Este domingo será histórico para el pueblo chileno que tendrá la posibilidad de decidir ponerle fin a la Constitución pinochetista vigente desde 1980, para darse una nueva Carta Magna que siente las bases de un pacto social que sea fruto de la voluntad popular.

La pandemia de la Covid-19 obligó a aplazar el plebiscito chileno para esta fecha, y como si fuese un capricho de la historia, la votación se realizará pocos días después de conmemorarse el primer aniversario del estallido social que ganó las calles en el país trasandino.

Aquel aumento del precio del metro que no fue más que la chispa que lo incendió todo, derivó en mucho más que masivas protestas de sectores populares y medios: hizo caer el entramado de la desigualdad en un país que sólo pudo ser definido como un oasis, a fuerza de la quietud de las masas oprimidas.

Pero la fuerza del descontento fue por más ¿Cómo es que aún rija una Constitución sancionada por Pinochet? No importa cuántas reformas se hayan hecho al texto. La democracia chilena no nació con una debilidad, nació con una falla de origen.

Y cuando el agotamiento de una sociedad se expresa, no importa cuánto tiempo se haya necesitado para cambiarlo todo. Las herencias dictatoriales no pueden enquistarse en las democracias del Siglo XXI, y así pareció entenderlo la sociedad chilena.

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que fue suscrita por diversas fuerzas políticas vino a confirmar que las demandas fueron escuchadas por el Congreso, y que se comprendió la necesidad de reemplazar la institucionalidad vigente. Esto fue la mitad del triunfo de la sociedad. La otra, la de hoy, se juega en el plebiscito, en el “apruebo” o “rechazo". De votar por el "acuerdo", se deberá escoger el órgano que estará encargado de la redacción del nuevo texto: Convención Mixta, formada por un 50% de representantes votados por la ciudadanía y otro 50% por miembros del Congreso; o Convención Constituyente, compuesto exclusivamente por representantes civiles. Esto último, podría dar como resultado la primera Constitución Nacional elaborada íntegramente por el voto popular y, además, la primera con paridad de género en la historia.

De triunfar la opción por el cambio de la Constitución, la elección de los constituyentes se deberá realizar en el mes de abril del próximo año, y el nuevo texto (que debe redactarse en un máximo de un año) será ratificado con otro plebiscito, por lo que la Carta Magna no estará vigente hasta 2022.

Los sondeos pronostican el triunfo del “apruebo” por un importante margen sobre el rechazo. Según un informe publicado por la Universidad de Chile, el 82 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con cambiarla. De ser así, Chile comenzará una nueva etapa en su vida democrática. No porque una nueva Constitución (que además llevará tiempo de ser redactada si es que se aprueba el reemplazo) garantice el fin de los problemas que llevaron al escenario actual, sino porque ninguna convivencia política puede ser sustentada en una sociedad que no reconoce la legitimidad del pacto social sobre el que se sustenta la relación con el Estado.

El tiempo nos dará la perspectiva necesaria para analizar el real peso de este acontecimiento. Lo cierto es que sin dudas las ultimas movilizaciones en conmemoración del primer aniversario del estallido social, reflejan que las demandas siguen vigentes, que no cabe más paciencia para un sistema que endeuda a estudiantes mientras concentra cada vez más la riqueza en unas pocas manos y que sostiene un modelo de desigualdad a fuerza del accionar represivo de los carabineros.

Mientras tanto, no existe estado de excepción ni toque de queda que pueda frenar la voluntad.

La nueva Constitución es la última pieza que falta para culminar con el proceso de transición a la democracia que comenzó, también con un plebiscito, allá por 1988. La oportunidad es de la democracia.

(*) Analista internacional de Fundamentar

Colombia busca una nueva hoja de ruta para salvar el proceso de paz con las FARC tras el golpe de timón que supuso la victoria del ‘no’ en el plebiscito del domingo. Lo hace sin un claro capitán capaz de liderar ese nuevo rumbo y en medio de una tempestad política que, de prolongarse, puede hundir cualquier esperanza de paz después de 52 años de guerra. Los principales actores trataron de transmitir un mensaje de tranquilidad, de impulsar la unión en el país tras la sacudida del ‘no’, pero nadie supo concretar un plan a seguir en las próximas semanas.

Nadie, ni las encuestadoras, ni los medios de comunicación ni los líderes políticos supieron prever un resultado tan desconcertante. El Gobierno y su entorno daban por hecho la victoria, aunque no fuese arrolladora. Temían más no alcanzar el umbral necesario -4,5 millones, el 13% del censo- que una derrota. Desde el Centro Democrático, abanderados del rechazo a los acuerdos, se mostraban confiados en un creciente ‘no silencioso’ que, al menos, les garantizaba una derrota digna no muy abultada.

El escenario de incertidumbre obliga a los políticos a buscar una salida en el laberinto en el que se han metido. Desde que se iniciaron las negociaciones hace cuatro años, la división entre el presidente, Juan Manuel Santos y su antecesor, Álvaro Uribe, líder del ‘no’, parece irreconciliable. Ambos, a los que se unió también el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se apresuraron en apaciguar las tensiones tras la votación del domingo. La mesura impregnó los mensajes, pero nadie en realidad atinó a concretar cuál debe ser el camino a seguir a partir de ahora. De hecho, el partido de Uribe rechazó acudir a la primera reunión con el resto de fuerzas políticas y exigió tener una exclusivamente con delegados del Gobierno. Horas después, el presidente confirmó que el jefe negociador, Humberto de la Calle; la canciller, María Ángela Holguín y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se reunirán con tres portavoces del Centro Democrático. Santos recalcó que esa reunión debería celebrarse lo más pronto posible.

La votación del domingo, por ínfima que fuera la diferencia –menos de 54.000 votos con el 99% escrutado; 50,2% para el ‘no’ por el 47.7 para el sí- obliga a un replanteamiento del proceso de paz. Una catarsis mucho mayor e inmediata de lo que se presuponía. El limbo en el que queda el país no parece que se pueda prolongar demasiado. A diferencia de lo que ocurrió con el Brexit, la indudable comparación de estos días, en Colombia hay armas de por medio. Santos, no obstante, garantizó que el cese al fuego bilateral y definitivo, iniciado el 29 de agosto, seguirá vigente. Es decir, que de momento, no se reanudará la guerra entre el Estado y las FARC.

El movimiento de la guerrilla hacia las zonas de concentración, donde iban a iniciar el tránsito a la vida civil y la entrega de su arsenal, de momento ha quedado paralizado. La misión de la ONU, encargada de verificar este proceso, ya había empezado a operar, la infraestructura en las diferentes ciudades en las que se desplegaría estaba en marcha. Ahora, están a la espera de una pronta solución. Colombia va a necesitar trasladar un mensaje de tranquilidad a la comunidad internacional, que respaldó de forma unánime este proceso. Además, la coyuntura económica no es nada halagüeña. Los mercados reaccionaron ante la negativa del país a refrendar los acuerdos de paz y el precio del dólar se incrementó respecto al peso colombiano.

Colombia urge también de la altura política que, hasta ahora, no parecen haber demostrado sus líderes. El jefe negociador, Humberto de la Calle, fue el único que este lunes dio un paso al frente al poner su cargo a disposición del presidente y realizar las declaraciones más tajantes: “Los errores que hayamos cometido son de mi exclusiva responsabilidad. Asumo plenamente mi responsabilidad política. No seré obstáculo para lo que sigue”. Santos ratificó en el cargo a De la Calle.

La abstención, tradicionalmente alta en Colombia -en las últimas presidenciales, del 59.93%. lo fue aún más el domingo. La baja participación (37,43%) evidencia un desapego absoluto con la clase política actual, que, por otra parte, trasciende las fronteras de Colombia. El presidente que después de 52 años consiguió firmar la paz con las FARC y todas las fuerzas políticas a favor del proceso consiguieron reunir poco más del 18% de los votantes. Por otro lado, pese a la victoria, el líder más popular del país no logró más que un porcentaje similar, con una diferencia de pocos miles e votos.

Santos se ha mostrado decidido a liderar el proceso que se viene a partir de ahora. “Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato”, sentenció tras la derrota del domingo. Su liderazgo, sin embargo, ha quedado seriamente golpeado. Su imagen gozaba de una alta impopularidad y su gestión era desaprobada por la mayor parte del país en las últimas encuestas. El acuerdo de paz, por el que fue reelegido presidente en 2014, fue siempre su gran bandera.

El nuevo escenario amerita también otra disposición de Álvaro Uribe. El expresidente consiguió hacer calar un mensaje del miedo, de que los acuerdos generaban impunidad y de una supuesta entrega del país al castrochavismo. Sus palabras tas la victoria del ‘no’, sin embargo, se asemejaban más a las de una victoria presidencialista. Uribe habló de economía, de la próxima reforma tributaria, de los valores de la familia o de la educación que, en su opinión, necesita Colombia. Instó, sí, a una unión, pero no hubo una sola propuesta concreta aún por su parte. De hecho, a la primera reunión que convocó Santos con todos los partidos políticos para tratar de reconducir un pacto por la paz no asistieron representantes del Centro Democrático, el partido de Uribe. La formación exigió reunirse primero exclusivamente con unos delegados del Gobierno para sentar las bases de un pacto.

El tercer actor de este realismo trágico, las FARC, no es menos importante. “Hay diversas lecturas y hay que analizarlas para ver qué hay que rectificar”, aseguró Timochenko desde La Habana, donde se encuentra el equipo negociador. El líder de las FARC tampoco concretó si esa rectificación a la que aludía implica una renegociación de los acuerdos y hasta qué punto están dispuestos a ceder. La falta de cárcel para los que cometieron crímenes de lesa humanidad y la posibilidad de que participen en política suscitó un gran rechazo. El triunfo del ‘no’ es también la constatación de la pésima imagen de la guerrilla en Colombia, algo de lo que no terminan de ser conscientes las FARC. Tras la derrota del domingo deberán demostrar que los avances en el discurso y sus peticiones de perdón a última hora eran sinceras y no retórica oportunista.

FUENTE: El País

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri