https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wbMClQPfGYg

“Siempre estuve en contra, en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad, más aún cuando se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad”, afirmó el presidente Mauricio Macri al referirse a la ley denominada 2X1 de reducción de pena, aplicada por la Corte Suprema de Justicia en un fallo.

Consultado sobre la opinión de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien responsabilizó al Ejecutivo por el fallo de la Corte Suprema, que aplicó el 2X1 para un caso de lesa humanidad, Macri respondió: “Ella  actúa con la deformación de haber gobernador de una manera,  queriendo manejar todos los poderes. La independencia es algo fundamental, da estabilidad”,  y no se da con “una única persona, un líder iluminado, mesiánico”.

Reafirmó seguidamente: “Creo en los equilibrios; tengo otra forma de relacionarme, con la prensa, con la gente, las instituciones. La Corte es independiente, que decide con el criterio jurídico que se presenta. No es lo que piensa la ex presidenta”.

 

FUENTE: Télam

Con 56 votos a favor, la Cámara alta terminó de sancionar el proyecto que comenzó a ser tratado ayer en la Cámara de Diputados para contrarrestar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó ese beneficio en un caso de delitos de lesa humanidad.

Durante el debate, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo que "en Argentina ha sucedido un hecho desgraciado" que es la ley del 2x1, ya que se trata de una norma "orientada a solucionar temas de espacio penitenciario, y también, secundariamente, a solucionar los temores de los jueces".

En la misma línea se expresó el senador de la Alianza Unen Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que su espacio apoya "decididamente" la "reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino" en el repudio al fallo de la Corte.

La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo encabezó un acto en repudio al fallo de la Corte (Foto: Ignacio Petunchi)

En total, fueron presentados siete proyectos de por distintos bloques que se fusionaron en uno solo, que modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -hoy derogada- para especificar que el 2x1 "no es aplicable" a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

La decisión se tomó el martes mientras la Cámara de Diputados debatía un texto que establece que la Ley 24.390 "no será aplicable a los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra", de acuerdo con lo contemplado en convenios internacionales.

La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo encabezó un acto en repudio al fallo de la Corte (Foto: Ignacio Petunchi)

La iniciativa se confeccionó días después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de que un condenado por delitos de lesa humanidad sea beneficiado por la Ley del 2x1. Esa legislación, que se aplicó entre 1994 y 2001, establecía que se computaba doble cada día de detención sin sentencia firme.

En este marco, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo encabezó un acto en repudio al fallo de la Corte en el Salón Provincias de la Cámara alta. Además, organismos de derechos humanos convocaron a una concentración en rechazo a la sentencia que dictó el máximo tribunal de Justicia, que tendrá lugar a las 18 en Plaza de Mayo.

El martes, en un hecho poco habitual, el debate en Diputados aglutinó a todas las fuerzas de la Cámara, que se unieron para alterar el temario de la sesión prevista con el fin de incluir el tema de la conmutación de penas sobre el que se expidió la Corte Suprema. Sólo contó con el rechazo del salteño Alfredo Olmedo.

 

FUENTE: Ámbito

Por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados aprobó anoche sobre tablas y giró al Senado un proyecto de ley que excluye a los delitos de lesa humanidad del beneficio del 2x1, luego de la polémica desatada a partir del fallo de la Corte Suprema que otorgó ese beneficio a un represor condenado.

Con 211 votos a favor y uno solo en contra (del salteño Alfredo Olmedo), el plenario reunido en sesión especial dio media sanción a un dictamen consensuado a partir de ocho iniciativas presentadas, incluida una del PRO: el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, trabajó junto al diputado Pablo Tonelli, en la letra fina de la propuesta que finalmente fue trasladada a la Cámara baja.

El texto de la normativa plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2x1 al represor Luis Muiña, "no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".

En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2x1 sólo puede aplicarse a "aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley", es decir, entre 1994 y 2001.

