La tecnología climática (climate-tech) desarrollada en los últimos años para reducir las emisiones de carbono en el planeta se está erigiendo rápidamente en la llave maestra de una respuesta contrarreloj pero efectiva que permita cumplir la meta del Acuerdo de París (2015) de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5°C respecto de la era preindustrial (hoy es +1,1°C).

Esa Revolución Climática en el terreno tecnológico tiene dos grandes características. La primera es que necesita -y está consiguiendo en los países más ricos- millonarias y sostenidas inversiones de riesgo aplicadas a sectores que van desde la energía hasta el transporte, pasando por los procesos industriales.

La segunda es que los efectos de esa revolución no son neutrales y tienen consecuencias geopolíticas. No sólo habrá potencias líderes -como ya ocurre en la cibernética y la inteligencia artificial- sino que pueden tentarse con volver a “patear la escalera” al resto de los países, esta vez la de la economía del petróleo por donde ascendieron todo el Siglo XX (ya lo hicieron con el libre comercio).

Pese a la pandemia, que pausó algunas inversiones, la Revolución Climática adquiere inexorablemente mayor velocidad, incentivada por ambiciosas iniciativas públicas de “Pactos Verdes” (Green Deals) como los de Estados Unidos -relanzado ahora por la Administración Biden- y de la Unión Europea (UE).

Con la carrera lanzada, los sectores público y privado de los países en desarrollo tendrán que darse una estrategia para incorporarse adecuadamente y a tiempo a esta transformación. Sus líderes deberán plantear una justa distribución de cargas y responsabilidades en el progresivo desmantelamiento de una economía del carbono de la cual todavía dependen muchos de sus propios habitantes.

En marzo de 2021, se midió un récord de 417,64 partículas por millón (ppm) de concentración de CO2 atmosférico en el Observatorio Mauna Loa (Hawaii), contra 414,74 ppm de 2020. Desde la era preindustrial, las concentraciones de CO2, CH4 y N2O aumentaron en más del 30%, 145% y 15%, respectivamente, por la quema de carbón, petróleo, gas y la tala de bosques. Los océanos y la vegetación absorben la mitad de las emisiones; la otra mitad permanece en el aire durante 100 años o más.

Clima de inversión

Una de las notas más ilustrativas de esta Revolución Climática es la declinación de Silicon Valley (EEUU), meca global de la renovación tecnológica por años. Hoy, se advierte un desplazamiento del interés de los inversionistas: dejan la sobreexplotada industria de las apps de Internet para volcarse a la tecnología climática, a proyectos que requieren recursos humanos con capacitación científica que el polo californiano de programadores de software no puede ofrecer.

Otro indicador manifiesto, menos sofisticado, es la lista de millonarios que está engrosando el negocio de la tecnología climática: genera fortunas desde Occidente -Elon Musk, de los autos eléctricos Tesla o Aloys Wobben, de turbinas eólicas- a Oriente, principalmente en China, con la producción de baterías, paneles y películas solares y vehículos eléctricos.

Un informe de la consultora PwC publicado en 2020 estimó que la inversión en tecnología climática pasó de USD 418 millones anuales en 2013 a USD 16.300 millones en 2019. Este ritmo de crecimiento fue cinco veces más veloz que el del propio mercado de inversiones de riesgo en general para esos siete años.

¿Cuáles son los campos de inversión de la climate tech? Mitigar con urgencia las emisiones de carbono (hermana de la tecnología limpia en general) involucra desde los sistemas de calefacción/refrigeración a la agricultura pasando por el transporte, la producción industrial de bienes, alimentos y la construcción.

Por cierto, como ocurrió en la II Revolución Industrial, o desde el nacimiento de la economía digital, en gran parte de los casos se trata de capital de inversión de riesgo (venture investments) dispuesto a una dinámica ensayo/error costosa.

Aún así, el movimiento de inversión desatado en soluciones para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) es de una magnitud acorde con el el desafío que plantea cumplir la meta que se impusieron más de 70 países: lograr un nivel de emisiones netas cero (neutralidad de carbono) antes de 2050.

En 2020, la inversión mundial en energías renovables, vehículos eléctricos y otras tecnologías de "inversión en transición energética" superó los USD 500 mil millones, según la consultora BloombergNEF. Otro estudio publicado hace varios años por el Banco Mundial estimó que las oportunidades para pymes de tecnología climática superaban los USD 1,6 billones (trillions).

Ya se conocen inversiones millonarias en proyectos tan disímiles como producción de proteínas alternativas, automatización de procesos de reciclaje, fabricación de motores de combustibles renovables, producción de fibra de carbono para coches y aviones ligeros, y refrigeración natural, revestimientos a base de plantas y sistemas cero emisiones para tostar café. La lista se completa con proyectos de secuestro (reforestación) y almacenamiento en reservorios de carbono.

La movilidad y el transporte son los sectores dominantes de inversión de la Revolución Climática, seguidos de la alimentación, la agricultura y el uso del suelo, y el sector energético. Los acuerdos a gran escala -de más de USD 100 millones- representan casi dos tercios de lo invertido en tecnología climática.

La Administración Biden, a través de su enviado especial sobre cambio climático, John Kerry, evalúa que hace falta mucho más que eso para frenar a tiempo un calentamiento global del que el propio Estados Unidos es un responsable mayor por sus emisiones de carbono (junto con China). Sería necesaria "la mayor transformación económica desde la revolución industrial", en palabras de Kerry.

La Corporación Financiera Internacional, parte del Banco Mundial, le puso cifras a ese mercado potencial de “inversiones climáticamente inteligentes”: USD 23 billones para productos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.

El mismo informe de PwC citado más arriba concluyó que ya ha surgido la primera clase de unicornios (startups tecnológicas valuadas en más de USD 1.000 millones) de la tecnología climática: “Las empresas disruptivas que aportan beneficios críticos en materia de sostenibilidad también pueden convertirse en marcas multimillonarias”.

Geopolítica

Ahora bien, ¿cómo cuadra esta Revolución Climática con nuestro mundo en desarrollo, cuyos ingresos dependen aún de la exportación de commodities, como el petróleo, que han sostenido el modelo de producción global ahora cuestionado? La primera respuesta es que hay riesgos pero también, oportunidades.

Tomemos un caso cercano. El litio, insumo clave de las baterías recargables para vehículos eléctricos y el almacenamiento de energías renovables, abunda en Sudamérica. Argentina, Bolivia y Chile conforman el "Triángulo del Litio". Recientemente, el BMW Group contrató la compra de 300 millones de dólares de litio argentino para producir baterías. El país, cuarto productor mundial de litio, exporta 40.000 toneladas de litio que podríamos aumentar en un 300%.

En ese contexto, es imprescindible mantener presente que esta transformación tiene un correlato geopolítico, como en las anteriores revoluciones industriales: habrá intereses en juego y conflictos.

Los países desarrollados ya cuentan las pérdidas anuales por catástrofes naturales en miles de millones de dólares. Y como el cambio climático es un asunto global, todo plan nacional en esa dirección se convertirá en parte de una política exterior.

La transformación hacia el nuevo modelo global demanda voluntad política para asegurar la inclusión de países y regiones. De poco servirá volver sostenible una región a costa de mover las emisiones de carbono a otra. Es tan importante alarmar sobre una catástrofe global como planificar un futuro sostenible y, en eso, jugarán un rol el sistema multilateral y foros más recientes como el G20.

Hoy, el mapa de la inversión en startups de tecnología climática muestra que en la zona de la bahía de San Francisco (11.700 millones de dólares) es 56% superior a la de su primer competidora, Shanghai (7.500 millones). Luego, aparecen Berlín, Londres, Labege (Francia) y Bengaluru (India) entre las ciudades receptoras, en los sectores de la energía, la agricultura y la alimentación y el uso del suelo.

Europa, en plena conversión energética, dejará de representar el actual 20% de las importaciones mundiales de crudo. A cambio, la UE dependerá de importaciones de insumos (hidrógeno verde) y bienes para sus tecnologías limpias. Esa combinación tendrá impactos en países emergentes, negativos y positivos. Luego, los europeos deberán cuidar que su reconversión encarezca sus productos y no les quite competitividad frente a la economía de carbono de sus competidores.

Según PwC, casi la mitad del capital global de riesgo (USD 60.000 millones) destinado en 2013-19 a empresas emergentes (startups) de tecnología climática fueron hacia Estados Unidos y Canadá (29.000 millones); y China le siguió con 20.000 millones. El mercado europeo atrajo menos, unos USD 7.000 millones.

En su reciente plan de recuperación económica, la Administración Biden trazó su mapa de ruta político de la economía verde: “Esta financiación ofrece las grandes inversiones que necesitamos para hacer frente a la crisis climática, aumenta nuestra competitividad económica, garantiza que las comunidades olvidadas se beneficien de la revolución de la energía limpia y crean millones de puestos de trabajo bien remunerados y sindicalizados en toda América".

¿Y China? Para empezar, mientras esta gran potencia emergente -y corresponsable mayor de las emisiones de carbono- se incorpora a la corriente de inversiones, ya domina el mercado de los minerales de tierras raras, imprescindibles no solo para la industria tecnológica tradicional, sino en turbinas eólicas, motores de vehículos eléctricos y aplicaciones en otros campos de la tecnología limpia.

Respuestas colectivas

El Banco Mundial (BM) anunció recientemente un nuevo Plan de Acción sobre el Cambio Climático, destinado a ayudar a los países en desarrollo a lograr reducciones cuantificables de las emisiones de GEI y a movilizar recursos a gran escala para lograrlo. La entidad ya otorgó USD 83.000 millones en financiación para el clima en los últimos cinco años (sólo USD 21.400 millones en 2020).

https://www.youtube.com/watch?v=S-9D-_8xI-k&t=28s

"Nuestras respuestas colectivas al cambio climático, la pobreza y la desigualdad son opciones que definen nuestra época", según el BM. Mientras algunas potencias pueden protagonizar la Revolución Climática a través de la tecnología, con acceso a capitales de riesgo en ebullición, el resto necesita maximizar el impacto de la escasa financiación multilateral disponible.

Los países en desarrollo necesitan primero ajustar sus mediciones y diagnósticos, para encarar acciones efectivas. Luego, como impulsa el BM, transformar sus sistema de energía, alimentarios, de transporte y de producción de manufacturas recurriendo a la inteligencia artificial o las redes 5G, la robótica o la big data.

Frente al calentamiento global, la Revolución Climática tiene todas las chances de prosperar si este ambicioso proceso de innovación que definirá el Siglo XXI es inclusivo a nivel planetario. Es decir, si los países menos avanzados pueden acceder a las tecnologías para acompañar ese cambio, ya sea financiados por instancias multilaterales o bien con la ayuda directa de los desarrollados para descarbonizar y diversificar sus economías. Ahí también se jugará la geopolítica.

Entretanto, la contracara humana se resume en las crecientes migraciones climáticas, que amenazan con desplazar en las próximas décadas a millones de personas sin viviendas ni medios de sustento por el cambio climático.

Está claro que la tecnología puede darnos herramientas para salvar vidas y bienes, pero las respuestas seguirán en manos de la política, que seguirá definiendo la suerte de cada país y de todo el planeta.

FUENTE: Embajada Abierta

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Elizabeth Hernández

El uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales en las últimas décadas fueron tomando cada vez más protagonismo y contribuyendo en un mundo cada vez más globalizado. En América Latina se observa cómo en los últimos años estas deterioran el orden democrático cuando sirven como vía de difusión de fake news, utilizadas luego en procesos judiciales que impactan de manera contundente en los sistemas políticos de la región.

El caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) es un claro ejemplo de lo que es ser víctima de las fake news y de la judicialización de la política en la región. Recientemente recuperó sus derechos políticos debido a la anulación de las condenas por la causa Lava Jato, proceso en el que el propio Lula reconoció ser “víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años de historia”. Las fake news son mucho más que noticias falsas. Son socias indiscutidas del lawfare, que es el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política del adversario.

No sólo los medios de comunicación son reproductores de información falsa, sino que a partir del impacto de las redes sociales son los mismos ciudadanos y ciudadanas quienes viralizan, comparten y van construyendo supuestas realidades a partir de una mentira.

Según un estudio de la compañía global de ciberseguridad Kaspersky y la consultora CORPA, alrededor de un tercio de las y los latinoamericanos utiliza solamente las redes sociales para informarse a diario y sólo un 17% lo hace a través de los sitios de medios de comunicación tradicionales. Los países que usan en mayor medida las redes sociales para informarse son: México (35%), Brasil (33%) y Chile (32%). Luego siguen Perú (31%), Argentina (28%) y Colombia (26%). 

En el 2018 un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) reveló que las fake news –término que popularizó el expresidente Donald Trump para criticar a los medios de comunicación opositores en Estados Unidos-  tienen un 70% más de posibilidades de ser reenviadas y viralizadas que las veraces y son distribuidas más rápidamente y con mayor impacto que las noticias verdaderas. El uso de las noticias falsas tiene el objetivo de manipular a la opinión pública o perjudicar a una persona con intereses políticos y/o económicos. Según los especialistas, y teniendo en cuenta que en estos tiempos hay mayor sensibilidad social, el contenido falso apela a las emociones más inmediatas de las personas, confirmando una convicción, o un prejuicio, que ya existe en ellas.

Alrededor del 70% de las y los latinoamericanos no sabe detectar las noticias falsas y tampoco está seguro de reconocerlas en Internet. Quienes en mayor medida no logran identificarlas son las y los peruanos, con 79%, las y los colombianos (73%), y las y los chilenos (70%). En Argentina y México el 66% no puede discriminar entre una noticia falsa y una verdadera, y en Brasil, el 62% está en la misma situación, según la publicación que dio a conocer en febrero del año pasado Kaspersky y CORPA.

Otro dato para destacar es que el 2% de las y los latinoamericanos cree que las fake news son sólo un juego y no perjudican a nadie, aunque la gran mayoría piensa todo lo contrario. Un 72% afirma incluso que se viralizan porque alguien busca dañar o conseguir algo a cambio. No obstante, el 46% de los encuestados pone en duda -de vez en cuando- o simplemente no cuestionan lo que lee en la web.

Según el Observatorio de Infodemics COVID-19 de la Fundación Bruno Kessler, debido a la pandemia, América Latina es la región del mundo más afectada por la cantidad de noticias falsas sobre el coronavirus. Sin dudas, esto aumenta la desconfianza en las instituciones y debilita el cumplimiento de las medidas para enfrentar a la enfermedad. Podemos decir que también los partidos opositores a los gobiernos de turno, aprovechan y fogonean la “infodemia”.

De 83 países bajo estudio, los 15 en los que la fiabilidad de las informaciones sobre la enfermedad difundidas a través de medios digitales es más baja se encuentran en la región, donde el 59% de lo que allí se publica puede ser considerado “confiable”. En países como Perú y Venezuela la proporción de noticias confiables es del 25%, es decir que sólo uno de cada cuatro tuits responde a criterios de validación, corroboración de evidencia o con origen en una fuente rigurosa y confiable.

Recientemente el papa Francisco, en su mensaje por la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, valoró la contribución de Internet, a través de la cual se permite multiplicar la capacidad de compartir historias con “información de primera mano y oportuna”, sin embargo, alertó sobre los riesgos de la comunicación social sin controles, especialmente en tiempo de pandemia.

Cada vez son más los espacios e iniciativas dedicados a hacer frente a este fenómeno: la Unesco y Chequeado crearon recientemente PortalCheck, un sitio que recopila una serie de herramientas para poder verificar datos y combatir la desinformación frente al COVID-19 exclusivamente en América Latina.

En este sentido, Google también anunció el lanzamiento de DigiMente, un programa con el objetivo de capacitar a niños, niñas y adolescentes sobre la desinformación, ética de la información, pensamiento crítico, reflexión e interpretación de las noticias. Más de la mitad de los estudiantes tampoco sabe cómo detectar noticias falsas. Este proyecto piloto comenzará en la Argentina, Colombia y México, y pretende luego convertirse en una plataforma de educación en línea.

Las fake news en los procesos electorales
La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 19), la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la UNESCO, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales.

En año pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizaron una declaración conjunta sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital, donde realizan recomendaciones a los Estados y actores no estatales.

En la misma reconocen la importancia para la democracia de un entorno de medios dinámico, con un debate público sólido al que la audiencia tenga acceso a un abanico diverso de información e ideas; así como el rol de los medios de comunicación durante los procesos electorales para brindar a los candidatos y partidos acceso equitativo al público, una plataforma para el debate político e información imparcial y precisa sobre cuestiones vinculadas con los comicios.

A raíz de la evolución de los medios de comunicación, el avance de la era digital y la aparición de las redes sociales, se abre el espectro de oportunidades para que los votantes accedan a información, expresen opiniones, y tengan la oportunidad de interactuar directamente con candidatos y partidos. Sin embargo, han surgido nuevos desafíos en materia de libertad de expresión, visibilizando la necesidad de adaptar los marcos normativos vigentes con el fin de supervisar de manera transparente y responsable los contenidos virtuales.

Las investigaciones existentes muestran evidencia contradictoria y mientras algunas señalan que no existen efectos significativos, otras han encontrado que la desinformación tiene un efecto en la determinación de la agenda informativa, que se amplifica en los medios la existencia de la desinformación e incluso puede estar conectada con la erosión de la confianza en las instituciones democráticas.

Cómo afectaron las fake news los procesos electorales en nuestra región

Ecuador
El pasado 7 de febrero se realizaron elecciones en Ecuador y en los últimos días de la campaña se multiplicaron las noticias falsas.

La colombiana Semana aseguró que el correísmo, ahora agrupado en el espacio Unión por la Esperanza (UNES), habría recibido 80 mil dólares de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) para financiar su campaña electoral. Según la nota, el recientemente abatido líder de la guerrilla, Andrés Vanegas -alias "Uriel"-, habría mantenido conversaciones con el expresidente Rafael Correa, según datos extraídos de equipos informáticos del líder guerrillero.

Tanto Correa como el candidato a Presidente, Andrés Arauz, y el ELN salieron a desmentir tal información, manifestando que nunca tuvieron conversaciones entre sí.

La Fiscal General del Estado de Ecuador solicitó a su par de Colombia el informe completo sobre los hallazgos de los investigadores en las computadoras de Vanegas.

A nueve días de las elecciones, el consejero Luis Verdesoto ingresó una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la supuesta entrega de dádivas a los votantes, a través de la entrega de pruebas de COVID-19 gratuitas en las sedes de la alianza UNES en la ciudad fronteriza de Tulcán y en Quito. La denuncia fue archivada el día posterior a los comicios por no presentar los fundamentos de su acusación con detalles específicos sobre los daños que ha causado la entrega de dádivas, sin pruebas ni documentos que respaldaran esta denuncia.

También en los primeros días de febrero, se replicó otra noticia falsa sobre la presunta vacunación del candidato Arauz en su viaje a la Argentina, donde tuvo reuniones con el presidente Alberto Fernández y su vice, la expresidenta Cristina Fernández, a principios de diciembre. Lo cierto es que las vacunas llegaron a nuestro país recién a fines de ese mes y la vacunación comenzó el 29 de diciembre.

Asimismo, desde Argentina se publicó información relacionada a un video falso que circuló en redes sociales sobre la supuesta entrega de 250 dólares a los votantes antes de las elecciones en Ecuador. En un video de poco más de 30 segundos, que se comprobó luego su falsedad, se ven imágenes del candidato y una voz que decía a la población que podían pasar por las sedes partidarias en todo el país para retirar 250 dólares a cuenta de un subsidio que les prometió a todas las familias si llegaba a ganar la presidencia.

Estos ejemplos son una muestra más de que uno de los principales fines de las fake news es perjudicar a los candidatos durante los procesos electorales, llevando este fenómeno a que sean los mismos candidatos los que deban pensar en desarrollar plataformas o generar mecanismos para desmentir y comprobar el contenido de esas noticias falsas, como lo hizo Arauz a través de su plataforma web recientemente.

Este año, a principios de febrero, la Cámara Nacional Electoral (CNE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron la campaña digital #YoMeInformo, buscando hacer frente a la desinformación en redes sociales y/o medios digitales, fortaleciendo el proceso electoral y democrático en Ecuador, y generando conciencia en la ciudadanía. Durante el proceso electoral ecuatoriano han salido a desmentir varios contenidos circulados en redes sociales.

Bolivia
En octubre del año pasado, el mismo día de las elecciones en Bolivia, según el portal Bolivia Verifica la primera imagen falsa que circuló con supuestos resultados de la votación en Japón donde se atribuía la victoria a Luis Fernando Camacho (Creemos). Anotaron más de 2.000 votos a favor de ese partido cuando en todo el país había sólo 196 inscriptos. Claramente una fake news.

Los candidatos también fueron blanco de desinformaciones: se publicaron fotos manipuladas de Luis Arce (Movimiento Al Socialismo) y Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) en las que supuestamente muestran sus votos.

Hubo más desinformaciones sobre Mesa, ya que a la mañana del mismo día de la elección se difundió la imagen de portada de un diario de La Paz en la que se modificó el titular y decía, falsamente, que Mesa había renunciado a su candidatura.

Brasil
Para las elecciones municipales 2020 en Brasil, el Tribunal Superior Electoral (TSE) realizó una alianza con Twitter y Tik Tok, más nueve servicios de verificación de noticias, a fin de combatir la supuesta "desinformación" durante los comicios municipales y la acción de "milicias digitales". También firmó un convenio con Google para brindar contenido confiable e información oficial sobre las elecciones.

La Corte Suprema de Brasil investiga presuntas campañas de desinformación y difamación en las presidenciales de 2018 a través de mensajes masivos por Whatsapp, supuestamente financiadas por empresarios favorables a Jair Bolsonaro, quien terminó imponiéndose en las urnas.

Las fake news o noticias falsas no fueron un caso aislado, sino que fueron protagonistas de la campaña electoral. El equipo de Bolsonaro ha sido acusado formalmente de emplear noticias falsas contra el candidato del PT, Fernando Haddad. La mayoría de las noticias falsas eran difundidas por Whatsapp, consumidas y compartidas por el 66% de los electores.

Varios observadores han criticado la lentitud y la tibieza con la que ha actuado el TSE, que el 15 de octubre determinó la retirada de 50 posteos de Facebook con informaciones no verídicas contra el candidato Haddad y su vice, Manuela D'Ávila. Pocos días antes, la Corte, responsable del correcto desarrollo del proceso electoral, lanzó una página web para ofrecer aclaraciones a los votantes brasileños sobre informaciones falsas que circularon en las redes sociales.

Chile
A principios de enero de este año el periodista venezolano y activista de ultraderecha Casto Ocando elaboró un pormenorizado reportaje -“Las cuentas secretas de la política chilena”- en el que daba a conocer la existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales de 12 políticos chilenos, entre las que se destacaban las del candidato presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, más las del candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

A principios de febrero se republica en otro medio, acompañado de una extensa campaña de viralización por redes, a través de cuentas ligadas a activistas del Partido Republicano y cercanos a la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Ambos desmienten de manera categórica las afirmaciones y las califican de fake news. Desbordes autorizó al Ministerio Público a levantar su secreto bancario para despejar cualquier duda, en una denuncia penal por los delitos de falsificación de instrumento privado y usurpación de nombre. En el caso de Muñoz, se ofició a los bancos en cuestión, los que le confirmaron que las cuentas eran falsas, además de elevar una denuncia en Estados Unidos ante la Federal Trade Commission.

Regulación de las fake news

La falta de legislación y el intento de regulación de las noticias falsas causa polémica y contradicciones.

En Nicaragua, el año pasado el Parlamento aprobó una ley contra los ciberdelitos con penas de hasta diez años de prisión, entre los que se encontraban -con penas de dos a cinco años- aquellas personas que "difundan información falsa" que produzcan "temor, zozobra o alarma en la población", perjudiquen el honor, prestigio y dignidad de otras y pongan en peligro el orden público o la "seguridad soberana". Esta normativa fue criticada por sectores de la oposición, la prensa independiente y organizaciones defensoras de derechos humanos, argumentando que limita la libertad de expresión y amenaza el ejercicio del periodismo.

En un estudio desarrollado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ligadas a los derechos humanos en el entorno digital se plantea que las noticias falsas se encuentran amparadas por la libertad de expresión (salvo casos excepcionales). En la declaración conjunta de Viena de 2017, los cuatro relatores para la libertad de expresión (ONU, OEA, OSCE y la Comisión Africana CADHP) indicaron que la prohibición de difundir información basada en conceptos imprecisos y ambiguos como el de noticias falsas es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

Además, plantea la necesidad de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión – CIDH establezca una definición clara de fake news y bots.

En nuestro país la Cámara Nacional Electoral (CNE) propuso en 2018 un “registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de los candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias, para publicarlas en el portal del organismo, y la obligatoriedad para los partidos de adjuntar en sus informes de campaña el material audiovisual que vayan a utilizar en Internet y redes sociales. Además, de auditar las campañas digitales desarrolladas por las agencias publicitarias y consultoras”, y realizó una auditoría sobre el comportamiento de cuentas automatizadas (bots), ataques (trolls) y difusión de información falsa (fake news) durante las semanas de campaña electoral, algo que también fue realizado durante las elecciones legislativas de 2017.

Si de algo estamos seguros es que sin dudas las noticias falsas en la región (y en el mundo), y sobre todo en los procesos electorales, socaba la democracia. El gran escollo para sortear la desinformación y las fake news tiene que ver con el empoderamiento ciudadano. Y en los procesos electorales las noticias falsas dañan principalmente a la ciudadanía -además de a los candidatos y a las instituciones- porque no se le está dando la posibilidad de elegir en libertad a la hora de inventar noticias falsas sobre determinado candidato de determinada fuerza política o incluso de algún órgano electoral, que cada vez es más frecuente en la región.

Las noticias falsas y la judicialización de la política son parte, muchas veces, del mismo entramado. Las fake news y el lawfare son las dos caras de la misma moneda, que se empoderan mutuamente y socavan el derecho de las ciudadanos y ciudadanas a elegir con libertad.

(*) Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina y el Caribe (COPPPAL). Doctoranda en Ciencia Política (UNSAM), Profesora de Relaciones Internacionales (USAL).

FUENTE: Cenital

El presupuesto para desarrollo tecnológico y productivo para la Defensa era prácticamente inexistente en 2003. Los únicos gastos contabilizados eran los 60 millones de pesos asignados a Fabricaciones Militares para producción y los 1,6 millones asignados a investigación y desarrollo en El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

La situación ha cambiado drásticamente en estos 12 años. Para el 2015, el gobierno ha presupuestado 4.272 millones de pesos para desarrollos tecnológicos y productivos en la industria vinculada a la defensa nacional. Se trata de gastos que contribuyen a la creación de empleo, diversificación y modernización de la matriz productiva y afianzamiento de la soberanía nacional, ya que incrementan el dominio por parte del Estado Nacional sobre tecnologías de la defensa y su aplicación a los procesos productivos respectivos.

Quedábamos atrapados en un círculo vicioso de baja tecnología: no desarrollábamos capacidades porque no había suficiente demanda, y no las demandábamos en Argentina porque nos decían que no había capacidad de hacerlas.

Un total de 1.572 millones se destinan al desarrollo de la industria vinculada a la defensa aérea. Se han firmado contratos entre el Ministerio de Defensa y la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), a los fines de desarrollar y fabricar aviones de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa, modernizar y remotorizar aviones IA-58 Pucará (623 millones) y brindar servicios de mantenimiento a las flotas de la Fuerza Aérea y del Comando de Aviación Naval de la Armada (529 millones). El resto se destina a contratos con INVAP para el desarrollo y producción de drones (403 millones) y la recuperación de radares móviles (17 millones).

También se fomentan la industria militar naval y terrestre. Mediante el contrato entre la Armada y el astillero recuperado TANDANOR, se ha realizado la reparación del Rompehielos Almirante Irizar, al cual, para su fase final, se le han asignado 34 millones en el corriente año. Por otro lado, ya se ha previsto el desembolso de 95 millones de pesos para el recientemente firmado contrato de modernización de los tanques TAM 2C en el país.

Fabricaciones Militares ha recibido una asignación de 1.946 millones. De ese total, 1.689 están destinados a financiar la producción de una diversidad de insumos para las fuerzas armadas (FFAA) y fuerzas de seguridad (FFSS), y de productos comercializables, así como también la producción de vagones Tolva para el Ministerio del Interior y Transporte. Los 257 millones restantes se asignan a importantes proyectos, como plantas de producción de municiones, explosivos, químicos y una línea de ensamble de vagones, entre otros.

El sector farmacéutico también está presente en la producción para la Defensa. Se han dispuesto 16,5 millones de pesos para la producción de medicamentos en laboratorios militares dependientes del Estado Mayor Conjunto.

Para actividades de I+D puras se han asignado 608 millones, distribuidas entre CITEDEF, los institutos de Investigación y Desarrollo de las FFAA, la Escuela de Defensa Nacional, la Subsecretaría de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa y el Servicio Meteorológico Nacional. Dentro de ese total, CITEDEF cuenta con 10 millones de pesos para proyectos de inversión, entre los que se incluyen la instalación y modernización de laboratorios y la construcción de un vector atmosférico.

Las cifras muestran una fuerte decisión política de reconstruir el sector de tecnología y producción para la defensa. Doce años atrás, el sector estaba pulverizado. No había contratos con industriales locales para mantenimiento, desarrollo y producción de equipos e insumos. No se apostaba a la capacidad y los recursos humanos de las universidades y empresas estatales locales. No existía la ambición de incurrir en tecnologías más complejas ni de buscar mercados externos a nuestra producción militar, y el complejo industrial militar había sido virtualmente desmantelado. Quedábamos atrapados en un círculo vicioso de baja tecnología: no desarrollábamos capacidades porque no había suficiente demanda, y no las demandábamos en Argentina porque nos decían que no había capacidad de hacerlas. La decisión política, materializada en las asignaciones presupuestarias, permitió salir de esta trampa.

Los beneficios potenciales de estos desarrollos son múltiples: se ahorran divisas, se genera empleo genuino de alta calificación y, por sobre todo, se generan capacidades productivas, que son aprendizajes que actúan como semillas para futuros desarrollos tecnológicos, no sólo en las industrias estatales de la defensa sino también en las empresas privadas locales que les proveen. Además, al aumentar la escala, se incrementa la eficiencia del área: por ejemplo, CITEDEF, pasó de gastar 9 pesos en gastos administrativos por cada peso de I+D en 2003, a sólo 67 centavos en 2015.

En síntesis, en los últimos 12 años el presupuesto para desarrollos tecnológicos y productivos de la industria de la defensa se ha multiplicado 60-70 veces, aumentando no sólo en cantidad sino también en calidad, eficiencia, complejidad y variedad.

 

(*) Master en Economía de la Universidad de Ginebra - Investigador de la Fundación para la Integración Federal

¿Se puede decir que Estados Unidos ya no es la principal potencia hegemónica a nivel global y regional? Muchos analistas internacionales se ven tentados a responder rápidamente que sí, dado el poder que han ganado en la última década las potencias emergentes, fundamentalmente China y Rusia.

El poderío militar de Rusia y China es indiscutible, tanto a nivel nuclear como convencional, lo cual les asegura un fuerte peso en sus respectivas zonas de influencia, así como la seguridad de que sus fronteras no serán traspasadas por ningún Estado. En el ámbito diplomático, nada se resuelve a nivel global sin la anuencia de estas dos potencias, miembros del grupo BRICS, del G-20, del G-8, miembros plenos del Consejo de Seguridad de la ONU y poseedoras de un gran poder negociador, en parte gracias a sus gigantescas empresas estatales, líderes en el mundo en sectores estratégicos como la energía y el armamento. En el aspecto económico, si bien el descenso del precio del petróleo ha golpeado fuertemente a Rusia, ésta sigue siendo una de las principales economías a nivel mundial, así como también el principal productor y exportador de gas, y poseedora de importantes reservas de recursos naturales estratégicos como el agua dulce. En cuanto a China, su crecimiento exponencial en las últimas décadas la ha colocado en el segundo lugar del podio mundial, habiendo desarrollado un comercio de alta intensidad con todas las regiones del mundo y un sistema financiero de primer nivel, con bancos fuertes y empresas sólidas, además de destacarse en el financiamiento de otros Estados mediante la colocación de inversiones o la compra de títulos públicos.

El poderío militar de Rusia y China es indiscutible, tanto a nivel nuclear como convencional, lo cual les asegura un fuerte peso en sus respectivas zonas de influencia, así como la seguridad de que sus fronteras no serán traspasadas por ningún Estado

Ahora bien, muchas veces lo que entendemos como realidad se nos confunde con lo que desearíamos que ella fuera. Lo que a primera vista parece ser un claro destronamiento de los Estados Unidos del lugar de hegemón, no parece tan claro tras una mirada más atenta. Veamos tres aspectos claves que hacen a la dominación norteamericana aún vigente.

ASPECTO TÉCNICO-MILITAR

Aunque crecientemente países tales como Alemania, Francia, Israel, Rusia y China están desarrollando armamento cada vez más sofisticado, los Estados Unidos claramente llevan la ventaja. Este es un punto cardinal tanto en lo militar como en lo civil. Estar a la cabeza del desarrollo tecnológico implica marcar la tendencia por donde se va a desarrollar la industria en las próximas décadas. Así lo hizo –entre otros ejemplos- cuando la PC le ganó la pulseada a la supercomputadora japonesa, cuando el DVD le ganó a su competidor (también japonés) y cuando desarrolló la tecnología de los aviones tripulados a distancia, o drones.

ASPECTO GEOESTRATÉGICO

A nivel global, uno de los factores primordiales que determina que los norteamericanos se destaquen y sean prácticamente invencibles es su dominio de los mares, lo que, en palabras simples, le permite poder invadir otros Estados y a su vez la imposibilidad de ser invadido. Todos los océanos tienen bases estadounidenses, propias o de aliados, y sus portaaviones pueden llegar a cualquier rincón del mundo, llevando aviones de radar, cazas o bombarderos estratégicos. Ninguna nación tiene la cantidad de portaaviones que tienen los Estados Unidos. En el ámbito nuclear, sigue siendo el líder de un selecto grupo del cual participan, entre otros, Rusia, China, India y aliados como Gran Bretaña, Francia e Israel. A su vez, como todo gran Imperio, los estadounidenses ponen sus esfuerzos en evitar alianzas que puedan hacerle de contrapeso. Tal caso podría ser el de una conjunción de China + Rusia, binomio que desvelaba al viejo Kissinger, o el de Rusia + Alemania, binomio que se intenta evitar desde antes de la 1º Guerra Mundial ya que aunar los recursos naturales, geográficos y humanos rusos con el capital y la tecnología alemanes significaría un poder difícil de contrarrestar.

Todos los océanos tienen bases estadounidenses, propias o de aliados, y sus portaaviones pueden llegar a cualquier rincón del mundo, llevando aviones de radar, cazas o bombarderos estratégicos.

El factor común en estas dos posibilidades es, sin lugar a dudas, Rusia. De ahí que sea de capital importancia lo que ocurra en Ucrania. Para Estados Unidos, lo primordial es la línea conformada por el eje que va desde los países bálticos al Mar Negro como línea de contención de los rusos. Para estos últimos, por el contrario, el tema ucraniano tiene un significado vital y necesitan, como mínimo, una Ucrania neutral. Una Ucrania pro-occidental es inaceptable.

A nivel regional, la presencia continuada de las bases permanentes multipropósito norteamericanas les significa una gran capacidad de monitoreo de gobiernos, de los recursos naturales, de los movimientos sociales y de las llamadas en los ´90 “nuevas amenazas”, tales como el narcotráfico y los desastres naturales, entre otros. Si bien la región había avanzado en materia de soberanía al cerrar la base de Manta en Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, la presencia del hegemón en su “patio trasero” sigue siendo muy fuerte porque cuenta con bases en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Cuba, Curazao, Aruba, Colombia, Perú y Paraguay. Cabe destacar que, gracias al avance tecnológico al cual hacíamos mención en el punto anterior, los aviones norteamericanos –tripulados y no tripulados- pueden llegar a cualquier punto de Latinoamérica -aunque si violaran el espacio aéreo Venezolano, gracias a los misiles defensivos S-300 que le compró el gobierno de Chávez a Rusia, no les sería tan fácil volver a casa sanos y salvos.

EL DÓLAR

La economía mundial baila al compás del dólar. Esto viene siendo así desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y, si bien ha tenido momentos de mayor estabilidad y otros de mayor debilidad, no se percibe que el sistema monetario global vaya a cambiar en el mediano plazo. Esta semana, sin ir más lejos, la Directora Gerente del FMI, Cristine Lagarde, les envió un claro mensaje a los gobernantes de las potencias emergentes advirtiendo de las posibles consecuencias negativas que podría ocasionarles un aumento en la tasa de interés por parte de la FED. Ya es bien sabido que cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos, los dólares fluyen centrípetamente desde la periferia al centro, es decir, de las economías más débiles a los Estados Unidos. Latinoamérica lo tiene bien aprendido por su experiencia en la década de los ´80, cuando un aumento en la tasa de interés durante la administración Reagan disparó la deuda externa de nuestros países y significó una inmensa fuga de capitales hacia el norte.

Hace más de un año que el tesoro norteamericano amaga con un aumento de tasas, lo cual ya de por sí genera expectativas al sector financiero.

En la coyuntura actual caben destacar dos cosas: La primera es que hace más de un año que el tesoro norteamericano amaga con un aumento de tasas, lo cual ya de por sí genera expectativas al sector financiero. La segunda es que uno no puede más que pensar que los países latinoamericanos en particular sufrirán fuertemente una fuga masiva de capitales, países que se han industrializado en los últimos años, como Brasil y Argentina, así como países que dependen del dólar como Venezuela y Ecuador, cuya economía continúa dolarizada. Estos dos países, a su vez, dependen en gran medida también del precio del petróleo, el cual ya perforó el piso de los 50 dólares. Que los intereses monetarios y geoestratégicos pueden vincularse no es nada nuevo, pero dejaremos esas reflexiones para otra ocasión. Acá lo que nos interesa es destacar que la posibilidad de subir la tasa de interés -y todo lo que esto generaría- demuestra el poderío económico-financiero del que aún dispone el gobierno norteamericano, poder incontestable por ahora.

A manera de conclusión, podemos decir que si bien en algunos aspectos el mundo se ha hecho más multipolar en los últimos quince años, en aspectos clave que hacen al diseño y dominio del mundo, éste sigue teniendo una supremacía de los Estados Unidos que no se prevé que disminuya en el mediano plazo. 

 

(*) Investigador de la Fundación para la Integración Federal

Cuba se está abriendo al capital extranjero ofreciendo nuevas oportunidades a los inversionistas. “Pero el mercado cubano tiene muchas curiosidades”, dice Stephan Gruber, administrador de Casa Alemania, en Cuba, quien cree que, “la actual propuesta de la Habana no va funcionar”, por lo menos acorto plazo.

Casa Alemania funge como mediadora ante las autoridades cubanas y congrega a los empresarios alemanes que quieren hacer negocios en Cuba, a cambio de la modernización tecnológica de las empresas cubanas.

Bajo el lema de la “actualización del modelo socialista” Cuba está adelantando un lento proceso de “adaptación económica”. 

Justamente acaba de culminar la trigésima segunda edición de la Feria Internacional de La Habana a la que asistieron unas 2.000 empresas de 60 países. Alemania estuvo representada por 37 empresas, entre ellas Bosch, MAN y ThyssenKrupp. Por tercer año consecutivo el pabellón alemán fue muy visitado.

Bajo el lema de la “actualización del modelo socialista” Cuba está adelantando un lento proceso de “adaptación económica”. Se han reducido las limitaciones a la compra de autos e inmuebles, por ejemplo, y se ha dado espacio a la iniciativa privada. Además, con dinero brasileño se está ampliando el puerto de Mariel, a 45 kilómetros al occidente de la Habana, y se ha a establecido allí una zona especial de comercio. Desde junio pasado, empresarios extranjeros pueden invertir en todos los sectores de la economía cubana.

La inversión extranjera en Cuba será, según el plan, retribuida con la protección de capitales y rebajas de impuestos. “Un campo de experimentos para el libre mercado”, apunta Tobias Schwab, codirector de Casa Alemania. Con la nueva ley de inversiones “Cuba ha logrado, por primera vez, asumir los retos de la economía”, dice Klaus Hartmann, exembajador de la RDA en Cuba.

Durante dicha feria, el ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca Díaz, presentó el catálogo de inversiones en Cuba por un monto de 8, 7 mil millones de dólares, que contiene desde criaderos de pollos hasta la fabricación de vacunas y la construcción de parques eólicos.

Udo Volz, del departamento de economía de la Embajada alemana en Cuba alaba la iniciativa cubana y destaca que la isla caribeña entra así a la competencia mundial por inversiones pero, que para ello, debe hacer conocer más sus planes.

La isla caribeña necesita unos 2.000 millones de dólares de inversiones extranjeras para elevar su crecimiento económico del 1 al 5 por ciento, afirma Malmierca. Según Volz, el capital extranjero se le considera hoy “fundamental”, sobre todo, en la producción de alimentos, la agricultura, el turismo, la construcción y el sector energético. Cuba se quiere despedir de los hidrocarburos y busca orientarse hacia las fuentes renovables de energía. Y en este sector, Alemania puede jugar un papel muy importante en el Caribe.

 

RELEVAMIENTO Y EDICION: Maria Belen Serra

FUENTE: DW