lugar en el que fueron cometidos, por la gravedad del delito o su especial significancia internacional, se procede a efectuar denuncia ante el tribunal Nacional de España contra varios militares, entre ellos Lucas García, Aníbal Guevara y Ríos Montt incluyendo a otros tres civiles. El tribunal profirió orden de captura internacional pero ninguno de los acusados se presentó al juicio.

Ya en Guatemala y luego del retiro de la investidura de diputado del ex dictador en 14 de enero de 2012 se presenta Ríos ante el Tribunal A de Mayor Riesgo junto con los militares de alto rango Pedro García Arredondo y Rodríguez Sánchez bajo la acusación de cometer crímenes contra la humanidad y genocidio por la masacre de Ixiles que luego se sumarán a acusaciones de traslado forzoso de más de veinticinco mil personas y otros delitos de lesa humanidad perpetrados durante la Masacre de las Dos Erres.

Luego de la declaratoria de inaplicación de la figura de amnistía por uno de los magistrados de conocimiento en sede de apelación, se procede a la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena principal de 50 años de prisión inconmutable por el delito de genocidio y 30 años por crímenes contra los deberes de humanidad. No obstante, la Corte de Constitucionalidad Guatemalteca ordenó retrotraer el proceso al momento en el que se encontraba el 19 de abril de 2013, período anterior al proveimiento del fallo condenatorio del 10 de mayo, sentencia de anulación ratificada recientemente con un nuevo fallo de ese mismo órgano judicial en la que se abre la posibilidad de aplicar la figura de amnistía para el ex dictador, con base en el Decreto Presidencial 8 de 1986 que concede la prerrogativa a todos los perpetradores de delitos comunes políticos y conexos durante y después de la dictadura es decir, desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 14 de enero de 1986.

La sentencia de constitucionalidad se apoya en la tesis de insuficiencia de argumentación del juez de conocimiento que resolvió la apelación a la hora de dictar sentencia, endilgando confusión conceptual entre las figuras de indulto y amnistía, declarando violaciones al debido proceso y ordenando a proferir nuevo fallo donde se precisa porque razón no aplica la figura de extinción de persecución penal en el caso Ríos[4].

Sin embargo, la sentencia de apelación contiene en sus salvamentos de voto los argumentos fundamentales de la atribución de responsabilidad para el ex dictador. La precisión de la imposibilidad de aplicar auto amnistías para los Estados por constituir Vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica[5] y de instrumentos internacionales como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, hacen evidentes los perjuicios de la utilización de la institucionalidad y la constitución como norma aislada, en suma como herramienta de protección de los victimarios por encima de los derechos ala dignidad, la vida la integridad y la posibilidad de justicia y reparación, en suma el derecho como instrumento conveniente del silencio y la impunidad.

(*) Abogada e investigadora independiente de la Universidad La Gran Colombia. Bogotá. Con especialización en Derecho Constitucional Universidad de Nuestra Señora del Rosario, Colombia. Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Universidad Rey Juan Carlos Madrid. España domicilio Bogotá Colombia. Correo electrónico: andreanar1900@hotmail.com, elpendulocrítico.blogspot.com.

BIBLIOGRAFÍA

Calvocoressi, Peter. Historia Política del Mundo contemporáneo. Ediciones AKAL,Madrid España pág. 31.

Comision para el Esclarecimiento Historico. Guatemala Memoria Del Silencio Tz'inil Na'tab'al. Guatemala. Primera edición, junio de 1999.

Corte de constitucionalidad República de Guatemala Expediente 1523-2013 y 1543-2013 (22 de Octubre de 2013) y Votos Razonados

Declaración Americana de derechos Humanos. Especialmente Artículos 1.1, 2,8 y 25. San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Disponible en http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

Declaración Efraín Rios Ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. Jueves 9 de mayo de 2013.

[1] Declaración Efraín Rios Ante el Tribunal A de Mayor Riesgo. Jueves 9 de mayo de 2013.

[2] Comision para el Esclarecimiento Historico. GUATEMALA MEMORIA DEL SILENCIO Tz'inil Na'tab'al. Disponible en http://shr.aaas.org/projects/human_rights/guatemala/ceh/mos_en.pdf.

[3] Calvocoressi.Peter. Historia Política del Mundo contemporáneo. Ediciones AKAL, Madrid España pág. 31.

[4] Véase providencia de Corte de constitucionalidad República de Guatemala Expediente 1523-2013 y 1543-2013 (22 de Octubre de 2013) y Votos Razonados en http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=1068&Itemid=141

[5] Declaración Americana de derechos Humanos. Especialmente Artículos 1.1, 2,8 y 25. San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Disponible en http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

Comienza el Juicio por Corrupción a un Ex Presidente Alemán

2013-11-14T15:09:51-03:00

Christian Wulff, un conservador miembro del partido de la canciller Angela Merkel, comenzó a ser juzgado hoy por cohecho, acusación que forzó su renuncia al cargo a principios del 2012.

Este el primer juicio a un ex presidente de la República Federal de Alemania, recordó la agencia alemana de prensa DPA. Wulff, de 54 años, está acusado de soborno a favor del productor de cine David Groenewold, acusado a su vez de corrupción.

"No es un día fácil. Pero estoy seguro de que podré esclarecer todas las acusaciones porque actué correctamente en el cargo", dijo el político de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) antes de entrar en la corte de Hannover, al norte de Alemania.

Según los fiscales, Wulff aceptó una invitación de Groenewold a la Fiesta de la Cerveza de Munich en el 2008, cuando era primer ministro de Baja Sajonia, por 719,40 euros (964 dólares). Luego promovió un proyecto de Groenewold ante el gigante electrónico Siemens.

El político se defendió alegando que no sabía que su amigo hubiera asumido parte de los gastos de alojamiento y se preguntó si no era lícito poder invitar o dejarse invitar por amigos a una comida.

El escándalo Wulff estalló en diciembre del 2011, cuando el diario más leído de Alemania publicó que el presidente alemán había recibido un crédito privado de un amigo empresario para comprarse una casa.

El escándalo Wulff estalló en diciembre del 2011, cuando el diario más leído de Alemania, el sensacionalista Bild, publicó que el entonces presidente alemán había recibido un crédito privado de un amigo empresario para comprarse una casa.

Las acusaciones de tráfico de influencias y vacaciones pagadas por empresarios amigos se sucedieron durante semanas en los principales medios de comunicación alemanes, mientras el político negaba cualquier irregularidad.

Wulff decidió renunciar a la presidencia el 17 de febrero de 2012, apenas 20 meses después de asumir el cargo y un día después de que la Fiscalía General solicitara suspender su inmunidad para poder investigarlo.

La amplia investigación fue desechando y minimizando desde entonces todos los cargos y sospechas, con excepción del viaje a la "Oktoberfest" de Múnich.

En abril, la fiscalía ofreció a Wulff y Groenewold evitar la demanda a cambio de un pago de 20.000 euros, pero ambos se negaron. Días más tarde, los fiscales anunciaron la acusación.

En el marco del juicio que comenzó hoy hay programadas 22 audiencias hasta principios de abril de 2014, durante las cuales declararán 46 testigos, incluidos una conocida actriz de televisión y el dueño de uno de los mayores grupos de medios.

El fallo puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Alemania.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Carolina Martínez

FUENTE: Telam

Crece la Tensión en Egipto en Vísperas del Juicio de Mursi

2013-11-01T12:10:17-03:00

El juicio contra el ex presidente, el islamista Mohamed Mursi, amenaza con reavivar los ánimos cuatro meses después del golpe de Estado que le desalojó del poder.

El juicio contra el ex presidente, el islamista Mohamed Mursi, amenaza con reavivar los ánimos cuatro meses después del golpe de Estado que le desalojó del poder.

El proceso, que comienza el próximo lunes, ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad. La alianza islamista ha llamado a celebrar desde este viernes marchas diarias en todas las provincias del país en apoyo al ex mandatario, en paradero desconocido desde el 3 de julio.

La alianza islamista ha llamado a celebrar desde este viernes marchas diarias en todas las provincias del país en apoyo al ex mandatario.