La aprobación de la iniciativa ocurre en la víspera de la convocatoria a una movilización masiva a Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte, y que tendrá lugar luego de la sesión especial convocada por el Senado para hoy por la mañana a fin de darle sanción definitiva a la ley.

El debate

Con la presencia en los palcos del recinto de referentes de Derechos Humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, la ronda de discursos comenzó con el diputado del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) Remo Carlotto, quien calificó como "vergonzoso" el fallo de la Corte.

Carlotto enfatizó que lo que no se puede tolerar es que "después de 40 años de lucha y búsqueda de justicia", los jueces Highton de Nolasco, Ronsenkratz y Rossatti arbitraran a favor de un fallo que "facilita el camino de la liberación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad".

La siguiente en tomar la palabra fue la hija de desaparecidos y diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que catalogó la sentencia a favor de Muiña como "uno de los más vergonzantes y aberrantes en su historia", sólo parangonable con el fallo que justificó el golpe militar contra el gobierno de Yrigoyen.

A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli justificó la decisión de los jueces, al sostener que "no tuvieron más remedio" que "aplicar la ley más benigna" tal como manda la ley y por más que estuviera derogada, aunque admitió la preocupación por "las consecuencias futuras" del fallo.

El jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde, discrepó con la postura del oficialismo respecto de la neutralidad del sentido del fallo, y acusó los jueces que firmaron por la mayoría una "intencionalidad política" para "dar marcha atrás en la lucha por los derechos humanos".

"Ellos no dictaron sentencia en el caso concreto sino que emitieron sentencia para crear una doctrina", consideró Recalde.

Desde el Frente Renovador, Cecilia Moreau se plantó en rechazo al fallo y criticó al presidente Mauricio Macri por haberse abstenido de opinar sobre la sentencia.

"No estamos dispuestos a perdonar lo imperdonable. La decisión de la Corte pone en vilo una política de Justicia reparatoria de delitos de lesa humanidad, y que goza de un consenso respaldador de la ciudadanía.

 

FUENTE: La Capital

Marijuan pidió que se pida copia del fallo de la Corte con el voto de los tres jueces que favoreció la situación de Muiña, aplicándosele el 2x1, y también de los pronunciamientos previso del caso por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y del Tribunal Oral que lo condenó. Además, pidió que el juez Rafecas adopte "toda otra medida que considere de utilidad para el avance de la pesquisa".

Marijuan advirtió que los hechos denunciados "podrían ser considerados una cuestión de puro derecho", esto es que no podrían ser materia de delito. En su requerimiento, el fiscal citó la denuncia del abogado Parrilli quien acusó a los jueces por la "gravedad" del fallo que provocará que otros condenados por delitos de lesa humanidad salgan en libertad.

En tanto, el abogado vinculó el voto de los tres jueces, puesto que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, a sus "vínculos con el Gobierno Nacional" y recordó que Highton de Nolasco obtuvo un fallo favorable para permanecer en su cargo pese a superar la edad de 75 años que se fija como límite del mismo.

Junto con su denuncia, Parrilli había reclamado que sean citados a prestar declaración indagatoria, algo que el fiscal no pidió.

El abogado recordó que la ley del 2x1, la cual estuvo vigente entre 1994 y 2001, estaba derogada cuando Muiña cometió los hechos, en 1976, cuando fue detenido, en 2007, y al ser condenado en 2011 por el Tribunal Oral Federal 2.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia aplicó la ley del 2x1 al realizar el cómputo de la pena de Muiña, quien tiene libertad condicional.

 

FUENTE: Ambito

RELEVAMIENTO Y EDICION: Agustín Aloni

Según supo ámbito.com, Igolnicov presentó un escrito este lunes a primera hora en la mesa de entrada del máximo tribunal, a la espera que sea "revocada" la decisión adoptada el miércoles pasado.

La resolución de la Corte benefició con el cómputo de 2x1 al genocida Luis Muiña, de 61 años, quien había sido condenado en 2013 a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos. La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo al caso de Muiña y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna. Esa interpretación fue rechazada por Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los otros dos miembros de la Corte. Así, se declaró aplicable la ley 24.390 (el 2x1), que estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

• Extremo

Según la definición judicial, el recurso revocatorio "in extremis" busca "suplir ciertos yerros judiciales materiales groseros y evidentes" que ya no pueden remediarse en instancias judiciales y que generan "agravios trascendentes" para alguna de las partes involucradas en un juicio. En este caso, los damnificados serían los familiares de las víctimas de Muiña.

Asimismo, este recurso permitiría que el mismo Tribunal que se pronunció a favor, ahora "revise su contenido, pudiendo sustituirlo mediante el dictado de una resolución total o parcialmente reformadora". En la jerga tribunalicia se lo conoce como "remedio heroico".

En su escrito "Avatares de la reposición in extremis", el experto en Derecho Procesal Jorge Peyrano define al recurso como un antídoto. "El sistema jurídico nacional desde siempre ha engendrado antídotos contra las injusticias flagrantes, los que sólo deben suministrarse in extremis, vale decir cuando ninguna otra cosa puede hacerse por los carriles corrientes", señaló el académico, y agregó que la "equivocación grosera material o esencial debe haber derivado en la producción de una grave injusticia" para que esta herramienta sea admitida por los jueces.

Los recursos in extremis suelen tener cobijo en algunos Tribunales Superiores provinciales, como los de Santa Fe (Mavacino S.A. c/Prov.) y Mendoza (Cantu c/Silver S.A. y Rafael Bulos p/Des s/Inc cas). En otro caso laboral, el máximo Tribunal santiagueño remarcó que el caso que la revocatoria "in extremis" se encuentra reservada como "último remedio para casos excepcionales en que se advierte un error judicial grosero y evidente" y no existan, o resulten inoperantes, "otras vías procesales para corregirlo".

En Santiago del Estero, los jueces superiores Raúl Alberto Juárez Carol, Agustín Pedro Rímini Olmedo y Sebastián Diego Argibay sostuvieron en 2011 que esta figura tendrá aceptación cuando "no existan otros caminos" para remediar el agravio provocado por la sentencia, o cuando ya no haya posibilidades de "proponer planteos de índole jurídico o probatorio" complementarios.

En la provincia de Buenos Aires se recuerda por el caso "Orellano", una demanda del abogado Ricardo Orellano contra la Cooperativa Marplatense de Pesca donde se reclamó el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del convenio de honorarios. En marzo de 2010, la Corte bonaerense se rechazó por mayoría simple el recurso en este expediente por "no estar contemplado" legalmente por el ordenamiento jurídico bonaerense. Sin embargo, el actual presidente del Consejo de la Magistratura provincial, Eduardo de Lázzari, fue el único de los tres que se pronunció a favor, al considerar que una "patología excepcional" también merece una solución que realmente "contribuya a la prestación de una tutela judicial efectiva".

El abogado Peyrano aseguró que el primer precedente de un tribunal nacional que trató una reposición "in extremis" ocurrió en una causa penal de 1922, en un fallo identificado con la referencia "136, 244".

En los años sucesorios, esta situación excepcional en la Justicia llevó a las Legislaturas de Corrientes y Santiago a votar leyes que corrigieron sus códigos de procedimientos para incluirla.

Peyrano también aclaró en su texto que este recurso posee "límites infranqueables", como la falta de pruebas contundentes para hallar nuevos "elementos de convicción" o la intención de "subsanar" una equivocada interpretación de la ley. Cualquiera de estas dos alternativas son argumentos válidos para desecharlo.

La reposición "in extremis" solo fue aceptada jurisprudencialmente para casos en los que se advierte un evidente error y, a su vez, la inexistencia o inoperancia de otras vías procesales para corregirlo, repiten los expertos. Para conocer una opinión de la Corte en estos temas hay que remitirse al 12 de abril de 2005, en una causa que involucra a Carrefour Argentina S.A. "Si bien, en principio, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no son susceptibles del recurso de reposición, cabe admitir dicho remedio cuando concurren circunstancias que permiten exceptuar dicho principio", sostuvieron los supremos al suspender la ejecución de una sentencia errónea.

