La Audiencia Nacional de España comenzó a juzgar este martes la "trama Gürtel", el mayor caso de corrupción de la historia democrática del país, que sienta en el banquillo de los acusados a 37 empresarios y políticos del conservador Partido Popular (PP), entre ellos su ex tesorero Luis Bárcenas. 

La megacausa reveló una práctica de corrupción sistemática en el PP durante años en diferentes niveles de la administración pública, donde hombres de negocios encontraron la complicidad de políticos sin escrúpulos para enriquecerse ilícitamente a la vez que contribuían al financiamiento del partido en el poder. 

La trama de corrupción Gürtel fue destapada en 2009 por el ex juez español Baltasar Garzón, inhabilitado posteriormente por haber autorizado escuchas telefónicas entre los principales implicados en el caso y sus abogados. 

Este es uno de los argumentos que utilizaron las defensas de los acusados en el arranque del juicio, al solicitar la nulidad del proceso en la fase de "cuestiones previas" que tiene lugar entre este martes y miércoles. 

Correa y Bárcenas, los imputados más famosos, fueron recibidos al grito de "ladrón" y "sinvergüenza", a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid, donde también tiene lugar el juicio por la tarjetas "black" (en negro) de Caja Madrid y Bankia, que salpica a buena parte de la elite política española, con el ex ministro y ex director del FMI Rodrigo Rato a la cabeza. 

Ambos juicios exponen la grave corrupción existente en el PP durante décadas, así como sus tentáculos, precisamente cuando el presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, intentará formar gobierno a contrarreloj antes del 31 de octubre para evitar unas terceras e inéditas nuevas elecciones. 

Un total de 37 personas, que suman un pedido de prisión de 730 años, se sientan en el banquillo de los acusados para ser juzgado por la "pieza matriz" del caso Gürtel, que aborda la denominada "Época I: 1999-2005". Es el primero de nueve juicios. 

A los acusados se les imputan delitos de prevaricato, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa procesal, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación. 

El cabecilla de la trama es el empresario Francisco Correa, quien orquestó una red de empresas y sociedades que pagaban favores al PP a cambio de contratos públicos, gestión de eventos y campañas electorales.

El "capo" del caso Gürtel (Correa en alemán), a quien se debe el nombre de la investigación, afronta un pedido de 125 años y un mes de prisión. 

El caso Gürtel es la trama de corrupción más extensa conocida en España en democracia y vinculada a un partido político. A lo largo del juicio declararán unos 300 testigos, entre ellos cinco ex ministros del PP: Francisco Alaverz Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato. También la ex presidenta madrileña Aguirre.

FUENTE: Télam

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Camila Abbondanzieri

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, finalmente cedió al pedido de la oposición y anunció hoy que dará explicaciones en el Parlamento sobre el escándalo de corrupción en su partido tras haber sido acusado de recibir sobresueldos.

“Hablé con el presidente de las Cortes (Parlamento) para tener solicitud de comparecencia en la parte final de este mes o a principios de agosto”, aseguró Rajoy en su primera respuesta en una conferencia de prensa en Madrid junto a su par rumano, Víctor Ponta.

“Creo que es el momento oportuno y adecuado para aclarar las dudas que puedan tener los ciudadanos y plantear los objetivos de futuro”

El jefe del Ejecutivo confirmó así su cambio de postura respecto de la estrategia que mantuvo hasta ahora ante el caso de corrupción que sacude a su Partido Popular (PP) y que lo afecta directamente, después de que su ex tesorero Luis Bárcenas lo inculpara en la financiación ilegal y el pago de sobresueldos de la fuerza derechista.

Rajoy subrayó que comparece por su propia voluntad y no porque la oposición, liderada por el Partido Socialista (PSOE), haya advertido que si no lo hacía presentaría una moción de censura en su contra.

“Si el PP vuelve a negar la comparecencia del presidente del gobierno, presentaré una moción de censura”, dijo el pasado martes el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pero cuando los plazos ya se habían acabado y Rubalcaba se veía obligado a cumplir su amenaza, entonces Rajoy anunció lo que ya habían adelantado algunos de sus ministros aunque sin concretar.

Sin mencionar en ningún momento las acusaciones del ex tesorero, el presidente del gobierno sostuvo que comparecerá para “explicar la situación que vive el país tanto desde el punto de vista económico como político”.

"HABLARÉ DE ESE TEMA”

“Lógicamente hablaré del tema que a ustedes les preocupa”, apuntó en referencia a la pregunta de un periodista de un medio rumano que le requirió que precisara cuándo iba a dar explicaciones sobre la corrupción en su partido que “tanto preocupa a los ciudadanos y Europa”.

“Creo que es el momento oportuno y adecuado para aclarar las dudas que puedan tener los ciudadanos y plantear los objetivos de futuro”, añadió Rajoy.

“El sitio es el Parlamento porque allí está representada la soberanía nacional. Ahí diré todo lo que tenga que decir sobre este tema”, cerró el presidente, quien dijo ser “consiente” de las dudas “legítimas” que puedan tener muchos ciudadanos.

