La vorágine de este tiempo posmoderno que habitamos, dificulta enormemente la posibilidad de poner bajo análisis ciertos hechos que tienen una densidad muy profunda y que, en muchas ocasiones, son abordados a la par de noticias menores a la vez que insignificantes.  Sucede con la violencia que se sustenta en la dimensión política y que, como el sol tibio del invierno, nos vamos acostumbrando, lentamente, a su presencia. Tal vez de manera imperceptible, o con tantas facetas que nos hace recordar aquella vieja lección que dice que la mejor manera de esconder un elefante en un bazar, es que éste se llene de elefantes, en la Argentina, en la semana que pasó, la violencia tuvo múltiples matices y en diversos sentidos: algunos victimarios quedaron expuestos, algunas víctimas siguen reclamando que la Justicia sea tal y otros pretenden que, como en el Cambalache, todos quedemos manoseados en el mismo lodo. Pasen y vean.

El final de octubre trajo al mundo la excelente noticia del triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, transformándose así en presidente por tercera vez. La celebración no radica tanto en la contundencia de los números (una diferencia muy exigua de 1,5%) sino por el doble hecho de lo que podemos suponer será su gestión y por haber derrotado al neofascismo que encarna la figura de Jair Bolsonaro. Punto en contra de la violencia.

Como hubiera acontecido si el resultado era inverso, el triunfo petista tuvo inmediato efecto sobre la política argentina: Cristina Fernández de Kirchner realizó el saludo de rigor vía Twitter, tal vez por su condición de ex presidente Mauricio Macri hizo lo propio y Alberto Fernández (el mismo que en plena campaña electoral de 2019 lo visitó en la cárcel) apuró un viaje el día lunes para saludar en persona al flamante triunfador. No han sido pocos los que se entusiasmaron y plantearon la idea de que si “Lula pudo, ¿por qué no podría Cristina?”. Luego volveremos sobre el tema, pero por ahora digamos que en política los escenarios nunca se repiten idealmente y mucho menos si están formateados por sociedades y sistemas políticos distintos.

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Pero el primer sacudón local se hizo público en la mañana del martes cuando se conoció un video donde Patricia Bullrich, a la sazón presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO), en la previa de la presentación del libro “Para qué” del ex presidente Macri, amenazaba al jefe de gabinete porteño Felipe Miguel, hombre de estrecha confianza de Horacio Rodríguez Larreta, con “cagarte a trompadas si te metes conmigo”. Fueron tan definitivamente violentas las imágenes, que los medios que habitualmente suelen encubrir las bravuconadas de la ex (doble) ministra, las históricas y las más recientes, debieron mostrar el incidente.

Alguno que dice ser periodista, se animó a realizarle la pregunta sobre el episodio y, no conforme con lo hecho hasta allí, la también ex montonera, afirmó que no se arrepentía de nada porque ella no “toleraba la hipocresía”. Para variar faltó la repregunta, esa que dice cómo hizo Bullrich para convivir con esas miserias participando del sistema político argentino en los últimos 25 años. Punto y empate para la violencia.

Para completar el cuadro, y confirmando este desasosiego que se apalanca en cierto “dejar pasar, dejar hacer”, también conocimos un video donde Lilia Lemoine, asesora de Javier Milei, daba lecciones a sus partidarios de cómo debían atacar vía redes a la diputada porteña Ofelia Fernández llamándola “tanque australiana de medialunas”. El hecho, comparado con el bloqueo de rutas en Brasil de parte de camioneros que no aceptaban el triunfo de Lula, o el ataque al Capitolio en la mañana del 6 de enero de 2021, el cual fuera implícitamente propiciado por el propio Donald Trump, parece absolutamente menor. Y mucho más si se lo compara con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.

Pero si se mira con atención, y podríamos sumar a esto el pedido de balas para delincuentes del recientemente lanzado a pre candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires José Luis Espert, o a la violencia discursiva del ya mencionado Milei, la derecha de aquí y de más allá tiene una estrategia recurrente, común y hasta podría decirse universal: someternos a dosis de violencia cotidianas a las cuales nos vamos acostumbrando y que, con el tiempo, naturalizamos.

No faltará quien, haciendo un recorrido de la variada cantidad de hechos y discursos que propone la derecha, podamos plantear la idea de que tienen a la violencia como un recurso político. Y en esto cabe ser precisos con los términos y las definiciones. Al igual que a un médico no le permitiríamos el derecho a equivocarse de qué lado está el bazo y de qué lado el apéndice, desde nuestro lugar no podemos siquiera imaginar que la violencia sea pensada como insumo político ya que éste, en su esencia, reconoce la existencia del otro por derecho natural, mientras que la primera de ellas, propone su eliminación.

Todo lo expuesto anteriormente no supone que la violencia no tenga efectos sobre las distintas dimensiones que le dan vida a la sociedad. Una prueba de ello lo tuvimos esta semana, cuando la “Justicia” dispuso la liberación de los cuatro integrantes de Revolución Federal, quienes resultan sospechosos de haber formado parte del intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Dos a uno a favor de la violencia.

A partir de allí las quejas públicas del presidente, la acusación a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelación de Comodoro Py, y el consiguiente aviso del Dr Leopoldo Bruglia de iniciarle una querella al primer mandatario. Si uno mira el recorrido público judicial de este juez amigo de Macri, cabe preguntarse en qué medida debe ser pensado como victimario antes que como víctima.

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Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner fue invitada al cierre del plenario nacional de la Unión Obrera Metalúrgica que desde marzo de este año conduce Aníbal Furlán. Allí, al comienzo y como al pasar, afirmó que al partido judicial ella le sirve más como acusada que cómo víctima. Y esto, es una inexorable verdad.

Si al comienzo de la pandemia imaginábamos que la humanidad saldría mejor de esa instancia histórica, nos equivocamos de cabo a rabo. Ese error, inocente e ilusorio, podríamos parangonarlo con lo que sobrevendría luego del intento de magnicidio de la noche del 1° de setiembre de 2022. Suponíamos, en las horas subsiguientes, que buena parte del sistema judicial, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la cabeza, encararía una investigación profunda, ejemplar, definitiva. Duelen mucho los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia, como así también la indefinición oficial sobre lo sucedido al fiscal Alberto Nisman (un evidente suicidio), para que este nuevo capítulo de violencia en el país, quede impune o circunscripto a la perejilidad de un par de loquitos sueltos.

A poco más de dos meses del atentado, la institucionalidad argentina ha naturalizado el hecho de manera pasmosa. La Corte, tan preocupada por mostrar un supuesto apoyo a la Justicia Federal rosarina en su casi imperceptible lucha contra el delito narco en la región, con actos de dudosa credibilidad, no brindó ninguna señal de apoyo real a la jueza que investiga el hecho. No hubo aumento de recursos, ni humanos ni técnicos, siguiendo la causa un derrotero que se parece más a una pelea entre dos privados, antes que a lo que verdaderamente fue: un atentado planificado que despierta variadas sospechas en parte del sistema político. Tres a uno para la violencia. Y ya empieza a ser goleada. 

En el devenir de la semana también tuvimos las suposiciones políticas que tanto nos gustan. Mientras el ruido por la suspensión de las PASO parece ir decreciendo, en el ya mencionado plenario de Pilar, Cristina Fernández de Kirchner tuvo tiempo para dar algunas señales políticas. La más clara, tal vez, es que en esta reaparición, como no había sucedido en otros eventos, hizo una constante referencia a los doce años de gestión kirchnerista en el país. ¿Paso (muy) previo al anuncio de una candidatura? Difícil de saberlo a la distancia, pero, sí puede decirse que el formato discursivo del viernes parece señalarnos “aquí estoy yo”. Y su afirmación de que hará lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría, abre un abanico de suposiciones que cada uno sabrá interpretar (e imaginar) como le parezca oportuno.

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Más cerca en la distancia, el mismo día, presidente de la Nación se presentó en Santa Fe en la 5° Feria del Libro Nacional y Popular junto a Evo Morales, otra víctima del lawfare latinoamericano. Allí habló de la adversidad que supone la derecha y la necesidad de la unidad.

Tal vez, si revisamos los discursos, los contextos y la puesta en escena de ambos actos, el saldo a favor radica en el no ataque interno de una (más allá de las diferencias evidentes) y en el reconocimiento del otro a la violencia que se ha ejercido sobre una figura central de este tiempo.

“Elijo creer” dice la argentinidad al palo cuando, en tiempos de previas mundialistas, busca señales comparativas con el año 1986, para alimentar nuestros sueños futboleros. Déjenme que elija creer: que la sangre no llegará al río, que cierta dirigencia estará a la altura de las circunstancias de evitar otra noche, como la del 22 de noviembre de 2015, para que, en definitiva, cierta violencia no se enseñoree sobre todos nosotros.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

“A río revuelto, ganancia de pescadores” afirma el dicho popular. Y, lentamente, la política argentina parece entrar en clave 2023 con el dato significativo de que, a exactamente un año de lo que será la elección general, no queda del todo claro cuáles serán los nombres propios que protagonizarán la compulsa que, irremediablemente, modificará el actual escenario post pandemia.

La última semana de octubre tuvo de todo, “como en botica”: presentación de libro, centralidad del Congreso de la Nación, la discusión a la distancia sobre la supresión de las PASO y un acuerdo económico internacional nada desdeñable. Pasen y vean.

La semana comenzó bien arriba. Mauricio Macri presentó su libro “Para qué” acompañado del provocador Pablo Avelutto en un contexto donde volvió a demostrar su referencia y, de alguna manera, su condición de jefe político al lograr que lo más granado de Propuesta Republicana se hiciera presente allí en la Sociedad Rural, con Horacio Rodríguez Larreta incluido.

Emulando a la actual vicepresidenta, quien supo ganar centralidad política recorriendo el país con la presentación de “Sinceramente”, Macri va por su segundo libro. Si en el anterior la apuesta se sintetizaba en una hipotética candidatura, en este el escenario ya no está tan claro en cuanto a las intenciones.

De sus últimos movimientos, todo parece indicar que el hijo de Franco intentará mostrarse como el gran referente de Juntos por el Cambio, una especie de parteaguas que tenga poder real antes que formal y que sirva como condicionante de un hipotético gobierno amarillo a partir de diciembre del año próximo. La figura de “El padrino” del dúo Puzo – Coppola, al que todos acudían para buscar su bendición, no deja de tener cierta justeza.

Para una hipotética candidatura, Macri necesitaría de un fenómeno de amnesia colectiva que haga olvidar los enormes desaciertos de su gobierno. No se trata sólo de cuestionar aquello que la administración del Frente de Todos no esté haciendo bien o, decididamente, esté haciendo mal, sino que el alto porcentaje de imagen negativa que ha sabido cosechar, no permite ni el más mínimo despegue de su figura. Una cosa es propalar ciertas ideas que puedan parecernos “modernas” (pre modernas para el interpretar del suscripto), que vengan acompañadas con un buen packaging, y una buena dosis de impunidad mediática, y otra muy distinta es que el vocero y representante de una clase social que siempre se las ha ingeniado para servirse de un Estado al que denostan, sea además el responsable de varios récords de una pésima gestión económica para el conjunto de los argentinos, pretendiendo ser candidato en una elección general.

Sí se le debe conceder a Macri la capacidad para instalar ciertos discursos. No tanto por su sagacidad política que, a no equivocarse, vaya si la tiene; sino por la enorme capacidad de crear agenda que en el país tiene buena parte de la derecha.

Tanto es así, que sus diatribas contra Aerolíneas Argentinas, empresa a la que quiere desguazar en nombre de una supuesta revolución de los aviones con las que intentó favorecer a sus amigos en el período 2015 – 2019, tuvo eco en cierta prensa “progre” que empezó a hacer el ejercicio comparativo, con el único rigor que suponen los tiempos mediáticos, de la existencia de diversas empresas del Estado de diferentes países del mundo que, aparentemente, serían más eficientes que las nuestras. Como al pasar, también el Inadi fue blanco de críticas por la cantidad de empleados con los que cuenta en su plantilla.