FUENTE: Ámbito

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, aseguró hoy que está "de acuerdo" con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad si el mismo "está ajustado a la ley".

"Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley", subrayó el funcionario nacional.

Al ser consultado sobre la decisión judicial del máximo tribunal que avaló la aplicación de esa ley en casos de delitos de lesa humanidad, Avruj señaló: "Yo acato lo que dijo la Corte Suprema sobre el 2x1".

El secretario de Derechos Humanos pidió "más tiempo" para analizar los alcances del caso, aunque resaltó que "por sobre todos está el marco regulatorio de la ley".

"Hay que ser respetuosos del fallo de la Corte sobre el 2x1", subrayó Avruj, tras conocer la decisión del alto tribunal, que rápidamente fue cuestionado por organismos de derechos humanos.

La sentencia de la Corte Suprema fue dictada en el caso de Luis Muiña, quien en 2011 fue condenado a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos durante la última dictadura.

 

FUENTE: Cadena 3

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna.

Con este argumento, declaró aplicable en el caso del represor condenado Luis Muiña la Ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

En disidencia, votaron en minoría los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio no es aplicable a lo condenados por delitos de lesa humanidad.

El fallo de la Corte Suprema fue dictado en el caso del represor Muiña, en la causa "Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario", por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en el partido bonaerense de Morón.

Condenado a 13 años de prisión, Muiña integró durante la dictadura la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de "Swat", integrada por una decena de personas y que operó dentro del Posadas, donde creó el centro clandestino de detención conocido como "el chalet".

La sentencia condenatoria de 2011 quedó firme el 21 de agosto de 2013, cuando la Corte declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa.

En setiembre de 2013, el Tribunal de primera instancia aplicó al caso el 2x1 y estableció por ese cómputo que la condena estaría cumplida el 11 de noviembre de 2016, pero esa resolución fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que el beneficio era “inaplicable” al caso, en fallo recurrido ante la Corte por la defensa de los sentenciados.

Muiña fue condenado como coautor de los delitos de privación ilegal agravada en concurso con imposición de tormentos en perjuicio de cinco víctimas: Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.

El expediente señaló que estos delitos derivaron de una operación represiva del 28 de marzo de 1976, que empleó tanques, helicópteros y comandó en persona el genocida Reynaldo Bignone, que ocupó el Posadas y detuvo ilegalmente a cinco trabajadores del establecimiento asistencial.

Estos secuestrados fueron encerrados en el centro clandestino de detención conocido como “el chalet”, que funcionaba en el predio del hospital y donde los cautivos fueron torturados.

En el fallo divulgado por el Centro de Información Judicial (CIJ), la mayoría del Máximo Tribunal sostuvo que el Estatuto de Roma, instrumento jurídico internacional destinado a juzgar a acusados por delitos gravísimos tales como genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, "incorpora el principio de la ley más benigna" y su carácter imperativo.

Para Lorenzetti y Maqueda, en cambio, sobre los delitos de lesa humanidad "no se ha dado ningún cambio en la valoración", son de "carácter permanente" y, "si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes".

En sentido opuesto al fallo de la Corte, en marzo de 2014 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación había hecho lugar al recurso del fiscal Martín Niklison contra el cómputo de la pena de los condenados Bignone y Muiña.

Según Niklison, era inaplicable el 2x1 al caso, entre otras razones, porque la ley que contempla ese cómputo "no se encontraba vigente ni al tiempo de cometerse los hechos objeto del proceso ni durante los períodos temporales dentro de los cuales los procesados cumplieron la detención preventiva". En la causa, Bignone y Muiña fueron detenidos el 30 de septiembre de 2007.

Además, recordó que durante los siete años de la vigencia de la ley del 2x1 Bignone y Muiña gozaban de la impunidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto y Final.

Ver el fallo completo acá

 

FUENTE: Télam