De esta forma, Rajoy sentenció el tema y no quiso aclarar otras preguntas de la prensa como por qué siguió manteniendo contacto con Bárcenas después de que la justicia descubriera que el ex tesorero, imputado en el caso de corrupción Gürtel, tenía millones de euros en cuentas en Suiza.

A pesar de que Rajoy negó en reiteradas ocasiones la veracidad de esos documentos manuscritos, Bárcenas no sólo confirmó recientemente ante los tribunales que son de su autoría, sino que reveló que incluso durante los años posteriores, en 2009 y 2010, él mismo le entregó 90.000 euros en negro al líder del PP y su secretaria general, María Dolores de Cospedal.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: Télam

Rajoy ha lanzado este mensaje de legitimidad de los gobiernos en la inauguración de la reunión que celebran en Palma 16 ministros de Exteriores de la UE para intercambiar puntos de vista sobre la forma de afrontar los retos pendientes de la Europa comunitaria.

Ha dejado un mensaje que se puede leer en clave interna tras la presión de la oposición, que cuestiona su continuidad si no explica con claridad el 'caso Bárcenas' en el Parlamento.

El presidente del Gobierno ha realizado una intervención dedicada prácticamente en su totalidad a los retos que tiene ante sí Europa y sin hacer referencia explícita alguna a la situación política española, pero ha dejado un mensaje que se puede leer en clave interna tras la presión de la oposición, que cuestiona su continuidad si no explica con claridad el 'caso Bárcenas' en el Parlamento. De hecho, esta misma semana ya recalcó que piensa agotar su mandato y defendió que ante la crisis lo que necesita el país es estabilidad política.

"Todos sabemos que la democracia europea emana de la cultura democrática de los países que la integran, y es en las elecciones democráticas donde los pueblos legitiman a sus representantes para ejercer las responsabilidades de gobierno", ha señalado.

Para Rajoy, la crisis económica ha tenido "devastadores efectos" no sólo económicos, sino también graves consecuencias políticas que amenazan con dar pábulo al euroescepticismo y a la emergencia de ciertas formas de populismo. En esa línea, ha considerado que las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo año constituirán una cita clave para el futuro de la UE ante los ojos del mundo y abrirán "una ventana de oportunidad para impulsar con la máxima transparencia posible el debate sobre el futuro político de Europa".

Por ello, ha considerado que los políticos han de recordar a los ciudadanos de manera clara e inteligible los beneficios y las ventajas que la integración europea les aporta cada día.

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray

FUENTE: El Mundo

Todavía resuena en la memoria aquel slogan acuñado por un grupo de avezados periodistas críticos del gobierno por medio del cual pedían, apiñados en una tribuna cual hinchas de futbol, que el gobierno brinde conferencias de prensa a agenda abierta.

Aún hoy se los escucha habitualmente machacar en contra de los intentos de “coartar la libertad de prensa” a la que están siendo sometidos desde un gobierno que intenta “monopolizar el poder”.

No sólo se brindan conferencias de prensa cuando hay obligación, sino que además se limita enormemente el número de preguntas.

Sería de gran interés saber qué opinan hoy esos periodistas respecto de la capacidad de preguntar y de la libertad de prensa si se detienen a observar lo que ocurre en España cuando el jefe de gobierno, el tambaleante Mariano Rajoy, se ve en la obligación de brindar una conferencia de prensa.

Conocida es la crisis política que atraviesa el gobierno de Rajoy por la denuncia que el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, realizó ante la Audiencia Nacional en la cual afirmó que el presidente recibió dinero en negro como pago de sobresueldos. En ese contexto, y ante la visita oficial del primer ministro polaco, Donald Tusk, Rajoy se vio obligado a brindar una conferencia de prensa conjunta. En ese marco, el diario El País hizo en su edición impresa del 16 de junio un comentario sobre cómo se manejó dicha conferencia de prensa en estos términos:

“…era la primera reacción oficial de Mariano Rajoy a las últimas revelaciones de su ex tesorero […] Rajoy se niega a hacer ruedas de prensa que no sean las obligadas [cursivas propias] y esta lo era porque había cumbre bilateral con Polonia”. Primer dato destacado: la seria democracia española (tal cual la calificó el propio Rajoy desde que gran parte del arco político español comenzó a pedir su renuncia) no acepta conferencias de prensa que no sean obligatorias, como en ocasión de una reunión bilateral. ¿Dónde está el derecho a preguntar y la libertad de prensa contemplados allí?

Pero el asunto no termina ahí. Más adelante se afirma: “La Moncloa [la sede del gobierno español] limita muchísimo las preguntas y sólo permite dos de periodistas españoles y dos del país visitante [cursivas propias]. Así que los informadores se ven obligados a pactar entre ellos quién pregunta y qué se pregunta. Se debate entre todos e incluso se hace una redacción común. Es la única manera posible, dadas las limitaciones. Se hace en España y en otros países [cursivas propias]”.