Algo se le debe reconocer al neoliberalismo profundamente “derechoso” de este tiempo: cierta inteligencia que hace que, si en finales de los ’80 y comienzos de los ’90, los discursos que deslegitimaban el rol del Estado venían de parte de sus propios voceros (el dúo Neustad – Grondona fue el más famoso), no dejó de llamar la atención que por estos días, algunos de los que supuestamente están de este lado, el nuestro, pusieran bajo la lupa el sentido y funcionamiento de unos cuantos organismos estatales y la supuesta rigidez de no pocos convenios colectivos de trabajo. La vida te da sorpresas, cantaba el borracho que se tropezó con Pedro Navaja. La política (y los medios) no está exceptuada de ello.

En el oficialismo, por su parte, juntaron en los últimos siete días, noticias de las buenas y de las otras, esas que se sustentan en un cúmulo de diferencias cada vez más expuestas. En este sentido parecen sobresalir dos grandes discusiones; la suspensión de las PASO y la entrega o no de un bono o de una suma fija al conjunto de los trabajadores que sirva para mejorar sus bolsillos.

De la primera de esas diferencias nos referimos en esta misma columna hace apenas un par de semanas atrás. El escenario no ha variado demasiado, sólo que, ahora sí, una vez terminado el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto 2023, el diputado rionegrino Luis Di Giácomo, presentó el proyecto de suspensión y con ello, el conjunto del sistema político comenzó a discutir su viabilidad.

Al interior del oficialismo hay dos posturas claramente expuestas: la del conjunto de gobernadores peronistas que, en acuerdo con el cristinismo, plantean la suspensión a los fines de, por un lado, elegir las candidaturas de acuerdo al interés de cierta dirigencia y por otro, para complicar la interna de Juntos por el Cambio, que necesita a las PASO como el agua para ordenar su sobrevida política para lo que viene.

La otra postura es la del presidente y de buena parte del Frente de Todos que se representa en la Cámara de Diputados que no tienen ningún interés en terminar propiciando una medida que contradice los planteos de un oficialismo que supo sancionar la ley en 2009. En la semana que pasó la presión por la suspensión fue in crescendo, al punto que el propio ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, actuando como una especie de vocero del conjunto de gobernadores, declaró que al presidente lo querían convencer de la no derogación.

El juego parece estar abierto. A tal punto, que otra de las novedades que trajo la semana en el contexto de PASO sí o no, vino de la mano de una serie de off the record que indican que el presidente cada vez aparece como más convencido de ir por su reelección, con el agregado de declaraciones de Máximo Kirchner que terminaron enfriando cierto incipiente operativo clamor que pedía por una candidatura de la ex presidenta, al afirmar que “creía que Cristina no sería candidata”.

Con respecto a la idea de un bono o una suma fija las diferencias también parecen estar a la orden del día, con dos referencias insoslayables: por un lado el cristinismo, algunos dirigentes sindicales que tributan en la CGT y los de la CTA; por el otro, la conducción cegetista que hasta el momento había dejado supeditada cualquier mejora a lo que pudiera definirse en las paritarias, ya que una suma fija suele no tener componentes remunerativos y ello atenta contra el interés gremial. Nada está definido aunque todo parece indicar que el presidente ha dado algunas nuevas instrucciones. Tal vez noviembre traiga alguna novedad.

De alguna manera paradojal, las mejores noticias para el oficialismo, esas que refieren a poder contar con algunas certezas en el mediano plazo, vinieron de la mano de la dimensión económica, esa que hasta hace algunas semanas atrás se asomaba al abismo.

En la tarde del viernes el ministro Sergio Massa informó sobre un acuerdo con el Club de París para refinanciar una deuda de U$s2000 millones. Esto se suma a la media sanción que en la madrugada del miércoles obtuvo el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados.

Como ya habíamos señalado algunas semanas atrás, existían señales muy claras para su aprobación. La oposición no podía darse el lujo de votar un rechazo que le serviría al gobierno de un argumento muy potente de las trabas que se ponían en la gestión, a la vez que se le daba al funcionario de turno una discrecionalidad enorme ya que, por segundo año consecutivo, se debían repartir recursos con el diseño presupuestario del 2021.

Junto con ello, teniendo en cuenta que el 2023 es un año electoral, período en el que abundan el anuncio y la realización de obras, resultaría muy dificultoso para cualquier legislador que quiera ser reelegido, volver a su territorio y explicar que aquella obra que se financia con fondos nacionales (razón de ser de muchas gobernaciones e intendencias a la hora de poder contar con obras estructurales), no podría realizarse por diferencias de tono político – partidario.

A todo ello se complementa el estilo que en este año supo imponer la actual jefatura de bloque del oficialismo en tándem con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, mujer que reporta directamente a Sergio Massa. Imperó el diálogo con el resto de los bloques, se articularon un conjunto de partidas que modificaron el proyecto inicial y que, más allá de la derrota oficialista en el tema ganancias del Poder Judicial (algo previsible), algunos quisieron mostrar la sensación de que todos ganaron. La contundencia de los números de su aprobación (180 a favor, 22 en contra y 49 abstenciones) refleja un nivel de consenso que no se lograba desde hace unos diez años.

El rosarino Páez nos contaba allá lejos y hace tiempo que él no sabía dónde iba su vida (ni la nuestra). Algo parecido puede exponer el sistema político argentino que, a un año de la elección general, no tiene claramente definido quienes serán sus protagonistas. Esa incertidumbre, también se refleja en cierta cotidianeidad. En la coincidencias y en las desavenencias. De oficialistas y opositores. Como el futuro, todo un palo…

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Tres hechos político – mediáticos parecen haber ocupado el centro de la escena en la Argentina durante la tercera semana de este fresco Octubre: las novedades surgidas en la investigación en el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la respuesta gubernamental a un integrante de un programa televisivo de innegable éxito y el agregado de un par de artículos en el proyecto de presupuesto de 2023 en la Cámara de Diputados que refieren a la posibilidad concreta de que el conjunto de los jueces paguen el impuesto a las ganancias. En todos ellos, de una u otra manera, lo que subyace es la cuestión de los límites, tema, si se quiere, central de la práctica política. Al que quiera y le guste, que pase y que vea.

En la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta, no fueron pocas las novedades de la semana. Promediando la misma se conoció una carta del mes de setiembre, escrita de puño y letra por el detenido Fernando Sabag Montiel, donde renunciaba a la asesoría legal del abogado público que lo representaba y apoderó ipso facto, a un tal Hernán Carrol quien, según el detenido, “dispone de los medios para la implementación al cargo del nuevo abogado”. En mi Tablada natal eso se parecía, y mucho, a un apriete.

Lo interesante del caso es que el nombrado es uno los referentes de Nueva Centro Derecha, espacio político de dudosa legalidad y que cuenta con innegables vínculos con dirigentes de la talla de José Luis Espert (fue candidato a concejal en la ciudad de La Matanza), de Javier Milei y de la mismísima Patricia Bullrich, presidenta del PRO.

A la situación se suma la detención de cuatro integrantes de Revolución Federal y la confirmación de parte de su jefe Jonathan Morel, vía declaración judicial, que los montos recibidos de parte de la firma Caputo Hermanos para la construcción de muebles que irían a Neuquén y que nunca se realizaron, no son ni $1.700.000 ni $7.000.000 sino $13.000.000. Parece que la inflación hace mella también en algunos “proyectos” productivos.

Lo interesante del caso es que todo esto lo vamos conociendo a más de 45 días de los hechos, y con causas tramitadas en distintos juzgados. “Divide y reinarás” dice el viejo dicho, y uno no puede dejar de pensar (y suponer) cómo se fueron preparando durante este tiempo los (ahora) distintos detenidos para enfrentar las demandas judiciales.

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Con una Corte Suprema de Justicia de la Nación y una Procuraduría que miran para otro lado, ya que no han agregado recursos humanos ni económicos que prioricen la investigación, los límites de la misma resultan cada vez más evidentes. El devenir a cuenta gotas de la información puede servir para cierta lógica de la agenda mediática, pero no para dar con los verdaderos ideólogos del hecho. La apuesta por dejar todo en el plano de cierta “perejilidad” resulta cada vez más evidente e intencionada.

Para el oficialismo ejecutivo tampoco fue una semana sencilla. Más allá de las inveteradas rencillas internas, cada vez más a la vista a medida que nos acercamos al 2023, la vocera Gabriela Cerutti supo ingeniárselas para ser el centro de críticas de propios y extraños. Su conferencia de prensa donde informaba sobre el inicio de acciones legales contra la producción del programa Gran Hermano y el canal que lo emite (Telefé) a partir de los dichos de un integrante respecto de haber coimeado en el pasado al mismísimo Alberto Fernández, quedaron a mitad de camino de la sorna y la burla pública.

De arranque, la situación parece excesiva. Si se pone la mirada con un enfoque tradicional todo parece indicar que lo actuado por la vocera por indicación del presidente, parece mucho: la afirmación fue hecha por un personaje menor, en un horario donde no abundan la cantidad de televidentes, resultó dicho como “al pasar” y en un programa que cierta progresía bien pensante desecha por su formato.

Pero como en esta columna nos gusta ir un poco más allá de cierta superficialidad que facilita y confirma nuestras sagradas e inconmovibles certezas, vamos a complejizar el análisis en formato de preguntas que cada uno de nuestros queridos lectores y estimadas lectoras, sabrán responder.

A más de 20 años de su primera edición en la Argentina, con 10 versiones desarrolladas, con un éxito diseminado a lo largo y ancho de la sociedad occidental que supimos construir, y tal como se pregunta la periodista y docente universitaria Mariana Moyano, ¿puede decirse que Gran Hermano es sólo un programa de televisión?

Con un formato que, en pleno siglo XXI, sigue liderando ratings que en nuestro país trepa a 25 puntos (lo cual supone 2.500.000 televidentes viéndolo en vivo y en directo), a lo cual debe sumarse la pléyade de programas satélites que tienen su razón de ser en lo que sucede en el encierro de estos seres humanos, ¿alguien puede estar seguro que los dichos de un lumpen – participante deben quedar sujeto a los humores de la producción de un programa?

En una Argentina que se acostumbró a que en programas televisivos que miden varias veces menos que los deudores de George Orwell, puedan instalar, vía el poder hegemónico mediático, temáticas de una narrativa demasiado imaginativas (cuentas en Seychelles, dinero enterrado en la Patagonia, supuestos expertos en narcotráfico que terminan siendo meros delincuentes al “servicio de los servicios” y personajes famosos que fungen de especialistas en lavado de dinero), insistimos con la idea, ¿tiene sentido depender de los intereses de, incluso, otras producciones que quieran instalar la idea, ahora o en el futuro inmediato, de un presidente corrupto? No parece un riesgo menor, aunque nos parezca demasiado que la centralidad política que supone una vocera presidencial, se ocupe del asunto.

Podemos tener la peor opinión del producto televisivo, de sus protagonistas fuera y dentro de los estudios de tv, de sus panelistas y hasta (si se quiere abundar en el extremo de la soberbia) trazar un perfil (apócrifo) de sus televidentes. Pero vengo a traerles una mala noticia para vuestras verdades sagradas: no pocos de esos 2.500.000 de televidentes, votan y deben ser interpelados por el sistema político.

Todo lo que pueda decirse a partir de aquí es contra fáctico, por lo tanto, como aprendimos allá lejos y hace tiempo en la universidad, no existe. Pero tan irrefutable como esa verdad, resulta que cierta lógica mediática que podría haber impuesto el latiguillo de un presidente corrompido por personajes menores, ha sido desechada. También aquí se trataba de límites. De alguna forma será creer o reventar.

Pero la perlita que adelanta una semana agitada en algunos frentes, fundamentalmente en la disputa entre los poderes legislativo y judicial, apareció en escena el jueves. El tratamiento en comisiones del presupuesto 2023, que todo parece indicar que será aprobado en la sesión especial del día martes, trajo como novedad el agregado de un par de artículos que disponen la eliminación de la exención impositiva de jueces del impuesto a las ganancias.

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El beneficio histórico que devino en privilegio, alcanza al conjunto de los trabajadores judiciales en el plano nacional, sin distinción de nivel ordinario o federal. El número en discusión, la friolera de $237.000 millones, explica por sí mismo buena parte de la disputa política que se avecina en múltiples sentidos:

a.       La rápida respuesta disfrazada de institucionalidad que ya comenzaron a elucubrar asociaciones de jueces, sindicatos y hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, refleja, como nunca, el comportamiento de casta que alcanza al sector.

b.      Como pocas veces puede notarse en el ámbito público, quedará flagrantemente expuesto cómo se ve a sí mismo el Poder Judicial y cómo lo ve la sociedad. La distancia reflejada no será menor y es probable que, más allá del resultado final de la discusión que se viene (cobro sí o no del impuesto a las ganancias), la deslegitimación que sufre el primero de ellos se profundice.

c.       Para el oficialismo, la jugada es toda ganancia. En una coyuntura que en los últimos años ha sido de permanente tensión en su relación con el sistema judicial, además de permitirle abroquelarse, termina propiciando un juego de desgaste a varias bandas. Obliga a expresarse al conjunto de la oposición, en sus variados matices, la cual no atraviesa un momento muy propicio cuando hablamos de unidad y expondrá, una vez más, la estrecha ligazón entre el mundo PRO y variados sectores de la Justicia. Esta última tiene a su favor la posibilidad de fallar sobre temas que resultan de estricto interés personal y sectorial, pero cuenta con jueces supremos que públicamente han reconocido sobre la idea de justicia que supone el cobro al conjunto de los trabajadores que lleguen a determinado nivel de ingresos.

Aparecerán cuestiones técnicas. Por ejemplo, el famoso artículo 110 de la Constitución Nacional que refiere a que la compensación recibida por parte de los jueces, no puede ser disminuida de manera alguna es un argumento que aparece flojito de papeles si ponemos bajo la lupa el hecho de que aquellos que fueron nombrados partir del 2017, sí se encuentran alcanzados por el “descuento”.

En resumen, aquí también aparece el problema de los límites. Vale replantearse entonces hasta dónde la política puede imaginar, consolidar y plantear en los hechos la disputa por aquello que el conjunto de una sociedad supone justo. Ese parece un interesante desafío para los días que vienen.

Si, como entona el Pato Fontanet, el asunto se resume entre lo que “te toque y lo que te dejen hacer”, tal vez la clave radique, como siempre, en generar determinadas condiciones para que el “dejar hacer” se parezca más a ciertos principios de justicia. Para los intentos de asesinato, para lo que se dice en los medios y para que todos paguemos los mismos impuestos. A casi 40 años de su puesta en marcha, la democracia argentina aún se lo debe a sí misma.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

El título elegido para el artículo prefiere jugar con cierta ambivalencia. En nuestro diálogo cotidiano que sirve para agradecer por un convite a la vez que se lo desecha, o en la reivindicación de una forma de ordenar a un sistema político que (casi) naturalmente tiende a la atomización. En el epígrafe, convive la representación de muchos protagonistas de la política nacional y local, que acomodan discursos y acciones de acuerdo a las conveniencias del momento. El problema es que el terreno en disputa refiere a una forma de elegir a los candidatos del electorado argentino. Nada más, nada menos.

Más allá de cierta artificialidad en la discusión (cuestión que abordaremos líneas más abajo), vale decir que las elecciones PASO (no olvidar, Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) nacieron del laboratorio electoral santafesino que en la últimas tres décadas supo destacarse con la búsqueda de opciones que, supuestamente, sirvan para mejorar la representación.

Primero fue la Ley de Lemas, instaurada allá por el año 1991, en pleno despegue menemista, el cual se pensó como un sistema que evitaría las oscuras elecciones de las internas partidarias, que se reducían a una definición que se apalancaba en beneficio de aquellos que contaran con más “aparato”: recursos económicos, espacios institucionales de participación y militancia. Se trataba así de salir de un sistema donde el clientelismo político se proyectaba en su máxima expresión. Quienes no se cuecen en el primer hervor, analista incluido, recordarán los escándalos y denuncias que rodeaban a cada elección interna de cada partido político.

No debemos pecar de inocentes ni de moralistas impostados: todo sistema electoral vigente en cualquier sociedad democrática, es la síntesis más acabada de un momento y de una coyuntura específica del juego de las mayorías y minorías parlamentarias que definen cómo, cuándo y para qué votar. No creada en la Argentina, la Ley de Lemas santafesina (o Ley de doble voto simultáneo) fue pensada en un contexto que servía a los intereses del peronismo gobernante de aquel entonces, que luego de ocho años de gestión se encontraba desgastado de cara a la sociedad y que halló en un outsider como Carlos Reutemann la fortaleza política suficiente como para imponerse y gobernar la provincia durante cuatro períodos más.

Su diseño, su implementación y su escasísimo apego a cierta cultura nacional que dice que el que más votos obtiene, gana una elección, transformaron a un sistema que ha tenido versiones exitosas en otras partes del mundo, en una experiencia nefasta. La Ley de Lemas santafesina estaba pensada para la trampa. Así lo entendió el electorado y de allí la paradoja de que fuera precisamente un gobernador de signo peronista el que prometiera (y cumpliera) su eliminación.

Poco más de quince años después de la sanción de la Ley de Lemas, Jorge Obeid y su ministro de Gobierno Roberto Rosúa idearon el sistema de las PASO, el cual toma alguna referencia del sistema electoral estadounidense pero que se refuerza con ideas propias: se vota de manera coincidente en un mismo día para las internas de todos los partidos, de forma abierta participando todos los ciudadanos, lo cual debe cumplirse obligatoriamente siguiendo los principios generales de la Constitución Nacional.

Respecto de lo que venía sucediendo en el escenario santafesino, el salto de calidad fue notable, cuestión que nunca fue justamente reconocida al duo Obeid – Rosua. Se terminaron las denuncias de “truchadas” como las de candidatos ignotos que se potenciaban porque tenían apellidos iguales a dirigentes reconocidos, las candidaturas de personajes políticos que iban en varias listas de manera simultánea y el malestar y la bronca que se generaba cuando en la elección triunfaba quien había sacado menos votos que el candidato mejor posicionado.

La experiencia fue tan ponderada que el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, allá por 2009, en plena vigencia política del Grupo A, supo ingeniárselas para reformar el sistema electoral argentino y que la flamante experiencia santafesina se aplicar a nivel nacional en 2011.

Con el paso del tiempo, y para las elecciones provinciales, Santa Fe volvió a ser noticia por la implementación de la Boleta Única, descripción que dejaremos de lado, puesto que en este mismo portal hemos analizado el tema en reiteradas ocasiones y que no interesa demasiado a los fines del presente artículo.

De alguna manera, la discusión planteada a la luz pública con la hipótesis (y sólo eso) de la eliminación de las PASO para las elecciones de 2023, supone cierta artificialidad, algo así como una discusión que, por lo menos por ahora, roza cierta abstracción. Recordemos que en el sistema jurídico argentino, cualquier reforma electoral debe ser impuesta por el Congreso de la Nación. Para ello, inicialmente, se necesita de un proyecto de ley que, más allá de los amagues del diputado rionegrino Luis Di Giácomo, aún no se ha presentado.

En el sentido más político del asunto debe decirse que en una de las cámaras, la de Diputados, no  se cuenta con la mayoría suficiente para derogarla. El oficialismo no tiene una postura coincidente, en Juntos por el Cambio se necesita a las PASO para una sobrevida política ordenada y la veintena de diputados restantes, se dividen en partes más o menos semejantes entre quienes quieren eliminarlas o mantenerlas.

No deja de darse una situación paradojal: aquellos opositores que en 2021 militaban su derogación, hoy vociferan a los cuatro vientos que si no se mantienen, la república estaría en riesgo. Este tema, y la permanente y sobreabundante descalificación a todo lo que tenga ver con el kirchnerismo, parecen ser los únicos elementos que marcan cierta coincidencia en los cambiemistas.

Desde una parte del peronismo, que se condensa en gobernadores y referentes de La Cámpora han comenzado a exponer taxativamente su eliminación. Los primeros, por los costos de las mismas en un contexto económico que no es el mejor y los segundos porque, según los dichos de uno de sus principales figuras (Andrés Larroque), el sistema no se usa para lo que inicialmente habría sido pensado.

En una interpretación más fina debe decirse que es otra la razón que esconde el intento de eliminación de parte del oficialismo: la feroz interna de Juntos por el Cambio. Sin una elección que defina ganadores y perdedores cambiemistas, esa coalición corre riesgo real de una atomización definitiva. El radicalismo comienza a tensionarse entre Gerardo Morales y Facundo Manes, el Pro parece mostrar la prevalencia de tres precandidatos de la talla de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y la Coalición Cívica, por su parte, mira el convite desde lejos.

Pero la realidad es más esquiva que una simple resta de espacios políticos que estarían alejándose de toda idea de unidad. Ampliamos el concepto en formato de pregunta: en el actual contexto de la política argentina, con minorías tan intensas, las cuales se estructuran en dos grandes bloques, ¿alguien puede suponer certeramente que, de manera automática, el debilitamiento de un espacio producirá el fortalecimiento del otro?

Para decirlo con nombres propios con una nueva pregunta, en un escenario favorable al oficialismo y en formato de ejemplo: ¿alguien puede estar seguro, en octubre de 2022, que si la entente de Juntos quedara diseminada en tres candidaturas, esto potenciaría a un peronismo que por momentos parece re comenzar con un proceso de desgaste interno con pases de factura que refiere en mucho a cuestiones que poco tienen que ver con la gestión efectiva?

Es de dudosa certeza, que en la polarización actual, sumada a los problemas de gestión gubernamental, el peronismo pueda proyectarse al 40% de los votos que saque una diferencia de más de 10% al segundo y eso redunde en un triunfo en primera vuelta. Una cosa son los acuerdos o desacuerdos de cierta dirigencia y otra muy distinta lo que suelen decir los ciudadanos cuando se expresan de manera masiva en el día de la elección.

Las razones que han sabido expresar quienes desean la derogación son esencialmente dos: que resultan costosas para este momento de la vida económica del país y, como señalamos más arriba, que no se utilizan de la manera para las que habían sido pensadas.

De lo primero debe decirse que es un concepto que no debe dejar de preocuparnos por un doble aspecto: que la expresión popular que supone el voto, no deba realizarse porque resulte muy onerosa y que esa afirmación la sostenga un (o unos cuantos) dirigente del peronismo que ha sido a lo largo de la historia, sin lugar a dudas, la fuerza política que más ha sufrido las persecuciones, proscripciones y hasta desapariciones, no resiste la menor ponderación.

De lo segundo, si las PASO no han sido utilizadas como corresponde es porque muchos dirigentes, incluso aquellos que votaron ese marco legal en 2009, siempre apuestan por la imposición de candidaturas que se sostienen con el dedo del líder iluminado de turno. En ese sentido, no es casual que sean precisamente los gobernadores, quienes luego de la figura presidencial, son los referentes políticos que más resortes institucionales manejan, quienes advoquen por la eliminación de las internas. Siempre resulta más fácil negociar desde una mesa de café, que con el resultado definido por millones de electores.

En su devenir de los últimos trece años, las primarias han redundado en varias virtudes y en alguna dificultad no menor para dirigentes, candidatos, jefes de campaña y analistas en general.

Del lado de las primeras digamos que ordenan el espacio político: cada quien sabe que depende de lo que diga la sociedad en su conjunto, en un momento establecido de antemano; reduce los acuerdos de cúpula que imponen candidaturas definidas entre cuatro paredes; obliga a “hablarle” al conjunto de la ciudadanía y no a la minoría intensa de cada partido que en muchas ocasiones ni siquiera cuentan con padrones filiatorios actualizados, y, en las listas de candidaturas plurinominales (diputados y concejales), al quedar conformadas de acuerdo a la proporción de los votos obtenidos, obliga al diálogo y a cierta mesura política interna.

Del lado de las segundas, las PASO suponen una etapa de un proceso electoral que debe ser mirado como un conjunto, donde las estrategias comunicacionales, de campaña y de gestión deben ser revisadas entre la interna y la general. Todo esto agrega una complejidad extra a un sistema político que, desde hace décadas, no se caracteriza por su sencillez. De allí que algunos también se tienten con su eliminación.

Así las cosas, y más allá de dirigentes que, como en la canción del andaluz Sabina, un día dicen una cosa y mañana pueden decir la otra; las PASO han quedado atravesadas por una lógica política que desdeña lo estructural que supone un sistema electoral. Si el articulista tuviera que hacer una apuesta, se jugaría un pleno (no mucho más que un café) porque este sistema se mantendrá en el tiempo. O, por lo menos, no serán eliminadas para las elecciones de 2023. Pero hay una cosa que nunca debe olvidarse: el realismo mágico que supone “Cien años de soledad” del genial Gabriel García Márquez, no casualmente tuvo su éxito editorial inicial en la Argentina de finales de los 60’. Algunas costumbres son incombustibles al paso del tiempo.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Inestable con pronóstico reservado. Así podría definirse el estado de las cosas en la política argentina de comienzos de octubre de 2022. A poco menos de un año de una elección presidencial que podría traer como novedad secundaria, la jubilación de varios dirigentes, la semana que acaba de concluir fue pródiga en reflejar los límites con los que conviven los dos frentes políticos más importantes de la Argentina. Nada parece ser seguro. Y nada indica que la tranquilidad del momento no se convierta en un tembladeral a las pocas horas. Flores de un día nos entonaría ese mito llamado Carlos Gardel. Repasemos.

La semana en Juntos por el Cambio comenzó con la posibilidad concreta de encontrar un enemigo interno sobre el que hacer recaer variados cuestionamientos. Por distintas razones, las declaraciones del diputado Facundo Manes, ante la requisitoria del empresario y operador periodístico Luis Majul, al afirmar que el PRO practicaba el populismo institucional, desató una ola de cuestionamientos que parecieron desproporcionados.

Y lo calificamos de esa manera porque, si hace unas pocas semanas atrás reinó el silencio de radio cuando la ex diputada Elisa Carrió calificó al diputado Cristian Ritondo de narcotraficante, no se entiende del todo porqué una descripción política dicha como al pasar, que no mereció siquiera la repregunta del entrevistador, haya desatado la hilada de calificaciones que recayó sobre el neurocirujano, quien quedó expuesto en una soledad inicial que sólo se apaciguó con un comunicado de la UCR de la provincia de Buenos Aires, espacio donde Manes funge de jefe político.

Las razones de las diatribas son múltiples. Para la conducción del partido a nivel nacional, que lleva adelante el carcelero de Milagro Sala, Gerardo Morales, hombre con inocultables manejos plenipotenciarios de su provincia; la crítica al médico devenido en dirigente obedece a la necesidad de “limar” a un posible adversario en la interna radical para presidente. Dicen los que dicen que saben, que Manes quiere ir por el premio mayor y no por el consuelo que representaría la gobernación de Buenos Aires.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1577119281673740290

Para el PRO, la seguidilla declarativa de sus principales dirigentes radica en un doble motivo. El primero, puede definirse como coincidente con el de Morales. El segundo, trata de dar una señal al propio radicalismo respecto de quien ocupa el centro de la escena en la coalición opositora. Con todo, debe señalarse (otra vez) que Mauricio Macri sigue ejerciendo la jefatura de las fuerzas amarillas. Más allá de que en la semana se produjo algún atisbo larretiano de que está dispuesto a ir en la interna contra el mismísimo ex presidente, lo cierto es que la defensa (exagerada) de sus copartidarios define quién es la figura que sobresale del resto.

Todo ello no impide que el hijo de Franco no siga mostrando su verdadera personalidad. En España, en un encuentro de la Fundación Internacional para la Libertad, (hermana mayor de nuestra conocida Fundación Libertad), y flanqueado por el inefable Mario Vargas Llosa y el rosarino Gerardo Bongiovani, no tuvo ningún prurito de calificar a la sociedad argentina como fracasada. Habló de setenta años de esa condición y uno no termina de discernir del todo cómo analiza al gobierno que supo conducir, presentando el récord regional de ser el primer presidente que estando a cargo del gobierno, pierde la elección en primera vuelta. Cosa de los egos.

Si en el oficialismo alguien supuso que resultaría una semana propicia para usufructuar políticamente las comidillas opositoras, rápidamente la realidad le devolvió un espejo donde mirarse. Más allá del buen recorrido que lleva el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados y de los indicadores que señalan un nuevo crecimiento de la economía para el mes de agosto; dos hechos pusieron límite a cierta perspectiva positiva. Ambos, condicionados por la violencia.

El primero, por lo sucedido en el sur, en Villa Mascardi, cerca de San Carlos de Bariloche, más precisamente con la represión cometida contra la comunidad Mapuche. Y el segundo, más cercano, con los hechos de La Plata, donde la represión policial desatada durante un partido de fútbol derivó en el fallecimiento de un hincha, hecho que tuvo inmediato rebote en el sistema político argentino.

Para el caso Mapuche cualquier análisis que pueda realizarse a la distancia presenta una triple dificultad en el abordaje: por la distancia física de los hechos, lo cual redunda en unos pocos medios que suelen dar cobertura (sesgada) a lo que allí acontece; por el condicionamiento ideológico de muchos protagonistas y por la existencia de distintos grupos territoriales que durante su gestión el macrismo se encargó de estigmatizar a los fines de justificar la represión que terminó en dos lamentables muertes: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Para complejizar el cuadro, se cuenta con una gobernación (la de Río Negro) que recurrentemente aboga por la ayuda del Estado nacional, que no se destaca por propiciar un diálogo sostenido con la comunidad y con una Justicia Federal que termina dictando medidas que violan los principios más elementales de los derechos y la empatía humana. Trasladar a un pequeño grupo de mujeres detenidas (4), a una cárcel federal en la provincia de Buenos Aires, sin más argumentación que la protección de su vida, se parece antes que nada a una provocación de quien más poder tiene, antes que a una decisión humanitaria. La decisión sabatina de parte de la misma jueza Silvina Domínguez de ordenar un nuevo traslado a Bariloche, luego de los distintos reclamos nacionales e internacionales, en nada modifica la violación original sobre los derechos de las detenidas.

La forma en que se llevaron adelante los operativos y la decisión del gobierno nacional de aceptar ciertas órdenes judiciales sin más recaudo que la no utilización de balas, generaron un evidente malestar político al interior del Frente de Todos. La más importante derivó en la renuncia de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta, quien cuestionó en su carta de renuncia las acciones emprendidas desde la gestión de Aníbal Fernández. Si la ahora ex ministra, que encabezaba una gestión seriamente cuestionada por algunos espacios del feminismo, desgastada, aprovechó la oportunidad que le presentaban los hechos sureños para presentar la renuncia, es algo que sólo su conciencia lo sabe. Lo real y concreto es que terminó derivando en un nuevo problema político para el presidente Alberto Fernández.

Para el peronismo los problemas no terminaron allí. Los hechos acontecidos en la zona del estadio de Gimnasia y Esgrima de la Plata, con la represión policial y el posterior fallecimiento de un hincha producto de un paro cardíaco, dolorosamente, no representa ninguna novedad para quienes transitan las canchas del fútbol argentino.

El hecho, que no es muy distinto de lo que, históricamente, por ejemplo, ha realizado la policía santafesina, sobresale por múltiples factores: demuestra por enésima ocasión la nula capacidad operativa de algunas fuerzas de seguridad para resolver ciertos conflictos, afecta a la gestión de Axel Kicillof, quien está posicionado para intentar ser reelegido en 2023 y pone en cuestionamiento la figura de su ministro de Seguridad, el médico Sergio Berni, quien se ha caracterizado por bravuconadas y shows mediáticos que lo muestran como la peor de la representación que puede mostrar para sí el Frente de Todos, allí en la provincia más grande de la Argentina.

Que Berni haya llegado a esta altura de la gestión frentetodista, pareciéndose más a un provocador serial de sus propios (¿ex?) compañeros, antes que a un funcionario abnegado y comprometido con un trabajo de conjunto, sólo podía explicarse desde cierta eficacia a la hora de la conducción policial. Algunos, más audaces, insistían con la teoría que ese discurso y accionar que bordeaba un machirulismo congénito, era aceptado hasta ahora por su conducción política porque, supuestamente, interpelaba por derecha a cierto sector social que gusta de las bravuconadas del ex militar.

Pero cuando se debe responder por un muerto en un hecho deportivo, por el ataque a balazos a camarógrafos, por haber sostenido una represión con gases lacrimógenos durante 45 minutos que derivaron en la utilización de no menos de 400 cartuchos, o por tener que agradecer a la divina providencia que permitió que el estadio “tripero” no se haya convertido en un nuevo caso que emulara la Puerta 12 en pleno siglo XXI; sólo debería quedar la salida para el funcionario de turno. Si el gobernador/candidato lo sostiene, sólo pagará un innecesario mayor costo político.

Ninguna de las dos coaliciones logra consolidarse con cierta calma de cara a un 2023 que configurará un nuevo mapa político en la Argentina. Por momentos, ciertas disputas parecen reivindicar la idea del todos contra todos, sin importar los límites, los condicionantes y las posibilidades reales de gestión y de construcción política, según sea el caso. Nada parece firme y definitivo. Inestable. Como toda buena primavera que se precie.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

La política nacional de la última semana del siempre esperado septiembre, pareció moverse dentro del trayecto que une al Congreso de la Nación y al Ministerio de Trabajo. La presencia del ministro Sergio Massa para explicar los alcances del presupuesto 2023, el fallido dictamen del plenario de comisiones que trata el proyecto de ley de los humedales y el conflicto en el sector de neumáticos, con su inocultable proyección al conjunto del sector automotriz; ocuparon el centro del escenario político y mediático de los últimos siete días. Más allá de los enojos honestos y de sobreactuaciones, más allá de la necesidad de solucionar ciertos problemas aquí y ahora, hay un recorrido por contar y algunos supuestos por desmitificar. Pasen y vean.

Finalmente Sergio Massa volvió al Congreso Nacional, más precisamente a la Cámara de Diputados que supo conducir hasta hace escasos dos meses. Rodeado de la presidenta Cecilia Moreau, mujer que tributa en el mismo espacio político y de Carlos Heller, el ministro de Economía pareció moverse a sus anchas con números y proyecciones para el 2023. Respondió preguntas de sus ex colegas que fungen de jefes de bloque y no dejó de tener un cruce “picante” con los diputados de izquierda que le reprocharon sus declaraciones, su forma de entender el conflicto suscitado en el sector de los neumáticos y la promesa de solución para la cadena automotriz.

Independientemente de lo que esté escrito en el papel, a la distancia que suponen los 300 kilómetros que separan Rosario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede suponerse que el presupuesto obtendrá el visto bueno de la Cámara de Diputados ya que, en términos políticos, a nadie conviene el rechazo del instrumento presentado para el ejercicio 2023.

La matrix de la economía, conformada por asociaciones empresariales, organismos de crédito internacional y el conjunto de la administración pública en sus tres niveles (nación, provincias y municipios) necesita de la referencia que supone un presupuesto aprobado para un año electoral. 

https://twitter.com/Economia_Ar/status/1575168639950389252

Al oficialismo le conviene por razones obvias. Y la oposición, por su parte, también tiene sus limitantes: en 2023 no resultaría nada sencillo explicarle a la ciudadanía las razones de una decisión basada en una irracionalidad que sume un nuevo y gravoso antecedente y que, además, le habilitaría al gobierno un argumento político de peso. Junto con ello, aumentaría la discrecionalidad del manejo de los fondos ya que, por cuestiones legales, se debería cumplir con los gastos que estipulan el presupuesto 2021 y el resto se define al saber y entender de lo que disponga el funcionario de turno.

A esto se debe sumar el interés de gobernadores, intendentes y legisladores (oficialistas y opositores), que cuentan en la realización de obras estructurales (y de las otras), la razón de ser de cada una de las campañas electorales. No deja de ser un problema para diputados y senadores volver al terruño, salir a pedir el voto y en el camino tener que explicar que, aquella obra estructural que llegaba a un barrio o un pueblo con fondos nacionales, no podrá realizarse porque el número de inflación o de crecimiento del PBI proyectados, no eran certeros.

