El 40% del futuro conglomerado, que gestiona el visto bueno del gobierno argentino a través del ente gubernamental de Comunicaciones (ENaCom) pertenecerá a Fintech, mientras que el Grupo Clarín obtendrá aproximadamente un 33% y el resto cotizará en bolsa. Clarín y Fintech ya son socios en Cablevisión Holdings (del cual Clarín tiene el 60% y Fintech el 40% restante) mientras que Telecom ha sido en el último año y medio -gracias al aval del gobierno argentino- controlada en su totalidad por la compañía que representa D. Martínez.

En los términos en que se difundió, la fusión Telecom + Cablevisión coloca al Grupo Clarín en una situación inédita, pues será accionista minoritario en una apuesta estratégica por primera vez en su historia. Sin embargo, es prematuro aún para saber quién oficia de “punto” y quién es “banca” en esta operación.

El nuevo conglomerado infocomunicacional será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país. Aparte, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser accionista en Papel Prensa SA, la Agencia DyN y poseer señales de tv paga.

La fusión expresa un hito en la concentración de los mercados de información y comunicación de la Argentina y supera todos los niveles previos, que ya eran elevados. La prédica del gobierno del presidente Mauricio Macri acerca de inyectar mayor competencia en los sectores de la comunicación queda así expuesta a un sonado fracaso, pues en lugar de agregar nuevos concurrentes su política estimuló la fusión de los actores industriales dominantes (que en varios de los segmentos exhiben comportamientos anticompetitivos). Los nuevos niveles de concentración serían motivo de intervención de autoridades de defensa de la competencia en cualquiera de los países europeos o de América del Norte que suelen citarse como ejemplo de políticas serias. Los predicadores oficialistas, que combinan consignas de competencia y de inversiones como promesa a futuro para eludir la delicada trama institucional decretada por Macri, ahora enfrentan un nuevo desafío a su imaginario.

El gobierno argentino desguazó desde diciembre de 2015 las regulaciones previas (en particular aquellos artículos que habían merecido un atento examen de la Corte Suprema de Justicia y que en 2013 fueron declarados plenamente constitucionales, referidos a los límites a la concentración de la propiedad de medios) a través de decretos y resoluciones unilaterales que contravienen a su vez la declarada intención de establecer reglas republicanas estables y duraderas para un sector que suele esgrimir la inseguridad jurídica como pretexto para justificar los bajos niveles de inversión, la mala calidad de los servicios y la tendencia a la cartelización. Si Fintech ya violentaba los términos del DNU 267 suscripto por Macri al inicio de su mandato, el nuevo conglomerado fruto de la concentración entre Telecom y Cablevisión demandará un nuevo rediseño regulatorio a la medida por parte del gobierno nacional.

 

(*) Profesor e investigador Conicet, UNQ, UBA

FUENTE: martinbecerra.wordpress.com

Al referirnos a medios públicos sobreviene siempre la pregunta sobre el significado de lo público.

Podemos pensarlos desde la propiedad, en ese caso “público” sería algo que corresponde a toda la comunidad. También podemos mirar los recursos que se involucran para su gestión, así muchas veces hemos dicho que todos los medios que usan espectro radioeléctrico “son públicos”, dado el carácter social de ese recurso. O pensar en los recursos presupuestarios: si para gestionar un medio salen del erario público parece lógico que lo definamos así. Ninguna mirada es excluyente de otras y en todo caso nos permiten entender que hay múltiples enfoques posibles.

Hay quienes insisten en que lo público debería ser algo despolitizado, como si en la ausencia de contenido político residiera la esencia de un medio de comunicación al servicio de la ciudadanía. Para esas personas, cualquier presencia que transmita una idea susceptible de influir en la sociedad debe ser erradicada. Las más de las veces impera una (no casual) confusión entre la idea de “uso político” y “uso partidario” y completan con que los contenidos de los medios públicos deben ser “culturales y de servicio social”, sin ninguna clave que nos explique qué significa cada cosa.

Los avances en este tema a partir de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 fueron importantes. No solo se modificó de manera rotunda la conducción del Canal 7 (hoy TV Pública) y Radio Nacional con la creación de un directorio en el que los representantes del gobierno nacional no tenían mayoría ni quórum para funcionar solos, sino que se establecieron ámbitos de participación ciudadana que permitían la intervención de todos los sectores: el desaparecido Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos.

Pese a la voluntad expresada en que fue el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner el impulsor de esas medidas, la oposición, conducida en las sombras por el Grupo Clarín y llevada adelante por legisladores del Pro y los partidos aliados puso en cuestión la calidad de lo logrado en aquel momento y durante años tildó de partidario el esquema propuesto y su implementación. Implementación que involucraba el fortalecimiento de las radios de todo el país y la puesta en marcha de estaciones de TV Digital Abierta (TDA) para lograr que la mayor parte de la población tuviera acceso a la televisión gratuita y con la mejor calidad de imagen y sonido.

Mientras ello sucedía por el lado del gobierno nacional de entonces, en el otro lado del ringside, Mauricio Macri -que gobernaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- evidenciaba la poca importancia que su partido asigna a los medios públicos de la Ciudad -dos radios y una señal de televisión-, con un ejemplo que vale como muestra. Pese a que la Ley de SCA le daba la posibilidad y que el gobierno nacional le había otorgado una frecuencia para que el “Canal de la Ciudad” pudiera ser transmitido de manera abierta en la TDA, nunca se avanzó en su concreción. Tampoco lo hizo su continuador Horacio Rodríguez Larreta.

En los últimos días el canal de la Ciudad estuvo más presente que nunca en algunas conversaciones. Es que por decisión del gobierno del cual depende – no existe participación ciudadana en su conducción-, el canal compró los derechos para transmitir la Eurocopa, el certamen de seleccionados más importante del viejo continente. Con la Copa América terminada y sin comienzo a la vista de los torneos locales, la audiencia encontró en ella la manera de satisfacer el apetito futbolero. El fin de semana próximo serán las finales y veremos qué tanta gente mira, hasta ahora no ha sido poca.

El problema es que para ver ese canal es necesario ser abonado a un sistema de TV paga, hasta para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, la misma ciudad se ocupa de publicitar profusamente los canales donde se puede encontrar ese contenido en Cablevisión y Telecentro. ¿Y los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen TV por cable pero que con sus impuestos pagan los costos del canal y los derechos de exhibición? Bien, gracias. Que lo vean por Internet, si pueden.

¿Es esta la manera en que entiende el macrismo los contenidos universales? ¿De qué manera se conjuga esto con el derecho de acceso a la información? Si se considera que la Eurocopa -o cualquier otro evento- es tan importante para la ciudadanía como para pagar por sus derechos de emisión, ¿cómo es que solo están disponibles para una porción de los ciudadanos? Nos hace acordar mucho a dos episodios de la historia reciente y curiosamente algunos de los protagonistas se repiten.

 

Esta historia ya la vimos

A mediados de los ´90 el proceso de extranjerización y concentración de la industria de la TV por cable terminó en una disputa entre muy pocos y grandes operadores entre los que destacaba Multicanal, del Grupo Clarín. Para saldar esa competencia a su favor el Grupo no escatimó estrategias, una de ellas la de utilizar los contenidos del Fútbol que tenía en exclusiva, como driver que desequilibrara la disputa a su favor. Todo esto está muy bien analizado y descripto en el informe del año 2007 que realizó la Comisión Nacional de Defensa de la  Competencia llamado “Problemas de competencia en el sector de distribución de programas de televisión en la Argentina”.

El otro, el que estamos experimentando desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación con la decisión de entregar los partidos de más audiencia del Fútbol Para Todos a los canales privados de Buenos Aires, el Canal 13, Telefé y América. Hasta esta decisión, esos encuentros se podían ver por la TV Pública (el viejo Canal 7), por lo tanto estaban disponibles para prácticamente toda la población del país, por medio de su emisión abierta, por las repetidoras analógicas, por el cable, la TV Satelital y en la TDA. Ahora, para ver a los llamados “clubes grandes” hay que tener cable, ya que quién no está en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores no recibe de manera abierta esos canales.

El mismo principio. Un contenido atractivo, puesto a disposición de los privados y transmitido por el cable. Al Fútbol para Todos el macrismo lo convierte en un “fútbol para menos”. Según datos del mercado, la penetración de la TV Paga en la CABA es del 90% de los hogares, es decir que, de entrada, hay un 10% que se queda sin posibilidad de acceder a esos contenidos. Estamos hablando de casi 120 mil hogares.

Los medios públicos tienen un rol imprescindible en la construcción de la identidad, de “lo que nos es común”. Entendemos que la capacidad de cumplir ese objetivo estará necesariamente conectada con la posibilidad de llegar a todos los rincones de la geografía. De estar efectivamente a disposición de la totalidad de los habitantes de un territorio. En ese sentido vemos con preocupación estas decisiones que se orientan a levantar muros allí donde no los había, a agrandar brechas en lugar de reducirlas.

Hoy se discute el futuro de la televisión abierta, amenazada por el riesgo de quedar desfinanciada por la migración de la publicidad al mundo digital y la decisión del gobierno de transformar a la TV por Cable en un servicio de telecomunicaciones -que paga un gravamen mucho menor-, sumado a la competencia fortísima de las plataformas de contenidos a demanda (Netflix es una entre casi 200 OTTs en Latinoamérica).

Los medios públicos deben ser territorio de continuidades, de pluralismo y no de negocios. Mal augurio que quienes nos gobiernan regalen los espectáculos deportivos masivos a los privados en lugar de usarlos para fortalecer la televisión abierta, un sistema público, gratuito y universal.

 

 

FUENTE: Va Con Firma

Los presentes se ubicaron esta tarde en torno a la Pirámide de Mayo y hacia el fondo de la Plaza, cerca de la calle Bolívar, y entonaron consignas en favor de la normativa sancionada en 2009, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Tanto la Afsca como la Aftic son los dos organismos creados en el marco de la Ley 26522 como autoridad de aplicación.

La convocatoria surgió a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que colocó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), bajo la órbita del flamante Ministerio de Comunicaciones.

Tanto la Afsca como la Aftic son los dos organismos creados en el marco de la Ley 26522 como autoridad de aplicación.

En tanto, en Mendoza, más de 500 autoconvocados se reunieron en la explanada de la Legislatura provincial, entre los que se encontraban representantes de medios comunitarios y públicos, organizaciones sociales y políticas, y miembros del sindicato de televisión, que entregó dentro de la casa de las leyes a la vicegobernadora Laura Montero un petitorio.

“Ante el decreto numero 23 impuesto por el presidente Mauricio Macri, el viernes 11 de diciembre que intenta hacer subordinar a las instituciones en el marco de la popularmente conocida “Ley de Medios”, al nuevo ministerio de Comunicaciones, hacemos un petitorio para refrenar la intervención sobre el Afsca y Aftic (garantes de su plena aplicación)” indicó el texto que contó con numerosas adhesiones.

Y agregó que marchan “hacia la legislatura provincial para evitar la concentración mediática y no dar marcha atrás para que se escuchen todas las voces del país”.

Los manfiestantes se reunieron a partir de las 18 sobre la explanada de la Legislatura provincial ubicada en Peatonal Sarmiento y con cánticos y carteles se hicieron sentir durante la tarde mendocina.

Por otra parte, la senadora nacional Anabel Fernandez Sagasti (FpV), quien asistió a la convocatoria, indicó que la validez del DNU “va a estar cuestionada” y resaltó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “fue una construcción amplísima discutida a lo largo y ancho del país, muy debatida en el Congreso, aprobada por amplia mayoría” además de que la Corte Suprema de Justicia “luego de muchos años de litigiosidad declaró su constitucionalidad”.

 

RELEVAMIENTO Y EDICION: Maria Belen Serra

FUENTE: Telam

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) solicitó hoy al juez federal Horacio Alfonso que prohíba al Grupo Clarín suscribir nuevos abonados a Cablevisión porque esta empresa ya excede la cuota de mercado permitida por la ley 26.522, que regula la actividad.

El organismo que preside Martín Sabbatella hizo la presentación en el marco de la causa judicial iniciada por el grupo multimedios para mantener en suspenso la adecuación de oficio a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como resolvió en diciembre último Alfonso al concederle una medida cautelar favorable.

“El hecho de que se encuentre suspendida la adecuación, por una interpretación judicial que no compartimos y que beneficia claramente la posición dominante del multimedios, no implica que Cablevisión pueda aumentar su ilegalidad superando aún más el límite legal del 35% del mercado de televisión por cable”, afirmó Sabbatella, tras la presentación judicial, informó un comunicado de la Afsca.

El titular del organismo señaló que "la Justicia ya reconoció que el Grupo Clarín supera largamente el límite establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".

"Lo que corresponde es que, hasta tanto logremos encuadrar a la empresa en los límites legales, la Justicia le impida que aumente su transgresión a la ley”, añadió.

Para Sabbatella, “es ridículo que, después del fallo de la Corte (Suprema, que en 2013 declaró "constitucional" a la ley 26522), una parte del Poder Judicial le siga permitiendo a (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto estar fuera de la ley. Pero es aún peor que, además, no se le ponga ningún límite para que siga profundizando la ilegalidad”.

En su presentación, la Afsca le solicitó al juez Alfonso que modifique la medida cautelar mediante la cual dispuso suspender la adecuación de oficio del Grupo Clarín e introduzca la "prohibición de que Cablevisión continúe contratando y/o suscribiendo nuevos abonados a los servicios de televisión por cable o televisión digital, de manera de incrementar aún más su participación en el mercado, que ya excede ampliamente los límites dispuestos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".

El pedido tiene que ver con que el artículo 45 de la aludida ley, declarado constitucional por la Corte Suprema, que prohíbe brindar servicio a más del 35% de la totalidad del mercado, límite superado por Cablevisión, tal como admitió el propio Grupo Clarín en su propuesta de adecuación voluntaria presentada ante la Afsca.

El mismo fallo de la Corte Suprema señaló que la participación de Cablevisión en el mercado de televisión paga asciende al 45% del total nacional de abonados.

"Si la propia Corte ha sostenido que los límites establecidos en la ley tienen como finalidad garantizar la libertad de expresión y promover la desconcentración en materia de servicios de comunicación audiovisual, no puede permitirse que Cablevisión continúe acrecentado su cuota en el mercado”, dijo Sabbatella.

El titular de la Afsca precisó que Cablevisión supera el 45% del total de los abonados de toda la televisión por suscripción del país, por cable o satelital, y más del 60% si sólo se considera a la televisión por cable.

En su presentación, la Afsca señala que la medida cautelar dispuesta “sólo impide el inicio del procedimiento de transferencia de oficio del Grupo Clarín S.A., pero no otorga ningún derecho a Cablevisión S.A. para incumplir el límite del 35% de abonados establecido en la Ley Nº 26.522”.

“¿Cómo podría continuar justificándose que además de no adecuarse a la Ley Nº 26.522 se permitiese al grupo oligopólico seguir acrecentando, aun más allá del 45% que ostenta, su participación sobre el total nacional de abonados del país?”, se pregunta la Afsca en el escrito presentado al juez Alfonso.
 

 

Fuente: Télam

"La peor amenaza es que todavía venga alguno desde afuera y por abajo o por arriba se termine apropiando… Más clarito: yo no quiero que Clarín o Globo se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay", añadió, en una entrevista con Océano FM.

“Parece que cualquier cosa que sea regular es un pecado mortal. Yo pienso exactamente al revés. Los tiburones de afuera, si esto no se regula, nos terminan tragando. Porque estas familias, que tienen el privilegio, tampoco son eternas", aseguró el mandatario.

"Más clarito: yo no quiero que Clarín o Globo se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay"

En ese sentido, amplió: "Yo sé lo que hacen los herederos. Está bien que hay que tener libertad de prensa, pero lo que no hay que tener es el monopolio”.

 

FUENTE: Télam

A más de cuatro años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y tras una larga batalla política y judicial para que el Grupo Clarín se ajuste a los límites de la norma, el directorio de la AFSCA aprobó ayer, por unanimidad, el plan de adecuación presentado por el holding, que propone dividir al mayor multimedios del país en seis unidades de negocios sin relación societaria entre sí.

Una posibilidad que suena fuerte es que la compañía conserve la primera de estas unidades, donde están sus medios más conocidos, como Canal 13, y que se desprenda de la segunda, que supuestamente concentra sus negocios más redituables, sobre todo en el caso Cablevisión. Una decisión que podría hallar explicación en un estado no muy saludable de las cuentas en ese 60% que Clarín posee en la operadora de cable.

Asimismo, el organismo de aplicación de la Ley de Medios aprobó por medio de su directorio la propuesta de adecuación voluntaria del Grupo UNO-Supercanal (Vila-Manzano) –también uno de los principales grupos de medios de la Argentina–, de Aldrey Iglesias, San Juan Cable Color, RTC SA y Ceroi-Caronna-Valls.

Los directores de la AFSCA, Martín Sabbatella, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Claudio Schifer, Eduardo Seminara, Gerardo Milman y Marcelo Stubrin también aprobaron, en la reunión que comenzó a las 11 de la mañana en la sede de Suipacha 765, "otro centenar de resoluciones, entre sanciones, autorizaciones, convenios y licencias", según informaron desde el ente.

Sabbatella no dudó en destacar el valor político y social de una decisión crucial para la relación entre el Estado y las corporaciones, en este caso, de medios de comunicación. "Se terminaron los privilegios para el gigante de los medios. Es el inicio del fin de las posiciones hegemónicas en el mercado de la comunicación que tanto daño le hicieron y le hacen a la pluralidad de voces y a la libertad de expresión", opinó el funcionario al mediodía, luego de culminar la reunión.

Sabbatella no dudó en destacar el valor político y social de una decisión crucial para la relación entre el Estado y las corporaciones, en este caso, de medios de comunicación. 

Desde la aprobación del plan, todas las compañías cuentan con 180 días en total para completar el proceso de transferencia a sus nuevos titulares. Desde el organismo explicaron a Tiempo Argentino que, una vez que los grupos de medios con sus planes de adecuación voluntaria aprobados presenten el detalle con los nombres de los futuros licenciatarios, tendrán un plazo máximo de 30 días para presentar la documentación respaldatoria pertinente, que será analizada por el ente. El Grupo Clarín, por el momento, no informó al organismo quiénes serían los posibles nuevos licenciatarios de las seis nuevas unidades de negocios en que propone dividir su paquete de operaciones. Otros grupos, como UNO-Supercanal, sí lo hicieron ayer, y tendrán esos 30 días para presentar la documentación necesaria, lapso donde la AFSCA analizará la nueva composición propuesta.

Entre otros puntos, el organismo que dirige Sabbatella controlará que no se repitan los nombres de los diferentes posibles licenciatarios, que no haya ninguna vinculación societaria entre ellos y que, por ningún motivo, funcionen como grupo.

Por su parte, el multimedios Clarín trató ayer de morigerar la verdadera trascendencia del paso, en el que la empresa no sólo admitió la viabilidad de ajustarse a la ley –siempre había sostenido que, de hacerlo, prácticamente desaparecería– sino que además aceptó el plan presentado tiempo atrás por su socio, Fintech.

A través de un comunicado, el grupo sostuvo que "dicha aprobación no es sino el paso administrativo necesario y natural tras la presentación de un plan técnica y jurídicamente inobjetable, que se ajusta a derecho y cumple al detalle con las previsiones de la norma".

El holding que dirige el CEO Héctor Magnetto también reservó un párrafo para Sabbatella y el gobierno nacional, al sostener: "Hay que resaltar, sin embargo, que declaraciones como las de hoy del titular de la AFSCA contra el Grupo Clarín, no hacen más que confirmar su falta de imparcialidad y su intolerancia a los pocos medios que el poder político no controla."

El grupo también insistió con los objetivos que le atribuye a la norma que vino a remplazar al decreto-ley de la última dictadura cívico-militar. "(Los dichos de Sabbatella) ratifican que la intención oficial con la Ley de Medios ha sido la desarticulación de las escasas voces independientes que subsisten en el mundo audiovisual", sostuvo. Además, el holding anunció que "se inicia ahora la etapa de ejecución" y que "las novedades de esta etapa se comunicarán a medida que ocurran".

Más temprano, en declaraciones periodísticas, el gerente de Comunicaciones Externas del Grupo, Martín Etchevers, adelantó que "el proceso que se avecina es intenso en trámites administrativos y societarios". Etchevers agregó que en el grupo tendrán que realizar "reuniones de directorios y asambleas" para analizar la aprobación de ayer de la AFSCA.

De las seis "unidades empresariales" planteadas ante la AFSCA (ver gráfico), la primera (Unidad 1) incluye a las empresas Arte Radiotelevisivo Argentino (ARTEAR), titular de la licencia de Canal 13 de Buenos Aires, Canal 12 de Córdoba y Canal 6 de Bariloche; la señal de noticias TN; Radio Mitre, con las frecuencias AM 790 y FM 100 en Buenos Aires, AM 810 y FM 102.9 en Córdoba, y FM 100.3 en Mendoza; junto con 24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión.

En la Unidad 2 se encuentra el grueso de las operaciones de Cablevisión y Fibertel, más otras 24 licencias de cable locales y la señal Metro en la ciudad de Buenos Aires. En la tercera unidad figuran otras 20 licencias de TV por cable de Cablevisión; en la cuarta se incluye al resto de las señales de generación propia del grupo: Canal 13 satelital, Magazine, Volver, Quiero Música en mi Idioma, Canal Rural, TyC Sports y TyC Max. La Unidad 5 aglutina licencias de radios FM en Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe; y la sexta reúne la licencia de TV abierta de Canal 7 de Bahía Blanca y la participación en Canal 9 de Mendoza.

Sobre la lectura económica de la propuesta, Etchevers se limitó a afirmar: "Cada una (de las unidades de negocios), de acuerdo a cómo uno las mire y lo que producen y a qué se dedican, tienen una importancia significativa." El directivo también recordó que el "Grupo Clarín como Grupo Clarín cotiza en Bolsa" y que "está especificado en el plan de adecuación" que el multimedios "va a ser el continuador de una de las unidades de negocios", si bien "esto es lo que aún no está definido".

Una vez que los grupos de medios con sus planes de adecuación voluntaria aprobados presenten el detalle con los nombres de los futuros licenciatarios, tendrán un plazo máximo de 30 días para presentar la documentación respaldatoria pertinente, que será analizada por el ente. 

Fuentes gubernamentales señalaron a este diario que una posibilidad muy fuerte sigue siendo que la compañía conserve la Unidad 1, donde están sus principales espadas mediáticas, manteniendo a sus cuatro accionistas principales en una sola unidad, y que a su vez venda la Unidad 2, que tiene el grueso de Cablevisión y el mayor poder de fuego económico, con cerca de tres millones de abonados y una facturación que supera los 4000 millones de pesos por año. Para explicar desde lo comercial esta posible decisión, una de las versiones que se escuchan cerca de la AFSCA indica que la presencia del 60% del grupo en Cablevisión estaría marcada por fuertes deudas. Lo que sí se comenta con mayor nivel de certeza es que ese paquete en manos del grupo podría venderse a un socio "americano o mexicano" de David Martínez, titular de Fintech.

Justamente, ese fondo es que el posee el restante 40% de Cablevisión. Pero si se concretan sus pretensiones de hacer uso de la opción de compra de Telecom Argentina, Fintech también tendrá que desprenderse de las acciones en la operadora de cable.
Para Sabbatella, "este paso, como los anteriores que conseguimos dar, no es un triunfo de un gobierno ni de una gestión en este organismo. Es el triunfo de cientos de miles que desde hace más de tres décadas militan por la democratización de la palabra en nuestro país."


OTROS CASOS AUTORIZADOS

En la reunión que mantuvo ayer, el directorio de la AFSCA también autorizó la propuesta del Grupo UNO, holding del empresario Daniel Vila y el ex ministro del Interior de Carlos Menem, José Luis Manzano. Este grupo tiene las señales América Televisión, América 24, Radio La Red y la cableoperadora Supercanal, entre sus principales licencias. También se homologó el plan del multimedios propiedad de Florencio Aldrey Iglesias, empresario marplatense y dueño del Grupo La Capital, que incluye LU9 Radio Mar del Plata; LU6 Emisora Atlántica y La Capital cable, además del diario del mismo nombre. En igual sentido, el directorio del organismo de aplicación de la Ley de Medios aprobó los planes de adecuación voluntaria de San Juan Cable Color, RTC SA y Ceroi-Caronna-Valls. Entre las propuestas que aún no han sido homologadas están las de los grupos Telefe, Telecentro, Prisa –dueño, entre otros medios, de Radio Continental–, y los operadores de cable Inversat y Olarte.
 

 

FUENTE: Tiempo Argentino

Mucho se dijo sobre la conveniencia de renovar estilos y contenidos estéticos, comerciales y periodísticos. Y con ello la llegada de un personaje mediático, simbólico por sí mismo de un tiempo y una era en la televisión argentina: Marcelo Tinelli. Y con él, el desembarco de varias “estrellas” del mundo futbolero tales como Mariano Closs, Diego Latorre, Miguel Simón, etc. Pero más allá de las bondades profesionales de los periodistas aludidos, y si La Cámpora vetó esto o aquello, o si era necesario renovar o no FPT, lo cierto es que, quien dio en la tecla para entender lo que finalmente sucedió fue Hebe de Bonafini, quien declaró que el programa del gobierno era utilizado como una herramienta política. De allí en adelante, una serie de comentarios y descalificaciones a la siempre políticamente incorrecta Hebe (afortunadamente) intentaron más confundir que poner blanco sobre negro con respecto a cómo funciona la cosa. Repasemos algunas aristas.

- El negocio del fútbol nació en un contexto político determinado. La idea de que los aportes provinieran de los bolsillos de aquellos que podían pagar un sistema de cable privado y de que determinados eventos (codificados) tuvieran un costo extra, también respondía a un principio ideológico que imponía que el ciudadano podía disfrutar en tanto y en cuanto pagara. De manera directa con el abono del cable o de manera indirecta concurriendo a un bar. No es casual la “explosión” del negocio televisivo con la privatización del sistema de medios en la Argentina.

- La decisión de participar del negocio del fútbol en la Argentina por parte del actual gobierno, fue, clara y afirmativamente, una decisión política. En un país que respira, vive, sufre y celebra al ritmo de una pelota que entra en un arco, tener la posibilidad de que “todos” los ciudadanos puedan disfrutar (o padecer) del espectáculo no es poca cosa, teniendo en cuenta que veníamos de una etapa donde los que menos tenían debían conformarse con seguir los vaivenes de un partido a través de la gestualidad de una tribuna. Indigno.

- Los fondos con los que se sostiene FPT son fondos públicos que salen del presupuesto nacional que nos involucra a todos. Es tan válido discutir cómo funciona el programa, como saber qué se hace con las obras de infraestructura, el desendeudamiento, la construcción de escuelas, la asistencia social, los superávits comerciales, etc. Ese presupuesto es aprobado o no (recordar el año 2010 para más detalles) por un Congreso Nacional que lo discute en términos políticos hacia su interior pero también de cara a la sociedad que lo mira.

- El oficialismo nunca negó sus intenciones al crear el FPT, y siempre lo reivindicó públicamente como un hecho político trascendente por los motivos anteriormente expuestos pero también porque daba una batalla fundamental desde lo cultural, quitándole al multimedio más grande del país, la plata dulce que significaba contar con la televisación exclusiva. Tal disputa, esto es, gobierno vs. Corporación, está en el ADN de cualquier escenario de la política y de lo político, entendida la primera como actividad y el segundo como concepto.

- Tal lo dicho, Marcelo Tinelli representa la antítesis de todo lo expuesto hasta aquí. Lúcido como pocos a la hora de entender el lenguaje televisivo, versátil como casi ninguno al momento de hacer cumplir sus deseos; el actual hombre fuerte de San Lorenzo, ha construido una carrera pública que lo ha congraciado permanentemente con tirios y troyanos, con Montescos y Capuletos, en un vaivén que siempre lo deja ubicado en el lugar políticamente correcto. Allí está la presencia telefónica de Néstor Kirchner en plena campaña de 2009 en su programa y por el canal que ya se había transformado en el enemigo público del kirchnerismo. Tinelli representa al conductor – empresario – productor – dirigente que se abre paso entre la carnicería mediática argentina a fuerza de un factor central: su marcada desideologización. Típico producto de lo que en nuestro imaginario ubicamos allá por los 90', ese perfil se contrapone de manera absoluta con lo que un movimiento como el kirchnerismo ha propuesto y reivindicado en la sociedad argentina: las ideas son el eje de lo que mueve al mundo. Por ello el choque. Por ello las diferencias insalvables a la hora del armado de un proyecto de trabajo como FPT.

Tal vez el resultado definitivo sea lo mejor que le pudo haber pasado a FPT. Hay un desafío por delante, saber renovarse. Para quienes reivindicamos semejante apuesta, y a sabiendas de la necesidad de algunos cambios, no podemos dejar de mirar lo estructural del asunto. Más allá de la cosmética y del maquillaje, lo central es que el programa nunca debería convertirse en cuna advenedizos que poco les importa (mientras a ellos se les pague) si son muchos o pocos lo que pueden disfrutar de un evento cultural como es el fútbol. Ese es el eje.

 

(*) Analista político de la Fundación para la Integración Federal

Los papeles de Grupo Clarín cotizaban a 15,00 pesos a través de una operación que implicó 8.589 acciones por un valor de 128.835 pesos.

Las acciones del Grupo Clarín fueron suspendidas preventivamente el martes cuando se supo que la Corte Suprema de Justicia había declarado la constitucionalidad de la Ley de Medios que cuestionaba el holding multimedia.

La determinación de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, legislación cuestionada por Clarín, hizo que los inversores se deshicieran de sus posiciones en este activo

A su vez, las acciones del Grupo Clarín (GCLA) que operan en la Bolsa de Comercio de Londres cerraron con una baja de 26,32 por ciento, al cotizar a 3,50 dólares.

A mitad de sesión las acciones de Clarín llegaron a cotizar a 2,50 dólares y acumulaban así un derrumbe de 58,34 por ciento respecto de los 6 dólares con que cerraron el lunes pasado.

Estos papeles terminaron ayer en 4,75 dólares, acusando una caída de 21 por ciento.

La determinación de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, legislación cuestionada por Clarín, hizo que los inversores se deshicieran de sus posiciones en este activo, previendo la desinversión que el Grupo deberá hacer para ajustarse a la resolución judicial.

En la bolsa porteña, la reapertura de las operaciones del Grupo Clarín tras la suspensión de ayer marcaba una caída de 42,75 por ciento.

Los papeles de Grupo Clarín cotizaban a 15,00 pesos, a través de una operación que implicó 8.589 acciones por un valor de 128.835 pesos.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Carolina Martínez

FUENTE: Télam

La “constitucionalidad general de la ley de medios” fue decretada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco (en forma conjunta), Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni.

Acerca de la “aplicación de la ley y la protección de los derechos de la propiedad” es donde surgen las disidencias parciales de Argibay y Maqueda, y donde Fayt dice, en solitario, que todo es inconstitucional mientras que la mayoría convalida el texto aprobado por el Congreso.

Los seis ministros coincidieron en que “la ley 26522 en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces”.

En esa línea añadieron que “es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado”, según se desprende de un párrafo de las 392 carillas del fallo firmado este mediodía.

 

 

En el primer acuerdo tras las elecciones de renovación parlamentaria del domingo último, los ministros aseguraron que “esta mañana terminamos de trabajar” en el fallo con lo cual intentaron desvincular la difusión de la sentencia con las últimas elecciones.

“La Corte ha dicho que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal”, afirmaron los ministros.

Tras analizar diversos aspectos del rol de la libertad de expresión, los jueces concluyeron que “se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no puedan admitirse voces predominantes”.

De esta forma y tras cuatro años de demora, la Corte Suprema resolvió a favor de la constitucionalidad de la ley.

Los artículos cuestionados por el Grupo Clarín eran el 41, que establece que las licencias son intransferibles; dos apartados del 45, que fijan un límite a la cantidad de licencias concentradas; el 48, que descarta la figura de un "derecho adquirido" por parte de las empresas que tienen más licencias de las permitidas y el 161, que da un año de plazo para que aquellos que tengan que adecuarse a la ley.

Una fuente del Máximo Tribunal señaló esta tarde que el regreso de Zaffaroni está previsto para mediados de septiembre y que recién entonces se estará en condiciones de analizar los videos y versiones agregadas al expediente, tras lo cual los ministros comenzarán el debate.

"Hasta que llegue no va a haber deliberaciones, la Corte es un tribunal colegiado y va a haber una discusión a fondo en la que no podemos prescindir de un integrante del cuerpo"

"Hasta que llegue no va a haber deliberaciones, la Corte es un tribunal colegiado y va a haber una discusión a fondo en la que no podemos prescindir de un integrante del cuerpo", dijo la fuente que se excusó de anticipar si la sentencia podría dictarse antes o después de los comicios del 27 de octubre.

En esa línea, añadió que "una semana más, una semana menos, elecciones va a haber siempre" y anticipó que el viernes próximo los ministros van a recibir las versiones taquigráficas de las ponencias expuestas en las dos audiencias públicas realizadas la semana anterior.

Respecto a las audiencias, la fuente no escatimó elogios a su realización y calificó como "extraordinaria para la relación entre la justicia y la gente" que pudo seguir las alternativas a través de la transmisión en vivo por el Centro de Información Judicial.

"El balance es muy positivo, se obtuvo un resultado muy bueno y se escucharon detalles importantísimos", dijo el informante que reiteró la "importancia institucional" de la ley en análisis y que la Corte "se mantendrá imparcial frente a cualquiera que tenga adelante".

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam