A sesenta años del fallecimiento de Eva Perón ¿en qué lugar del imaginario colectivo posicionamos su figura?

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Dicen que el tiempo todo lo puede. Que borra muchas cosas. Que, de alguna misteriosa y hasta, si se quiere, perversa medida, pone un manto de piedad. Y tal vez, algo de eso suceda con los hechos o los personajes políticos de un país y de un continente como el nuestro.

También, es dable reconocerlo, las nuevas generaciones suelen aportar nuevos puntos de vistas, abordajes y formas de comprensión de esos procesos. Pueden ser más severos (un buen ejemplo de ello es la mirada que los más jóvenes tenemos sobre el proceso de "desorganización" nacional) o más complacientes.

Ciertos personajes históricos, con el paso del tiempo, parecen ir acomodándose a una mirada más o menos general, más o menos común y más o menos consensuada, sobre el rol que han ocupado en la vida social o política de un país. Así, Arturo Illía parece encarnar el ejemplo vívido de un republicanismo fundante; Juan Domingo Perón sería (entre otras cosas) la encarnación del conductor político que establece una relación muy directa con las masas; y Raúl Alfonsín vendría a recordarnos el modelo de un hombre con profundas convicciones democráticas y la del militante político en todo el sentido de la palabra.

¿Y Eva Duarte? Perdón, ¿y a Evita? ¿Adónde la ubicamos? ¿En qué lugar del imaginario colectivo de un país? No creo desentonar si la referenciamos en el lugar de aquella mujer, común por cierto, sin grandes especulaciones académicas ni mucho menos, que dio todo por una causa y por una clase social en particular. Sus gestos, sus formas, sus métodos y su recorrido político, hoy, parecerían ser lo de menos. Un aspecto secundario que no merecería demasiado análisis.

Ahora bien, los argentinos, los de hoy, los del 2012, ¿nos bancaríamos a "esa mujer", toleraríamos esa fuerza, ese vendaval y torbellino político que supone su figura? Y la segunda pregunta, ¿en qué medida, al igual que se ha hecho con el Che y sus famosas remeritas, no hemos ido vaciando de contenido la figura de Evita, deformándola, desnaturalizándola, al asignarle un lugar en la historia que la ubica en el mero asistencialismo por los menos beneficiados, sin tener en cuenta que era una fenomenal militante con todo el compromiso que puede tenerse por una causa, siendo un engranaje más (tal vez central pero no excluyente) de un movimiento político que fue masivo y repulsivo para algunos sectores?

Preguntas que, 60 años después, nos hacemos como actores de otra generación, con otra impronta y otros métodos, pero movilizados por el mismo fuego. Personalmente no sé si volvió, porque no sé si alguna vez se fue. No sé si su estandarte lo llevaremos a la victoria. Ni si quiera sé si somos millones. Sólo sé "esa mujer" vive, como siempre, como cada día, aunque miremos para otro lado, aunque queramos desentendernos, en aquellos lugares donde haya aunque sea, una necesidad, aunque haya un solo pobre. 

 

(*) Licenciado en Ciencia Política. Analista Político de la Fundación para la Integración Federal

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En medio de la crisis económica que vive EEUU, los militares parecen ser una isla. Ninguno de los sacrificios económicos que se le pide a la sociedad se les pide a las fuerzas armadas. El miedo a un mundo en transición, a las amenazas y a la falta de confianza en el poder civil coloca a los militares en un sitial de privilegio. Como dice la autora, "conozcan al socialismo militar de EEUU"

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Cuenta la historia que F. Scott Fitzgerald, un crónico meticuloso de las clases sociales en EEUU, le dijo una vez a Ernest Hemingway, "los ricos son diferentes al resto de nosotros".

"Sí", fue la lacónica respuesta de Hemingway. "Tienen más dinero".

En nuestra época lo mismo podría decirse de las fuerzas armadas norteamericanas. ¿Son los militares diferentes del resto de nosotros? Sí... Tienen más dinero.

Esto es cierto en una multiplicidad de formas. Comenzando por la más obvia: si viésemos el gasto militar como sinónimo del gasto en defensa (lo cual es incorrecto, pero supongamos por el momento que es así) ¡la flauta si tienen dinero! En el 2011, los EEUU gastaron un monto aproximado de 768 mil millones de dólares en defensa. Y el monto gastado en este rubro ha bajado muy poco desde entonces. Para cuando terminé un periodo de dos años como consejera política del subsecretario de defensa en el verano de 2011, empezábamos a referirnos con tristeza respecto a la época de austeridad que, preveíamos, se avecinaba. Sin embargo, el presupuesto del Pentágono sigue empequeñeciendo a cualquier otro con el que se lo compare. El pobre Departamento de Estado, por ejemplo, comparte unos miserables 55 mil millones de dólares con USAID y otro numeroso grupo de programas internacionales.

Este año, el Congreso y la Casa Blanca están midiendo fuerzas alrededor de las asignaciones presupuestarias, las cuales podrían forzar a recortes draconianos en el gasto militar si el Congreso no logra evitarlo. Pero con políticos de ambos partidos compitiendo por demostrar su amor por todas las cosas en el Pentágono, no sería descabellado asumir que un compromiso de última hora pueda ser alcanzado. El total de la torta presupuestaria podría reducirse durante la próxima década, pero apuesto mi caja de ahorro a que la porción del Departamento de Defensa crecerá mientras que la del Departamento de Estado se seguirá encogiendo.

Pero no es sólo desde la perspectiva del presupuesto nacional que los militares tienen más dinero. De acuerdo con la Oficina Presupuestaria del Congreso, el miembro promedio de las fuerzas armadas está mejor pago que el 75 por ciento de los trabajadores federales con una experiencia comparable. Los miembros de las fuerzas armadas y sus familias también pueden acceder a los programas sociales más generosos que puede ofrecer el país (aunque, casi con seguridad, sean insostenibles).

Como esposa de un oficial de carrera del ejército, me quedé atónita por el número de beneficios que tenía a mi disposición. ¿Cobertura de Salud? Gratis! ¿Alimentos? Los Comisionados Militares les reintegran a las familias de las fuerzas armadas cerca del 30 por ciento de sus compras en tiendas civiles. ¿Beneficios educativos? El personal de carrera puede esperar que las fuerzas armadas le financien una educación superior; y la ley post 11 de Septiembre "GI Bill" le provee más de 36 meses de beneficios a veteranos los cuales ascienden, en efecto, al total de la matrícula y los honorarios correspondientes a cuatro años académicos (los beneficios educativos pueden, además, ser transferidos a los familiares).

¿Vivienda? Gratis en la base y subsidiada fuera de ella (el subsidio por vivienda es más alto de acuerdo al tamaño de la familia. Lo que se dice, de cada cual de acuerdo a sus capacidades, a cada cual de acuerdo a sus necesidades). ¿Jubilación? Luego de 20 años de servicio, el personal militar puede retirarse e inmediatamente comenzar a percibir, a poco de cumplir 40 años o más, una pensión anual equivalente a la mitad de su salario por el resto de su vida. Cualquiera que piense que el socialismo fracasó en los EEUU, ciertamente nunca ha pasado un tiempo en una base militar.

Los generosos beneficios que otorgamos a los militares reflejan la creciente estima que mantenemos por nuestras fuerzas armadas. A pesar del (o debido al) decreciente número de estadounidenses enrolados o que tienen algún pariente enrolado, el apoyo a los militares se ha convertido en una religión civil en EEUU.

Esto en parte se debe a que reconocemos que, al tener unas fuerzas armadas voluntarias, son unos pocos realmente los que hacen sacrificios por los muchos. Los largos periodos de despliegue a lo largo de la última década –sin mencionar los miles que han muerto o han sido heridos– han causado estragos en las familias de los militares y en las comunidades, mientras la mayor parte de los estadounidenses viven su vida plenamente sin ser tocados por el terrorismo y la guerra.

Sin embargo, esto no alcanza para entender los desproporcionados beneficios que les otorgamos a los militares. Una enorme cantidad de estadounidenses sirven a su nación en áreas vitales –piensen solamente en los maestros de escuelas públicas o las enfermeras– y otra gran cantidad, desde los pescadores a los bomberos, tienen trabajos peligrosos. Pero no nos sentimos inclinados a otorgar cobertura gratuita de salud y vivienda a los maestros o a los bomberos.

Nuestra predisposición a arrojar dinero a los militares sin tener en cuenta la necesidad o el costo refleja la profunda ansiedad respecto del mundo cambiante en el que vivimos, en combinación con un sentimiento generalizado de que las fuerzas armadas son una de las pocas instituciones funcionales que quedan.

El mundo nos da miedo y por buenas razones: colapso económico, estancamiento político, poderes en ascenso con predisposición a robarnos nuestro almuerzo, inestabilidad global, terrorismo, violencia en el Medio Oriente, la caída de reservas de combustibles fósiles, cambio climático... una lista más que suficiente para dejarnos con una sensación acuciante de que alguien debe hacer algo.

Y los estadounidenses ponen sus ojos en los militares para "arreglar las cosas". Después de todo, se puede confiar en que los militares vayan a donde se les pide. En el 2012, el 75 por ciento de la población le respondió a Gallup que confían totalmente o muchísimo en los militares. En contraste, sólo el 37 por ciento tiene confianza en la presidencia y un pobre 13 por ciento deposita su confianza en el Congreso.

Como resultado de esto, los militares se han convertido en nuestra herramienta favorita para arreglar todo aquello que parezca roto. Hoy esperamos que los militares planifiquen programas agrícolas en Afganistán, que nos protejan de ciber ataques, que promuevan programas de debate político radial en Irak y que manejen centros de salud en Mali. Queremos que los militares lleven ayuda humanitaria a Japón, que reúnan inteligencia, y que convenzan a los militares egipcios de respetar la democracia. También queremos a los militares ocupados aquí en casa, ayudando a combatir incendios forestales, custodiando la Estación Central de Nueva York y deteniendo la inmigración ilegal en Arizona.

Estamos habilitando cada vez más a los militares a asumir una multiplicidad de tareas que hasta hace tiempo atrás eran consideradas como competencia de los gobiernos locales o de otras agencias gubernamentales. Inevitablemente, esto diluye la frontera entre lo que constituye una tarea específica de las fuerzas armadas y aquellas que son específicamente competencia civil. Lo cual a su vez nos lleva a preguntas más profundas: ¿debemos ver este desarrollo de los acontecimientos como una militarización de la política exterior norteamericana (y, de forma creciente, también de la política doméstica)? ¿O es un fenómeno que se comprende mejor como algo diferente –quizás como la "civilanización" de las fuerzas armadas, o su metamorfosis en algo aún desconocido, en apoyo de objetivos estratégicos poco claros?

Dicho de otro modo, en el mundo globalizado e interconectado de la actualidad –en el cual la línea demarcatoria entre "guerra" y otras clases de "amenazas a la seguridad" se desvanecen, y en el cual es cada vez más difícil distinguir entre campos de batalla y zonas de paz, entre internacional y doméstico, entre civiles y combatientes– ¿que son exactamente las fuerzas armadas norteamericanas? Más precisamente ¿para qué se las utiliza? (y si la respuesta es "para todo" entonces qué ocurre con el control civil sobre las fuerzas armadas).

Desafortunadamente, al mismo tiempo que se les pide cada vez más a las fuerzas armadas, las comprendemos cada vez menos. El personal militar ciertamente se siente incomprendido: en su relevamiento anual realizado en el 2012, la publicación Military Times encontró que más del 75 por ciento de todo el personal activo y los reservistas sienten que "la comunidad militar tiene poco en común con el resto del país y que la mayoría de los civiles no comprende a los militares".

Muchos civiles no dudan en decir lo mismo. Y eso es francamente algo preocupante dado el rol en expansión que tienen los militares. Lo que la mayor parte de la sociedad civil sabe, en definitiva, es que las fuerzas armadas tienen más dinero. Y a pesar del debate en torno a las asignaciones presupuestarias, parecemos determinados a que eso continúe inalterable. 

 

FUENTE: Foreign Policy

 

¿Cuánta desigualdad es aceptable en una sociedad? ¿Cuándo mucho es demasiado y cuándo demasiado es obsceno? Parte de los actuales dilemas económicos del mundo actual reside en esta dinámica de la desigualdad obscena a la que nadie parece querer ponerle límites

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¿Cuánta desigualdad es aceptable? A juzgar por los niveles anteriores a la recesión, mucha, particularmente en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Peter Mandelson, del Nuevo Laborismo, expresó el estado de ánimo de los últimos treinta años cuando comentó que se sentía "tranquilo" por el hecho de que la gente se enriqueciera de forma "desmedida". El enriquecimiento era el objetivo de la "nueva economía". Y los nuevos ricos se quedaron con una parte creciente de sus ganancias, a medida que se redujeron los impuestos para alentarlos a enriquecerse aún más y se abandonaron los esfuerzos para repartir el pastel de forma más justa.

Los resultados fueron predecibles. En 1970, los ingresos brutos de un alto ejecutivo estadounidense eran aproximadamente treinta veces más elevados que los del trabajador medio; actualmente son 263 veces más elevados. En Gran Bretaña, el salario básico (sin bonificaciones) de un alto ejecutivo era 47 veces superior a la del trabajador medio en 1970. En 2010 fue 81 veces superior. Desde finales de los años setenta, los ingresos netos del 20 por ciento más rico de la población han aumentado cinco veces más rápido que el del 20 por ciento más pobre en los Estados Unidos y cuatro veces más rápido en el Reino Unido. Aún más importante es la creciente brecha entre el promedio de los ingresos y la mediana de los ingresos, es decir que la proporción de la población que vive con la mitad o menos de la mitad del ingreso medio en los Estados Unidos y Gran Bretaña ha estado aumentando.

Aunque en algunos países esta tendencia no se ha impuesto del todo, la desigualdad ha estado aumentando durante los últimos 30-40 años en todo el mundo. Ha crecido la desigualdad dentro de los países, y las diferencias entre ellos aumentaron considerablemente después de 1980, hasta equilibrarse a finales de los noventa y comenzar a disminuir después de 2000, cuando el crecimiento en los países en desarrollo comenzó a acelerarse.

El crecimiento de la desigualdad no incomoda a los defensores ideológicos del capitalismo. En un sistema de mercado competitivo, se dice que se paga a las personas lo que valen, es decir, los altos ejecutivos agregan a la economía estadounidense 263 veces más valor que sus empleados. Pero se aduce que los pobres siguen estando mejor que si los sindicatos o el gobierno hubieran reducido la brecha artificialmente. La única forma de lograr que la riqueza se reparta más rápido es mediante una reducción adicional de los impuestos marginales o, alternativamente, mejorando el "capital humano" de los pobres, de modo que valgan más a ojos de sus empleadores.

Esta es una forma de razonamiento económico diseñada para que resulte atractiva a quienes están en la cúspide de la pirámide de los ingresos. Después de todo, no hay ninguna forma de calcular los productos marginales de diferentes individuos en actividades productivas cooperativas. Los salarios más altos sencillamente se fijan comparándolos con otros que se pagan para puestos similares.

Anteriormente, las diferencias de los salarios se establecían según lo que era justo y razonable. Mientras mayores conocimientos, habilidades y responsabilidades exigiera un puesto, mayor era el salario aceptable y aceptado para ocuparlo.

No obstante, todo lo anterior sucedía dentro de límites en los que se conservaba cierta relación entre los más altos y los más bajos. Los salarios en el sector privado rara vez eran superiores a 20 o 30 veces el salario medio y en el caso de la mayoría de las personas las diferencias eran mucho menores. Así pues, el ingreso de los médicos y abogados solía ser aproximadamente cinco veces superior al de los trabajadores manuales, no diez veces o más, como sucede actualmente,

Lo que ha conducido a los métodos espurios que se utilizan hay en día para calcular los salarios ha sido fin del sentido común y de un modo de evaluar las actividades humanas que no se basa en criterios económicos y que toma en cuenta el contexto social más amplio.

Hay una consecuencia extraña, que no se aprecia mucho, de no distinguir entre el valor y el precio: la única forma que se ofrece a la mayoría de las personas para aumentar sus ingresos es mediante el crecimiento económico. En los países pobres eso es razonable, puesto que no hay suficiente riqueza. Sin embargo, en los países desarrollados la concentración en el crecimiento económico es una forma extraordinariamente ineficiente de aumentar la prosperidad general, porque significa que una economía debe crecer en, digamos, 3% para aumentar los ingresos de la mayoría un 1%, por decir algo.

Tampoco es seguro que el capital humano de la mayoría pueda aumentarse más rápido que el de la mayoría, que obtiene todas las ventajas educativas que se derivan de una mayor riqueza, mejores condiciones familiares y más contactos. En estas circunstancias, la redistribución es una forma más segura de lograr una amplia base de consumo, que es en sí misma una garantía de estabilidad económica.

La actitud de indiferencia ante la distribución del ingreso es de hecho una receta para un crecimiento económico sin fin en el que los ricos, los muy ricos y los súper ricos se alejan cada vez más del resto. Esto está mal por motivos morales e incluso prácticos. En términos morales, hace que las perspectivas de una vida mejor queden para siempre fuera del alcance de la mayoría de las personas. En términos prácticos, está destinado a destruir la cohesión social en la que se basa en última instancia la democracia o, en efecto, cualquier tipo de sociedad pacífica y satisfecha.

 

(*) Profesor emérito de Política Económica en la universidad Warwick y profesor invitado de la Academia Británica en historia y economía. 

FUENTE: The Project Syndicate

 

Por estos días, mucho se afirma que la economía mundial no está pasando por uno de sus mejores momentos. Efectivamente, está muy lejos de ello.

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Sabido es que, para entender porqué es importante conocer lo que pasa en el mundo económico, es necesario explicar cómo nos afecta. El canal de conexión principal está dado en las exportaciones. Entre mejor les vaya a los países que demandan nuestros productos, más comprarán y por consiguiente más beneficios obtendremos.

El nivel de exportaciones influye en el volumen de producción de nuestra economía y la cantidad de puestos de trabajo. Por dicha razón, es de vital importancia conocer que ocurre en las economías que son nuestros principales socios comerciales.

Ahora bien, ¿Quiénes son nuestros principales compradores? El top 4 está compuesto por los siguientes destinos: el más importante es Brasil, el cual adquiere el 32% del total de lo que exportamos. Segundo se encuentra la Unión Europea (19%), tercero China (15%) y por último, los EE.UU. con el 11% del total. Como podemos observar, sólo cuatro economías representan el 77% del destino total de nuestras exportaciones. Por lo tanto, entender que está pasando y hacia dónde van las mismas es de vital importancia para descifrar, a su vez, qué pasará con la nuestra.

Hasta el año pasado, la economía brasileña era el modelo reluciente, la niña mimada de las consultoras y de los mercados internacionales. Hoy el comportamiento dista mucho de eso ya sea por la coyuntura internacional adversa como por sus propias falencias.

En 2010 Brasil crecía al 7,5% y desde entonces no ha parado de decrecer. Así, en el primer cuatrimestre de 2012 solo creció 0,8% hasta llegar en el mes de abril al estancamiento. Este comportamiento ha obligado al Estado a reajustar sus perspectivas de crecimiento para el corriente año pasando de 4,5%, según lo estimado en el Presupuesto 2012, a 2,5%. Esto es una clara contracara del 'invesment grade´ (nota otorgada por consultoras internacionales a aquellos países de bajo riesgo para invertir), que convirtió al país en un imán de capitales, llevando a apreciar fuertemente en términos reales su tipo de cambio. Esta alta paridad cambiaria afectó directamente a la actividad industrial paulista.

Como dijimos antes, la actual coyuntura económica brasileña obedece tanto a factores exógenos como endógenos. La situación externa afectó a la industria brasileña a través de una baja de las exportaciones que representan el 20% de la producción total de la industria. A esto se le sumó la sequía que derivó en una pérdida del 8,5% del PBI agrícola en el primer trimestre. Pero el freno empezó a sentirse en la segunda mitad del 2011, cuando el Estado adoptó una política contractiva de la demanda para controlar la inflación y así cumplir con los objetivos del 'Inflation Targeting´ (metas de inflación).

Entre las medidas para contrarrestar la inflación se produjo un drástico recorte presupuestario de unos 32.000 millones de dólares para reducir la deuda pública y asegurar que Brasil pueda crecer al 4,5% estimado en el Presupuesto. El objetivo era mejorar la posición fiscal tras la fuerte crisis cuando el superávit primario pasó de 4% del PBI a 1% en 12 meses, donde se ha recuperado hasta el 3,1% actual. La consecuencia positiva del enfriamiento de la demanda fue la baja de la inflación, pasando de 6,8% a en agosto de 2011 a 4,2% anual en abril pasado. Siempre considerando la variación de precios de los últimos 12 meses.

Viendo que el actual devenir de la economía no iba a buen puerto, la presidenta Dilma Rousseff decidió tomar ciertas medidas para contrarrestar la caída. Una de las primeras fue atacar el atraso cambiario, bajando la históricamente alta tasa de interés de Brasil y dejar que su moneda se devalúe. Así, el tipo de cambio pasó de ser de 1,56 reales hace un año a 2 en la actualidad. Y la Selic, la tasa de referencia para el mercado, bajó 400 puntos básicos, alcanzando el menor registro de su historia: en un año pasó del 12,5 al 8,5%. Además, el gobierno redujo la carga impositiva e implementó estímulos específicos para sectores donde la pérdida de competitividad se hacía más evidente: línea blanca, molienda y panificación.

Esta semana, la presidenta brasileña, presentó su octavo plan económico en 18 meses. En este caso anunció un nuevo paquete de compras gubernamentales por US$3.300 millones para alimentar la demanda doméstica y una rebaja de las tasas de interés de créditos para la inversión. Y dos días después, sumó otros US$57.000 millones para fortalecer al sector agropecuario.

A diferencia de lo ocurrido en 2008, cuando la crisis se ubicaba principalmente en el mercado financiero, ahora se encuentra en el campo real. Por ejemplo, en el sector automotriz brasileño, un rubro que la Argentina sigue con especial atención ya que hacia allí se exporta el 50% de nuestra producción local, se corrigieron las perspectivas y se venderían alrededor de 45.000 vehículos menos en el año. Para estimular las ventas, en mayo se redujo el impuesto a las operaciones financieras para el crédito a las personas físicas y bajó el impuesto a los productos industrializados en la venta de vehículos.

También se sumó el anuncio de mejoras en las líneas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para la adquisición de camiones. Estos estímulos permitieron que las ventas de autos repuntaran en las últimas semanas. El primer indicador optimista, aunque no es definitivo, es que las ventas de vehículos en los primeros días de junio crecieron 20% interanual, tras haber caído 3%. Si esto se confirma, debería derivar en una recuperación en el segundo semestre que incluya al sector industrial.

Como podemos observar, los desafíos actuales en la economía vecina son demasiados. Seguir de cerca el desenvolvimiento de la misma es importante para entender cómo se comportará nuestra industria y en consecuencia los puestos de trabajo.

 

(*) Licenciado en Economía. Economista de la Fundación para la Integración Federal

 

En pleno contexto de campaña, la discusión sobre la Ley de Reforma de Salud en EEUU sigue siendo un tema candente. Mientras la Cámara Baja del Congreso, que se encuentra bajo control republicano, realizó su 33º intento de derogar la ley, una editorial del New York Times saca a la luz algunos datos sobre quiénes son y cómo se desempeñan algunos de los gobernadores más opositores a esta legislación

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Los estados con peor desempeño en materia de cobertura de salud son aquellos cuyos gobernadores han tenido una voz más fuerte en contra de los esfuerzos nacionales por mejorarla.

Una cuarta parte de los ciudadanos de Texas –6.3 millones de personas– se encuentran sin seguro de cobertura, por lejos el mayor porcentaje en todo el país (una cifra que incluye más de un millón de niños). Texas se ubica en último lugar en el área de cuidados pre natales y se posiciona también en el lugar más bajo en el escalafón nacional más reciente para medir la calidad de la cobertura global de salud, el cual examina factores tales como prevención de enfermedades, muerte por enfermedad y tratamiento contra el cáncer.

Aun así, el gobernador Rick Perry –extrañamente tan arrogante como solía mostrarse en los días de su intento de obtener la candidatura presidencial republicana– recientemente le dijo al gobierno de Obama que él orgullosamente rechazaría una gran infusión de dinero proveniente del programa Medicaid, el cual serviría para reducir significativamente esas vergonzosas estadísticas y brindar cobertura a 1.7 millones de personas más. La misma indiferencia ante el sufrimiento que en su momento empujó a Texas al fondo, ahora está amenazando con mantenerla allí.

Por lo menos cinco gobernadores más han tomado una decisión similar anunciando que no aceptarán expandir la cobertura del programa Medicaid a los pobres, aun cuando es el gobierno federal el que lo pagará casi en su totalidad durante varios años, de acuerdo a lo estipulado en la ley de Reforma de Salud de Obama.

Este rechazo hecha luz sobre la creciente división respecto de la naturaleza del rol de los gobiernos estatales. De acuerdo a un nuevo estudio, los estados a todo lo largo del país enfrentan crisis fiscales que se deben a los costos crecientes y a los recortes establecidos por los republicanos en el Congreso sobre la asistencia federal.

Mientras varios gobernadores y legisladores están a la búsqueda de nuevas fuentes de recursos, otros están utilizando la excusa de la recesión para ponerle fin a una larga tradición en la que los estados son la parada final para los más necesitados de la sociedad.

Durante el pasado año, por ejemplo, ocho estados han recortado o eliminado el pago de subsidios a los ciudadanos más pobres. Ocurrió la semana pasada en Pennsylvania, donde 61.000 ciudadanos –de los cuales casi la mitad de ellos además de pobres son discapacitados– fueron informados de que perderían, de un día para el otro, los 200 dólares mensuales en asistencia que el estado les pagaba, todo para ahorrar 150 millones de dólares al año. Tenemos las manos atadas por un presupuesto muy ajustado, les dijeron los funcionarios del área social a los asombrados (ahora ex) beneficiarios. No obstante, las manos del gobernador Tom Corbett no parecían muy atadas cuando otorgó 300 millones de dólares en recortes al impuesto sobre la renta a inicios de este mes.

El gobernador de Ohio, John Kasich, recortó millones del presupuesto de educación, pero cuando el estado se encontró con un superávit de 235 millones hace algunas semanas, anunció que sería destinado a la conformación de un fondo para periodos de emergencia, haciendo nada para afrontar la situación de salones de clase cada vez más numerosos. En Maine, el gobernador Paul LePage –que llegó a comparar a la Reforma de Salud con el Holocausto– firmó en el mes de Mayo un presupuesto que reduce o elimina las actuales coberturas de Medicaid, las cuales llegan a 21.000 personas.

El gobernador Perry también se opone al actual programa Medicaid y, en una reciente carta que envió a Washington, afirmó que esa expansión del programa representa "una descarada intromisión en la soberanía de nuestro estado" y que "amenazaba con llevar a Texas a la ruina financiera". La verdad es que Washington es el que paga los costos de la expansión del programa durante los próximos tres años (pasado ese tiempo, la carga para el gobierno federal se reduce un 10%). La osada resistencia de Perry puede sumarle puntos en su propio estado, pero es un verdadero golpe en el estómago para los millones que aún carecen de cobertura de salud en Texas, los cuales seguirán en esa situación.

Muchos gobernadores republicanos moderados están optando por un camino diferente. En una carta enviada al presidente el pasado jueves, el gobernador de Virginia, Bob McDonnell, director de la Asociación de Gobernadores Republicanos, afirmó que los estados deberían pensar detenidamente antes de rechazar el dinero de Washington. No obstante, se mantuvo en una posición crítica respecto de la reforma de salud y Medicaid y señaló, además, que rechazar la ampliación del programa creará una "significativa brecha de cobertura" entre los sectores de menores ingresos.

Pero por lo menos, hasta el momento, Virginia reconoce una obligación hacia sus ciudadanos más necesitados. Sería tiempo que Texas, Florida, South Carolina, Wisconsin, Iowa y Louisiana hiciesen lo mismo.

 

FUENTE: The New York Times

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Tras la rebelión que condujo al derrocamiento y asesinato de Gadaffi, las recientes elecciones en Libia parecen marcar un rumbo definido. Sin embargo, con la Primavera Árabe aún viva en la región y con las potencias internacionales observando de cerca, el nuevo gobierno deberá enfrentar dilemas decisivos en su camino a la reconstrucción nacional

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El pasado 7 de julio se llevaron a cabo las primeras elecciones multipartidarias en Libia después de cincuenta años, en las que se eligió entre al menos 3500 candidatos para conformar una Asamblea Nacional que tendrá la misión de conformar al próximo gobierno libio. Acudieron a la cita cerca de 2.7 millones de electores, teniendo en cuenta que de la población de 6.5 millones de habitantes cerca del 60% en Libia está en condiciones de votar.

Los comicios se realizaron en un contexto internacional/regional marcado, en primer lugar, por el triunfo en Egipto del candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, y el comienzo de su gobierno en medio de una fuerte tensión con los grupos militares del país. El segundo hecho que circunda las elecciones libias es la situación en Siria y el debate que sigue en pie por la inacción de la comunidad internacional ante los hechos de violencia y las matanzas que se están sucediendo en este país.

Estos dos hechos ponen sobre la mesa dos puntos de discusión sin duda importantes: en primera medida, la verdadera dimensión del vínculo entre democracia y mundo árabe y la incipiente aparición de democracias que pueden considerarse impuestas y/o tuteladas. En segundo lugar, la pregunta de hasta qué punto las intervenciones pueden ser justificadas bajo el paraguas del humanitarismo o, más aún, quién vela por la aplicación universal y no selectiva de este principio.

Pese al optimismo generalizado que reina por estos días entre los medios occidentales -sobre todo, aquellos pertenecientes a países que ya se frotan las manos pensando en los negocios de la reconstrucción post guerra en Libia- es importante realizar un análisis de algunos datos que no resultan ser de menor importancia a la hora de considerar los regímenes que emergen en la post-Primavera Árabe.

Muchos de los lectores recordarán a Jeane Kirkpatrick. Para quienes no tienen el agrado, Kirkpatrick fue una importante miembro del Partido Republicano norteamericano, más conocida por ser la mentora de la llamada "Doctrina Kirkpatrick" durante el gobierno de Ronald Reagan. Según esta doctrina, se distinguía entre gobiernos autoritarios y totalitarios, siendo estos últimos los más peligrosos al ser funcionales a la expansión soviética en el Tercer Mundo. De las dictaduras entonces se sostenía que sólo perseguía el objetivo de "educar" a la ciudadanía y por ende se podía disponer de ellas como elementos de contención del comunismo en las zonas de influencia occidentales.

Estos pensamientos fueron el justificativo en los años '80 del sostén de los Estados Unidos a dictaduras de corte anticomunista y el derrocamiento de gobiernos democráticos considerados una amenaza comunista, como fue el caso de Granada en 1983. Sin embargo, el espíritu de esta doctrina puede rastrearse más atrás en el tiempo, como fue el caso del golpe de Estado que destituyó a Salvador Allende en Chile.

Hay un elemento adicional interesante del pensamiento de Jeane Kirkpatrick que en general es menos conocido o divulgado: la funcionaria advertía acerca de los "expansive, expensive global project", definido como el interés de los gobiernos norteamericanos en promover la democracia en el mundo, incluso en países que carecían de las condiciones necesarias para ello, tales como el imperio de la ley, una elite gobernante comprometida con la democracia, un sentido de ciudadanía y un habito de confianza y cooperación en el seno de la sociedad, como mínimo.

Esta recomendación realizada por Kirkpatrick nos parece interesante ya que casos como el de Libia reflejan de modo cabal la colonialidad del saber/poder, el cual sigue primando en los principales círculos de poder mundial. En función de ella, se recurre una y otra vez a la imposición de modelos democráticos en países que poseen realidades mucho más complejas y divergentes que las realidades occidentales.

Con esto no queremos decir que las democracias no sean posibles en los países de la primavera árabe, ni tampoco queremos decir que los procesos democráticos en Egipto y Libia están destinados al fracaso. Simplemente consideramos que no resultan extraños los recientes sucesos acaecidos en Egipto o las escenas de violencia que rodearon los comicios en Libia. En cierta forma estos hechos dan cuenta de que una vez más asistimos a la imposición de formas de gobiernos que celebran las potencias externas y observan con esperanza las poblaciones nacionales de los países en cuestión, incluso sin estar dadas las condiciones para el desarrollo de estas formas de gobierno.

En el caso libio, particularmente subyacen cuestiones que -una vez conformado el nuevo gobierno- deberán encontrar respuesta para que Libia no se convierta en un enclave económico sumido en la miseria de su población. Por mencionar algunas: los choques entre las milicias armadas y las tribus que apoyaron a Gaddafi durante la guerra civil; los movimientos de refugiados que se incrementaron con la intervención occidental; la inexperiencia política de los futuros gobernantes y de la propia población libia; las rivalidades étnico-religiosas, la diversidad al interior de las fuerzas de coalición; la ausencia de un espíritu nacional y la primacía de los sentimientos étnicos, entre otras cuestiones.

Todo hace pensar que la Alianza de Fuerzas Nacionales liderada por Mahmoud Jibril se llevará el triunfo de las elecciones. La Asamblea resultante de los comicios tendrá la enorme tarea de elegir tanto a su presidente como al primer ministro, el cual formará un gobierno que reemplazará en sus funciones al gobierno interino del Consejo Nacional de Transición (CNT).

De confirmarse este triunfo, se esperan grandes cambios en Libia. Nadie sabe muy bien qué pasará con las luchas étnicas y sociales al interior de Libia, tampoco se conoce a ciencia cierta cómo planea este nuevo gobierno implantar la paz y con qué fuerzas lo podría hacer, teniendo en cuenta la existencia de milicias armadas que se niegan a desarmarse. Tampoco se conoce cómo se frenará el baño de sangre que muchos libios están haciendo sobre los miembros de la tribu Warfalla –de la cual Gaddafi era miembro– y cómo impedirá el nuevo gobierno la matanza indiscriminada de ellos, incluso de quienes nunca fueron partidarios del gobierno del "Rey de Reyes".

Por el contrario, la mayor parte de las certezas sobre el futuro libio asoman por el lado económico, algo que se preveía desde antes de la muerte de Gaddafi, ya que la primera preocupación del CNT fue la reanudación de la producción petrolera a los mismos niveles de antes del estallido de la guerra civil.

Mahmoud Jibril se formó académicamente en los Estados Unidos durante la década del ochenta y es considerado un funcionario de origen secular y liberal, lo cual resulta interesante para el análisis y oportuno para los intereses económicos foráneos. Al igual que el caso de los nuevos líderes que rondan la escena política egipcia, Jibril no abre un capítulo nuevo en la elite gobernante libia, sino que refleja, por expresarlo de alguna manera, la "renovación" de las caras visibles.

Desde el año 2007 hasta el 2011 Jibril sirvió al régimen de Gaddafi como principal autoridad del Consejo Nacional de Planificación de Libia y de la Junta Nacional de Desarrollo Económico de Libia. Otro dato de color es que fue protegido personal de Saif al-Islam Gaddafi –segundo hijo del líder libio y quien se creía iba sucederlo en el poder– y de la mano de él promovió políticas de liberalización y privatización en el país. Era la figura de Gaddafi quien oponía resistencia a la no participación del Estado en parte de las ganancias y regalías petroleras de las empresas privadas en el país.

Este antecedente es interesante porque explica en parte las expectativas y las esperanzas que Occidente pone sobre el futuro político – y de la mano de él, el futuro económico– libio. Detrás y después de unas elecciones complicadas por la violencia, los grupos inversores europeos, sobre todo británicos, ya se frotan las manos pensando en los negocios de la reconstrucción libia y lo que algunos creen un inminente boom del rubro de la construcción.

Ya se han comenzado a oír promesas a futuro como "podemos ser la nueva Dubai". Esta afirmación marca claramente hacia dónde apunta el futuro económico de Libia en el ideario occidental, en el ideario de algunos grupos económicos libios y hacia dónde podría llegar de la mano de un gobierno encabezado por Jibril.

Desde su llegada al poder, Gaddafi intentó diferenciarse sobremanera de su antecesor, Idris I, y esto implicó el distanciamiento de los grupos privados occidentales, dar al Estado un mayor protagonismo en la dirección de los destinos libios y al pueblo una mayor participación en los beneficios económicos de la industria del petróleo.

Dicen que la historia se repite dos veces, una vez como tragedia y otra como farsa. La tragedia de la monarquía de Idris I se centró en la virtual entrega de las riquezas del país en manos occidentales, la inexistencia de políticas de desarrollo universales y la incapacidad para leer en forma adecuada las necesidades del país. Esperemos que no se repita otra vez esta historia y que los nuevos planes económicos del país no dejen de lado las virtudes de lo que fue el modelo jamahirí, como por ejemplo las metas del autoabastecimiento y el desarrollo de los sectores productivos no petroleros, como el agrícola.

 

(*) Licenciada en Relaciones Internacionales. Analista Interncional de la Fundación para la Integración Federal

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Más allá de las opiniones personales que se puedan tejer alrededor de Mariano Rajoy y su gobierno, de poca ayuda para España son los pronósticos apocalípticos que se ventilan desde algunas usinas de ideas y medios ultra conservadores. En una de sus muestras más extremas, la versión española del sitio estadounidense The Huffington Post publica un artículo que reproducimos aquí y cuyo título habla por sí solo: El Crecimiento y el Empleo Podrían No Recuperarse Hasta 2025

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El Crecimiento y el Empleo Podrían No Recuperarse Hasta 2025

"La única pregunta que debe importarnos es: ¿Servirá de algo? ¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas? La respuesta es "sí", con toda rotundidad. Yo no tengo ninguna duda, Señorías. No ocuparía este puesto si la tuviera. Estoy convencido de que al final del sacrificio nos espera la recompensa". Mariano Rajoy, miércoles 11 de julio, Congreso de los Diputados.

 

 

La pregunta es cuándo. Cuándo llegará ese "al final" al que, a la hora de anunciar el mayor recorte del déficit de la democracia, se refirió el presidente del Gobierno.

El Fondo Monetario Internacional pronosticó este lunes que en 2013 España seguirá en recesión, desbaratando las expectativas del Gobierno, que confiaba en que fuese el año de la recuperación.

Por su parte, el Consejo Económico y Social (CES) cree que, más allá de las previsiones a corto plazo, España no podrá recuperar los niveles de crecimiento y empleo de 2007, los previos al estallido de la crisis, hasta 2025. Eso, en "el mejor de los casos", afirmó Marcos Peña, su presidente.

Según Peña, la "suposición más optimista" pasa por confiar en que tras el verano los problemas del sistema financiero entren en vías de solución, para que pueda vislumbrarse "la salida" y se genere una sensación en el último trimestre del año de que la recuperación económica es posible, aunque con destrucción de empleo significativa. "En el mejor de los supuestos, podría no destruirse empleo neto en 2013", aseguró en una conferencia pronunciada en un curso de verano. "Sería un éxito descomunal, aunque subiera el paro ese año', según él.

NUEVAS Y PEORES PREVISIONES DEL FMI

La subida del desempleo y una recesión suave es precisamente lo que auguran las instituciones internacionales para 2013. El nuevo informe del FMI, presentado este lunes, prevé que la economía se contraiga un 0,6% en 2013, aunque también pronostica una caída menor en este año (del 1,8 que preveía en abril al 1,5%) con respecto a sus últimas estimaciones. Todo ello sin contar con el efecto de los últimos recortes anunciados la semana pasada por el Gobierno, que según los analistas agravarán la recesión, por lo que la cifra podría todavía empeorar.

En abril, la institución internacional calculaba que la economía española estaría estancada en 2013, con un crecimiento del 0,1% en el conjunto del año. La Comisión Europea, por su parte, cree que la economía española se contraerá un 0,3% en 2013 y que el paro continuará subiendo, hasta el 25,1% en todo el año.

EL GOBIERNO SE QUEDA SOLO

Aunque el Ejecutivo en ningún momento ha hecho gala del optimismo a la hora de describir las perspectivas de futuro, el nuevo anuncio del FMI y las estimaciones de Bruselas ponen en entredicho las últimas declaraciones públicas del ministro de Economía al respecto.

En mayo, Luis de Guindos aseguró que 2013 traerá "rayos de esperanza" ya que la economía registrará, por primera vez desde 2007, superavit primario, es decir, en el saldo de ingresos y gastos del Estado, excluyendo los intereses de la deuda. En abril, De Guindos pronosticó un crecimiento del 0,2% para el mismo ejercicio y un paro por debajo del 25%.

 

FUENTE: The Huffington Post

 

Desde hace varios meses diferentes medios repiten la noticia de un virtual empate técnico entre los candidatos presidenciales en EEUU. La más reciente encuesta no sólo desmiente esa información, sino que además pone en evidencia las sistemáticas operaciones de prensa en favor del candidato republicano

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A pesar del estancamiento de la economía y la amplia insatisfacción con la situación nacional, Barack Obama mantiene una significativa ventaja en la intención de voto sobre Mitt Romney. Actualmente, Obama lidera las preferencias por un 50 por ciento, mientras que Romney alcanza un 43 por ciento, de acuerdo a la última encuesta nacional. Obama ha mantenido un estrecho margen de ventaja en todas las encuestas realizadas a lo largo de este año y no existe una tendencia clara en favor de un candidato u otro desde que Romney se adjudicó la nominación republicana.

De acuerdo a la encuesta más reciente realizada por el Pew Research Center, entre el 28 de Junio y el 9 de julio de 2012, entre 2973 personas, incluyendo 2373 votantes registrados, Romney no ha logrado reducir la brecha y posicionarse como el mejor candidato para hacer que la economía se recupere. De hecho, ha perdido terreno en este tema a lo largo del último mes.

Asimismo, la reciente decisión de la Corte Suprema respecto de avalar la vigencia de la Ley de Salud del 2010, parece haber tenido poco impacto sobre las preferencias de los votantes. Sin embargo, esta decisión ha tenido un sustancial impacto en la visión que la sociedad tiene sobre la Corte en sí misma.

Poco más de la mitad de los estadounidenses (51%) expresan una opinión favorable respecto de la Corte Suprema –mientras un 37% tiene una opinión desfavorable sobre ella– un crecimiento de ocho puntos respecto del mes de Abril y es también el porcentaje más alto en manifestar una opinión desfavorable en un relevamiento que se realiza desde 1985. El aumento en la visión más negativa respecto de la Corte se apoya largamente en la visión de los republicanos: tres meses atrás, los republicanos veían favorablemente a la Corte por un margen de 56 a 25 por ciento. Hoy ese margen se ha achicado a un 51 a 38 por ciento.

La dinámica de la campaña presidencial ha cambiado poco en los meses recientes, aun a pesar del fallo de alto perfil de la Corte respecto del tema de la Ley de Salud, de una serie de decepcionantes reportes sobre la evolución del nivel de desempleo y la creciente actividad de campaña de parte de ambos candidatos. Los votantes independientes permanecen divididos en partes iguales en sus preferencias: un 46 % apoyan a Romney, mientras que un 45% prefieren a Obama. Mayorías similares de demócratas (88%) y de republicanos (89%) apoyan al candidato de su partido. El liderazgo de Obama en las encuestas surge de la sostenida ventaja en la identificación partidaria entre los votantes registrados.

En tanto a duras penas Romney logra aunar apoyos en su base, sigue intentando generar entusiasmo alrededor de su figura. Sólo el 34% de los votantes de Romney lo apoyan incondicionalmente comparado con el 64% que reúne Obama en ese mismo perfil. No obstante, esta falta de entusiasmo no significa que los votantes republicanos estén desmotivados. Siete de cada diez votantes de Romney afirman que han reflexionado largamente sobre esta elección. En comparación, el 62% de los partidarios de Obama afirman lo mismo. Esta diferencia se ha mantenido constante a lo largo del año.

El electorado se mantiene profundamente descontento con la coyuntura actual que atraviesa el país. Sólo el 28% de los votantes registrados afirman que están conformes con el rumbo que tiene la nación, mientras casi las dos terceras partes (67%) están disconformes, cifras que se han modificado muy poco a lo largo de los meses pasados.

El decepcionante informe de la evolución de la creación de empleo no ha pasado desapercibido para el público: el 51% afirma que ha escuchado, en general, malas noticias acerca de la situación del empleo y el 40% sostiene que la mayor parte de las noticias económicas son malas. Sin embargo, estas evaluaciones no son peores que las que se apreciaban hace un mes atrás y no han tenido influencia en la percepción de los votantes respecto del desempeño de Obama. Llegando a un 50%, el nivel de aprobación sobre la gestión de Obama en la generación de empleo ha crecido desde el 47% que alcanzó el mes pasado y se ha colocado en territorio positivo por primera vez desde el mes de marzo.

El empleo continúa siendo el tema número uno en la preocupación de los votantes en esta campaña y ningún candidato tiene una ventaja clara en este campo: un 46% cree que Romney y un 42% dice que Obama puede hacer un mejor trabajo para mejorar la situación.

En líneas generales, Mitt Romney ha perdido terreno a lo largo del último mes respecto de la economía. La ventaja de ocho puntos que alcanzó en el mes de Junio como el mejor candidato para lograr la recuperación de la economía, ahora se ha dado vuelta siendo Obama el que alcanzó un 48% como el que está en mejor posición de mejorar la situación económica, mientras que un 42% sostiene que es Romney.

En los 12 temas relevados, Romney aventaja a Obama sólo en uno –capacidad para reducir el déficit presupuestario– mientras que Obama tiene ventaja en ocho. Por un margen de 2 a 1 (60% a 30%) Obama es percibido como el mejor candidato para lidiar con los problemas que aquejan a los sectores más pobres. Por un margen de 50% a 36%, los votantes dicen que Obama refleja mejor su visión de los temas sociales como el aborto o los derechos de los gays. Obama también mantiene una ventaja de 12 puntos como el candidato más idóneo para defender al país contra ataques terroristas y lidiar con los problemas energéticos de la nación.

OTROS RESULTADOS IMPORTANTES

La reforma del sistema de salud permanece como una cuestión secundaria. La proporción de votantes que afirman que el tema de la salud es el más importante a la hora de decidir su voto ha crecido muy poco teniendo en cuenta la decisión de la Corte Suprema avalando la vigencia de la ley. Sólo el 22% ponen a la reforma de salud como el tema más importante, cifra que ha variado muy poco desde el 19% que registró el mes pasado.

Los votantes independientes ven a ambos partidos de forma desfavorable. Por primera vez desde hace cuatro elecciones presidenciales atrás, la mayor parte de los votantes independientes tienen una visión desfavorable de ambos partidos: el 57% de los independientes tienen una visión desfavorable sobre el Partido Demócrata, mientras que el 62% tiene una opinión negativa sobre el Partido Republicano.

La opinión pública ve mejores noticias sobre el precio de los combustibles. Mientras las noticias sobre el tema del empleo son principalmente negativas, el público está más animado respecto de las noticias relacionadas al precio de los combustibles. Actualmente, casi el mismo porcentaje de personas afirma que ve tanto buenas como malas noticias sobre este tema (31% cada uno de ellos). En el mes de Marzo, el 85% de las personas afirmaba que escuchaba sólo malas noticias sobre el tema combustibles; sólo el 2% afirmaba que las noticias eran buenas. 

 

FUENTE: Pew Research Center

 

La Primavera Árabe ha pasado su factura a casi un año y medio de iniciada. Las caídas experimentadas en la actividad económica en los páises símbolo de las revueltas ponen de manifiesto la importancia del desafío que deberán enfrentar los nuevos gobiernos

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El duelo que se desarrolla actualmente en Egipto entre los islamistas y los gobernantes militares del país es un claro recordatorio de lo difíciles que serán, probablemente, las transiciones hacia la democracia en el mundo árabe. Es evidente que de no alcanzarse un acuerdo para compartir el poder, la inestabilidad política se prolongará. Pero la inacción económica resultante será igual de dañina para la consolidación de un régimen democrático.

Los nuevos líderes árabes, tanto islamistas como funcionarios del antiguo régimen reconvertidos, son extremadamente conscientes de la necesidad de mejorar las perspectivas económicas de sus países. Saben muy bien que solo podrán mantener su popularidad mientras ofrezcan crecimiento, empleo y mejores niveles de vida; todo lo cual ya sería difícil en cualquier circunstancia, y es aún más intimidante en el contexto de la Primavera Árabe, que desestabilizó los sistemas económicos a lo largo de Oriente Próximo y el norte de África.

Incluso en países como Túnez y Egipto, donde la transición a la democracia está más avanzada, el desempeño económico se ha visto afectado en general por la incertidumbre política. La economía tunecina se contrajo en 2011 un 1,8%, siendo la primera vez que sucede desde 1986. El año pasado el desempleo alcanzó el 18%, una suba respecto del 13% registrado en 2010. Mientras tanto, la economía de Egipto se contrajo un 0,8%, y un millón de egipcios perdieron sus puestos de trabajo. También se frenó el flujo de inversiones extranjeras hacia Egipto, que cayó desde 6.400 millones de dólares en 2010 a apenas 500 millones en 2011.

La combinación de estas tendencias negativas afecta el equilibrio fiscal y el equilibrio externo de estos países. El déficit presupuestario de Egipto llegó al 10% del PIB, mientras que sus reservas de divisas extranjeras se redujeron a 15.000 millones de dólares, apenas suficiente para cubrir el costo de las importaciones del país durante los próximos tres meses. También en Túnez la revolución dejó tras de sí un marcado aumento del déficit presupuestario, que se elevó desde el 2,6% del PIB en 2010 al 6% en 2011.

Este rápido deterioro de la situación económica, combinado con las elevadas expectativas suscitadas por el inicio de la transición política, está creando cierta sensación de urgencia. Los nuevos actores políticos se sienten obligados a elaborar programas económicos más detallados y a encarar los crecientes padecimientos materiales de las poblaciones de sus países. Por ejemplo, si bien los islamistas solían hacer hincapié más que nada en cuestiones políticas, como la participación, la inclusión y las reformas democráticas, las últimas campañas electorales fueron escenario de un vuelco a una retórica centrada en las aspiraciones económicas.

En general, los nuevos jugadores políticos (especialmente los partidos islamistas) adoptaron un tono bastante conciliador respecto de la relación con los actores internacionales. Los programas económicos de estos partidos son mayoritariamente promercado y recalcan la importancia del sector privado para estimular el crecimiento, así como la necesidad de atraer capitales extranjeros. Ven al Estado como un instrumento para asegurar la justicia social y apenas hacen mención de los principios de la sharia.

Tanto en Túnez como en Egipto, por ponerlos de ejemplo, los políticos islamistas han dado garantías de que el sector turístico, de vital importancia para sus economías, no se verá obstaculizado por restricciones derivadas de la ley islámica. Los programas económicos de los islamistas también prevén la colaboración con instituciones internacionales que ayuden a estos países a superar los desafíos que enfrentan.

De hecho, si bien ha habido una fuerte resistencia a la intervención y a la ayuda del extranjero en lo que concierne a las reformas democráticas, los nuevos líderes árabes se muestran más abiertos a aceptar una cooperación con Occidente en lo referido a objetivos económicos. De modo que la debilidad económica ofrece una oportunidad sin precedentes para que los actores internacionales estrechen vínculos con el nuevo liderazgo árabe, en los que deberían incorporarse metas a corto, mediano y largo plazo.

La prioridad debe estar puesta en las metas a corto plazo, porque a muchos partidos islamistas se los está forzando a producir resultados positivos en el transcurso de un único ciclo electoral. El desafío inmediato que enfrentarán los nuevos gobiernos es la creación de empleo, para lo cual la única receta disponible es la inversión a gran escala en proyectos de obras públicas. Este tipo de gasto público puede dar lugar a emprendimientos con alta participación de mano de obra, que ayudarán a cortar de raíz el creciente desempleo.

La comunidad internacional puede ayudar de diversas maneras a los gobiernos árabes a iniciar y sostener estas iniciativas. En primer lugar, aumentando la cantidad de ayuda financiera prometida. Además, poniendo a disposición de los responsables políticos árabes una experiencia técnica de gran calidad en relación con la gestión del endeudamiento, sin la cual cualquier economía que implemente programas de gasto público a gran escala se arriesga a desplazar la inversión privada por depender excesivamente del ahorro interno.

Finalmente, la comunidad internacional puede ayudar a los gobiernos árabes a establecer un marco legal y normativo seguro y predecible para la creación de alianzas entre el sector público y el privado destinadas a concretar proyectos de infraestructura a gran escala. Luego, los actores internacionales, junto con los gobiernos árabes, podrán ayudar a promover estas oportunidades, permitiendo así que las economías árabes obtengan financiación internacional a largo plazo, centrada en la creación de infraestructuras.

Solo una combinación de estas opciones permitirá a las economías árabes crear empleo en el corto plazo sin incurrir en el riesgo de crear desequilibrios fiscales desestabilizadores o falta de financiación para el sector privado. En cuanto a Occidente, colaborar firmemente con el mundo árabe para mejorar el futuro económico de las sociedades de esta parte del mundo puede aportarle infinidad de beneficios. Aun en medio de una prolongada crisis monetaria, es indudable que los gobiernos europeos pueden comprometerse con una agenda que priorice la transferencia de conocimiento práctico antes que la inyección de efectivo.

 

(*) Director del Centro de Estudios en Política Exterior y Economía con sede en Estambul y académico invitado en el instituto Carnegie Europa.

FUENTE: Project Syndicate

 

Echarle la culpa al de al lado es el deporte favorito que se juega en la provincia de Santa Fe desde hace cuatro años y medio. El gobierno provincial inició desde hace un mes un nuevo episodio insistiendo en que el Gobierno Nacional no envía los fondos necesarios para afrontar los gastos. Los números, como de costumbre, demuestran lo contrario

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El lunes 2 de julio el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Manuel Corral, reactivó –en un acto con el diputado nacional Agustín Rossi– la construcción de obras de desagües en la zona norte de la ciudad con fondos nacionales. Al otro día, la Presidenta de la Nación participó por teleconferencia de la firma del contrato de adjudicación para una nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) en Rosario. Apenas quince días atrás, se anunciaron aportes similares para proyectos de RSU en Cañada de Gómez y Las Parejas. Hace un mes, la Presidenta anunció la continuidad del bono fiscal para empresas productoras de bienes de capital: el 35 por ciento del total de esos fondos llegan a empresas santafesinas, principalmente metalmecánicas dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola. Pocas semanas atrás, el Ministro de Agricultura Yauhar entregó nuevos fondos de asistencia para productores santafesinos en un acto realizado en Casilda.

En este marco, no deja de llamar la atención que sistemáticamente se busca instalar en Santa Fe que la culpa de todos los males económicos se deben al poco compromiso del gobierno nacional con nuestra provincia. "El déficit se debe a partidas del gobierno nacional que no llegan" dijo el ministro de economía provincial Ángel Sciara a comienzos de junio. La acusación del ministro es absolutamente falsa. De hecho, en el primer semestre de 2012 Santa Fe recibió de la Nación unos 1.378 millones de pesos más que en el mismo período del año anterior.

Veamos en detalle:

Los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a Santa Fe en concepto de Coparticipación y otras transferencias automáticas crecieron un 23,5 por ciento en el primer semestre de 2012 en relación al mismo periodo del año 2011.

Mientras que entre enero y junio de 2011, Santa Fe recibió de la Nación 5.682 millones de pesos, este año recibió 7.015 millones de pesos. La diferencia es muy importante: nada más y nada menos que 1.332 millones de pesos adicionales.

A esto hay que sumar las transferencias por Fondo Federal Solidario (denominado comúnmente "fondo sojero"). En los primeros 6 meses del 2011, Santa Fe había recibido por este concepto unos 312 millones de pesos. En el primer semestre del 2012, las transferencias aumentaron un 14,7 por ciento ascendiendo a 358 millones de pesos. Esto implica recursos adicionales por 46 millones de pesos.

Recordemos que los recursos transferidos por el Fondo Federal Solidario (generado por el 30 por ciento de lo recaudado por retenciones a la soja) se distribuye en un 70 por ciento a las arcas provinciales y en un 30 por ciento para los municipios, con el objeto de sostener las inversiones en obras de infraestructura económica y social.

Si sumamos ambos conceptos (Coparticipación y otras transferencias automáticas más Fondo Federal Solidario), Santa Fe recibió de la Nación en este primer semestre del 2012 unos 1.378 millones de pesos más que en el mismo período del año anterior.

Vale recordar que, en el periodo 2003-2011, la transferencia de fondos nacionales a Santa Fe no ha dejado de crecer:

• En el 2003 nuestra provincia recibió por Coparticipación Federal y otras leyes especiales unos 1.713 millones de pesos. En el 2011, las transferencias ascendieron a 11.905 millones de pesos. El incremento fue del 595 por ciento.

• En el 2003 las transferencias de capital (obras públicas con recursos nacionales) fueron sólo de 8 millones de pesos. En el 2011 totalizaron 723 millones de pesos. El aumento fue del 8.937 por ciento.

• Hay que tener en cuenta, además, que en el 2011 la Asignación Universal por Hijo inyectó fondos en la provincia de Santa Fe por 712 millones de pesos que se destinan íntegramente a la adquisición de bienes y servicios en los mercados locales de consumo.

Estos números demuestran que la explicación a los crecientes y constantes problemas financieros de Santa Fe hay que buscarla en otra parte. Algo no se hizo del todo bien para que Binner reciba una provincia con 1.400 millones de pesos en caja y la deje con 1.600 millones de pesos de déficit.

Mientras tanto, para distraer a la ciudadanía, la administración socialista reclama "pour la gallerie" que la Nación reintegre a Santa Fe fondos del Impuesto a las Ganancias que sostienen el sistema previsional que, a su vez, permite que 550.000 santafesinos cobren su jubilación y 256.000 pibes santafesinos estén incluidos socialmente a través de la Asignación Universal por Hijo.

Los números son cada vez más claros. Si alguien quiere seguir creyendo las excusas del gobierno socialista, que las crea. Pero no hay operación de prensa posible que niegue una realidad tan contundente. La Nación, como nunca, está comprometida con los destinos de Santa Fe.