Otro dato destacado: no sólo se brindan conferencias de prensa cuando hay obligación, sino que además se limita enormemente el número de preguntas. Bajo ese esquema, hay cero posibilidades de ahondar en cualquier tema y esta dinámica obliga a la prensa a pautar entre los representantes de los medios quién realizará las preguntas y qué preguntará. Nuevamente, ¿dónde está contemplado el derecho a preguntar?

Pero lo que sorprende (¿sorprende?) todavía más es que los medios acepten estas reglas del juego como algo natural. Aceptan las limitaciones y se acomodan a ellas. Hasta tal punto es así que, y vaya aquí un nuevo dato destacado: ¡¡afirman sin escandalizarse que esto se hace tanto en España como en otros países!! ¿Estamos hablando de la misma libertad de prensa que pregonan los medios aquí?

Sería interesante comparar a cuántas preguntas ha respondido el gobierno de España en relación con el argentino, cuán accesible es Mariano Rajoy en comparación con la presidenta Cristina Fernández en circunstancias similares como una cumbre internacional o una reunión bilateral.

Y si aún resta espacio para la sorpresa, el diario El País no publica esta nota como una denuncia hacia esta práctica, sino como una crítica al hecho de que el gobierno haya “violado” esta dinámica: “La Moncloa se salió del pacto. Se había acordado [entre los medios] que preguntaran el diario el Mundo y la agencia EFE. Y Rajoy, sin previo aviso, le dio la palabra al diario ABC, que levantó la mano sin respetar el acuerdo”.

En resumidas cuentas, el gobierno español no sólo no brinda conferencias de prensa de acuerdo al gusto y capricho de los medios sino que además, cuando se ve obligado a hacerlo, restringe severamente la cantidad de preguntas. Encima de eso, en esta oportunidad, cuando el país atraviesa una profunda crisis política, el gobierno viola el acuerdo tácito respecto de quién formula las preguntas en aras de evitar cualquier episodio no deseado frente a la prensa. Lo que se dice un canto al derecho a preguntar, a la libertad de prensa e información que tanto preocupa a los periodistas que aún hoy miran a España como un espejo en el que nuestro país debería reflejarse. Sería interesante comparar a cuántas preguntas ha respondido el gobierno de España en relación con el argentino, cuán accesible es Mariano Rajoy en comparación con la presidenta Cristina Fernández en circunstancias similares como una cumbre internacional o una reunión bilateral.

El derecho a preguntar no es una licencia al capricho de los medios concentrados que pretenden no una conferencia de prensa honesta sino, casi, oficiar de fiscales y jueces de una opinión pública de la cual creen ser los representantes exclusivos. 

 

(*) Licenciado en Relaciones Internacionales. Analista Internacional de la Fundación para la Integración Federal

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó hoy la dimisión que le exige parte de la oposición por el escándalo de una supuesta financiación ilegal de su Partido Popular (PP): "Voy a defender la estabilidad política y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles", dijo.

Rajoy se expresó así en una rueda de prensa en La Moncloa junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, mientras el ex tesorero de su formación Luis Bárcenas admitía ante el juez en la Audiencia Nacional española ser el autor de la supuesta contabilidad en la sombra publicada por medios españoles desde enero y aireaba pagos a Rajoy también entre 2008 y 2010.

"Aquí hay un gobierno estable que va a cumplir con su obligación", manifestó el jefe del Ejecutivo español, que dijo que el Estado de derecho no cederá al "chantaje" de Bárcenas.

Rajoy, que leyó su primera respuesta sobre el caso, evitó expresar directamente un desmentido sobre la supuesta financiación ilegal del PP y sobre los sobresueldos a miembros de la cúpula del partido que recoge la presunta contabilidad en la sombra y en los que él aparece como receptor.

Lo que hizo fue remitirse a sus palabras del 3 de febrero, cuando compareció ante la plana mayor de su partido y negó la existencia de esos pagos. "Me ratifico en lo que dije en aquella comparecencia pública y en lo que afirmé en el debate sobre el estado de la nación", manifestó.

Justificó además el silencio sobre el caso que le reprocha la oposición, que por la mayoría absoluta de su partido en el Congreso de los Diputados no ha conseguido forzar que Rajoy comparezca en la cámara para dar explicaciones. "Un presidente del gobierno no puede estar saliendo cada día al paso de las insinuaciones y rumores que se vayan publicando", dijo.

Sobre los mensajes de texto que él y Bárcenas se intercambiaron por teléfono móvil hasta marzo y que publicó el domingo el diario El Mundo, confirmando contactos entre ambos que el partido había negado hasta ahora, Rajoy aseguró que "lo único que hacen es ratificar que el Estado de derecho no se somete a chantajes".

Rajoy se mantenía así en la línea expresada el domingo por fuentes de La Moncloa, según las cuales esos mensajes demuestran que Rajoy nunca accedió a las peticiones de Bárcenas, imputado desde 2009 en el "caso Gürtel", una gran trama de corrupción que salpica al PP desde entonces.

 

 

RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Rafael Pansa

FUENTE: LaTercera