Un balance del estilo de la política exterior de Obama de cara a las elecciones. La tensión entre el discurso y el ejercicio del poder. El idealismo pragmático. 

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Varias encuestas de opinión en los EEUU indican una contienda electoral bastante reñida en Noviembre. Mientras que el presidente Barack Obama lidera las preferencias del público en temas de política exterior, la lenta recuperación económica y el elevado desempleo –los temas que se presentan como más salientes en las elecciones– favorecen más a Romney. Aun así, en cuestiones de política exterior, los críticos de Obama plantean que ha fracasado en implementar las iniciativas transformadoras que prometió hace cuatro años. ¿Es realmente esto así?

Obama arribó al poder cuando tanto los EEUU como la economía mundial se encontraban en medio de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. En ese marco, algunos de sus asesores económicos le sugirieron que a menos que se tomasen medidas urgentes para estimular la economía existía una chance en tres de que se ingresase en una depresión a gran escala.

En consecuencia, a pesar de que Obama heredó dos guerras en marcha, amenazas de proliferación nuclear de parte de Irán y Corea del Norte, y el continuo problema de Al-Qaeda, sus primeros meses en el cargo fueron de plena dedicación a la atención de la crisis económica doméstica e internacional. Sus esfuerzos no fueron un completo éxito, pero se las arregló para evitar el peor desenlace.

La retórica de Obama durante la campaña de 2008 y los primeros meses de su presidencia, fueron inspiradores en estilo y transformadores en sus metas. Su primer año en el cargo incluyó el discurso de Praga en el cual planteó el objetivo de un mundo libre de armas nucleares; el discurso de El Cairo en el cual prometió un nuevo acercamiento al mundo musulmán; y su discurso del Premio Nobel de la Paz, en el cual prometió "torcer la historia en dirección de la justicia".

En parte, esta serie de discursos fueron tácticos. Obama necesitaba darle respuesta a su promesa de establecer un nuevo rumbo en política exterior mientras, al mismo tiempo, debía hacerle frente a los problemas que George W. Bush le dejó sin resolver, cualquiera de los cuales podía desatar una crisis en su presidencia si no fuesen afrontados debidamente. Sin embargo, no existen motivos para creer que Obama haya sido poco sincero sobre estos objetivos. Su visión del mundo fue moldeada por el hecho de haber pasado parte de su juventud en Indonesia y por tener un padre africano.

En palabras de un reciente libro publicado por Brookins Institution, Obama posee una "visión activa de su rol en la historia" intentando lograr una "restauración de la imagen de los EEUU en el mundo, especialmente en el mundo Musulmán; finalizar su involucramiento en dos guerras; ofrecerle una mano a Irán; restaurar las relaciones con Rusia como un paso adelante para librar al mundo de las armas nucleares; desarrollar una cooperación significativa con China tanto en asuntos regionales como globales; y lograr la paz en Medio Oriente". No obstante, su registro de logros en todos estos temas ha sido mixto.

"Aparentemente, circunstancias sin solución lo transformaron de un posible arquitecto de un nuevo orden global a un líder más enfocado en reparar relaciones y en reaccionar a las crisis, en especial la crisis financiera global" continúa el reporte. Y mientras ha eliminado a Osama Bin Laden y debilitado a Al-Qaeda, algunas de sus políticas anti terroristas terminaron minando su imagen en lugares como Medio Oriente o Pakistán.

Algunas de estas percepciones de vaso medio vacío son resultado de problemas sin solución; otros fueron producto se una ingenuidad inicial, tales como los enfoques de aproximación a Israel, China y Afganistán. Pero Obama tuvo rapidez para salir de esos errores de forma práctica. Como lo afirmó uno de sus partidarios, "él es un idealista pragmático".

En este sentido, a pesar de que Obama no se alejó de sus expresiones retóricas en relación a objetivos transformadores en relación a temas tales como el cambio climático o las armas nucleares, en la práctica su pragmatismo tuvo reminiscencias de otros presidentes tales como Dwight Eisenhower o George H. W. Bush. Su relativa inexperiencia en asuntos internacionales no impidió que mostrase destrezas similares para reaccionar ante una serie de complejos y desafiantes temas de política exterior. Esto quedó demostrado a partir de su nombramiento de asesores experimentados, un cuidado manejo de los temas y, por sobre todo, una perspicaz inteligencia contextual.

Esto no significa que Obama no haya tenido efectos transformadores. Él ha cambiado el rumbo de políticas impopulares en Irak y Afganistán; adoptó tácticas de contra insurgencia basadas en el uso menos costoso de herramientas militares y cibernéticas; incremento el uso del poder blando en muchas partes del mundo; y comenzó a cambiar el foco estratégico de EEUU hacia Asia, la región con crecimiento más veloz en la economía mundial.

Con respecto a Irán, Obama presionó para que la ONU apruebe sanciones y evite una guerra prematura. Y mientras las revoluciones de la Primavera Árabe se presentaron como una sorpresa inesperada, luego de cierta vacilación se posicionó en lo que él consideraba era estar del lado de la historia.

En un nuevo libro, "Confront and Conceal", David Sanger describe lo que él llama la "Doctrina Obama" (aunque critica al presidente por no comunicarla más claramente): una débil huella militar combinada con una disposición a utilizar la fuerza unilateralmente cuando los intereses de seguridad de los EEUU estuviesen directamente involucrados; dependencia de la situación existente para lidiar con los problemas globales que no amenacen directamente la seguridad de los EEUU; y un "balanceado distanciamiento del atolladero del Medio Oriente hacia el continente más prometedor en el futuro – Asia".

El contraste entre el asesinato de Bin Laden y la intervención en Libia sirve para ilustrar la doctrina Obama. En el primer caso, el presidente dirigió personalmente el uso unilateral de la fuerza, el cual implicó la realización de un raid sobre territorio pakistaní. En el segundo caso, donde los intereses internacionales no eran tan claros, esperó hasta que la Liga Árabe y las Naciones Unidas adoptaran las resoluciones que brindaran la legitimidad necesaria para asegurar la adecuada narrativa de poder blando y, posteriormente, compartir el liderazgo de una operación de poder duro con los aliados de la OTAN.

El efecto a largo plazo de la Doctrina Obama requerirá de más tiempo para ser evaluado, pero mientras se aproxima a las elecciones de noviembre, Obama parece tener una ventaja sobre su oponente en política exterior. Quizás no ha doblado el arco de la historia en la forma transformadora a la que aspiró durante su campaña de hace cuatro años, pero su giro hacia posiciones más pragmáticas puede haber sido algo bueno, en especial si los votantes continúan teniendo dudas sobre la economía.

 

(*) Ex Subsecretario de Defensa de EEUU. Director del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU. Es profesor en Harvard y uno de los académicos de las Relaciones Internacionales más destacados del mundo.

FUENTE: The Project Syndicate

 

El ex Alto Representante de la UE pone bajo la lupa los escenarios posibles que se desprenden de la guerra civil en Siria lo que pone de manifiesto las dificultades para alcanzar un consenso que permita alcanzar una solución política del conflicto

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El sentimiento de que el régimen del presidente sirio Bashar Al Assad está llegando a un punto de inflexión crece por momentos. La reciente renuncia del enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, ante la imposibilidad de poner en práctica el plan de paz de seis puntos y detener la violencia, es uno de los muchos factores que obligan hoy a la comunidad internacional a pensar seriamente sobre la necesidad de minimizar los peligros inherentes a la difícil situación de Siria.

La falta de acuerdo entre los países miembros del Consejo de Seguridad ha provocado una prolongación y metamorfosis de la propia naturaleza del conflicto. Lo que comenzó como una lucha popular inspirada por las exigencias de la primavera árabe ha ido adoptando tonos cada vez más sectarios y radicales. Esta conducta refleja la pérdida de esperanza en el apoyo internacional y complica, a la vez, cualquier solución negociada.

El peligro creciente de represalias hacia la comunidad Alawi, que representa el 12% de la población y bajo cuyo control se encuentra la economía y el ejército del país, ha provocado que este grupo, que logró salir de su categoría de ciudadano de segunda clase tras la llegada del partido Baath de Al Assad en 1963, considere que su supervivencia esté intrínsecamente ligada a la de Assad.

De no abordar seriamente la oposición siria las inquietudes de esta minoría, temerosa de una venganza suní, podría estallar en el país en una guerra civil sectaria peor aún que el conflicto que asoló el Líbano desde 1975 hasta 1990.

A nivel regional, las consecuencias tampoco son baladíes. En primer lugar, la propagación de la lucha entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales por el territorio sirio y el consiguiente aumento del número de refugiados que huyen a los países vecinos Turquía, Jordania y Líbano, peligra con extender la lucha a sus fronteras y atraerlos directamente al conflicto.

Turquía además está preocupada por las repercusiones que el conflicto pueda generar sobre su población kurda, guiada por unas aspiraciones independentistas que vuelven a reemerger, y unas relaciones con la población kurda de Iraq y Siria tejidas sobre la base de un complejo equilibrio. Jordania, por su parte, considera la creciente afluencia de los rebeldes sirios en su territorio como una amenaza a su seguridad nacional. Mientras que en el Líbano, la llegada de miles de refugiados ha desenterrado viejas disputas sectarias en Trípoli entre los chiitas alauitas, que, en su mayor parte, apoyan a Al Assad, y los suníes simpatizantes de la oposición.

El caos y el enfrentamiento podrían fácilmente llegar también a Iraq, donde la perspectiva de la caída del régimen sirio parece estar generando un repunte de la resistencia sunita contra el gobierno predominantemente chiita de Nouri Al-Maliki.

El desenlace que adopte el conflicto sirio tendrá también algunos importantes efectos directos en el realineamiento de fuerzas en Oriente Medio. La alta posibilidad de que un gobierno suní lidere Siria tras la caída de Al Assad significaría un cambio estratégico de Siria hacia Irán, y su aliado libanés chiíta, Hezbollah, cuya viabilidad puede peligrar si el nuevo gobierno sirio decide cortar el canal de suministro de armas desde Irán hasta el Líbano.

Los disturbios en Siria ya han debilitado algunos de los apoyos tradicionales con los que contaba Irán en la región, como es el caso Hamas, quien se ha posicionado a favor de la oposición siria al enfatizar su vínculo con los Hermanos Musulmanes. Hace un año Hamas también concedió su confianza al gobierno de transición de Egipto después de que este abriera permanentemente su frontera con la Franja de Gaza.

Aunque la compleja situación que vive Egipto sugiere pensar que estará por un tiempo inmerso en su política doméstica, el nuevo gobierno también buscará definir su relación con los países vecinos. En este contexto, es significativo, tanto por su simbolismo religioso como político, que el presidente recién electo, Mohamed Morsi, líder del partido político de los Hermanos Musulmanes, eligiera Arabia Saudí como destino en su primer viaje oficial al extranjero.

Arabia Saudí, que junto con Qatar está armando a la oposición siria, ve la era post-Assad como una oportunidad estratégica para romper la alianza entre Siria e Irán y, simultáneamente, asestar un duro golpe a Hezbollah.

El debilitamiento del eje Irán-Siria-Hezbollah beneficiaría directamente a Israel, con un discurso cada vez más amenazante sobre la posibilidad de atacar de manera unilateral las instalaciones nucleares iraníes; y con una relación cada vez más tensa con Hezbollah, al que acusa, junto con Irán, de los ataques recientes contra objetivos israelíes, como el más reciente en Bulgaria.

Este nuevo escenario afectará con toda seguridad a la posición de Irán en unas conversaciones nucleares que por ahora están avanzando poco, pero que son fundamentales para encontrar una solución diplomática a este problema.

Sin una salida al conflicto sirio, difícilmente se podrá avanzar en Irán, receloso ante las implicaciones que un cambio de gobierno en Siria podría tener para su influencia en la región. De la misma forma, la consecución o no de un acuerdo con Rusia (y por lo tanto con China) para contener el fuego sirio también determinará el margen de maniobra entre los EEUU y la UE respecto a Rusia y China para tratar el programa nuclear de Irán.

En el fondo se trata de dos mesas de negociación paralelas, cuya evolución depende estrechamente la una de la otra. En la primera mesa, los miembros del Consejo de Seguridad están de acuerdo sobre la solución y en la segunda hay una diferencia fundamental de posiciones con Rusia y China. Esta división plantea un serio obstáculo para resolver ambos problemas que, aunque el fondo no es el mismo, presentan elementos que se solapan.

Para lograr un acuerdo, es esencial (como sucedió en el caso de Libia) que Turquía, los países del Golfo y la Liga Árabe muestren una posición común. Solo así se conseguiría el respaldo de los distintos sectores de la oposición siria —recelosos de las intenciones detrás de respaldos unilaterales— y se lograría acercar posturas con las minorías —quienes no pueden quedar excluidas de este proceso—. Esto añadiría más presión para obtener el respaldo del Consejo de Seguridad y poner en marcha un proceso que conduzca a la transición política en Siria. Alcanzar un acuerdo sobre un escenario post-Assad no será fácil, pero no hay otra alternativa más prometedora para Siria y para la región.

 

(*) Ex ministro de Asuntos Exteriores de España; ex Secretario General de la OTAN y ex Alto Representante de la UE para asuntos externos y política de seguridad. Actualmente preside el Centro ESADE para la Economía Global y la Geopolítica y es socio distinguido del Brookings Institution

FUENTE: The Project Syndicate

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Siria y la Diplomacia de Doble Rasero de las Grandes Potencias - por Matías Ferreira 

 

En el actual debate sobre el ejercicio del federalismo fiscal, las críticas al Gobierno Nacional se centran en torno al supuesto incumplimiento del 34% mínimo de transferencias a las provincias garantizado por ley. Veremos en este artículo que lo dispuesto por la legislación y los números de las cuentas públicas desmienten fehacientemente las mencionadas acusaciones.

Hermes Binner ha sido quien se ha puesto a la cabeza de un reclamo de las provincias a la Nación por el envío de fondos coparticipables, argumentando que "mientras por ley debería distribuirse un 34,6 por ciento, la Nación sólo reparte entre el 24 y el 28 por ciento" (sitio de internet del diario La Capital, 13/07/2012). Esta aseveración del ex-gobernador es completamente equivocada, y no por una cuestión de interpretación jurídica, sino lisa y llanamente porque no concuerda con lo que estipula claramente el texto de la legislación y lo que los números muestran.

La ley que rige el esquema de coparticipación es la 23.548, de la cual citamos textualmente:

"ARTICULO 7º — El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley."

La citada demanda de Binner se basa en dicho artículo. Dejando de lado el hecho de que el porcentaje es 34% y no 34,6%, el reclamo es equivocado porque está calculado sobre una definición de los recursos más amplia que la estipulada por la ley, ya que incluye en el denominador de la cuenta a ingresos que no se corresponden con la definición de "Administración Central" conforme a derecho.

En este sentido, la Ley 24.156 de Administración Financiera establece en su artículo 8 que la Administración Nacional está compuesta "por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social". Entonces, los ingresos correspondientes a las contribuciones a la seguridad social (ANSES) no deben computarse en el denominador de la división sobre la cual se calcula el porcentaje en discusión.

De acuerdo a las cifras de ejecución presupuestaria publicadas por la Secretaría de Hacienda de la Nación, en 2010 los recursos de la Administración Central totalizaron casi 191.000 millones de pesos y las provincias recibieron por coparticipación 101.434 millones, con lo cual el cociente en cuestión es de 53%, en tanto que para 2011 la cuenta es de 56%. Es decir, los números demuestran indiscutiblemente que el porcentaje mínimo del 34% que deben recibir las provincias se cumple con holgura.

Nuestros resultados son robustos a interpretaciones más amplias. Si en el denominador agregamos los propios recursos recibidos por las provincias (de manera de interpretar el 34% como la parte recibida por las provincias sobre un total de recursos), los cocientes para 2010 y 2011 son, respectivamente, 34,78% y 36,07%. Nuevamente, se está cumpliendo al pie de la letra con la ley.

¿De donde salieron entonces los números de Binner? Si en el cálculo de lo percibido por las provincias se toma como denominador el total de recursos del Sector Público Nacional (Administración Nacional + otros entes del SPN, es decir, la totalidad del Estado a nivel federal), entonces el valor del cociente baja a valores 23% para el 2010 y 24% para 2011. Y tal como hemos visto, esto entra en clara contradicción con lo dispuesto por la legislación.

 

(*) Licenciado en Economía. Economista de la Fundación para la Ingregración Federal

 

Cuando se tiene una moneda como el euro, con fallos de construcción muy graves, sólo hay dos opciones: o se la arregla o se la deja de lado. ¿Por cuál de estos caminos terminará transitando Europa?

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La semana pasada, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, declaró que su institución "está preparada para hacer lo que haga falta a fin de proteger el euro"; y los mercados lo celebraron. En concreto, los tipos de interés de los bonos españoles cayeron en picado y las Bolsas de todo el mundo subieron como la espuma.

Pero, ¿se salvará realmente el euro? Eso sigue siendo muy difícil de decir.

En primer lugar, la moneda única de Europa es una construcción con fallos muy graves. Draghi en realidad lo ha reconocido, lo cual dice mucho en su favor. "El euro es como un abejorro", ha declarado. "Un insecto que es un misterio de la naturaleza porque no debería volar, pero lo hace. Y el euro era un abejorro que ha volado muy bien durante varios años". Pero ahora ha dejado de volar. ¿Qué se puede hacer? La respuesta, indicaba él, es "transformarlo en una abeja de verdad".

Dejando a un lado el dudoso argumento biológico, entendemos lo que quiere decir. A largo plazo, el euro solo será viable si la Unión Europea se convierte en algo mucho más parecido a un país unificado.

Fíjense, por ejemplo, en la comparación entre España y Florida. Ambos tuvieron enormes burbujas inmobiliarias que fueron seguidas de quiebras espectaculares. Pero España está en crisis de un modo en el que no lo está Florida. ¿Por qué? Porque cuando la crisis los golpeó, Florida pudo contar con Washington para seguir pagando la Seguridad Social y Medicare, para garantizar la solvencia de sus bancos, para ofrecer ayuda de emergencia a sus desempleados, etcétera. España no tenía una red de seguridad así y, a largo plazo, eso tiene que arreglarse.

Pero la creación de unos Estados Unidos de Europa no llegará pronto, si es que llega a ocurrir, mientras que la crisis del euro está teniendo lugar ahora. Por tanto, ¿cómo puede salvarse esta moneda?

Bueno, ¿por qué fue el abejorro capaz de volar durante un tiempo? ¿Por qué pareció funcionar el sistema del euro durante, más o menos, sus ocho primeros años? Porque los fallos de la estructura estaban ocultos por un periodo de auge económico en el sur de Europa. La creación del euro convenció a los inversores de que era seguro prestar dinero a países como Grecia y España, que antes se consideraban un riesgo, por lo que el dinero fluyó hacia esos Estados (principalmente, por cierto, para financiar los préstamos privados más que los públicos, con la excepción de Grecia).

Y, durante algún tiempo, todo el mundo fue feliz. En el sur de Europa, las descomunales burbujas inmobiliarias hicieron crecer el empleo en la construcción, aun cuando el sector industrial se volvía cada vez menos competitivo. Mientras tanto, la economía alemana, que había estado languideciendo, se reanimó gracias al rápido aumento de las exportaciones a estos países del sur que contaban con burbujas especulativas. Parecía que el euro estaba funcionando.

Entonces, las burbujas estallaron. Los empleos de la construcción se esfumaron y el desempleo aumentó vertiginosamente en el sur; ahora está bastante por encima del 20% tanto en España como en Grecia. Al mismo tiempo, los ingresos se hundieron; en su mayoría, los grandes déficit presupuestarios son una consecuencia, no una causa, de la crisis. Sin embargo, los inversores se dieron a la fuga e hicieron subir los costes del financiamiento. En un intento por calmar los mercados financieros, los países afectados impusieron duras medidas de austeridad que agravaron sus crisis. Y el euro en su conjunto parece peligrosamente débil.

¿Qué podría revertir esta delicada situación? La respuesta está bastante clara; la dirigencia política tendría que: (a) hacer algo para reducir los costes del financiamiento en Europa y (b) ofrecer a los deudores europeos el mismo tipo de oportunidad de escapar a sus problemas mediante la exportación que tuvo Alemania durante los años de la bonanza; es decir, generar un auge económico en Alemania que imite el del sur de Europa entre 1999 y 2007. (Y sí, eso conllevaría una subida temporal de la inflación alemana). El problema es que los políticos europeos parecen poco inclinados a hacer (a) y absolutamente reacios a hacer (b).

En sus comentarios, Draghi —quien sospecho que comprende todo esto— lanzó, en esencia, la idea de hacer que el banco central compre grandes cantidades de bonos del sur de Europa para reducir los costes que conlleva la adquisición de préstamos. Pero, al parecer, durante los dos días siguientes los funcionarios alemanes echaron un jarro de agua fría sobre esa idea. En principio, Draghi podría limitarse a rechazar las objeciones alemanas, pero, ¿estaría realmente dispuesto a hacerlo?

Y las compras de bonos son la parte fácil. El euro no puede salvarse a menos que Alemania también esté dispuesta a aceptar una inflación considerablemente más alta durante los próximos años (y, hasta la fecha, no he visto ningún indicio de que los mandatarios alemanes estén dispuestos siquiera a debatir este asunto, no digamos ya a aceptar lo que sea necesario). En lugar de eso, siguen insistiendo, a pesar de los sucesivos fracasos —¿Se acuerdan de cuando se suponía que Irlanda iba camino de una recuperación rápida?— en que todo irá bien si los deudores simplemente se atienen a sus programas de austeridad.

Así que, ¿podrían salvar el euro? Sí, probablemente. ¿Deberían salvarlo? Sí, aun cuando ahora su creación parezca un tremendo error. Porque un fracaso del euro no solo causaría problemas económicos; sería un golpe descomunal para el proyecto europeo en general, que ha traído la paz y la democracia a un continente con una historia trágica.

Pero, ¿lo salvarán realmente? A pesar de las muestras de determinación de Draghi, esto es, como he dicho, muy cuestionable.

 

(*) Premio Nobel de Economía en 2008. Es profesor de Economía y Política Internacional en la Universidad de Princeton. Antes lo ha sido en la de Yale, donde se graduó, en la de Stanford y en el MIT. Desde hace más de una década es columnista del New York Times

 

FUENTE: The New York Times

 

La ecuación "armas - trastornos mentales" es un problema endémico en los EEUU. En un contexto en el que se hace casi imposible restringir el acceso a las armas, ¿no es poco racional recortar fondos para el tratamiento a pacientes que presentan síntomas psicóticos?

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El horror se ha vuelto casi una rutina. Esta vez, el lugar de la masacre fue un cine en Aurora, Colorado, donde James Holmes asesinó e hirió a decenas de espectadores. En 1999, la escena fue la vecina escuela secundaria de Columbine. Según algunas estimaciones, en Estados Unidos se producen más de 20 tiroteos masivas cada año. Y siempre la misma pregunta: ¿por qué?

Cuando se compara a Estados Unidos con el resto del mundo, una razón se vuelve obvia: si bien Estados Unidos quizá no tenga más enfermos mentales homicidas que otros países, aquellos que sí lo son pueden acceder más fácilmente a armas en Estados Unidos que prácticamente en cualquier otra parte.

Según una encuesta de 2007, Estados Unidos está muy por delante del resto del mundo en términos de posesión de armas: hay 90 armas por cada 100 habitantes. El país, que cuenta con el 5% de la población global, tiene entre un tercio y la mitad de las armas en manos de civiles del mundo -aproximadamente 270 millones de armas-. Y muchos estudios demuestran que Estados Unidos supera por lejos a otros países desarrollados en términos de muertes por violencia con armas de fuego -30.000 por año, la mayoría de ellas suicidios, pero más de 12.000 de ellas homicidios-, mientras que hay 200.000 norteamericanos heridos por armas de fuego cada año.

Con esta cantidad de víctimas, uno pensaría que las leyes sobre control de armamentos serían una prioridad nacional mucho más alta en Estados Unidos que la lucha contra el terrorismo, que se promociona con bombos y platillos. Después de todo, desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los que murieron alrededor de 3.000 personas, la violencia con armas de fuego generó casi 140.000 muertes y más de dos millones de heridos.

Pero cuando se analiza más detenidamente la razón por la cual Estados Unidos es tan adicto a este tipo único de violencia, lo obvio no es tan obvio. ¿Por qué cuesta tanto sancionar leyes sobre control de armas?

Una razón importante es el lobby de las armas, uno de los mejor financiados en Estados Unidos. A pocos legisladores -demócratas y republicanos por igual- les interesa enfrentarse a la Asociación Nacional del Rifle. Y muchos norteamericanos creen que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ("Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no será vulnerado") les permite a los individuos un acceso prácticamente irrestricto a las armas.

De hecho, muchos sostienen que el riesgo de las muertes y lesiones relacionadas a las armas es el precio que los norteamericanos deben pagar por el derecho a portar armas, que consideran como una defensa poderosa contra la tiranía. Y, teniendo en cuenta cuántos tiranos en auge han desarmado a la población que intentan controlar, es difícil descartar este argumento por completo.

Sin embargo, seguramente puede haber un equilibrio entre los derechos de la Segunda Enmienda y las limitaciones racionales a la capacidad de la gente mentalmente inestable de acumular arsenales. Por ejemplo, Colorado y muchos otros estados intentaron exigir verificaciones de antecedentes más estrictas, destinadas a impedir que aquellas personas con un historial penal o problemas evidentes de salud mental se armen. Pero muy pocas de esas restricciones han sido legisladas -o no fueron cuestionadas por el lobby de las armas.

Finalmente, la oposición a leyes razonables sobre control de armas en Estados Unidos es cultural, lo que se refleja en los muchos informes noticiosos posteriores a las balaceras masivas que no admiten que Estados Unidos podría estar equivocado y minimizan el sorprendente contraste entre las leyes sobre armas de Estados Unidos y las de otras partes. Así, por ejemplo, los periodistas destacan la observación bastante patética de una realidad sombría: al menos no hay más masacres y asesinatos, y los números son estables.

Esta cobertura también tiende a individualizar y psicologizar las patologías sociales -otro rasgo estadounidense bien arraigado, reforzado por el espíritu fronterizo del vaquero solitario que es central a la mitología estadounidense (y a la mitología de las armas). Como resultado, los medios tienden a centrarse en la necesidad de una mejor crianza de los hijos y un mejor tratamiento de la salud mental. Pero es poca la cobertura estadounidense posterior a una masacre con armas de fuego que evalúa el impacto del sistema de atención médica de Estados Unidos, que es inaccesible para muchos, especialmente para quienes tienen problemas de salud mental.

Es por este motivo que, en muchas ciudades de Estados Unidos, es común ver gente con serios problemas mentales que habla sola y tiene un comportamiento muchas veces violento en la calle. No es algo que se vea tanto en países donde los sistemas de salud mental funcionan bien.

Muchas enfermedades mentales, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, pueden causar alucinaciones auditivas que "ordenan" al paciente cometer actos de violencia. La medicación controla este tipo de síntomas psicóticos. Pero un diagnóstico y un tratamiento apropiados requieren dinero, y se está recortando el financiamiento.

De hecho, según un informe publicado en el mes de febrero, los estados norteamericanos han tenido que recortar los servicios de salud mental casi el 10% en tres años, lo que amenaza con "inundar las salas de emergencia y aumentar los costos de la atención médica para todos los pacientes". Pero, si los pacientes no pueden recibir atención psiquiátrica ambulante a un costo bajo para enfermedades crónicas como la esquizofrenia y el trastorno bipolar -que requieren un control continuo para ajustar la medicación-, habrá más violencia letal, especialmente si las armas están al alcance de la mano.

La atención de los pacientes hospitalizados también ha sufrido recortes. En las últimas décadas, las instituciones mentales y los centros de reinserción social han cerrado al por mayor, muchas veces en nombre de una reforma de la atención. Pero nada sustituyó esas instalaciones, lo que dejó a muchos pacientes sin hogar y a sus síntomas psicóticos severos sin tratamiento.

A pesar de las deficiencias bien documentadas de los servicios de atención mental de Estados Unidos, son pocos los responsables de las políticas de este país que están dispuestos a encarar la cuestión. Mientras no lo hagan, el fácil acceso a las armas no hace más que asegurar que las masacres como la de Aurora seguirán siendo un estribillo norteamericano amargo.

 

(*) Intelectual de renombre mundial que ha jugado un rol determinante en la denominada "Tercera Ola" del feminismo. Fue asesora en las campañas presidenciales de Bill Clinton y Al Gore y es autora de libros como "El Fin de la Belleza" y "El Fin de América".

FUENTE: The Project Syndicate

 

A sesenta años del fallecimiento de Eva Perón ¿en qué lugar del imaginario colectivo posicionamos su figura?

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Dicen que el tiempo todo lo puede. Que borra muchas cosas. Que, de alguna misteriosa y hasta, si se quiere, perversa medida, pone un manto de piedad. Y tal vez, algo de eso suceda con los hechos o los personajes políticos de un país y de un continente como el nuestro.

También, es dable reconocerlo, las nuevas generaciones suelen aportar nuevos puntos de vistas, abordajes y formas de comprensión de esos procesos. Pueden ser más severos (un buen ejemplo de ello es la mirada que los más jóvenes tenemos sobre el proceso de "desorganización" nacional) o más complacientes.

Ciertos personajes históricos, con el paso del tiempo, parecen ir acomodándose a una mirada más o menos general, más o menos común y más o menos consensuada, sobre el rol que han ocupado en la vida social o política de un país. Así, Arturo Illía parece encarnar el ejemplo vívido de un republicanismo fundante; Juan Domingo Perón sería (entre otras cosas) la encarnación del conductor político que establece una relación muy directa con las masas; y Raúl Alfonsín vendría a recordarnos el modelo de un hombre con profundas convicciones democráticas y la del militante político en todo el sentido de la palabra.

¿Y Eva Duarte? Perdón, ¿y a Evita? ¿Adónde la ubicamos? ¿En qué lugar del imaginario colectivo de un país? No creo desentonar si la referenciamos en el lugar de aquella mujer, común por cierto, sin grandes especulaciones académicas ni mucho menos, que dio todo por una causa y por una clase social en particular. Sus gestos, sus formas, sus métodos y su recorrido político, hoy, parecerían ser lo de menos. Un aspecto secundario que no merecería demasiado análisis.

Ahora bien, los argentinos, los de hoy, los del 2012, ¿nos bancaríamos a "esa mujer", toleraríamos esa fuerza, ese vendaval y torbellino político que supone su figura? Y la segunda pregunta, ¿en qué medida, al igual que se ha hecho con el Che y sus famosas remeritas, no hemos ido vaciando de contenido la figura de Evita, deformándola, desnaturalizándola, al asignarle un lugar en la historia que la ubica en el mero asistencialismo por los menos beneficiados, sin tener en cuenta que era una fenomenal militante con todo el compromiso que puede tenerse por una causa, siendo un engranaje más (tal vez central pero no excluyente) de un movimiento político que fue masivo y repulsivo para algunos sectores?

Preguntas que, 60 años después, nos hacemos como actores de otra generación, con otra impronta y otros métodos, pero movilizados por el mismo fuego. Personalmente no sé si volvió, porque no sé si alguna vez se fue. No sé si su estandarte lo llevaremos a la victoria. Ni si quiera sé si somos millones. Sólo sé "esa mujer" vive, como siempre, como cada día, aunque miremos para otro lado, aunque queramos desentendernos, en aquellos lugares donde haya aunque sea, una necesidad, aunque haya un solo pobre. 

 

(*) Licenciado en Ciencia Política. Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

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En medio de la crisis económica que vive EEUU, los militares parecen ser una isla. Ninguno de los sacrificios económicos que se le pide a la sociedad se les pide a las fuerzas armadas. El miedo a un mundo en transición, a las amenazas y a la falta de confianza en el poder civil coloca a los militares en un sitial de privilegio. Como dice la autora, "conozcan al socialismo militar de EEUU"

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Cuenta la historia que F. Scott Fitzgerald, un crónico meticuloso de las clases sociales en EEUU, le dijo una vez a Ernest Hemingway, "los ricos son diferentes al resto de nosotros".

"Sí", fue la lacónica respuesta de Hemingway. "Tienen más dinero".

En nuestra época lo mismo podría decirse de las fuerzas armadas norteamericanas. ¿Son los militares diferentes del resto de nosotros? Sí... Tienen más dinero.

Esto es cierto en una multiplicidad de formas. Comenzando por la más obvia: si viésemos el gasto militar como sinónimo del gasto en defensa (lo cual es incorrecto, pero supongamos por el momento que es así) ¡la flauta si tienen dinero! En el 2011, los EEUU gastaron un monto aproximado de 768 mil millones de dólares en defensa. Y el monto gastado en este rubro ha bajado muy poco desde entonces. Para cuando terminé un periodo de dos años como consejera política del subsecretario de defensa en el verano de 2011, empezábamos a referirnos con tristeza respecto a la época de austeridad que, preveíamos, se avecinaba. Sin embargo, el presupuesto del Pentágono sigue empequeñeciendo a cualquier otro con el que se lo compare. El pobre Departamento de Estado, por ejemplo, comparte unos miserables 55 mil millones de dólares con USAID y otro numeroso grupo de programas internacionales.

Este año, el Congreso y la Casa Blanca están midiendo fuerzas alrededor de las asignaciones presupuestarias, las cuales podrían forzar a recortes draconianos en el gasto militar si el Congreso no logra evitarlo. Pero con políticos de ambos partidos compitiendo por demostrar su amor por todas las cosas en el Pentágono, no sería descabellado asumir que un compromiso de última hora pueda ser alcanzado. El total de la torta presupuestaria podría reducirse durante la próxima década, pero apuesto mi caja de ahorro a que la porción del Departamento de Defensa crecerá mientras que la del Departamento de Estado se seguirá encogiendo.

Pero no es sólo desde la perspectiva del presupuesto nacional que los militares tienen más dinero. De acuerdo con la Oficina Presupuestaria del Congreso, el miembro promedio de las fuerzas armadas está mejor pago que el 75 por ciento de los trabajadores federales con una experiencia comparable. Los miembros de las fuerzas armadas y sus familias también pueden acceder a los programas sociales más generosos que puede ofrecer el país (aunque, casi con seguridad, sean insostenibles).

Como esposa de un oficial de carrera del ejército, me quedé atónita por el número de beneficios que tenía a mi disposición. ¿Cobertura de Salud? Gratis! ¿Alimentos? Los Comisionados Militares les reintegran a las familias de las fuerzas armadas cerca del 30 por ciento de sus compras en tiendas civiles. ¿Beneficios educativos? El personal de carrera puede esperar que las fuerzas armadas le financien una educación superior; y la ley post 11 de Septiembre "GI Bill" le provee más de 36 meses de beneficios a veteranos los cuales ascienden, en efecto, al total de la matrícula y los honorarios correspondientes a cuatro años académicos (los beneficios educativos pueden, además, ser transferidos a los familiares).

¿Vivienda? Gratis en la base y subsidiada fuera de ella (el subsidio por vivienda es más alto de acuerdo al tamaño de la familia. Lo que se dice, de cada cual de acuerdo a sus capacidades, a cada cual de acuerdo a sus necesidades). ¿Jubilación? Luego de 20 años de servicio, el personal militar puede retirarse e inmediatamente comenzar a percibir, a poco de cumplir 40 años o más, una pensión anual equivalente a la mitad de su salario por el resto de su vida. Cualquiera que piense que el socialismo fracasó en los EEUU, ciertamente nunca ha pasado un tiempo en una base militar.

Los generosos beneficios que otorgamos a los militares reflejan la creciente estima que mantenemos por nuestras fuerzas armadas. A pesar del (o debido al) decreciente número de estadounidenses enrolados o que tienen algún pariente enrolado, el apoyo a los militares se ha convertido en una religión civil en EEUU.

Esto en parte se debe a que reconocemos que, al tener unas fuerzas armadas voluntarias, son unos pocos realmente los que hacen sacrificios por los muchos. Los largos periodos de despliegue a lo largo de la última década –sin mencionar los miles que han muerto o han sido heridos– han causado estragos en las familias de los militares y en las comunidades, mientras la mayor parte de los estadounidenses viven su vida plenamente sin ser tocados por el terrorismo y la guerra.

Sin embargo, esto no alcanza para entender los desproporcionados beneficios que les otorgamos a los militares. Una enorme cantidad de estadounidenses sirven a su nación en áreas vitales –piensen solamente en los maestros de escuelas públicas o las enfermeras– y otra gran cantidad, desde los pescadores a los bomberos, tienen trabajos peligrosos. Pero no nos sentimos inclinados a otorgar cobertura gratuita de salud y vivienda a los maestros o a los bomberos.

Nuestra predisposición a arrojar dinero a los militares sin tener en cuenta la necesidad o el costo refleja la profunda ansiedad respecto del mundo cambiante en el que vivimos, en combinación con un sentimiento generalizado de que las fuerzas armadas son una de las pocas instituciones funcionales que quedan.

El mundo nos da miedo y por buenas razones: colapso económico, estancamiento político, poderes en ascenso con predisposición a robarnos nuestro almuerzo, inestabilidad global, terrorismo, violencia en el Medio Oriente, la caída de reservas de combustibles fósiles, cambio climático... una lista más que suficiente para dejarnos con una sensación acuciante de que alguien debe hacer algo.

Y los estadounidenses ponen sus ojos en los militares para "arreglar las cosas". Después de todo, se puede confiar en que los militares vayan a donde se les pide. En el 2012, el 75 por ciento de la población le respondió a Gallup que confían totalmente o muchísimo en los militares. En contraste, sólo el 37 por ciento tiene confianza en la presidencia y un pobre 13 por ciento deposita su confianza en el Congreso.

Como resultado de esto, los militares se han convertido en nuestra herramienta favorita para arreglar todo aquello que parezca roto. Hoy esperamos que los militares planifiquen programas agrícolas en Afganistán, que nos protejan de ciber ataques, que promuevan programas de debate político radial en Irak y que manejen centros de salud en Mali. Queremos que los militares lleven ayuda humanitaria a Japón, que reúnan inteligencia, y que convenzan a los militares egipcios de respetar la democracia. También queremos a los militares ocupados aquí en casa, ayudando a combatir incendios forestales, custodiando la Estación Central de Nueva York y deteniendo la inmigración ilegal en Arizona.

Estamos habilitando cada vez más a los militares a asumir una multiplicidad de tareas que hasta hace tiempo atrás eran consideradas como competencia de los gobiernos locales o de otras agencias gubernamentales. Inevitablemente, esto diluye la frontera entre lo que constituye una tarea específica de las fuerzas armadas y aquellas que son específicamente competencia civil. Lo cual a su vez nos lleva a preguntas más profundas: ¿debemos ver este desarrollo de los acontecimientos como una militarización de la política exterior norteamericana (y, de forma creciente, también de la política doméstica)? ¿O es un fenómeno que se comprende mejor como algo diferente –quizás como la "civilanización" de las fuerzas armadas, o su metamorfosis en algo aún desconocido, en apoyo de objetivos estratégicos poco claros?

Dicho de otro modo, en el mundo globalizado e interconectado de la actualidad –en el cual la línea demarcatoria entre "guerra" y otras clases de "amenazas a la seguridad" se desvanecen, y en el cual es cada vez más difícil distinguir entre campos de batalla y zonas de paz, entre internacional y doméstico, entre civiles y combatientes– ¿que son exactamente las fuerzas armadas norteamericanas? Más precisamente ¿para qué se las utiliza? (y si la respuesta es "para todo" entonces qué ocurre con el control civil sobre las fuerzas armadas).

Desafortunadamente, al mismo tiempo que se les pide cada vez más a las fuerzas armadas, las comprendemos cada vez menos. El personal militar ciertamente se siente incomprendido: en su relevamiento anual realizado en el 2012, la publicación Military Times encontró que más del 75 por ciento de todo el personal activo y los reservistas sienten que "la comunidad militar tiene poco en común con el resto del país y que la mayoría de los civiles no comprende a los militares".

Muchos civiles no dudan en decir lo mismo. Y eso es francamente algo preocupante dado el rol en expansión que tienen los militares. Lo que la mayor parte de la sociedad civil sabe, en definitiva, es que las fuerzas armadas tienen más dinero. Y a pesar del debate en torno a las asignaciones presupuestarias, parecemos determinados a que eso continúe inalterable. 

 

FUENTE: Foreign Policy

 

¿Cuánta desigualdad es aceptable en una sociedad? ¿Cuándo mucho es demasiado y cuándo demasiado es obsceno? Parte de los actuales dilemas económicos del mundo actual reside en esta dinámica de la desigualdad obscena a la que nadie parece querer ponerle límites

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¿Cuánta desigualdad es aceptable? A juzgar por los niveles anteriores a la recesión, mucha, particularmente en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Peter Mandelson, del Nuevo Laborismo, expresó el estado de ánimo de los últimos treinta años cuando comentó que se sentía "tranquilo" por el hecho de que la gente se enriqueciera de forma "desmedida". El enriquecimiento era el objetivo de la "nueva economía". Y los nuevos ricos se quedaron con una parte creciente de sus ganancias, a medida que se redujeron los impuestos para alentarlos a enriquecerse aún más y se abandonaron los esfuerzos para repartir el pastel de forma más justa.

Los resultados fueron predecibles. En 1970, los ingresos brutos de un alto ejecutivo estadounidense eran aproximadamente treinta veces más elevados que los del trabajador medio; actualmente son 263 veces más elevados. En Gran Bretaña, el salario básico (sin bonificaciones) de un alto ejecutivo era 47 veces superior a la del trabajador medio en 1970. En 2010 fue 81 veces superior. Desde finales de los años setenta, los ingresos netos del 20 por ciento más rico de la población han aumentado cinco veces más rápido que el del 20 por ciento más pobre en los Estados Unidos y cuatro veces más rápido en el Reino Unido. Aún más importante es la creciente brecha entre el promedio de los ingresos y la mediana de los ingresos, es decir que la proporción de la población que vive con la mitad o menos de la mitad del ingreso medio en los Estados Unidos y Gran Bretaña ha estado aumentando.

Aunque en algunos países esta tendencia no se ha impuesto del todo, la desigualdad ha estado aumentando durante los últimos 30-40 años en todo el mundo. Ha crecido la desigualdad dentro de los países, y las diferencias entre ellos aumentaron considerablemente después de 1980, hasta equilibrarse a finales de los noventa y comenzar a disminuir después de 2000, cuando el crecimiento en los países en desarrollo comenzó a acelerarse.

El crecimiento de la desigualdad no incomoda a los defensores ideológicos del capitalismo. En un sistema de mercado competitivo, se dice que se paga a las personas lo que valen, es decir, los altos ejecutivos agregan a la economía estadounidense 263 veces más valor que sus empleados. Pero se aduce que los pobres siguen estando mejor que si los sindicatos o el gobierno hubieran reducido la brecha artificialmente. La única forma de lograr que la riqueza se reparta más rápido es mediante una reducción adicional de los impuestos marginales o, alternativamente, mejorando el "capital humano" de los pobres, de modo que valgan más a ojos de sus empleadores.

Esta es una forma de razonamiento económico diseñada para que resulte atractiva a quienes están en la cúspide de la pirámide de los ingresos. Después de todo, no hay ninguna forma de calcular los productos marginales de diferentes individuos en actividades productivas cooperativas. Los salarios más altos sencillamente se fijan comparándolos con otros que se pagan para puestos similares.

Anteriormente, las diferencias de los salarios se establecían según lo que era justo y razonable. Mientras mayores conocimientos, habilidades y responsabilidades exigiera un puesto, mayor era el salario aceptable y aceptado para ocuparlo.

No obstante, todo lo anterior sucedía dentro de límites en los que se conservaba cierta relación entre los más altos y los más bajos. Los salarios en el sector privado rara vez eran superiores a 20 o 30 veces el salario medio y en el caso de la mayoría de las personas las diferencias eran mucho menores. Así pues, el ingreso de los médicos y abogados solía ser aproximadamente cinco veces superior al de los trabajadores manuales, no diez veces o más, como sucede actualmente,

Lo que ha conducido a los métodos espurios que se utilizan hay en día para calcular los salarios ha sido fin del sentido común y de un modo de evaluar las actividades humanas que no se basa en criterios económicos y que toma en cuenta el contexto social más amplio.

Hay una consecuencia extraña, que no se aprecia mucho, de no distinguir entre el valor y el precio: la única forma que se ofrece a la mayoría de las personas para aumentar sus ingresos es mediante el crecimiento económico. En los países pobres eso es razonable, puesto que no hay suficiente riqueza. Sin embargo, en los países desarrollados la concentración en el crecimiento económico es una forma extraordinariamente ineficiente de aumentar la prosperidad general, porque significa que una economía debe crecer en, digamos, 3% para aumentar los ingresos de la mayoría un 1%, por decir algo.

Tampoco es seguro que el capital humano de la mayoría pueda aumentarse más rápido que el de la mayoría, que obtiene todas las ventajas educativas que se derivan de una mayor riqueza, mejores condiciones familiares y más contactos. En estas circunstancias, la redistribución es una forma más segura de lograr una amplia base de consumo, que es en sí misma una garantía de estabilidad económica.

La actitud de indiferencia ante la distribución del ingreso es de hecho una receta para un crecimiento económico sin fin en el que los ricos, los muy ricos y los súper ricos se alejan cada vez más del resto. Esto está mal por motivos morales e incluso prácticos. En términos morales, hace que las perspectivas de una vida mejor queden para siempre fuera del alcance de la mayoría de las personas. En términos prácticos, está destinado a destruir la cohesión social en la que se basa en última instancia la democracia o, en efecto, cualquier tipo de sociedad pacífica y satisfecha.

 

(*) Profesor emérito de Política Económica en la universidad Warwick y profesor invitado de la Academia Británica en historia y economía. 

FUENTE: The Project Syndicate

 

Por estos días, mucho se afirma que la economía mundial no está pasando por uno de sus mejores momentos. Efectivamente, está muy lejos de ello.

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Sabido es que, para entender porqué es importante conocer lo que pasa en el mundo económico, es necesario explicar cómo nos afecta. El canal de conexión principal está dado en las exportaciones. Entre mejor les vaya a los países que demandan nuestros productos, más comprarán y por consiguiente más beneficios obtendremos.

El nivel de exportaciones influye en el volumen de producción de nuestra economía y la cantidad de puestos de trabajo. Por dicha razón, es de vital importancia conocer que ocurre en las economías que son nuestros principales socios comerciales.

Ahora bien, ¿Quiénes son nuestros principales compradores? El top 4 está compuesto por los siguientes destinos: el más importante es Brasil, el cual adquiere el 32% del total de lo que exportamos. Segundo se encuentra la Unión Europea (19%), tercero China (15%) y por último, los EE.UU. con el 11% del total. Como podemos observar, sólo cuatro economías representan el 77% del destino total de nuestras exportaciones. Por lo tanto, entender que está pasando y hacia dónde van las mismas es de vital importancia para descifrar, a su vez, qué pasará con la nuestra.

Hasta el año pasado, la economía brasileña era el modelo reluciente, la niña mimada de las consultoras y de los mercados internacionales. Hoy el comportamiento dista mucho de eso ya sea por la coyuntura internacional adversa como por sus propias falencias.

En 2010 Brasil crecía al 7,5% y desde entonces no ha parado de decrecer. Así, en el primer cuatrimestre de 2012 solo creció 0,8% hasta llegar en el mes de abril al estancamiento. Este comportamiento ha obligado al Estado a reajustar sus perspectivas de crecimiento para el corriente año pasando de 4,5%, según lo estimado en el Presupuesto 2012, a 2,5%. Esto es una clara contracara del 'invesment grade´ (nota otorgada por consultoras internacionales a aquellos países de bajo riesgo para invertir), que convirtió al país en un imán de capitales, llevando a apreciar fuertemente en términos reales su tipo de cambio. Esta alta paridad cambiaria afectó directamente a la actividad industrial paulista.

Como dijimos antes, la actual coyuntura económica brasileña obedece tanto a factores exógenos como endógenos. La situación externa afectó a la industria brasileña a través de una baja de las exportaciones que representan el 20% de la producción total de la industria. A esto se le sumó la sequía que derivó en una pérdida del 8,5% del PBI agrícola en el primer trimestre. Pero el freno empezó a sentirse en la segunda mitad del 2011, cuando el Estado adoptó una política contractiva de la demanda para controlar la inflación y así cumplir con los objetivos del 'Inflation Targeting´ (metas de inflación).

Entre las medidas para contrarrestar la inflación se produjo un drástico recorte presupuestario de unos 32.000 millones de dólares para reducir la deuda pública y asegurar que Brasil pueda crecer al 4,5% estimado en el Presupuesto. El objetivo era mejorar la posición fiscal tras la fuerte crisis cuando el superávit primario pasó de 4% del PBI a 1% en 12 meses, donde se ha recuperado hasta el 3,1% actual. La consecuencia positiva del enfriamiento de la demanda fue la baja de la inflación, pasando de 6,8% a en agosto de 2011 a 4,2% anual en abril pasado. Siempre considerando la variación de precios de los últimos 12 meses.

Viendo que el actual devenir de la economía no iba a buen puerto, la presidenta Dilma Rousseff decidió tomar ciertas medidas para contrarrestar la caída. Una de las primeras fue atacar el atraso cambiario, bajando la históricamente alta tasa de interés de Brasil y dejar que su moneda se devalúe. Así, el tipo de cambio pasó de ser de 1,56 reales hace un año a 2 en la actualidad. Y la Selic, la tasa de referencia para el mercado, bajó 400 puntos básicos, alcanzando el menor registro de su historia: en un año pasó del 12,5 al 8,5%. Además, el gobierno redujo la carga impositiva e implementó estímulos específicos para sectores donde la pérdida de competitividad se hacía más evidente: línea blanca, molienda y panificación.

Esta semana, la presidenta brasileña, presentó su octavo plan económico en 18 meses. En este caso anunció un nuevo paquete de compras gubernamentales por US$3.300 millones para alimentar la demanda doméstica y una rebaja de las tasas de interés de créditos para la inversión. Y dos días después, sumó otros US$57.000 millones para fortalecer al sector agropecuario.

A diferencia de lo ocurrido en 2008, cuando la crisis se ubicaba principalmente en el mercado financiero, ahora se encuentra en el campo real. Por ejemplo, en el sector automotriz brasileño, un rubro que la Argentina sigue con especial atención ya que hacia allí se exporta el 50% de nuestra producción local, se corrigieron las perspectivas y se venderían alrededor de 45.000 vehículos menos en el año. Para estimular las ventas, en mayo se redujo el impuesto a las operaciones financieras para el crédito a las personas físicas y bajó el impuesto a los productos industrializados en la venta de vehículos.

También se sumó el anuncio de mejoras en las líneas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para la adquisición de camiones. Estos estímulos permitieron que las ventas de autos repuntaran en las últimas semanas. El primer indicador optimista, aunque no es definitivo, es que las ventas de vehículos en los primeros días de junio crecieron 20% interanual, tras haber caído 3%. Si esto se confirma, debería derivar en una recuperación en el segundo semestre que incluya al sector industrial.

Como podemos observar, los desafíos actuales en la economía vecina son demasiados. Seguir de cerca el desenvolvimiento de la misma es importante para entender cómo se comportará nuestra industria y en consecuencia los puestos de trabajo.

 

(*) Licenciado en Economía. Economista de la Fundación para la Integración Federal

 

En pleno contexto de campaña, la discusión sobre la Ley de Reforma de Salud en EEUU sigue siendo un tema candente. Mientras la Cámara Baja del Congreso, que se encuentra bajo control republicano, realizó su 33º intento de derogar la ley, una editorial del New York Times saca a la luz algunos datos sobre quiénes son y cómo se desempeñan algunos de los gobernadores más opositores a esta legislación

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Los estados con peor desempeño en materia de cobertura de salud son aquellos cuyos gobernadores han tenido una voz más fuerte en contra de los esfuerzos nacionales por mejorarla.

Una cuarta parte de los ciudadanos de Texas –6.3 millones de personas– se encuentran sin seguro de cobertura, por lejos el mayor porcentaje en todo el país (una cifra que incluye más de un millón de niños). Texas se ubica en último lugar en el área de cuidados pre natales y se posiciona también en el lugar más bajo en el escalafón nacional más reciente para medir la calidad de la cobertura global de salud, el cual examina factores tales como prevención de enfermedades, muerte por enfermedad y tratamiento contra el cáncer.

Aun así, el gobernador Rick Perry –extrañamente tan arrogante como solía mostrarse en los días de su intento de obtener la candidatura presidencial republicana– recientemente le dijo al gobierno de Obama que él orgullosamente rechazaría una gran infusión de dinero proveniente del programa Medicaid, el cual serviría para reducir significativamente esas vergonzosas estadísticas y brindar cobertura a 1.7 millones de personas más. La misma indiferencia ante el sufrimiento que en su momento empujó a Texas al fondo, ahora está amenazando con mantenerla allí.

Por lo menos cinco gobernadores más han tomado una decisión similar anunciando que no aceptarán expandir la cobertura del programa Medicaid a los pobres, aun cuando es el gobierno federal el que lo pagará casi en su totalidad durante varios años, de acuerdo a lo estipulado en la ley de Reforma de Salud de Obama.

Este rechazo hecha luz sobre la creciente división respecto de la naturaleza del rol de los gobiernos estatales. De acuerdo a un nuevo estudio, los estados a todo lo largo del país enfrentan crisis fiscales que se deben a los costos crecientes y a los recortes establecidos por los republicanos en el Congreso sobre la asistencia federal.

Mientras varios gobernadores y legisladores están a la búsqueda de nuevas fuentes de recursos, otros están utilizando la excusa de la recesión para ponerle fin a una larga tradición en la que los estados son la parada final para los más necesitados de la sociedad.

Durante el pasado año, por ejemplo, ocho estados han recortado o eliminado el pago de subsidios a los ciudadanos más pobres. Ocurrió la semana pasada en Pennsylvania, donde 61.000 ciudadanos –de los cuales casi la mitad de ellos además de pobres son discapacitados– fueron informados de que perderían, de un día para el otro, los 200 dólares mensuales en asistencia que el estado les pagaba, todo para ahorrar 150 millones de dólares al año. Tenemos las manos atadas por un presupuesto muy ajustado, les dijeron los funcionarios del área social a los asombrados (ahora ex) beneficiarios. No obstante, las manos del gobernador Tom Corbett no parecían muy atadas cuando otorgó 300 millones de dólares en recortes al impuesto sobre la renta a inicios de este mes.

El gobernador de Ohio, John Kasich, recortó millones del presupuesto de educación, pero cuando el estado se encontró con un superávit de 235 millones hace algunas semanas, anunció que sería destinado a la conformación de un fondo para periodos de emergencia, haciendo nada para afrontar la situación de salones de clase cada vez más numerosos. En Maine, el gobernador Paul LePage –que llegó a comparar a la Reforma de Salud con el Holocausto– firmó en el mes de Mayo un presupuesto que reduce o elimina las actuales coberturas de Medicaid, las cuales llegan a 21.000 personas.

El gobernador Perry también se opone al actual programa Medicaid y, en una reciente carta que envió a Washington, afirmó que esa expansión del programa representa "una descarada intromisión en la soberanía de nuestro estado" y que "amenazaba con llevar a Texas a la ruina financiera". La verdad es que Washington es el que paga los costos de la expansión del programa durante los próximos tres años (pasado ese tiempo, la carga para el gobierno federal se reduce un 10%). La osada resistencia de Perry puede sumarle puntos en su propio estado, pero es un verdadero golpe en el estómago para los millones que aún carecen de cobertura de salud en Texas, los cuales seguirán en esa situación.

Muchos gobernadores republicanos moderados están optando por un camino diferente. En una carta enviada al presidente el pasado jueves, el gobernador de Virginia, Bob McDonnell, director de la Asociación de Gobernadores Republicanos, afirmó que los estados deberían pensar detenidamente antes de rechazar el dinero de Washington. No obstante, se mantuvo en una posición crítica respecto de la reforma de salud y Medicaid y señaló, además, que rechazar la ampliación del programa creará una "significativa brecha de cobertura" entre los sectores de menores ingresos.

Pero por lo menos, hasta el momento, Virginia reconoce una obligación hacia sus ciudadanos más necesitados. Sería tiempo que Texas, Florida, South Carolina, Wisconsin, Iowa y Louisiana hiciesen lo mismo.

 

FUENTE: The New York Times

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