"El primer presidente civil y electo de la historia del país está secuestrado. Nadie sabe donde se encuentra detenido. Está privado de los más básicos derechos humanos y es incluso acusado de un delito, ¿Dónde quedan sus derechos legales?", denuncia la Alianza en Defensa de la Legitimidad, integrada por los Hermanos Musulmanes y sus aliados en un comunicado. La coalición insta "al orgulloso y libre pueblo de Egipto a manifestarse en todas las plazas del país en protesta por los falsos cargos contra el presidente legítimo".

Bajo el lema "Juicio a la voluntad popular", el bloque llama a mantener marchas diarias desde este viernes y hasta el lunes, inicio del juicio contra Mursi y jornada bautizada como "el día de la resistencia del presidente". El objetivo es que las protestas más multitudinarias se celebren el lunes e incluso lleguen a las inmediaciones de la Academia de los Suboficiales de la Policía, en el complejo penitenciario cairota de Tora, el lugar que albergará la primera sesión y donde permanece la mayoría de los líderes de la Hermandad.

Mursi y otros 14 dirigentes de la cofradía están acusados de incitar a la violencia contra manifestantes a las puertas del palacio presidencial de Itihadiya el 5 de diciembre de 2012 unos días después de publicar un decreto presidencial que blindó la redacción de la Constitución.

Tras los choques entre partidarios y detractores del entonces presidente que dejaron una decena de muertos y cientos de heridos, medio centenar de personas fueron torturadas y detenidas ilegalmente a las puertas del palacio por simpatizantes de la Hermandad.

En previsión de las protestas, las fuerzas de seguridad advierten de que actuarán con mano de hierro. Este viernes vehículos blindados han cerrado los accesos a la simbólica Tahrir y a las plazas de Rabea Al Adauiya y Nahda, donde los islamistas levantaron las acampadas cuyo salvaje desalojo costó cientos de vidas el 14 de agosto.

El lunes, unos 20.000 policías y soldados velarán por el comienzo del proceso judicial, según el Ministerio del Interior. Las autoridades han asegurado que "actuarán con decisión y fuerza" para evitar cualquier tentativa de asaltar la sala del juicio o acercarse a Tora. Mañana, los agentes se desplegarán por los aledaños y las azoteas cercanas a la cárcel.

La escalada de la tensión ha marcado la última semana. Las huestes de Mursi han convertido las universidades en el foco más activo de la resistencia. El miércoles las fuerzas del orden irrumpieron en el campus cairota de Al Azhar, la universidad suní más prestigiosa del mundo, después de que estudiantes islamistas entraran en la sede de la administración y retuvieran durante algunas horas al rector. Una veintena de universitarios fueron arrestados y el recinto sufrió severos daños.

Ese mismo día el vicepresidente del brazo político de la Hermandad, Esam el Erian, fue 'cazado' en un apartamento de la capital. Era el último dirigente clave en libertad. "Su arresto complica aún más cualquier intento de reconciliación. Los dirigentes que están en prisión son los mejor preparados para liderar las negociaciones. La encarcelación no solo no debilitará la contestación en la calle sino que reavivará las protestas", reconoció a EL MUNDO Mohamed Abdelatif, secretario general del partido Al Wasat y miembro destacado de la alianza islamista.

Además, fuentes de seguridad han anunciado este viernes el arresto de 22 mujeres que pertenecían a la rama femenina de la Hermandad en la ciudad mediterránea de Alejandría. Están acusadas de interrupción del tráfico, pertenencia a organización clandestina y distribución de panfletos ilegales.

Desde julio, las autoridades han emitido órdenes de arrestos contra cientos de miembros de la organización islamista. Desde el desalojo de las acampadas, las redadas policiales han cazado a líderes y miembros intermedios; diezmado la cofradía y debilitado su músculo organizativo. La organización, además, ha sido ilegalizada empujando a sus miembros hacia la clandestinidad. Un órgano estatal ha recomendado ilegalizar también el brazo político del movimiento.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Priscila Pretzel

FUENTE: EL MUNDO

Comenzó el Juicio Contra el Soldado que Filtró Documentos Clasificados a Wikileaks

2013-06-03T14:45:11-03:00

Bradley Manning es juzgado por "ayudar al enemigo" y "poner en riesgo la seguridad". El militar aseguró que buscó reparar las guerras provocadas por su país.

El proceso contra el soldado Bradley Manning, que filtró archivos secretos del gobierno estadounidense a WikiLeaks, comenzó hoy ante un tribunal militar cerca de Washington, tres años después de su detención cuando era analista de inteligencia en Irak.

El inicio de la vista en el complejo militar Fort Meade, en el estado de Maryland, se retrasó unos 45 minutos y comenzó con la presentación de la acusación por parte de la Fiscalía.

Manning, de 25 años, compareció entretanto sentado entre miembros de su equipo de defensa, informó la agencia de noticias DPA.

Al soldado se le acusa, entre otros cargos, de "ayuda al enemigo".

De ser declarado culpable de los más de 20 cargos que afronta, podría recibir la cadena perpetua, ya que la fiscalía decidió desde un primer momento renunciar a la posibilidad de una condena a muerte que prevé la gravedad de las acusaciones que pesan sobre Manning.

El soldado por su parte ha ofrecido declararse culpable de diez de los cargos menores que pesan sobre él, y por los que la pena máxima que recibiría sería de 20 años, pero la fiscalía insiste en que responda por todas las acusaciones.

Antes del inicio del juicio, Manning ya admitió que extrajo cientos de miles de documentos confidenciales durante la misión que cumplió en Irak y se los hizo llegar a Wikileaks.

En una declaración que leyó durante una de las audiencias previas al juicio, en febrero, Manning afirmó que su objetivo con las filtraciones era "provocar un debate interno sobre el papel de la política militar y exterior" de Estados Unidos.

Asimismo, dijo que estaba convencido de que los documentos revelados "no dañarían a Estados Unidos, pero sí serían embarazosos".

CLAVES Y PROTESTAS

Una de las cuestiones clave del caso es demostrar si la información filtrada realmente dañó la seguridad la seguridad nacional estadounidense, tal como afirma la Fiscalía, o no, como considera la defensa de Manning y sus seguidores.

Desde el sábado partidarios de Manning celebran una multitudinaria protesta frente a Fort Meade en apoyo del joven soldado.

Se estima que el juicio durará hasta 12 semanas y podría involucrar a cientos de testigos, entre ellos 24 que hablarán a puertas cerradas, según la decisión de la jueza, la coronel Denise Lind.

La juez está a cargo del consejo de guerra por decisión de Manning, que tenía la opción de ser juzgado ante un tribunal conformado por tres magistrados o uno solo.

El juicio se celebrará bajo estrictas medidas de seguridad en una corte marcial en la base militar de Fort Meade, Maryland, sede de las agencias de la élite tecnológica y de inteligencia del Pentágono.

Cientos de personas se manifiestan desde el fin de semana frente a la base militar de Fort Meade en apoyo a Manning, a quien consideran un símbolo del pacifismo por difundir la verdad sobre las guerra en Afganistán e Irak.

JUICIO SIN PERIODISTAS

La jueza Denise Lind adelantó que prohibirá en el juicio la presencia de periodistas y personas externas cuando se trate información que afecta a la seguridad nacional y, posteriormente, se revelará una transcripción en la que sólo se verán los datos que puedan hacerse públicos.

Los testigos cuyas declaraciones deberán ser protegidas bajo secreto, son diplomáticos, responsables de inteligencia, militares y otros funcionarios estadounidenses de alto nivel.

Los fiscales intentarán probar que Manning hizo uso inapropiado de información clasificada y la puso a disposición de WikiLeaks sabiendo que ponía en riesgo la "seguridad nacional" y que podría ser utilizada por grupos enemigos, como la red Al Qaeda.

Una de las pruebas que podrían presentar en contra de Manning sería un hecho que fue desclasificado el viernes.

Según informó el Pentágono, cuando registraron la casa en la que se escondía Osama Bin Laden en Pakistán antes de su muerte, los marines estadounidenses que realizaron el operativo encontraron una comunicación del líder de Al Qaeda en la que pedía examinar los documentos oficiales estadounidenses filtrados a WikiLeaks.

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafael Pansa

FUENTE: Telam