A todo ello se suma el clima político al interior de la Cámara baja. El 2022 se parece poco al año anterior ya que no queda atravesado por el contexto electoral, pero además, el estilo político de la actual jefatura de bloque ha sabido diferenciarse de lo que proponía Máximo Kirchner, quien el año anterior terminó rompiendo cualquier idea de acuerdo cuando con su discurso de cierre, dio un argumento de supuesta ofensa a los opositores para el acompañamiento del proyecto. 

Pero no todo fue presupuesto en la Cámara de Diputados. El anunciado tratamiento del proyecto de ley de los humedales, el cual se había transformado en uno sólo luego de consensuar las variadas propuestas existentes, quedó suspendido mediante un comunicado conjunto de los distintos jefes de bloque, a partir de no contar con el número suficiente en el plenario de comisiones que le permitiera alcanzar un consenso importante, lo cual pone en el tapete una cuestión básica de la política: ¿hasta dónde se avanza en el tratamiento de un proyecto que llega disminuido políticamente al recinto? Ampliando la perspectiva, ¿cuánto de conveniente resulta aprobar este tipo de leyes estructurales con números tan ajustados?

Para tratar de aproximar una respuesta desde nuestra pequeña verdad relativa, tal vez debamos tener en cuenta dos ejes centrales que se plantean en el proyecto, tanto por lo que dice como por lo que no y un dato de rigor.

1)      Refiere a la necesidad de definir conceptualmente qué es un humedal y qué puede hacerse productivamente en ellos. La legislación no está referida exclusivamente al caso de las islas del Delta sino que interpela también al conjunto del país afectando a distintas provincias con geografías disímiles: su tratamiento afecta desde la humedad que supone la Cuenca del Plata, hasta la aridez de Jujuy que apuesta por el desarrollo de la producción del litio.

2)      Otra discusión no menor refiere al rol de las provincias y si la instancia de control, revisión y diseño de los organismos de aplicación a crearse dependen de cada una de ellas o del Estado nacional. Para contextualizar no debe olvidarse que la reforma de la Constitución de 1994 definió que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, por lo tanto, cualquier función que se le asigne al Estado nacional, de acuerdo a cómo se instrumente, podría entrar en contradicción con la propia Carta Magna. Teléfono para los amigos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3)      La ley no resolverá per se el problema de las quemas que sufrimos santafesinos y bonaerenses. En primera instancia porque ningún marco legal por sí mismo corrige ciertas conductas sociales. El conjunto de empresarios responsables del ecocidio litoraleño ya cuentan con un marco legal que sanciona las prácticas aberrantes que llevan adelante. Que el Estado, en sus múltiples versiones, no pueda, no sepa o no quiera resolver el problema, es parte de la debilidad estructural que presentan los países en este rincón del planeta.

A partir de allí los enojos, las sobreactuaciones, las acusaciones del peso del lobby de empresas mineras y gobernadores. En algunos casos con furia sobre la figura de legisladores y en otros con el ejemplo del tero que pone los huevos en un lado y grita en otro. Tal es el caso del intendente rosarino que intenta encabezar una demanda medioambiental pero en el devenir pide excepciones para la construcción de torres céntricas y costeras junto con la posibilidad de afectar un parque para la construcción de una hamburguesería por un irrisorio canon. Cosas de la política berreta.

Y en ese devenir de un humor social de broncas varias, el conflicto en el sector de los neumáticos tuvo su clímax luego de más de cinco meses de negociación salarial, al punto de intervenir el ministro de Trabajo Claudio Moroni en persona, a partir de una directa orden del presidente Alberto Fernández. Con el condimento de unas declaraciones poco felices de Sergio Massa, la presión ejercida no fue menor, tanto de parte del Estado como de aquellas empresas de la cadena automotriz qué rápidamente tomaron la decisión de parar la producción por falta de cubiertas. Dicho como al pasar, no deja ser llamativa cómo algunas unidades productivas que se desarrollan con estándares de nivel internacional, en poco menos de tres o cuatro días se quedan sin insumos para llevar adelante su tarea. ¿Casualidades o causalidades de la vida? Defínalo usted querido lector, apreciada lectora.

El agua no llegó al río y en la madrugada del viernes se alcanzó un acuerdo que, a todas luces, parece satisfactorio para los trabajadores. Quedará pendiente por resolver también, el porqué del aumento de estos meses en las cubiertas que les ha dejado una rentabilidad extraordinaria a las empresas del sector y que ha generado toda una instancia de mini turismo para argentinos que deciden ir a comprar sus cubiertas a las zonas limítrofes de Brasil y Paraguay.

Pero no quedó sólo allí la actividad en el ministerio que conduce Moroni ya que en el devenir de la semana supimos de dos acuerdos paritarios que llamaron la atención del conjunto de los argentinos: el de Seguros (109%) y el de Bancarios (94%). A partir de allí, aparecieron una serie de comentarios que ponderaban la organicidad y la lucha sindical como referencia insoslayable para el logro de muy buenos salarios para los trabajadores. Y si bien esto es irreductiblemente cierto y necesario, tal vez no sea suficiente.

No es casual que los mejores salarios se pagan en los sectores más dinámicos de la economía: sea en sectores de la industria que están ligados al sector externo (petroleros, metalmecánicos o informática) o en el área de servicios que son estratégicos en un país como la Argentina (transporte, bancarios, seguros). Más allá de genuflexiones y traiciones de distinto tipo y color, vale preguntarse si tiene la misma fortaleza política el dirigente sindical de un sector que no marca agenda ni el dinamismo de la economía de un país, que aquel que sabe y entiende perfectamente que una medida de fuerza pone en cuestionamiento la cotidianidad de cada ciudadano.

Vaya como ejemplo una segunda pregunta de rigor y al calor de los acontecimientos de los últimos tiempos ¿son los docentes santafesinos menos organizados y están menos predispuestos a la lucha que bancarios y petroleros? No. Ni por asomo. Pero sus “patronales” se conforman y estructuran de distinta manera, en un contexto histórico que, desde la dictadura para acá, ha devenido en un mercado de trabajo definitivamente heterogéneo que muchas veces bordea la atomización. La existencia de varias centrales de trabajadores así lo confirma.

Los tiempos que vivimos, estos de virtualidad y de inmediatez electrónica no son indiferentes para la política. Muchos creen que en las redes está la verdad y la esencia definitiva e irremediable de las cosas. Junto con ello, la velocidad con la que accedemos a múltiples bienes y servicios, desde pagar un impuesto, revisar estudios médicos o comprar un vehículo cero kilómetro a distancia, nos hace pensar que (casi) todo puede conseguirse aquí y ahora.

Pero la política, que como actividad humana supone la existencia del otro, escuchando también sus verdades relativas, demanda otro tiempo real que termina colisionando con ciertas urgencias. Esto no supone esquivar las responsabilidades de un proyecto de ley que ha perdido estado parlamentario en no pocas ocasiones, ni legitimar la dilación empresarial o gubernamental que estira una discusión paritaria por varios meses. Sirve para entender, por ejemplo, que la demanda social que permitió reinstalar un debate en el Congreso, no puede justificar su apuro por las demoras anteriores. Y sobre todo si sobre ese marco legal futuro, existen expectativas que no se darán de manera determinante en la realidad. Para el ecocidio queda cumplir con las leyes actuales, complementar con lo nuevo, y por nuestra parte, seguir atentos a un problema que, lamentablemente, llegó para quedarse. Es hora de aceptarlo.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Según la Real Academia Española, el término dislocado contiene tres acepciones: sacar algo de su lugar (referido a huesos y articulaciones); torcer un argumento o razonamiento, manipularlo sacándolo de contexto; y hacer perder el tino o la compostura. De alguna extraña manera, el sistema político argentino presenta algunas características de cierto dislocamiento, tanto en la referencia nacional, con un magnicidio que no fue, como en la regional, con un ecocidio que se ha sistematizado desde hace no menos de tres años y que, como señalamos desde este portal hace algunas semanas atrás, pone bajo la lupa la relación entre representantes y representados. Parte de esa sintomatología se evidenció en la semana que acaba de terminar. Pasen y vean. Son todas y todos bienvenidos.

En primera instancia una aclaración. En el presente artículo (bah, siempre lo hacemos de esa manera) pensamos a lo público y lo político como sinónimos, como una forma de abordaje a todo aquello que nos sucede como comunidad, y en ese sentido (junto con la inflación), el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y los incendios que afectan a ambas veras del Paraná resultan problemas políticos que, obviamente, exceden a lo meramente partidario.

En el primero de ellos, ya ha quedado definitivamente demostrado que hubo una organización que aleja cualquier idea inicial de un loco suelto. La investigación judicial y policial va dejando en claro que si bien sólo un par de protagonistas estuvieron en el lugar de los hechos, no son pocos los que, de alguna u otra manera, dieron sustento material, logístico o moral para perpetrar el atentado.

La novedad, si es que tuviera sentido así señalarlo, es que en un país, el nuestro, que tiene una larga lista de episodios atravesados por la violencia política, el protagonismo del ataque le corresponde a un grupo de personas con ciertas características que las diferencian de épocas pasadas. Jóvenes, casi marginales y alcanzados por una evidente informalidad y precariedad laboral. De lo conocido hasta aquí, habrá que esperar para dar juicios definitivos, la banda de “Los Copitos” (y sus referentes satelitales) se distingue por no tener vinculaciones con fuerzas de seguridad, con estructuras parapoliciales o con estructuras partidarias formales.

Varios ejemplos referencian crímenes políticos como signo de cada coyuntura. La Liga Patriótica resultaba una organización parapolicial, integrada por jóvenes de la “alta” sociedad, que se encargaban de perseguir obreros y que derivó en la tristemente célebre Semana Trágica; al Coronel Héctor Varela, el asesino de los obreros de la Patagonia, le dio muerte un anarquista extranjero conmovido por los crímenes perpetrados varios años antes en el sur argentino; el asesinato de Enzo Bordabehere fue producto de la acción de un ex policía que tenía como destino final a Lisandro De la Torre, senador que había denunciado el “negocio de la carne”, anclado en el Pacto Roca – Runciman y que involucraba a frigoríficos de la región; los crímenes de José León Suarez sólo pueden ser entendidos por la violencia comandada desde la ilegalidad propiciada por la policía bonaerense; la lucha armada de los 70’ tenía un claro componente ideológico que tenía el apoyo estatal a través de la Triple AAA que comandaba José López Rega y que derivó en la represión que supo imponer la más sangrienta de las dictaduras.

Algún despistado o alguna atribulada ciudadana podrán suponer que ante los hechos históricos señalados, la banda de “Los Copitos” son unos recién iniciados. Más allá del tiempo de surgimiento de “Revolución Federal” y sus distintos vasos comunicantes (mayo de este año), lo que debe tenerse en cuenta es que la organización surge como una referencia de pleno siglo XXI.

Sin formación política tradicional, conocidos entre sí a través de encuentros casuales que luego se consolidan a través del uso de las redes sociales, sin empleos formales, con, si se quiere, un doble perfil social que no necesita de ocultamientos al formato de las series de espías previos a la caída del Muro de Berlín, nos enfrentamos a un neofascismo que, aunque parezca extraño a la historiografía de las ideologías políticas, abreva en supuestas ideas libertarias que resultan la exaltación, al extremo, del individualismo personal.

No han sido pocos los pensadores que han relacionado el surgimiento de estas ideas en países como la Argentina a la situación de deterioro económico y social que se representa, por ejemplo, en el 40% de pobreza y en los condicionamientos que impone una situación social gravosa. Es cierto que allí puede anidar un germen que le de sustento a ciertos enojos y malestares. Pero tal vez esta explicación no resulte suficiente. Si fuera así, el neofascismo sólo se desarrollaría en países pobres y no en las sociedades ricas y desarrolladas de Europa o en el propio EE.UU. Basta ver ciertos hechos políticos del Primer Mundo, y cómo, en algunos casos, la extrema derecha disputa los espacios de cierta institucionalización (escaños legislativos, presidencias o cargos regionales) para entender que ciertas ideas, más allá de los matices, son globales.

Con todos estos datos puestos sobre la mesa, el día jueves reapareció la vicepresidenta en un acto público que contó con algunas particularidades. Rodeada de religiosos en Opción por los pobres, curas villeros y laicos, eligió al Senado de la Nación como un escenario donde prevaleció la emotividad. Su referencia a que está viva “gracias a Dios y la Virgen” parece haber incomodado a cierto progresismo que ha obviado dos características distintivas de las que nunca ha negado Cristina: el hecho de considerarse una persona de fe y su pragmatismo político. Es el problema de imaginarse liderazgos que tienen más que ver con las ideas del receptor antes que con las características personales de los protagonistas.

https://www.youtube.com/watch?v=_1cHd2MqMDg

A pocas cuadras de allí, ese dislocamiento del que hablábamos líneas más arriba, tuvo su versión regional. El intendente de Rosario y varios jefes de Ejecutivos de la región, decidieron movilizarse al Obelisco porteño para hacer visible el problema que padecemos santafesinos y bonaerenses con el incendio en las islas.

Por esas cosas de los acuerdos geográficos, el fenómeno resulta raro y atípico: los responsables directos del ecocidio no viven en el lugar, los encargados iniciales del control y castigo, sea el Poder Ejecutivo como así también la Justicia Federal representan a otra provincia y las consecuencias ambientales no los afecta (en principio), mientras que quienes lo padecen en su hábitat cotidiano demandan a sus propias autoridades que, más que reclamar, mucho no pueden hacer.

Si, al decir de Andrés Ciro Martinez, “desde lejos no se ve”, algo de ello deben haber entendido Pablo Javkin y sus colegas al llevar sus reclamos al kilómetro 0 de las rutas argentinas, para lograr que la sociedad porteña tomara conciencia de lo que se sufre por estos lares desde unos cuantos años, profundizado en los últimos tres, gracias a los efectos de la bajante del Paraná y la sequía que ha traído La Niña.

Más allá de la mayor o menor cobertura brindada por los medios nacionales y de que cierta institucionalidad pareció prestarle atención a la demanda, en términos políticos, no dejó de llamar la atención la “soledad” del registro fotográfico: una convocatoria anunciada con bombos y platillos reflejó la presencia en el Obelisco de una veintena de personas, entre ellas tres intendentes y tres presidentes comunales, (y esto es una virtud), de distinto color político.

La pregunta huelga por sí sola: ¿por qué en la foto no estuvieron el gobernador, funcionaros provinciales y municipales, legisladores, concejales, referentes políticos de todo el cordón industrial, empresarios, dirigentes de los variados movimientos sociales, comunicadores y protagonistas de la vida social y artística de la región? ¿Prevaleció el arrebato, anunciando una movilización a 300kms, 24 horas antes, o el interés mezquino de apropiarse de una demanda social que se vio reflejada en nuevas pintadas contra la municipalidad y que se expresa durante el fin de semana sobre el puente entre Rosario y Victoria?

Podrá suponerse (o responderse) lo que cada uno quiera, pero da la sensación que a un problema político de esta magnitud (y el ecocidio LO ES),  sólo se lo resuelve con política: en lo institucional, (ya se anunció en la noche del miércoles el tratamiento de la Ley de Humedales en la Cámara de Diputados de la Nación) y en la calle.

La foto en la esquina de 9 de Julio y Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires peca de imagen incompleta, que sólo sirvió para que algún televidente viera a la mañana (horario de menor encendido televisivo) lo que sucede en nuestra región y para el recibimiento de algún funcionario nacional. Tal vez la segunda acepción del término dislocado, esa que refiere a sacar algo de contexto, aplique para esta circunstancia.

El malestar social en las sociedades de nuestro tiempo, se retroalimenta a sí mismo. Como en aquel viejo adminículo de nuestra infancia, el pequeño dínamo que conectábamos en su cabezal al rodamiento de la cubierta de nuestras bicicletas, más nuevas o más viejas, más anticuadas o más elegantes, el sistema se retroalimentaba con nuestra fuerza ya que, a la vez que más pedaleábamos, más energía aportábamos para iluminar, orgullosos, a nuestros rodados.

En un intento de magnicidio, el enojo se justifica en jóvenes desclasados que creen ser merecedores de terminar con la vida de todo aquello que detestan y se refuerza en un rechazo que sólo es parcial ya que, parte de la sociedad y por ende del sistema político, responsabiliza a la víctima. 

En el ecocidio del Delta, el malestar se potencia por la aplicación de la ley del más fuerte que, a la sazón, resultan los menos. Su prevalencia por el interés económico que supone contar con terrenos aptos para el pastoreo, en detrimento de la salud de millones de conciudadanos del que sólo los separa un río, en territorios que suponen miles de hectáreas, sobre el que resulta muy difícil el ejercicio del control estatal y que además cuenta con la connivencia de no pocos responsables del otro lado del río; nos ubica en la posición de ruego a que la naturaleza haga su juego mediante vientos que deriven hacia otros destinos o lluvias que aplaquen tanto fuego.

El ser humano aprendió a través de los milenios a no depender de los caprichos de la naturaleza. Eso fue lo que le permitió erguirse, distinguirse del mono, prevalecer, perdurar en el tiempo y transformarse en un ser político. Espacio que por estas horas aparece corrido, fuera de lugar, dislocado.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

La semana que culmina dejó en el tintero un par de contradicciones que refieren, indudablemente, al tiempo político y social que vivimos. En la Argentina, mientras el oficialismo convoca a un diálogo sobre el que la oposición cambiemista ha insistido hasta el hartazgo y ahora, elegantemente rechaza; en “las Europas”, más concretamente en el corazón del imperio británico, su comunidad (racionalista si las hay) se conmueve por la pérdida de una figura que representa una ficción, pero que sintetiza, vaya sino, un sentimiento de unidad indudable. Desde nuestro presidencialismo constitutivo, una monarquía podrá parecernos un anacronismo irreductible, pero más allá de los cuentos de hadas y del provocativo glamour de las realezas, las muestras de congoja expresadas en suelo inglés y en buena parte del mundo, suponen que ciertas colectividades siguen siendo “deseadas”. Algo de esto último parece resultar cuestionado, o por lo menos, digno de ser revisado por este rincón del mundo. Pasen y vean.

En el artículo del fin de semana anterior nos referíamos a que, a partir del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el país se enfrentaba a una encrucijada. La tercera desde el retorno democrático de 1983. De manera muy naif, imaginábamos el proceso como esos caminos ruteros que, cuando finaliza la calzada por la que circulamos, nos obligan a girar hacia la izquierda o hacia la derecha (el articulista no puede dejar de pensar en la famosa Ruta del Desierto de La Pampa que una vez concluida, yendo en sentido este – oeste, nos obliga a girar hacia Mendoza o hacia la puerta de entrada de la Patagonia. Sigamos con el análisis político que para las vacaciones de verano todavía falta…).

Suponíamos que, más temprano que tarde, aparecerían algunos lineamientos, muy embrionarios si se quiere, de nuevas formas de relacionamiento político. Como suele sucedernos en no pocas ocasiones, la prevalencia de ciertas miserias ha demostrado nuestro error, ya que, con distintos artilugios, excusas y argumentos, la convocatoria al diálogo político ha sido relativizada por el espacio encarnado en Juntos por el Cambio.

A poco más de una semana de los hechos ocurridos en el barrio porteño de Recoleta, comienza a confirmarse que el atacante de Cristina Fernández de Kirchner no actuó solo ni mucho menos, sino que existió cierta logística e inteligencia puesta al servicio del atentado. Hasta ahora todo pareciera indicar que el grupo que lo acompañó resulta una síntesis de advenedizos inexpertos constituidos por un espíritu de odio y con algunos vasos comunicantes con sectores marginales de la vida política del país. Como diría el relator futbolero que desea gritar goles, “solamente por ahora”.

Si hace siete días atrás desechábamos el ejercicio contra fáctico de pensar qué podría haber sucedido en el país si la bala salía de la pistola Bersa que mal accionó Fernando Sabag Montiel, nada impide que ejercitemos nuestra imaginación planteando, por lo menos, tres hipotéticos escenarios futuros que depararía la realidad política argentina de este tiempo.

Al escenario imaginado número uno lo definiremos como “Modelo Europeo” y resulta, a fuerza de ser sinceros, el más deseado. Se sintetizaría en una mesa de diálogo de la que participarían todas las fuerzas políticas, los referentes más importantes de los movimientos sociales, de las autoridades religiosas sin distinción de credo, y la dirigencia sindical y empresarial en su conjunto. Se establecerían límites muy concretos a cierta violencia discursiva y de la otra, apostando a un proceso electoral en 2023 armónico, como una aspiración, si se quiere, chiquita. En términos de resultados, quien caiga derrotado tal vez termine como una fuerza atomizada, pero la existencia de cierta concordancia mínima no resultaría un dato menor.

Al escenario dos, lo definiremos como “Setentista”. Lo suponemos como poco probable, y en este caso el sistema político estallaría por los aires. Se iniciaría un proceso de recrudecida violencia entre bandos, donde la única opción legítima es la eliminación del otro. Si prestamos atención a ciertos discursos de los últimos tiempos, planteados por personajes si se quiere menores, que fungen de outsiders, y que refieren a cárcel o balas para quienes reivindicamos ciertas ideas e historia política, no podemos cuanto menos que estar preocupados. Aquí, no sólo los discursos se radicalizan sino que la acción deja de ser política en términos de reconocimiento del otro como sujeto de derechos y buena parte de la sociedad no participa de la disputa.

Al tercer escenario lo llamaremos “Vamos viendo”. Es el más actual y tal vez sea el más realista de todos y en él, si se quiere, nada es definitivo, ya que el juego está totalmente abierto. Existen dos grandes bloques de poder, uno que cuenta a su favor con las corporaciones mediáticas, un sector del Poder Judicial que ha formado parte del Lawfare, grupos políticos que, hacia afuera, intentan diferenciarse entre halcones y palomas (sin éxito) y una minoría intensa que se imagina en un escalón moral superior desde su forma de vida. El otro bloque cuenta con el manejo del Estado a nivel nacional, una lideresa que comienza a aglutinar detrás de sí al conjunto de manera cada vez más determinante, una serie de referencias institucionales no menores (gobernadores, sindicatos y legisladores) y, a otra minoría intensa muy predispuesta a entender la práctica política en las calles.

En este escenario se llega al proceso electoral como se pueda y su resultado, como señalamos línea más arriba, deriva en la atomización de la fuerza política que cae derrotada.

Si es el peronismo, los gobernadores tratarían de aceitar relaciones con el poder central para no perder fortaleza política, buena parte de la dirigencia sindical profundizaría su sempiterna disposición a cortarse sola y el conjunto de la militancia política que le da vida quedaría desprotegida y sin una referencia del todo clara. Esto no sería una novedad en sí misma ya que ocurrió de manera evidente en el período 2016 / 2018, pero el riesgo radica en una derecha envalentonada que ya no se conforme con despedir periodistas o perseguir judicialmente (y con prácticas de espías) solamente a algunos dirigentes opositores.

Si el derrotado es Juntos por el Cambio, el estado de las cosas haría que cada una de las tres fuerzas que la componen se focalice en la acción de gobierno de aquellos espacios que lograran mantener. Sería el probable inicio del trámite jubilatorio de Mauricio Macri y no pocos dirigentes opositores quedarían confinados al rol de comentaristas de la realidad desde las corporaciones mediáticas que, a no dudarlo, seguirán estando “vivitas y coleando”.

En esta coyuntura, tal vez y sólo tal vez, el peronismo construiría tal masa crítica que podría permitirle sentar ciertas bases de desarrollo político que por falta de consistencia institucional  (por ejemplo la minoría en la Cámara de Diputados) y política (las diferencias internas entre setiembre de 2021 y agosto de 2022) han sido bloqueantes para el gobierno de Alberto Fernández.

Al igual que en el escenario dos, el resto de la sociedad estaría (y está) en otra cosa, donde no le presta atención a una pelea que no le interesa y que se expresa en el extremo de que buena parte de ese sector (habrá que esperar las primeras encuestas) da por sentado que el atentado contra la vicepresidenta es algo armado. Desde ciertos análisis esto aparece como una virtud en sí misma y es “la política” la responsable de no dar cuenta del asunto. Y acá nos paramos con la referencia de este hilo de twits planteados por Daniel Feierstein y del que sugerimos leer atentamente.   

https://twitter.com/DanielFeiers/status/1568054370285010944

En el “Vamos viendo”, la dirigencia en su conjunto no puede articular ningún acuerdo definitivo, lo cual se refuerza en ese mirar para otro lado de un sector no precisamente minoritario de la sociedad que dice no entender la política porque en definitiva, “son todos iguales”.

En este último sentido, los dirigentes de Juntos por el Cambio no las tienen todas consigo. Durante muchísimo tiempo avivaron una disputa política que creó un ida y vuelta con sus partidarios donde sólo queda ir, como en una recta de circuito automovilístico, cada más a fondo. Una muestra la tuvimos en los casos de aquellos dirigentes que se salieron de cierto molde y expresaron alguna forma de solidaridad con la vicepresidenta a partir del ataque sufrido. Sólo basta ver las interacciones (violentas) en redes para entender los estrechos límites en los que se mueve cierta dirigencia que cree, que “el cliente siempre tiene la razón”.

Para pensar junto a la almohada: si, como señala Feierstein, el mundo que conocimos se desvanece entre nuestros dedos, vale preguntarse: ¿si no es a través de la política, cómo se pueden construir los sueños colectivos? Tal vez, desde ciertas corrientes ideológicas nos expliquen que esas aspiraciones ya no tienen demasiado fundamento, ya que sólo vale el hombre en un sentido individual del término y no junto a su entorno.

El clima de época, con la dosis justa de cinismo, descreimiento y supra valorización de lo individual, justifica el horror de que el asesinato que no fue, pueda haber sido ficcionado. Nuestra sobre información, nuestra virtualidad imaginada en el “1984” de George Orwell, nuestra insatisfacción permanente, anclada en el consumismo de que todo debe ser conseguido aquí y ahora, resulta el sustento de ciertos enojos sociales. El “pienso, luego existo” de Descartes, se transformó en pleno siglo XXI en la idea de una duda justificadora, paradójicamente, asertiva si se quiere, de que nuestros peores miedos, fantasmas y suposiciones pueden ser reales. Sólo queda encontrar quien lo explicite en redes y en el boca a boca de cierta ignorancia. La duda, en definitiva, no sirve como elemento de desarrollo personal, sino en el oxímoron que permite confirmar nuestras creencias, sin importar el nivel de fundamento.

Ante esto último la política como práctica humana se enfrenta a un doble (y enorme) desafío: brindar certezas y reversionar un “yo” comunitario. Aquí y en el primer mundo. Más allá de los apoyos en las calles a quien ha sufrido el peor atentado en democracia. Más allá de las muestras de dolor por la desaparición física de una reina imperial.

 (*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

Poco importa si es consciente o no, pero en su delirio vital, el atacante de Cristina Fernández de Kirchner, puso a la joven democracia argentina ante una encrucijada. Desde el análisis político, y como forma de autodefensa de nuestra salud mental, de nada sirve imaginar escenarios de lo que podría haber sucedido en el país si la impericia de Fernando Sabag Montiel en el manejo del arma no era tal.

Tampoco aporta demasiado consolarnos con el intento conformista opositor que afirma que el tirador resulta un “lobo suelto”, antes que alguien que pertenece a una organización que imaginó, diseñó y planificó el ataque. Y mucho menos puede insistirse con la idea de que con este hecho se cruzó un límite (que ya ha sido superado hace tiempo), ya que, en definitiva, cuando el odio se transmite durante veinticuatro horas, por siete días de la semana por trescientos sesenta y cinco días del año, a través de la tv, de la radio y de las redes, con el inestimable apalancamiento de un sector de la política y del partido judicial; el resultado no puede ser otro que distintas formas de violencia desatada. Los modos, en definitiva, pasan a ser un detalle.

Con el hecho producido en la noche del jueves, en las casi cuatro décadas de la democracia que supimos conseguir, la Argentina se enfrentó a tres encrucijadas que la obligó, de alguna manera, a barajar y dar de nuevo, a cambiar y a tomar otros caminos que le permitiera seguir prevaleciendo.

El primero es la alzada carapintada de 1987. Si alguno supone, treinta y cinco años después, que la misma se debió a una asonada protagonizada por un conjunto de militares alucinados por los efectos de la guerra de Malvinas de la que habían formado parte, se equivoca. Aquel intento, más allá de otras sublevaciones que sobrevinieron después, se enmascaró como un reclamo por la política de derechos humanos encarnada por el gobierno de Raúl Alfonsín pero que escondía, si salía bien, el oprobioso intento de reimponer un nuevo gobierno militar. Dos hechos lo impidieron: la respuesta institucional del conjunto de partidos políticos que acompañaron al entonces presidente y la movilización popular producida a lo largo y ancho del país que, sin la inmediatez de la conectividad de nuestros días, supo comprender como nadie, todo lo que se jugaba por aquella época.

La segunda encrucijada se produce en diciembre de 2001. En el contexto de una situación social explosiva, ante la demanda producida en las calles, la respuesta estatal inicial fue la violencia. Con varios protagonistas de aquel entonces que hoy perviven en la política, los gobiernos de Fernando De la Rúa a nivel nacional y de Carlos Reutemann en el plano provincial, decidieron sobre la vida de 39 argentinos. La renuncia del primero de ellos, la semana frenética que supuso la sucesión de otros cuatro presidentes interinos, con la referencia insoslayable de un Congreso de la Nación que, hay que recordarlo, estuvo a la altura de la circunstancias, fueron un punto de inicio para que se alcanzara cierta paz social.

Si nominamos estos hechos y los vinculamos con la idea de encrucijada, es porque a partir de ellos ni la realidad institucional, política o social fueron las mismas. Al período de sublevaciones iniciadas en 1987 y concluidas en 1990, le siguieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que, junto con el indulto otorgado por Carlos Menem intentaron garantizar la impunidad de un conjunto de criminales que el kirchnerismo luego supo desmontar, pero que tuvo como dato indubitable, la contundente respuesta social que demostró que los argentinos no tenían ningún interés en reeditar ciertas conductas del pasado.

A la crisis de 2001, más allá del reguero de muerte, confiscación de depósitos y devaluación atroz, le siguió la comprensión para la clase política de no tener que desoír ciertas demandas sociales cuando un modelo económico había profundizado hasta el ridículo la desigualdad social. La otra enseñanza tal vez refiera a que el Estado tiene mucho para hacer cuando se trata de equilibrar cierto orden social.

El intento de asesinato de la vicepresidenta nos pone ante una nueva encrucijada. Siendo optimistas, y dando por sentado que no existe una organización atrás que haya planificado el hecho (a poco más de dos días, nada demuestra lo contrario), debe decirse que la teoría del loco suelto no refiere a lo sustancial.

El arma no accionada trae consigo un odio viejo, antiquísimo pero a la vez adaptado a estos tiempos. Que el portador sea un ciudadano argentino (a no dejar de tener esto en cuenta, más allá del detalle de su nacimiento), con no más de 35 años, pasa a ser un hecho menor si uno presta atención a ciertos sentimientos pestilentes que vemos en medios, leemos en redes y, a no hacernos los tontos, escuchamos como un mantra en nuestra cotidianidad en vecinos, familiares y amigos.

Ese odio, que no es exclusivo de la Argentina, en el país tiene más de un siglo, y se construye como una línea argumental que se corporiza en la acusación de la supuesta “chusma” que apoyaba a Hipólito Irigoyen, en la tipificación de aluvión zoológico de las masas que parieron el 17 de Octubre, en la vejación del cuerpo de Evita, en los crímenes de José León Suarez, en la violencia de los 70’, en las desapariciones de la última dictadura y, ahora, en tiempos de la modernidad líquida, en la acusación de vagos y planeros a cualquiera que no encaje en cierto modo de relacionamiento social o de dedicación productiva y que tiene como reflejo movilizante guillotinas y cuerpos simulados con nombres propios que aparecen colgados en plazas. Comparado con los grandes hechos de la historia, el intento de asesinato del nazi Sabag Montiel, es un odio comprado en una tienda de baratijas. Pero no por ello es menos doloroso.

Parte de la oposición encarnada en Juntos por el Cambio y en cierta derecha abrevan en esas fuentes. El silencio de estos días de algunos de sus referentes, o la afirmación de que lo sucedido en la noche del jueves no es violencia política sino un hecho policial, representa una negación infantil que no dimensiona la capacidad de análisis de ciudadanos y ciudadanas. Ese sector del espectro político, a simple vista, puede aparecer desorganizado al extremo. En el caso del PRO, autodefiniéndose como una fuerza democrática, sus principales dirigentes no han logrado emitir un texto común que garantice cierta institucionalidad y que vaya más allá de los comunicados de ocasión subidos a Twitter.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1565542924078678016

La señal que brindó la Cámara de Diputados en la sesión especial concluida en los comienzos de la tarde sabatina, al aprobar por amplia mayoría una resolución que condena los hechos y pese a la ausencia en el recinto del partido conducido por Patricia Bullrich, brinda cierta mesura en momentos donde un rechazo taxativo, habría significado una sobre exposición que en nada le sirve a las fuerzas amarillas.

Las diferencias, si existen, están en los matices: en aquello que puede definirse como políticamente correcto o no. Eso pudo verse en aquellos que se “animaron” a solidarizarse con Cristina Fernández, en los que hicieron silencio de radio, pero también en las discusiones internas que sintetizaron el almuerzo de mitad de semana, donde lo más granado de la dirigencia cambiemista quedó subsumida en el reproche sobre los hechos acaecidos el fin de semana anterior, cuando el gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta tuvo la perspicaz idea de vallar la esquina de Uruguay y Juncal. Las acusaciones cruzadas, la falta de acuerdo real y el silencio de protagonistas de peso en el marco de la propia reunión, nos recordaron a esos encuentros navideños donde no puede evitarse la disputa entre familiares que no se ven más que una vez al año.

Al calor de la contundente movilización que se presagiaba ya en las primeras horas del viernes, desde la derecha argentina y sus voceros mediáticos, salió a esgrimirse una suerte de renovada teoría de los dos demonios, (la cual continuó en la sesión especial de Diputados) donde la violencia ejercida al intentar disparar a una lideresa, es parte de un entramado superior del cual somos todos responsables. Falso de falsedad absoluta. La violencia asomada en los últimos tiempos sucede de un lado del mostrador, la cual no ha sido condenada por los dirigentes del espacio (uno se animó a tuitear a mitad de semana “son ellos o nosotros) y por lo tanto, debe decirse que ha sido, de alguna forma, legitimada.

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1563656760111509511

En un oficialismo que desde el alegato del fiscal Diego Luciani ha sabido mostrarse unido, en ninguna de las masivas convocatorias de los últimos días, a lo largo y ancho del país, ha existido en sus dirigentes, ni en los ciudadanos y ciudadanas que se movilizaron (esto tal vez sea lo más importante) un sólo pedido de revanchismo.

La fenomenal marea humana que el día viernes desbordó plazas de varias ciudades del país, no contó solamente con el apoyo de los propios, sino que parte de los sectores de izquierda integraron ese músculo político que se sintetiza en la lealtad hacia la figura de la ex presidenta, pero que se proyecta en el tiempo más allá de sí misma. Sin odios, sin el pedido de sangre, con el (lamentablemente) eterno pedido de Justicia, millones de argentinos y argentinas actuaron como anticuerpos de una democracia que tiene mucho para hacer por una sociedad más justa. En ese punto esta coyuntura nos pone frente a la encrucijada de qué camino tomar de forma comunitaria.

Queda por saber también, qué hará Cristina. Cómo reconfigurará su día a día pero, fundamentalmente, como decodificará semejante trance de violencia en su contra. A una dirigente que no pocos la empezaban a imaginar candidata en 2023, habrá que comenzar a prestarle atención qué señales da para lo que viene. Su agudeza ha sido demostrada una y otra vez. A contrario de lo que afirman muchos de sus enemigos, el pragmatismo ha sido un eje de su construcción política y por lo tanto siempre queda lugar para la sorpresa.

Amenazada pero acompañada. Declarada muerta política en innumerables ocasiones, y ahora, víctima de un intento de homicidio. No solo ella puede aliviarse de la mano con puñal que la mató tan mal. Son millones. Y lo vimos en las calles.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez

En la lógica de los deportes, sobre todo en esos que nos gustan a los argentinos, en muchas ocasiones, en algún momento del desarrollo del juego se presentan situaciones en donde el que parece encaminarse a una segura y a veces dolorosa derrota, por determinadas circunstancias entiende que apareció una oportunidad de empardar las cosas y de que no todo está perdido. Va de suyo la importancia de la cuestión psicológica en los deportes de elite y también en la práctica amateur, pero un gol casual en un 2 a 0, un par de triples seguidos en un caliente partido de básquet o la posibilidad de quebrar el saque en el tenis, supone un aliciente que pone “en partido” a los vapuleados. Tal vez de esa manera pueda sintetizarse la semana política que acaba de concluir en el país, donde un alegato judicial que parecía estar construido para un fiscal que podía (y debía) florearse, terminó siendo un instrumento de una construcción política que hasta hace unos pocos días (tal vez horas), parecía improbable. De eso se trata nuestra última columna de agosto. Repasemos.

La semana comenzó con la expectativa de qué tipo de pena solicitarían los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la llamada causa “Vialidad” a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los implicados en la misma. Luego de nueve días continuados de un alegato que, a diferencia de lo que pasó con toda la sustanciación del juicio, contó con una cobertura permanente de la cadena nacional de medios hegemónicos de la Argentina, el dato de doce años de prisión y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para la actual vicepresidenta, sirvió como argumento de celebración para buena parte del llamado círculo rojo macrista, sus voceros comunicacionales y sus funcionales dirigentes partidarios.

La voracidad procesal quedó demostrada en la decisión del Tribunal en cuestión, quien le denegó la posibilidad de la ampliación de la declaración indagatoria que pidió la principal acusada para el día martes, a partir de una serie de argumentaciones efectuadas por el dúo Luciani – Mola.

https://www.youtube.com/watch?v=aNtbi1tSiWo

A partir de ello, Cristina Fernández de Kirchner se ocupó de dar a conocer aquello que no se le permitió en sede judicial. Vía redes, y durante no menos de 90 minutos, por enésima vez ocupó el centro de la escena política del país. El argumento opositor de que su alocución no fue jurídica sino política, además de parecerse a un pretexto adolescente, esconde el hecho de que buena parte del proceso resulta del segundo tipo antes que del primero.

El alegato fiscal tiene dos consecuencias: una referida a lo estrictamente judicial y la otra de raíz política. En la primera de ellas, y de acuerdo a lo expresado por Luciani, la presidenta de entonces no podía desconocer lo que sucedía en la obra pública de Santa Cruz, ya que la supuesta relación corrupta entre funcionarios y empresarios estaba fundada en un tipo de asociación ilícita de la que Fernández habría sido la jefa.

Esto depara varios análisis conexos. El primero es que el cúmulo de supuestas obras no realizadas y de atraso o sobreprecios en las que sí se realizaron (base del argumento judicial) fueron desmentidas por los propios testigos que aportó la fiscalía.

El segundo es que una organización estatal que ponga en funcionamiento cualquier tipo de obra pública, si uno de los funcionarios desarrolla un hecho de corrupción, resulta sospechosa de estar conformada en un modo de asociación ilícita. En ese sentido, la respuesta de un tal Miguel Angel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, afirmando que un gobierno democrático, con todos los organismos de control funcionando, nunca puede ser acusado de esa figura legal; habla por sí solo del desvarío del fiscal futbolista.

El tercero es que no aparece en las supuestas tres toneladas de prueba (Luciani afirmando que los expedientes fueron efectivamente pesados se parece más a un bufón de la corte antes que a un digno funcionario judicial), ninguna vinculación entre Lázaro Báez y Fernández de Kirchner. Ni carta, ni mensajes de texto, ni mails, ni depósito en dinero en cuentas nacionales o del exterior, cruzadas o propias. Nada. Rara asociación ilícita formada sin el ejercicio de ningún tipo de vínculos.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1562394416752517120

El cuarto, y como broche final, lo cierra el hecho de que en el alegato se aportaron elementos de otras causas que nada tenían que ver con este juicio y que, además, habían sido desechadas por otras instancias judiciales. No son pocos los que afirman sobre la prohibición de este procedimiento en un alegato final, que, según los expertos, debe presentarse como una especie de síntesis de las pruebas demostradas en el juicio.

Ese cúmulo de elementos le dio carnadura a la respuesta política que se consolidó en los días venideros. Más allá de los intereses judiciales de la propia acusada, no fueron pocos los dirigentes que entendieron que la jurisprudencia que dejarían asentada los argumentos de Luciani ponen en riesgo cualquier decisión de derecho administrativo que se tome desde todo tipo de organización estatal.

Desde hace tiempo, la consigna “si la tocan a Cristina, qué kilombo se va a armar”, funcionaba como una definición política de sus partidarios. Del otro lado de la grieta, en muchas ocasiones, se ponía la mirada en un tono burlón, lo cual se parecía a una provocación sin sentido. La respuesta inicial se conoció en la noche del martes: primero como reacción a esa decena de “vecinos” de Recoleta donde tiene su departamento porteño la vicepresidenta, que se movilizaron cacerola en mano para celebrar el pedido de condena de Luciani y el segundo como muestra de apoyo que se extendió al conjunto de las provincias argentinas.

Ciudadanos y ciudadanas, integrantes de múltiples organizaciones sociales y políticas de todo tipo o sin pertenencia a ningún espacio, supieron movilizarse de cara a defender a una dirigente que sigue siendo una referencia insoslayable. Ese fenómeno que empezó a consumarse, se vinculó al conjunto de todo la dirigencia oficialista (y en algunos opositores) que en algunos casos por convicción y en otro por la fuerza irremediable de los hechos, se sumó a la ola de apoyos.

La respuesta política e institucional del peronismo deviene en un reordenamiento impuesto por su propio ADN: desde su nacimiento en aquel mítico 17 de Octubre de 1945 que perseguía la liberación de su líder, pero además por comprensión ideológica histórico – conceptual que da por hecho que el conflicto es inherente a cierta cotidianidad. En esta coyuntura puntual, Lawfare mediante, el oficialismo movió sus fichas: no sólo por lo que pudo reflejarse en redes sino, y esto es fundamental, por lo que pudo verse en las calles.

https://twitter.com/p_justicialista/status/1562822350508158976

En el Frente de Todos nadie pareció resultar indiferente. Al apoyo de los 500 intendentes de días pasados, se sumaron dirigentes de distinto peso en el respaldo a Cristina Fernández pero también, de alguna manera, como autodefensa de cara al futuro.

Incluso Omar Perotti, descontador de sueldos de docentes, estatales y trabajadores de la salud, algo impropio y vergonzante para un dirigente político que se autodefine como peronista; y más allá de su militancia equilibrista inconmovible, se vio obligado a brindar un apoyo a través del comunicado emitido por el Partido Justicialista. Con la tibieza de siempre, pero, debe reconocerse, mal no le ha ido hasta ahora con sus modos. Huelga decirlo.

El propio presidente de la Nación se hizo visible en el tema. Fustigó  los postulados que suponen los fiscales. Visitó algún medio de “la corpo” y dio nota a algún medio amigo. Es cierto que una frase que no cae bien terminó siendo el argumento de aquellos que en la previa, (desde el propio oficialismo) se quejaban de esa visita, y que, de alguna manera, pareció darles la razón. Pero eso es sólo lo que subyace en la superficie.

Si hay algo que el resultado de 2015 dejó asentado, que unos cuantos parecieron reconocer entonces y no pocos parecieron olvidar por estos días, es que no alcanza con hablarle a los propios. La disputa política o la batalla cultural (conceptualícelo como usted quiera estimado/a lector/a) se dan en todos los frentes. Y esto no resulta así porque los más elementales manuales de comunicación política lo digan o porque seamos inocentes pensando de que, en tiempos de grietas viscerales, podrá convencerse de algo distinto a quien está del otro lado de la pantalla o del receptor. Esto es así porque a la burla, la falta de respeto y la mala información se le responde de frente y poniendo en valor todo aquello que se construye políticamente. Si somos mejores, también debemos demostrarlo jugando de visitantes. Bien por el dirigente que se anima a ir a TN pese a todo. Mal por quedar embarullado en una declaración que sirvió para sacarla de contexto.

https://twitter.com/alferdezprensa/status/1562817617756299264

Del otro lado, en Juntos por el Cambio, la reacción inicial al alegato de Luciani pareció de festejo en nombre de la república, las instituciones y “coso”. Se pareció (y lo es) a una defensa corporativa que, a partir de las declaraciones presidenciales, derivó en un nuevo pedido de juicio político que intentó mostrar una unidad que hace rato no existe.

El comentario de Elisa Carrió afirmando que fue espiada por la Policía Federal que conducía Patricia Bullrich, la negativa de Facundo Manes a firmar el pedido de juicio político a Fernández, el silencio inicial y las respuestas oscilantes de Mauricio Macri respecto de la promiscua relación entre José López, su “hermano de la vida” Nicolás Caputo y su compañero de la otrora comisión directiva de Boca Juniors Jorge Sánchez Córdova, a la sazón director del Banco Finansur, entidad de donde salió parte del dinero de los bolsos del ex funcionario y que Cristina Fernández denunciara con inestimable agudeza; demuestra, una vez más, que más allá de cierta protección mediática; en la oposición amarilla las cosas no están ordenadas ni mucho menos.

Y todo volvió a cambiar en la mañana del sábado cuando la calle donde se domicilia Cristina Fernández apareció vallada por la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impidiendo que los partidarios de la vicepresidenta se movilizaran hasta la puerta de su casa. La brutalidad política de Horacio Rodríguez Larreta, se entronca de manera directa con la ignorancia de clase que porta el fiscal en cuestión.

¿Acaso imaginaban que a un movimiento político que ha sufrido fusilamientos, proscripciones, destierros, desapariciones y derrotas políticas fenomenales pero que siempre se ha sabido reconstruir, lo iban a sojuzgar un juicio amañado y unas vallas de hierro defendidas por un centenar de policías? ¿Acaso suponían que a la lideresa más importante desde la muerte del General Juan Domingo Perón hasta nuestros días, podrían condicionarla con elementos tan básicos?

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1563693248027283462

La presentación sin preguntas del Jefe de Gobierno porteño en la noche del sábado, el parcial acompañamiento de dirigentes de su propio espacio, y si se quiere, la expresión corporal de algunos de ellos demostraron más temprano que tarde, que las consecuencias de algunas provocaciones no son gratis para sus ideólogos. ¿Fin del sueño presidencialista para el funcionario de PAMI en tiempos de la Alianza? Pregunta para la almohada.

En “Salir al sol” la canción del epígrafe que supo componer Fito Páez, en algún párrafo pide “conéctense de una vez y van a ver que es posible”. Algo de eso subyace en la respuesta que el peronismo pergeñó en las calles y que va más allá de cierta institucionalidad. Si en algún momento de la semana se pensó en una gran convocatoria que sintetice el apoyo a Cristina Fernández con cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos en el epicentro que supone la Plaza de Mayo, por ejemplo en un 17 de octubre, en las últimas horas prevaleció la idea de una movilización permanente. Como una forma de reencuentro interno, como una muestra al conjunto de la sociedad y como una respuesta inequívoca a cierta derecha que en su delirio conceptual, supone que una victoria en 2023 le daría un cheque en blanco para cualquier forma de desordenamiento de nuestras vidas. Sin haberlo construido tan claramente en la previa, el oficialismo está en partido. Y vaya sino. El condimento político y épico ya lo tiene. Sólo debe corregir un par de variables macroeconómicas. No es poco precisamente. Tampoco es imposible.

(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez